Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.

Yo que he sido presidente de mesa en las primeras Reforma politica, primeras elecciones y consitucion te digo que si no cuadran los numeros se hacen virguerias para que cuadren, pero con los votos por correo eso ya es el acabose, que se dice en mi tierra
Yo también he estado dos veces en una mesa y he tenido la misma experiencia. He visto cada cosa....
 
LO HIZÓ EL 24 DE MARZO, PERO SANIDAD HABÍA ESTABLECIDO YA TODOS LOS PROTOCOLOS NECESARIOS Y DADO ÓRDENES PARA RECLUIR A LOS ANCIANOS EN ESTOS CENTROS
Pablo Iglesias intentó culpar del caos sanitario en las residencias a las Autonomías usando el BOE
El vicepresidente Pablo Iglesias.
El vicepresidente Pablo Iglesias.

José María Fernández
03 de junio de 2020
La Fiscalía Anticorrupción recibió el pasado lunes una solicitud de ampliación de la denuncia presentada en su sede hace escasos días contra el Gobierno por la gestión en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. En la ampliación se recoge como la responsabilidad de la Administración en las residencias fue eludida, aunque tarde, por el vicepresidente Pablo Iglesias para que y le echó la patata caliente a las Comunidades Autónomas. Así lo recoge el BOE del 24 de marzo.

El Ministerio de Sanidad a instancias del Vicepresidente Segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ideó y maquinó una supuesta protección legal del Gobierno, trasladando las competencias a las Autonomías en una orden ministerial publicada en el BOE del 24 de marzo.


Estos nuevos documentos se han puesto ya a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la demanda interpuesta hace escasos días contra la gestión del Gobierno, sin especificar cargos ni ministros. "Las residencias se convirtieron en auténticos centros de la muerte, a modo de centros de exterminio geriátricos; pero si lo anterior es gravísimo, no lo es menos conocer que quienes redactaron tal gu
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La orden del BOE de 19 de marzo.
ía de actuación, que se escudan en el anonimato, eran conocedores del destino final de muchos de los ancianos infectados por COVID-19, ¡LA MUERTE'", se puede leer en la misma.
La mayoría de las víctimas del coronavirus en España han sido personas mayores que estaban acogidas en residencias. El Gobierno y los responsables del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias podrían ser responsables, según esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de cómo se han gestionado estos centros de mayores durante esta grave crisis sanitaria con más de 17.000 ancianos fallecidos.

El 5 de marzo de 2020 el ministerio de Sanidad que ya conocía la peligrosidad del coronavirus, sobre todo, entre la población que tenía más de 65 años, publicó un plan oficial de contingencia para "recluir" a los ancianos que estaban en internos en las residencias españolas ante el posible rebrote del Covid-19. En el período entre el 5 de marzo y el 14 de marzo, se llevaron a cabo diversos eventos públicos cuando el coronavirus ya estaba llamando a las puertas de las residencias de España y ya se había elaborado un plan para "recluir" a los ancianos en sus habitaciones de estos centros socialsanitarios.
Tal y como publicó en su día Elcierredigital.com el primer informe elaborado por Sanidad fue fechado el día 5 de marzo y fue titulado como "Documento Técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19". A lo largo de nueve páginas explicaba que “al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución”.

Ese plan se plasmó en el BOE del 19 de marzo en su Apartado Segundo, donde se disponían “medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”. Las personas afectadas por esta regulación se clasificaban de la siguiente manera:
“a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.
  1. b) Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.
  2. c) Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19
  3. d) Casos confirmados de COVID-19. Esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente, y a más tardar en el plazo de un día desde que se publique esta orden”.
Además, se preveía que “en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes”.
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Orden del 24 de marzo.
También se recogían los siguientes supuestos: En el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte.
  1. En el caso de residentes con diagnostico COVID-19 confirmado, debe ser aislado del resto de residentes.
  2. En el caso de que haya más de un residente con infección confirmada por COVID-19, puede recurrirse al aislamiento por cohortes.
  3. En cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de COVID-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes.
  4. En el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los grupos de residentes señalados en punto 1. El centro debe utilizar la sectorización de incendios ya definida como área de ubicación de cada uno de los grupos señalados, salvo que esto no sea posible por el tamaño de la residencia.
  5. El centro deberá atender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de esa zona de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química”.
Competencias a las autonomías
Pero el BOE del 24 de marzo se publicó una nueva orden del Ministro de Sanidad a propuesta del Vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias. En ella se dejaba ya claro que las competencias se transferían en su totalidad a las diferentes Comunidades Autónomas.
El su apartado Tercero, esta orden ministerial señala a los consejeros de salud autonómicos las intervenciones que pueden realizar de manera delegada. Entre ellas no está el traslado de ancianos a hospitales:

“Se faculta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar:
  1. a) Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado.
  2. b) Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes.
  3. c) En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.
A estos efectos, dicho empleado público dispondrá de los recursos materiales y humanos disponibles en el centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los residentes en el mismo.
De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la dirección del ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias, pasaba una incómoda patata caliente a las Comunidades Autónomas: La responsabilidad en la gestión de las residencias de mayores, lugares donde se han concentrado elmayor número de víctimas mortales por el Covid-19.

Esta decisión oficial obra ya en documentos en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que ha recibido por ello una solicitud de ampliación de la denuncia que se presentó en su sede hace escasos días contra los gestores del Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión realizada en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus.


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SE PUBLICARON DOS INFORMES DE CONTENCIÓN EL 5 Y 24 DE MARZO PARA IMPEDIR SACAR A LOS INTERNOS DE ELLAS QUE NO EVITARON LOS MÁS DE 19.000 FALLECIDOS

Investigación Residencias Covid-19: Sanidad elaboró dos planes de 'reclusión' de ancianos sin permitir su salida


Exclusiva[IMG alt="El ministerio de Salvador Illa elaboró planes de reclusión de ancianos
"]https://elcierredigital.com/images/...0/05/23/md/10536_illa_residencias.jpg[/IMG]El ministerio de Salvador Illa elaboró planes de reclusión de ancianos

Juan Luis Galiacho/Gabriel Fernández
24 de mayo de 2020
Una cifra superior a los 19.000 muertos en las 5.457 residencias de mayores, entre públicas, concertadas y privadas, ha dejado por ahora el paso del Covid-19, lo que significa un 66 por ciento del total de fallecidos en España durante la pandemia. Se elaboraron dos planes de contención por parte de Sanidad el 5 y 24 de marzo para impedir sacar a los internos de ellas que no evitaron los fallecimientos masivos. "Deberán permanecer en una habitación con buena ventilación, baño y la puerta cerrada"

La cifra de personas mayores que han perdido la vida en las 5.457 residencias de ancianos repartidas por todo el territorio español, entre públicas, concertadas o privadas, a causa del Covid-19 o con una sintomatología similar, es al cierre de esta edición de 19.008 muertos, según datos oficiales ofrecidos por las comunidades autónomas. Unas cifras que pueden ser mucho mayores y que ya están en manos del Gobierno, aunque de momento no las ha dado a conocer de manera oficial.



La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue dando coletazos en España y ha dejado un reguero demasiado alargado de muertes a su paso por todas las residencias del territorio nacional. Precisamente, los que más han sufrido los envites de este patógeno han sido aquellos pertenecientes a una población que supera la edad de 65 años. Los ancianos también han sido las personas más expuestos a este virus desde su llegada a España.

Todo este caos sanitario podría radicar, según fuentes consultadas por elcierredigital.com, en el plan elaborado el día 5 de marzo por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, cuando ya existía por entonces y se conocía el alto riesgo de contagio en España, mucho mayor entre esta determinada población de avanzada edad.
El informe elaborado por Sanidad fue fechado ese día 5 de marzo y titulado como "Documento Técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19". A lo largo de nueve páginas explicaba que “al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución”.
Sobre todo, como luego se ha demostrado durante la pandemia y cómo aquel dossier ya detallaba, debido a que “la mortalidad aumenta con la edad” y "al tratarse de de una enfermedad transmisible se debe extremar las medidas de precaución (...) afecta de de forma más grave a mayores de 65 años(...) la mortalidad aumenta con la edad (...)la mortalidad entre 70-79 años es del 8 por ciento y la mortalidad de los mayores de 80 es del 14,8 porciento".
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Páginas del texto elaborado por Sanidad para las residencias el 5 de marzo
En la página cinco del citado informe de Sanidad se detalla textualmente las medidas de "reclusión" de los ancianos en las residencias: "Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respitaroria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al máximo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica".
Solo unos párrafos más abajo, en esta misma página y de este mismo documento oficial de Sanidad, se repetía el mismo mensaje de 'reclusión': "Los casos en investigación o confirmados que se atiendan en la residencia o centro sociosanitario deberán permanecer en una habitación con buena ventilación (preferentemente al exterior) con baño propio y la puerta cerrada".

