La España de Franco

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
La Almudena es un bodrio nacional-católico que el Partido So Español terminó deprisa y corriendo para que el principìto se pudiera casar en condiciones con la candidata designada del Partido Franquista Popular.

es un templo paleto y casposillo muy adecuado para enterrar a Francos y Borbones varios, contraviniendo las propias reglas de El Vaticano.

Spain is different.
no lo sabía, otra razón más de peso para no ir por allí.
 
no lo sabía, otra razón más de peso para no ir por allí.
no te pierdes nada. sale mejor en las fotos de lo que es en realidad . Es un pastiche pobretón y sin sentido que no es ni moderno ni antiguo, ni "neo" esto o lo otro, sin alma ni encanto, y cuanto más la miras peor. Llega un momento que no sabes donde posar la vista. Hubo una época que pasaba a diario por allí y al final miraba hacia otro lado.

PS
si estás por la zona, no te pierdas San Francisco el Grande.
 
Última edición por un moderador:
Más pasta para la saca de Madrid. Se estarán frotando las manos en la Almudena. Va a pasar a ingresar dinero a manos llenas. Como si no moviera cantidades ingentes de dinero el Valle de los caídos. Ahora que encima será más fácil visitar la tumba les ha tocado la lotería.. El gordo, el segundo, tercero, cuartos, quintos y toda la pedrea... El cardenal Osoro debe estar dando Palmas con las orejas.
 
ah si? onde lo pone??

Programa del Frente Popular (enero de 1936)

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria
[...]
I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:


1. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales
[...]


III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y de! cultivador medio y pequeño [...]: rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. [...] Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán una nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, [...] y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. [...] Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza [...].
[...]
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España
[...]
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista...
VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. [...]
VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social. [...]
Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
su programa dira misa pero amañaron las elecciones, España estaba llena de fotos y estatuas de lennin, estalin y la Urss, no había libertad de prensa, persecución religiosa, asesinato de calvo Sotelo, discursos de largo caballero, asesinato de católicos que empezaron en el año 30-31, etc...
 
¿Y a que dedicó el régimen fascista el trabajo esclavo de los reclusos?
Pues el régimen franquista dedicó los trabajos forzados de este medio millón de reclusos a construir parte de lo que con el golpe de Estado y la guerra ellos mismos habían destruido, a erigir obra pública y explotar recursos. Gracias a sus trabajos se reconstruyó Belchite y otras localidades en ruinas. También se reconstruyó Belchite y otras localidades. Se laboró en minas de sal o extracción de mercurio. Se construyeron carreteras y líneas de ferrocarril como la de Baeza-Utiel o la de Madrid Burgos, y excavación de canales como el del Bajo Guadalquivir en Sevilla. Presas y pantanos como el embalse de Zorita o El Tranco en Jaén. Miles de prisioneros fueron usados en la construcción de la Prisión de Carabanchel, el Valle de los Caídos y en el Arco de la Victoria. Colectores como en Sevilla o futuros aeropuertos como el de Málaga hecho por los presos del campo de Torremolinos. Posteriormente este trabajo fue subcontratado a empresas privadas y terratenientes que utilizaron a los prisioneros para mejorar sus propias propiedades.

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Ver el archivo adjunto 835836


Entre la esperanza de salir y la realidad de la muerte

Así transcurrió la penosa vida de medio millón de españoles esclavos del franquismo. Entre la venganza, la falsa de libertad, la penuria y el intento de borrar la memoria se les aplicó las más sádicas y crueles herramientas de represión física y psicológica tanto para los presos como para sus familias. Medio millón de españoles. La mayoría “culpables” de ser fieles a un régimen legítimo y a unas ideas. Fueron explotados laboralmente, de manera gratuita y apenas sin comida para obra pública y trabajos particulares de ricos y terratenientes. La mayoría albergaban la esperanza de salir libres un día y abrazar a sus familias. Libres y vivos. Algunos no lo lograron… un tiro en la sien en los patios Otros no lo consiguieron y fueron fusilados en los patios.

