Pedro Sánchez y su equipo de gobierno.

[Ojilloavizor]

Nos sé que tiene que ver las matemáticas en el tema de la inconstitucionalidad de la pandemia, a no ser que 2+2 no son 4 sino puden ser 20 porque cada contagiado pue contagiar a mas y abrirse el abanico hasta el infinito si no nos hubieran confinado.

La ley de eutanasia no es para cualquiera que puede pedirla porque se deben atener a unos supuestos, pero si recurres la ley la eliminas para TODOS LOS SUPUESTOS.

Desde luego que no cuadra lo de Gibraltar, porque no puede entrar la policía o quien se encargue del tema en territorio español y llevarse a un español esposado hasta Gibraltar para juzgarlo allí. Hay unos protocolos.

Gibraltar confirma orden de detención contra Ortega Smith por robo

El Gobierno de Gibraltar ha comunicado de forma oficial que existe una orden de detención sin prescripción contra el diputado de VOX...

jotapov.com

Y en lo último te doy la razón, que tenga estudios superiores cualquiera que quiera ser elegido.

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
A eso me refiero con protocolos. 116 CE

Hay tratados de entrega entre Reino Unido y España, desde el 2014 que pasó...

Los requisitos para la eutanasia son un sufrimiento físico o psíquico permanente o insoportable y algo más que no me acuerdo. Ahí entra la depresión y teniendo en cuenta el nivel de suicidios...también quedarte ciego, discapacitado etc Puedo entender tu opinión pero yo prefiero una ley cerrada aunque tarden más. Están sacando leyes muy rápido y es lo que tiene

Tanto que apoyas los estudios, que te parece que la ley trans prohíba a psicólogos y psiquiatras tomar parte

 

[Ojilloavizor]

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
A eso me refiero con protocolos. 116 CE

Hay tratados de entrega entre Reino Unido y España, desde el 2014 que pasó...

Los requisitos para la eutanasia son un sufrimiento físico o psíquico permanente. Ahí entra la depresión y teniendo en cuenta el nivel de suicidios... Puedo entender tu opinión pero yo prefiero una ley cerrada aunque tarden más. Están sacando leyes muy rápido y es lo que tiene

Ah... También decir que en el estado de alarma está prohibido limitar derechos. Para cerrar negocios, encerrarte en casa etc... Debería ser el de excepción. La ley es 2+2=4 alarma=no se suspenden derechos
Excepción y sitio:si
Si al TC le llevas una cuestión de si es constitucional suspender derechos en el de alarma la respuesta es, en base al 116, no

 

[IDOLO]

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
A eso me refiero con protocolos. 116 CE

Hay tratados de entrega entre Reino Unido y España, desde el 2014 que pasó...

Los requisitos para la eutanasia son un sufrimiento físico o psíquico permanente o insoportable y algo más que no me acuerdo. Ahí entra la depresión y teniendo en cuenta el nivel de suicidios...también quedarte ciego, discapacitado etc Puedo entender tu opinión pero yo prefiero una ley cerrada aunque tarden más. Están sacando leyes muy rápido y es lo que tiene

España no entrega a delincuentes. Ya tenemos el caso de Martín Villa, no por robo, sino por asesinatos.

La ley de eutanasia ha tardo muchísimo tiempo en llegar. ¿Alargarlo mas?

 

[IDOLO]

Pues eso, hedor nauseabundo, podredumbre en la judicatura, policía, presidencia del Parlamento, etc etc.

Eso, si democracia plena...En fin para que seguir.

 

[Ojilloavizor]

España no entrega a delincuentes. Ya tenemos el caso de Martín Villa, no por robo, sino por asesinatos.

La ley de eutanasia ha tardo muchísimo tiempo en llegar. ¿Alargarlo mas?

