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Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán
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No mujer. Que dicen las indepes que no está cerrado, que es falso de toda falsedad. Y que cualquier día ya si eso hasta dejan entrar a la oposición.
Mejor léete tú la Ley de Transitoriedad y mira a ver si eres capaz de atar cabos.
Aunque aviso que trae mucha letra junta, poca ilustración (en los dos sentidos de la palabra) y cero anáforas.
P
paulino
Guest
Oys, la Ley de Transitoriedad, esa aberración jurídica de la que nadie quiere hacerse responsable.
O
Ondina
Guest
gracias por los ánimos, tranquila que no pienso desistir, voy a seguir sacando a Franco en procesión las veces que haga falta dado que Franco es el referente del nacionalismo español. ¿O es que crees que este hilo es sólo para hablar de un nacionalismo en particular (el catalán), obviando la otra cara de la moneda (el español)?
Franquismo y nacionalismo español están inextricablemente unidos, lo vemos a diario a poco que una sea observadora. Así que tú a tu megáfono y yo al mío. Para hacer observaciones personales y/o psicoanalizar foreros busca otro foro, te recuerdo que va contra las normas de éste.
El caso es que la situación en Cataluña hoy no se puede entender / explicar sin hacer referencia a la Historia reciente de este país: la guerra civil, cuarenta años de dictadura y la Transición. Una Transición inacabada, por cierto. Y ahí está la madre del cordero.
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En cuanto al dinero, gracias por poner negro sobre blanco la insolidaridad propia del nacionalismo y en cuento al imperio... ¿Qué imperio? ¿el austro-húngaro?
La carretera tiene dos direcciones. También se acabaría el FLA del que se nutre Cataluña.
Los antisistema son ellos
No hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio
Gonzalo Boye Tuset - Abogado del equipo jurídico de los políticos catalanes en Europa
12/09/2018 - 21:46h(eldiario.es)
Tribunal Supremo Foto: Europa Press
La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.
Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.
Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.
Hemos enfocado esta defensa como un litigio estratégico o pleito en el que, a través de un concreto caso, se pretende cambiar una determinada realidad mediante el uso de los instrumentos jurídicos existentes. El caso catalán, sin duda, es un litigio estratégico a través del cual se puede y debe cuestionar, para modificar, una serie de problemas estructurales o sistémicos que se han puesto de manifiesto a partir de la forma en que se reprimieron las legítimas y pacíficas manifestaciones del 1-O de 2017.
Todo estado democrático está obligado, por definición, a tolerar que los ciudadanos cuestionen desde la forma de acceso a la jefatura del estado hasta los límites y extensión territorial del mismo; igualmente, todo estado democrático ha de tolerar, por definición, que los ciudadanos se reúnan, manifiesten, protesten y opinen de todo aquello que consideren oportuno y, en caso de existir algún exceso que conlleve actos violentos, estos habrán de ser reprochados de forma individualizada y proporcionada sin que se exacerbe el Derecho ni se retuerzan las normas para hacer parecer como actos de rebelión o de sedición aquello que no es más que libertad de expresión, reunión y manifestación.
Por sorprendente que parezca, dentro del ámbito europeo, el caso catalán, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto algunas de las más graves disfunciones del sistema jurídico-político español donde estamos viendo cómo un poder del Estado, o sus más altas magistraturas, carecen de cualquier tipo de contrapeso ('checks and balances') que pueda impedir que ese concreto poder sea impune, irresponsable e inviolable en el sentido de no podérsele exigir responsabilidad alguna y que, además, termine invadiendo esferas que le son impropias para de esa forma y cargándose la separación de poderes, llegar incluso a condicionar la vida y actividad política no ya de Catalunya sino, también, de España.
Las altas magistraturas judiciales en España, en función de su estructura legal, carecen de cualquier contrapeso que permita, externamente, impedir excesos y abusos y esto no solo es peligroso sino que, además, es impropio de una auténtica democracia.
