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La vida de Brian
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Pacto de gobierno PSOE - Unidas Podemos
- AutorTina Turner
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Pues para que los funcionarios no se echen (o echemos) o, más bien los sindicatos, encima de ellos mañana aprueban la subida del 2% a los funcionarios y, para no variar, en esto estoy en desacuerdo porque no es el momento, por mucho que se pactara y porque prefiero que lo suban ahora para luego quitarnos el 5%, que es la costumbre que tienen últimamente. Pero igual que digo que no estoy de acuerdo, tampoco tengo muy claro para que usarían ese dinero si no subieran el sueldo a los funcionarios y me temo que lo tirarían en cualquier sandez, así que por lo menos, así se los gasta alguien y revierte de alguna manera.
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Yo también me beneficio de esa subida del 2%, aunque veremos más adelante...
Pues no verás nada bueno porque cuando tienen que tirar mano de dinero, no se bajan ellos el sueldo, que también es público, nos lo bajan a nosotros teóricamente en beneficio de todos los españoles y luego el dinero vuela, en a saber qué. Ya me gustaría ver los 11.000 euros que me soplan al año en qué se los gastan porque no veo más que hospitales saturados, transporte penoso, carreteras en mal estado, y así una cosa, y la otra, y la otra...
Y es que, aunque no lo comparta, cada día entiendo más a la gente que vota a VOX, porque no es normal que te sangren para mejorar tu país y que cada día haya más carencias, ¿dónde se va esa ingente cantidad de pasta?
Y, desde luego, esto lo han tenido que aprobar por coj*nes porque venía de antes de ellos. Son tan incompetentes que aún viven de los Presupuestos de la derechona y no han podido ni sacar unos y me temo que tampoco lo harán porque el dinero es finito, no puedes contentar a todos y los votos que han apoyado a Fraudez valen muuuuuuuucho dinero que irá a parar, si llegan a un pacto, a cosas que nos importan dos huevos, pero no pasa nada, aquí estamos los curritos fichados por Hacienda, porque no cobramos en negro y nuestros sueldos son públicos y están hiper fiscalizados para que puedan echar mano de las nóminas sin cortarse un pelo, y los sindicatos a callar.
Al hilo de esto, por si alguien vuelve sobre el tema de lo bien que vivimos, sufrimos presiones como cualquier trabajador dependiendo del gobernante de turno, en la Administración existe el mobbing, como en cualquier empresa, no nos dan formación para que nos actualicemos en cuestiones jurídicas (eso es cosa de cada uno), no trabajamos 35 horas (en mi caso 38:45), ni nos pasamos el día en la peluquería o de compras porque, si fuera así, este país ya estaría paralizado. Los funcionarios corrientes y molientes, no somos como los funcionarios d sanidad, los médicos que, aparte de su trabajo en la Seguridad Social, tienen compatibilidad para tener consultas.
Si llega a saludarme ayer Pablito como en el video ese promocional de Aló Vicepresidente que se ha hecho con 16 minutos d saludos, le mando a tomar por el culo porque, luego, cuando quieren llevar a cabo ilegalidades y no cedes, o te echan par otro sitio, o te hacen la vida imposible porque, claro, haciendo tu trabajo les pones palos en las ruedas y piedras en el camino y, a ver, lo que queremos es seguir almorzando en el bar, no en el patio de la carcel, que es lo que pasa cuando despues de forzar algo, dicen que el funcionario puso eso a la firma y que ellos "confian en sus técnicos".
En fin, una mierda y que descansada me he quedado. Sorry por el tocho.
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La Justicia tumba la apertura de embajadas catalanas un día después de que Sánchez autorice 3 nuevas
El Ministerio de Exteriores ya no tiene objeciones a la apertura de las de Argentina, México y Túnez que Borrell paralizó
Pedro Sánchez y Quim Torra en la puerta del Palacio de la Moncloa @GettyLa Justicia catalana tumba la apertura de 6 embajadas catalanas en 2018 un día después de que Sánchez haya autorizado la apertura de otras 3 nuevas sedes exteriores al inhabilitado Torra.
- MARÍA JAMARDO
- 17/01/2020 12:24
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat que ordenó la reapertura de las delegaciones propias en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia del 26 de junio de 2018, tras ser cerradas en base al artículo 155 que permitió intervenir la comunidad autónoma, después de la convocatoria del referéndum inconstitucional del 1-O.
