Repaso a la corrupción del Partido Popular

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/19/radio_madrid/1529428492_248978.html
La Comunidad denuncia un nuevo saqueo
de 9 millones en el Canal de Isabel II


Tras un encargo a una consultora internacional, la Comunidad de Madrid ha localizado un nuevo expolio del que responsabilizan a Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, al que han denunciado ante la Audiencia Nacional

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Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II / Agencias


20/06/2018 - 07:16 h. CEST

El Canal de Isabel II ha denunciado a Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, por los delitos de administración desleal, falsedad contable y la apropiación indebida de 8.9 millones de euros, dinero que fue, supuestamente, saqueado del patrimonio público del Canal.

Así consta en la denuncia que han presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo. En el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comunidad de Madrid acusa a Rodríguez Sobrino de haber sido cómplice del expolio que realizó Triple A – de la que fue accionista mayoritario- al pagar “cantidades millonarias por trabajos que nunca se llegaron a realizar”.

Se trata de un nuevo desfalco que ha sido detectado por los responsables de Inassa – la filial colombiana del Canal del Isabel II- que solicitaron a la consultora Grant Thornton que investigase las operaciones realizadas por Edmundo Rodríguez Sobrino, durante su etapa como gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A. Los peritos de esa firma internacional han descubierto “nuevos delitos”, hasta ahora “no comprendidos en la investigación [del caso Lezo]". Y todos señalan a la misma persona, al número dos Ignacio González, que ya confesó que el expresidente cobró comisiones en Suiza.

En los informes periciales que el Canal de Isabel II ha aportado al juzgado se constatan “graves irregularidades” por parte de Triple A – propiedad de Inassa- que desarrollaba sus actividades mediante una filial llamada Recaudos y Tributos (R&T). Entre esos documentos destaca la investigación que realizó Gran Thornton sobre la contabilidad de Triple A y sus transacciones entre 2012 y 2016. En ese intervalo identificaron 92 operaciones por un importe de 8.9 millones de euros “susceptibles de albergar irregularidades”.

La principal sospecha es que Triple A pagó por unos servicios inexistentes. Por ejemplo, ocurrió con los contratos para el ‘movimientos de tierra, transporte de residuos sólidos y mantenimiento de redes’, operaciones que fueron contratadas a R&T – filial de Triple A-, quien subcontrató a Epsilon Gerencia de Proyectos S.A.S. “No se ha dispuesto documentación que acredite que los servicios contratados fueran efectivamente prestados”. Aquella fue la conclusión a la que llegaron los peritos privados tras entrevistarse con los trabajadores de Triple A, que confirmaron “la no constancia de la prestación de servicios contratados”, según aseguran en la denuncia.

A esa misma conclusión llegó la consultora contratada por Inassa con el resto de contratos bajo sospecha. “No se identifica justificación alguna de la prestación de los servicios para los que fueron contratados varios proveedores por un importe total de 8.9 millones de euros, importe que sin embargo fue pagado por Triple A”, añaden en el escrito aportado a la Audiencia Nacional.

Investigación abierta en Colombia
En su denuncia, el Canal de Isabel II recuerda que en la acusación que interpuso la Fiscalía General de Colombia contra el exgerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira se apropió de 27.879.761.912 dólares, a través de 54 “órdenes de pedido ficticias” y otros “cuatro contratos de consultoría simulados”. La orden de cerrar esos contratos, “previa imposición”, la dieron “Ramón Navarron, gerente de Triple A y Edmundo Rodríguez Sobrino, gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A”, apunta el Fiscal, “violando el manual de contratación”.

El Canal de Isabel II cree que ha quedado acreditado que Ramón Navarro y Edmundo Rodríguez Sobrino, en connivencia con otros empleados y trabajadores de Inassa y R&T, se apropiaron de sumas de dinero correspondientes a Triple A, de la que son accionistas el distrito de Barranquilla e Inassa. Por eso, han decidido denunciar al número dos de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino y “demás personas que de la investigación resulten, tanto en España, como en Colombia".

Todo comenzó en 2012
En su denuncia, el Canal de Isabel II también recuerda que en 2012, Inassa y Triple A firmaron un contrato para “expandir y potenciar todas las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua mediante la ampliación de sus servicios en Latinoamérica y el Caribe”. Para lograr ese objetivo, crearon la sociedad Helm Fiduciaria S.A, para ello, Triple A transfirió a Inassa 1.787.720.000 COP (pesos colombianos), al cambio cerca de 520.000 euros.

De toda la información y documentación analizada por los peritos de Grant Thornton, “no se ha identificado ningún documento, contrato o información que justifique la prestación de algún servicio. Tampoco consta documentación relativa a los posibles trabajos realizados por Inassa”, aclaran en el escrito presentado en la Audiencia Nacional.
 
CASO LEZO
La Comunidad denuncia un nuevo saqueo de 9 millones en el Canal de Isabel II
Tras un encargo a una consultora internacional, la Comunidad de Madrid ha localizado un nuevo expolio del que responsabilizan a Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, al que han denunciado ante la Audiencia Nacional
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Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II / Agencias

CADENA SER20/06/2018 - 07:16 h. CEST

El Canal de Isabel II ha denunciado a Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, por los delitos de administración desleal, falsedad contable y la apropiación indebida de 8.9 millones de euros, dinero que fue, supuestamente, saqueado del patrimonio público del Canal.

Así consta en la denuncia que han presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo. En el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comunidad de Madrid acusa a Rodríguez Sobrino de haber sido cómplice del expolio que realizó Triple A – de la que fue accionista mayoritario- al pagar “cantidades millonarias por trabajos que nunca se llegaron a realizar”.




Se trata de un nuevo desfalco que ha sido detectado por los responsables de Inassa– la filial colombiana del Canal del Isabel II- que solicitaron a la consultora Grant Thornton que investigase las operaciones realizadas por Edmundo Rodríguez Sobrino, durante su etapa como gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A. Los peritos de esa firma internacional han descubierto “nuevos delitos”, hasta ahora “no comprendidos en la investigación [del caso Lezo]". Y todos señalan a la misma persona, al número dos Ignacio González, que ya confesó que el expresidente cobró comisiones en Suiza.

En los informes periciales que el Canal de Isabel II ha aportado al juzgado se constatan “graves irregularidades” por parte de Triple A – propiedad de Inassa- que desarrollaba sus actividades mediante una filial llamada Recaudos y Tributos (R&T). Entre esos documentos destaca la investigación que realizó Gran Thornton sobre la contabilidad de Triple A y sus transacciones entre 2012 y 2016. En ese intervalo identificaron 92 operaciones por un importe de 8.9 millones de euros “susceptibles de albergar irregularidades”.

La principal sospecha es que Triple A pagó por unos servicios inexistentes. Por ejemplo, ocurrió con los contratos para el ‘movimientos de tierra, transporte de residuos sólidos y mantenimiento de redes’, operaciones que fueron contratadas a R&T – filial de Triple A-, quien subcontrató a Epsilon Gerencia de Proyectos S.A.S. “No se ha dispuesto documentación que acredite que los servicios contratados fueran efectivamente prestados”. Aquella fue la conclusión a la que llegaron los peritos privados tras entrevistarse con los trabajadores de Triple A, que confirmaron “la no constancia de la prestación de servicios contratados”, según aseguran en la denuncia.

A esa misma conclusión llegó la consultora contratada por Inassa con el resto de contratos bajo sospecha. “No se identifica justificación alguna de la prestación de los servicios para los que fueron contratados varios proveedores por un importe total de 8.9 millones de euros, importe que sin embargo fue pagado por Triple A”, añaden en el escrito aportado a la Audiencia Nacional.

