Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán

Estado
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Aquí, hablar, se habla poco. Mayormente se ladra y se manifiesta la rabia que produce el movimiento independentista, al cual, apuntándose a las teorías fáciles y acostumbradas, se destinan falsos relatos con la sola intención de desprestigiar y amedrentar. Vano intento, pero insistente.

Eso, cuando no es burlarse, ridiculizar y hacer mofa de todo cuanto huele a catalán. No digamos ya si el tufo evoca el amarillo o la inadmisible intención de abandonar España. ¡Oh! ¡Atrás, atrás, malditos herejes!

Berlanga no debería haberse muerto, hubiese hecho la película de su vida. Y no precisamente en el sentido en que lo describió Banderas.

en cuanto sale la palabra tabú (la que empieza por "i"), se vuelven tos locos. ya no hay diálogo posible.
 
Aquí, hablar, se habla poco. Mayormente se ladra y se manifiesta la rabia que produce el movimiento independentista, al cual, apuntándose a las teorías fáciles y acostumbradas, se destinan falsos relatos con la sola intención de desprestigiar y amedrentar. Vano intento, pero insistente.

Eso, cuando no es burlarse, ridiculizar y hacer mofa de todo cuanto huele a catalán. No digamos ya si el tufo evoca el amarillo o la inadmisible intención de abandonar España. ¡Oh! ¡Atrás, atrás, malditos herejes!

Berlanga no debería haberse muerto, hubiese hecho la película de su vida. Y no precisamente en el sentido en que lo describió Banderas.

Oh. Aquí "se ladra". Qué finolis, mencanta. Usted, a lo que parece, emite sonidos cristalinos envueltos en música celestial, como corresponde.

Un par de cosas, haga el favor:
1) discrepar NO es ladrar, a ver si lo da a conocer en la Dinamarca del Sur
2) "lo catalán" no es "lo secesionista". "Lo secesionista" está en la controversia pública y por lo que a mi respecta diré lo que me venga en gana, con o sin su permiso. No amedrente.
3) de falsos relatos está muy bien que hable usted, que anda en ellos al cabo de la calle como se ve.
4) abandonar España es estupendo para el que quiera hacerlo, las puertas están francas para todo el que quiere entrar y salir con arreglo con la ley; chorizar por la patilla el territorio soberano es otra cosa y cuando quiera hablamos de ello. Por si no lo había percibido.
5) la Ley de Transitoriedad es una mierda jurídica pinchada en un palo
6) iban de farol, no lo olvide

Dicho sea con todos los respetos y sin acritú, doña Berlanga.
 
El "socialista" que cada vez se siente más monárquico.

El "socialista" que se mofó en público del físico de Junqueras, ironizando, ridiculizándole y creyéndose muy ingenioso ante el público que reía sus gracietas.

:vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit::vomit:

¿Se mofó Borrell del físico de Junqueras? Me parece fatal, ¿puede traer la referencia?

Y también si tiene alguna referencia, ya puestos a pedir, de que Junqueras se haya retractado de la ideología racista del nacionalismo catalán; estaría muy bien conocerla.
Gracias anticipadas.
 
Los antisistema son ellos
No hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio

Gonzalo Boye Tuset - Abogado del equipo jurídico de los políticos catalanes en Europa
12/09/2018 - 21:46h(eldiario.es)
Tribunal-Supremo_EDIIMA20180528_0848_26.jpg

Tribunal Supremo Foto: Europa Press
La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.

Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.

Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.

Hemos enfocado esta defensa como un litigio estratégico o pleito en el que, a través de un concreto caso, se pretende cambiar una determinada realidad mediante el uso de los instrumentos jurídicos existentes. El caso catalán, sin duda, es un litigio estratégico a través del cual se puede y debe cuestionar, para modificar, una serie de problemas estructurales o sistémicos que se han puesto de manifiesto a partir de la forma en que se reprimieron las legítimas y pacíficas manifestaciones del 1-O de 2017.

Todo estado democrático está obligado, por definición, a tolerar que los ciudadanos cuestionen desde la forma de acceso a la jefatura del estado hasta los límites y extensión territorial del mismo; igualmente, todo estado democrático ha de tolerar, por definición, que los ciudadanos se reúnan, manifiesten, protesten y opinen de todo aquello que consideren oportuno y, en caso de existir algún exceso que conlleve actos violentos, estos habrán de ser reprochados de forma individualizada y proporcionada sin que se exacerbe el Derecho ni se retuerzan las normas para hacer parecer como actos de rebelión o de sedición aquello que no es más que libertad de expresión, reunión y manifestación.

Por sorprendente que parezca, dentro del ámbito europeo, el caso catalán, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto algunas de las más graves disfunciones del sistema jurídico-político español donde estamos viendo cómo un poder del Estado, o sus más altas magistraturas, carecen de cualquier tipo de contrapeso ('checks and balances') que pueda impedir que ese concreto poder sea impune, irresponsable e inviolable en el sentido de no podérsele exigir responsabilidad alguna y que, además, termine invadiendo esferas que le son impropias para de esa forma y cargándose la separación de poderes, llegar incluso a condicionar la vida y actividad política no ya de Catalunya sino, también, de España.

Las altas magistraturas judiciales en España, en función de su estructura legal, carecen de cualquier contrapeso que permita, externamente, impedir excesos y abusos y esto no solo es peligroso sino que, además, es impropio de una auténtica democracia.

