Pacto de gobierno PSOE - Unidas Podemos
- AutorTina Turner
- Fecha de inicio
LEY DE EUTANASIALa ley de eutanasia, más cerca que nunca gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria
La ley de eutanasia es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la Cámara este martes. El texto, registrado por el PSOE, recoge que, además de despenalizarla, esta práctica se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Concentración convocada por la asociación 'Derecho a Morir Dignamente' para pedir la regulación de la eutanasia / EFE
MADRID
09/02/2020 22:59
ALEXIS ROMERO
@alexisrmoran
El historial de la despenalización de la eutanasia en el Congreso es un camino de obstáculos, bloqueos y adelantos electorales. La mayoría de las grandes reformas de las dos últimas legislaturas (2016-2019) comparten esta misma suerte, y las causas de su infortunio se repiten en todos los casos (bloqueos en los diferentes órganos del Parlamento, ausencia de consenso en una Cámara dividida y sin claras mayorías, inestabilidad política…)
En esta ocasión, sin embargo, el escenario es completamente distinto. La ley de eutanasia llegará este martes al Congreso más favorable a su aprobación. El cambio en el Parlamento es de tal magnitud que en las dos anteriores legislaturas ni siquiera se negociaba para impulsar la despenalización de la eutanasia, sino que el marco de negociación se situaba en los términos de "abrir el debate", de ahí el corto recorrido de la norma en la Cámara (especialmente por los bloqueos de PP y Cs).
A falta de que se debata su admisión a trámite, momento en el que los grupos fijarán una posición sobre la iniciativa, parece claro que existe una mayoría parlamentaria que, más allá de las precisiones y enmiendas que quieran introducir, están a favor de despenalizar la eutanasia.
Prácticamente todos los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez mantienen esta posición favorable; una mayoría a la que se podrían sumar los 10 diputados de Ciudadanos, un grupo que tiene su propio historial parlamentario respecto a la eutanasia.
El Grupo Socialista lleva dos años intentando regular esta práctica que, según el texto registrado por los de Sánchez, tiene el objetivo de dar "una buena muerte" a aquellas personas que se encuentran en supuestos excepcionales que revisten extrema gravedad. Hace dos años el PSOE registró una iniciativa para despenalizar la eutanasia y el Pleno del Congreso aprobó su admisión a trámite con el único voto contrario del PP.
Sin embargo, la proposición no pasó de ahí, debido a un bloqueo continuado por parte de los conservadores, con el apoyo necesario de Ciudadanos. Hasta casi en una veintena de ocasiones los dos grupos solicitaron la ampliación del trámite de enmiendas, una herramienta parlamentaria que en los últimos años se ha convertido de facto en una fórmula para bloquear iniciativas.
La ley de eutanasia estuvo a punto de salir del cajón a finales de 2018 gracias a una crisis que atravesaban el PP y Cs. Los de Albert Rivera estaban a punto de lograr la aprobación de una ley de "muerte digna" que regulaba los cuidados paliativos al final de la vida, y necesitaban el apoyo de los socialistas para sacarla adelante en sus últimos trámites.
Cuidados paliativos con la vista puesta en la eutanasia
El PSOE accedió a facilitar su tramitación por dos motivos, estrechamente relacionados: a cambio de que Cs desbloquease su ley de eutanasia, y porque entendían que regular los cuidados paliativos favorecía el escenario de la propia regulación de la eutanasia y creaba un precedente en el debate público e institucional.
Los socialistas permitieron que la ley de muerte digna continuara su tramitación, pero un desacuerdo de última hora motivó que los de Rivera no accedieran, de momento, a desbloquear la ley de eutanasia. En el PSOE entendían que el régimen sancionador que incluía la ley de cuidados paliativos podía invadir competencias de las Comunidades Autónomas y pidieron a Cs que introdujeran una enmienda para modificar el texto, una exigencia a la que se negaron.
Al final, aunque la ley de muerte digna continuó su tramitación, el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 dio al traste con la norma cuando se encontraba en el Senado. Después de la discrepancia entre el PSOE y Cs respecto al régimen sancionador, los de Rivera se comprometieron a desbloquear la ley de eutanasia cuando su propia norma viera la luz, ya que entendían que la regulación de los cuidados paliativos ofrecía una solución intermedia entre el sufrimiento de los pacientes y la eutanasia.
Pero con los comicios de abril, esto nunca ocurrió, y ambas leyes se quedaron en el limbo. Durante la pasada legislatura, la fallida, el PSOE volvió a registrar su proposición, y llegó a ser admitida a trámite en la Cámara, esta vez con el voto contrario del PP y de Vox.
Sin embargo, este ciclo político apenas duró unos meses, y se volvieron a celebrar elecciones en noviembre del pasado año. El texto que llegará este martes al Pleno es muy similar al último que registró el Grupo Socialista en la pasada legislatura, aunque tiene algunas modificaciones de carácter técnico.