Investigación abierta en Colombia
En su denuncia, el Canal de Isabel II recuerda que en la acusación que interpuso la Fiscalía General de Colombia contra el exgerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira se apropió de 27.879.761.912 dólares, a través de 54 “órdenes de pedido ficticias” y otros “cuatro contratos de consultoría simulados”. La orden de cerrar esos contratos, “previa imposición”, la dieron “Ramón Navarron, gerente de Triple A y Edmundo Rodríguez Sobrino, gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A”, apunta el Fiscal, “violando el manual de contratación”.

El Canal de Isabel II cree que ha quedado acreditado que Ramón Navarro y Edmundo Rodríguez Sobrino, en connivencia con otros empleados y trabajadores de Inassa y R&T, se apropiaron de sumas de dinero correspondientes a Triple A, de la que son accionistas el distrito de Barranquilla e Inassa. Por eso, han decidido denunciar al número dos de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino y “demás personas que de la investigación resulten, tanto en España, como en Colombia".

Todo comenzó en 2012
En su denuncia, el Canal de Isabel II también recuerda que en 2012, Inassa y Triple A firmaron un contrato para “expandir y potenciar todas las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua mediante la ampliación de sus servicios en Latinoamérica y el Caribe”. Para lograr ese objetivo, crearon la sociedad Helm Fiduciaria S.A, para ello, Triple A transfirió a Inassa 1.787.720.000 COP (pesos colombianos), al cambio cerca de 520.000 euros.

De toda la información y documentación analizada por los peritos de Grant Thornton, “no se ha identificado ningún documento, contrato o información que justifique la prestación de algún servicio. Tampoco consta documentación relativa a los posibles trabajos realizados por Inassa”, aclaran en el escrito presentado en la Audiencia Nacional.
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https://www.eldiario.es/politica/investigacion-judicial-desmontan-Pablo-Casado_0_784272667.html
Las fechas de la investigación judicial
desmontan la teoría de la conspiración de Pablo Casado


Todos los documentos judiciales sobre el máster están fechados antes de que anunciase que se presentaba para suceder a Rajoy al frente del PP

"Vuelven los ataques cuando presento mi candidatura" ha dicho Casado en respuesta a la información publicada este martes por eldiario.es

La investigación se inició en mayo y el último documento de la jueza esta fechado dos días antes de que se postulase como candidato


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Pablo Casado, durante una rueda de prensa en la sede del PP.

Casado presenta documentación de una comisión de convalidaciones que la Universidad asegura desconocer


El PP ya tiene su lista de siete aspirantes para suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del partido. Pablo Casado plantará cara a las que por ahora son las dos grandes favoritas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Casado ha entregado este martes los avales de su candidatura en mitad de la investigación sobre su máster, el mismo día en que eldiario.es ha revelado que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no encuentra su solicitud para convalidar asignaturas ni la composición del tribunal que aprobó ese trámite.

Poco antes de presentar esos avales, Casado ha usado esa información para presentarse como una víctima de un supuesto juego sucio. Sin embargo, las fechas de la investigación judicial desmontan esas teoría de los "ataques" contra él por haber decidido presentarse para dirigir el PP. Todos los documentos son previos a que diese el paso para diputar la presidencia del partido.

El diputado del PP, que ya ha abandonado la Vicesecretaría de Comunicación del partido, no figuraba en las quinielas para suceder a Rajoy. Sonaban Alberto Núñez Feijóo -que finalmente ha decidido no presentarse-, Santamaría o Cospedal, pero el nombre de Casado, sin experiencia de gobierno en comunidades o en el Estado como sus competidoras, no estaba en las apuestas. El lunes se plantó en la puerta de Génova 13 para confirmar una candidatura que ya había adelantado por sorpresa a través de su cuenta de Twitter.

Apenas unas horas después trascendía la noticia de que la jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes había pedido al Congreso que confirmase la condición de aforado de Casado. Se trata de un trámite necesario cuando el titular de un juzgado de instrucción quiere investigar a un aforado. Cuando la cámara baja confirme que Casado goza de esa protección jurídica, la jueza podrá elevar el caso al Tribunal Supremo si ve indicios para ello.

Este martes, el día en que se acababa el plazo para entregar los avales, eldiario.es ha revelado que la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra rastro del tribunal que convalidó las asignaturas de Casado, ni tampoco el acta que le sirvió para aprobar de golpe 18 de las 22 materias. Él ha tuiteado unos documentos para "aclarar cualquier duda", y en ese mismo mensaje ha deslizado que la información es una respuesta por su candidatura. "Casualmente vuelven los ataques cuando presento mi candidatura al Congreso del PP", ha escrito junto al hashtag #juegolimpio.

Sin embargo, la sucesión de los hechos de la investigación judicial descartan cualquier teoría que apunte a un jugo sucio contra su candidatura. La investigación que afecta a Pablo Casado se abrió el pasado 14 de mayo, cuando ni se atisbaba una moción de censura para desalojar al PP del Gobierno, ni mucho menos un proceso de primarias en el partido. Ese día la jueza Carmen Rodríguez Medel requirió documentación a la Universidad Rey Juan Carlos sobre el máster de Casado.

La jueza recibió parte de la documentación que solicitaba y unos días más tarde, el 28 de mayo, dictó una nueva providencia en la que reclamaba más información a la Universidad sobre el máster de Casado. Por ejemplo, la solicitud de Casado para que le convalidasen las 18 asignaturas o quien integraba la Comisión que validó esas convalidaciones.

Ocho días más tarde, el 6 de junio, Mariano Rajoy anunció al Comité de Dirección del PP que dejaba la presidencia del partido sin designar un sucesor, como había hecho José María Aznar. Se abría entonces el periodo para presentar candidaturas.

La respuesta de la URJC a la última petición de la jueza tiene fecha de 11 de junio. En un escrito, el vicerrector de Posgrado, José María Álvarez Monzoncillo, asegura que "no consta en el Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado" y que "no hay constancia documental de la composición de dicho tribunal", en alusión a la Comisión de convalidaciones.

Con ese documentos en sus manos, la magistrada tomó la decisión el pasado viernes día 15 de junio de remitir un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el que pedía que "se certifique la condición de diputado de don Pablo Casado Blanco". Es decir, para comprobar si está aforado ante el Tribunal Supremo, el órgano encargado de investigarle en caso de que la jueza crea que hay suficientes indicios contra él.

Además, la jueza también decidió imputar a Fernando Suárez, exrector de la URCJ, a Enrique Álvarez Conde, tutor de Casado en el máster y a una de las profesoras, Alicia López de los Mozos.

Dos días después, el lunes 18 de junio, Casado anunció por Twitter que se presentaba como candidato para dirigir el PP. Todos los papeles que firmó la jueza y que entregó la Universidad son previos a que el aspirante a suceder a Rajoy, que no estaba en ninguna quiniela, formalizase su candidatura a las puertas de la sede del partido.
 
https://www.eldiario.es/madrid/Mostoles-Fiscalia-sobrecoste-Daniel-Ortiz_0_784622265.html
Móstoles lleva a la Fiscalía un sobrecoste
de 4 millones en un pabellón iniciado por
el anterior gobierno del PP


Una auditoría encargada por el actual Ayuntamiento revela un desfase de 3,8 millones entre lo presupuestado y lo ejecutado en casi todos los capítulos

La construcción del pabellón Andrés Torrejón se inició en 2010 y sufrió distintos parones hasta junio de 2015, cuando cambió el Gobierno

Durante ese periodo de tiempo estuvo al frente del consistorio el PP, con Esteban Parro y el imputado Daniel Ortiz como alcaldes

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El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que llevará ante la Fiscalía el resultado de una auditoría externa sobre las obras del Polideportivo Andrés Torrejón que refleja un desfase de 3,8 millones de euros entre lo certificado por el Consistorio y lo realmente ejecutado.