Es lo que tiene que nos gobierne incompetente tras incompetente. Que sacan leyes de mierda. Mi opinión esara hacer una mierda estate quieto porque estamos en el país de la laguna. Como la ley tenga algo sin atar es un caos. Es triste que para gobernar un país no se requieran unos mínimos. Para un trabajo de mierda te piden 1000 horas de prácticas y mil cursos
En fin, no me cabe en la cabeza que prefieras algo mal hecho a nada. Gustos colores

 

[IDOLO]

Es lo que tiene que nos gobierne incompetente tras incompetente. Que sacan leyes de mierda. Mi opinión esara hacer una mierda estate quieto porque estamos en el país de la laguna. Como la ley tenga algo sin atar es un caos. Es triste que para gobernar un país no se requieran unos mínimos. Para un trabajo de mierda te piden 1000 horas de prácticas y mil cursos
En fin, no me cabe en la cabeza que prefieras algo mal hecho a nada. Gustos colores

No es tener la ley sin atar, que en algunos casos no te falta razón, es que la ley la retuercen muy a menudo para intereses que no tienen nada que ver la Justicia.

 

[Darkblonde]

Es lo que tiene que nos gobierne incompetente tras incompetente. Que sacan leyes de mierda. Mi opinión esara hacer una mierda estate quieto porque estamos en el país de la laguna. Como la ley tenga algo sin atar es un caos. Es triste que para gobernar un país no se requieran unos mínimos. Para un trabajo de mierda te piden 1000 horas de prácticas y mil cursos
En fin, no me cabe en la cabeza que prefieras algo mal hecho a nada. Gustos colores

y X años de experiencia que es imposible, ya que si tienes mas de 40 años o más no te cogen y si tienes menos de 20 años no llegas a esa experiencia.

 

[Paquita]

La nueva versión de Sánchez le acerca al pacto con el PP en asuntos de Estado pero le abre fisuras con sus socios de coalición​

• El PSOE reacciona al auge de Yolanda Díaz, toma las riendas de la reforma laboral y cierra filas con Calviño en el enésimo enfrentamiento entre vicepresidentas. El presidente exhibe su lado mas transversal y moderado mientras Unidas Podemos le desafía con una querella a Batet ante el Supremo que tensa la relación entre socios, aunque los morados pretendan aislarla de la acción de gobierno.
• Crónica — El último y más estruendoso choque de Nadia Calviño y Yolanda Díaz (al cierre de esta edición)

Esther Palomera
@estherpalomera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, tras participar en la segunda jornada del Consejo Europeo. EFE/ Horst Wagner
23 de octubre de 2021 22:20h
25

"El Gobierno bien, gracias. Ni se rompe, ni se resquebraja", emiten desde La Moncloa. Ni por un tuit ni porque Yolanda Díaz sienta que Nadia Calviño intente poner palos en la rueda de la reforma laboral, ni porque Unidas Podemos desafíe al presidente con una querella a Meritxell Batet por prevaricación ante el Supremo. El nuevo marco de las relaciones laborales está en marcha. Es cuestión de tiempo, de procedimiento y de coordinación. No hay declaración por un lado ni sobreactuación por otro otro que vaya a frenar un compromiso adquirido solemnemente hasta en dos ocasiones por el presidente del Gobierno –la última vez el pasado fin de semana en el Congreso Federal del PSOE– y rubricado en el acuerdo de coalición. Al menos así lo defienden desde el gabinete presidencial. Lo que sí parece que se vislumbra es la firme voluntad del lado socialista del Ejecutivo de reaccionar a la popularidad de Díaz, tomar las riendas de una reforma que será estructural e implica a varios ministerios, y cerrar filas con Calviño en el enésimo enfrentamiento con la vicepresidenta segunda.