El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha dado ahora su conformidad a la apertura de embajadas catalanas en Argentina, México y Túnez, las mismas que Josep Borrell cerró cuando era titular de Asuntos Exteriores y gracias a las medidas cautelares que aprobó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante los recursos presentados desde su Ministerio.
Sin embargo, según el fallo del TSJC que se ha hecho público este viernes, dichas aperturas son ilegales. La Sala lo recoge así en su resolución del recurso presentado el pasado 25 de septiembre de 2018 por el Ministerio de Exteriores, con Borrell al frente, contra la Generalitat. El tribunal declara que el decreto de Torra que las autorizó es nulo y condena al Govern a pagar al Estado español las costas del juicio hasta un límite máximo de 2.000 euros.
El Govern aprobó el 25 de septiembre de 2019 otros seis nuevos decretos de reapertura de estas mismas delegaciones. En este caso no ha habido recurso de la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio de Exteriores.
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Está claro que la nueva política de diálogo y tolerancia de la que Sánchez ha hecho gala desde su investidura como presidente del Gobierno, y que ya avanzó, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, continúa proporcionando ‘gestos’ al separatismo catalán.
La decisión del Ministerio de Exteriores de no oponerse a la apertura de las nuevas localizaciones del Govern en el extranjero relaja las relaciones entre La Moncloa y Torra en uno de los aspectos que, hasta la fecha, más discrepancias y tensiones había provocado en las relaciones entre el Ejecutivo central y el Govern instalado en la desobediencia permanente
Cataluña: La Justicia tumba la apertura de embajadas catalanas un día después de que Pedro Sánchez autorice 3 nuevas
La Justicia catalana tumba la apertura de 6 embajadas catalanas, en 2018, un día después de que Sánchez haya autorizado la apertura de nuevas sedes a Torra.okdiario.com
Con esta noticia he terminado yo de entender el nombramiento de la actual ministra de Asuntos Exteriores. Pero completamente. Torpe que es una, que lo podía haber visto venir de lejos.
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El cuervo y la culebra
“Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado a una culebra dormida al sol, cayó veloz sobre ella y la raptó. Más la culebra despertando de su sueño se volvió y le mordió. El cuervo al morir dijo: Desdichado de mí , que encontré un tesoro pero a costa de mi vida”. “Moraleja: Antes de querer poseer un bien primero hay que valorar si su coste vale la pena”
Leyendo esta fábula y su moraleja me ha venido a la cabeza el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado , y sobre todo “si su coste vale la pena” para el actual gobierno. Indiscutiblemente desde el búnker de la Moncloa, liderado por nuestro actual “Rasputín”, Iván Redondo, se habrán evaluado los daños que pueden provocar dicho nombramiento a la imagen del nuevo y flamante gobierno, pero estoy convencido de que dicho riesgo se ha asumido al considerar que el botín “vale la pena”, y si hay que contraatacar utilizando armas de despiste pues se utilizan.
Así hemos podido ver como se ha entrado en tromba por todas las terminales mediáticas del bunker monclovita para destacar el llamado “pin parental” como muestra del avance de la ultraderecha para que en el subconsciente popular se asocie este hecho con el nombramiento de Dolores Delgado y poderlo presentar como un ataque más de las fuerzas ultras.
Pero la realidad es tozuda y hemos podido ver como el Poder Judicial en su pleno del jueves 16 de enero dio por supuesta la falta de idoneidad de la candidata, y centró el debate en la cuestión formal de si reunía los requisitos legales, así pues 7 vocales consideraron que al faltarle el requisito de imparcialidad no podía acceder a ocupar el puesto, 2 más consideraron que reunía los requisitos pero que existe riesgo de que se cree una apariencia de vinculación al poder ejecutivo, y el resto consideró que se limitaban a comprobar que la candidata era española , mayor de edad y tener más de 15 años de experiencia como fiscal.
Fue demoledor porque de forma implícita se puede afirmar que el CGPJ daba un puñetazo en la mesa y daba el primer mordisco al “cuervo” que se las prometía tan felices al ver a su víctima tranquila en el prado.
¿Ha valido la pena?, ya veremos pero lo que iremos comprobando es cómo va caminando la candidata por el campo de minas en que se ha convertido su propuesta y nombramiento para la Fiscalía General del Estado, ya que la siguiente parada será el ámbito parlamentario donde se volverá a escuchar su falta de idoneidad por ausencia de independencia, y ese estigma le irá acompañando paso a paso hasta que el veneno inoculado por el poder Judicial ese 16 de enero vaya impregnando todo su organismo y entonces desde el búnker de la Moncloa se volverá a hacer evaluación de daños y se valorará si es prescindible o no, o si alguien hace de la Salomé bíblica y exige al Rey Herodes que entregue su cabeza en bandeja de plata, voces no faltarán.