El concejal de Vivienda, Gabriel Ortega (Ganar), ha presentado esta mañana ante los medios el análisis técnico y económico donde se explica que el Ayuntamiento pagó un total de 20 millones de euros para la ejecución de este proyecto, pero que sólo hay 16 millones de obra ejecutada.

"Existe un desvío del 14,13 por ciento sobre lo que la empresa certificó como obra realizada cifrándolo en un 76 por ciento, y la verdadera ejecución de la obra que los auditores han cifrado en un 62 por ciento", ha detallado, insistiendo en que "alguien tendrá que explicar dónde está el dinero que falta".

Según refleja la auditoría, las diferencias entre el proyecto inicial (que comenzó en 2010) y lo realmente ejecutado afectan a prácticamente todos los capítulos, tanto en materiales, como en modelos o marcas, y no se encuentra ningún documento oficial que recoja los cambios; y que, además, la empresa adjudicataria, Ortiz Construcciones y Proyectos S.L, "no ha prestado una colaboración activa a los auditores", según ha subrayado el edil.

Como ejemplo, Ortega llama la atención sobre el capítulo de electricidad en el que la diferencia entre lo que está certificado y lo que realmente ha comprobado la empresa es de más de un millón de euros.

Los trabajos del Pabellón Andrés Torrejón, ubicado en el barrio de El Soto entre la avenida Iker Casillas y la calle ciclista David Gea, sufrieron distintos parones hasta el 1 de junio de 2015, momento en el que definitivamente no se retomaron los trabajos. "Cuando llegamos a esta Concejalía, en el último cuatrimestre de 2017, una de las primeras acciones que afrontamos fue la realización de una auditoría de las actuaciones del Andrés Torrejón con el objetivo de conocer los motivos por los que la obra fue paralizada", ha asegurado.

La misma se realizó en tres fases: evaluación del estado actual; de las actuaciones necesarias para acabarlas, incluyendo la enumeración de los elementos que hubiera que sustituir; y la revisión de las dos anteriores. Una vez acabada, se calculó que aún haría faltarían 15 millones para poder terminar la obra del pabellón.

Esto, según el concejal de Vivienda, "tiene muy mala solución" pero lo tienen "claro": "O lo tiramos, o lo terminamos, pero antes hay que poner blanco sobre negro y luz y taquígrafo sobre como se ha gestionado el dinero público de esta ciudad"
 
https://www.eldiario.es/politica/PP-Ley-Proteccion-Denunciantes-corrupcion_0_784622047.html
La inacción del PP bloquea durante
meses la ley para proteger a los
denunciantes de corrupción


El texto lleva más de seis meses atascado en el Congreso, pendiente de que el PP dé luz verde a su siguiente trámite burocrático y permita que siga adelante

La redacción presentada inicialmente por Ciudadanos tuvo una gran contestación, pero, dos años después, PSOE, Podemos y C's coinciden en los puntos clave

Más de treinta reconocidos alertadores han convocado una protesta frente al Congreso este sábado para protestar por esta "pasividad"

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El expresidente Mariano Rajoy, en una intervención ante el Pleno del Congreso. EFE

Esto es lo que puede pasarte si denuncias a corruptos y ellos se enteran


La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes tampoco saldrá adelante este curso político. Es el tercero que pasará empantanada en el Congreso tras ser presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en septiembre de 2016. Organismos internacionales como la ONU o la OCDE la consideran básica para la lucha contra la corrupción. Fue bandera electoral de PSOE, Podemos y Cs en las pasadas elecciones pero ha quedado atrapada en un cajón mientras España se quedaba sola: es el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.

El trámite burocrático para la aprobación de la ley lleva parado desde finales de 2017 en la comisión Constitucional de la cámara baja. Entonces finalizó el periodo de enmiendas tras ser prorrogado varias veces debido al gran número de ellas (más de 400) que propusieron los diferentes grupos. El siguiente paso era la convocatoria de la ponencia, que debe poner de acuerdo a los miembros de la comisión Constitucional sobre el texto que entregar al Pleno para su votación definitiva.

Sin embargo, la norma lleva más de seis meses estancado en este punto. El presidente de la comisión, el histórico diputado del PP y ex presidente del Congreso Jesús Posada, a quien corresponde convocar la ponencia, no ha permitido que la tramitación de la ley continúe. "Nos hemos encontrado con una presidencia que no ha puesto ningún esfuerzo en impulsarla", revela Nacho Prendes, diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso.

"Nosotros, como grupo impulsor de la ley, hemos pedido reiteradamente que se convoque la ponencia de manera inmediata, para que se produzca el arranque formal de las negociaciones. Hemos llegado a elevar un escrito al presidente. Estos meses hemos tenido un montón de reuniones con el PSOE, con Podemos, con el PP, con miembros del anterior Gobierno como la secretaria de Estado de Justicia o la de Función Pública… pero hasta que no se convoque la ponencia no podemos avanzar de manera oficial", expone Prendes en conversación con este medio.

Acuerdo mayoritario en los puntos clave
El texto inicial de presentado por Ciudadanos en 2016 recibió una gran contestación por parte de los grupos que entonces ocupaban la oposición parlamentaria, e incluso por organizaciones de la sociedad civil que impulsan la salida adelante de la ley. Acusaron a los de Albert Rivera de presentar deliberadamente una norma con agujeros que impedían una correcta protección de los alertadores y denunciantes.

No obstante, tras dos años de negociaciones, las diferencias entre los grupos se han limado hasta el punto de que PSOE, Podemos y Ciudadanos reconocen que no tardarían demasiado en ponerse de acuerdo. Pero para ello tiene que convocarse la ponencia. El PP, por su parte, es el que ha mostrado más reticencias, aunque no ha llegado a expresar su negativa a apoyar el texto.

Lo confirma la diputada de Podemos Ángela Ballester: "Hay muchas enmiendas que tenemos que negociar porque son detalles que nos parecen importantes, pero en los puntos principales estamos muy cerca". Estos puntos son asegurar el puesto de trabajo del denunciante ante las posibles represalias de los superiores a los que señala, facilitar la posibilidad de hacer denuncias anónimas y garantizar que pueda contar con una asistencia jurídica gratuita en los procesos judiciales en los que previsiblemente se verá inmerso.
 
https://www.20minutos.es/noticia/3374431/0/pedro-calvo-gallardon-master/
Un exedil de Gallardón, tras saber que
aprobó el máster: "No hice ni el huevo"

Pedro Calvo asegura haberse quedado "perplejo" tras conocer sus calificaciones.
Casado sugiere que las dudas sobre su curso de doctorado tratan de minar su carrera a la sucesión del PP.
La URJC informa de que no hay constancia documental del Tribunal ni del acta de convalidaciones de Casado

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Pedro Calvo EUROPA PRESS - Archivo

La jueza que investiga el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha exhibido este jueves al exconcejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él ha mostrado su perplejidad: "No hice ni el huevo".

El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón ha sido el primero en declarar como testigo en la jornada de este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. Según ha manifestado él mismo en declaraciones a los medios, se ha quedado perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le ha mostrado sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada".