Lo demás es ruido y es cuestión de egos, justo lo que Yolanda Díaz dijo que la apartaría de su voluntad de crear un nuevo espacio para la izquierda. La política a veces es esto. En esta semana que acaba y que la democracia celebraba el décimo aniversario del fin de ETA, ha habido bulla y un acuerdo. Y es que la nueva versión de Sánchez y su decisión de circular por el carril de la centralidad –entiéndase por el credo de la socialdemocracia clásica– con un perfil más moderado y transversal tiene estas cosas: que al mismo tiempo le permite cerrar pactos con el PP en asuntos de Estado y le abre fugas de agua con su socio de Gobierno. De un lado, el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales. De otro, la exigencia de Unidas Podemos de convocar la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición por lo que los morados entienden como una intromisión de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en asuntos que exceden de su competencia como la reforma laboral. Todo, claro, aderezado con una nueva entrega del "psicodrama mediático" representado por los del partido de Ione Belarra para presionar a sus socios en medio de una negociación. Y otro episodio más, no se olviden, de la guerra abierta entre vicepresidentas. La guinda: una querella de Unidas Podemos por prevaricación contra la presidenta del Congreso por cumplir una sentencia del Supremo, contraria al criterio de los letrados de la Cámara Baja, que según insistió el alto tribunal en las comunicaciones al Congreso exigía la retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía hace siete años.

Por partes. Gobierno y PP han cerrado en una tarde lo que fueron incapaces de desbloquear en dos años. Esto es la renovación del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. En este marco, el PSOE se ha mantenido en la misma línea desde que caducó el mandato de los órganos constitucionales, que no era otra más que la de la renovación de acuerdo a la que mandata la Carta Magna. Quien se ha movido es el PP, que ha encadenado excusas para no negociar desde que caducaron los mandatos actuales. Unos dicen que por presiones del mundo judicial y otros que porque dos años más de bloqueo hasta las siguientes elecciones era insostenible para un Casado que pretende ser alternativa de Gobierno y se presenta mañana, tarde y noche como garante máximo de la Constitución. Sea como fuera, ambos podrán exhibir ahora capacidad de entendimiento en asuntos de Estado tras una negociación que se mantiene abierta para renovar también el Consejo General del Poder Judicial y que, pese a lecturas precipitadas, acabará en diferido con un balance claramente favorable para el sector progresista.

Un mayoría progresista en diferido para el Constitucional​

Y es que aunque el sector conservador mantiene hoy la mayoría en el Constitucional, todo indica que la perderá el próximo junio cuando el Consejo General del Poder Judicial tenga que nombrar a otros dos magistrados (uno conservador y otro progresista) y al Gobierno le corresponda la designación de otros dos (progresistas). El PSOE ha aceptado, sí, la entrada de Concepción Espejel, con una clara afinidad política al PP por la que tuvo que inhibirse de juzgar el caso Gürtel, pero la izquierda da por hecho que tendrá que abstenerse o ser recusada en todo aquello que plantee el partido al que debe todos sus nombramientos en el ámbito judicial.
El acuerdo entre Gobierno y PP no fue, además, motivo de discusión en ningún momento entre el PSOE y Unidas Podemos. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo informado a su socio de coalición de los avances y los nombres propuestos durante el transcurso de la negociación que mantuvo con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Incluso trasladó a los morados la lista con todos los nombres propuestos antes de que ésta recibiera el aval definitivo de los negociadores y llegara la los medios de comunicación.

Lo que no esperaba La Moncloa es que apenas unas horas después de cerrar el acuerdo, su socio le informara a través de Twitter de que exigía la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno a través de un tuit de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra. Según relato de la formación morada, la tarde anterior Yolanda Díaz informó a Belarra y al resto de ministros Podemos de un mail que había recibido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, haciéndole saber que en adelante tomaba ella las riendas de la negociación sobre la reforma laboral, un compromiso del acuerdo de Gobierno del que la vicepresidenta segunda ha hecho bandera. Y, como la también ministra de Trabajo, sospecha que en el PSOE "pretenden convertirla en una nueva versión de Iglesias y provocar en ella una airada reacción en cada disenso", la formación pactó que el tuit saliera de la cuenta de Belarra en busca de una nueva entrega de lo que en el partido se conoce como "un psicodrama mediático" y no es otra cosa que presionar a su socio a través de los medios de comunicación.