Además de su despenalización ("no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante"), se regulan otras cuestiones. Estas prácticas, en los supuestos antes mencionados, serían de financiación pública.
La ley insiste en que el procedimiento debe ser constantemente informado y en que la decisión del paciente ha de ser autónoma
La iniciativa recoge concretamente que "la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública". También se incluyen varias disposiciones que recalcan la necesidad de que el paciente y sus familiares conozcan todo lo relativo al proceso y puedan elegir si acogerse a estas prácticas o no.
El paciente deberá disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; además, debe rellenar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
"Si el médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas", precisa el borrador.
La iniciativa recalca, además, que "la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable".
La iniciativa contempla la creación de un "registro de objetores de conciencia"
En cuanto a los especialistas encargados de llevar a cabo estas prácticas, la norma preserva su derecho a no realizarlas bajo el fundamento de la objeción de conciencia. "Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria".
Para facilitar la información y la adecuada gestión respecto a la eutanasia, la iniciativa del PSOE propone crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia.
www.publico.es
La ley de eutanasia es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la Cámara este martes. El texto, registrado por el PSOE, recoge que, además de despenalizarla, esta práctica se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Concentración convocada por la asociación 'Derecho a Morir Dignamente' para pedir la regulación de la eutanasia / EFE
MADRID
09/02/2020 22:59
ALEXIS ROMERO
@alexisrmoran
El historial de la despenalización de la eutanasia en el Congreso es un camino de obstáculos, bloqueos y adelantos electorales. La mayoría de las grandes reformas de las dos últimas legislaturas (2016-2019) comparten esta misma suerte, y las causas de su infortunio se repiten en todos los casos (bloqueos en los diferentes órganos del Parlamento, ausencia de consenso en una Cámara dividida y sin claras mayorías, inestabilidad política…)
En esta ocasión, sin embargo, el escenario es completamente distinto. La ley de eutanasia llegará este martes al Congreso más favorable a su aprobación. El cambio en el Parlamento es de tal magnitud que en las dos anteriores legislaturas ni siquiera se negociaba para impulsar la despenalización de la eutanasia, sino que el marco de negociación se situaba en los términos de "abrir el debate", de ahí el corto recorrido de la norma en la Cámara (especialmente por los bloqueos de PP y Cs).
A falta de que se debata su admisión a trámite, momento en el que los grupos fijarán una posición sobre la iniciativa, parece claro que existe una mayoría parlamentaria que, más allá de las precisiones y enmiendas que quieran introducir, están a favor de despenalizar la eutanasia.
Prácticamente todos los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez mantienen esta posición favorable; una mayoría a la que se podrían sumar los 10 diputados de Ciudadanos, un grupo que tiene su propio historial parlamentario respecto a la eutanasia.
El Grupo Socialista lleva dos años intentando regular esta práctica que, según el texto registrado por los de Sánchez, tiene el objetivo de dar "una buena muerte" a aquellas personas que se encuentran en supuestos excepcionales que revisten extrema gravedad. Hace dos años el PSOE registró una iniciativa para despenalizar la eutanasia y el Pleno del Congreso aprobó su admisión a trámite con el único voto contrario del PP.
Sin embargo, la proposición no pasó de ahí, debido a un bloqueo continuado por parte de los conservadores, con el apoyo necesario de Ciudadanos. Hasta casi en una veintena de ocasiones los dos grupos solicitaron la ampliación del trámite de enmiendas, una herramienta parlamentaria que en los últimos años se ha convertido de facto en una fórmula para bloquear iniciativas.
La ley de eutanasia estuvo a punto de salir del cajón a finales de 2018 gracias a una crisis que atravesaban el PP y Cs. Los de Albert Rivera estaban a punto de lograr la aprobación de una ley de "muerte digna" que regulaba los cuidados paliativos al final de la vida, y necesitaban el apoyo de los socialistas para sacarla adelante en sus últimos trámites.
Cuidados paliativos con la vista puesta en la eutanasia
El PSOE accedió a facilitar su tramitación por dos motivos, estrechamente relacionados: a cambio de que Cs desbloquease su ley de eutanasia, y porque entendían que regular los cuidados paliativos favorecía el escenario de la propia regulación de la eutanasia y creaba un precedente en el debate público e institucional.
Los socialistas permitieron que la ley de muerte digna continuara su tramitación, pero un desacuerdo de última hora motivó que los de Rivera no accedieran, de momento, a desbloquear la ley de eutanasia. En el PSOE entendían que el régimen sancionador que incluía la ley de cuidados paliativos podía invadir competencias de las Comunidades Autónomas y pidieron a Cs que introdujeran una enmienda para modificar el texto, una exigencia a la que se negaron.