Pedro Calvo EUROPA PRESS - Archivo La jueza que investiga el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha exhibido este jueves al exconcejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él ha mostrado su perplejidad: "No hice ni el huevo". El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón ha sido el primero en declarar como testigo en la jornada de este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Según ha manifestado él mismo en declaraciones a los medios, se ha quedado perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le ha mostrado sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada". "No hice ni el huevo, como se dice", ha bromeado, y ha explicado que aunque él se matriculó porque en ese momento tenía interés en cursarlo para estudiar posteriormente un doctorado, luego se dio cuenta de que no podía atender a clase ni estudiar las asignaturas por su condición de concejal y no llegó a cursarlo, por lo que este registro de notas le parece "inaudito" y "vergonzoso". También ha comentado el testigo, divertido, que sus calificaciones son "muy buenas", y ha sacado "bastantes sobresalientes" y también ha dicho que durante la declaración le han pedido explicaciones a este respecto, pero el ha respondido que la explicación se la tienen que dar a él.

A preguntas de los periodistas, ha declarado que no se ha fijado en quién firmaba el acta de sus notas y tampoco si figuraba una calificación del Trabajo de Fin de Máster, del que como el resto de asignaturas, jamás se presentó a evaluación. Calvo ha recordado que pagó 1.500 euros para matricularse en el máster y por eso figura su nombre en el acta de convalidaciones de asignaturas, pero ha reconocido haber entendido por qué le han llamado a declarar como testigo cuando ha conocido que existía un acta de notas de todas las asignaturas del máster que nunca cursó.
 
https://www.20minutos.es/noticia/3374431/0/pedro-calvo-gallardon-master/
Un exedil de Gallardón, tras saber que
aprobó el máster: "No hice ni el huevo"

Pedro Calvo asegura haberse quedado "perplejo" tras conocer sus calificaciones.
Casado sugiere que las dudas sobre su curso de doctorado tratan de minar su carrera a la sucesión del PP.
La URJC informa de que no hay constancia documental del Tribunal ni del acta de convalidaciones de Casado

728637-600-338.jpg

Pedro Calvo EUROPA PRESS - Archivo

La jueza que investiga el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha exhibido este jueves al exconcejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él ha mostrado su perplejidad: "No hice ni el huevo".

El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón ha sido el primero en declarar como testigo en la jornada de este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. Según ha manifestado él mismo en declaraciones a los medios, se ha quedado perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le ha mostrado sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada".

Pedro Calvo EUROPA PRESS - Archivo La jueza que investiga el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha exhibido este jueves al exconcejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él ha mostrado su perplejidad: "No hice ni el huevo". El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón ha sido el primero en declarar como testigo en la jornada de este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Según ha manifestado él mismo en declaraciones a los medios, se ha quedado perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le ha mostrado sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada". "No hice ni el huevo, como se dice", ha bromeado, y ha explicado que aunque él se matriculó porque en ese momento tenía interés en cursarlo para estudiar posteriormente un doctorado, luego se dio cuenta de que no podía atender a clase ni estudiar las asignaturas por su condición de concejal y no llegó a cursarlo, por lo que este registro de notas le parece "inaudito" y "vergonzoso". También ha comentado el testigo, divertido, que sus calificaciones son "muy buenas", y ha sacado "bastantes sobresalientes" y también ha dicho que durante la declaración le han pedido explicaciones a este respecto, pero el ha respondido que la explicación se la tienen que dar a él.

A preguntas de los periodistas, ha declarado que no se ha fijado en quién firmaba el acta de sus notas y tampoco si figuraba una calificación del Trabajo de Fin de Máster, del que como el resto de asignaturas, jamás se presentó a evaluación. Calvo ha recordado que pagó 1.500 euros para matricularse en el máster y por eso figura su nombre en el acta de convalidaciones de asignaturas, pero ha reconocido haber entendido por qué le han llamado a declarar como testigo cuando ha conocido que existía un acta de notas de todas las asignaturas del máster que nunca cursó.
Supongo que los verdaderos datos serán los que tenga la Universidad.Los que tenga él,supuestamente podrían ser prefabricados,por los mismos que le dieron sobresalientes,presuntamente,claro.
 
https://www.eldiario.es/cv/Condenados-cabecillas-millones-depuradora-Valencia_0_784971558.html
Condenados a 12, 10 y 9 años de cárcel los
cabecillas del saqueo de 23,6 millones de
la depuradora de Valencia


La Audiencia de Valencia considera probado que Cuesta, Crespo y Morenilla urdieron una trama junto a empresarios para repartirse los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos

El tribual sentencia que los acusados "orquestaron un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos" en "beneficio propio o de terceros"

La sentencia llega ocho años después de la primera denuncia y condena a 23 de los 25 procesados, entre quienes están un exvicepresidente de la Diputación de Valencia del PP y los gerentes de una empresa públicas que gestionaban casi 300 millones al año

Los condenados recurrirán ante el TSJ y todavía tendrán la opción de acudir al Tribunal Supremo

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Jorge Ignacio Roca, Enrique Crespo, Esteban Cuesta y José Juan Morenilla
De la PlayStation a las prost*tutas: las confesiones más escandalosas del caso Emarsa
CASO EMARSA


El saqueo de las cloacas valencianas: comilonas, loterías y 'traductoras' rumanas

El caso de corrupción más importante de la Comunitat Valenciana en cuanto a volumen de dinero público malversado y personas procesadas -25- ya tiene sentencia. La Audiencia de Valencia ha concluido que una trama de empresarios, políticos y funcionarios urdieron una red para repartirse los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos y a las obras de reforma y mantenimiento de la depuradora de Pinedo (Valencia), la segunda más grande de España en volumen de tratamiento de lodos, entre los años 2004 y 2010.

Por el agujero de 23,6 millones de euros en la empresa pública Emarsa que acabó en reparto de mordidas, regalos de lujo y gastos suntuosos, la Audiencia de Valencia ha condenado a 10 años de cárcel a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa; a 12 y seis meses al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; y a 9 al que fuera gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, la sociedad dependiente de la Generalitat que inyectaba el dinero público para financiar los gastos, hasta 100 millones de euros en los seis años investigados. Se les atribuyen los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público, unos cargos a los que en el caso de Cuesta se le suma el de cohecho.

Al exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno, el tribunal le ha condenado a cuatro años y seis meses de reclusión.

Esteban Cuesta ha recibido la mayor pena pese a su confesión pública ante el juzgado de instrucción mientras que Ignacio Bernácer, el número dos de Morenila, ha visto reducida su pena a tres años y medio al reconocer los hechos y señalar a Crespo y Morenilla como cerebros. El empresario en prisión Jorge Ignacio Roca también ha sido condenado a seis años y un día de prisión, así como Enrique Sena y Vicente Ros, que deberán cumplir seis años y un día y seis años y medio respectivamente. Estos tres empresarios, según la Audiencia de Valencia, fueron los instrumentos utilizados para saquear la planta a través de los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos.

El tribunal relata pormenorizadamente los problemas económicos de Emarsa y asegura: "La deficitaria economía que siempre ha caracterizado a Emarsa, era plenamente conocida por el Presidente del Consejo de Administración de Emarsa y consejero delegado, a la sazón Presidente de la Emshi, Enrique Crespo quien, lejos de iniciar actuaciones tendentes a recuperar el equilibrio financiero, orquestó junto a los acusados, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer y Esteban Cuesta un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos que Emarsa recibía, en su mayor parte de la Epsar, destinándolos a sus propias atenciones".

Y añade: "Enrique Crespo, gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa por parte del consejo de administración, permitiendo al gerente administrarla a su antojo, desviando fondos en cuantía millonaria en su propio beneficio o en el de terceros con los que mantenía vinculaciones de tipo personal y/o afinidad política".



Respecto a la trama de sobrecostes en las obras de reforma y en los gastos suntuosos en viajes y regalos de lujo, el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal ha sido condenado a ocho años y seis meses mientras que el informático de la depuradora y empresario Sebastián García Martínez "Chanín" ha sido condenado a siete años y seis meses de cárcel.

