- Registrado
- 3 Ago 2018
- Mensajes
- 18.653
- Calificaciones
- 130.722
???????????????
Isabel Díaz Ayuso presidenta de la CCAA Madrileña
- AutorAneAdiego4
- Fecha de inicio
- Registrado
- 6 Oct 2020
- Mensajes
- 9.069
- Calificaciones
- 26.999
Y????
Sabes con que objeto se ha construido la cocina? Tienes informacion si es para dejar de trabajar con la emoresa de catering, por ejemplo? O para las comidas del personal?
He trabajado en hospitales con cocina, en hospitales con catering y en hospitales que pasaron de cocina a caterings.
Y las dos cosas no se mantienen por algo muy obvio...es duplicar o triplicar el gasto.
La tendencia actual es la exteriorizar los servicios, lavandería, cocina etc.
El personal come lo que trae, fuera o de la cafetería (adjudicación a empresa privada), nunca de la cocina.
Menú para el personal no existe, ni lo ha hecho nunca, lo que hay son vales de comida gratis para la cafetería del mismo (y no para todos, médicos y poco más)
De hecho por eso había tanta quejas de los enfermeros por la ausencia de zonas de descanso, ¿Donde comen?¿Donde calientan la comida que traen?
- Registrado
- 6 Oct 2020
- Mensajes
- 9.069
- Calificaciones
- 26.999
Pues a informarse antes de criticar. Si hacen la cocina sera por algo.
Y lo sabes tú? Obviamente lo que no interesa no lo van a contar.
Se valora con la información que hay. Y lo que hay es el gasto de casi 1 millón en amueblar más una cocina (que ya debería estarlo por el proyecto del mismo sin contar el sobrecoste y todo nuevo ) que no tiene uso.
- Registrado
- 6 Oct 2020
- Mensajes
- 9.069
- Calificaciones
- 26.999
Porque no lo se, no lo critico. Se llama PRUDENCIA.
Para cocinar ¿por ejemplo?, porque dfícil que se cocine algo donde no hay con qué....
¿Y que se va a cocinar si los menús los trae una empresa de caterings?Para cocinar ¿por ejemplo?, porque dfícil que se cocine algo donde no hay con qué....
Los menús los traerá la empresa mientras no se cocina, digo yo...
Habrá que esperar a ver si se cocina o no se cocina. Tantas prisas y aún no se sabe si van o no a tener uso...
. Tiempo habrá de criticar si al final acaba todo en un almacén.“Ayuso ha recibido 3.500 millones de los fondos COVID y aún no ha medicalizado las residencias”
En conversaciones con LÚH, miembros de Marea de Residencias califican de “aberración” la gestión de la pandemia en centros de mayores. No comprenden como, a pesar de haberles negado a miles de ancianos fallecidos el derecho a la salud, Fiscalía no actúa de facto, sin esperar querellas de familiaresPor
Alba González.
27 de febrero de 2021 11:42
Más de 7.000 vidas de personas ancianas se ha cobrado la pandemia en la Comunidad de Madrid. 500 residencias se encuentran en el punto de mira por presuntas negligencias, señalándose, además, la falta de actuación y los protocolos aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del que dicen responsable directo. LÚH ha contactado con miembros de la Marea de Residencias, una organización creada para hacer justicia respecto a lo que ellos mismos denominan un “gerontocidio”.
“Actualmente hay admitidas a trámite unas 200 demandas, y se han presentado otras 200 más. Uno de los problemas que nos encontramos es que quien tiene que demandar son los familiares, generalmente son varios hijos que no se ponen de acuerdo o que desconocen la realidad de la situación y no saben realmente el crimen que se ha cometido con sus familiares”, informan a este diario.
Asumen lo laborioso del proceso, responsabilizando a la inexistencia de una Ley Estatal de Residencias que unifique criterios y flexibilice las actuaciones, guiando un protocolo preciso para tratar la salud de los ancianos de manera adecuada. “El proceso es bastante complicado y laborioso teniendo en cuenta que no existe una Ley de Residencias estatal que regule de algún modo los procedimientos a seguir por los centros. Éstas se terminan basando en protocolos dictados por comunidades autónomas que en buena parte están sesgados, dejando en algunos casos libertad a las residencias de hacer lo que les plazca sin atender a criterios geriátricos”, afirman.
