Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán

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El Gobierno prohibió a Policía y Guardia Civil mostrar vídeos de las agresiones sufridas el 1-O

Interior contaba con imágenes que demostraban la violencia empleada por los separatistas el 1-O pero el Gobierno prefirió que no se difundiesen.

Mientras las redes sociales, las televisiones y la prensa de medio mundo se llenaban de vídeos y fotografías difundiendo la supuesta brutalidad policial que se había empleado contra el referéndum ilegal, Moncloa impedía que Policía y Guardia Civil hiciesen públicas numerosas grabaciones en las que se mostraba la violencia ejercida durante la jornada contra las fuerzas del orden.

Según la información de El Independiente, la orden partió de la Secretaría de Estado de Comunicación, que dio instrucciones a los responsables de Interior para adoptar un "perfil bajo" y no hacer más grande la bola de nieve ya en marcha en medios y redes. El resultado fue, por el contrario, que sin elementos que lo desmintiesen el relato separatista se adueñó del escenario.

Las imágenes habían sido grabadas por agentes de ambos cuerpos vestidos de paisano y ahora sí se han incorporado a un atestado que ya forma parte de la causa por sedición que instruye Carmen Lamela contra Josep Lluis Trapero. El motivo que desde el Gobierno se aduce para no haberlas usado en su momento es que se recibieron 24 horas después del 1 de octubre.

 
Ofensiva de la fiscalía y el bloque del 155 por criminalizar a los CDR
Sánchez y Rivera piden a Rajoy que actúe y el ministerio público estudia querellarse por rebelión

MARIONA FERRER Y FORNELLS MIREIA ESTEVE Madrid / Barcelona 04/03/2018 12:00

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Protesta de los CDR el 23 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / PERE VIRGILI

El frente judicial y político contra el independentismo se conjura para criminalizar a los Comités de Defensa de la República (CDR), las asambleas locales nacidas el 1-O que apuestan por la acción directa desde la desobediencia pacífica y que han protagonizado los cortes de carreteras y las levantadas de barreras de peajes de los últimos días en protesta por la retención de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de más líderes soberanistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció anoche que actuará contra las "intolerables actuaciones" de los autores y promotores "de actos vandálicos" que "ponen en peligro la paz pública y la esencia del sistema democrático". Con el aval de la Fiscalía General del Estado,

La respuesta del ministerio público llegó sólo horas después de que los líderes del PSOE y Ciudadanos pidieran al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actuar contra los CDR, a quien el unionismo tacha al unísono de nueva kale borroka. Para Pedro Sánchez, Cataluña se enfrenta a "elementos radicales", mientras que para Albert Rivera estamos ante "comandos separatistas". Mientras socialistas y el partido naranja apuntaban al gobierno del 155, el PP responsabilizaba los "cuadros intermedios" de los Mossos por no haber parado las acciones en peajes, como el de la AP-7 en La Roca del Vallès o ayer a Sitges, durante media hora, al de la C-32. "Alguien no está haciendo su trabajo", señaló el vicesecretario de políticas sociales del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE. Maroto justificó que no se destituyera, en su momento, estos cuadros intermedios, pensando que la intervención de la Generalitat duraría poco tiempo.

El bloque del 155 afana en abonar la tesis del juez Pablo Llarena -la que afirma que el independentismo es violento- y quiere justificar así el delito de rebelión en una semana clave en Alemania para decidir la extradición de Puigdemont. Y los CDR se han convertido en el principal pretexto de PP, PSOE y Cs para criminalizar el independentismo, aunque sólo protagonizan manifestaciones no violentas -las acciones más denunciadas en Madrid es que cientos de coches no pagaran el peaje en plena operación retorno de Semana Santa-. Rivera aseguró en rueda de prensa tras la ejecutiva de Cs que "la movilidad está en juego por unos comandos violentos que intentan condicionar la vida de todos los catalanes". Sánchez, a su vez,