Al final, aunque la ley de muerte digna continuó su tramitación, el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 dio al traste con la norma cuando se encontraba en el Senado. Después de la discrepancia entre el PSOE y Cs respecto al régimen sancionador, los de Rivera se comprometieron a desbloquear la ley de eutanasia cuando su propia norma viera la luz, ya que entendían que la regulación de los cuidados paliativos ofrecía una solución intermedia entre el sufrimiento de los pacientes y la eutanasia.
Pero con los comicios de abril, esto nunca ocurrió, y ambas leyes se quedaron en el limbo. Durante la pasada legislatura, la fallida, el PSOE volvió a registrar su proposición, y llegó a ser admitida a trámite en la Cámara, esta vez con el voto contrario del PP y de Vox.
Sin embargo, este ciclo político apenas duró unos meses, y se volvieron a celebrar elecciones en noviembre del pasado año. El texto que llegará este martes al Pleno es muy similar al último que registró el Grupo Socialista en la pasada legislatura, aunque tiene algunas modificaciones de carácter técnico.
Además de su despenalización ("no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante"), se regulan otras cuestiones. Estas prácticas, en los supuestos antes mencionados, serían de financiación pública.
La ley insiste en que el procedimiento debe ser constantemente informado y en que la decisión del paciente ha de ser autónoma
La iniciativa recoge concretamente que "la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública". También se incluyen varias disposiciones que recalcan la necesidad de que el paciente y sus familiares conozcan todo lo relativo al proceso y puedan elegir si acogerse a estas prácticas o no.
El paciente deberá disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; además, debe rellenar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
"Si el médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas", precisa el borrador.
La iniciativa recalca, además, que "la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable".
La iniciativa contempla la creación de un "registro de objetores de conciencia"
En cuanto a los especialistas encargados de llevar a cabo estas prácticas, la norma preserva su derecho a no realizarlas bajo el fundamento de la objeción de conciencia. "Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria".
Para facilitar la información y la adecuada gestión respecto a la eutanasia, la iniciativa del PSOE propone crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia.
La ley de eutanasia, más cerca que nunca gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria
La ley de eutanasia es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la Cámara este martes. El texto, registrado por el PSOE, recoge que, además de despenalizarla, esta práctica se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
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El Gobierno deroga el 'impuesto al sol' que creó el PP
PorRTVE.es
Instalación de paneles solares. PIXABAY
El Gobierno ha puesto fin al polémico 'impuesto al sol', que creó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 para gravar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España. Mediante un real decreto-ley de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, fulmina así un impuesto que a su vez creó el PP por real decreto.
Este real decreto recoge medidas para favorecer el autoconsumo: entre ellas, se simplifican trámites como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
Culmina así un compromiso del PSOE desde que llegó al Gobierno en junio y enunciado el mes pasado por la ministra Ribera, que consideraba este impuesto una "traba absurda" para no autoconsumir energía y que además proporciona a las arcas públicas una recaudación "ridícula".
"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayoría de observadores internacionales", ha celebrado la ministra sobre una medida que busca instaurar el "derecho al autoconsumo compartido" y la "normalización" de una situación cada vez más habitual, la de pequeños usuarios que consumen la energía eléctrica que ellos crean en sus viviendas pero que han de seguir pagando impuestos por estar conectados a una red que no utilizan.
Muy pocas instalaciones de energías renovables
En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía.
Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW).
"Hay que descargarnos de muchas trabas burocráticas" que desincentivaban esta forma de generar energía, ha señalado Ribera, que ha subrayado que en España el 65% de la población vive en vecindad con otras y que en nuestro país apenas hay 1.000 instalaciones de autoconsumo eléctrico frente al millón con el que cuenta Alemania.
"Hay un largo recorrido", concluye la ministra, aunque el Gobierno es consciente de que desde que se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones operativas que no han sido registradas.
Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores "el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".
Aspiración de ecologistas y partidos
Aunque el Tribunal Supremo avaló hace un año la creación de esta tasa, la derogación de este "impuesto al sol" también es una vieja aspiración de organizaciones ecologistas, de defensores de las energías renovables y de todos los partidos políticos, a excepción del PP, que apoyaron en el Congreso una proposición de ley que reconocía el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin pagar por ello.
En marzo del año pasado, el Gobierno de Rajoy vetó una proposición de ley que abogaba por el autoconsumo eléctrico sin cargos y que apoyaron todos los partidos, salvo el PP y Foro Asturias, alegando que supondría una disminución de los ingresos porque se dejarían de recaudar más de 200 millones de euros al año en impuestos. También, en mayo de este año, todos los grupos salvo el PP apoyaron el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.
Asimismo, acabar con el "impuesto al sol" era una exigencia de Podemos que ha formado parte de las negociaciones con el PSOE para los próximos Presupuestos Generales del Estado. La formación morada ha subrayado que España es el país que más luz solar recibe en su entorno geográfico pero es el único que gravaba su consumo.