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Plan de reclusión de un anciano ante un caso de Covid-19 en un residencia.
Según recoge el informe, ese mismo día 5 de marzo, cuando no se habían suspendido ni los mítines de la formación política de ultraderecha Vox en Vista Alegre, ni los multitudinarios partidos de fútbol, ni las múltiples manifestaciones del 8-M, el documento oficial de Sanidad ya indicaba claramente que "se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga indicación de aislamiento".
Luego en las páginas siguientes se detallaban las medidas destinadas a la limpieza y desinfección de las superficies y espacios; la gestión de los residuos; la limpieza de la vajilla y la ropa de cama; y la identificación de los casos en investigación.
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Nueva página del documento del día 5 de marzo de Sanidad sobre las medidas en las residencias.
La mayoría de las más de 19.000 defunciones en residencias se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 66 por ciento del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
A esto se suma que cada comunidad autónoma ha venido ofreciendo hasta ahora los datos de una forma diferente y no siempre precisa, algo que el Ministerio de Sanidad quiso cambiar al dar de plazo hasta el 8 de abril a las autonomías para que ofrecieran datos detallados sobre el número de fallecidos con coronavirus en las residencias, los ancianos también contagiados y los centros afectados. La Fiscalía ya investiga a más de un centenar de residencias por presunta mala práxis.
Nuevo plan de Sanidad del 24 de marzo
Pero lo más significativo es que el propio Ministerio de Sanidad, al ver que el plan de recomendación del día 5 de marzo, en teoría, no funcionaba, elaboró otro nuevo el 24 de marzo, el cual, al igual que el primero, no se ejecutó tampoco de la forma adecuada o que muchas de las residencias no lo aplicaron de la manera correcta.
Este segundo plan de Sanidad, que también obra en poder de elcierredigital.com, titulado "Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial" es una compleja guia de 14 páginas elaborada por Sanidad para afrontar el coronavirus desde las residencias de mayores.

Un manual que recomendaba no sacar a los mayores de las residencias ni moverlos en absoluto de esos lugares, con lo que miles de ancianos vieron cómo no podían tan siquiera volver a su hogar o al de sus hijos para morir en paz. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación al respecto, pero no ha contemplado esta guía realizada por el mismo Ministerio de Sanidad.
En el texto también se relataba que “se deben suspender todas las visitas a centros sociosanitarios". Así se recogían "aspectos clave" como que "en el escenario actual, se deben suspender todas las salidas de la residencia" y "se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios".
Estas dos recomendaciones impidieron los primeros días llevar a los ancianos al hospital, pero también que los familiares pudieran llevarse consigo a sus mayores de algunos centros, ya que las residencias siguieron las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que centralizó desde el primer momento en su único mando la lucha contra la pandemia. Con lo cual, el enfermo se quedaba, sí o sí, en la residencia.
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La página 3 del documento de Sanidad, donde se prohibían todas las salidas de internos.
El ministerio de Sanidad, de Salvador Illa, también pedía a las residencias que clasificaran los casos de sus residentes en "asintomáticos y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; asintomáticos en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; residentes con síntomas compatibles con COVID-19 y casos confirmados de COVID-19".
Entre las "medidas generales dirigidas a la protección de la salud de residentes" se adopta como prioritaria que "se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario (...)
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Salvador Illa, ministro de Sanidad.
"Igualmente, se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación" y destaca algo que no se hizo por parte de las residencias, al menos de manera generalizada por las quejas constantes de los familiares: "Se ha de informar a los residentes y sus familiares, así como a los trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para protegerlos".
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Las pautas a seguir en el plan de contingencia
La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 66 por ciento del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
Debido al elevado número de muertes en las residencias españolas se han abierto ya varios procesos legales. La Fiscalía General del Estado mantiene 211 diligencias abiertas de carácter civil y 160 en trámite penal. Todo en relación a la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores.