Enfrentarse a esta situación, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que me ha sido encomendado por diversos ciudadanos, muchos de ellos políticos catalanes, no puede ni debe conllevar el verme sistemáticamente cuestionado y atacado, de forma virulenta, por quienes dicen defender el orden constitucional y que dicho cuestionamiento se base en los casos y personas que defiendo. Una errónea concepción de lo que es un estado democrático y de derecho lleva a confundir al defensor con el defendido cuando los abogados no defendemos personas sino derechos... sí, los derechos de determinadas personas pero a través de esas personas estamos defendiendo los derechos de todos, incluidos los de aquellos a los que tanto molesta que defendamos a unos concretos políticos catalanes.
El orden constitucional y las leyes no pueden ni deben ser interpretadas a la luz del artículo 2 de la Constitución (ese que habla de “... la indisoluble unidad de la nación española”) sino que ha de hacerse a través del prisma de los Derechos fundamentales reconocidos en igual texto y del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque así es como se debe hacer si queremos mantenernos en el ámbito democrático.
Los ataques a los abogados, en esta ocasión me ha tocado a mí pero le podría tocar a cualquier otro que defienda esta u otra causa incómoda para el poder, no son más que ataques a los pilares fundamentales de cualquier estado democrático y de derecho y reflejan que los auténticos antisistema no somos los que con mayor o menor acierto defendemos los intereses que se nos han encomendado sino aquellos que, abusando de la posición institucional que ocupan, avanzan a paso firme hacia la destrucción de los pilares esenciales de un estado democrático y de derecho.
La democracia es mucho más que votar cada tantos años y solo en situaciones de crisis es posible evaluar si un determinado estado es auténticamente democrático o, por el contrario, lo es en lo formal, en apariencia. En el caso de los políticos catalanes está quedando en evidencia que para salvaguardar la sacrosanta e indisoluble unidad de la nación española están dispuestos a sacrificar no solo el derecho al juez imparcial o el derecho al proceso debido sino, también, el derecho de defensa y arrastrarnos, irremediablemente, hacia una clara destrucción del Estado democrático y de derecho.
Quienes defendemos, con todos los instrumentos legales propios de un Estado democrático y de derecho, sólo estamos apostando por mantenernos en un marco de respeto de las garantías y derechos fundamentales y, sin duda, quienes nos están atacando lo hacen porque no les importan ni derechos ni libertades sino única y exclusivamente un estado de situación en el que se sienten cómodos... no hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio.
Como abogado defiendo el derecho de defensa que es patrimonio de todo ser humano y sólo los auténticos antisistema pueden pensar que el derecho de defensa es patrimonio de unos pocos y, peor aún, que sean las altas magistraturas las que puedan decidir quién es digno de ser defendido, por quién debe serlo y cómo ha de serlo. Mi compromiso con los derechos fundamentales es inalterable y ni antes ni ahora me van a intimidar.
No hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio
Gonzalo Boye Tuset - Abogado del equipo jurídico de los políticos catalanes en Europa
12/09/2018 - 21:46h(eldiario.es)
Tribunal Supremo Foto: Europa Press
La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.
Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.
Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.
Hemos enfocado esta defensa como un litigio estratégico o pleito en el que, a través de un concreto caso, se pretende cambiar una determinada realidad mediante el uso de los instrumentos jurídicos existentes. El caso catalán, sin duda, es un litigio estratégico a través del cual se puede y debe cuestionar, para modificar, una serie de problemas estructurales o sistémicos que se han puesto de manifiesto a partir de la forma en que se reprimieron las legítimas y pacíficas manifestaciones del 1-O de 2017.
Todo estado democrático está obligado, por definición, a tolerar que los ciudadanos cuestionen desde la forma de acceso a la jefatura del estado hasta los límites y extensión territorial del mismo; igualmente, todo estado democrático ha de tolerar, por definición, que los ciudadanos se reúnan, manifiesten, protesten y opinen de todo aquello que consideren oportuno y, en caso de existir algún exceso que conlleve actos violentos, estos habrán de ser reprochados de forma individualizada y proporcionada sin que se exacerbe el Derecho ni se retuerzan las normas para hacer parecer como actos de rebelión o de sedición aquello que no es más que libertad de expresión, reunión y manifestación.