Sin una cara visible


El principal problema de la fiscalía, ahora mismo, es identificar a los responsables de los CDR. Es imposible presentar una querella por rebelión contra un grupo indefinido de personas. A pesar de que las fuerzas de seguridad españolas investigan desde hace medio año las presuntas "actividades coercitivas" de los comités, no han filtrado hasta ahora ninguna lista de nombres que puedan tener que enfrentarse a una querella por rebelión, malversación o delitos por desobediencia. De hecho, de momento, todos los miembros de los CDR detenidos han declarado siempre en instancias judiciales catalanas y por presuntos delitos de orden público, atentado contra agentes de la autoridad e incitación al odio.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional justifica la apertura de diligencias para que, "más allá de las meras y concretas acciones individuales", se está intentando "amparar y enaltecer con violencia" personas "judicialmente investigadas por los más graves delitos que puedan dar -se en un estado social y democrático de derecho ". Y por eso se compromete a "actuar con contundencia" llevando los investigados ante la justicia por el delito máximo de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, tal y como ya hizo el ex fiscal general Estado José Manuel Maza contra el Gobierno y líderes civiles de los soberanismo. Con el ANC y Òmnium Cultural descabezadas en octubre y limitadas las movilizaciones, el ministerio público busca así poner el miedo en el cuerpo al nuevo actor independentista que apuesta por la acción directa.



"No tendrán cárceles para todos"


Los CDR respondieron ayer a la amenaza de la fiscalía pidiendo seguir "luchando" sin "miedo". En un cómic difundido en Twitter con el hashtag # mésviusquemai, recuerdan que, a diferencia de la ANC y Òmnium, no son "ninguna entidad" sino el "pueblo organizado". Aseguran que "el poder despótico no tiene pruebas para demostrar nada" y que utilizan noticias de este tipo para "asustar y desmovilizar", pero que anuncios como los del ministerio público prueben que "por el buen camino" porque "el miedo ha cambiado de bando ". Ahora bien, piden cuidar la seguridad y seguir las "indicaciones antirepresivas". "No tendrán cárceles para todo un pueblo en pie de lucha", concluye el texto.

Desde los partidos independentistas, diferentes voces apoyaron los CDR. El primero en hacerlo fue el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián. "Vandalismo es lo que se hizo con el 155 en el Senado y no lo que hacen los CDR en la calle", pió. Desde la CUP se pidió detener la "criminalización del pueblo". El diputado de Juntos por Cataluña Quim Torra instó a la gente a implicarse en su comité más cercano después de conocer el comunicado de la fiscalía. Fuentes del ministerio público aseguraban ayer que apenas se han abierto diligencias y que una querella no será, en ningún caso, inminente porque falta investigar más.



Medio año en el punto de mira de la policía y la justicia


Noviembre: identificación

El 1-O y el paro del 3-O significaron la eclosión de los CDR, pero los cortes del 8-N fueron la gran prueba de fuego. Las fuerzas de seguridad comenzaron a identificar entonces miembros para entender su funcionamiento.

Diciembre: investigación

Las siglas de los CDR aparecen por primera vez en una providencia del juez del Supremo Pablo Llarena, en la que pide a la Guardia Civil conocer sus actividades e identificar a sus responsables.

Enero: denuncia

Llarena ordena nuevas diligencias, en concreto, para investigar una reunión "supramunicipal" del CDR de Igualada en octubre. En paralelo, las fuerzas de seguridad del Estado filtran que investigan los comités para llevar a cabo "actividades coercitivas".

Febrero: detenciones

Los Mossos detienen hasta 14 miembros de los CDR el 23 de febrero por una acción en la que se encadenaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para denunciar la "represión del Estado" contra el independentismo.

Marzo y abril: amenaza

El unionismo aferra a la ola de protestas por el encarcelamiento de Carles Puigdemont y más consejeros para vincular independentismo con violencia. La fiscalía anuncia una investigación y amenaza con querellarse por rebelión contra los CDR.

https://www.ara.cat/politica/Ofensiva-fiscalia-bloc-criminalitzar-CDR_0_1990001051.html


Que identifiquen y que se hagan públicos los nombres de los que provocan altercados. A lo mejor no lo hacen porque no interesa ...ya que son gente infiltrada y pertenecen a un colectivo conocido.

