El mayor sindicato policial se querella contra Fernando Simón y altos mandos del Cuerpo
Jupol atribuye a un total de 10 querellados delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricació
Dos agentes sin mascarilla patrullan por el centro de Madrid. JOSÉ AYMÁ
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional ha presentado una querella contra una decena de personas, entre las que se encuentran Fernando Simón; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Jupol les atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas.
El escrito registrado en los juzgados madrileños se dirige también contra al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el director Adjunto Operativo (DAO) Jose Ángel González y los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística. Del lado sanitario, junto al responsable del centro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias la querella se extiende al subsecretario de Estado de Sanidad y la directora general de Salud Pública.
La querella se suma a las diversas presentadas ya en la capital relacionadas con el coronavirus y que han corrido distinta suerte. El juzgado 51 admitió una a trámite en la que está imputado el delegado y que ya ha avanzado con informes de la Guardia Civil. Otros dos juzgados han inadmitido querellas contra Simón y hay al menos otra en la que el cargo de Sanidad figura como querellado y que está pendiente de admisión.
La querella del sindicato policial hace un repaso de los avisos de la OMS sobre la pandemia y recuerda que, aunque se dieron unos primeros pasos tempranos en la Policía Nacional, eso no se materializó después en la adquisición de suficiente material. "La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios".
Añade que "hay cientos de solicitudes de material de protección de agentes que, de forma particular y fuera de los cauces formales del Sindicato, se dirigieron a sus superiores en este sentido antes de la declaración del Estado de Alarma". Y relata un episodio concreto. El que vivieron entre el 9 y el 20 de marzo de 2020 el Subgrupo Operativo de Madrid con indicativo CAMEL-11, enviado en comisión de servicio a la Comisaría de La Junquera (Gerona).
Varios de sus miembros, que habían tenido relación con ciudadanos italianos, mostraron síntomas de coronavirus. Se comunicó a los superiores y finalmente quedaron confinado en un hotel. Allí compartían habitaciones sintomáticos y no sintomáticos, además de solaparse con otros dos grupos de agentes provenientes de Zaragoza y Madrid antes de ser trasladados a la capital para continuar el confinamiento en el complejo policial de Moratalaz.
SIN ORGANIZACIÓN
"Lo anterior evidencia que la falta de actuación de los querellados no se refiere sólo a una imprevisión en la compra de materiales de prevención del contagio de COVID-19. La ausencia de cualquier tipo de medida organizativa, limitativa de movimientos entre
provincias relativa a funcionarios sospechosos de estar contagiados, y debidamente comunicada al superior competente, expuso a los agentes implicados en las comunicaciones transcritas, a sus familias y a sus compañeros de Madrid, a un altísimo e inadmisible riesgo de contagio".
En otro apartado, la querella sostiene que actos masivos como los del 8 de marzo nunca debieron permitirse conforme a los datos que ya entonces se tenían. "No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas. Muy al contrario [...] todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus".
"En cuanto a los motivos que impulsaron, tanto al Delegado del Gobierno como a los órganos examinados del Ministerio de Sanidad e Interior, a ignorar, a todas luces deliberadamente, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, presumiblemente cabe encontrarlos en la naturaleza de la concentración", se añade.
UN CESE SOSPECHOSO
"Lógicamente, la participación de los agentes de Policía Nacional en los diferentes actos multitudinarios en el ejercicio de sus funciones, les expusieron, al igual que a sus participantes, a un elevadísimo riesgo de contagio, del que fácilmente podría haberse prescindido si se hubieran atendido las abrumadoras advertencias con las que se contaba en dicha fecha", explica el escrito.
Si la querella pasa el filtro de la admisión a trámite, Jupol propone multitud de diligencias. Entre ellas, la de tomar declaración como testigo al jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hasta la declaración del estado de alarma, José Antonio Nieto González. Este mando ya el 24 de enero ya había presentado un informe señalando la necesidad de usar mascarillas. "Aquella recomendación era contraria a la postura gubernamental reconocida por don Fernando Simón recientemente (no recomendar el uso de mascarillas por carecer de ellas). Sin embargo, la anticipación y diligencia con la que se condujo el señor Nieto González en el ejercicio de sus funciones no sólo fue ignorada por los mandos superiores, sino que pudiera haber sido la causa real de su inesperado cese forzoso, a tres meses de su jubilación, el 14 de marzo de 2020".
