Repaso a la corrupción del Partido Popular

[Crisisyrecesion]

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/13/radio_mallorca/1528871944_053799.html
Iñaki Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión

• La Audiencia de Palma da también cinco días al socio de Urdangarin, Diego Torres, para ser encarcelado

• Jaume Matas no comparece en la Audiencia de Palma. Ha ingresado voluntariamente en la cárcel de Aranjuez

PALMA
13/06/2018 - 13:41 h. CEST

Iñaki Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión. La Audiencia Provincial de Palma le ha otorgado de plazo hasta el lunes para que elija una cárcel del territorio nacional e ingrese para cumplir con la condena de cinco años y diez meses de cárcel que dictó el Tribunal Supremo por el caso Nóos. Las juezas no le han retirado el pasaporte, por lo que podrá estar en Suiza hasta el lunes.

Los números por los que Iñaki Urdangarin irá a la cárcel

• Las dos cárceles que estudia Interior para el ingreso de Urdangarin

• La sentencia firme de Nóos, en diez frases

• Urdangarin podría tener permisos penitenciarios dentro de un año y medio

El marido de la infanta Cristina ha entrado en la Audiencia a las 12:15 horas. Ha llegado dos horas después de haber aterrizado en Palma procedente de Ginebra y presumiblemente, durante ese tiempo, ha estado reunido con su abogado, Mario Pascual Vives. Ha bajado de un monovolumen de color gris, con pantalón claro y chaqueta. Ha estado apenas cinco minutos en el interior del palacio judicial donde ha recogido el mandamiento y ha abandonado el edificio judicial entre gritos de "chorizo y ladrón" de las decenas de ciudadanos que atraídos por la curiosidad esperaban a las puertas de la Audiencia.

Urdangarin puede elegir prisión
Urdangarin puede marcharse a Ginebra y volver antes del lunes para ingresar en la cárcel española que elija. La ley le permite elegir cualquier prisión de España, aunque la dirección del centro está facultada para cambiarle de prisión si considera que la elegida no es segura.

De forma paralela, el marido de la infanta puede intentar esquivar la prisión solicitando un indulto al Gobierno. Eso no quiere decir que se suspenda su entrada en la cárcel, ya que sería una decisión que competería a las juezas de la Audiencia. Además puede plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero con una pena superior a cinco años, como es su caso, queda descartada la suspensión.

El mismo plazo para Diego Torres

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, a la salida de la Audiencia de Palma, donde el tribunal del caso Nóos le ha comunicado que tiene cinco días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses. / Ballesteros (EFE)

El plazo de cinco días es el mismo que tiene el que fuera su socio Diego Torres. Ha llegado a la Audiencia al filo de las 9:00. Ha estado diez minutos en el interior del edificio judicial, que ha abandonado con una media sonrisa junto a su abogado Manuel González Peeters. Una hora en la que no había tanta gente congregada a las puertas de la Audiencia.

Quien sí ha evitado la foto ha sido el exministro y expresidente balear Jaume Matas. Fuentes de su defensa confirman que ha decidido saltarse el trámite y que el exlíder del PP balear ha ingresado voluntariamente en la madrileña cárcel de Aranjuez.

 

[IDOLO]

 

[sakadosmotos]

a ver cuando le meten mano a Montoro--- que ese tiene para pasarse unos años en la trena...

 

[Crisisyrecesion]

https://www.eldiario.es/politica/IU-director-eldiarioes-confesiones-Lapuerta_0_782172032.html
IU pide que el director de eldiario.es
declare ante el juez de la caja B por las
confesiones que le hizo Lapuerta


La petición es consecuencia de un artículo que el extesorero del PP autorizó a publicar a Ignacio Escolar tras su muerte

La acusación popular pide también que se incorporen a esta causa las sentencias de la trama valenciana y de la Primera Época de Gürtel

El día en el que el tesorero Álvaro Lapuerta quiso tirar de la manta

Muere el extesorero del PP Álvaro Lapuerta a los 90 años
La Audiencia Nacional extiende el plazo para investigar la caja B del PP hasta agosto de 2020

• IU pide al juez de la caja B que investigue al empresario Vicente Cotino

• ETIQUETAS: caja B, PP, Álvaro Lapuerta, IU, Ignacio Escolar, Audiencia Nacional, José de la Mata

La acusación popular que ejerce Izquierda Unidad en la causa de la caja B del PP ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar en calidad de testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido de una información en la que relata las confesiones que le realizó Álvaro Lapuerta sobre la financiación irregular del partido político y que le autorizó a publicar después de que falleciera.

