ESPAÑA EN JUEGO: DISGREGACIÓN, CONFEDERACIÓN, UNIÓN FEDERAL O UNIÓN JACOBINA

LA CAMPAÑA QUE ESTÁN MOVIENDO DESDE EL ENTRAMADO QUE OCUPA EL ESTADO PS[OE]+Ps+balcanizadores.

Vuelven el Pásalo y las campañas de agitprop. Objetivo: cambio de régimen hacia pluricosa confederal asimétrica. Sin monarquía, porque el señor Felipe de Borbón no está por la labor de apoyar esa balcanización chavisante. Si lo estuviera, nada que dañara su imagen habría salido en la "prensa". Ni aunque se hubieran levantado los Borbones 800 millones de euros, como los zurdos de los ERES en Andalucía. Ni aunque tuvieran los Borbones 290 millones de euros en Suiza, como los Pujoles de Lazilonia. Por cierto, ¿se sacó la cacerola contra esos otros? ¿Se montó un pasalo? Obviamente no.

Para que no se diga que aquí no se avisó.






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PanAm Post (Miami) ha publicado un artículo donde se dicen cosas MUY graves.

1) Una trama de agentes de los servicios secretos ESP crea una red de narcotráfico Venezuela-Galicia con el régimen venezolano. Se dan 2 nombres de agentes importantes que están en ello.

2) Con parte del dinero que genera esa red se monta toda la operación Podemos. O sea, que Ps está creado y protegido por esa trama mafiosa.

3) El PSOE de ZP/Sánchez también participa de esa trama. Los dos capos ahí, según el artículo, son ZP y Morodo. Pero a tenor del Delcygate Ábalos & co tampoco parecen ajenos al tema.

4) Lo que se puede deducir de lo anterior: más allá de las peleas puntuales, el actual PSOE, Ps (y tal vez algunos más del entramado separatista de izquierdas) están todos unidos por su implicación en este entramado mafioso. Se tienen unos a otros agarrados por salva sea la parte y a la vez, que ellos sigan en el poder es la garantía de impunidad para quienes mueven los hilos en la sombra, o sea, para esa trama dentro de los servicios.

5) Parece claro que "las 2 fuentes de Washington" que filtran esto a PanAm Post son de la propia administración yanqui, enfadadas porque desde España no se les entrega al general venezolano Hugo Carvajal.

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Gobierno de Sánchez protege al general venezolano Hugo Carvajal por sus relaciones con PSOE y Podemos

Dos fuentes dijeron al PanAm Post que con dinero de operaciones del narcotráfico coordinadas por Carvajal y agentes de los servicios secretos españoles se ha financiado a Podemos y las recientes maniobras de Zapatero en Venezuela




El pasado jueves 26 de marzo el Gobierno de Estados Unidos, en voz de su fiscal general William Barr, anunció la decisión de presentar cargos y pedir recompensa por varios altos funcionarios del régimen chavista, entre los que se encuentran el mismo Nicolás Maduro, su número dos Diosdado Cabello y el exjefe de Inteligencia, el general Hugo Carvajal. Este último está en España, fue detenido, y aunque hay un pedido de extradición a Estados Unidos, logró escaparse el año pasado y actualmente se encuentra en fuga. El Gobierno de Pedro Sánchez sabe dónde está y lo está protegiendo por sus relaciones con la inteligencia española.

Dos fuentes en Washington DC
dijeron al PanAm Post que el Gobierno de Sánchez permitió que Hugo Carvajal se fugara en noviembre del año pasado y ha entorpecido su captura para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. La razón: Carvajal, durante muchos años, logró tejer una estrecha relación con funcionarios en el Centro Nacional de Inteligencia español para encubrir la ruta del narcotráfico que, desde Venezuela, desembocaba en la región española de Galicia.

Hugo Carvajal fue director de la inteligencia venezolana
desde el 2004 hasta el 2014, durante la administración de Hugo Chávez y el primer año del Gobierno de Maduro. Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre el 2004 y el 2011, tuvo como enlace entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Cuerpo Nacional de Policía, al entonces comisario y agente Florencio San Agapito, uno de los contactos del general venezolano.

San Agapito y Carvajal se conocieron 2007, en Caracas, en el hotel Eurobuilding. El comisario venía de ser un hombre cercano a Cuba
gracias a sus trabajos en el disuelto monopolio español Tabacalaera S.A., que compraba toda la producción a los Castro. Allí trabajó con César Alierta, quien luego lo llevó a Telefónica como jefe de seguridad hasta el 2016, cuando fue imputado por un caso de blanqueo —que logró solventar luego de pagar una multa de 500 mil euros—. A San Agapito lo sustituye en Telefónica el coronel Miguel Ángel Sánchez Venancio, quien había sido el número tres del Centro Nacional de Inteligencia español. De acuerdo con las fuentes, Sánchez Venancio, hombre polémico, era el enlace de San Agapito con el CNI.