- Mediante un real decreto de medidas urgentes, el PSOE acaba con el polémico impuesto al autoconsumo eléctrico
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Instalación de paneles solares. PIXABAY
El Gobierno ha puesto fin al polémico 'impuesto al sol', que creó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 para gravar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España. Mediante un real decreto-ley de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, fulmina así un impuesto que a su vez creó el PP por real decreto.
Este real decreto recoge medidas para favorecer el autoconsumo: entre ellas, se simplifican trámites como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
Culmina así un compromiso del PSOE desde que llegó al Gobierno en junio y enunciado el mes pasado por la ministra Ribera, que consideraba este impuesto una "traba absurda" para no autoconsumir energía y que además proporciona a las arcas públicas una recaudación "ridícula".
"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayoría de observadores internacionales", ha celebrado la ministra sobre una medida que busca instaurar el "derecho al autoconsumo compartido" y la "normalización" de una situación cada vez más habitual, la de pequeños usuarios que consumen la energía eléctrica que ellos crean en sus viviendas pero que han de seguir pagando impuestos por estar conectados a una red que no utilizan.
Muy pocas instalaciones de energías renovables
En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía.
Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW).
"Hay que descargarnos de muchas trabas burocráticas" que desincentivaban esta forma de generar energía, ha señalado Ribera, que ha subrayado que en España el 65% de la población vive en vecindad con otras y que en nuestro país apenas hay 1.000 instalaciones de autoconsumo eléctrico frente al millón con el que cuenta Alemania.
"Hay un largo recorrido", concluye la ministra, aunque el Gobierno es consciente de que desde que se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones operativas que no han sido registradas.
Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores "el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".
Aspiración de ecologistas y partidos
Aunque el Tribunal Supremo avaló hace un año la creación de esta tasa, la derogación de este "impuesto al sol" también es una vieja aspiración de organizaciones ecologistas, de defensores de las energías renovables y de todos los partidos políticos, a excepción del PP, que apoyaron en el Congreso una proposición de ley que reconocía el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin pagar por ello.
En marzo del año pasado, el Gobierno de Rajoy vetó una proposición de ley que abogaba por el autoconsumo eléctrico sin cargos y que apoyaron todos los partidos, salvo el PP y Foro Asturias, alegando que supondría una disminución de los ingresos porque se dejarían de recaudar más de 200 millones de euros al año en impuestos. También, en mayo de este año, todos los grupos salvo el PP apoyaron el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.
Asimismo, acabar con el "impuesto al sol" era una exigencia de Podemos que ha formado parte de las negociaciones con el PSOE para los próximos Presupuestos Generales del Estado. La formación morada ha subrayado que España es el país que más luz solar recibe en su entorno geográfico pero es el único que gravaba su consumo.
El Gobierno deroga el 'impuesto al sol' que creó el PP
El Gobierno ha puesto fin al polémico
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Que horror, ojala no consigan esta atrocidadLEY DE EUTANASIALa ley de eutanasia, más cerca que nunca gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria
La ley de eutanasia es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la Cámara este martes. El texto, registrado por el PSOE, recoge que, además de despenalizarla, esta práctica se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Concentración convocada por la asociación 'Derecho a Morir Dignamente' para pedir la regulación de la eutanasia / EFE
MADRID
09/02/2020 22:59
ALEXIS ROMERO
@alexisrmoran
El historial de la despenalización de la eutanasia en el Congreso es un camino de obstáculos, bloqueos y adelantos electorales. La mayoría de las grandes reformas de las dos últimas legislaturas (2016-2019) comparten esta misma suerte, y las causas de su infortunio se repiten en todos los casos (bloqueos en los diferentes órganos del Parlamento, ausencia de consenso en una Cámara dividida y sin claras mayorías, inestabilidad política…)
En esta ocasión, sin embargo, el escenario es completamente distinto. La ley de eutanasia llegará este martes al Congreso más favorable a su aprobación. El cambio en el Parlamento es de tal magnitud que en las dos anteriores legislaturas ni siquiera se negociaba para impulsar la despenalización de la eutanasia, sino que el marco de negociación se situaba en los términos de "abrir el debate", de ahí el corto recorrido de la norma en la Cámara (especialmente por los bloqueos de PP y Cs).
A falta de que se debata su admisión a trámite, momento en el que los grupos fijarán una posición sobre la iniciativa, parece claro que existe una mayoría parlamentaria que, más allá de las precisiones y enmiendas que quieran introducir, están a favor de despenalizar la eutanasia.
Prácticamente todos los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez mantienen esta posición favorable; una mayoría a la que se podrían sumar los 10 diputados de Ciudadanos, un grupo que tiene su propio historial parlamentario respecto a la eutanasia.