 
EL DOCUMENTO TAMBIÉN RECOGÍA ENTRE SUS DIRECTIVAS QUE LOS FAMILIARES NO PUDIESEN LLEVARSE CONSIGO A SUS MAYORES A CASA PARA INTENTAR SALVARLOS


Sanidad recomendó "suspender todas las salidas de las residencias" de cualquier interno en plena pandemia


El documento de la discordia.
El documento de la discordia.

José María Fernández
22 de mayo de 2020
El Ministerio de Sanidad elaboró una guía el 24 de marzo para afrontar el coronavirus desde las residencias de mayores. En ese manual se recomendaba no sacar a los mayores de la residencias ni moverlos en absoluto de esos lugares, con lo que miles de ancianos vieron cómo no podían tan siquiera volver a su hogar o al de sus hijos para morir en paz. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación al respecto, pero no ha contemplado esta guía realizada por el mismo Ministerio de Sanidad.

En España, según las estimaciones, han fallecido más de 19.000 personas mayores internadas en residencias para la tercera edad, víctimas del coronavirus. El Estado de Alarma se decretó el 14 de marzo y entonces ya se sabía que uno de los colectivos más afectados por el COVID-19 serían los mayores de 65 años.


Por eso el Ministerio de Sanidad elaboró una "Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencia", fechada el 24 de marzo de 2020, díez días después de la entrada en vigor del Estado de Alarma en la que se recogía como "aspectos clave": "En el escenario actual, se deben suspender todas las salidas de la residencia" y "se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios".

Estas dos recomendaciones impidieron los primeros días llevar a los ancianos al hospital, pero también que los familiares pudieran llevarse consigo a sus mayores de algunos centros, ya que las residencias siguieron las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que centralizó desde el primero momento en su único mando la lucha contra la pandemia.
La guía, de 14 folios, que obra en poder de elcierredigital.com, también recoge los planes de contingencia que debían adoptar las residencias, como "un análisis detallado de las infraestructuras del centro, recursos humanos disponibles, relación detallada de los equipos de protección individual disponibles, garantizar la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes, análisis detallado de las características de los residentes y establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la epidemia", entre otras medidas.
pagina_3_residnecias.png
La página 3 del documento del ministerio de Sanidad.
El ministerio de Sanidad, de Salvador Illa, también pedía a las residencias que clasificaran los casos de sus residentes en "asintomáticos y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; asintomáticos en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19; residentes con síntomas compatibles con COVID-19 y casos confirmados de COVID-19".
Entre las "medidas generales dirigidas a la protección de la salud de residentes" se adopta como prioritaria que "se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario (...)
Salvador Illa, ministro de Sanidad.
"Igualmente, se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación" y destaca algo que no se hizo por parte de las residencias, al menos de manera generalizada por las quejas constantes de los familiares: "Se ha de informar a los residentes y sus familiares, así como a los trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para protegerlos".
Una tergiversada guía de residuos
Merece especial atención la normativa respecto a la gestión de residuos por lo complicada que parece para puesta en funcionamieto: "Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (...) se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de abertura, sin realizar ninguna separación respecto al reciclaje. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación (...)
"La BOLSA 2 con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente (...). La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto, estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas".

Una compleja guia elaborada por el Ministerio de Sanidad para afrontar el coronavirus desde las residencias de mayores. Un manual que recomendaba no sacar a los mayores de la residencias ni moverlos en absoluto de esos lugares, con lo que miles de ancianos vieron cómo no podían tan siquiera volver a su hogar o al de sus hijos para morir en paz. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación al respecto, pero no ha contemplado esta guía realizada por el mismo Ministerio de Sanidad.