Es mejor criminalizar en grupo y no identificar con nombre y apellidos a los culpables como ocurrió en Lavapies la famosa noche de los encapuchados.

Nadie sabe quienes son, sus nombres. Se sabe que entre ellos había una mujer y un menor pero de nombres na de na por si acaso alguien les recuerda que pertenecen a....X, y no a la izquierda radical o partidos políticos de izquierda.
 
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Ofensiva de la fiscalía y el bloque del 155 por criminalizar a los CDR
Sánchez y Rivera piden a Rajoy que actúe y el ministerio público estudia querellarse por rebelión

MARIONA FERRER Y FORNELLS MIREIA ESTEVE Madrid / Barcelona 04/03/2018 12:00

147

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Protesta de los CDR el 23 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / PERE VIRGILI

El frente judicial y político contra el independentismo se conjura para criminalizar a los Comités de Defensa de la República (CDR), las asambleas locales nacidas el 1-O que apuestan por la acción directa desde la desobediencia pacífica y que han protagonizado los cortes de carreteras y las levantadas de barreras de peajes de los últimos días en protesta por la retención de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de más líderes soberanistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció anoche que actuará contra las "intolerables actuaciones" de los autores y promotores "de actos vandálicos" que "ponen en peligro la paz pública y la esencia del sistema democrático". Con el aval de la Fiscalía General del Estado,

La respuesta del ministerio público llegó sólo horas después de que los líderes del PSOE y Ciudadanos pidieran al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actuar contra los CDR, a quien el unionismo tacha al unísono de nueva kale borroka. Para Pedro Sánchez, Cataluña se enfrenta a "elementos radicales", mientras que para Albert Rivera estamos ante "comandos separatistas". Mientras socialistas y el partido naranja apuntaban al gobierno del 155, el PP responsabilizaba los "cuadros intermedios" de los Mossos por no haber parado las acciones en peajes, como el de la AP-7 en La Roca del Vallès o ayer a Sitges, durante media hora, al de la C-32. "Alguien no está haciendo su trabajo", señaló el vicesecretario de políticas sociales del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE. Maroto justificó que no se destituyera, en su momento, estos cuadros intermedios, pensando que la intervención de la Generalitat duraría poco tiempo.

El bloque del 155 afana en abonar la tesis del juez Pablo Llarena -la que afirma que el independentismo es violento- y quiere justificar así el delito de rebelión en una semana clave en Alemania para decidir la extradición de Puigdemont. Y los CDR se han convertido en el principal pretexto de PP, PSOE y Cs para criminalizar el independentismo, aunque sólo protagonizan manifestaciones no violentas -las acciones más denunciadas en Madrid es que cientos de coches no pagaran el peaje en plena operación retorno de Semana Santa-. Rivera aseguró en rueda de prensa tras la ejecutiva de Cs que "la movilidad está en juego por unos comandos violentos que intentan condicionar la vida de todos los catalanes". Sánchez, a su vez,



Sin una cara visible


El principal problema de la fiscalía, ahora mismo, es identificar a los responsables de los CDR. Es imposible presentar una querella por rebelión contra un grupo indefinido de personas. A pesar de que las fuerzas de seguridad españolas investigan desde hace medio año las presuntas "actividades coercitivas" de los comités, no han filtrado hasta ahora ninguna lista de nombres que puedan tener que enfrentarse a una querella por rebelión, malversación o delitos por desobediencia. De hecho, de momento, todos los miembros de los CDR detenidos han declarado siempre en instancias judiciales catalanas y por presuntos delitos de orden público, atentado contra agentes de la autoridad e incitación al odio.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional justifica la apertura de diligencias para que, "más allá de las meras y concretas acciones individuales", se está intentando "amparar y enaltecer con violencia" personas "judicialmente investigadas por los más graves delitos que puedan dar -se en un estado social y democrático de derecho ". Y por eso se compromete a "actuar con contundencia" llevando los investigados ante la justicia por el delito máximo de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, tal y como ya hizo el ex fiscal general Estado José Manuel Maza contra el Gobierno y líderes civiles de los soberanismo. Con el ANC y Òmnium Cultural descabezadas en octubre y limitadas las movilizaciones, el ministerio público busca así poner el miedo en el cuerpo al nuevo actor independentista que apuesta por la acción directa.