En un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, la acusación popular también solicita que se incorporen a la causa de los 'papeles de Bárcenas' las sentencias de la Audiencia Nacional por la trama valenciana de Gürtel y la de la conocida como Primera Época. Consideran los letrados de IU que el testimonio que pueda prestar Escolar es coincidente y acreditativo de unos hechos delictivos recogidos en las citadas sentencias.

"Es de resaltar que parte de las revelaciones que el Sr. Lapuerta realizó al Sr. Escolar han sido posteriormente confirmadas en otras piezas del presente procedimiento, por lo que consideramos que su declaración ante este Juzgado podría arrojar luz acerca de los hechos investigados y abrir nuevas vías de investigación respecto de los mismos", dice el escrito de IU.

Así por ejemplo, la sentencia de la trama valenciana califica como " soborno en diferido" la conducta de los empresarios investigados en esa pieza, "conducta totalmente equiparable a lo que, según cuenta el Sr. Escolar en su artículo, le fue narrado por Álvaro Lapuerta", añade.

Entre otras cosas, Lapuerta relató al periodista un encuentro de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre que se celebró en noviembre de 2004, en la sede del partido en Génova 13. En presencia de Rajoy, Lapuerta recriminó a Aguirre que su entonces número dos, Ignacio González, estaba detrás de un pelotazo en Arganda del Rey, pendiente de sentencia en la segunda época de la Gürtel y que pasa por ser la mayor de las muchas operaciones corruptas en las que participó Francisco Correa.

 

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El descontrol del buque ‘Elcano’ deja impune el tráfico de 127 kilos de coca
El comandante del barco-escuela fue ascendido por el Gobierno del PP tras el escándalo
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MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid 14 JUN 2018 - 10:14 CEST

Incautados 127 kilos de cocaína en el buque escuela de la Armada

• 
  Procesados siete tripulantes del 'Elcano' por táfico de cocaína

El auto recuerda que dos de los marineros que prestaban servicio en dicho pañol, F. V. B. y R. V. H., fueron procesados en otra causa por traficar con 19,8 kilos de cocaína en la misma travesía y que otros miembros de la dotación han sido encausados por embarcar supuestamente distintas cantidades de droga en Cartagena de Indias para venderlas en Nueva York.

Pero estos indicios no son suficientes, según el auto, para imputarles el embarque de los 127 kilos de droga, “cuando, además, no serían los únicos a bordo que llevarían a cabo, presuntamente, este tipo de acciones de tráfico de cocaína”.

La situación que describe la juez es de absoluto descontrol. Aunque, en teoría, el acceso al pañol de cables donde se halló la coca estaba reservado para quienes prestaban servicio allí, “la falta de vigilancia de llaves y una correcta llevanza del libro dedicado al control de las mismas” hace que cualquiera “pudiera entrar y mantenerse en él durante el tiempo necesario para ocultar los paquetes”. Más aún teniendo en cuenta que personal que no estaba destinado en el pañol acudía al mismo como lugar de esparcimiento.

Además, la juez subraya que el Juan Sebastián Elcano estuvo atracado en Cartagena de Indias cuatro días y “durante los mismos la mayoría del personal se ausentó del buque por concesión de permisos, sin que la guardia militar controlara las entradas y salidas de la dotación, así como tampoco los efectos que embarcaban; lo que, al parecer, tampoco se hacía en los demás puertos de atraque”. Es decir, cualquier miembro de la tripulación pudo embarcar la cocaína sin que nadie le registrara.

Salvo que aparezcan nuevos indicios, el embarque de los 127 kilos de cocaína quedará impune y solo se castigará el trapicheo con cantidades menores de droga, por el que han sido procesados siete tripulantes.

Más allá de las penales, tampoco se han asumido responsabilidades de otro tipo. El entonces comandante del buque escuela, el capitán de navío Enrique Torres Piñeyro, fue ascendido a contralmirante por el Consejo de Ministros en septiembre de 2015. En abril pasado la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, lo ascendió a vicealmirante y lo nombró jefe del arsenal de Cádiz.

Fuentes de la Armada admiten que el comandante del Elcano incurrió en un “exceso de confianza” en su tripulación, pero aseguran que cumplió las normas de seguridad entonces vigentes, por lo que pudo proseguir su carrera. Las normas de seguridad se endurecieron drásticamente tras el escándalo.