Conformidades
Antes del juicio reconocieron los hechos a cambio de devolver el dinero y de no entrar en prisión, el extendiente de alcalde de Moncada Luis Botella de las Heras y los cargos del PP de Rita Barberá y tesoreros de Emarsa Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques. En total, doce acusados han visto reducidas sus penas al reconocer los delitos.
 
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El dinero de los valencianos para depurar
agua acabó en viajes a 24 ciudades,
prost*tutas y restaurantes de lujo


Los hechos probados de la sentencia del caso Emarsa cifran en 13 millones el dinero desviado del tratamiento de lodos, 836.613 euros gastados en comilonas y regalos y más de 70.000 euros al año en viajes particulares del gerente y el director financiero a Nueva York, Moscú o Ciudad del Cabo

En total el dinero que deberán devolver los 24 condenados son 23.501.620 euros que se robaron con sobrecostes en la depuración de aguas, los sobrecostes en las obras y los sobresueldos de sus directivos

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La sentencia del caso Emarsa concluye y pone negro sobre el blanco "el plan" que políticos del PP y técnicos de dos entidades públicas urdieron para desviar 23.501.620 euros del dinero para la depuración de agua de la ciudad de Valencia y su área metropolitana a otros menesteres. La sala Primera de la Audiencia de Valencia -absuelva o no posteriormente el Supremo a alguno de los 24 condenados- considera probado que la red corrupta se gastó el dinero público, entre otras cosas, en viajes particulares a 24 ciudades de todo el mundo, noches con prost*tutas y comilonas de más de 500 euros en los mejores restaurante de Valencia. "Nos daban la mano y nos cogíamos el brazo", llegó a confesar Esteban Cuesta, el exgerente de Emarsa condenado a 12 años de cárcel y quien ha reconocido los hechos durante la instrucción y la vista oral.

Según la sentencia que todavía es recurrible en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y en el Tribunal Supremo concluye que hubo tres maneras de desviar los fondos públicos. En la primera, "los acusados diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Generalitat financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora de Pinedo (Valencia) que gestionaba Emarsa", rezan los hechos probados. 13 millones de euros en sobrefacturación fueron a parar a las empresas del condenado a seis años de cárcel Jorge Ignacio Roca Samper que luego repartía las comisiones a través de la extracción de fondos en cajeros automáticos y transferencias al extranjero.

Otra forma para desviar capitales la realizó Cuesta para el resto a través del "cobro de comisiones" por la adjudicación de contratos a empresas amigas y sobresueldos por el kilometraje.

En la tercera, el propio gerente, el director financiero Enrique Arnal -condenado a prisión a 8 años y seis meses- y el empresario Sebastián García Martínez Chanín -7 años y 6 meses de prisión- "idearon un sistema para apoderarse de los fondos públicos que la Epsar y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) entregaban a Emarsa, consistente en que el Sr. García Martínez, ponía a disposición de los responsables de Emarsa distintas personas jurídicas, todas ellas gestionadas de hecho o de derecho por él". A través de estas compañías, añade la sentencia, "debían emitir facturas a Emarsa por entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes o por un precio superior al realmente prestado". Con este método para defraudar se distrajeron 7.188.208 euros.

Y con este dinero llegó la fiesta, el frenesí y los fastos entre los años 2004 y 2010 a costa de la depuradora de Pinedo. Con este dinero, los acusados Cuesta, Arnal, García Martínez y amigos y familiares con el beneplácito de Crespo viajaron por todo el mundo, comieron en los mejores restaurantes de lujo de Valencia y agasajaron a políticos del PP en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Rita Barberá, Francisco Camps y otros líderes conservadores de la época recibieron bolsos de lujo, jamones 5J o suntuosas cajas de Navidad.

Viajes por medio mundo
Cuesta y Arnal gastaron entre 2004 y 2010 262.934 euros en viajes particulares a 24 ciudades de todo el mundo. Con su familia, con sus parejas y en el caso de Esteban Cuesta con lo que denominó en instrucción "traductoras" de rumano. Así, según los hechos probados, con dinero de la depuración de aguas se abonaron viajes a Ciudad del Cabo, Moscú, Bucarest, Nueva York, Andorra, Casablanca, Marrakech, Munich, Lisboa, París, Lanzarote, Ibiza, Formentera, Madrid, Alicante, Benidorm, Castelló, Toledo, Bilbao, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Tortosa y Barcelona.

Los condenados también tenían un buen paladar y fueron generosos con regalos pero con dinero público. 836.613 euros se gastaron los condenados, principalmente Cuesta y Arnal, pero invitando a todo tipo de empresarios y cargos del PP a los mejores restaurantes de Valencia. Marisquería Civera, Pilsener, Alkazar, Maypi o Marrasquino estaban en la carta habitual con facturas de 200, 500 0 1.000 euros. Más de 115.000 euros al año por estos conceptos.
 
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De "la poxx insaciable" al "duque
empalmado" o "el yonqui del dinero":
glosario de la corrupción


Del 'Caso Gürtel' a la trama de Emarsa, pasando por los escándalos de Noós o Imelsa, estos son los 'greatest hits' de los corruptos españoles

Laura Martínez
23/06/2018 - 21:06h

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La Audiencia Nacional prueba la financiación ilegal del PP de Francisco Camps EFE

La corrupción ha saqueado el país y llenado las hemerotecas. Políticos y empresarios se han llenado los bolsillos y han vaciado las arcas de las instituciones, en casos más o menos obscenos. Lo que sin duda debería llevar este calificativo son algunas declaraciones de los investigados, algunos de ellos en varias tramas; otros ya condenados. Sumarios, escuchas policiales, pruebas procesales, declaraciones en los juzgados o comentarios ante los medios de comunicación; este es el glosario de la corrupción en España.

"Puedo haber metido la mano, pero nunca la pata"
Juan Cotino, expresidente de les Corts e investigado por la visita del Papa a Valencia, no andaba muy fresco en la tarde en la que tuvo este lapsus. A la salida del Tribunal Superior de Justicia valenciano declaró ante las cámaras: "Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Perdón. Lo he dicho al revés, ¡ah!". En su caso, aún está por ver su culpabilidad o inocencia en varios casos - hace unas semanas se registraron sus propiedades en la operación Erial-. Otros sí se ha demostrado que metieron ambas extremidades.

El yonki del dinero

Marcos Benavent es uno de los personajes fascinantes que la corrupción del PP valenciano ha dado al periodismo. Huido de la justicia, volvió de latinoamérica reconvertido en un ser de luz. "Yo era un yonqui del dinero; me he llevado de todo", reconocía ante las cámaras cuando empezó a proporcionar a la justicia las grabaciones de todos sus compañeros en la Diputación de Valencia. Las clases de yoga en la selva amazónica salieron caras.
"Va a salir mierda a punta pala"

Después de declarar por primera vez ante el juez en lo que todavía era el caso Imelsa -que ha ido derivando en unas cuantas causas más-, Benavent, exgerente de la empresa pública que dependía de la Diputación lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: "Aquí va a salir mierda a punta pala". Y así fue, porque al poco tiempo comenzó a filtrar las grabaciones de Alfonso Rus y Maria José Alcón repartiendo billetes como caramelos en la cabalgata de Reyes. Hoy todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia están imputados, salvo el único que no tenía carnet de partido.

"Mil, dos mil, tres mil... dos milions de peles"
Es quizá la frase que ha puesto a Alfonso Rus en el mapa. Aunque no la pronunciara él. Esquerra Unida entregó estas grabaciones, producidas según el partido en un coche, en las que el expresidente de la Diputación de Valencia habla con un hombre de confianza y Marcos Benavent. En el vehículo, van contando fajos de billetes: "Mil, dos mil, tres mil... dos milions de peles".