"No tendrán cárceles para todos"


Los CDR respondieron ayer a la amenaza de la fiscalía pidiendo seguir "luchando" sin "miedo". En un cómic difundido en Twitter con el hashtag # mésviusquemai, recuerdan que, a diferencia de la ANC y Òmnium, no son "ninguna entidad" sino el "pueblo organizado". Aseguran que "el poder despótico no tiene pruebas para demostrar nada" y que utilizan noticias de este tipo para "asustar y desmovilizar", pero que anuncios como los del ministerio público prueben que "por el buen camino" porque "el miedo ha cambiado de bando ". Ahora bien, piden cuidar la seguridad y seguir las "indicaciones antirepresivas". "No tendrán cárceles para todo un pueblo en pie de lucha", concluye el texto.

Desde los partidos independentistas, diferentes voces apoyaron los CDR. El primero en hacerlo fue el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián. "Vandalismo es lo que se hizo con el 155 en el Senado y no lo que hacen los CDR en la calle", pió. Desde la CUP se pidió detener la "criminalización del pueblo". El diputado de Juntos por Cataluña Quim Torra instó a la gente a implicarse en su comité más cercano después de conocer el comunicado de la fiscalía. Fuentes del ministerio público aseguraban ayer que apenas se han abierto diligencias y que una querella no será, en ningún caso, inminente porque falta investigar más.



Medio año en el punto de mira de la policía y la justicia


Noviembre: identificación

El 1-O y el paro del 3-O significaron la eclosión de los CDR, pero los cortes del 8-N fueron la gran prueba de fuego. Las fuerzas de seguridad comenzaron a identificar entonces miembros para entender su funcionamiento.

Diciembre: investigación

Las siglas de los CDR aparecen por primera vez en una providencia del juez del Supremo Pablo Llarena, en la que pide a la Guardia Civil conocer sus actividades e identificar a sus responsables.

Enero: denuncia

Llarena ordena nuevas diligencias, en concreto, para investigar una reunión "supramunicipal" del CDR de Igualada en octubre. En paralelo, las fuerzas de seguridad del Estado filtran que investigan los comités para llevar a cabo "actividades coercitivas".

Febrero: detenciones

Los Mossos detienen hasta 14 miembros de los CDR el 23 de febrero por una acción en la que se encadenaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para denunciar la "represión del Estado" contra el independentismo.

Marzo y abril: amenaza

El unionismo aferra a la ola de protestas por el encarcelamiento de Carles Puigdemont y más consejeros para vincular independentismo con violencia. La fiscalía anuncia una investigación y amenaza con querellarse por rebelión contra los CDR.

https://www.ara.cat/politica/Ofensiva-fiscalia-bloc-criminalitzar-CDR_0_1990001051.html
Criminalizar a vándalos y alevines de terroristas ? Me desorino. La ofensiva violenta es de los CDR. El Estado poco se está defendiendo. Hay un clamor para que les den estopa y paren ya a esta gentuza. Gentuza de la peor especie. Pacifistes, me río yo de los pacifistes.

Aquí pacificamente cortando carreteras

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Ya estamos quitándole importancia, no? Que son daños mínimos.

No se si lo has vivido y si no es así espero que no tengas que hacerlo, pero la sensación que te queda cuando "intentan entrar en tu casa para robarte" es prácticamente igual que si lo hacen. Sensación de indefensión.

El dueño de un concesionario al que le revientan los cierres no piensa en la cuantía de los daños porque para eso paga un seguro, piensa que está amenazado, que está vez ha habido suerte, pero que tiene la espada sobre la cabella. Nadie quiere vivir así.

Los mismos comerciantes no suelen admitir que están siendo amenazados. Es contraproducente.
 
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Criminalizar a vándalos y alevines de terroristas ? Me desorino. La ofensiva violenta es de los CDR. El Estado poco se está defendiendo. Hay un clamor para que les den estopa y paren ya a esta gentuza. Gentuza de la peor especie. Pacifistes, me río yo de los pacifistes.