Otra de las conexiones entre Carvajal y San Agapito en España era la entonces cónsul general de Venezuela en Madrid, Gladys Gutiérrez, quien luego fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fernando Ticera, el esposo de Gutiérrez y ciudadano español, «controlaba las relaciones y fue el vehículo con Monedero y Pablo Iglesias», según la fuente.

Entre San Agapito y Carvajal se logró tejer una red que encubría rutas de narcotráfico, que salían del estado Sucre en Venezuela, pasaban por Surinam y terminaban en Galicia. El Gobierno americano tiene precisado que con dinero de ese entramado se ha financiado el partido español Podemos y las recientes operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, según contó una de las fuentes al PanAm Post.

Uno de los que apadrinó las operaciones, justo antes de dejar el cargo, fue el entonces embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, quien recientemente se vio inmerso en un millonario escándalo de corrupción y estafa a PDVSA. En concreto, la Audiencia Nacional de España investigaba el pago de sobornos de al menos 4 millones de euros al hijo de Morodo, Alejo. Morodo también formaba parte de la estructura de Carvajal y San Agapito.

Vale señalar, además, que entre 2004 y 2013, según han reconocido los mismos actores, el politólogo Juan Carlos Monedero asesoró al Gobierno de Hugo Chávez. Unos meses después de apartarse fundó Podemos junto a Pablo Iglesias.

El 22 de febrero de este año el presidente Pedro Sánchez forzó la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia para incluir al jefe de Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno que controla los asuntos de Inteligencia del país. «El líder de Podemos tendrá así ahora acceso a conocer y controlar todos los secretos del Estado», se lee en el diario El Mundo.

Unas semanas después, y en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, Pedro Sánchez aprovechó un decreto cuyo objetivo era combatir los efectos del virus en la economía para introducir una «fórmula que blinda la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia».

Pero Iglesias, cuyo partido ha sido financiado en parte gracias al entramado de Carvajal, no es el único que tiene influencia actualmente en el CNI. Según dijeron las fuentes al PanAm Post, Florencio San Agapito, quien es una pieza importante del zapaterismo, también tiene una incidencia de peso en la inteligencia española y es quien protege a Hugo Carvajal.

Luego de que el Gobierno americano anunciara los cargos y la recompensa por Carvajal, la DEA notificó a España de la ubicación exacta en la que se encuentra el exjefe de la inteligencia venezolana; sin embargo, las autoridades no lo han capturado.


 
Última edición:
PanAm Post (Miami) ha publicado un artículo donde se dicen cosas MUY graves.

1) Una trama de agentes de los servicios secretos ESP crea una red de narcotráfico Venezuela-Galicia con el régimen venezolano. Se dan 2 nombres de agentes importantes que están en ello.

2) Con parte del dinero que genera esa red se monta toda la operación Podemos. O sea, que Ps está creado y protegido por esa trama mafiosa.

3) El PSOE de ZP/Sánchez también participa de esa trama. Los dos capos ahí, según el artículo, son ZP y Morodo. Pero a tenor del Delcygate Ábalos & co tampoco parecen ajenos al tema.

4) Lo que se puede deducir de lo anterior: más allá de las peleas puntuales, el actual PSOE, Ps (y tal vez algunos más del entramado separatista de izquierdas) están todos unidos por su implicación en este entramado mafioso. Se tienen unos a otros agarrados por salva sea la parte y a la vez, que ellos sigan en el poder es la garantía de impunidad para quienes mueven los hilos en la sombra, o sea, para esa trama dentro de los servicios.

5) Parece claro que "las 2 fuentes de Washington" que filtran esto a PanAm Post son de la propia administración yanqui, enfadadas porque desde España no se les entrega al general venezolano Hugo Carvajal.

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Gobierno de Sánchez protege al general venezolano Hugo Carvajal por sus relaciones con PSOE y Podemos

Dos fuentes dijeron al PanAm Post que con dinero de operaciones del narcotráfico coordinadas por Carvajal y agentes de los servicios secretos españoles se ha financiado a Podemos y las recientes maniobras de Zapatero en Venezuela




El pasado jueves 26 de marzo el Gobierno de Estados Unidos, en voz de su fiscal general William Barr, anunció la decisión de presentar cargos y pedir recompensa por varios altos funcionarios del régimen chavista, entre los que se encuentran el mismo Nicolás Maduro, su número dos Diosdado Cabello y el exjefe de Inteligencia, el general Hugo Carvajal. Este último está en España, fue detenido, y aunque hay un pedido de extradición a Estados Unidos, logró escaparse el año pasado y actualmente se encuentra en fuga. El Gobierno de Pedro Sánchez sabe dónde está y lo está protegiendo por sus relaciones con la inteligencia española.