A modo de ejemplo, exponen la prohibición que muchos de los centros geriátricos han implementado, que les impiden las visitas de familiares a pesar de las recomendaciones sanitarias que indican lo contrario. “La muestra está en la negativa de un amplio número de residencias que prohíben las visitas, a pesar de estar recomendadas por geriatras. Los encierros están produciendo problemas psicológicos de todo tipo, como depresiones. Son personas mayores a las que se les está negando ver a sus familias, manteniéndoles encerrados en habitaciones. Cosa que, por otro lado, produce problemas físicos al ni si quiera concederles dar un paseo”.
Para ellos, la explicación se reduce a la gestión privada de las residencias en su búsqueda de negocio. “No aplican protocolo de visitas por ahorrar en material: EPIs, mascarillas, productos desinfectantes... Han convertido las residencias en apartamentos lowcost. Estas personas se han hecho con el control de las residencias cuando el ladrillo se ha venido abajo. Un entramado donde la limpieza, la seguridad, los catering, etc. son sus propias empresas. Como Clece, que acapara todo”.
Es por eso que han decidido emprender acciones legales. Sin embargo, se topan con gran cantidad de trabas y dificultades. “Fiscalía actúa a razón de las querellas que se pongan, pero no de facto. No actúa. Fiscalía es conocedora de los protocolos enviados desde la Comunidad de Madrid a las residencias, pensamos que tendría que actuar de facto y no esperar a querellas de familiares”.
El problema de la pasividad de Fiscalía radica en que grupos como el de Florentino Pérez, Clece Mayores, salva su implicación ya que no encuentran “ningún querellante con residente fallecido en alguna residencia de Florentino que la quiera presentar”, lo que no significa que se hayan cometido faltas graves. Señalan, además, que “el personal laboral está callado porque tiene miedo”.
No comprenden tampoco la falta en la toma de medidas por parte de gobiernos como los de la Comunidad de Madrid, donde los fallecimientos en residencias de ancianos ha sido uno de los principales problemas de la pandemia, señalando de nuevo la necesidad de una actuación de facto por parte de Fiscalía. “A estas personas no se les ha atendido por falta de respiradores, si no por no darle la gana a Ayuso de contratar personal médico. No entendemos como Fiscalía no ha llamado a declarar ni a Enrique Ruiz Escudero ni a Isabel Díaz Ayuso, es incomprensible, son los que dieron las órdenes”.
Añaden, además, que “la Comunidad de Madrid ha recibido 3.500 millones de fondo COVID y las residencias que Ayuso dijo hace meses haber medicalizado esta semana se está reconociendo, tanto en la Asamblea como en los Juzgados de Plaza Castilla, que no se ha llevado a cabo”.
“Se les ha negado el derecho a la vida. Se les ha negado el derecho a la salud. Les han dejado morir solos. Es un problema profundamente serio, una auténtica aberración”, recalcan.
“Ayuso ha recibido 3.500 millones de los fondos COVID y aún no ha medicalizado las residencias”
En conversaciones con LÚH, miembros de Marea de Residencias califican de “aberración” la gestión de la pandemia en centros de mayores. No comprenden como, a pesar de haberles negado a miles de ancianos fallecidos el derecho a la salud, Fiscalía no actúa de facto, sin esperar querellas de familiares
laultimahora.es- Registrado
- 21 Nov 2017
- Mensajes
- 1.606
- Calificaciones
- 5.760
GenocIDA“Ayuso ha recibido 3.500 millones de los fondos COVID y aún no ha medicalizado las residencias”
En conversaciones con LÚH, miembros de Marea de Residencias califican de “aberración” la gestión de la pandemia en centros de mayores. No comprenden como, a pesar de haberles negado a miles de ancianos fallecidos el derecho a la salud, Fiscalía no actúa de facto, sin esperar querellas de familiares
Por
Alba González.
27 de febrero de 2021 11:42
Más de 7.000 vidas de personas ancianas se ha cobrado la pandemia en la Comunidad de Madrid. 500 residencias se encuentran en el punto de mira por presuntas negligencias, señalándose, además, la falta de actuación y los protocolos aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del que dicen responsable directo. LÚH ha contactado con miembros de la Marea de Residencias, una organización creada para hacer justicia respecto a lo que ellos mismos denominan un “gerontocidio”.