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Jupol atribuye a un total de 10 querellados delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricació
Dos agentes sin mascarilla patrullan por el centro de Madrid. JOSÉ AYMÁ
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional ha presentado una querella contra una decena de personas, entre las que se encuentran Fernando Simón; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Jupol les atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas.
El escrito registrado en los juzgados madrileños se dirige también contra al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el director Adjunto Operativo (DAO) Jose Ángel González y los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística. Del lado sanitario, junto al responsable del centro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias la querella se extiende al subsecretario de Estado de Sanidad y la directora general de Salud Pública.
La querella se suma a las diversas presentadas ya en la capital relacionadas con el coronavirus y que han corrido distinta suerte. El juzgado 51 admitió una a trámite en la que está imputado el delegado y que ya ha avanzado con informes de la Guardia Civil. Otros dos juzgados han inadmitido querellas contra Simón y hay al menos otra en la que el cargo de Sanidad figura como querellado y que está pendiente de admisión.
La querella del sindicato policial hace un repaso de los avisos de la OMS sobre la pandemia y recuerda que, aunque se dieron unos primeros pasos tempranos en la Policía Nacional, eso no se materializó después en la adquisición de suficiente material. "La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios".
Añade que "hay cientos de solicitudes de material de protección de agentes que, de forma particular y fuera de los cauces formales del Sindicato, se dirigieron a sus superiores en este sentido antes de la declaración del Estado de Alarma". Y relata un episodio concreto. El que vivieron entre el 9 y el 20 de marzo de 2020 el Subgrupo Operativo de Madrid con indicativo CAMEL-11, enviado en comisión de servicio a la Comisaría de La Junquera (Gerona).
Varios de sus miembros, que habían tenido relación con ciudadanos italianos, mostraron síntomas de coronavirus. Se comunicó a los superiores y finalmente quedaron confinado en un hotel. Allí compartían habitaciones sintomáticos y no sintomáticos, además de solaparse con otros dos grupos de agentes provenientes de Zaragoza y Madrid antes de ser trasladados a la capital para continuar el confinamiento en el complejo policial de Moratalaz.
SIN ORGANIZACIÓN
"Lo anterior evidencia que la falta de actuación de los querellados no se refiere sólo a una imprevisión en la compra de materiales de prevención del contagio de COVID-19. La ausencia de cualquier tipo de medida organizativa, limitativa de movimientos entre
provincias relativa a funcionarios sospechosos de estar contagiados, y debidamente comunicada al superior competente, expuso a los agentes implicados en las comunicaciones transcritas, a sus familias y a sus compañeros de Madrid, a un altísimo e inadmisible riesgo de contagio".
En otro apartado, la querella sostiene que actos masivos como los del 8 de marzo nunca debieron permitirse conforme a los datos que ya entonces se tenían. "No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas. Muy al contrario [...] todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus".
"En cuanto a los motivos que impulsaron, tanto al Delegado del Gobierno como a los órganos examinados del Ministerio de Sanidad e Interior, a ignorar, a todas luces deliberadamente, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, presumiblemente cabe encontrarlos en la naturaleza de la concentración", se añade.
UN CESE SOSPECHOSO
"Lógicamente, la participación de los agentes de Policía Nacional en los diferentes actos multitudinarios en el ejercicio de sus funciones, les expusieron, al igual que a sus participantes, a un elevadísimo riesgo de contagio, del que fácilmente podría haberse prescindido si se hubieran atendido las abrumadoras advertencias con las que se contaba en dicha fecha", explica el escrito.
Si la querella pasa el filtro de la admisión a trámite, Jupol propone multitud de diligencias. Entre ellas, la de tomar declaración como testigo al jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hasta la declaración del estado de alarma, José Antonio Nieto González. Este mando ya el 24 de enero ya había presentado un informe señalando la necesidad de usar mascarillas. "Aquella recomendación era contraria a la postura gubernamental reconocida por don Fernando Simón recientemente (no recomendar el uso de mascarillas por carecer de ellas). Sin embargo, la anticipación y diligencia con la que se condujo el señor Nieto González en el ejercicio de sus funciones no sólo fue ignorada por los mandos superiores, sino que pudiera haber sido la causa real de su inesperado cese forzoso, a tres meses de su jubilación, el 14 de marzo de 2020".
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