Dos fuentes en Washington DC
dijeron al PanAm Post que el Gobierno de Sánchez permitió que Hugo Carvajal se fugara en noviembre del año pasado y ha entorpecido su captura para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. La razón: Carvajal, durante muchos años, logró tejer una estrecha relación con funcionarios en el Centro Nacional de Inteligencia español para encubrir la ruta del narcotráfico que, desde Venezuela, desembocaba en la región española de Galicia.

Hugo Carvajal fue director de la inteligencia venezolana
desde el 2004 hasta el 2014, durante la administración de Hugo Chávez y el primer año del Gobierno de Maduro. Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre el 2004 y el 2011, tuvo como enlace entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Cuerpo Nacional de Policía, al entonces comisario y agente Florencio San Agapito, uno de los contactos del general venezolano.

San Agapito y Carvajal se conocieron 2007, en Caracas, en el hotel Eurobuilding. El comisario venía de ser un hombre cercano a Cuba
gracias a sus trabajos en el disuelto monopolio español Tabacalaera S.A., que compraba toda la producción a los Castro. Allí trabajó con César Alierta, quien luego lo llevó a Telefónica como jefe de seguridad hasta el 2016, cuando fue imputado por un caso de blanqueo —que logró solventar luego de pagar una multa de 500 mil euros—. A San Agapito lo sustituye en Telefónica el coronel Miguel Ángel Sánchez Venancio, quien había sido el número tres del Centro Nacional de Inteligencia español. De acuerdo con las fuentes, Sánchez Venancio, hombre polémico, era el enlace de San Agapito con el CNI.

Otra de las conexiones entre Carvajal y San Agapito en España era la entonces cónsul general de Venezuela en Madrid, Gladys Gutiérrez, quien luego fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fernando Ticera, el esposo de Gutiérrez y ciudadano español, «controlaba las relaciones y fue el vehículo con Monedero y Pablo Iglesias», según la fuente.

Entre San Agapito y Carvajal se logró tejer una red que encubría rutas de narcotráfico, que salían del estado Sucre en Venezuela, pasaban por Surinam y terminaban en Galicia. El Gobierno americano tiene precisado que con dinero de ese entramado se ha financiado el partido español Podemos y las recientes operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, según contó una de las fuentes al PanAm Post.

Uno de los que apadrinó las operaciones, justo antes de dejar el cargo, fue el entonces embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, quien recientemente se vio inmerso en un millonario escándalo de corrupción y estafa a PDVSA. En concreto, la Audiencia Nacional de España investigaba el pago de sobornos de al menos 4 millones de euros al hijo de Morodo, Alejo. Morodo también formaba parte de la estructura de Carvajal y San Agapito.

Vale señalar, además, que entre 2004 y 2013, según han reconocido los mismos actores, el politólogo Juan Carlos Monedero asesoró al Gobierno de Hugo Chávez. Unos meses después de apartarse fundó Podemos junto a Pablo Iglesias.

El 22 de febrero de este año el presidente Pedro Sánchez forzó la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia para incluir al jefe de Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno que controla los asuntos de Inteligencia del país. «El líder de Podemos tendrá así ahora acceso a conocer y controlar todos los secretos del Estado», se lee en el diario El Mundo.

Unas semanas después, y en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, Pedro Sánchez aprovechó un decreto cuyo objetivo era combatir los efectos del virus en la economía para introducir una «fórmula que blinda la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia».

Pero Iglesias, cuyo partido ha sido financiado en parte gracias al entramado de Carvajal, no es el único que tiene influencia actualmente en el CNI. Según dijeron las fuentes al PanAm Post, Florencio San Agapito, quien es una pieza importante del zapaterismo, también tiene una incidencia de peso en la inteligencia española y es quien protege a Hugo Carvajal.

Luego de que el Gobierno americano anunciara los cargos y la recompensa por Carvajal, la DEA notificó a España de la ubicación exacta en la que se encuentra el exjefe de la inteligencia venezolana; sin embargo, las autoridades no lo han capturado.




PanAm Post lleva desde ayer recibiendo ataque informáticos.