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/13/actualidad/1528913321_807958.html

 

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http://cadenaser.com/ser/2018/06/14/tribunales/1529010152_962493.html
Ricardo Costa: "José Mayor Oreja me dio 150.000 euros para la campaña de Mariano"


El exsecretario general del PP en la Comunitat valenciana ratifica ante una juez de Valencia que el hermano del exministro Mayor Oreja, que aparece en los papeles de Bárcenas, “sacó de la chaqueta” 150.000 euros “en billetes de 500” y se los entregó para la campaña electoral de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2008. Costa reitera su “voluntad de colaborar con la justicia” en un “testimonio totalmente creíble” según fuentes presentes en el interrogatorio

14/06/2018 - 23:05 h. CEST

El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat valenciana, Ricardo Costa, ha ratificado este jueves la declaración que hizo en la Fiscalía Anticorrupción, ante la titular del juzgado número 17 de Valencia que investiga una de las piezas de la supuesta estafa en la Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. FCC, la empresa a la que representaba José Mayor Oreja, resultó adjudicataria de uno de los contratos para la construcción del circuito urbano de Valencia para la Fórmula 1. El juzgado investiga si el pago denunciado por Costa era una comisión a cambio de la concesión de la obra.

Costa ha manifestado que recibió en 2008 a José Mayor Oreja, entonces directivo de la empresa FCC y hermano del exministro del Interior con Aznar, quien le dio 150.000 euros en billetes de 500 para la “campaña de Mariano” Rajoy a la presidencia del Gobierno, según sostiene Costa que le dijo el empresario.

Ricardo Costa afirma que fue el exvicepresidente autonómico, Vicente Rambla, quien le pidió que recibiera al empresario, y que él accedió porque era hermano del exministro. El exsecretario general regional del PP recibió el dinero que Mayor Oreja “sacó de la chaqueta” y se lo dio al vicesecretario del partido, David Serra, condenado en el caso Gürtel.

José Mayor Oreja fue despedido en 2013 de FCC, después de que su nombre apareciera en los ‘papeles de Bárcenas’ o caja b del gasto diario del Partido Popular, asociado a dos pagos en 2008 que ascendían a 165.000 euros.

Ricardo Costa también ha declarado ante la juez que José Mayor Oreja le dijo en aquel acto que se encontraba en Valencia “por un tema de la Fórmula 1”. FCC, la empresa a la que representaba José Mayor Oreja, resultó adjudicataria de uno de los contratos para la construcción del circuito urbano de Valencia para la Fórmula 1. El juzgado investiga si el pago denunciado por Costa era una comisión a cambio de la concesión de la obra.

Ricardo Costa ha declarado durante aproximadamente dos horas como testigo a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El exsecretario general, desde que confesó la financiación en negro del Partido Popular valenciano en el juicio del caso Gürtel, ha mostrado su disposición a “colaborar con la justicia” en todos aquellos asuntos en los que pueda aportar su conocimiento. Costa ha contestado a todas las partes personadas y su testimonio ha resultado “totalmente creíble”, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Precisamente la construcción del circuito urbano y la existencia de comisiones, así como la posible estafa en las adjudicaciones de contratos de consultoría e imagen, están siendo investigados por este juzgado número 17 de Valencia, y las pesquisas apuntan al expresidente Francisco Camps y a su entorno. Otro órgano jurisdiccional de la ciudad, el número 2, investiga la malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación del evento. En este último caso, la Fiscalía ya ha pedido juzgar a Francisco Camps por ambos delitos.

 

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https://www.20minutos.es/noticia/3368961/0/costa-empresas-circuito-f1-valencia-dinero-pp/
Costa declara al juez que dos empresas del circuito de F1 dieron dinero al PP

15.06.2018
Las compañías citadas por el ex secretario general del PPCV son FCC y Hormigones Martínez. Ambas realizaron obras en el circuito urbano de València donde se iba a celebrar el gran premio de Fórmula 1. Ricardo Costa, Francisco Correa y Álvaro Pérez, condenados por la trama valenciana de Gürtel.

El ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa aseguró este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 17 que dos empresas que realizaron obras de construcción en el circuito urbano de Fórmula 1 en València dieron dinero al Partido Popular.