 
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El empresario Miguel Pader Sousa ha llevado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ante los tribunales de Justicia por homicidio imprudente, lesiones, omisión de socorro y prevaricación por su gestión como coordinador del plan de choque en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. En una entrevista con OKDIARIO, avanza que a través de la plataforma de afectados que ha creado planea denunciar también al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«Hemos puesto esta demanda por los abusos que está cometiendo el Gobierno. Pablo Iglesias salió el día 19 jactándose a bombo y platillo de que él se hacía cargo del problema de las residencias. Pero, evidentemente, se ha demostrado que su gestión ha sido nefasta, la prueba está en que hay 19.000 fallecidos y 46.000 afectados contagiados o con síntomas», expone este empresario del mundo de la hostelería y los eventos.
Denuncia que «las residencias están sin sistemas de protección». «Era necesario que alguien al margen de los partidos políticos alzase la voz. Soy una persona muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y me han llegado infinidad de mensajes a raíz de la denuncia. Esta misma mañana me ha llegado por privado uno de una familia con cinco fallecidos, es increíble», comenta.




Sobre la pena a la que se podría enfrentar Pablo Iglesias, señala que «el delito que tiene más posibilidades de prosperar es el de prevaricación, que conlleva una pena de 1 a 4 años (de cárcel) y de 12 a 24 meses de multa, creo que ese va a ser el motivo de verle sentado en el banquillo, el resto va a ser complicado». «Yo sigo creyendo en la justicia, lo ponen muy difícil, pero creo en la separación de poderes», agrega sobre este tema.
Las normas a seguir para visitar a los mayores en las residencias andaluzas en la fase 2


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Preguntado sobre las residencias, Miguel Pader señala que «el Gobierno no ha hecho absolutamente nada, iban a destinar 300 millones, ¿dónde están los 300 millones prometidos? Las comunidades autónomas han recibido menos, han tenido que buscarse la vida, es el caso de la Comunidad de Madrid, en concreto». Acerca de las declaraciones del vicepresidente en las que descarga responsabilidades en las regiones, este empresario expresa con ironía «ahora la culpa la tienen las comunidades. Él no, claro, y así es todo, nunca nada es culpa suya».
«El Gobierno no tienen dinero para los ERTE pero sí para pagas y así absolutamente con todo. Hoy dicen una cosa, mañana otra y pasado será otra. No dejaban pasar a Madrid a la fase 1, sólo podía aspirar a la 0,5; ¿mañana qué será 0,75 o 1,20? Se están riendo de nosotros, nos tienen arrodillados, coartan nuestros derechos más fundamentales», describe.
No se olvida de las manifestaciones en Galapagar. «El señor vicepresidente Pablo Iglesias corta la calle entera de una urbanización porque no quiere ver protestas en la calle. Además, ordenan desde el Ministerio de Interior que no se exhiban banderas en ese vial. Por llevar tu bandera que te tengan que identificar, ¿en qué país estamos?», lamenta.
«Se ha equivocado en todo lo que ha hecho, no hay por dónde cogerlo. Demasiado que las comunidades autónomas han hecho lo que han podido, ¿qué han tenido parte de culpa? No lo sé, pero sí sé que él no ha hecho lo que debía», agrega.
Sobre la asociación recién creada, ‘España no se rinde’, comenta que «ahora mismo estamos en fase de constitución, tenemos los estatutos, soy yo el presidente, hay vicepresidente y secretario, está en el Registro de Asociaciones y estamos con la página web y ahí vamos a explicar todo, lo que hace la asociación, cómo apuntarse, etc».
«Además de defender los derechos y libertades de todos nosotros, queremos defender a los que se han visto afectados: familiares de residencias, los ERTE… todo lo causado por este Gobierno. La aceptación que ha tenido esta asociación es muy buena, hay buenas perspectivas de que esto avance. La de Pablo Iglesias no va a ser la única, acometeremos muchas acciones más estos días, no vamos a parar hasta que paguen por todos los abusos que están cometiendo. Queremos denunciar también al ministro del Interior, avanza.
Cuatro delitos
Esta primera denuncia ciudadana contra el también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sido presentada este viernes en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, en Madrid. El escrito acusa a Pablo Iglesias de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión de socorro y prevaricación y pide que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente y diputado de Podemos.
A día de hoy, el Ejecutivo sigue sin dar una cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria. La denuncia, firmada por Miguel Pader, cuenta ya con el apoyo de 50.000 afectados por la negligencia del Gobierno de PSOE y Podemos en las residencias de mayores.
Primera denuncia ciudadana contra Pablo Iglesias por «homicidio imprudente» en las residencias