Adriana Lastra y Belarra ya buscan fecha para la reunión que podría celebrarse este mismo lunes. Pero el presidente salió desde Bruselas a respaldar a Calviño y dejar claro que la reforma laboral afecta a cinco ministerios, no sólo al de Díaz y que, por tanto, se negociará con todos ellos bajo la coordinación de la máxima responsable del área Económica del Gobierno. Sánchez pretende con un solo movimiento frenar el ímpetu de Díaz que trata de crear un nuevo espacio político en la izquierda para que "no se atribuya cuando llegue el momento un éxito que será de todo el Gobierno". Pero también busca enviar un mensaje por un lado a Bruselas y por otro a la CEOE de que con Calviño al frente el nuevo marco laboral no se saldrá de la ortodoxia comunitaria ni generará inseguridad jurídica.

La pelea por la paternidad de la agenda progresista​

"No hay motivo para la alarma ni justificación para la reacción de Podemos", dicen en La Moncloa. Primero porque cuando acabe el año, estará cumplido el 40% del programa de la coalición. Segundo, porque todos los asuntos importantes que han suscitado fricciones entre los socios acaban saliendo, como es el caso de la Ley de Vivienda, la de Educación, el SMI o los Presupuestos. Y, tercero, porque la ministra de Trabajo, añaden desde La Moncloa, "no puede pretender pasearse sola por toda España haciendo campaña con la carpeta de la reforma laboral".

“Calviño es la vicepresidenta primera del Gobierno. ¡Sólo faltaría que no pudiera coordinar una materia que es nuclear para este Gobierno y para su agenda progresista”, advierte un interlocutor socialista. "Lo que han hecho los socios no es más que fuegos de artificio porque ni está en duda la reforma laboral ni hay riesgo de ruptura en el Ejecutivo", añade otro miembro del Ejecutivo que niega que en la parte socialista haya resistencia alguna para derogar el marco de relaciones laborales aprobado por el anterior Gobierno de derechas. "Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido alterar el modelo de precariedad que impuso la derecha en nuestro país", sentenció Díaz en la clausura del congreso de CC.OO, una alusión velada a Calviño. Extremo este último que niegan a la mayor desde La Moncloa. En Trabajo han codificado el gesto de autoridad de Sánchez y el alineamiento con su responsable económica, pero no tanto cómo se piensa justificar ahora que Calviño lidere una negociación en la que se lleva trabajando desde el 17 de marzo, y de cuyos avances se le ha hecho partícipe por escrito, y cómo lo encajarán los agentes sociales. "A la ministra no le gusta la bronca ni el protagonismo, pero si trascendieran los términos del mail que la envío Calviño se resquebrajarían los cimientos de la coalición", añaden.

El PSOE entiende, por su parte, que no debe despistarse, que está en un buen momento, tras el año y medio de pandemia y que el presidente tiene bien definido un relato socialdemócrata sobre la salida de la crisis con la puesta en marcha de una agenda progresista y claramente social. Y añade que las diferencias esgrimidas por su socios sobre la reforma laboral no son de fondo ni estructurales, sino de plazos, procedimientos y coordinación. Lo que se dirime sobre todo, es quién se atribuye la paternidad de la medida. "La derogación prometida en el programa de gobierno es de envergadura. Una reforma que tendrá muchas caras y en la que tendrán mucho que decir, además del área Económica, la de Inclusión, Hacienda, Agenda 2030 o Educación porque engloba diversas disciplinas y porque diseñará el marco de relaciones laborales de las próximas décadas", aseguran desde el Gobierno para poner en valor la decisión de no dejar en manos de Díaz una negociación sobre la que el PSOE pretende recuperar el diálogo social con los empresarios.