El Grupo Socialista lleva dos años intentando regular esta práctica que, según el texto registrado por los de Sánchez, tiene el objetivo de dar "una buena muerte" a aquellas personas que se encuentran en supuestos excepcionales que revisten extrema gravedad. Hace dos años el PSOE registró una iniciativa para despenalizar la eutanasia y el Pleno del Congreso aprobó su admisión a trámite con el único voto contrario del PP.
Sin embargo, la proposición no pasó de ahí, debido a un bloqueo continuado por parte de los conservadores, con el apoyo necesario de Ciudadanos. Hasta casi en una veintena de ocasiones los dos grupos solicitaron la ampliación del trámite de enmiendas, una herramienta parlamentaria que en los últimos años se ha convertido de facto en una fórmula para bloquear iniciativas.
La ley de eutanasia estuvo a punto de salir del cajón a finales de 2018 gracias a una crisis que atravesaban el PP y Cs. Los de Albert Rivera estaban a punto de lograr la aprobación de una ley de "muerte digna" que regulaba los cuidados paliativos al final de la vida, y necesitaban el apoyo de los socialistas para sacarla adelante en sus últimos trámites.
Cuidados paliativos con la vista puesta en la eutanasia
El PSOE accedió a facilitar su tramitación por dos motivos, estrechamente relacionados: a cambio de que Cs desbloquease su ley de eutanasia, y porque entendían que regular los cuidados paliativos favorecía el escenario de la propia regulación de la eutanasia y creaba un precedente en el debate público e institucional.
Los socialistas permitieron que la ley de muerte digna continuara su tramitación, pero un desacuerdo de última hora motivó que los de Rivera no accedieran, de momento, a desbloquear la ley de eutanasia. En el PSOE entendían que el régimen sancionador que incluía la ley de cuidados paliativos podía invadir competencias de las Comunidades Autónomas y pidieron a Cs que introdujeran una enmienda para modificar el texto, una exigencia a la que se negaron.
Al final, aunque la ley de muerte digna continuó su tramitación, el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 dio al traste con la norma cuando se encontraba en el Senado. Después de la discrepancia entre el PSOE y Cs respecto al régimen sancionador, los de Rivera se comprometieron a desbloquear la ley de eutanasia cuando su propia norma viera la luz, ya que entendían que la regulación de los cuidados paliativos ofrecía una solución intermedia entre el sufrimiento de los pacientes y la eutanasia.
Pero con los comicios de abril, esto nunca ocurrió, y ambas leyes se quedaron en el limbo. Durante la pasada legislatura, la fallida, el PSOE volvió a registrar su proposición, y llegó a ser admitida a trámite en la Cámara, esta vez con el voto contrario del PP y de Vox.
Sin embargo, este ciclo político apenas duró unos meses, y se volvieron a celebrar elecciones en noviembre del pasado año. El texto que llegará este martes al Pleno es muy similar al último que registró el Grupo Socialista en la pasada legislatura, aunque tiene algunas modificaciones de carácter técnico.
Además de su despenalización ("no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante"), se regulan otras cuestiones. Estas prácticas, en los supuestos antes mencionados, serían de financiación pública.
La ley insiste en que el procedimiento debe ser constantemente informado y en que la decisión del paciente ha de ser autónoma
La iniciativa recoge concretamente que "la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública". También se incluyen varias disposiciones que recalcan la necesidad de que el paciente y sus familiares conozcan todo lo relativo al proceso y puedan elegir si acogerse a estas prácticas o no.
El paciente deberá disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; además, debe rellenar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
"Si el médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas", precisa el borrador.
La iniciativa recalca, además, que "la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable".
La iniciativa contempla la creación de un "registro de objetores de conciencia"
En cuanto a los especialistas encargados de llevar a cabo estas prácticas, la norma preserva su derecho a no realizarlas bajo el fundamento de la objeción de conciencia. "Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria".
Para facilitar la información y la adecuada gestión respecto a la eutanasia, la iniciativa del PSOE propone crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia.
La ley de eutanasia, más cerca que nunca gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria
La ley de eutanasia es la primera norma que se debatirá en la legislatura y llega a la Cámara este martes. El texto, registrado por el PSOE, recoge que, además de despenalizarla, esta práctica se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Yolanda Díaz anuncia que la derogación del despido por bajas justificadas se aprobará el próximo martes
Será el primer elemento de la reforma laboral del PP que elimine el nuevo Gobierno progresista
Economía
12/02/2020 - 15:48h
Vivir con una enfermedad crónica y con el miedo constante a ser despedido por absentismo: "La legislación nos denigra"
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Será el primer elemento que elimine el nuevo Gobierno progresista de la reforma laboral que el Gobierno del PP aprobó en 2012.
Díaz ha avanzado la medida en un encuentro con los medios tras reunirse con el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de España, Joaquín Nieto, donde ha señalado que la derogación va mañana mismo a la Comisión General y que el tránsito siguiente es el Consejo de Ministros, informa Europa Press.