 

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https://www.eldiario.es/canariasaho...o_Ganaderos_de_Fuerteventura_0_781821814.html
El padre de la diputada del PP Celia Alberto se subvencionó con 451.000 euros desde el Gobierno canario


Alfredo Alberto Hernández, denunciado por la Fiscalía por quintuplicar ilegalmente el tamaño de su granja en Fuerteventura, fue director general de Ganadería entre julio de 2007 y diciembre de 2008

Grupo Ganaderos de Fuerteventura fue subvencionada en 2008, 13 días antes de la dimisión de Alfredo Alberto como director general en un Gobierno CC-PP

En 2014 recibió más de un millón de euros en subvenciones del Ministerio de Industria que dirigía el popular José Manuel Soria. Su hija era la cuarta en la lista encabezada en 2011 por el político grancanario

El empresario agroalimentario Alfredo Alberto Hernández, denunciado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por haber quintuplicado el tamaño de una granja de cabras en Fuerteventura en suelo rústico y de forma ilegal, solo estuvo como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias desde el 17 de julio de 2007 hasta el 4 de diciembre de 2008, pero en esos 17 meses le dio tiempo de otorgar a su empresa, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, una subvención de más de 450.000 euros.

Alberto, padre de la diputada popular por Fuerteventura Celia Alberto, dimitió de su cargo en diciembre de hace diez años tras sufrir un infarto, pero 13 días antes de dejar el cargo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca hizo oficial la subvención para la empresa Ganaderos de Fuerteventura, productora de famosos quesos como el Maxorata o El Tofio. El 21 de noviembre el Boletín Oficial de Canarias publicó las subvenciones aprobadas por la Dirección General de Desarrollo Rural para el Fomento de la Industrialización y Comercialización de Productos Ganaderos. A Grupo Ganaderos de Fuerteventura se le concedieron 451.601,37 euros de los 718.053,57 presentados inicialmente.

Este dinero estaba destinado a renovar el material de trabajo. Con la subvención pudo adquirir mesas de trabajo, prensas horizontales, un vehículo, ordenadores, impresoras, calderas de vapor, cepilladora de quesos, bombas de leche, antenas, carretillas o una lavadora, entre el total de 55 elementos introducidos en el listado. Los más de 450.000 euros para Ganaderos de Fuerteventura fueron la quinta subvención más alta de las 31 otorgadas por la consejería a distintas empresas del sector de las Islas.

Alfredo Alberto llegó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la mano del Partido Popular, por entonces en el Gobierno en un pacto con Coalición Canaria. En aquel Ejecutivo Paulino Rivero era el presidente y José Manuel Soria el vicepresidente, y al frente de la Consejería estaba la popular María del Pilar Merino.

No les importó a los populares poner en esta dirección a un ganadero que tenía intereses en el sector que iba a gobernar. Además de esta subvención, Grupo Ganaderos de Fuerteventura en este tiempo también recibió las ayudas europeas del Posei. Un infarto hizo que el empresario titular de la industria de quesos dejara la vida política el 4 de diciembre de 2008 y volviera a presidir la sociedad, que en 2017 fue premiada como Mejor Empresa Familiar de Canarias, galardón que recibió el propio Alberto de manos del actual presidente canario, Fernando Clavijo.

En 2013, coincidiendo con el 30 aniversario de la empresa, Grupo Ganaderos de Fuerteventura recibió dos ayudas que sumaron más de un millón de euros provenientes del Ministerio de Industria. Otra vez José Manuel Soria aparecía en el camino de Alfredo Alberto, esta vez no para darle un cargo político sino para convertir a su empresa en una de las 36 beneficiarias de la convocatoria de ayudas a la reindustrialización de la Secretaría General de Industria.

En total Alberto recibía, como recogía Vozpópuli en 2014, 1,05 millones de euros, de los que 567.810 euros fueron destinados para la empresa de Fuerteventura al concepto "Innovación industria quesera-desarrollo y ampliación", y los 482.153 euros restantes para la filial Productos Lácteos de Lanzarote para la “puesta en marcha de industria láctea".

Esta segunda empresa se creó en el año 2006 y es la sociedad a la que el Cabildo de Lanzarote adjudicó la quesería pública situada en Teguise. Antes de ser la gestora de este espacio, la Corporación conejera ya le financiaba el traslado de la leche a Fuerteventura para producir los quesos en la empresa matriz.

Grupo Ganaderos de Fuerteventura es una de las empresas del sector agroalimentario más importantes de Canarias. En el año 2016 tuvo ingresos cercanos a los 14 millones de euros y un año antes superó también los 13 millones de euros. Alberto está en ella desde que al principio de los 90 la comprara y la reflotara. En los últimos años ha ganado varias veces el premio al mejor queso del mundo.