Incluso hemos escuchado cómo periodistas de culto de la izquierda dan la alerta del error de su propuesta de nombramiento por parte del nuevo gobierno ya que “causa estupor en los fiscales incluso en aquellos próximos al credo progresista, dando munición a la oposición “. También por este conducto el veneno irá haciendo su camino.
"Más estética"
Con respecto a su nombramiento los fiscales se debaten entre calificarlo como falto de ética o de estética, según la asociación de fiscales el mensaje que envía Sánchez es claro “ voy a controlar la fiscalía y a los fiscales” y en opinión de la unión progresista de fiscales, de la que forma parte la exministra, “este es el momento de poner el sistema de elección sobre la mesa”, es decir podría interpretarse dicha afirmación como que podía haber otra manera más estética de realizar el nombramiento, también se ha afirmado desde dicha asociación que “ lo positivo es que se va a hacer un control exhaustivo de sus actuaciones”.
Frases que en ningún momento se dijeron cuando fue nombrada su antecesora Mª José Segarra y que ha dado una gran muestra de dignidad durante su mandato al no plegarse a las presiones de la hoy candidata a su puesto , y sobre todo en su vuelta a la carrera fiscal al reincorporarse como fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla, se merece un homenaje por haber cumplido su cometido con total idoneidad, independencia, respetando y haciendo respetar la autonomía del Ministerio Fiscal.
Otro conducto por donde puede ir transitando el veneno son sus amistades peligrosas, todos recordamos las famosas conversaciones de la exministra y candidata a Fiscal General del Estado en la famosa comida con Villarejo y Garzón el día 23 de octubre de 2003, que provocó su reprobación en el Senado, incluso el Vicepresidente del Gobierno que la ha propuesto como candidata, Pablo Iglesias, llegó a decir que debía de alejarse de la vida pública por “reunirse de manera afable con un personaje de las cloacas del Estado”, ¡maldita hemeroteca!
Ya ha habido otros nombramientos polémicos para la Fiscalía General del Estado, los más sonados fueron los propuestos también por el PSOE: Eligio Hernández y Javier Moscoso, el primero llevó el estigma de que el Tribunal Supremo consideró ilegal su nombramiento en sentencia de la Sala tercera de junio de 1996, siendo un miembro destacado del partido socialista. Javier Moscoso fue Fiscal General del Estado entre 1986 y 1990 , siendo diputado socialista por Murcia en 1986 y ministro de presidencia en el gobierno de Felipe González, por lo que pasó de ser ministro a Fiscal general del Estado, provocando similar fractura en el CGPJ que en la actualidad al contar 6 votos en contra y una abstención, siendo el argumento de oposición a “que tendría una excesiva inclinación a vincularse a la política del Gobierno”. Como puede observarse la tendencia del partido socialista a controlar la fiscalía no es nueva.
El Poder Judicial
Esta es la realidad de la polémica propuesta, la candidata no es idónea, pone en cuestión la apariencia de independencia del Ministerio Fiscal, le falta el requisito de imparcialidad que puede provocar que deba de abstenerse de conocer investigaciones judiciales, todo ello según lo afirmado por el poder judicial en su reunión de 16 de enero, y existe falta de ética o estética según las asociaciones de fiscales.
La verdad es que la fábula que mencionaba al principio parece que va como anillo al dedo: el cuervo creía que la culebra era presa fácil hasta que la despertó y le mordió, poco a poco el veneno hará su camino. El poder Judicial no es fácil de doblegar aunque parece que esté dormido en el prado bajo el sol.
El cuervo y la culebra
“Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado a una culebra dormida al sol, cayó veloz sobre ella y la raptó. Más la culebra despertando de su sueño se volvió y le mordió. El cuervo al morir dijo: Desdichado de mí , que encontré un tesoro pero a costa de mi vida”. “Moraleja: Antes de querer poseer un bien primero hay que valorar si su coste vale la pena”
Leyendo esta fábula y su moraleja me ha venido a la cabeza el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado , y sobre todo “si su coste vale la pena” para el actual gobierno. Indiscutiblemente desde el búnker de la Moncloa, liderado por nuestro actual “Rasputín”, Iván Redondo, se habrán evaluado los daños que pueden provocar dicho nombramiento a la imagen del nuevo y flamante gobierno, pero estoy convencido de que dicho riesgo se ha asumido al considerar que el botín “vale la pena”, y si hay que contraatacar utilizando armas de despiste pues se utilizan.