Preguntada sobre si se derogará algo más, Díaz ha afirmado que únicamente va el artículo 52 'd', y ha dejado claro que la derogación del artículo va a ser "una gran noticia" para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España y que se evite así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable.
También ha puesto en valor el trabajo del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que está trabajando en la parte urgente a derogar de la reforma laboral en las mesas del diálogo social con los interlocutores sociales, entre la que se encuentra la recuperación de la ultraactividad de los convenio colectivos (su prórroga cuando no hay pactdo uno nuevo) y la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa.
"Vamos a dejarlos trabajar y que los interlocutores, tanto empresarios como sindicatos, trabajen con tranquilidad y me consta que lo están haciendo mucho y bien", ha remarcado Díaz.
La ministra de Trabajo ha explicado que el desmontaje de la legislación laboral del PP se hará en varias fases. Tras la primera esta primera etapa más urgente que se inauguracon la derogación del despido por bajas médicas, Trabajo negociará de manera más sosegada otras cuestiones, como la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
Qué es el despido por absentismo justificado
El llamado 'despido por absentismo' está recogido en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. Permite que un contrato de trabajo pueda extinguirse por faltas de asistencia al trabajo intermitentes, aunque estén justificadas, en los casos en que "alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos" y "siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles" o "el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".
El artículo establece varias excepciones en las que no se pueden computar las faltas de asistencia de cara a este despido objetivo, como las ausencias debidas a huelgas, los accidente de trabajo y las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o "enfermedad grave", entre otras.
Un ejemplo práctico de su aplicación, el del caso que avaló a finales del año pasado el Tribunal Constitucional: la trabajadora, con una "voluminosa hernia discal", fue despedida por ausentarse nueve días hábiles (ocho justificados por baja médica por incapacidad temporal) en dos meses continuos.
Desde el aval del Constitucional, el despido por absentismo adquirió una gran relevancia y su derogación pasó a ser una reclamación prioritaria para los sindicatos. "¿Quién no puede enfermar 9 días en dos meses?", criticaba a eldiario.es. una trabajadora en una manifestación contra esta modalidad de despido.
En el programa de Gobierno que presentaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara a la investidura ya rcogía el compromiso de derogar "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad". Esta tipo de despido, aunque existía en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 80, fue facilitado en las reformas laborales de 2010 de Zapatero y, sobre todo, en la de 2012 del PP.
www.eldiario.es
Será el primer elemento de la reforma laboral del PP que elimine el nuevo Gobierno progresista
Economía
12/02/2020 - 15:48h
Vivir con una enfermedad crónica y con el miedo constante a ser despedido por absentismo: "La legislación nos denigra"
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Será el primer elemento que elimine el nuevo Gobierno progresista de la reforma laboral que el Gobierno del PP aprobó en 2012.
Díaz ha avanzado la medida en un encuentro con los medios tras reunirse con el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de España, Joaquín Nieto, donde ha señalado que la derogación va mañana mismo a la Comisión General y que el tránsito siguiente es el Consejo de Ministros, informa Europa Press.
Preguntada sobre si se derogará algo más, Díaz ha afirmado que únicamente va el artículo 52 'd', y ha dejado claro que la derogación del artículo va a ser "una gran noticia" para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España y que se evite así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable.
También ha puesto en valor el trabajo del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que está trabajando en la parte urgente a derogar de la reforma laboral en las mesas del diálogo social con los interlocutores sociales, entre la que se encuentra la recuperación de la ultraactividad de los convenio colectivos (su prórroga cuando no hay pactdo uno nuevo) y la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa.
"Vamos a dejarlos trabajar y que los interlocutores, tanto empresarios como sindicatos, trabajen con tranquilidad y me consta que lo están haciendo mucho y bien", ha remarcado Díaz.
La ministra de Trabajo ha explicado que el desmontaje de la legislación laboral del PP se hará en varias fases. Tras la primera esta primera etapa más urgente que se inauguracon la derogación del despido por bajas médicas, Trabajo negociará de manera más sosegada otras cuestiones, como la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
Qué es el despido por absentismo justificado
El llamado 'despido por absentismo' está recogido en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. Permite que un contrato de trabajo pueda extinguirse por faltas de asistencia al trabajo intermitentes, aunque estén justificadas, en los casos en que "alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos" y "siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles" o "el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".
El artículo establece varias excepciones en las que no se pueden computar las faltas de asistencia de cara a este despido objetivo, como las ausencias debidas a huelgas, los accidente de trabajo y las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o "enfermedad grave", entre otras.
Un ejemplo práctico de su aplicación, el del caso que avaló a finales del año pasado el Tribunal Constitucional: la trabajadora, con una "voluminosa hernia discal", fue despedida por ausentarse nueve días hábiles (ocho justificados por baja médica por incapacidad temporal) en dos meses continuos.