Y ahora vas y lo cuentas, Pablo Casado, que "Los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién". Y Francisco Marhuenda que siga contando que "Franco no fue un dictador fascista sino un militar católico, que implantó un régimen totalitario” o el ex ministro de Aznar Mayor Oreja que no condena esta etapa lúgubre de España porque se continuará preguntando: ¿Por qué tengo que condenar el franquismo, si muchas familias lo vivieron plácidamente con naturalidad y normalidad?". ¡Cosas veredes en la derecha del siglo XXI, amigo Sancho!, veredes, sí.

https://www.elplural.com/sociedad/e...ampos-de-concentracion-de-posguerra_203882102
Franco no era fascista, era nacional católico que es distinto, fosas había en ambos bandos y trabajos pàra los presos siempre ha habido y eso les reducia la condena como dijo un historiador hace poco que escribió toda la verdad del valle, menos manipulacion
 
Robles estudia sancionar a un guardia y tres militares por un escrito contra el manifiesto franquista
Defensa se basa en el criterio de "la vulneración de la neutralidad política"

CECILIA GUZMÁN Viernes, 21 de septiembre de 2018

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La ministra de Defensa, Margarita Robles

El Ministerio de Defensa estudia sancionar a un guardia civil y a tres cabos del Ejército que firmaron un manifiesto crítico contra otro anterior suscrito por miliares en defensa de la figura de Francisco Franco.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este Cuerpo, ha lamentado que el ministerio que dirige Margarita Robles se plantee sancionar al guardia y a los militares por “defender los valores democráticos” y “precisamente al año que conmemoramos el cuarenta aniversario de nuestra Constitución del 78”.

El criterio de neutralidad política
La AUGC critica que se intente aplicar el mismo criterio de ‘vulneración de la neutralidad política’ a quienes defienden abiertamente nuestra Constitución, la democracia y legalidad, en contraposición de quienes sí reciben una ejemplar sanción”, en referencia a los militares de la reserva que firmaron un manifiesto para ensalzar la figura del dictador Franco.


“No es de recibo apelar al deber de esta neutralidad política de unos y otros cuando los primeros defienden la democracia y los segundos al general que acabó con ésta e impuso en España una dictadura de cuatro décadas”, añade la asociación de guardias civiles.


Críticas a Robles por lo "insólito" de la situación
La AUGC reprocha a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estudie sancionar a quienes defienden los valores constitucionales. “Resulta insólito que a esas alturas todavía exista en el Gobierno esta tibieza a la hora de diferenciar explícitamente entre la actitud de unos militares franquistas y la de otros servidores públicos que expresan la defensa del marco de convivencia en el que todos debemos convivir”, afirma la asociación.

Ante la posible sanción, la AUGC insiste en reivindicar que los guardias civiles dejen de ser juzgados por el Código Penal Militar, a pesar de que sus funciones son policiales. “Debemos también volver a insistir en que, dentro del nuevo modelo policial que necesita España, y sobre el pasado miércoles presentamos nuestra propuesta en el Congreso, no tiene sentido que los guardias civiles sigan dependiendo del Ministerio de Defensa, además del de Interior, al que deberían pertenecer exclusivamente”.

El escrito contra el manifiesto franquista
El agosto pasado, el guardia y los tres militares firmaron junto a una veintena de miembros retirados del Ejército un escrito en rechazo del manifiesto suscrito por más de 600 profesionales castrenses inactivos, en el que exaltan la figura militar del dictador.

En su escrito, los "militares demócratas" rechazaron el "respeto y desagravio" hacia la figura de Franco, que, recordaron, encabezó un golpe de Estado "sangriento y genocida contra la legal y legítima II República" y fue responsable de mantener durante casi 40 años una dictadura "opresiva e inclemente". Entre los firmantes, estuvieron el exJEMAD Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid, capitanes, coroneles, tenientes y cabos retirados.

https://www.elplural.com/politica/r...ito-contra-el-manifiesto-franquista_203415102

No hagas paripé "cantinerita". Sabes que no vas a hacer nada porque los militares son intocables.
No marees la perdiz...


El militar en activo que firmó un manifiesto contra Franco se enfrenta a hasta 30 días de arresto


El cabo se encuentra a la espera de conocer la posible sanción por la presunta vulneración de dos artículos del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El expediente contra él no sólo se abrió por firmar el manifiesto, también por conceder entrevistas a medios.