Así hemos podido ver como se ha entrado en tromba por todas las terminales mediáticas del bunker monclovita para destacar el llamado “pin parental” como muestra del avance de la ultraderecha para que en el subconsciente popular se asocie este hecho con el nombramiento de Dolores Delgado y poderlo presentar como un ataque más de las fuerzas ultras.
Pero la realidad es tozuda y hemos podido ver como el Poder Judicial en su pleno del jueves 16 de enero dio por supuesta la falta de idoneidad de la candidata, y centró el debate en la cuestión formal de si reunía los requisitos legales, así pues 7 vocales consideraron que al faltarle el requisito de imparcialidad no podía acceder a ocupar el puesto, 2 más consideraron que reunía los requisitos pero que existe riesgo de que se cree una apariencia de vinculación al poder ejecutivo, y el resto consideró que se limitaban a comprobar que la candidata era española , mayor de edad y tener más de 15 años de experiencia como fiscal.
Fue demoledor porque de forma implícita se puede afirmar que el CGPJ daba un puñetazo en la mesa y daba el primer mordisco al “cuervo” que se las prometía tan felices al ver a su víctima tranquila en el prado.
¿Ha valido la pena?, ya veremos pero lo que iremos comprobando es cómo va caminando la candidata por el campo de minas en que se ha convertido su propuesta y nombramiento para la Fiscalía General del Estado, ya que la siguiente parada será el ámbito parlamentario donde se volverá a escuchar su falta de idoneidad por ausencia de independencia, y ese estigma le irá acompañando paso a paso hasta que el veneno inoculado por el poder Judicial ese 16 de enero vaya impregnando todo su organismo y entonces desde el búnker de la Moncloa se volverá a hacer evaluación de daños y se valorará si es prescindible o no, o si alguien hace de la Salomé bíblica y exige al Rey Herodes que entregue su cabeza en bandeja de plata, voces no faltarán.
Incluso hemos escuchado cómo periodistas de culto de la izquierda dan la alerta del error de su propuesta de nombramiento por parte del nuevo gobierno ya que “causa estupor en los fiscales incluso en aquellos próximos al credo progresista, dando munición a la oposición “. También por este conducto el veneno irá haciendo su camino.
"Más estética"
Con respecto a su nombramiento los fiscales se debaten entre calificarlo como falto de ética o de estética, según la asociación de fiscales el mensaje que envía Sánchez es claro “ voy a controlar la fiscalía y a los fiscales” y en opinión de la unión progresista de fiscales, de la que forma parte la exministra, “este es el momento de poner el sistema de elección sobre la mesa”, es decir podría interpretarse dicha afirmación como que podía haber otra manera más estética de realizar el nombramiento, también se ha afirmado desde dicha asociación que “ lo positivo es que se va a hacer un control exhaustivo de sus actuaciones”.
Frases que en ningún momento se dijeron cuando fue nombrada su antecesora Mª José Segarra y que ha dado una gran muestra de dignidad durante su mandato al no plegarse a las presiones de la hoy candidata a su puesto , y sobre todo en su vuelta a la carrera fiscal al reincorporarse como fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Sevilla, se merece un homenaje por haber cumplido su cometido con total idoneidad, independencia, respetando y haciendo respetar la autonomía del Ministerio Fiscal.
Otro conducto por donde puede ir transitando el veneno son sus amistades peligrosas, todos recordamos las famosas conversaciones de la exministra y candidata a Fiscal General del Estado en la famosa comida con Villarejo y Garzón el día 23 de octubre de 2003, que provocó su reprobación en el Senado, incluso el Vicepresidente del Gobierno que la ha propuesto como candidata, Pablo Iglesias, llegó a decir que debía de alejarse de la vida pública por “reunirse de manera afable con un personaje de las cloacas del Estado”, ¡maldita hemeroteca!
Ya ha habido otros nombramientos polémicos para la Fiscalía General del Estado, los más sonados fueron los propuestos también por el PSOE: Eligio Hernández y Javier Moscoso, el primero llevó el estigma de que el Tribunal Supremo consideró ilegal su nombramiento en sentencia de la Sala tercera de junio de 1996, siendo un miembro destacado del partido socialista. Javier Moscoso fue Fiscal General del Estado entre 1986 y 1990 , siendo diputado socialista por Murcia en 1986 y ministro de presidencia en el gobierno de Felipe González, por lo que pasó de ser ministro a Fiscal general del Estado, provocando similar fractura en el CGPJ que en la actualidad al contar 6 votos en contra y una abstención, siendo el argumento de oposición a “que tendría una excesiva inclinación a vincularse a la política del Gobierno”. Como puede observarse la tendencia del partido socialista a controlar la fiscalía no es nueva.