«Es evidente que la demora en actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», subraya el escrito. «El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», remarca.
Cero autocrítica
En una comparecencia el jueves en el Congreso de los Diputados, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 eludió su responsabilidad en la gestión de las residencias y pasó al ataque contra la oposición. «Reconozcan que las privatizaciones, que poner las residencias en manos de fondos buitres, que lo que hizo el PP con los recortes, ha colocado a las residencias en una situación enormemente precaria», esgrimió Iglesias, con cero autocrítica.
«No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de cuidados a la más absoluta e indigna precariedad», enfatizó el vicepresidente escurriendo el bulto.
Excluidos
La dramática situación de las residencias salió a flote en la Comisión de Reconstrucción y Social del Congreso por la presencia de Iglesias, ya que el mando único (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes) delegó en él la coordinación. Pero llama la atención que entre las decenas de comparecencias previstas inicialmente no figura representante alguno de este sector, como puede ser el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).
«¿Por qué se ha excluido a los más afectados por la pandemia? Nos dicen que nos preparemos para un rebrote inminente y a la vez nos excluyen del proceso de reconstrucción. ¿Queremos o no queremos proteger a las personas mayores? Es como si no se hubiese aprendido nada. Lamentamos que no se pueda escuchar la voz del sector porque podemos aportar mucho para la reconstrucción y queremos hacerlo», ha lamentado CEAPs.


 
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La primera denuncia ciudadana contra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, por su polémica gestión de las residencias de mayores ha sido presentada este viernes en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, en Madrid
El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, acusa a Iglesias de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión de socorro y prevaricación y pide que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente del Gobierno y diputado de Podemos.
Desde el mando único para el estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación con las comunidades autónomas —competentes en éste ámbito— en la gestión de las residencias mayores durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, la actuación de Iglesias ha sido más que cuestionada por la falta de medios en estos centros para combatir al virus. A día de hoy, el Ejecutivo socialcomunista sigue sin dar una cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria.




En concreto, la denuncia va firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’, que cuenta ya con el apoyo de 50.000 afectados por la negligencia del Gobierno de PSOE y Podemos en las residencias de mayores. Esta plataforma nace para que se puedan sumar a ella afectados por el drama de las residencias, los ERTES u otras situaciones adversas provocadas por el Gobierno socialcomunista donde sea necesaria la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
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«Es evidente que la demora en el actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», subraya el escrito. «El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», remarca.
«La omisión de la adopción de medidas por el denunciado lo que provocó fue la propagación en mucho residentes, que si bien han superado la infección, lo cierto es que han requerido tratamiento médico y hospitalización para su sanidad, padeciendo en algunos casos secuelas pendiente de determinación, lo que evidencia que estamos ante el resultado típico, esto lesiones constitutivas de delito», prosigue la denuncia.
«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», remarca el escrito
Tales lesiones, incide el texto, son «consecuencia de las omisivas conductas» por parte de «quienes ha eludido ejecutar y desarrollar las más elementales normas de precaución, lo cual (…) supone una vulneración clara y flagrante del deber objetivo de cuidado que les incumbe», añade.
La denuncia contra Iglesias ha sido presentada «sin perjuicio de ampliarla posteriormente contra quienes se pudiera derivar responsabilidad penal en el transcurso de la fase instructora».
Cero autocrítica
En una comparecencia el jueves en el Congreso de los Diputados, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 eludió su responsabilidad en la gestión de las residencias y pasó al ataque contra la oposición. «Reconozcan que las privatizaciones, que poner las residencias en manos de fondos buitres, que lo que hizo el PP con los recortes, ha colocado a las residencias en una situación enormemente precaria», esgrimió Iglesias, con cero autocrítica.
«No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de cuidados a la más absoluta e indigna precariedad», enfatizó el vicepresidente escurriendo el bulto.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Vox María Ruiz Solás reprochó al vicepresidente del Gobierno que «no sea capaz de decir cuántos mayores han muerto en residencias» y que haya «dejado morir a miles de mayores sin recibir atención».
La diputada de la formación de Santiago Abascal rechazó que Iglesias tratara a toda costa de vincular su negligente gestión a supuestos recortes en la sanidad o en las residencias mayores, y recalcó que tales muertes se han producido porque «no se les ha llevado a los hospitales, porque les encerraron en las residencias», recordó María Ruiz a Iglesias. El pasado abril, Vox presentó denuncias en todas las fiscalías provinciales para investigar lo ocurrido en estos centros.
Excluidos
La dramática situación de las residencias salió a flote en la Comisión de Reconstrucción y Social del Congreso por la presencia de Iglesias, ya que el mando único (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes) delegó en él la coordinación. Pero llama la atención que entre las decenas de comparecencias previstas inicialmente no figura representante alguno de este sector, como puede ser el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).
«¿Por qué se ha excluido a los más afectados por la pandemia? Nos dicen que nos preparemos para un rebrote inminente y a la vez nos excluyen del proceso de reconstrucción. ¿Queremos o no queremos proteger a las personas mayores? Es como si no se hubiese aprendido nada. Lamentamos que no se pueda escuchar la voz del sector porque podemos aportar mucho para la reconstrucción y queremos hacerlo», ha lamentado CEAPs.