Por sorprendente que parezca, dentro del ámbito europeo, el caso catalán, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto algunas de las más graves disfunciones del sistema jurídico-político español donde estamos viendo cómo un poder del Estado, o sus más altas magistraturas, carecen de cualquier tipo de contrapeso ('checks and balances') que pueda impedir que ese concreto poder sea impune, irresponsable e inviolable en el sentido de no podérsele exigir responsabilidad alguna y que, además, termine invadiendo esferas que le son impropias para de esa forma y cargándose la separación de poderes, llegar incluso a condicionar la vida y actividad política no ya de Catalunya sino, también, de España.
Las altas magistraturas judiciales en España, en función de su estructura legal, carecen de cualquier contrapeso que permita, externamente, impedir excesos y abusos y esto no solo es peligroso sino que, además, es impropio de una auténtica democracia.
Enfrentarse a esta situación, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que me ha sido encomendado por diversos ciudadanos, muchos de ellos políticos catalanes, no puede ni debe conllevar el verme sistemáticamente cuestionado y atacado, de forma virulenta, por quienes dicen defender el orden constitucional y que dicho cuestionamiento se base en los casos y personas que defiendo. Una errónea concepción de lo que es un estado democrático y de derecho lleva a confundir al defensor con el defendido cuando los abogados no defendemos personas sino derechos... sí, los derechos de determinadas personas pero a través de esas personas estamos defendiendo los derechos de todos, incluidos los de aquellos a los que tanto molesta que defendamos a unos concretos políticos catalanes.
El orden constitucional y las leyes no pueden ni deben ser interpretadas a la luz del artículo 2 de la Constitución (ese que habla de “... la indisoluble unidad de la nación española”) sino que ha de hacerse a través del prisma de los Derechos fundamentales reconocidos en igual texto y del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque así es como se debe hacer si queremos mantenernos en el ámbito democrático.
Los ataques a los abogados, en esta ocasión me ha tocado a mí pero le podría tocar a cualquier otro que defienda esta u otra causa incómoda para el poder, no son más que ataques a los pilares fundamentales de cualquier estado democrático y de derecho y reflejan que los auténticos antisistema no somos los que con mayor o menor acierto defendemos los intereses que se nos han encomendado sino aquellos que, abusando de la posición institucional que ocupan, avanzan a paso firme hacia la destrucción de los pilares esenciales de un estado democrático y de derecho.
La democracia es mucho más que votar cada tantos años y solo en situaciones de crisis es posible evaluar si un determinado estado es auténticamente democrático o, por el contrario, lo es en lo formal, en apariencia. En el caso de los políticos catalanes está quedando en evidencia que para salvaguardar la sacrosanta e indisoluble unidad de la nación española están dispuestos a sacrificar no solo el derecho al juez imparcial o el derecho al proceso debido sino, también, el derecho de defensa y arrastrarnos, irremediablemente, hacia una clara destrucción del Estado democrático y de derecho.
Quienes defendemos, con todos los instrumentos legales propios de un Estado democrático y de derecho, sólo estamos apostando por mantenernos en un marco de respeto de las garantías y derechos fundamentales y, sin duda, quienes nos están atacando lo hacen porque no les importan ni derechos ni libertades sino única y exclusivamente un estado de situación en el que se sienten cómodos... no hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio.
Como abogado defiendo el derecho de defensa que es patrimonio de todo ser humano y sólo los auténticos antisistema pueden pensar que el derecho de defensa es patrimonio de unos pocos y, peor aún, que sean las altas magistraturas las que puedan decidir quién es digno de ser defendido, por quién debe serlo y cómo ha de serlo. Mi compromiso con los derechos fundamentales es inalterable y ni antes ni ahora me van a intimidar.