El Poder Judicial
Esta es la realidad de la polémica propuesta, la candidata no es idónea, pone en cuestión la apariencia de independencia del Ministerio Fiscal, le falta el requisito de imparcialidad que puede provocar que deba de abstenerse de conocer investigaciones judiciales, todo ello según lo afirmado por el poder judicial en su reunión de 16 de enero, y existe falta de ética o estética según las asociaciones de fiscales.
La verdad es que la fábula que mencionaba al principio parece que va como anillo al dedo: el cuervo creía que la culebra era presa fácil hasta que la despertó y le mordió, poco a poco el veneno hará su camino. El poder Judicial no es fácil de doblegar aunque parece que esté dormido en el prado bajo el sol.
El cuervo y la culebra
El ciudadano Felipe no está contento con él
Por Arnau, 14 ene 2020, 10:04
El tema es que Garzón está ahí porque ha habido ciudadanos que le han votado.
Al de la mala cara no le ha votado nadie....
Esto si es verdad!!!!
La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa
Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares
Es la autora del voto particular contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que presentó una hora después de perder la votación que avaló el nombramiento
En su argumentación, Díaz Abad aseguró que el nombramiento de Delgado "no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía"
Gonzalo Cortizo
21/01/2020 - 21:18h
Dolores Delgado en una imagen de archivo EFE
Menos de un año después de haber recibido el portazo del Gobierno para el puesto que pretendía, Nuria Díaz Abad ha encabezado al grupo de vocales conservadores que han intentado cerrar la puerta de la Fiscalía General del Estado para la exministra.
A finales de 2018, el Ejecutivo inició los trámites para cubrir las dos plazas que corresponden a España para jueces del Tribunal General e inició el proceso para la selección de candidatos. En el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018 se aclaraba que los candidatos deberían ser "personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales".
Nuria Díaz Abad llevaba años trabajando su perfil para un puesto en la justicia europea. Pese a no ser jueza, el CGPJ la impulsó para presidir la Red Europea de Consejos de Justicia, cargo al que llegó en 2016. Según confirman fuentes de su entorno a eldiario.es, a finales de 2018 presentó su candidatura para uno de los dos puestos de magistrado que debía proponer el Consejo de Ministros.
Su nombre figuraba en la propuesta paritaria que barajaba el Gobierno y que incluía el nombre del abogado del Estado Miguel Sampol. Díaz Abad contaba con la complicidad del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece y con el apoyo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos fueron íntimos colaboradores mientras coincidieron en el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los últimos compases del proceso de selección la candidatura de Abad acabaría por venirse abajo. Según fuentes jurídicas, consultadas por eldiario.es, se empezaron a suceder las "llamadas de alarma a Moncloa" para advertir del perfil conservador de la candidata y de su vinculación ideológica con el Opus Dei. Sobre esto último apenas hay referencias publicadas salvo que Díaz Abad fue la persona escogida por el Colegio Mayor Belagua (Navarra), perteneciente esta organización ultracatólica, para pronunciar la conferencia de clausura del curso 2016-2017 que tituló, "Mirando al futuro de la Unión Europea".
Las llamadas acabarían surtiendo efecto y solo unas horas antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros dejaba caer la candidatura de Díaz Abad para decantarse por otro perfil; el del catedrático José Martín y Pérez de Nanclares. Frente a la idea inicial de presentar una lista paritaria para la renovación del órgano jurisdiccional europeo, el ejecutivo acabaría presentando una lista con dos hombres.
Con la decisión de última hora, el Gobierno se saltó las recomendaciones incluidas en el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese texto, modificado a finales de 2015, se realizaba la siguiente sugerencia a los países miembros: "Es de suma importancia garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General [...]. Procede organizar las renovaciones de modo que los estados miembros empiecen a proponer dos jueces al objeto de escoger una mujer y un hombre".
En el entorno de Nuria Díaz Abad dicen desconocer si Dolores Delgado impulsó el veto que la descabalgó de la candidatura en la última fase del proceso de selección. A pesar de que la elección de candidatos corresponde al Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia fue el encargado de recibir las candidaturas a través de una dirección de correo electrónica corporativa. Además, el comité de selección que preparó la decisión estaba configurado por cuatro miembros, de los cuales dos correspondían al departamento que dirigía Dolores Delgado.