Enfrentarse a esta situación, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que me ha sido encomendado por diversos ciudadanos, muchos de ellos políticos catalanes, no puede ni debe conllevar el verme sistemáticamente cuestionado y atacado, de forma virulenta, por quienes dicen defender el orden constitucional y que dicho cuestionamiento se base en los casos y personas que defiendo. Una errónea concepción de lo que es un estado democrático y de derecho lleva a confundir al defensor con el defendido cuando los abogados no defendemos personas sino derechos... sí, los derechos de determinadas personas pero a través de esas personas estamos defendiendo los derechos de todos, incluidos los de aquellos a los que tanto molesta que defendamos a unos concretos políticos catalanes.

El orden constitucional y las leyes no pueden ni deben ser interpretadas a la luz del artículo 2 de la Constitución (ese que habla de “... la indisoluble unidad de la nación española”) sino que ha de hacerse a través del prisma de los Derechos fundamentales reconocidos en igual texto y del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque así es como se debe hacer si queremos mantenernos en el ámbito democrático.

Los ataques a los abogados, en esta ocasión me ha tocado a mí pero le podría tocar a cualquier otro que defienda esta u otra causa incómoda para el poder, no son más que ataques a los pilares fundamentales de cualquier estado democrático y de derecho y reflejan que los auténticos antisistema no somos los que con mayor o menor acierto defendemos los intereses que se nos han encomendado sino aquellos que, abusando de la posición institucional que ocupan, avanzan a paso firme hacia la destrucción de los pilares esenciales de un estado democrático y de derecho.

La democracia es mucho más que votar cada tantos años y solo en situaciones de crisis es posible evaluar si un determinado estado es auténticamente democrático o, por el contrario, lo es en lo formal, en apariencia. En el caso de los políticos catalanes está quedando en evidencia que para salvaguardar la sacrosanta e indisoluble unidad de la nación española están dispuestos a sacrificar no solo el derecho al juez imparcial o el derecho al proceso debido sino, también, el derecho de defensa y arrastrarnos, irremediablemente, hacia una clara destrucción del Estado democrático y de derecho.

Quienes defendemos, con todos los instrumentos legales propios de un Estado democrático y de derecho, sólo estamos apostando por mantenernos en un marco de respeto de las garantías y derechos fundamentales y, sin duda, quienes nos están atacando lo hacen porque no les importan ni derechos ni libertades sino única y exclusivamente un estado de situación en el que se sienten cómodos... no hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio.

Como abogado defiendo el derecho de defensa que es patrimonio de todo ser humano y sólo los auténticos antisistema pueden pensar que el derecho de defensa es patrimonio de unos pocos y, peor aún, que sean las altas magistraturas las que puedan decidir quién es digno de ser defendido, por quién debe serlo y cómo ha de serlo. Mi compromiso con los derechos fundamentales es inalterable y ni antes ni ahora me van a intimidar.

Un terrorista convicto llamando antisistemas a los demás. No lo puedo creer.

Qué grande.
 
¿Se sabe algo de quién paga la defensa de Trapero? Ah no, era una pregunta parlamentaria y está cerrado el Parlamento hasta que Puchi deje de llorar por estar inhabilitado y sin escolta oficial.


El Parlamento NO ESTA CERRADO. Estan trabajando las comisiones, las sesiones del Parlament comenzaran en octubre como ha venido haciendo la mayoria de años.
 
oyooyoyoyoy, que los del Pdacat quieren negociar el futuro de Cataluña "dentro de los márgenes del ordenamiento vigente", proposicón de Ley, el SOE se suma, ERC dice que se lo piensa, vienen los de la CUP y las redes sociales, BOTIFLÉS, se retira, aquí no ha pasado nada. El día de hoy en el registro de el Congreso. Un poco de seriedad, que después el patio de guardería SEMOS los demás.


No es exactamente como escribes.
 
Con el dinero propio de Catalunya, que ya no tendremos que repartir con el imperio.
Un detallito "sin importancia"..

El dinero de Catalunya, se lo dan España y Europa. No tienes más que consultar la deuda que teneís con España por el dinero prestado (no asignado) en los últimos 43 años...

Para que te hagas una idea, Si se le diera a Cantabría el mismo dinero que a se os ha dado a vosotros por ambos conceptos, los perros irían por la calle con collares de oro macizo.
 
Unió De Mossos Per la Constitució

El Modelo de Protocolo de Usos lingüísticos de la Generalitat de Cataluña, en vigor desde 2010, dice entre sus artículos las siguientes obligaciones:

- SE HA DE USAR el catalán en las comunicaciones orales
- La lengua de comunicación ENTRE EL PERSONAL ha de ser el catalán
- Tanto si la conversación la inicia el usuario como el personal, esta SE MANTENDRÁ EN CATALÁN, independientemente de la lengua que utilice el interlocutor
- SE HA DE USAR EL CATALÁN en las comunicaciones escritas.

El Tribunal Constitucional ya eliminó de este protocolo el uso preferente del catalán como lengua de la administración por encima del castellano. Y una sentencia del TSJC en 2016 anuló totalmente los dos primeros artículos.

Aún así la administración de la Generalitat sigue cumpliendo con el protocolo de usos lingüísticos pese a estar limitado por los tribunales, coartando de esta manera el derecho al funcionario que decide libremente usar el castellano estando en uso de su cargo, tal y como le ampara nuestra Constitución Española.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, artículo 3: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.



 
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