Repaso a la corrupción de Unidas Podemos

Una exabogada de Podemos denuncia que Iglesias se quedaba las costas procesales del partido​

La abogada Mónica Carmona investigaba si el líder del Podemos se quedó 7.000 euros de las costas con las que corrió el partido cuando fue cesada a finales de 2019. Insiste en la "opacidad" del sistema de finanzas
 

Los abogados de Podemos investigaban "desvíos" de 500.000 euros en cursos de formación cuando fueron cesados​

Una denuncia interna apuntó a un pago de 300.000 euros para proyectos de la fundación del partido. Sospecharon la existencia de una "tapadera" para "desviar fondos", pero no pudieron investigar el caso
 

Una exabogada de Podemos denuncia que Iglesias se quedaba las costas procesales del partido​

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Trankila, ya son casta y la casta en cuestion de corrupción no tiene limites
 

La Fiscalía pide investigar si un centro ligado a Mayoral recibió 300.000 euros de Podemos​

Se basa en la denuncia de la exabogada del partido, que también avisó del envío de otros 200.000 euros a la fundación de la formación "para fines poco definidos"
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La cúpula de Podemos en un acto del partido. Europa Press
ALEJANDRO REQUEIJO
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PUBLICADO 25/02/2021 04:45ACTUALIZADO 25/02/2021 09:01
La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que investigue varias de las novedades que denunció en un escrito reciente la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Entre ellas, se encuentra el presunto desvío de medio millón de euros procedentes de la formación morada a iniciativas o fundaciones afines como la Escuela Popular Paulo Freire, vinculada al dirigente de la formación Rafael Mayoral.
Mónica Carmona era la responsable de Cumplimiento Normativo del partido que lidera el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Fue cesada, según dice, como represalia a las investigaciones que había iniciado a finales de 2019 sobre irregularidades internas. Ella y el también abogado cesado de la formación José Manuel Calvente dieron origen a la investigación sobre la financiación de Podemos con una denuncia que acabó en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Recientemente, Carmona presentó una ampliación de su denuncia con hechos hasta ahora desconocidos que la Fiscalía ha pedido investigar en unas diligencias separadas del llamado caso Neurona. En concreto, el ministerio público quiere que se aclare si “miembros del partido estaban cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado abogados del partido”, si Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contrataron “para servicios personales” a trabajadores del partido (el caso de la presunta niñera) y “las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M”, ambas afines a Podemos.

Escuela Paulo Freire de Podemos​


Esto es lo que afecta a Mayoral, que, si bien no está imputado, se une a lista de altos cargos del partido salpicados por las investigaciones judiciales en la que ya están -en su caso como investigados - el responsable de Comunicación de Podemos y mano derecha de Iglesias, Juan Manuel del Olmo, y el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero. La ampliación de la denuncia presentada a principios de febrero por Mónica Carmona informaba de hasta 300.000 euros enviados desde Podemos a un proyecto llamado Escuela Paulo Freire.
Abonaba la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como tapadera para desviar dinero del partido atendiendo al elevado coste del proyecto
“La investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interna de que se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación a través de la fundación de Podemos “Instituto 25M”, sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos, lo que abonaba la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como “tapadera” para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado”, explicaba la exabogada de Podemos.
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Según detallaba, el proyecto “Escuela Popular Paulo Freire” estaba vinculado en esas fechas a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer “cursos formación política”. En la página web del proyecto se puede ver a Mayoral promocionando esta iniciativa a través de un vídeo de youtube. “Es un hecho notorio que la realización de “cursos de formación" ha sido utilizado como mecanismo para el desvío de fondos”, dijo Carmona en el texto remitido al juez en el que detalla que en su día recibió “un mensaje confidencial con este literal: ‘A la Escuela Popular se le han dado casi 300.000 € entre el partido y el GP’".
“Por ello, ante una cantidad tan elevada para un proyecto de formación de escasa dimensión procedimos a recopilar información sobre el funcionamiento de este proyecto y sus recursos económicos, llegando a la conclusión de que faltaba transparencia en el proyecto y que debía ser investigado a fondo, sobre todo por sus vinculaciones con otros proyectos, como #404 Comunicación popular y el proyecto Vamos!, pero me resultó imposible investigarlo en profundidad debido a mi cese”, concluía.