Más allá de todo ello, lo que subyace es que la luna de miel de los socialistas con Díaz, tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, ha acabado. Y por si fuera poca la tensión vivida entre socios de gobierno, Unidas Podemos añadió más leña al fuego al anunciar la presentación de una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, en contra del criterio de los letrados de la Cámara pero en cumplimiento a una sentencia del Supremo. La decisión , que cayó como un jarro de agua fría en La Moncloa, se tomó en los órganos de dirección del partido morado y, al parecer, sin que tuviera conocimiento de ello Yolanda Díaz y tampoco otros dirigentes del grupo confederal. Algo que a efectos de la reacción que provocó en el PSOE resultó irrelevante. "Las sentencias se recurren, pero no se incumplen", advirtió el secretario de Organización, Santos Cerdán, en apoyo a la decisión de Batet y en contra de la decisión sus socios.

El grupo confederal, dividido ante la decisión de la querella​

Quod natura non dat, Salmantica non præstat -lo que la Naturaleza no da, Salamanca no lo otorga- fue el proverbio latino con el que en el PSOE explicaban el comportamiento de sus socios, antes de tratar de enfriar lo ocurrido y reconducir la situación durante el fin de semana. En todo caso, el anuncio de la querella no provocó malestar y estupefacción sólo entre los socialistas, sino también en el grupo confederal, donde no todos estaban al tanto de la decisión que Unidas Podemos presentó como colectiva y, después, trató de atribuir, como hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a una acción legal particular del diputado cesante Alberto Rodríguez en un claro movimiento de rectificación con el que calmar las aguas revueltas de la coalición. Rodríguez acabó anunciando a su llegada a Canarias que abandona la militancia y tratará de demostrar su inocencia en los tribunales.

Lo que asoma tras todo ello es de un lado que Sánchez, y no Calviño, es quien otorga y retira atribuciones en el seno del Gobierno y de ahí que vaya a ser ahora la vicepresidenta primera y no la segunda la que coordine la negociación de la reforma laboral. De otro, que el PSOE quiere rebajar el protagonismo de la impulsora de la creación de un nuevo espacio político en la izquierda. Y por último, apuntan fuentes moradas, que alguien en Unidas Podemos anda rumiando la posibilidad de provocar una ruptura de la coalición que provoque un anticipo electoral en 2022, ahora que Yolanda Díaz está primera en las encuestas como líder más valorada y el entusiasmo de Sánchez con la socialdemocracia clásica sirva de excusa a los herederos del 15-M para subrayar una nueva metamorfosis del presidente que le aleja de la hoja de ruta progresista. Atentos que vienen de nuevo curvas en el espacio de la izquierda.

La nueva versión de Sánchez le acerca al pacto con el PP en asuntos de Estado pero le abre fisuras con sus socios de coalición

El PSOE reacciona al auge de Yolanda Díaz, toma las riendas de la reforma laboral y cierra filas con Calviño en el enésimo enfrentamiento entre vicepresidentas. El presidente exhibe su lado mas transversal y moderado mientras Unidas Podemos le desafía con una querella a Batet ante el Supremo que...

www.eldiario.es

El auge que está tomando Yolanda Diaz había que pararlo como fuera. Hasta ahora Calviño no se ha metido de forma tan directa con las cuestiones relacionadas con el ministerio que lleva Yolanda.

¿Por qué ahora si?

¿Celos?

Lo que espero es que Yolanda vaya fraguando y aunando a personas para un proyecto futuro de izquierdas antes de que haya elecciones.

Lo bueno que ha tenido ésta legislatura hasta ahora es que ya no pueden ni maquillarse y disfrazarse el partido español de Pedro Sanchez. Ya no pueden engañar a nadie de como son en realidad.

El en primer lugar y su equipo se disfrazaron de socialistas, progresistas, izquierdistas, republicanos etc etc pero vemos que eso son solo palabras que se lleva el viento.

Cuando han tenido que demostrarlo vemos que son todo lo contrario, trileros, mentirosos, traidores etc. El que les quiera seguir votando que lo haga, pero ya no pueden aducir engaño por parte de ellos.