"10.000 para ti, 5.000 para mí y 5.000 para el PP"
En las grabaciones del Caso Taula se escucha cómo en 2005 Marcos Benavent y Maria José Alcón pactaron un contrato de restauración de esta forma tan sencilla. "10.000 para ti, 5.000 para mí y 5.000 para el PP". Este caso investiga el 'pitufeo' con billetes de 500 euros, un supuesto blanqueo de capitales para financiar al PP de la ciudad de Valencia. Alcón narró cómo se desarrollaban estas operaciones por teléfono a su hijo, aunque en el interrogatorio se retractó, alegando problemas de memoria. En otra grabación, Benavent traslada a Alcón que Alfonso Rus quiere que parte de una supuesta mordida de 20.000 euros vaya a la caja del PP.

"Amiguito del alma" y "te quiero un huevo"
La de Francisco Camps y Álvaro Pérez 'El Bigotes', era una relación de estrecha amistad. Para felicitarle las Navidades al empresario, el entonces presidente de la Generalitat hizo una llamada interceptada por la Policía en la que hacía gala de este cariño particular:

Francisco Camps: "Hola, amiguito del alma, que te sigo queriendo mucho.."

Álvaro Pérez: "Presidente, contarás muchos años con mi lealtad"

Camps: "Perdona, durante muchos años no, toda tu vida, hijo de put*"

El expresidente de la Generalitat escuchó esta grabación durante el juicio de los trajes, que inauguró la travesía de la trama Gürtel por los juzgados.

"Soltar el mondongo"
El Bigotes se preguntaba con su lenguaje habitual en el Congreso, en la comisión de investigación de la financiación del PP, por qué Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro no están declarando en su lugar por los papeles de Bárcenas cuando aparecen en las anotaciones y añde: "Soltaban el mondongo".

"Aquí hay pelas para todos. Una 'pastuqui' importante"
"Aquí hay pelas y, si sale bien, hay pelas para todos. Una pastuqui importante". Así hablaban Francisco Correa y Pablo Crespo, socios de la Gürtel, mientras buscaban una empresa que se uniera a ellos para dar el pelotazo con el circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia e instalara las gradas para el primer Gran Premio.

La "poxx insaciable"
Implicado en el 'Caso Brugal' y en la 'Trama Gürtel', propietario del 60% de suelo urbanizable de Alicante. Enrique Ortiz se definía como "la poxx insaciable" en una conversación interceptada por la Guardia Civil. Su interlocutor le dice "está bien, para que no te quejes tanto, coxx" y él le responde "No está mal, pero tengo que llorar más, porque yo soy la poxx insaciable". Ortiz vivió el sueño dorado de cualquier constructor y se convirtió en el señor del ladrillo en la época del PP.

"¿Has tenido noticias del de las magdalenas?"
Mientras el constructor utilizaba el calificativo fálico, otros miembros de la trama utilizaban un apelativo más dulce para referirse a él. Enrique Ortiz, era "el de las magdalenas", como le llamaba David Serra, vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, y confesó en el juicio de Gürtel el pasado febrero. A veces, también era "el de las galletas" o "el de los biscotes", según el día. "Siempre que hablábamos de magdalenas, bizcochos o tartas era entregas de dinero", ratificó Álvaro Pérez 'El Bigotes' en el interrogatorio de la Audiencia Nacional en enero. No estaba el horno para bollos.

"La 'mafia española', qué grande"
En otra de las grabaciones del 'Caso Rabassa', el señor del ladrillo habla con un responsable de Ikea y éste le describe -en tono de broma- como "mafia española", a lo que Ortíz le responde "te gustó, tener un amigo mafioso, ¿eh?" .

El "Duque empalmado"
Era duque de Palma y "empalmado" se llamó. Al menos en los mails que firmaba mientras consultaba sus movimientos al frente del Instituto Noós con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Iñaki Urdangarín, que acaba de ser condenado a seis años de prisión por contratos fraudulentos millonarios con administraciones públicas, estampaba el autógrafo "em...Palma...do" en sus mensajes de negocios.

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Firma de Iñaki Urdangarin en un correo electrónico

Compi yogui
A otro a quien le gustaba mucho el yoga, como a Benavent, era a Javier López Madrid. El detenido en el caso Lezo, que investiga las adjudicaciones para contruir el Canal de Isabel II, compartía clases con la reina Leticia y el rey Felipe. Cuando fue implicado en el caso de las 'tarjetas black', que eldiario.es reveló en exclusiva, la reina le envió un mensaje de apoyo: "Te escribí cuando salió el artículo de los de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!)".

"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado"
Carlos Fabra, el del "aeropuerto del abuelo", el expresidente de la Diputación de Castellón, es un hombre sincero. " Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años", explicaba en una intervención pública que fue grabada antes de las elecciones municipales. En ese momento se le investigaba por fraude fiscal y tráfico de influencias. Fabra decía que entre los puestos de la administración uno puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo".

"Luis, sé fuerte"
El ya expresidente del Gobierno se ha visto salpicado -que no implicado- por diferentes escándalos de corrupción en el seno de su partido. Uno de los grandes errores -al menos en lo comunicativo- de Mariano Rajoy fue enviar un SMS a Luis Bárcenas cuando saltó el caso de 'los papeles' y de la Caja B de Génova. El presidente se encontraba claramente preocupado por su tesorero cuando escribió: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" y el archiconocido "Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo". Días después, Rajoy había olvidado cuándo fue la última vez que habló con Bárcenas.

"Alfonso, coxx, te quiero"
En los años de vino y rosas del PP, cuando corrupción era una palabra que no llenaba titulares, ni sonaba en los mítines, ni había "manzanas podridas", Mariano Rajoy era un hombre alegre y encantado de venir a Valencia. En una de esas fiestas que organizaba el PP en Valencia, en la época de las mayorías absolutas, el entonces presidente manifestó todo su amor por el entonces alcalde de Xàtiva. "Alfonso, coxx, te quiero (...) tus éxitos los considero mis éxitos". Rus está imputado por diversas causas judiciales, entre ellas Imelsa, Taula y otros tantos.

"El dinero de los negratas"
No. No es parte de un capítulo de The Wire. Tampoco un beef entre raperos del Bronx. Era Augusto César Tauroni, socio de Rafael Blasco, exconseller de Cooperación y en prisión por el caso que lleva su nombre. El dúo saqueó fondos destinados a construir hospitales en Nicaragua -el de Haití está pendiente de juicio- y los invirtió en pisos en el centro de Valencia. “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”, se escucha a Tauroni en las grabaciones de la policía.

"Me sentaré a comer con él y le diré a ver cómo puedo rascar yo aquí"
Esta frase de Eduardo Zaplana es un ejemplo bastante gráfico de lo que es la corrupción y cómo se mueve. Un par de llamadas, comidas, y al negocio. El antecesor de Camps también se hizo famoso por una frase que no era suya -"he venido a política para forrarme"- pero sí pronunció una similar. Así figura en otra c onversación entre el expresidente y un concejal del PP, Salvador Palop, interceptada por las autoridades durante la investifación del Caso Naseiro:

Zaplana: Me voy a que me lo expliques. A ver cómo puedo... Voy con un planteamiento fácil. Me sentaré a comer con él y le diré a ver cómo puedo rascar yo aquí.

Palop: Claro.

Z.: Así, pura y simplemente, ¿eh? Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro.

P.: ¿Sí? ¿Cómo ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.

Z.: Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado.

P.: ¿Y eso?

Z.: Me lo gasto todo en política. No ves que no tengo sueldo como tú. Que cobras de lo que trabajamos todos los españoles.