 


Covid-19: técnica del golpe de Estado

José Javier Esparza Marzo 2020

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, están ensayando técnicamente un golpe de Estado aprovechando la emergencia de salud pública por la pandemia del coronavirus

Es una evidencia que el Gobierno Sánchez está utilizando la crisis del coronavirus para obtener el mayor rédito político en términos de poder puro y desnudo. Ya antes había quedado claro que este Gobierno pretendía compensar la precariedad de su mayoría parlamentaria con una ocupación masiva de los resortes del poder: véanse gestos como el nombramiento de la ex ministra de Justicia como Fiscal General del Estado, el control férreo sobre el poder legislativo o el afianzamiento de la hegemonía en los principales medios de comunicación, que iban muy claramente en ese sentido. Ahora la gran crisis le ha dado la oportunidad de estrechar el lazo.

Los hechos son muy elocuentes:

Primero: la declaración del estado de alarma, supuesto constitucional plenamente justificado por la emergencia sanitaria, pero que el Gobierno ha interpretado de manera amplia para atribuirse la potestad de intervenir, requisar, limitar y prohibir hasta un punto nunca antes visto.

Segundo: aprovechando la declaración del estado de alarma, el líder de la pata comunista del Gobierno, el vicepresidente Iglesias, aventura la idea de nacionalizar los servicios sanitarios privados.

Tercero: el decreto del estado de alarma, de manera completamente intempestiva, modifica la ley de los servicios de seguridad, el CNI, para introducir en su cúpula al vicepresidente Iglesias y al hombre de confianza de Sánchez, Iván Redondo.

Cuarto: acto seguido, el Gobierno procede a la supresión de facto de cualquier control parlamentario y centraliza toda la acción legislativa en la presidenta del Congreso.

Quinto: el 19 de marzo se publica la Orden SND/261/2020 que viene a poner en manos del ministro de Justicia toda la actividad judicial, al margen de los órganos específicamente judiciales.

Atención a los pasos: reforzamiento extremo del poder ejecutivo, neutralización del poder legislativo, reducción del poder judicial. ¿Realmente el estado de alarma exigía todo eso? La respuesta es no. Este Gobierno, al cobijo del estado de alarma, ha emprendido una peligrosa senda autoritaria. La pregunta es por qué, con qué fin.

En una circunstancia como la que estamos viviendo, nadie discute la necesidad de centralizar los resortes del Estado en aras de la eficacia: bien está dar autoridad al Ejecutivo si eso sirve para reducir los efectos de la pandemia. Ahora bien, en España se dan dos circunstancias completamente singulares, que no concurren en ningún otro país europeo y que despiertan una inevitable inquietud. Una es que en el Consejo de Ministros se sienta un partido como Podemos, que múltiples veces ha manifestado su nulo aprecio por la “democracia burguesa” y cuyo modelo, abiertamente proclamado, es el socialismo bolivariano. La otra es que la mayoría gubernamental se sustenta sobre fuerzas separatistas que no han ocultado su deseo de desgarrar el Estado y destruir el tejido nacional, incluso violentamente. De unos y otros, comunistas y separatistas, sólo puede esperarse –y sería estúpido esperar lo contrario- que utilicen cualquier pretexto para llevar a cabo su propósito, que en ambos casos es la cancelación del modelo de Estado vigente y su sustitución por otra cosa. Ante tal paisaje, ¿pueden ponerse los resortes del Estado en manos tan poco seguras?

Cómo se da un golpe de Estado

Un golpe de Estado es, ante todo, una operación técnica de control de los resortes del poder al margen de los cauces convencionales. No es preciso que sea violento, aunque ocasionalmente pueda concurrir violencia. Un golpe no es una insurrección, una sublevación, una asonada ni una revolución. O no tiene por qué serlo. Un golpe puede ser, simplemente, una maniobra burocrática de manipulación de los cauces legales.

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Lo que define al golpe de Estado es, precisamente ese carácter “técnico”: el Estado es una máquina con sus palancas ejecutivas, legislativas, judiciales, económicas y mediáticas, y el golpe consiste en hacerse con el control de ellas en parte o por entero. Eso lo vio muy bien Curzio Malaparte en su clásico Técnicas del golpe de Estado cuando señaló el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte como el primer golpe de Estado moderno: en noviembre de 1799, un general, con un mínimo uso de la fuerza, se hace nombrar cónsul por el Consejo de los Ancianos, es decir, por el legítimo poder legislativo. No se derribó a un Estado para construir otro de nuevo cuño, sino que se produjo un cambio radical de poder dentro del propio Estado, con los instrumentos ya establecidos. Tales instrumentos no tienen por qué ser los institucionales, sino que también pueden ser los estrictamente materiales: cuando Trotski dirigió el golpe revolucionario de 1917 –bien lo señala Malaparte-, no se dirigió a la Duma, ya inservible, sino a las centrales eléctricas, las estaciones de ferrocarril y los puestos de correos.