Lo que de verdad les importa son los sillones que les esperan cuando terminen en la política, tipo Carmona, que por cierto, se rasgaron las vestiduras y se indignaron cuando accedió a vicepresidencia de Iberdrola, pero me fijo en que todavía no ha sido expulsado del partido. .

Otra farsa para que les busque otro puestecito en Iberdrola o donde sea.

La derecha frotándose las manos y con unos presidentes de partido que no dan la talla, tipo Pablo Casado o Santiago Abascal.

Espero que los españoles tomen nota de todo ello para cuando llegue el momento.

Me encanta. Ya están los de Podemos empezando a preparar el tema de votadnos a nosotros para que controlemos al PSOE, que van directos a los brazos del PP, que es ultraderecha como todos sabemos.

Calviño no tiene por qué estar celosa de Díaz. Le da mil vueltas en formación y experiencia. La deja hacer mientras no destroce la economía demasiado. Ahora que pretende hacerlo pues tiene que intervenir.

 

[Paquita]

Respecto a Yolanda Díaz... En fin.

Eso solo le sale bien a Montero. Es su fuerte.

Me hace el "femenino" de autoridades y se le olvida el femenino de "todos". Montero lo habría hecho bien, autoridades, amigos, amigas, amigues todos, todas y todes. Pero también hay que reconocer que Díaz hace un poquito más que practicar el desdoblamiento absurdo de Irene

 

[Paquita]

El día que el Régimen cargó con todo​

La llegada al TC de dos jueces peligrosamente afines al Partido Popular, la inhabilitación de Alberto Rodríguez y la obstaculización de la derogación de la reforma laboral resumen las últimas veinticuatro horas de los socialistas

Por
Lorena Gómez.

23 de octubre de 2021 23:00

Las últimas veinticuatro horas resultan difíciles de asimilar para cualquier persona considerada demócrata. La jornada de ayer comenzaba con el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación de cuatro órganos: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas. Especialmente reseñable es el caso del Constitucional, en el que la formación de Pablo Casado mantiene tras el acuerdo la mayoría conservadora, con siete magistrados afines a la derecha frente a cinco progresistas.

Respecto a los cuatro magistrados que elige el Congreso para conformar el Constitucional, los populares han apostado por dos personalidades vinculadas al partido —e incluso a la corrupción del mismo—. Uno de los juristas propuestos es Enrique Arnaldo, defensor de varios —condenados o presuntos— corruptos de la formación como Jaume Matas. El juez también fue imputado en el Caso Palma Arena por supuestas adjudicaciones “a dedo” a su despacho y ha aparecido en el sumario del Caso Lezo por conversaciones con Ignacio González —sobre el que la Fiscalía ha realizado hasta tres peticiones de prisión que sumarían 18 años de cárcel—, al que le prometía colocar a fiscales afines. “Estoy moviéndome para que el nuevo fiscal sea bueno”, decía.

La otra apuesta de los populares es Concepción Espejel, una jueza íntima amiga de María Dolores de Cospedal y con una afinidad de sobra conocida con el Partido Popular —y por la que llegó a ser apartada de la investigación de la trama Gürtel para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso—. Pese a las relaciones mencionadas, ambos magistrados forman ahora —tras el acuerdo entre socialistas y populares— parte del Constitucional y consolidan la mayoría conservadora en el tribunal. En lo referido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación del organismo permanece bloqueada ante la negativa del partido de Casado a renovar a sus miembros para poder mantener así la mayoría inclinada hacia su formación que predomina en la cúpula judicial.

Una cuestionable salud democrática dentro de la Justicia española que no hacía más que reafirmarse con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Alberto Rodríguez pese a la falta de pruebas que demostrasen los hechos más allá de la denuncia de un policía. El órgano jurisdiccional no dudaba en insistir en la inhabilitación del político de Unidas Podemos y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cedía a las presiones del juez Manuel Marchena —vinculado a la trama del excomisario José Manuel Villarejo—, retirando a Rodríguez su escaño de diputado por Santa Cruz de Tenerife concedido por el electorado —y desoyendo, por ende, a los letrados del Congreso que ratificaban la continuación del político en la cámara—.