Fundación 25M​

En la misma denuncia, Carmona se refería a una operativa similar, pero en este caso relacionada con la Fundación de Podemos llamada 25M. Desde verano del año pasado la dirige Monedero, aunque los hechos que denuncia la abogada son anteriores a su llegada, concretamente antes del ciclo electoral de 2019.
“También recibimos denuncia interna avisando de la negociación de un convenio de colaboración entre el partido Podemos y su fundación “Instituto 25M” por importe de 200.000 euros para fines poco definidos. Personalmente me sorprendió esta petición de fondos tan elevada de la fundación justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto”, detalló.
Podemos siempre ha tachado las denuncias de Calvente y Carmona de “rumorología”, “acusación fake” o movidas por su animadversión al partido. Desde la Fiscalía coinciden en esa última impresión en su escrito fechado el pasado 17 de febrero, si bien admiten que la información aportada por la letrada era la respuesta a un requerimiento del juez tras tomarle declaración en su Juzgado. Por ello pide que se tengan en cuenta las novedades aportadas al menos para iniciar una investigación.
El paso de la Fiscalía es relevante ya que hasta ahora ha pedido que la investigación sobre las presuntas irregularidades internas de Podemos se limitase a la relación del partido con la consultora mexicana Neurona. Más de medio año después de de que el juez imputase a Podemos como partido en la causa, tres son las líneas de investigación que permanecen abiertas: el pago de 430.000 euros de fondos electorales públicos a la citada consultora, la aprobación de complementos salariales para algunos dirigentes y desde hace unos días el envío de al menos 30.000 euros a una asociación afín desde la llamada caja de solidaridad del partido.

Los vídeos de Neurona​

Con todo, el partido ha recibido aire en lo que tiene que ver con las dudas del juez y la Fiscalía respecto a si Neurona prestó en la campaña electoral de abril de 2019 los trabajos por los que Podemos le pagó 363.000 euros. La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha concluido en un informe que la mayoría de los vídeos y otros archivos aportados por Podemos para acreditar que la consultora hizo el trabajo se crearon entre marzo y abril de ese año, apenas dos meses antes de los comicios.
La Policía ha analizado los "metadatos relevantes" de un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos. En el informe, la Unidad de Ciberdelincuencia indica que "se puede observar cómo la mayoría de archivos han sido creados entre los meses de marzo y abril de 2019", precisando que la mayoría de los archivos también han sido modificados en esos meses.
"Existen un elevado número de archivos con huso horario -07:00 y -05:00" que "corresponden con horarios del continente americano" y detallando que los archivos con esos husos "están siempre asociados a ciertas cámaras concretas". Neurona es una consultora mexicana. No obstante, en noviembre el juez Escalonilla también pidió que se le remitiese la documentación aportada por Podemos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que también haga un informe.
Caso Neurona Irene Montero Pablo Iglesias Podemos Rafael Mayoral
por Taboola
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Monedero quiere librarse del paseíllo como la infanta Cristina​

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, Monedero pide que se le facilite "el acceso " de una forma que no se le ponga en peligro por la covid.​

Miguel Ángel Pérez Seguir a miguelpr83
2021-03-08
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[IMG alt="En un escrito, al que ha tenido acceso LD, Monedero pide que se le facilite el acceso de una forma que no se le ponga en peligro por la covid.
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Juan Carlos Monedero | Archivo
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quiere librarse del paseíllo como la infanta Cristina. Monedero ha sido citado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para declarar en calidad de investigado el próximo día 15 de marzo en el marco del caso Neurona.
En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Monedero afirma que "por motivos de seguridad, y la situación de restricciones en la entrada de los Juzgados por motivos covid, venimos a solicitar del Juzgado, que se facilite a esta parte el acceso al edificio de una manera que no ponga en peligro la integridad personal del investigado, y a dichos efectos nos ponemos a su disposición para asistir sin dilaciones ni inconvenientes a dicha citación, teniendo por buena cualquier alternativa que se nos presente".
De esta forma, Monedero intenta evitar que los medios de comunicación capten su imagen entrando a declarar como imputado en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid. El cofundador de Podemos pretende así seguir los pasos de la infanta Cristina, que a diferencia de su esposo Iñaki Urdangarin, prefirió no renunciar al privilegio que le concedió por seguridad el juez decano de Palma de ahorrarse el paseíllo.