P.: Claro.

Z.: Pues eso es lo que pasa. Ay, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?

La charca y las ranas
"He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", dijo Esperanza Aguirre para desmarcarse de Francisco Granados y Alberto López Viejo, por los que ponía la mano en el fuego. Las ranas de Aguirre se fueron multiplicando con los años, entre las que está Ignacio González, imputado en varias causas. Un montaje fotográfico ilustra a los habitantes de la charca.

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Las "ranas" de Esperanza Aguirre: López Viejo, Granados, González, Figar, Victoria, Beltrán Gutiérrez, Jesús Sepúlveda, Ortega, González Panero, Boza, Juárez, Utrilla, Moreno Torres



Emarsa y los lodos
Siguiendo con los fangos e intentando imitar al refranero llegamos a los lodos. Así se referían los cabecillas del caso Emarsa a las mordidas que se llevaban de la depuradora de Pinedo. "De los lodos sólo hemos podido cobrar unos 8.000 euros al mes cada uno", se quejaba Esteban Cuesta, exgerente de la entidad pública. Cuesta señaló al exalcalde de Manises, Enrique Crespo, como su mano amiga en política: "Me dijo que me pusiera el sueldo que quisiera y pasé de ganar 2.000 euros al mes como director de Enfermería a ganar 8.000 euros al mes". Emarsa tenía un presupuesto anual de entre ocho y diez millones de euros al año, del que salían numerosos regalos para políticos. prost*tutas, por ejemplo. O "traductoras rumanas", como las describieron en su día. La sentencia por el saqueo se ha conocido este viernes. De aquellos polvos...

La hijaputa de 'la Perla'
Otra "perla" del PP, ya en prisión por el caso Fitur, fue Milagrosa Martínez. Se le llamaba así no por ir atabiada con estas joyas, sino porque usaba el "ie, perla", para referirse a quien tuviera cerca. Álvaro Pérez -'El Bigotes'- no le tenía especial aprecio, aunque la incluyó forzosamente en su lista de Rey Magos, ya que era la responsable de Turismo, donde los cabecillas tenían puesto el ojo. En 2009, Pérez telefoneó al contable de Orange Market para mandarle la lista de la compra:

"Llevamos cuatro años desde que vivo aquí regalándole una cosa a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo. Me parece una guarrada. No nos da nada, no sirve de nada, pero tampoco me jode. Me voy a gastar menos que el año pasado. Y luego tenemos que comprarle un reloj a la consejera de... se lo compré a la hijaputa de la Perla. ¿No se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo? Y esta se porta muy bien conmigo".

La "madre superiora"
Los Pujol, una familia conservadora, rendía pleitesía a la Iglesia hasta en sus mensajes en clave. Para esquivar los controles de Hacienda y mover el dinero de sus cuentas en Andorra, la familia utilizaba conceptos como "los misales" o "Soy la madre superiora", como enunciaba Marta Ferrusola, para llamar al "reverendo Mosén", el responsable de la banca andorrana. Al final, el lenguaje metafísico resultó inútil. Resultó que Dios está en todas partes; también en la Fiscalía.
 
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Rajoy-sobrecostes-millones-diciembre_0_784272374.html
El Gobierno de Rajoy autorizó sobrecostes de obra pública por
600 millones de euros desde diciembre de 2014



En los últimos tres años de Gobierno, el ministerio de Fomento aprobó sobrecostes de hasta el 73% del precio en medio centenar de obras públicas adjudicadas entre 2007 y 2014

Una sentencia obligó al Ejecutivo de Rajoy a revelar los costes ocultos de los proyectos de obra pública tras una solicitud de información de eldiario.es

A pesar de esta resolución judicial, el anterior Ejecutivo siguió ocultando los sobreprecios de las obras adjudicadas por los organismos dependientes: Aena, ADIF o Renfe


Una carretera para ahorrarse unos 15 minutos de trayecto. Así es como Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, vendió la inauguración en 2015 del tramo Solares-La Encina de la Autovía del Cantábrico (A-8). La exministra destacó que la apertura de la carretera culminaba la "vertebración" de la Cornisa Cantábrica y dejó de ser "una promesa de futuro" para ser una realidad de presente.

A Pastor, sin embargo, se le olvidó mencionar la inversión extra que tuvo que realizar su ministerio para poder finalizar el proyecto. La obra salió a concurso por 135 millones de euros en diciembre de 2006, y fue adjudicada tres meses más tarde por 90. El proyecto terminó costando 157 millones de euros: un sobrecoste del 73%.

Hasta la fecha, la diferencia entre el precio que el Gobierno adjudicaba a la constructora para una obra pública y el coste final de ese proyecto era una información que el Ejecutivo ha guardado en estricto secreto. Gracias a una petición de información enviada por eldiario.es, ahora sabemos que el Gobierno de Rajoy pagó 603 millones de euros en sobrecostes de obra pública en los últimos tres años.

En concreto, el Gobierno ha desvelado los sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014 en los que incurrieron 54 proyectos de obra pública adjudicados por el ministerio de Fomento entre 2007 y 2014. Medio centenar de contratos para construir carreteras, puentes, líneas de AVE o estaciones de tren adjudicados por 2.464 millones que costaron finalmente a las arcas públicas 3.068 millones de euros.


Las 10 obras con mayor sobrecoste

Importe de los sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014 sobre el precio de adjudicación

Importe de adjudicación


Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Solares-La Encina +73%

Eje Atlántico de Alta Velocidad. Nueva estación provisional de viajeros en Vigo-Guixar +71%

Nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre la Bahía +57%

Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega +54%

Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al Aeropuerto de Barajas +50%

Autovía A-49. Construcción de tercer carril. Tramo: enlace Ginés-Bormujos-Sanlúcar de Benacazón +48%

Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: Congosto de Isuela-Arguis +46%

N-I de Madrid a Irún. Tramo: Santa María de Ribarredonda +45%

Eje Atlántico de Alta Velocidad. Acceso norte a Vigo +39%

Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz


Además del desvío del 73% del tramo de la Autovía del Cantábrico entre Solares y La Encina, el listado revela otros proyectos que multiplicaron su coste final después de haber sido adjudicada la obra: la estación provisional de viajeros del AVE en Vigo-Guixar, con un sobreprecio del 71%, el puente de la bahía de Cádiz, que se encareció un 57% su coste final, o el acceso ferroviario del Cercanías de Madrid al aeropuerto de Barajas, que costó a las arcas públicas un 50% más.

Una sentencia judicial obligó al Ejecutivo de Rajoy a revelar estos sobreprecios en las obras adjudicadas por el ministerio de Fomento tras una solicitud de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia. En virtud de esta resolución judicial, Fomento remitió a este medio un listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el departamento.

La información proporcionada por el ministerio de las Direcciones Generales de Carreteras, Ferrocarriles (extinta) y Arquitectura Vivienda y Suelo, sin embargo, solo se refiere a las modificaciones producidas a partir del 10 de diciembre de 2014, fecha en la que se aprueba la Ley de Transparencia. De esta manera, el Gobierno siguió ocultando los sobreprecios de las obras adjudicadas por los organismos dependientes de Fomento: Aena, ADIF o Renfe, entre otros.

"Estamos analizando en profundidad la herencia que ha dejado el Gobierno del PP", aseguran fuentes de Fomento a eldiario.es, que afirman que el nuevo Ejecutivo de Sánchez "va a trabajar siempre con la máxima transparencia".

La mitad de las obras con sobreprecios remitidas por el ministerio se refieren a proyectos en las comunidades de Galicia, Andalucía y Cataluña. De los 54 contratos analizados, en 21 se autorizaron sobrecostes por encima del 20% del precio de adjudicación.