¿Quienes son los CDR? Nombres por favor....Hay violentos y por eso parece :cautious: que no interesa identificarles.
 
¿Quienes son los CDR? Nombres por favor....Hay violentos y por eso parece :cautious: que no interesa identificarles.
Los líderes de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas responsables de organizar movilizaciones durante el procés, son una veintena de políticos y activistas. La Guardia Civil los ha identificado en un informe que ha entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 28 de febrero.

Entre ellos, se encuentran Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament; y David Fernández y Antonio Baños, exdirigentes de la CUP. Según publica este martes El Confidencial, el documento elaborado por el Instituto Armado asegura que éstos se ocuparon de trazar una estrategia de “resistencia y desobediencia civil” para “forzar el nacimiento de la República Catalana”.

Los líderes
Además de los dirigentes políticos, el informe señala a Jordi Armandans, director de Fundipau; la filósofa Marina Garcés, los miembros del consejo asesor del Instituto Internacional por la Acción no Violenta Pepe Beúnza y Martí Olivella; la portavoz del CDR de Sants, Helena Vázquez; la portavoz de Universitats per la República, Aina Delgado; el presidente del Centro Unesco de Cataluña, Eduard Vallory.

Por parte de la ANC y Òmnium Cultural, participaban en la toma de decisiones Ariadna Isern y Carme Campayà –de la primera entidad–, y el portavoz y el vicepresidente segundo de Òmnium, Marcel Mauri y Joan Vallvé. Además, la lista incluye a Joan Guisado, de la Federación Catalana de Escultismo, representantes de los estibadores del puerto de Barcelona y del sindicato Intersindical-CSC –que no han sido identificados, portavoces de los CDR –entre los que se encuentran Pol Castelví, Inma Zapata y Yasmin Argaz.

1-O, 3 de octubre y 8 de noviembre
Todos ellos tuvieron un papel destacado en la organización de los CDR y se coordinaron con los partidos y entidades independentistas. Entre sus objetivos estaban mantener los colegios electorales abiertos durante el referéndum del 1-O y paralizar la economía catalana los días 3 de octubre y 8 de noviembre.

Para ello, la Guardia Civil afirma que llamaron al corte de carreteras, calles y vías de tren para impedir la circulación de vehículos y alterar la seguridad ciudadana. Los agentes destacan en el informe también que llegaron a “emplear incluso a menores de edad, con el consecuente riesgo para su vida e integridad física”.
 
Los líderes de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas responsables de organizar movilizaciones durante el procés, son una veintena de políticos y activistas. La Guardia Civil los ha identificado en un informe que ha entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 28 de febrero.

Entre ellos, se encuentran Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament; y David Fernández y Antonio Baños, exdirigentes de la CUP. Según publica este martes El Confidencial, el documento elaborado por el Instituto Armado asegura que éstos se ocuparon de trazar una estrategia de “resistencia y desobediencia civil” para “forzar el nacimiento de la República Catalana”.

Los líderes
Además de los dirigentes políticos, el informe señala a Jordi Armandans, director de Fundipau; la filósofa Marina Garcés, los miembros del consejo asesor del Instituto Internacional por la Acción no Violenta Pepe Beúnza y Martí Olivella; la portavoz del CDR de Sants, Helena Vázquez; la portavoz de Universitats per la República, Aina Delgado; el presidente del Centro Unesco de Cataluña, Eduard Vallory.

Por parte de la ANC y Òmnium Cultural, participaban en la toma de decisiones Ariadna Isern y Carme Campayà –de la primera entidad–, y el portavoz y el vicepresidente segundo de Òmnium, Marcel Mauri y Joan Vallvé. Además, la lista incluye a Joan Guisado, de la Federación Catalana de Escultismo, representantes de los estibadores del puerto de Barcelona y del sindicato Intersindical-CSC –que no han sido identificados, portavoces de los CDR –entre los que se encuentran Pol Castelví, Inma Zapata y Yasmin Argaz.