opinión
Fiscales en la M-30
Elisa Beni (El Nacional)
Madrid. Miércoles, 12 de septiembre de 2018
4 minutos
“Me siento como si fuera un kamikaze que fuera en sentido contrario por la M-30”. La frase pertenece a un fiscal de los que pisa moqueta en la Villa y Corte. No es el único y, al pronunciarla, no hablaba de posibles delitos contra la seguridad vial. No. Lo que no sin desconcierto me refería tenía que ver con la inmensa soledad personal y profesional que sienten aquellos fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente. Existen, puedo dar fe, pero cada vez están más callados. Tienen unos claros argumentos jurídicos, que en su día fueron compartidos públicamente por cerca de 200 profesores y catedráticos y, aun así, saben que nadan contra corriente y, lo que es peor, que de la decisión de mantener en alto su voz crítica solo se derivarían perjuicios que no están compensados por la posibilidad de que prime la cordura. “Es un disparate que ya es muy difícil de parar, muy difícil; tengo la sensación de que la carrera ha entrado en bucle. De verdad, la posición dentro de la carrera de que los hechos encajan en el delito de rebelión es abrumadora”, comenta otra voz en sordina. Esas voces antes no eran tan difíciles de hallar ni su postura personal y técnica estaba tan estigmatizada. No lo estaba hasta el punto de que, incluso manteniéndolas, esas voces han pasado a una vida mejor. Actualmente, sin embargo, tal y como bajan las aguas, ni desde esa vida medrada podrían hacer valer su posición tal y como la exponían cuando eran fiscales de trinchera. La lógica del poder.
Esta espiral del silencio, que ha acallado las voces críticas que hace unos meses se dejaban oír en foros jurídicos y en conversaciones informales, no ha hecho sino crecer y no es posible entender cuál es la posición actual de la Fiscalía ni la dificultad real para que se produzca cualquier tipo de variación en su postura sin tener en cuenta estas circunstancias. Hay demasiada gente atada de pies y manos, no solo por el momento político y los personales intereses, sino también por la fuerza fáctica que se deriva de esta opinión solidificada como hormigón dentro de la carrera fiscal. Así las cosas, la nueva fiscal general, María José Segarra, tiene un margen de maniobra limitado. Como el Gobierno. Algo que en parte ya era evidente antes de su nombramiento.
Los fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente sienten una inmensa soledad
La acusación por rebelión en el Tribunal Supremo está sostenida por algunos de los tótems de la carrera fiscal. De los cuatro destacan Zaragoza y Madrigal, cada uno procedente de un sector ideológico, que han mostrado la mayor determinación en no moverse ni un milímetro de la acusación de conveniencia enjaretada por el difunto Maza. Tan es así que no es ningún secreto que cuando Sánchez-Melgar, fiscal general conocido como El Efímero, pensó que había motivos para no solicitar el mantenimiento de la prisión de Joaquim Forn, los poderosos que lo fueron y que lo son en la Fiscalía del Tribunal Supremo le mantuvieron el pulso a las claras y le hicieron dar la orden por escrito para manifestar en Sala que lo hacían solo por imperativo legal. El aviso no pudo ser más claro. ¿Alguien cree que un fiscal general del Estado podría intentar cambiar la calificación antes del juicio a sabiendas de que esa sería la reacción, y con la práctica totalidad de la carrera cerrando filas con los supremos? Lo cierto es que no. Segarra se debe además a la idea de la independencia fiscal respecto a los vaivenes políticos y tampoco tiene otro remedio que aferrarse a ella, incluso si el resultado de tal coherencia no fuera el que en su fuero interno anida. Eso sin contemplar las consecuencias políticas y electorales que ello tendría para el partido en el Gobierno. Por esta razón, algunas lenguas viperinas y críticas consideran que solo una salida por elevación a golosos destinos que cambiara a los acusadores permitiría despejar el campo para que cupieran otras calificaciones más ajustadas a la realidad de lo sucedido y a la realidad de nuestro Código Penal. Fantasear con un copazo en la mano es fácil incluso en Madrid.
El núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo considera absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición
Acaba de saberse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia que propone acusar ahora también por rebelión al major Trapero y a la excúpula del Departament d’Interior, a la vez que afirma que se trata de un movimiento de endurecimiento pactado con la Fiscalía del Tribunal Supremo y con la propia Segarra. No creo yo que este movimiento de los fiscales de la Audiencia Nacional vaya a tener un respaldo claro. Esa atribución a una coordinación con el núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo me ha sido totalmente desmentida. Es más, desde ese núcleo duro lo que se me hace llegar es que consideran absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición. ¡Los del Supremo no lo ven! Así que esta finta final de la cúpula fiscal de la Audiencia Nacional no tiene por qué encontrar eco en sus superiores, si bien es cierto que, técnicamente, aun habiendo cerrado Lamela el caso por sedición, puede variarse, ya que el procesamiento condiciona los hechos y las personas, pero no su calificación jurídica y, por lo tanto, no amarra al fiscal. ¿Por qué intentar ahora ese endurecimiento? Las conjeturas pueden abarcar un amplio abanico que iría desde el apuntarse al carro de la extrema acusación patriótica —tan extendido y bien visto en la carrera— a, como dicen algunas malas lenguas, evitarse el trabajo de hacer el escrito de acusación, “inspirándose” en el que presenten en el Supremo. A saber. Lo de por qué han decidido filtrarlo quizá sea más fácil de intuir porque permitía presionar a Segarra desde la opinión pública, que tan proclive es a la aplicación del castigo máximo a los pérfidos independentistas. No es fácil, no obstante, que prospere. Ni por la fiscal general del Estado ni, como queda dicho, por el correoso núcleo acusatorio que permanece en esa primera línea de defensa de la amenazada unidad de la patria.
Aunque es imposible predecir nada ya ni siquiera aplicando la lógica porque, como susurraba una fiscal que no se sienta lejos de Segarra, “aunque haya quien tenga claro que la acusación penal ha servido para pararles los pies a los secesionistas, lo cierto es que la democracia no tiene atajos y que esta locura la vamos a pagar”.
Fiscales en la M-30
Elisa Beni (El Nacional)
Madrid. Miércoles, 12 de septiembre de 2018
4 minutos
“Me siento como si fuera un kamikaze que fuera en sentido contrario por la M-30”. La frase pertenece a un fiscal de los que pisa moqueta en la Villa y Corte. No es el único y, al pronunciarla, no hablaba de posibles delitos contra la seguridad vial. No. Lo que no sin desconcierto me refería tenía que ver con la inmensa soledad personal y profesional que sienten aquellos fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente. Existen, puedo dar fe, pero cada vez están más callados. Tienen unos claros argumentos jurídicos, que en su día fueron compartidos públicamente por cerca de 200 profesores y catedráticos y, aun así, saben que nadan contra corriente y, lo que es peor, que de la decisión de mantener en alto su voz crítica solo se derivarían perjuicios que no están compensados por la posibilidad de que prime la cordura. “Es un disparate que ya es muy difícil de parar, muy difícil; tengo la sensación de que la carrera ha entrado en bucle. De verdad, la posición dentro de la carrera de que los hechos encajan en el delito de rebelión es abrumadora”, comenta otra voz en sordina. Esas voces antes no eran tan difíciles de hallar ni su postura personal y técnica estaba tan estigmatizada. No lo estaba hasta el punto de que, incluso manteniéndolas, esas voces han pasado a una vida mejor. Actualmente, sin embargo, tal y como bajan las aguas, ni desde esa vida medrada podrían hacer valer su posición tal y como la exponían cuando eran fiscales de trinchera. La lógica del poder.
Esta espiral del silencio, que ha acallado las voces críticas que hace unos meses se dejaban oír en foros jurídicos y en conversaciones informales, no ha hecho sino crecer y no es posible entender cuál es la posición actual de la Fiscalía ni la dificultad real para que se produzca cualquier tipo de variación en su postura sin tener en cuenta estas circunstancias. Hay demasiada gente atada de pies y manos, no solo por el momento político y los personales intereses, sino también por la fuerza fáctica que se deriva de esta opinión solidificada como hormigón dentro de la carrera fiscal. Así las cosas, la nueva fiscal general, María José Segarra, tiene un margen de maniobra limitado. Como el Gobierno. Algo que en parte ya era evidente antes de su nombramiento.