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La hermana de Felipe VI atendió entonces a la recomendación de la Policía y llegó en coche hasta la puerta de los Juzgados de Palma para declarar como imputada ante el juez José Castro por el caso Nóos el 8 de febrero de 2014.
El juez Juan José Escalonilla decidió imputar a Juan Carlos Monedero el pasado mes tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional UDEF. En él, los investigadores identificaban una transferencia a Monedero de 26.200 euros con el concepto "300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México". Según los agentes, Monedero adjuntó "una factura hecha ad hoc y que reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa".
Según el mismo informe, "de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributario queda patente como la sociedad Neurona Comunidad S.L., fue constituida ad hoc para ser contratada por Unidas Podemos en las elecciones de abril de 2019, observando como este su principal fuente de financiación".
Tal y como desveló este diario, Monedero no declaró a Hacienda un pago de 7.010 euros tras participar en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso 2018, junto a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner o el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzó
 

De la niñera a la factura de Monedero, la Justicia cerca a Podemos con ocho causas por corrupción​

El llamado 'caso Neurona' ha derivado en nuevas líneas de investigación como la presunta apropiación de costas procesales, desvío de fondos a plataformas afines o el cobro de sobresueldos
De la niñera a la factura de Monedero, la Justicia cerca a Podemos con 8 causas por corrupción
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, junto a otros dirigentes del partido en una comparecencia de prensa.
ALEJANDRO REQUEIJO
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PUBLICADO 09/03/2021 04:45ACTUALIZADO 09/03/2021 10:19
La presunta utilización de una asesora de Podemos como niñera, el uso fraudulento de la Caja de Solidaridad del partido, aumentos salariales a dirigentes, desvío de fondos a plataformas afines, pagos a una consultora por servicios presuntamente no prestados… estas son algunas de las líneas de investigación abiertas por la Justicia en torno al partido que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Son un total de ocho causas que afectan ya a destacados responsables del partido, entre ellos su cofundador Juan Carlos Monedero, quien tendrá que declarar la semana que viene como imputado por el presunto cobro de una factura falsa. También la mano derecha de Iglesias en Podemos y en la Vicepresidencia, su responsable de Comunicación, Juan Manuel del Olmo.
MÁS INFO
El llamado Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió imputar al partido como persona jurídica. En el centro de las sospechas del juez estaba el pago de 363.000 euros de las subvenciones públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en los comicios generales de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se prestasen y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de Cuentas. Recientemente un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la mayoría de trabajos aportados por Podemos, pero el juez todavía está a la espera de las conclusiones de la UDEF.
A medida que el juez fue ordenando diligencias, el caso se fue complicando para Podemos. Neurona es una firma que solo trabaja para líderes de izquierdas, principalmente en Latinoamérica. Su responsable César Hernández Paredes, aparece en Internet en actitud amistosa con Monedero. La suma total de pagos a Neurona fue de 430.000, el contrato se firmó después de las elecciones, el juez cree que se creó ad hoc una sociedad de la consultora en España para canalizar los pagos sin que consten trabajadores en ella. Además, parte de ese dinero acabó destinado a otra sociedad mexicana bajo el foco de la investigación.

La denuncia de sus exabogados​

Pero el punto de partida de esta investigación está en dos extrabajadores del partido. Son los exabogados de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, ambos despedidos a principios de 2020. El primero fue cesado bajo la acusación de haber acosado sexualmente de una compañera. La denuncia fue archivada en los tribunales, el letrado fue indemnizado por despido improcedente y ahora prepara una demanda contra Pablo Iglesias por atentar a su honor. Mónica Carmona era la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, algo así como una auditora encargada de investigar irregularidades internas.
Ambos alegan que fueron cesados cuando hallaron multitud de indicios. El propio juez, en uno de sus muchos autos puso de relieve el problema que tienen los dirigentes de Podemos con la ética del cumplimiento de las normas a partir del trato que les dieron a ambos. Los letrados plasmaron sus averiguaciones en una querella que terminó recayendo en el Juzgado de Escalonilla. Algunas de las cuestiones que denunciaban como las obras de la sede del partido o una relación similar a la de Neurona con otra firma portuguesa se han ido archivando. Pero otras siguen vivas desde el principio.
Es el caso de la aprobación de incrementos salariales en el partido, unos hechos por los que está investigada la gerente del partido, Esther Val, y el responsable financiero, Daniel de Frutos. En su declaración ante el juez, De Frutos dijo que por los resultados que tuvieron en las elecciones, había menos gente de finanzas en otros territorios, a él le tocaba “hacer más responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu función”.
“Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo”, dijo la gerente en una declaración a la que tuvo acceso este periódico.