Poco menos de un año después de aquel portazo del Gobierno a las pretensiones de Díaz Abad, la vocal del CGPJ ha liderado el grupo de resistencia que dentro del Poder Judicial ha eludido su obligación de valorar la candidatura propuesta por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado. Durante el debate celebrado por el poder judicial el pasado jueves, Nuria Díaz Abad anunció la redacción de un voto particular contra la decisión mayoritaria de avalar el nombramiento de Dolores Delgado. El texto de ese voto particular fue presentado en el registro de manera inmediata. Su autora necesitó solo una hora para presentar un documento de cinco folios en el que defendía que el perfil de la exministra no era apropiado para la Fiscalía General.
El voto particular redactado por Díaz Abad fue secundado por otros seis vocales conservadores, una cuota insuficiente para imponerse sobre la mayoría que dio luz verde al nombramiento. En el voto particular, expresa su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía".
www.eldiario.es
#1 Quelonio | 21/01/2020 - 22:07h
Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares
Es la autora del voto particular contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que presentó una hora después de perder la votación que avaló el nombramiento
En su argumentación, Díaz Abad aseguró que el nombramiento de Delgado "no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía"
Gonzalo Cortizo
21/01/2020 - 21:18h
Dolores Delgado en una imagen de archivo EFE
- Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial
- Fiscal General del Estado: una silla caliente que acumula cuatro décadas de polémicas
Menos de un año después de haber recibido el portazo del Gobierno para el puesto que pretendía, Nuria Díaz Abad ha encabezado al grupo de vocales conservadores que han intentado cerrar la puerta de la Fiscalía General del Estado para la exministra.
A finales de 2018, el Ejecutivo inició los trámites para cubrir las dos plazas que corresponden a España para jueces del Tribunal General e inició el proceso para la selección de candidatos. En el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018 se aclaraba que los candidatos deberían ser "personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales".
Nuria Díaz Abad llevaba años trabajando su perfil para un puesto en la justicia europea. Pese a no ser jueza, el CGPJ la impulsó para presidir la Red Europea de Consejos de Justicia, cargo al que llegó en 2016. Según confirman fuentes de su entorno a eldiario.es, a finales de 2018 presentó su candidatura para uno de los dos puestos de magistrado que debía proponer el Consejo de Ministros.
Su nombre figuraba en la propuesta paritaria que barajaba el Gobierno y que incluía el nombre del abogado del Estado Miguel Sampol. Díaz Abad contaba con la complicidad del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece y con el apoyo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos fueron íntimos colaboradores mientras coincidieron en el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los últimos compases del proceso de selección la candidatura de Abad acabaría por venirse abajo. Según fuentes jurídicas, consultadas por eldiario.es, se empezaron a suceder las "llamadas de alarma a Moncloa" para advertir del perfil conservador de la candidata y de su vinculación ideológica con el Opus Dei. Sobre esto último apenas hay referencias publicadas salvo que Díaz Abad fue la persona escogida por el Colegio Mayor Belagua (Navarra), perteneciente esta organización ultracatólica, para pronunciar la conferencia de clausura del curso 2016-2017 que tituló, "Mirando al futuro de la Unión Europea".
Las llamadas acabarían surtiendo efecto y solo unas horas antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros dejaba caer la candidatura de Díaz Abad para decantarse por otro perfil; el del catedrático José Martín y Pérez de Nanclares. Frente a la idea inicial de presentar una lista paritaria para la renovación del órgano jurisdiccional europeo, el ejecutivo acabaría presentando una lista con dos hombres.
Con la decisión de última hora, el Gobierno se saltó las recomendaciones incluidas en el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese texto, modificado a finales de 2015, se realizaba la siguiente sugerencia a los países miembros: "Es de suma importancia garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General [...]. Procede organizar las renovaciones de modo que los estados miembros empiecen a proponer dos jueces al objeto de escoger una mujer y un hombre".
En el entorno de Nuria Díaz Abad dicen desconocer si Dolores Delgado impulsó el veto que la descabalgó de la candidatura en la última fase del proceso de selección. A pesar de que la elección de candidatos corresponde al Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia fue el encargado de recibir las candidaturas a través de una dirección de correo electrónica corporativa. Además, el comité de selección que preparó la decisión estaba configurado por cuatro miembros, de los cuales dos correspondían al departamento que dirigía Dolores Delgado.