 
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La patronal de las residencias de ancianos: "No nos mandaban medicamentos, sólo morfina y para sedación"

La morfina y otros materiales para la sedación ha sido la única medicación que han recibido muchas residencias, según denuncia Ignacio Fernández Cid.

LD/esRadio
2020-05-06



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Entrevista a Ignacio Fernández-CidES LA TARDE DE DIETER
La morfina y otros materiales para la sedación ha sido la única medicación que han recibido muchas residencias, según denuncia Ignacio Fernández Cid.

Residencia de ancianos en Madrid. | EFE
Terrible denuncia la que ha hecho en Es la Tarde de Dieter de esRadio Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal que reúne a las empresas de residencias de ancianos en España.
Fernández Cid ha explicado que, durante esta crisis, los centros geriátricos no podían derivar a sus residentes a los hospitales: "Desde el inicio de todo esto llevamos denunciando que nos habían abandonado y no nos dejaban hacer derivaciones" a centros hospitalarios.


Pero es que encima ni siquiera han recibido medicación adecuada: "Los medicamentos que han estado funcionando, que han ido cambiando según los médicos sabían más, no nos los han mandado y por eso la mortandad ha crecido mucho", ha explicado, "no nos daban la buena medicación, esos medicamentos no los han enviado, pero morfina y para sedación, de todo", ha explicado.


"Puede ser que haya habido 20.000 muertos"


El presidente de la patronal de residencias ha recalcado también que las empresas a las que representa han pasado puntualmente a las comunidades autónomas los datos de fallecimientos en sus centros, y éstas a su vez se las pasaban al Ministerio de Sanidad: "Los datos los tiene el Gobierno y no los está dando porque no los quiere dar", ha dicho. Es más, ha recalcado que "el único que tiene todos los datos es Sanidad, las autonomías sólo tienen datos de su territorio".


Peguntado por la noticia que ha publicado la Cadena SER en la que se cifran en 17.500 los ancianos fallecidos por coronavirus en residencias de España ha admitido que "el dato es terrible", pero ha admitido que sí "puede ser que haya habido 20.000 muertes".

En este sentido, ha recordado que "lo normal habría sido que esa gente muriese en un hospital, igual que normalmente la gente no muere en sus casas" pero que en el futuro "los datos conformarán que la mayoría de los fallecimientos en las residencias se han producido en las propias residencias".




"No nos están dando test"

Por si este cuadro de lo ya ocurrido no fuese lo suficientemente terrible, Ignacio Fernández Cid ha denunciado que a las residencias "no nos están dando los test" y ha llamado la atención sobre el hecho de que "ya se está hablando de dar test a toda la sociedad", pero paradójicamente "no se está protegiendo a las personas más vulnerables", que son los ancianos.
Sin embargo, según él "hay que pasar los test a los residentes y a todo el personal" y además hay que hacerlo "en el mismo acto o no tenemos el cuadro exacto de la situación del centro, si tardas semanas cuando has sacado el último test el primero no te sirve de nada", ha dicho, lamentando que "algo tan obvio o no lo entienden o no lo quieren entender".
Por el contrario, se ha felicitado de que "material de protección suficiente" para los profesionales "sí ha llegado", pero ha advertido de que "ahora vamos a necesitar mucho más material, porque cuando salgan los mayores de sus habitaciones lo necesitarán". Además, Fernández Cid ha recordado que esto es muy urgente: "Tienen que salir ya, llevan dos meses confinados en las habitaciones y sin ver a la familia y una persona mayor con una musculatura débil necesita deambular y también necesitan socializar".




