LORO, CHAPUCERA, OPORTUNISTA, CUENTISTA...
El anteproyecto de ley no está acompañado de la Memoria de Impacto Normativo y, por ende, tampoco de la Memoria Económica ni de otros documentos que marca la normativa. Según ésta, estos informes son "preceptivos" para cumplir el proceso de información pública.La legislación citada marca que todo proyecto normativo (leyes, reales decretos, etc) debe someterse a un plazo de consulta pública previa y a otro de información pública tras la aprobación como anteproyecto. En este segundo procedimiento, el articulado debe ir acompañado "con carácter preceptivo" de una "Memoria del Análisis de Impacto Normativo".
Esto es, como explica el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno, hay que justificar "la oportunidad de la propuesta"; se precisa un "análisis jurídico" con referencia al Derecho nacional y de la UE; un análisis de "la adecuación de la norma a la distribución competencial" del Estado de las Autonomías; y, especialmente, el impacto económico y presupuestario de sus medidas.
De nuevo en contacto con Igualdad, la respuesta de un portavoz del Ministerio es que "se hace público el texto del Anteproyecto, no el resto de documentos". Y que "los informes se han realizado tal y como indica la normativa". Sin embargo, en las webs de los otros departamentos consultados por EL ESPAÑOL, como Transportes o Educación, sí aparecían publicadas las citadas memorias junto a los anteproyectos.
"Evitar el veto de Hacienda"
Fuentes consultadas, conocedoras del proceso de elaboración de la norma, destacan que no sólo sería ilegal la ausencia de estos documentos -"en todos los procesos de información pública de todos los ministerios, se puede comprobar que estos textos sí están"-, sino que atribuyen su ausencia a la confusión y polémica que rodeó a la aprobación de la norma.
Es decir, no hay manera de localizar cuáles fueron las salvedades que puso Justicia a la ley del sólo sí es sí, por ejemplo. Pero no sólo eso, "es que por ejemplo, si no está publicado el análisis de impacto económico es porque quieren evitar el veto de Hacienda".
La citada fuente explica que la norma, de hecho, crea nuevos derechos -como las oficinas de atención 24 horas a las víctimas de violencias sexuales-, "que, más allá de que se puedan valorar como buenas ideas, suponen una enorme inversión material y personal... y así no está reflejado en ningún sitio".
Esto es así porque, en un escenario de Presupuestos prorrogados -siguen vigentes los de 2018-, el departamento de María Jesús Montero tendría que informar en contra, a pesar de que el texto final ya prevé periodos de carencia para la aplicación real de sus preceptos.
Impacto de género
Ésa es la razón por la que son "preceptivos" esos informes, explican las citadas fuentes. Para que el ciudadano de a pie y los técnicos y expertos en el campo sometido a estudio, puedan tener todo el conocimiento económico y jurídico del texto.
De hecho, llama la atención otro estudio que le falta al proceso de información pública dentro de esta ley dentro del análisis de impacto normativo. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no publica su informe de impacto por razón de género.
Es decir, el análisis y valoración desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
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