Imagen de la ministra de Defensa, Margarita Robles. EP

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
01/10/2018 07:49 Actualizado: 01/10/2018 07:49
ERLY QUIZHPE

El militar en activo que firmó un manifiesto "contra el franquismo en las Fuerzas Armadas" tiene abierto un expediente disciplinario que le puede acarrear una sanción económica de hasta 15 días o un posible arresto de hasta 30 días por hacer manifestaciones políticas.

En concreto, al cabo del Ejército Marco Antonio Santos Soto se le acusa de una supuesta vulneración de dos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (LORDFA) según dicta el propio documento del expediente al que ha tenido acceso Público.

Este expediente, fechado el pasado 7 de septiembre, se enmarca dentro del debate público por el anuncio del Gobierno para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En un primer momento, más de 100 militares retirados firmaron un texto en el que se ensalza la figura del dictador, entre los que se encuentran cinco militares reservistas a los que también se les ha abierto una investigación por indicios de infracción disciplinaria.

Como respuesta a este texto, más de 40 militares y guardias civiles, retirados y en activo, expresaron su rechazo a través de otro manifiesto porque "el general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta".

Sin embargo, en este caso el propio Ministerio de Defensa ordenó a mediados de agosto la apertura de una investigación al cabo tras haber firmado el texto en contra de Franco y en donde se despedía con un: "Salud y República".

Por este hecho se le aplicaría el artículo 7.1 de la LORDFA, que recoge como falta grave "emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia [...] las Fuerzas Armadas, sus cuerpos y escalas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como sus autoridades y mandos".

Además, el pasado 22 de agosto, Santos Soto concedió una entrevista a eldiario.esen donde aseguraba llevar “años escuchando al romper filas el grito de 'Arriba España'", algo, según él, común en muchos altos cargos que "aprovechan para reprimir a los demás, a los que no pensamos como ellos, a los que nos llaman rojos de mierda", entre otras declaraciones.

Esas palabras podrían vulnerar el artículo 7.5 de la citada ley, que también recoge como falta grave expresar "quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través de los medios de comunicación social".

El pasado 26 de septiembre Santos Soto prestó declaración, y ahora se enfrenta a una posible sanción económica de 8 a 15 días —lo que conlleva a la pérdida de su retribución durante ese periodo— o un posible arresto de hasta 30 días, por el que tendría que ser internado en un establecimiento disciplinario militar.

El reglamento también estipula que, de ser sancionado, Santos Soto podrá recurrir a un mando o autoridad superior al que impuso la sanción. En última instancia, la propia ministra de Defensa podría suspender o no ejecutar definitivamente la sanción si "mediare causa justa para ello y no se causara perjuicio a la disciplina". Es decir, en tal caso Margarita Robles tendría la última palabra.

https://www.publico.es/politica/militar-activo-firmo-manifiesto-franco-enfrenta-30-dias-arresto.html


¿Que va a hacer la cantinerita? Se admiten apuestas.
 
La Fundación Franco contraataca: la instructora de la exhumación es subordinada de Dolores Delgado
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Valle de los Caídos, lugar donde reposan los restos de Francisco Franco. (Foto: AFP)
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Pulse aquí para ver el escrito de la Fundación Francisco Franco


La Fundación Francisco Franco ha presentado su escrito de alegaciones al decreto de exhumación. Y la respuesta es contundente: no sólo no acepta negociar la salida de los restos de Franco sino que desvela que la instructora de la exhumación es subordinada y persona de la máxima confianza de la ministra de Justicia Dolores Delgado. La Fundación señala, además, que toda la construcción del decreto viola la Constitución: “No es una norma general” sino creada en exclusiva para una persona individual -el dictador Franco-, y el Ejecutivo ha hurtado al Parlamento sus poderes para “tramitar de urgencia un decreto” que no reviste ninguna justificación para la supuesta urgencia.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, demuestra claramente que una de las grandes promesas de Pedro Sánchez -la exhumación de los resto de Francisco Franco- tampoco se va a conseguir de forma fácil. “El presente escrito de alegaciones se presenta ad cautelam por cuanto, desde esta Fundación Nacional Francisco Franco, se insta formalmente la recusación de la Instructora del expediente, doña Cristina Latorre Sancho, Subsecretaria de Justicia y persona de máxima confianza -más allá de las razones ideológicas- de la Ministra de Justicia”, señala el texto de alegaciones de la Fundación nada más comenzar.