Los fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente sienten una inmensa soledad
La acusación por rebelión en el Tribunal Supremo está sostenida por algunos de los tótems de la carrera fiscal. De los cuatro destacan Zaragoza y Madrigal, cada uno procedente de un sector ideológico, que han mostrado la mayor determinación en no moverse ni un milímetro de la acusación de conveniencia enjaretada por el difunto Maza. Tan es así que no es ningún secreto que cuando Sánchez-Melgar, fiscal general conocido como El Efímero, pensó que había motivos para no solicitar el mantenimiento de la prisión de Joaquim Forn, los poderosos que lo fueron y que lo son en la Fiscalía del Tribunal Supremo le mantuvieron el pulso a las claras y le hicieron dar la orden por escrito para manifestar en Sala que lo hacían solo por imperativo legal. El aviso no pudo ser más claro. ¿Alguien cree que un fiscal general del Estado podría intentar cambiar la calificación antes del juicio a sabiendas de que esa sería la reacción, y con la práctica totalidad de la carrera cerrando filas con los supremos? Lo cierto es que no. Segarra se debe además a la idea de la independencia fiscal respecto a los vaivenes políticos y tampoco tiene otro remedio que aferrarse a ella, incluso si el resultado de tal coherencia no fuera el que en su fuero interno anida. Eso sin contemplar las consecuencias políticas y electorales que ello tendría para el partido en el Gobierno. Por esta razón, algunas lenguas viperinas y críticas consideran que solo una salida por elevación a golosos destinos que cambiara a los acusadores permitiría despejar el campo para que cupieran otras calificaciones más ajustadas a la realidad de lo sucedido y a la realidad de nuestro Código Penal. Fantasear con un copazo en la mano es fácil incluso en Madrid.
El núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo considera absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición
Acaba de saberse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia que propone acusar ahora también por rebelión al major Trapero y a la excúpula del Departament d’Interior, a la vez que afirma que se trata de un movimiento de endurecimiento pactado con la Fiscalía del Tribunal Supremo y con la propia Segarra. No creo yo que este movimiento de los fiscales de la Audiencia Nacional vaya a tener un respaldo claro. Esa atribución a una coordinación con el núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo me ha sido totalmente desmentida. Es más, desde ese núcleo duro lo que se me hace llegar es que consideran absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición. ¡Los del Supremo no lo ven! Así que esta finta final de la cúpula fiscal de la Audiencia Nacional no tiene por qué encontrar eco en sus superiores, si bien es cierto que, técnicamente, aun habiendo cerrado Lamela el caso por sedición, puede variarse, ya que el procesamiento condiciona los hechos y las personas, pero no su calificación jurídica y, por lo tanto, no amarra al fiscal. ¿Por qué intentar ahora ese endurecimiento? Las conjeturas pueden abarcar un amplio abanico que iría desde el apuntarse al carro de la extrema acusación patriótica —tan extendido y bien visto en la carrera— a, como dicen algunas malas lenguas, evitarse el trabajo de hacer el escrito de acusación, “inspirándose” en el que presenten en el Supremo. A saber. Lo de por qué han decidido filtrarlo quizá sea más fácil de intuir porque permitía presionar a Segarra desde la opinión pública, que tan proclive es a la aplicación del castigo máximo a los pérfidos independentistas. No es fácil, no obstante, que prospere. Ni por la fiscal general del Estado ni, como queda dicho, por el correoso núcleo acusatorio que permanece en esa primera línea de defensa de la amenazada unidad de la patria.
Aunque es imposible predecir nada ya ni siquiera aplicando la lógica porque, como susurraba una fiscal que no se sienta lejos de Segarra, “aunque haya quien tenga claro que la acusación penal ha servido para pararles los pies a los secesionistas, lo cierto es que la democracia no tiene atajos y que esta locura la vamos a pagar”.
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Franco no es el referente de nada en el Estado español desde hace décadas, concretamente desde que se votó y aprobó la Constitución española.
Sí que puede que sea el referente para los indepes cerriles, demagogos podemitas, etarras reinsertados y fauna análoga, que así justifica sus tropelías y sus asesinatos, y para toda la chusma que los defiende, que vive obsesionada con su fantasma. Pero para la gente demócrata Franco no es nada ni nadie.
Y ya sabes, al Supersol con el impermeable amarillo a pasear a la momia, que hoy es día propicio.
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