Ahora la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido a los juzgados de Primera Instancia de Puerto del Rosario una denuncia solicitando la imputación de Alfredo Alberto Hernández por quintuplicar el tamaño de una granja de cabras "en suelo rústico y de forma ilegal", sin las preceptivas licencias municipales y autonómicas, y de realizar vertidos de purines (residuos orgánicos) en un barranco cercano "al menos en dos ocasiones", lo que implica "la posible comisión" de un delito contra el Medio Ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal.

Desde Ganaderos de Fuerteventura han asegurado que las acusaciones del Ministerio Público "son rotundamente falsas, pues la empresa ha ejecutado las obras de la granja con todas las licencias administrativas exigibles" y sostienen que "no han existido vertidos de purines".

 

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http://cadenaser.com/ser/2018/06/13/tribunales/1528901839_621438.html
Cristina de Borbón, el Partido Popular y
otros ilustres beneficiados por la corrupción


La figura del partícipe a título lucrativo castiga económicamente a quien se haya beneficiado de delitos ajenos aunque sin participar en ellos ni conocer de su existencia: Cristina de Borbón y Grecia se suma a una lista larga encabezada por el PP

17/06/2018 - 09:17 h. CEST

Los "responsables a título lucrativo" han pasado de ocupar un discreto lugar en el artículo 122 del Código Penal a copar todos los titulares de las condenas por corrupción en las sentencias más relevantes de la última década. Desde Cristina Federica de Borbón y Grecia hasta el Partido Popular, la figura del responsable a título lucrativo designa a quien "por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito", estando obligado a devolver el botín "hasta la cuantía de su participación".

Se trata, en definitiva, de quien se beneficia de un delito sin haber participado en él ni haber tenido conocimiento de que se estaba cometiendo. Repasamos los casos más mediáticos de los últimos meses.

Cristina de Borbón y Ana Tejeiro
Sus maridos campaban a sus anchas por las arcas públicas de las Islas Baleares, conseguían dinero de forma fraudulenta y además se ocultaban tras empresas que compartían con ellas para pagar de menos en el IRPF, y ellas no sabían nada. Cristina Federica de Borbón y Grecia y Ana María Tejeiro son las dos partícipes a título lucrativo de la trama Nóos y tendrán que pagar - 136.950 euros la primera y 172.550 la segunda - por esta condición que no deja rastro en el historial penal de ambas.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo / J. Grappelli (EFE)

El Tribunal Supremo redujo el alcance de esta sanción al dinero salido de la malversación y el recibido a través de NCE, dejando fuera el grueso del caudal corrupto que era el procedente de los delitos fiscales. Ellas, según la Audiencia de Palma, "desconocían la existencia de los ilícitos penales y no participaron en su ejecución", pero el dinero manchado por la corrupción acabó en sus manos: "Se incorporó al patrimonio de ambas esposas desde que fue ingresado en cuentas corrientes de las que gozaban de plena disponibilidad", dijeron los jueces.

El Partido Popular
La relación entre el Partido Popular y la trama corrupta Gürtel vivían en una perfecta simbiosis. Lo afirmaron textualmente los investigadores durante la instrucción y lo sentenció la Audiencia Nacional en la pieza conocida como 'Época I', que enjuició la actividad del entramado entre 1999 y 2005 y que por primera vez condenó al Partido Popular - como partícipe a título lucrativo - por financiarse ilegalmente. ¿Conocía el PP de la corrupción que servía de andamiaje a sus campañas y actos públicos?

Fachada de la sede del PP la mañana en que trascendió la sentencia de Gürtel / Alberto Pozas

Los jueces fueron claros al respecto: “Se tejió una estructura de colaboración estable” entre el PP y la Gürtel. Existía “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, con el beneplácito de varios de sus cargos públicos y orgánicos condenados en la sentencia, dando por acreditada también la hasta entonces supuesta 'caja B'. El delito de financiación ilegal de partidos políticos, en cualquier caso, no pasó a ocupar el artículo 304 bis del Código Penal hasta mediados de 2015, con castigo de hasta cuatro años de prisión para las formaciones que se nutran de la corrupción.

Ana Mato y Gema Matamoros, entonces esposas de Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. La primera fue condenada a devolver 27.857,53 euros y la segunda 45.066,66 euros, cantidades de dinero manchado de corrupción del que hicieron uso, pero sin saber que procedía del delito.