El argumento se expone: “Lo que de antemano evidencia que este procedimiento administrativo constituye una muestra inequívoca de desviación de poder, pues resulta palmario que lo que se va a proponer por la Instructora es que se dicte una resolución que confirme lo que ya toda la sociedad española conoce anticipadamente por así haberlo expresado en innumerables ocasiones diversos Ministros del Gobierno de España, entre ellos la Ministra de Justicia, superior jerárquica de la Instructora, como es la exhumación y traslado de los restos del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde”.


En caso de ser aceptado el argumento, el Gobierno de Sánchez tendría un nuevo obstáculo en su plan de fuego de artificio: la salida de los restos mortales de Franco tendría que volver a ser instruida con su consiguiente retraso de tiempo.

“No sólo está en vilo la objetividad e imparcialidad de la instructora del expediente -máxime cuando es el propio Ministerio de Justicia el que ha dado pie al mandato del Real Decreto-Ley- sino que se dan todos los supuestos de absoluta falta de garantía para los ciudadanos y para todos quienes se muestren interesados”, añade la Fundación. Porque “no puede instruir un expediente quien tiene interés personal en el asunto, como lo es el simple deseo de mantenerse en el puesto de libre designación sin riesgo de ser cesada por falta de confianza“.


La Fundación suma otros argumentos a su combate contra la exhumación. Señala la “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por no cumplirse los presupuestos habilitantes”, la “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por tratarse de una norma singular que no llena las exigencias constitucionales”, “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley y de los actos derivados en cuanto violan un Tratado internacional, de rango superior” y “nulidad de procedimiento por transgresión a la ley y a los principios constitucionales”.

“No tiene carácter urgente”

La Fundación señala, de este modo, que “la forma jurídica utilizada por el Gobierno para proceder a la exhumación” requiere de una “extraordinaria y urgente necesidad”, cuestión que no estaría justificada después de tanto años de la muerte del dictador.

“Es más, el 29 de agosto de 2018 el propio Presidente del Gobierno ha declarado que no se va a transformar el Valle de los Caídos en un Centro de Memoria Histórica, ni se va a resignificar la función del Valle, lo que demuestra que ni la Proposición no de Ley citada, ni el informe de 2011 del Comité de Expertos, ni el correlativo de un relator de la ONU, esgrimidos todos ellos como única justificación de la ‘necesidad’ y ‘urgencia’ del dictado del RDL, no tienen ningún carácter vinculante, ni mucho menos necesario o urgente”, añade la Fundación.

Por último, las alegaciones señalan que tampoco se respeta el deber de que las leyes sean generales y no dictadas para un sujeto individual: “La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco” -no de ningún otro enterrado en el Valle de los Caídos-“, recuerda la Fundación que es el argumento del decreto. Porque, bajo la apariencia de que lo que se pretende es “habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra” […], el único procedimiento iniciado de oficio es el que se contiene en el Anuncio de la Subsecretaria de Justicia publicado en el BOE núm. 222, de 13 de septiembre, referido exclusivamente a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde”.

TEMAS
 
CRÍMENES DEL FRANQUISMO
La juez María Servini vuelve a reclamar la declaración de Martín Villa


Es la segunda comisión rogatoria emitida por la juez argentina que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la que están imputadas 22 personas.



Rodolfo Martín Villa comenzó su carrera política en el SEU y fue una de las figuras destacadas del Movimiento Nacional en el Tardofranquismo.
REDACCIÓN EL SALTO



PUBLICADO
2018-09-27 12:53:00
La juez María Servini ha anunciado que vendrá al Estado español en octubre para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior de 1976 a 1977, cuando tuvo lugar la masacre de Vitoria, en la que murieron cinco personas a manos de la policía durante una jornada de huelga.

Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En 2014, la juez Servini ya dictó una orden de detención internacional para que Martín Villa fuera extraditado a Argentina para tomarle declaración en el marco de esta querella, pero la solicitud de extradición fue rechazada a través de un acuerdo del Consejo de Ministros realizado el 13 de marzo de 2015.