La Audiencia Provincial defiende investigar​

La apreciación de presuntas irregularidades en Podemos no se limita a la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o el juez Escalonilla. También incluye a la Audiencia Provincial de Madrid que ha defendido el mantenimiento de Podemos como investigado en la causa o la reapertura de investigaciones que el magistrado había archivado como la que afecta a la llamada Caja de Solidaridad del partido. Se trata de una cuenta en la que los cargos del partido donaban parte de su sueldo para que se destinase a fines sociales. Por estos hechos figura como acusación particular una exsenadora de Podemos. Las acusaciones populares las integran Vox, la asociación de juristas Pro Lege y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Las dudas de la Audiencia Provincial se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes". El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000 euros a Podemos y que ese dinero se destinó para “un presunto pago a un miembro del partido político” (la denuncia no identificaba en concreto a quién).
El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres transferencias ordenadas por “Podemos” por valor cada una de ellas por importe de 10.000 euros el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.

Nuevos indicios​

El último revés para Podemos ha sido la decisión del juez de abrir procedimientos independientes sobre otras cuatro líneas de investigación. El origen de la información ha vuelto a ser el mismo. A petición del magistrado Escalonilla, Mónica Carmona mandó todos los expedientes que había iniciado cuando era auditora del partido y aportó nuevos indicios. Entre ellos estaba el polémico uso de una asesora de Podemos como niñera de los hijos de la pareja que forman Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Podemos se quejó de que Carmona había ido más allá de lo que le había pedido el juez y apuntó a que eran informes creados ad hoc por su animadversión hacia al partido. La Fiscalía aprecia ese interés contra la formación morada, pero se mostró a favor de no mirar para otro lado e investigar las novedades. El juez ha atendido la petición y ha acordado la apertura de cuatro nuevas vías de investigación en un auto del pasado 3 de marzo en el que no precisa si las tramitará él o la derivará a otros juzgados al no tener relación con sus pesquisas.
Además del caso de la niñera pide que se abra un procedimiento sobre la presunta apropiación por parte de Iglesias de las costas procesales del partido, unos hechos avanzados por Vozpópuli. Carmona señala que el secretario general Pablo Iglesias cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador) había pagado la formación.

Las otras dos tienen que ver con el presunto envío de un total de 500.000 euros a un proyecto solidario llamado Escuela Popular Paulo Freire -vinculado al dirigente de Podemos Rafael Mayoral, uno de los más próximos a Iglesias- y a la fundación del partido llamada 25M. Su actual responsable es Juan Carlos Monedero pero las irregularidades detectadas por Carmona son anteriores a su llegada al cargo.
En cualquier caso, Monedero tendrá que dar explicaciones el lunes de la semana que viene ante el juez Escalonilla en el marco de una pieza separa que investigó en secreto desde septiembre hasta hace solo unas semanas. Tiene que ver con el cobro de 26.200 euros de Neurona poco antes de que Podemos alcanzase su acuerdo de colaboración con Podemos. Tanto el juez como la Policía apuntan a una posible comisión por facilitar el acuerdo entre ambas partes. Él alega que corresponde a trabajos de asesoría, pero a los investigadores les generan dudas la factura que aportó para justificar el trabajo prestado, que según dice fueron 300 horas presenciales. La Policía llegó a plantear que le investigaran por blanqueo de dinero pero el juez lo consideró prematuro.
Caso Neurona Irene Montero Pablo Iglesias Tribunales Unidas Podemos
por Taboola
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