1-O, 3 de octubre y 8 de noviembre
Todos ellos tuvieron un papel destacado en la organización de los CDR y se coordinaron con los partidos y entidades independentistas. Entre sus objetivos estaban mantener los colegios electorales abiertos durante el referéndum del 1-O y paralizar la economía catalana los días 3 de octubre y 8 de noviembre.

Para ello, la Guardia Civil afirma que llamaron al corte de carreteras, calles y vías de tren para impedir la circulación de vehículos y alterar la seguridad ciudadana. Los agentes destacan en el informe también que llegaron a “emplear incluso a menores de edad, con el consecuente riesgo para su vida e integridad física”.


¿Y los infiltrados de la Guardia Civil? ¿También han sido identificados?

Desde el minuto 5 del vídeo.

 
Ofensiva de la fiscalía y el bloque del 155 por criminalizar a los CDR
Sánchez y Rivera piden a Rajoy que actúe y el ministerio público estudia querellarse por rebelión

MARIONA FERRER Y FORNELLS MIREIA ESTEVE Madrid / Barcelona 04/03/2018 12:00

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Protesta de los CDR el 23 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / PERE VIRGILI

El frente judicial y político contra el independentismo se conjura para criminalizar a los Comités de Defensa de la República (CDR), las asambleas locales nacidas el 1-O que apuestan por la acción directa desde la desobediencia pacífica y que han protagonizado los cortes de carreteras y las levantadas de barreras de peajes de los últimos días en protesta por la retención de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de más líderes soberanistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció anoche que actuará contra las "intolerables actuaciones" de los autores y promotores "de actos vandálicos" que "ponen en peligro la paz pública y la esencia del sistema democrático". Con el aval de la Fiscalía General del Estado,

La respuesta del ministerio público llegó sólo horas después de que los líderes del PSOE y Ciudadanos pidieran al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actuar contra los CDR, a quien el unionismo tacha al unísono de nueva kale borroka. Para Pedro Sánchez, Cataluña se enfrenta a "elementos radicales", mientras que para Albert Rivera estamos ante "comandos separatistas". Mientras socialistas y el partido naranja apuntaban al gobierno del 155, el PP responsabilizaba los "cuadros intermedios" de los Mossos por no haber parado las acciones en peajes, como el de la AP-7 en La Roca del Vallès o ayer a Sitges, durante media hora, al de la C-32. "Alguien no está haciendo su trabajo", señaló el vicesecretario de políticas sociales del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE. Maroto justificó que no se destituyera, en su momento, estos cuadros intermedios, pensando que la intervención de la Generalitat duraría poco tiempo.

El bloque del 155 afana en abonar la tesis del juez Pablo Llarena -la que afirma que el independentismo es violento- y quiere justificar así el delito de rebelión en una semana clave en Alemania para decidir la extradición de Puigdemont. Y los CDR se han convertido en el principal pretexto de PP, PSOE y Cs para criminalizar el independentismo, aunque sólo protagonizan manifestaciones no violentas -las acciones más denunciadas en Madrid es que cientos de coches no pagaran el peaje en plena operación retorno de Semana Santa-. Rivera aseguró en rueda de prensa tras la ejecutiva de Cs que "la movilidad está en juego por unos comandos violentos que intentan condicionar la vida de todos los catalanes". Sánchez, a su vez,



Sin una cara visible


El principal problema de la fiscalía, ahora mismo, es identificar a los responsables de los CDR. Es imposible presentar una querella por rebelión contra un grupo indefinido de personas. A pesar de que las fuerzas de seguridad españolas investigan desde hace medio año las presuntas "actividades coercitivas" de los comités, no han filtrado hasta ahora ninguna lista de nombres que puedan tener que enfrentarse a una querella por rebelión, malversación o delitos por desobediencia. De hecho, de momento, todos los miembros de los CDR detenidos han declarado siempre en instancias judiciales catalanas y por presuntos delitos de orden público, atentado contra agentes de la autoridad e incitación al odio.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional justifica la apertura de diligencias para que, "más allá de las meras y concretas acciones individuales", se está intentando "amparar y enaltecer con violencia" personas "judicialmente investigadas por los más graves delitos que puedan dar -se en un estado social y democrático de derecho ". Y por eso se compromete a "actuar con contundencia" llevando los investigados ante la justicia por el delito máximo de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, tal y como ya hizo el ex fiscal general Estado José Manuel Maza contra el Gobierno y líderes civiles de los soberanismo. Con el ANC y Òmnium Cultural descabezadas en octubre y limitadas las movilizaciones, el ministerio público busca así poner el miedo en el cuerpo al nuevo actor independentista que apuesta por la acción directa.