Las 54 obras que sufrieron sobrecostes en los últimos tres años

Importe de adjudicación y modificaciones de las obras públicas licitadas por el ministerio de Fomento que incurrieron en sobrecostes a partir de diciembre de 2014


Ofertar a la baja para llevarse el contrato
Hasta 2011, la única manera de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas desde el centro de la ciudad era coche, metro o autobús. Fue en septiembre de ese año cuando se inauguró la conexión en Cercanías con la Terminal 4 del aeropuerto. El ministro de Fomento, José Blanco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón apadrinaron ese primer viaje en tren.

Fomento licitó la superestructura, electrificación e instalaciones del acceso ferroviario a Barajas por 52 millones de euros. Una UTE entre Ferrovial y la constructura Azvi se llevaron el contrato por 47 millones, una baja del 10%. El coste final de la obra: 71 millones, un sobreprecio del 50%.

Este sistema se repite en todas los proyectos de obra pública que facturaron sobrecostes en los últimos tres años de Gobierno. La constructora hace una oferta a la baja y, cuando la obra ya está adjudicada, empiezan a añadir modificados y obras complementarias para incrementar el coste final.


Ofertar a la baja y después añadir sobrecostes de hasta el 73%
De las obras con más sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014, la comparación del presupuesto inicial, importe adjudicado a la baja a las constructoras y los sobreprecios que aumentaron el coste final

En muchos casos, además, el sobrecoste de la obra termina superando el presupuesto fijado por el ministerio para desarrollar el proyecto. Son los casos de las obras del AVE en Galicia, el acceso ferroviario a Barajas en Cercanías, el puente de la bahía de Cádiz o los distintos tramos de la Autovía del Cantábrico.

El caso del puente de Cádiz, denominado Puente de la Constitución de 1812, es uno de los casos más emblemáticos de este modelo. Las obras del coloso salieron a concurso por 299 millones de euros. ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, se llevó el contrato con una oferta a la baja por 273. Según los datos remitidos por Fomento a eldiario.es, el precio final de la obra subió 156 millones: un 57% más.

Este sobrecoste fue el más cuantioso en números absolutos autorizado por el Ministerio de Fomento desde diciembre de 2014.
 
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Gallardon-enterro-millones-inservibles_0_783572295.HTML
Las obras inservibles de la M-30:
Gallardón enterró 11,5 millones de euros
en unas rampas a ninguna parte


Estas rampas pretendían ser el inicio del soterramiento de la M-30 en el norte de Madrid, unas obras que se descataron posteriormente por su alto coste

Las obras de las rampas se licitaron de urgencia y se separaron del proyecto global que estaba en periodo de consultas

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Las obras de la M-30 costaron un 48% más de lo presupuestado: un total de 3.703 millones de euros. Entre otros motivos, porque este enorme proyecto también gastó dinero en infraestructuras que no se usarán jamás. Uno de los mejores ejemplos está en la autovía N-1 que une Madrid y Burgos. Cerca del nudo norte.

Son unas rampas de hormigón que pretendía ser el inicio del soterramiento de la M-30 en la zona norte de la ciudad. Estas rampas, a ninguna parte, se presupuestaron por 10,44 millones de euros y acabaron costando 11,48 millones, un 10% más. Era el límite que permitía la ley para sobrecostes de liquidación, una figura legal que permite un incremento para las variaciones de las unidades de obras ejecutadas sin previa aprobación de ese porcentaje como máximo. De esta manera, las empresas pueden ampliar el presupuesto por los elementos de más que hayan podido utilizar en las obras, en este, entre otros, se incrementaron los metros cúbicos de hormigón y los metros cúbicos de tierra retirada. La empresa encargada de hacer estas obras fue Dragados, filial de ACS, a su vez presidida por Florentino Pérez.

Las rampas estaban diseñadas para que, algún día, una tuneladora comenzara las obras para "los túneles de conexión del bypass norte con la carretera Nacional I", describe el BOE , es decir, dejar la conexión de la M-30 con la carretera de Burgos hacia el norte bajo tierra. Un soterramiento que hoy, casi 13 años después de que se finalizaran las rampas para las tuneladoras, es altamente improbable que vaya a realizarse. La reforma del norte de la ciudad, la Operación Chamartín, desechó este bypass norte subterráneo. Nunca, ninguno de los planes para el desarrollo del norte de Madrid incluyó un túnel como el que planteó el Ayuntamiento de Gallardón.

De hecho, aunque Alberto Ruiz Gallardón anunció el túnel del norte y el sur a la vez, aplazó el primero a la espera de saber qué pasaba con el desarrollo de Chamartín. Es la excusa que dio. "Las obras del bypass norte no se realizarán esta legislatura, como estaba previsto, porque están pendientes de lo que suceda con la Operación Chamartín, paralizada desde hace años", recogía una noticia de El País de marzo de 2005.

Pero mientras se avanzó en el proyecto ya que la licitación para la redacción del mismo se hizo durante su primer mandato como alcalde mientras se construía el bypass-sur. Como recoge el BOE, el proyecto pasó a publicarse para un periodo de consultas en el que entidades sociales, instituciones y vecinos podían presentar alegaciones. A pesar de ello, el Ejecutivo de Gallardón separó del proyecto global las obras de estas rampas. En septiembre de 2004 sacaron la licitación de ejecución de las rampas por vía de urgencia que se finalizaron en octubre de 2005 por 11 millones de euros.

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Lugar donde se encuentras las rampas de hormigón para las tuneladoras, autovía N-1 que une Madrid y Burgos. Pelayo Prieto

¿Por qué si se descartó el proyecto se hicieron las rampas? En marzo de 2005, tres meses antes de adjudicar a Dragados las obras de las rampas, ya se sabía que no se harían en esa legislatura. Separar las obras para dejar unas rampas tapiadas a la espera de si se hará el proyecto en el futuro es "inusual", según los técnicos de caminos consultados.

A día de hoy, no hay presupuesto para una infraestructura así, un coste que sería similar al del bypass-sur, que endeudó la ciudad en décadas: cuando Gallardón dejó la alcaldía la deuda de la ciudad de Madrid era superior a los 7.000 millones; superando el endeudamiento de cualquier capital europea.

Además, las últimas tendencias internacionales en la concepción urbanística de las ciudades apuestan precisamente por lo contrario: reducir la circulación del coche particular y la fomentar el uso de modos sostenibles. A esto ha sumarle que las rampas se tapiaron y que nunca se han mantenido, ni técnicos municipales pueden conocer el estado de las mismas. El deterioro que ha sufrido el hormigón tras 13 años clausuradas las haría inservibles, aseguran técnicos a eldiario.es.

El cierre norte de la M-30 que planteó el Ayuntamiento de Gallardón iba a construirse por dos túneles unidireccionales de 4,80 Km de longitud. Enlazarían con la Avenida de la Ilustración a la altura de la glorieta del pintor Salvador Maella con la avenida de La Paz en su tramo norte (Nudo de la Paloma). El proyecto del By-pass Norte se completa con la construcción de dos túneles de conexión con la autovía A-1.

Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de tramitar las obras, entre los que está el actual presidente de Adif, Juan Bravo, entonces concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, sin obtener respuesta. Tampoco Dragados ha respondido a las preguntas de eldiario.es.

Gallardón inauguró el último tramo del By-pass Sur de la M30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid y así la vendió: el macroproyecto para Madrid. Entonces no se sabía aún lo que supondría años después esta infraestructura para las cuentas madrileñas. Su proyecto para el norte finalmente no se hizo. Aún así el anuncio del mismo no salió gratis: costó a los madrileños 11 millones y medio de euros.
 
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