Desde el aval del Constitucional, el despido por absentismo adquirió una gran relevancia y su derogación pasó a ser una reclamación prioritaria para los sindicatos. "¿Quién no puede enfermar 9 días en dos meses?", criticaba a eldiario.es. una trabajadora en una manifestación contra esta modalidad de despido.
En el programa de Gobierno que presentaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara a la investidura ya rcogía el compromiso de derogar "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad". Esta tipo de despido, aunque existía en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 80, fue facilitado en las reformas laborales de 2010 de Zapatero y, sobre todo, en la de 2012 del PP.
Yolanda Díaz anuncia que la derogación del despido por bajas justificadas se aprobará el próximo martes
Será el primer elemento de la reforma laboral del PP que elimine el nuevo Gobierno progresista
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Elecciones Transparentes presenta una denuncia por indicios de fraude electoral el 10-N y reclama un nuevo recuento
La Asociación Elecciones Transparentes ha presentado una denuncia esta mañana ante la Junta Electoral Central por el evidente fraude realizado en las pasadas elecciones, en donde no se hizo el escrutinio general conforme a la Ley, ya que en las Juntas Electorales Provinciales sólo se cotejaron las actas con los resultados provisionales de INDRA, pero no se recontaron de forma manual. Por este motivo solicitamos una vez más a la Junta Electoral Central la repetición de los Escrutinios Generales conforme a la Ley, para que se conozca la verdadera voluntad popular expresada en las urnas.
Paradójicamente, INDRA ya había comunicado que su datos no eran los definitivos, sino que los definitivos son los del escrutinio general. Es evidente que los datos de INDRA no pueden ser los definitivos, ya que se empezaron a comunicar antes de recontarse los votos, y no variaron apenas en toda la noche electoral. Sin embargo, al no hacerse correctamente los escrutinios generales, se han tomado como definitivos los resultados provisionales.
Cabe destacar también que los resultados por mesas electorales aún no han sido publicados en la web del Ministerio del Interior, cuando ya han pasado dos meses de las elecciones.
Por tanto, dado que no se han realizado los escrutinios generales, podemos afirmar que este Parlamento electo carece tiene legitimidad de origen y de ejercicio.
El único verdadero recuento efectuado ha sido el de la propia asociación Elecciones Transparentes, cuyos resultados además modifican por completo la composición del Parlamento que ha dado el plácet al proyecto de destrucción del estado español. El recuento transparente de 3.872 actas de escrutinio que han sido enviadas por los ciudadanos, revela notables diferencias con los resultados oficiales de las elecciones del 10-N, en favor de PSOE y Podemos, como ya hemos detallado en anteriores entradas.
Mañana, día 8 de enero, interpondremos esta misma denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla.
También daremos a conocer estos resultados en las manifestaciones del 12 de enero a las 13:00 en la plaza de Colón y en muchos ayuntamientos de España.
Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes
La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la defensa de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web https://eleccionestransparentes.wordpress.com/
La Asociación Elecciones Transparentes ha presentado una denuncia esta mañana ante la Junta Electoral Central por el evidente fraude realizado en las pasadas elecciones, en donde no se hizo el escrutinio general conforme a la Ley, ya que en las Juntas Electorales Provinciales sólo se cotejaron las actas con los resultados provisionales de INDRA, pero no se recontaron de forma manual. Por este motivo solicitamos una vez más a la Junta Electoral Central la repetición de los Escrutinios Generales conforme a la Ley, para que se conozca la verdadera voluntad popular expresada en las urnas.
Paradójicamente, INDRA ya había comunicado que su datos no eran los definitivos, sino que los definitivos son los del escrutinio general. Es evidente que los datos de INDRA no pueden ser los definitivos, ya que se empezaron a comunicar antes de recontarse los votos, y no variaron apenas en toda la noche electoral. Sin embargo, al no hacerse correctamente los escrutinios generales, se han tomado como definitivos los resultados provisionales.
Cabe destacar también que los resultados por mesas electorales aún no han sido publicados en la web del Ministerio del Interior, cuando ya han pasado dos meses de las elecciones.
Por tanto, dado que no se han realizado los escrutinios generales, podemos afirmar que este Parlamento electo carece tiene legitimidad de origen y de ejercicio.
El único verdadero recuento efectuado ha sido el de la propia asociación Elecciones Transparentes, cuyos resultados además modifican por completo la composición del Parlamento que ha dado el plácet al proyecto de destrucción del estado español. El recuento transparente de 3.872 actas de escrutinio que han sido enviadas por los ciudadanos, revela notables diferencias con los resultados oficiales de las elecciones del 10-N, en favor de PSOE y Podemos, como ya hemos detallado en anteriores entradas.
Mañana, día 8 de enero, interpondremos esta misma denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla.
También daremos a conocer estos resultados en las manifestaciones del 12 de enero a las 13:00 en la plaza de Colón y en muchos ayuntamientos de España.
Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes
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Entrevista a Ignacio Baixauli, responsable técnico de Elecciones Transparentes: "Hemos contado más actas que la propia administración" - El Diestro
SÍGUENOS EN TELEGRAM SÍGUENOS EN FACEBOOK SÍGUENOS EN WHATS APP SÍGUENOS EN TELEGRAM Tras empezar a salir el escrutinio físico que ha realizado ‘Elecciones Transparentes’ de las actas de las elecciones del pasado 10 de noviembre y comprobar la más que sospechosa y escandalosa diferencia...
www.eldiestro.esElecciones Transparentes presenta una denuncia por indicios de fraude electoral el 10-N y reclama un nuevo recuento
La Asociación Elecciones Transparentes ha presentado una denunciaesta mañana ante la Junta Electoral Central por el evidente fraude realizado en las pasadas elecciones, en donde no se hizo el escrutinio general conforme a la Ley, ya que en las Juntas Electorales Provinciales sólo se cotejaron las actas con los resultados provisionales de INDRA, pero no se recontaron de forma manual. Por este motivo solicitamos una vez más a la Junta Electoral Central la repetición de los Escrutinios Generales conforme a la Ley, para que se conozca la verdadera voluntad popular expresada en las urnas.
Paradójicamente, INDRAya había comunicado que su datos no eran los definitivos, sino que los definitivos son los del escrutinio general. Es evidente que los datos de INDRA no pueden ser los definitivos, ya que se empezaron a comunicar antes de recontarse los votos, y no variaron apenas en toda la noche electoral. Sin embargo, al no hacerse correctamente los escrutinios generales, se han tomado como definitivos los resultados provisionales.
Cabe destacar también que los resultados por mesas electorales aún no han sido publicados en la web del Ministerio del Interior, cuando ya han pasado dos meses de las elecciones.
Por tanto, dado que no se han realizado los escrutinios generales, podemos afirmar que este Parlamento electo carece tiene legitimidad de origen y de ejercicio.
El único verdadero recuento efectuado ha sido el de la propia asociación Elecciones Transparentes, cuyos resultados además modifican por completo la composición del Parlamento que ha dado el plácet al proyecto de destrucción del estado español. El recuento transparente de 3.872 actas de escrutinio que han sido enviadas por los ciudadanos, revela notables diferencias con los resultados oficiales de las elecciones del 10-N, en favor de PSOE y Podemos, como ya hemos detallado en anteriores entradas.
Mañana, día 8 de enero, interpondremos esta misma denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla.
También daremos a conocer estos resultados en las manifestaciones del 12 de enero a las 13:00 en la plaza de Colón y en muchos ayuntamientos de España.
Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes
La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la defensa de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web https://eleccionestransparentes.wordpress.com/
Pues tengo mis reservas y me da así como un tufo a conspiranoia. Indra ha sido adjudicataria de todos los contratos en las últimas elecciones. Ignoro que recorrido tendrá esto, pero me sorprendería que aquí se pudiera hacer un pucherazo en el recuento. Otra historia son las compras de votos.
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Es que por lo visto no se ha hecho el recuento manual, esa es la cosa. Que seguimos con los resultados provisionales y la web de Interior sigue sin publicar los resultados de las mesas. Esta misma plataforma ya denunció fraude electoral en las elecciones de abril y la denuncia se admitió a trámite. Y parece que la denuncia por las de noviembre también se ha admitido. Veremos...
Un juzgado abre diligencias ante la denuncia por fraude electoral en las elecciones de noviembre
Un juzgado ha abierto diligencias por una de las denuncias por fraude electoral en las elecciones del pasado mes de noviembre. Seguiremos informando.
eleccionestransparentes.wordpress.comNo entiendo lo del recuento manual, se supone que en todas las mesas las papeletas se cuentan a mano ¿entoces que se supone que son los resultados que nos dieron?Es que por lo visto no se ha hecho el recuento manual, esa es la cosa. Que seguimos con los resultados provisionales y la web de Interior sigue sin publicar los resultados de las mesas. Esta misma plataforma ya denunció fraude electoral en las elecciones de abril y la denuncia se admitió a trámite. Y parece que la denuncia por las de noviembre también se ha admitido. Veremos...
Un juzgado abre diligencias ante la denuncia por fraude electoral en las elecciones de noviembre
Un juzgado ha abierto diligencias por una de las denuncias por fraude electoral en las elecciones del pasado mes de noviembre. Seguiremos informando.
Si no recuerdo mal, el recuento manual es la suma manual de los resultados d las actas d las mesas. Los provisionales son datos q los representantes d las mesas "cantan" por teléfono efono o meten en una tablet, pero no se ha comprobado aun si esos datos facilitados coinciden con los d las actas.
Las papeletas se destruyen. Creo q solo se conservan las nulas.