Todo esto, con una complicidad mediática que sucedía al mismo tiempo que los medios de comunicación ensalzaban a la princesa Leonor de Borbón por asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, elogiando a la monarquía pese a los escándalos que, semana tras semana, salpican a la institución. Tras hacer temblar los pilares de la democracia con el caso de “lawfare” o guerra jurídica contra Rodríguez y por el que la formación morada ha decidido querellarse contra Batet por prevaricación, el PSOE daba un paso más en su ofensiva y desautorizaba a la ministra de Trabajo.

Lo hacía después de que Nadia Calviño mostrara públicamente su resistencia a la derogación de la reforma laboral y a futuras subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ambos puntos pactados en el acuerdo de coalición progresista que ahora los socialistas —una vez más— parecen reacios a cumplir. La ministra de Economía hablaba de “superar el debate sobre reformas” y de lograr “cambios equilibrados”, restando importancia al trabajo que, durante meses, lleva ejecutando el ministerio de Yolanda Díaz en base al diálogo social y para dejar atrás la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, hace ya casi una década. Resulta destacable, además, que Díaz se ha consolidado como la política mejor valorada por la ciudadanía, con un apoyo contundente incluso del electorado socialista.

Posteriormente, las declaraciones de Calviño recibían el apoyo de su formación, lo que deja en entredicho la intención de Pedro Sánchez de cumplir con lo pactado con sus socios pese a que, hace tan solo una semana, el propio presidente de Gobierno —quien llegó a la Moncloa gracias, de hecho, a la coalición— reafirmaba su compromiso con la derogación de la reforma laboral. El bando socialista también recibía el apoyo significativo de Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Un entramado en el que el PSOE, con su postura, vuelve romper sus promesas y a oponerse a una realidad progresista y justa. Un panorama político y/o judicial que deja en el aire una palpable interrogación: ¿Existe en España normalidad democrática?

El día que el Régimen cargó con todo

La llegada al TC de dos jueces peligrosamente afines al Partido Popular, la inhabilitación de Alberto Rodríguez y la obstaculización de la derogación de la reforma laboral resumen las últimas veinticuatro horas de los socialistas

luhnoticias.es

Si te engañan una vez la culpa no es tuya. Si te engañan dos la culpa si pasa a ser tuya.

Una cosa, los otros dos jueces te gustan? A mí es que no me gusta ninguno de los 4. Pero parece que a ti te parece mal el perfil político de los dos más cercanos al PP pero no tienes problemas con el perfil político del cercano a IU - ahora Podemos - y al PSOE. Eso es pelín raro.

O es que mientras no sean afines al PP da igual si se han significado o no políticamente?

 

[Paquita]

Donde hay un socialista??? porfa, quiero verle

Hace tanto tiempo que no veo a uno que pensé que estaban extinguidos.
Sólo veo sanchistas y a SuSanchidad dirigiéndoles

Quedan algunos. Sánchez intenta callarlos, pero algunos se resisten. Va expulsándolos poco a poco.

 

[Paquita]

España no entrega a delincuentes. Ya tenemos el caso de Martín Villa, no por robo, sino por asesinatos.

La ley de eutanasia ha tardo muchísimo tiempo en llegar. ¿Alargarlo mas?

La ley de la eutanasia precisa de mejorar los servicios de paliativos. Si no es una solución falsa a un problema real. Y es mejor tardar un poco más y hacerla bien que sacar leyes sin acabar de tener en cuenta todos los puntos. Sin escuchar al colegio de médicos, por ejemplo.

Y España entrega delincuentes. Continuamente. Incluso a Bélgica, que prefiere proteger a etarras y otros delincuentes.