El ritmo de vida de los Mato-Sepúlveda a costa de la Gürtel es conocido: cumpleaños y comuniones de los hijos del matrimonio, viajes familiares y el Jaguar del que no había constancia cuando Jesús Sepúlveda era senador y también alcalde de Pozuelo de Alarcón. Mato, dijeron los jueces, "viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado" y en el caso de Matamoros, esposa del entonces alcalde de Majadahonda, aseguraron que actuó sin conocer "la procedencia ilícita de los fondos con se atendieron sus viajes, así como determinados regalos que recibió".

 

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https://www.eldiario.es/galicia/eco...nta-injustificados-embajadas_0_780072759.html
La patronal gallega, condenada a
devolver a la Xunta medio millón de
gastos injustificados de sus 'embajadas'


La justicia certifica que los empresarios malgastaron fondos públicos en la docena de oficinas que abrieron en el extranjero financiadas por el Gobierno de Feijóo, que sólo entre 2010 y 2013 puso a su disposición 18 millones de euros y elogiaba su “eficiencia”

Antonio Fontenla con Feijóo en una imagen de archivo de cuando el primero era el presidente de la patronal gallega Xunta de Galicia
Las 'embajadas' de la patronal gallega cuestan 18 millones de euros públicos

• Vecinos de un pueblo coruñés pierden sus solares por un embargo del presidente de la patronal

• ETIQUETAS: Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, Feijóo

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros gastados sin justificación a través de la red de embajadas económicas de Galicia que el Gobierno gallego le encargó gestionar poniendo a su disposición sólo entre 2010 y 2013 hasta 18 millones de euros de las arcas públicas. Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago al desestimar parte del recurso interpuesto por la patronal contra una resolución previa de la Xunta exigiéndole el reintegro de 647.000 euros. La sentencia, avanzada por Faro de Vigo y a la que ha tenido acceso Praza.gal, sólo admite parte del recurso de los empresarios frente a otros varios gastos que considera injustificados.

El primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta puso en marcha, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, la denominada red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga), que en la práctica supuso dejar la internacionalización de la economía gallega en las manos de los propios empresarios, presididos entonces y hasta 2013 por Antonio Fontenla. Sólo entre 2010 y 2013 la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía. El Gobierno gallego se negó a detallar cuántos de esos 18 millones se gastaron realmente. En un balance del trabajo de esa red hecho en 2013 en una respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG la Xunta aseguraba que esas oficinas en el exterior estaban trabajando con "criterios de máxima eficiencia para procurar facilitar los servicios y apoyos en destino previstos con los menores costes posibles". Pero no fue así.

Al tiempo que la patronal gallega ahondaba en los últimos años en su propia crisis económica e institucional, la red Pexga y las relaciones de la Confederación de Empresarios con la Xunta fueron deteriorándose, y el Gobierno gallego fue rebajando progresivamente su aportación económica anual hasta el punto de que en marzo de 2016 la Xunta exigió el reintegro de diversos gastos que consideraba injustificados. Los empresarios recurrieron en la vía administrativa y en noviembre de ese año la Xunta estableció finalmente en 647.000 euros el importe que les reclamaba. La CEG tampoco estuvo de acuerdo y recurrió a la Justicia ordinaria por considerar que 241.000 euros de esa cantidad que les exigía la Xunta sí estaban justificados. Y ahora la Justicia resuelve y, en la citada sentencia, valida unos gastos y rechaza otros, de manera que, a falta de que en la ejecución de la sentencia se concreten las cuantías, los empresarios tendrán que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros.

En la sentencia ahora emitida, con fecha de 15 de mayo, el juez considera que algunos gastos fueron “decisión unilateral de la entidad recurrente [la CEG], no habiendo en este caso fundamentado debidamente que la circunstancia que afirma justificase la necesidad de tal gasto”. El juez también rechaza el argumento de la patronal de que la Xunta no tenía un criterio establecido para autorizar los gastos porque dice que los empresarios no fueron capaces de probar esa supuesta falta de criterio. La sentencia también dice, sobre el gasto en “obsequios” por parte de la patronal a través de la red Pexga, que “pese al esfuerzo realizado, no se justifica que fuesen precisos ni necesarios para la consecución de los objetivos y finalidad del convenio” entre la Xunta y la CEG que puso en marcha esas oficinas internacionales.