"Y encima somos los criminales"

Fernández Cid ha hecho una agria denuncia del trato que está recibiendo su sector: "Y encima tenemos que soportar que se diga que somos los criminales", ha comentado con amargura, "cuando el profesional sanitario recibe aplausos eso le anima, pero imagine a un trabajador de una residencia que tras días durísimos, porque esa gente a la que está viendo morir hace años que tiene una relación con ellos... y encima pone el telediario y resulta que eres culpable".




Por el contrario, él tiene muy claro que "lo que ha fallado aquí son las autoridades sanitarias, que no nos han dejado llevar las personas a los hospitales" ha dicho, "como falló el sistema funerario, no es que a nosotros nos gustase tener a los muertos en las habitaciones".

Además, ha denunciado que desde que asumió el control del sector "nunca, nunca" se ha dirigido a ellos "nadie del Gobierno", ni el ministro de Sanidad ni el vicepresidente Pablo Iglesias, que asumió el control del sector: "De la noche a la mañana nos quedamos sin interlocución directa", ha dicho.

Por último, Fernández Cid ha desmentido la caricatura de un sector controlado por multinacionales que incluso llevó a Podemos a crear un vídeo grotesco lleno de presuntas tramas empresariales de oscuros intereses. Nada más lejos de la realidad: "Sólo el 12% de las plazas están en manos de fondos de inversión", ha asegurado, y además "el 50% de las residencias tienen menos de 50 plazas y, normalmente, pertenecen a una familia o un autónomo" explica, "el modelo de empresa de nuestro sector es una empresa por una residencia".




 
CRISIS DEL CORONAVIRUS


Denuncia de los bomberos contra Vara e Iglesias: «Llevan a los abuelos en ambulancias como animales»


"Venían otros cuatro en la ambulancia, pegados, uno con mascarilla, otro sin mascarilla. Esto es una vergüenza", relatan en un vídeo


Iglesias hace chantaje con las residencias: se harán mejoras si se aprueban los Presupuestos
Coronavirus: última hora en directo del Covid-19 y la desescalada




Bomberos de Cáceres y personal de una residencia de mayores alertan del traslado de pacientes como "animales".

Un grupo de bomberos del SEPEI (Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios) de la Diputación de Cáceres y personal de una residencia de mayores han denunciado en las redes sociales la gestión que está realizando de las residencias de mayores tanto el Ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara como el Gobierno de la Nación, con el vicepresidente Pablo Iglesias como responsable de este ámbito durante el estado de alarma.


A través de un vídeo en el que lanzan la voz de alerta, relatan cómo se están produciendo traslados de ambulancia de estos pacientes como si fueran «animales». «Ha venido una ambulancia a llevarse a un abuelo a una revisión y la sorpresa ha sido ver, cuando han abierto la puerta, que venían otras cuatro personas en la ambulancia, pegados, uno con mascarilla, otro sin mascarilla», cuenta uno de los bomberos, que se identifica con nombre y apellidos.
«Así vamos mal porque nuestros políticos son cojonudos, nos ponen horarios, dicen todas las cosas que tenemos que seguir, hoy es obligatorio llevar mascarilla… Y a los pobres abuelos los meten todos juntos como si fuesen animales. Ahora cuando venga del hospital tiene que estar 14 días encerrado porque no sabemos si tiene Covid-19. Esto es una vergüenza», subraya el bombero que aparece respaldado en la grabación por otros compañeros de la Diputación de Cáceres y por personal de la residencia de ancianos.







Sin cifras

Estos bomberos llevan semanas realizando tareas de desinfección en las residencias de mayores, uno de los principales focos de contagio del coronavirus. Pese a estas denuncias, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sigue manteniendo que su actuación ha sido suficiente, cuando la pandemia ha afectado especialmente a estos centros sanitarios. La oposición ha cuestionado duramente la falta de medidas eficaces. El Ejecutivo socialcomunista sigue sin dar las cifras de fallecidos en residencias de mayores.

 
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