Tras esta negativa por parte del Gobierno español a colaborar con la investigación de los crímenes del franquismo, Servini emitió una comisión rogatoria para tomarle declaración en los juzgados españoles. Esta primera comisión rogatoria fue, de nuevo, rechazada en octubre de 2016. Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) recuerdan que el propio Martín Villa ha expresado su interés en prestar declaración ante la juez argentina.

Martín Villa, la 'porra de la Transición', en busca y captura
MAURICIO BASTERRA

Servini resolvió el 23 de abril de este año una nueva comisión rogatoria para tomar declaración a Martín Villa que llegó al Ministerio de Justicia español en julio y que ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En esta nueva comisión rogatoria, la juez señaló que visitará el Estado español para tomar declaración al exministro de Interior entre los días 21 y 27 de octubre.



MATANZA DE VITORIA Y SEIS ASESINATOS
Los hechos imputados a Martín Villa en la causa 4591/2010, del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires —la conocida como ‘querella argentina contra los crímenes del franquismo’— están relacionados con la matanza que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en el marco de una jornada de huelga.


También se le acusa de las muertes de Rafael Gómez Jáuregui —12 de mayo de 1977, en Rentería—, José Luis Cano Pérez —14 de mayo de 1977, en Pamplona—, José María Zabala —8 de septiembre de 1976, en Hondarribia—, María Norma Menchaca —9 de julio de 1976, en Santurce—y Arturo Ruiz García —23 de enero de 1977, en Madrid—. Todos murieron a manos de la policía, Guardia Civil y del grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey, mientras Martín Villa era ministro del Interior o de Gobernación el año anterior las primeras elecciones democráticas, según describen en el proyecto de recuperación de la memoria Todos los nombres.

https://www.elsaltodiario.com/crime...vini-vuelve-reclamar-declaracion-martin-villa
 
La Fundación Franco contraataca: la instructora de la exhumación es subordinada de Dolores Delgado
valle-caidos-1-655x368.jpg

Valle de los Caídos, lugar donde reposan los restos de Francisco Franco. (Foto: AFP)
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Pulse aquí para ver el escrito de la Fundación Francisco Franco


La Fundación Francisco Franco ha presentado su escrito de alegaciones al decreto de exhumación. Y la respuesta es contundente: no sólo no acepta negociar la salida de los restos de Franco sino que desvela que la instructora de la exhumación es subordinada y persona de la máxima confianza de la ministra de Justicia Dolores Delgado. La Fundación señala, además, que toda la construcción del decreto viola la Constitución: “No es una norma general” sino creada en exclusiva para una persona individual -el dictador Franco-, y el Ejecutivo ha hurtado al Parlamento sus poderes para “tramitar de urgencia un decreto” que no reviste ninguna justificación para la supuesta urgencia.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, demuestra claramente que una de las grandes promesas de Pedro Sánchez -la exhumación de los resto de Francisco Franco- tampoco se va a conseguir de forma fácil. “El presente escrito de alegaciones se presenta ad cautelam por cuanto, desde esta Fundación Nacional Francisco Franco, se insta formalmente la recusación de la Instructora del expediente, doña Cristina Latorre Sancho, Subsecretaria de Justicia y persona de máxima confianza -más allá de las razones ideológicas- de la Ministra de Justicia”, señala el texto de alegaciones de la Fundación nada más comenzar.

El argumento se expone: “Lo que de antemano evidencia que este procedimiento administrativo constituye una muestra inequívoca de desviación de poder, pues resulta palmario que lo que se va a proponer por la Instructora es que se dicte una resolución que confirme lo que ya toda la sociedad española conoce anticipadamente por así haberlo expresado en innumerables ocasiones diversos Ministros del Gobierno de España, entre ellos la Ministra de Justicia, superior jerárquica de la Instructora, como es la exhumación y traslado de los restos del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde”.


En caso de ser aceptado el argumento, el Gobierno de Sánchez tendría un nuevo obstáculo en su plan de fuego de artificio: la salida de los restos mortales de Franco tendría que volver a ser instruida con su consiguiente retraso de tiempo.

“No sólo está en vilo la objetividad e imparcialidad de la instructora del expediente -máxime cuando es el propio Ministerio de Justicia el que ha dado pie al mandato del Real Decreto-Ley- sino que se dan todos los supuestos de absoluta falta de garantía para los ciudadanos y para todos quienes se muestren interesados”, añade la Fundación. Porque “no puede instruir un expediente quien tiene interés personal en el asunto, como lo es el simple deseo de mantenerse en el puesto de libre designación sin riesgo de ser cesada por falta de confianza“.