 

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https://www.eldiario.es/politica/Congreso-informacion-aforamiento-Pablo-Casado_0_783572078.html
La jueza aprecia indicios de delito en
Casado y se plantea enviar la
investigación de su máster al Supremo


Pide al Congreso que le confirme el aforamiento de Casado, al que solo puede investigar la Sala de lo Penal del Alto Tribunal

La magistrada ha adoptado la decisión una vez ha analizado la documentación remitida por la Universidad Rey Juan Carlos

La providencia fue dictada tres días antes de que Casado haya hecho pública su intención de aspirar a la Presidencia del PP

Pablo Casado, a las puertas de la sede del PP.

La jueza del caso Cifuentes abre una investigación sobre el máster de Pablo Casado

• Las irregularidades que han llevado a la investigación judicial del máster de Pablo Casado

• ETIQUETAS: Pablo Casado, caso máster

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha preguntado al Congreso de los Diputados por la situación de aforado de Pablo Casado. En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza asegura que actúa de acuerdo con el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigar, entre otros, a los diputados del Congreso.

Esta providencia está dictada en el marco de la pieza separada del caso Cifuentes que abrió la magistrada una vez escuchó en declaración como testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. La primera diligencia en esta pieza fue solicitar a la universidad toda la información sobre el máster de Pablo Casado en el mismo Insituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que aquel que aprobó con notas falsificadas Cristina Cifuentes.

La jueza asegura en la providencia que pide la información sobre el aforamiento de Casado después de analizar la documentación remitida por la Rey Juan Carlos. La magistrada no puede imputar a Casado al estar aforado, por lo que debe enviar la causa al Tribunal Supremo en lo que respecta al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.

Precisamente este lunes, 18 de junio, Casado ha hecho publica su intención de aspirar a la Presidencia del Partido Popular. La providencia, sin embargo, lleva fecha del pasado 15 de junio. A lo largo de este lunes ha sido notificada a las distintas partes personadas en el proceso.

Fuentes del Congreso de los Diputados, han explicado que en la institución tenían constancia del requerimiento, que esperaban lleg ara entre hoy y mañana, informa Gonzalo Cortizo.

La jueza puso en marcha esta investigación por si pudiera haber "continuidad delictiva" y para dilucidar si el trato de favor y la falsedad documental que investiga en el caso de Cifuentes pudieron darse también en la promoción de Casado. La magistrada ha reclamado toda la documentación del máster e investiga también a otros alumnos del posgrado universitario.

El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas. Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran.

 

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https://www.eldiario.es/economia/Lopez-Hierro-concertados-Esperanza-Aguirre_0_782172634.html
Inversores vinculados a los López del
Hierro venden colegios concertados que
les adjudicó el PP de Aguirre


Antana Educación, vinculada al ex presidente de Mahou y sobrino político de Dolores de Cospedal, Javier López del Hierro, vende dos de sus colegios al grupo de escuelas católicas Educare

Entre 2008 y 2012, Antana se adjudicó la gestión de tres centros concertados en suelo público cedido por alcaldes del PP y acumula reclamaciones de Hacienda por importe de al menos 7,6 millones entre cuota, intereses y sanciones

Entre sus socios están la ex esposa de López del Hierro y accionista de Mahou, Ana Gervás, o la constructora Copasa, que estaba representada por el padre de Ramón Espinar

Javier López del Hierro y Dolores de Cospedal, en una visita de la entonces presidenta de Castila-La Mancha a la planta de Mahou en Alovera (Guadalajara). EFE

El modelo educativo del PP que ha convertido las aulas de Madrid en las más desiguales

• Cifuentes: "Defendemos la educación concertada, y lo decimos bien alto y bien claro"

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Inversores vinculados a una rama de la familia López del Hierro y, en concreto, al empresario Francisco Javier López del Hierro Pérez Mínguez, expresidente de la cervecera Mahou San Miguel y sobrino político de la exministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acaban de hacer caja con la venta de buena parte de Antana Educación, grupo al que entre 2008 y 2012 el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó la construcción, gestión y explotación de tres colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

El mes pasado se cerró la venta de dos de los tres colegios de Antana, Antanes School (Leganés) y Antamira (Paracuellos del Jarama), al grupo de escuelas católicas Educare por un importe equivalente, según fuentes del proceso, a un múltiplo de 9,6 veces el beneficio operativo (Ebitda) del grupo adquirido. La transacción incluye la deuda de las sociedades adquiridas.