Poco menos de un año después de aquel portazo del Gobierno a las pretensiones de Díaz Abad, la vocal del CGPJ ha liderado el grupo de resistencia que dentro del Poder Judicial ha eludido su obligación de valorar la candidatura propuesta por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado. Durante el debate celebrado por el poder judicial el pasado jueves, Nuria Díaz Abad anunció la redacción de un voto particular contra la decisión mayoritaria de avalar el nombramiento de Dolores Delgado. El texto de ese voto particular fue presentado en el registro de manera inmediata. Su autora necesitó solo una hora para presentar un documento de cinco folios en el que defendía que el perfil de la exministra no era apropiado para la Fiscalía General.
El voto particular redactado por Díaz Abad fue secundado por otros seis vocales conservadores, una cuota insuficiente para imponerse sobre la mayoría que dio luz verde al nombramiento. En el voto particular, expresa su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía".
La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa
Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares
www.eldiario.es#1 Quelonio | 21/01/2020 - 22:07h
La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa
Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares
Es la autora del voto particular contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que presentó una hora después de perder la votación que avaló el nombramiento
En su argumentación, Díaz Abad aseguró que el nombramiento de Delgado "no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía"
Gonzalo Cortizo
21/01/2020 - 21:18h
Dolores Delgado en una imagen de archivo EFE
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lideró la resistencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado fue rechazada por el Gobierno para un puesto de magistrada en Europa hace menos de un año. Ocurrió a principios de 2019, con Delgado al frente del Ministerio de Justicia y tras un procedimiento de varios meses en el que su departamento era el encargado de recibir las candidaturas en un correo corporativo del Ministerio.
- Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial
- Fiscal General del Estado: una silla caliente que acumula cuatro décadas de polémicas
Menos de un año después de haber recibido el portazo del Gobierno para el puesto que pretendía, Nuria Díaz Abad ha encabezado al grupo de vocales conservadores que han intentado cerrar la puerta de la Fiscalía General del Estado para la exministra.
A finales de 2018, el Ejecutivo inició los trámites para cubrir las dos plazas que corresponden a España para jueces del Tribunal General e inició el proceso para la selección de candidatos. En el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018 se aclaraba que los candidatos deberían ser "personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales".
Nuria Díaz Abad llevaba años trabajando su perfil para un puesto en la justicia europea. Pese a no ser jueza, el CGPJ la impulsó para presidir la Red Europea de Consejos de Justicia, cargo al que llegó en 2016. Según confirman fuentes de su entorno a eldiario.es, a finales de 2018 presentó su candidatura para uno de los dos puestos de magistrado que debía proponer el Consejo de Ministros.
Su nombre figuraba en la propuesta paritaria que barajaba el Gobierno y que incluía el nombre del abogado del Estado Miguel Sampol. Díaz Abad contaba con la complicidad del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece y con el apoyo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos fueron íntimos colaboradores mientras coincidieron en el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los últimos compases del proceso de selección la candidatura de Abad acabaría por venirse abajo. Según fuentes jurídicas, consultadas por eldiario.es, se empezaron a suceder las "llamadas de alarma a Moncloa" para advertir del perfil conservador de la candidata y de su vinculación ideológica con el Opus Dei. Sobre esto último apenas hay referencias publicadas salvo que Díaz Abad fue la persona escogida por el Colegio Mayor Belagua (Navarra), perteneciente esta organización ultracatólica, para pronunciar la conferencia de clausura del curso 2016-2017 que tituló, "Mirando al futuro de la Unión Europea".
Las llamadas acabarían surtiendo efecto y solo unas horas antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros dejaba caer la candidatura de Díaz Abad para decantarse por otro perfil; el del catedrático José Martín y Pérez de Nanclares. Frente a la idea inicial de presentar una lista paritaria para la renovación del órgano jurisdiccional europeo, el ejecutivo acabaría presentando una lista con dos hombres.
Con la decisión de última hora, el Gobierno se saltó las recomendaciones incluidas en el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese texto, modificado a finales de 2015, se realizaba la siguiente sugerencia a los países miembros: "Es de suma importancia garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General [...]. Procede organizar las renovaciones de modo que los estados miembros empiecen a proponer dos jueces al objeto de escoger una mujer y un hombre".