“Actualmente hay admitidas a trámite unas 200 demandas, y se han presentado otras 200 más. Uno de los problemas que nos encontramos es que quien tiene que demandar son los familiares, generalmente son varios hijos que no se ponen de acuerdo o que desconocen la realidad de la situación y no saben realmente el crimen que se ha cometido con sus familiares”, informan a este diario.
Asumen lo laborioso del proceso, responsabilizando a la inexistencia de una Ley Estatal de Residencias que unifique criterios y flexibilice las actuaciones, guiando un protocolo preciso para tratar la salud de los ancianos de manera adecuada. “El proceso es bastante complicado y laborioso teniendo en cuenta que no existe una Ley de Residencias estatal que regule de algún modo los procedimientos a seguir por los centros. Éstas se terminan basando en protocolos dictados por comunidades autónomas que en buena parte están sesgados, dejando en algunos casos libertad a las residencias de hacer lo que les plazca sin atender a criterios geriátricos”, afirman.
A modo de ejemplo, exponen la prohibición que muchos de los centros geriátricos han implementado, que les impiden las visitas de familiares a pesar de las recomendaciones sanitarias que indican lo contrario. “La muestra está en la negativa de un amplio número de residencias que prohíben las visitas, a pesar de estar recomendadas por geriatras. Los encierros están produciendo problemas psicológicos de todo tipo, como depresiones. Son personas mayores a las que se les está negando ver a sus familias, manteniéndoles encerrados en habitaciones. Cosa que, por otro lado, produce problemas físicos al ni si quiera concederles dar un paseo”.
Para ellos, la explicación se reduce a la gestión privada de las residencias en su búsqueda de negocio. “No aplican protocolo de visitas por ahorrar en material: EPIs, mascarillas, productos desinfectantes... Han convertido las residencias en apartamentos lowcost. Estas personas se han hecho con el control de las residencias cuando el ladrillo se ha venido abajo. Un entramado donde la limpieza, la seguridad, los catering, etc. son sus propias empresas. Como Clece, que acapara todo”.
Es por eso que han decidido emprender acciones legales. Sin embargo, se topan con gran cantidad de trabas y dificultades. “Fiscalía actúa a razón de las querellas que se pongan, pero no de facto. No actúa. Fiscalía es conocedora de los protocolos enviados desde la Comunidad de Madrid a las residencias, pensamos que tendría que actuar de facto y no esperar a querellas de familiares”.
El problema de la pasividad de Fiscalía radica en que grupos como el de Florentino Pérez, Clece Mayores, salva su implicación ya que no encuentran “ningún querellante con residente fallecido en alguna residencia de Florentino que la quiera presentar”, lo que no significa que se hayan cometido faltas graves. Señalan, además, que “el personal laboral está callado porque tiene miedo”.
No comprenden tampoco la falta en la toma de medidas por parte de gobiernos como los de la Comunidad de Madrid, donde los fallecimientos en residencias de ancianos ha sido uno de los principales problemas de la pandemia, señalando de nuevo la necesidad de una actuación de facto por parte de Fiscalía. “A estas personas no se les ha atendido por falta de respiradores, si no por no darle la gana a Ayuso de contratar personal médico. No entendemos como Fiscalía no ha llamado a declarar ni a Enrique Ruiz Escudero ni a Isabel Díaz Ayuso, es incomprensible, son los que dieron las órdenes”.
Añaden, además, que “la Comunidad de Madrid ha recibido 3.500 millones de fondo COVID y las residencias que Ayuso dijo hace meses haber medicalizado esta semana se está reconociendo, tanto en la Asamblea como en los Juzgados de Plaza Castilla, que no se ha llevado a cabo”.
“Se les ha negado el derecho a la vida. Se les ha negado el derecho a la salud. Les han dejado morir solos. Es un problema profundamente serio, una auténtica aberración”, recalcan.
“Ayuso ha recibido 3.500 millones de los fondos COVID y aún no ha medicalizado las residencias”
En conversaciones con LÚH, miembros de Marea de Residencias califican de “aberración” la gestión de la pandemia en centros de mayores. No comprenden como, a pesar de haberles negado a miles de ancianos fallecidos el derecho a la salud, Fiscalía no actúa de facto, sin esperar querellas de familiares