"No tendrán cárceles para todos"


Los CDR respondieron ayer a la amenaza de la fiscalía pidiendo seguir "luchando" sin "miedo". En un cómic difundido en Twitter con el hashtag # mésviusquemai, recuerdan que, a diferencia de la ANC y Òmnium, no son "ninguna entidad" sino el "pueblo organizado". Aseguran que "el poder despótico no tiene pruebas para demostrar nada" y que utilizan noticias de este tipo para "asustar y desmovilizar", pero que anuncios como los del ministerio público prueben que "por el buen camino" porque "el miedo ha cambiado de bando ". Ahora bien, piden cuidar la seguridad y seguir las "indicaciones antirepresivas". "No tendrán cárceles para todo un pueblo en pie de lucha", concluye el texto.

Desde los partidos independentistas, diferentes voces apoyaron los CDR. El primero en hacerlo fue el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián. "Vandalismo es lo que se hizo con el 155 en el Senado y no lo que hacen los CDR en la calle", pió. Desde la CUP se pidió detener la "criminalización del pueblo". El diputado de Juntos por Cataluña Quim Torra instó a la gente a implicarse en su comité más cercano después de conocer el comunicado de la fiscalía. Fuentes del ministerio público aseguraban ayer que apenas se han abierto diligencias y que una querella no será, en ningún caso, inminente porque falta investigar más.



Medio año en el punto de mira de la policía y la justicia


Noviembre: identificación

El 1-O y el paro del 3-O significaron la eclosión de los CDR, pero los cortes del 8-N fueron la gran prueba de fuego. Las fuerzas de seguridad comenzaron a identificar entonces miembros para entender su funcionamiento.

Diciembre: investigación

Las siglas de los CDR aparecen por primera vez en una providencia del juez del Supremo Pablo Llarena, en la que pide a la Guardia Civil conocer sus actividades e identificar a sus responsables.

Enero: denuncia

Llarena ordena nuevas diligencias, en concreto, para investigar una reunión "supramunicipal" del CDR de Igualada en octubre. En paralelo, las fuerzas de seguridad del Estado filtran que investigan los comités para llevar a cabo "actividades coercitivas".

Febrero: detenciones

Los Mossos detienen hasta 14 miembros de los CDR el 23 de febrero por una acción en la que se encadenaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para denunciar la "represión del Estado" contra el independentismo.

Marzo y abril: amenaza

El unionismo aferra a la ola de protestas por el encarcelamiento de Carles Puigdemont y más consejeros para vincular independentismo con violencia. La fiscalía anuncia una investigación y amenaza con querellarse por rebelión contra los CDR.

https://www.ara.cat/politica/Ofensiva-fiscalia-bloc-criminalitzar-CDR_0_1990001051.html


Que identifiquen y que se hagan públicos los nombres de los que provocan altercados. A lo mejor no lo hacen porque no interesa ...ya que son gente infiltrada y pertenecen a un colectivo conocido.

Es mejor criminalizar en grupo y no identificar con nombre y apellidos a los culpables como ocurrió en Lavapies la famosa noche de los encapuchados.

Nadie sabe quienes son, sus nombres. Se sabe que entre ellos había una mujer y un menor pero de nombres na de na por si acaso alguien les recuerda que pertenecen a....X, y no a la izquierda radical o partidos políticos de izquierda.
A lo mejor si identificaran a esos violentos, se llevarían alguna sorpresa la gente,jajajajaja.Estoy recordando eso ¡¡¡Que soy compañero coxx!!
 
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