En el entorno de Nuria Díaz Abad dicen desconocer si Dolores Delgado impulsó el veto que la descabalgó de la candidatura en la última fase del proceso de selección. A pesar de que la elección de candidatos corresponde al Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia fue el encargado de recibir las candidaturas a través de una dirección de correo electrónica corporativa. Además, el comité de selección que preparó la decisión estaba configurado por cuatro miembros, de los cuales dos correspondían al departamento que dirigía Dolores Delgado.
Poco menos de un año después de aquel portazo del Gobierno a las pretensiones de Díaz Abad, la vocal del CGPJ ha liderado el grupo de resistencia que dentro del Poder Judicial ha eludido su obligación de valorar la candidatura propuesta por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado. Durante el debate celebrado por el poder judicial el pasado jueves, Nuria Díaz Abad anunció la redacción de un voto particular contra la decisión mayoritaria de avalar el nombramiento de Dolores Delgado. El texto de ese voto particular fue presentado en el registro de manera inmediata. Su autora necesitó solo una hora para presentar un documento de cinco folios en el que defendía que el perfil de la exministra no era apropiado para la Fiscalía General.
El voto particular redactado por Díaz Abad fue secundado por otros seis vocales conservadores, una cuota insuficiente para imponerse sobre la mayoría que dio luz verde al nombramiento. En el voto particular, expresa su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía".
La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa
Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares
#1 Quelonio | 21/01/2020 - 22:07h
Pongo la noticia del nik Quelonio del post anterior. Interesante las manipulaciones de algunos de la judicatura....
Ocultado el voto particular en el acta falsificada que propuso a Pablo Llarena
Después del revuelo que causó la inmediata divulgación pública sobre las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se hizo desaparecer del acta el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad
Por
Fernando Presencia
-
09/09/2018
La misma tarde de aquel jueves 14 de enero de 2016 un medio de comunicación hacía públicas las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ese día, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
El revuelo fue inmediato. Una de las vocales que componían la Comisión Permanente, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio la presencia de Juanes, sustituyendo al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, que se había desplazado a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Díaz Abad no compartía la interpretación que se había hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la cuadratura de ese círculo, y así lo expuso al comienzo de la sesión en la que tenían que aprobarse la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, el que fuera presidente de la todopoderosa APM y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Fue a partir de que se hiciera público el voto particular de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, porque el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todas las ternas que se habían constituido ese día, incluidas las de Pablo Llarena y la de Vicente Rouco Rodríguez.
Hay que tener en cuenta que el sobrino del Cardenal Rouco Varela acababa de ser denunciado por corrupción ante la misma Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales.
Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.
La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.
Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable.
Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.
Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.
diario16.com
Ocultado el voto particular en el acta falsificada que propuso a Pablo Llarena
Después del revuelo que causó la inmediata divulgación pública sobre las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se hizo desaparecer del acta el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad
Por
Fernando Presencia
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09/09/2018
La misma tarde de aquel jueves 14 de enero de 2016 un medio de comunicación hacía públicas las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ese día, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
El revuelo fue inmediato. Una de las vocales que componían la Comisión Permanente, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio la presencia de Juanes, sustituyendo al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, que se había desplazado a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Díaz Abad no compartía la interpretación que se había hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la cuadratura de ese círculo, y así lo expuso al comienzo de la sesión en la que tenían que aprobarse la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, el que fuera presidente de la todopoderosa APM y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Fue a partir de que se hiciera público el voto particular de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, porque el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todas las ternas que se habían constituido ese día, incluidas las de Pablo Llarena y la de Vicente Rouco Rodríguez.
Hay que tener en cuenta que el sobrino del Cardenal Rouco Varela acababa de ser denunciado por corrupción ante la misma Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales.
Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.
La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.
Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable.
Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.
Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.
Ocultado el voto particular en el acta falsificada que propuso a Pablo Llarena - Diario16plus
La misma tarde de aquel jueves 14 de enero de 2016 un medio de comunicación hacía públicas las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del
diario16.comY mas.... ¡Que ascazo!
Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo
Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo
Por
Fernando Presencia
-
04/09/2018
Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a Pablo Llarena.
Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del Presidente Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.
Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román.
Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes, quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas, ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.
Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día por la Comisión Permanente.
Por esa razón, una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5 correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.
La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la que se incluyó a Fernando Román. Pero además, para evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
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Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo
Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo
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Fernando Presencia
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04/09/2018
Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a Pablo Llarena.
Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del Presidente Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.
Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román.
Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes, quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas, ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.
Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día por la Comisión Permanente.
Por esa razón, una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5 correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.
La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la que se incluyó a Fernando Román. Pero además, para evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo - Diario16plus
Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de
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