La Fundación suma otros argumentos a su combate contra la exhumación. Señala la “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por no cumplirse los presupuestos habilitantes”, la “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por tratarse de una norma singular que no llena las exigencias constitucionales”, “inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley y de los actos derivados en cuanto violan un Tratado internacional, de rango superior” y “nulidad de procedimiento por transgresión a la ley y a los principios constitucionales”.

“No tiene carácter urgente”

La Fundación señala, de este modo, que “la forma jurídica utilizada por el Gobierno para proceder a la exhumación” requiere de una “extraordinaria y urgente necesidad”, cuestión que no estaría justificada después de tanto años de la muerte del dictador.

“Es más, el 29 de agosto de 2018 el propio Presidente del Gobierno ha declarado que no se va a transformar el Valle de los Caídos en un Centro de Memoria Histórica, ni se va a resignificar la función del Valle, lo que demuestra que ni la Proposición no de Ley citada, ni el informe de 2011 del Comité de Expertos, ni el correlativo de un relator de la ONU, esgrimidos todos ellos como única justificación de la ‘necesidad’ y ‘urgencia’ del dictado del RDL, no tienen ningún carácter vinculante, ni mucho menos necesario o urgente”, añade la Fundación.

Por último, las alegaciones señalan que tampoco se respeta el deber de que las leyes sean generales y no dictadas para un sujeto individual: “La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco” -no de ningún otro enterrado en el Valle de los Caídos-“, recuerda la Fundación que es el argumento del decreto. Porque, bajo la apariencia de que lo que se pretende es “habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra” […], el único procedimiento iniciado de oficio es el que se contiene en el Anuncio de la Subsecretaria de Justicia publicado en el BOE núm. 222, de 13 de septiembre, referido exclusivamente a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde”.

TEMAS
muchas gracias, desde luego es una vergüenza lo que pretenden hacer la verdad y no lo van a conseguir
 
CRÍMENES DEL FRANQUISMO
La juez María Servini vuelve a reclamar la declaración de Martín Villa


Es la segunda comisión rogatoria emitida por la juez argentina que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la que están imputadas 22 personas.



Rodolfo Martín Villa comenzó su carrera política en el SEU y fue una de las figuras destacadas del Movimiento Nacional en el Tardofranquismo.
REDACCIÓN EL SALTO



PUBLICADO
2018-09-27 12:53:00
La juez María Servini ha anunciado que vendrá al Estado español en octubre para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior de 1976 a 1977, cuando tuvo lugar la masacre de Vitoria, en la que murieron cinco personas a manos de la policía durante una jornada de huelga.

Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En 2014, la juez Servini ya dictó una orden de detención internacional para que Martín Villa fuera extraditado a Argentina para tomarle declaración en el marco de esta querella, pero la solicitud de extradición fue rechazada a través de un acuerdo del Consejo de Ministros realizado el 13 de marzo de 2015.

Tras esta negativa por parte del Gobierno español a colaborar con la investigación de los crímenes del franquismo, Servini emitió una comisión rogatoria para tomarle declaración en los juzgados españoles. Esta primera comisión rogatoria fue, de nuevo, rechazada en octubre de 2016. Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) recuerdan que el propio Martín Villa ha expresado su interés en prestar declaración ante la juez argentina.

Martín Villa, la 'porra de la Transición', en busca y captura
MAURICIO BASTERRA

Servini resolvió el 23 de abril de este año una nueva comisión rogatoria para tomar declaración a Martín Villa que llegó al Ministerio de Justicia español en julio y que ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En esta nueva comisión rogatoria, la juez señaló que visitará el Estado español para tomar declaración al exministro de Interior entre los días 21 y 27 de octubre.



MATANZA DE VITORIA Y SEIS ASESINATOS
Los hechos imputados a Martín Villa en la causa 4591/2010, del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires —la conocida como ‘querella argentina contra los crímenes del franquismo’— están relacionados con la matanza que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en el marco de una jornada de huelga.