Javier López del Hierro, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, fue hasta el año pasado consejero junto a su hermano Jorge de varias sociedades relacionadas con este grupo de educación privada. Los dos hermanos, que son sobrinos del marido de Cospedal, el financiero Ignacio López del Hierro, se desvincularon de Antana tras divorciarse Javier López del Hierro de Ana Gervás, miembro de una de las dinastías que controlan Mahou San Miguel. Javier López del Hierro llegó a ser presidente y primer ejecutivo de esta cervecera, en la que ya no ocupa cargos, según fuentes de la empresa.

En las sociedades adquiridas por Educare también participaban, además de los Gervás-López del Hierro, otros socios como José María Suescun, fundador de la extinta red de clínicas de belleza Corporación Dermoestética, y la constructora gallega Copasa, que hasta el mes pasado tenía como representante en Antana al abogado y expolítico socialista Ramón Espinar Gallego, padre del senador y diputado autonómico de Podemos Ramón Espinar y condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

El grupo Antana se creó en 2008 y explotaba hasta ahora esos dos colegios concertados y un tercero en Villanueva del Pardillo (Antavilla) que ha quedado fuera de la transacción. Los tres centros se levantaron en suelo público que fue cedido por ayuntamientos entonces gobernados por alcaldes del PP. Las concesiones fueron adjudicadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (entonces dirigida por Lucía Figar) en diciembre de 2008, mayo de 2010 y mayo de 2012. La fórmula de diferir el pago de la infraestructura mediante una concesión como las autopistas fue muy utilizada por los gobiernos de Aguirre en educación y sanidad.

Esas cesiones de suelo se aprobaron en Junta de Gobierno (a espaldas de los respectivos plenos) y llegaron en dos casos a los tribunales. En el caso del colegio de Paracuellos, un juez dio la razón a la demandante, Izquierda Unida, aunque el grupo municipal no pudo ejecutar la sentencia porque el juez pidió un aval de 300.000 euros para demoler el colegio que la formación no tenía, según contó en 2014 Estrella Digital.

El portavoz del partido independiente ULEG en Leganés, Carlos Delgado, que también denunció ante la justicia (en su caso, sin éxito) junto al PSOE e IU la cesión de suelo por parte del entonces alcalde popular de ese consistorio y hoy diputado autonómico, Jesús Gómez, califica la venta de colegios de Antana de "pelotazo". "N o había interés educativo, solo negocio y especulación", señala.

Cuitas con Hacienda
El grupo Antana arrastraba varias cuitas con la Hacienda Pública, que ha reclamado a dos de sus sociedades, Antavilla Patrimonio y Antamira Patrimonio 7,6 millones de euros por el IVA derivado de la construcción de los inmuebles. Estas sociedades son las propietarias de los edificios que albergan los colegios de Paracuellos y Villanueva del Pardillo y estas reclamaciones de IVA, según fuentes del sector, son habituales en el negocio de las concesiones de educación privada.

Esa cifra de 7,6 millones incluye cuota e intereses (4,566 millones) y sanciones (3,029 millones) que fueron impuestas por la Agencia Tributaria en abril y mayo de 2014. Las multas y actas están recurridas por la vía contencioso-administrativa.

Educare, la sociedad que ha comprado Antana, está actualmente participada al 50% por un fondo de la familia Abarca Cidón, propietarios del grupo de sanidad privada HM Hospitales. El otro 50% pertenece a Gestión de Centros Educativos (Gecesa), que hasta 2014 fue socia en este negocio del polémico empresario y ex líder de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Educare gestiona seis colegios en Madrid dedicados a impartir "formación cristiana" en las localidades de Galapagar (Colegio Parque), Cerceda (Montesclaros), Torrelodones (Peñalar), Colmenar Viejo (Peñalvento) y Madrid (Torrevilano, en Vallecas, y Valdefuentes, en Sanchinarro).

La venta ya ha sido comunicada a los padres de los alumnos de los centros vendidos en una circular en la que se señala que "Grupo Educare ha entrado en el accionariado del Colegio" y se asegura, ante la posibilidad de que "esta circunstancia pudiera generar cierta inquietud entre los padres" y las previsibles "noticias y rumores que en algunos casos no se van corresponder con la realidad", que esta "entrada no va a suponer un cambio en el Proyecto Educativo del Colegio y de su equipo gestor". En realidad, no es una "entrada", porque Educare se ha quedado con el 100% del centro.