También se le acusa de las muertes de Rafael Gómez Jáuregui —12 de mayo de 1977, en Rentería—, José Luis Cano Pérez —14 de mayo de 1977, en Pamplona—, José María Zabala —8 de septiembre de 1976, en Hondarribia—, María Norma Menchaca —9 de julio de 1976, en Santurce—y Arturo Ruiz García —23 de enero de 1977, en Madrid—. Todos murieron a manos de la policía, Guardia Civil y del grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey, mientras Martín Villa era ministro del Interior o de Gobernación el año anterior las primeras elecciones democráticas, según describen en el proyecto de recuperación de la memoria Todos los nombres.

https://www.elsaltodiario.com/crime...vini-vuelve-reclamar-declaracion-martin-villa
para crímenes los cometidos por los republicanos, como paracuellos o los asesinatos de 1930-31, el de calvo Sotelo,
 
El militar en activo que firmó un manifiesto contra Franco se enfrenta a hasta 30 días de arresto


El cabo se encuentra a la espera de conocer la posible sanción por la presunta vulneración de dos artículos del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El expediente contra él no sólo se abrió por firmar el manifiesto, también por conceder entrevistas a medios.




Imagen de la ministra de Defensa, Margarita Robles. EP

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MADRID
01/10/2018 07:49 Actualizado: 01/10/2018 07:49
ERLY QUIZHPE

El militar en activo que firmó un manifiesto "contra el franquismo en las Fuerzas Armadas" tiene abierto un expediente disciplinario que le puede acarrear una sanción económica de hasta 15 días o un posible arresto de hasta 30 días por hacer manifestaciones políticas.

En concreto, al cabo del Ejército Marco Antonio Santos Soto se le acusa de una supuesta vulneración de dos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (LORDFA) según dicta el propio documento del expediente al que ha tenido acceso Público.

Este expediente, fechado el pasado 7 de septiembre, se enmarca dentro del debate público por el anuncio del Gobierno para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En un primer momento, más de 100 militares retirados firmaron un texto en el que se ensalza la figura del dictador, entre los que se encuentran cinco militares reservistas a los que también se les ha abierto una investigación por indicios de infracción disciplinaria.

Como respuesta a este texto, más de 40 militares y guardias civiles, retirados y en activo, expresaron su rechazo a través de otro manifiesto porque "el general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta".

Sin embargo, en este caso el propio Ministerio de Defensa ordenó a mediados de agosto la apertura de una investigación al cabo tras haber firmado el texto en contra de Franco y en donde se despedía con un: "Salud y República".

Por este hecho se le aplicaría el artículo 7.1 de la LORDFA, que recoge como falta grave "emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia [...] las Fuerzas Armadas, sus cuerpos y escalas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como sus autoridades y mandos".

Además, el pasado 22 de agosto, Santos Soto concedió una entrevista a eldiario.esen donde aseguraba llevar “años escuchando al romper filas el grito de 'Arriba España'", algo, según él, común en muchos altos cargos que "aprovechan para reprimir a los demás, a los que no pensamos como ellos, a los que nos llaman rojos de mierda", entre otras declaraciones.

Esas palabras podrían vulnerar el artículo 7.5 de la citada ley, que también recoge como falta grave expresar "quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través de los medios de comunicación social".

El pasado 26 de septiembre Santos Soto prestó declaración, y ahora se enfrenta a una posible sanción económica de 8 a 15 días —lo que conlleva a la pérdida de su retribución durante ese periodo— o un posible arresto de hasta 30 días, por el que tendría que ser internado en un establecimiento disciplinario militar.

El reglamento también estipula que, de ser sancionado, Santos Soto podrá recurrir a un mando o autoridad superior al que impuso la sanción. En última instancia, la propia ministra de Defensa podría suspender o no ejecutar definitivamente la sanción si "mediare causa justa para ello y no se causara perjuicio a la disciplina". Es decir, en tal caso Margarita Robles tendría la última palabra.

https://www.publico.es/politica/militar-activo-firmo-manifiesto-franco-enfrenta-30-dias-arresto.html


¿Que va a hacer la cantinerita? Se admiten apuestas.
por una vez actúan con decencia, claro que Franco merece respeto como cualquier persona, como se ha respetado a los criminales carrillo y la pasionaria por ejemplo, ya esta bien
 
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