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En el golpe de Estado del 18 brumario Napoleón, el salvador de la patria, consiguió que la Asamblea designara a tres cónsules, el triunvirato, que absorbió en él mismo con la excusa de luchar contra la corrupción

El golpe siempre viene en una situación de excepción. En el caso de Bonaparte, la situación excepcional vino servida por la conspiración de los jacobinos contra el Gobierno. Algo parecido invocó Hitler para la “noche de los cuchillos largos”, en la que purgó a fondo su propio movimiento. La situación excepcional, en la que el poder queda colgando del vacío, es siempre propicia para estimular las ambiciones. Esa situación puede venir sola, al hilo de acontecimientos imprevistos –por ejemplo, una grave crisis sanitaria-, o puede ser provocada mediante una estrategia revolucionaria de desestabilización. En uno u otro caso, lo determinante es la aparición de una fuerza que se muestra dispuesta a cabalgar la situación excepcional para imponerse sobre cualquier adversario. Porque es verdad que en última instancia, como decía Carl Schmitt, soberano es quien decide en el estado de excepción. En condiciones normales de convivencia pacífica podemos hacer retórica con fórmulas como la de “soberanía popular”, pero el hecho es que soberano, en el sentido estrictamente etimológico del término, sólo es quien demuestra estar por encima de los demás, que eso quiere decir superanus. Y nada mejor que un estado de excepción para ponerlo a prueba.

Hoy, en un sistema complejo como es el nuestro, resulta poco imaginable un golpe al antiguo estilo, con ocupación de infraestructuras o neutralización de instituciones. Sin embargo, es perfectamente factible un golpe de Boletín Oficial que haga todas esas cosas de manera aséptica amparándose, por ejemplo, en una catástrofe natural o en un estado de alarma sanitaria, es decir, en una situación excepcional. Teóricamente, en nuestro ordenamiento jurídico, el poder ejecutivo no puede decretar tales estados sin pasar por el aval parlamentario, pero todos sabemos que el poder legislativo, en España, no es otra cosa que una prolongación de los partidos políticos y, por esa vía, del poder ejecutivo. Si además reducimos el Parlamento a cero, como acaba de hacer nuestro Gobierno, entonces estamos a un paso del golpe. Al menos, técnicamente hablando.

La situación es la que es: tenemos un poder ejecutivo que se ha arrogado funciones extremas y que ha emasculado literalmente a los otros dos poderes. La situación de excepción que ha propiciado el decreto de alarma permite ahora mismo al Gobierno hacer lo que le venga en gana. Tenemos las libertades de circulación y reunión suspendidas por razones sanitarias e intervenidas por las fuerzas de seguridad, y la libertad de expresión, confinada en la selva virtual de Internet. Habría que remontarse a los años cuarenta, en una situación de posguerra civil, para hallar un precedente de semejante acumulación de poder. Y hay que estar atentos a los próximos pasos, porque el estado de alarma va a prorrogarse quince días más y esto parece lejos de amainar.

http://www.kosmospolis.com/2020/03/...estado/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 
Los trucos de Moncloa para sobrevivir a la pandemia covid19

César Calderón

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del Consejo de Ministros extraordinario.​

Al parecer fue el presidente norteamericano Harry Truman, que a pesar de ser un superviviente nato no era precisamente ningún prodigio de virtudes éticas, el autor de una de las frases más terribles y no por ello menos bellas sobre la comunicación política y gubernamental: "Si no puedes convencerlos, confúndelos".

Y bueno, tras un mes de gestión política y comunicacional de la crisis del Covid-19 ya no es aventurado afirmar que el gobierno de España, asustado por su falta de previsión en el origen de la pandemia, por el implacable número de cadáveres diarios, por habernos convertido en el país del mundo con mayor porcentaje de fallecidos y sobre todo por el cabreo creciente de la ciudadanía española, decidió a pasar a la segunda parte de la frase de Harry Truman, la de confundir, sin pasar por la primera, ya saben, la de tratar de convencer, que como todo el mundo sabe es mucho más engorrosa y desagradecida.

Y he de decir que, en este capítulo, el de generar confusión usando herramientas más propias de ilusionistas que de gobernantes, el gobierno ha sido particularmente prolífico. Aunque tengo serias dudas de que ese alto número de bombas de humo vaya a la postre a ser demasiado eficaz.

¿Y cuáles han sido esos trucos? Se preguntarán ustedes. Pues vamos con ellos.


El 'Efecto Bandwagon'

El llamado Efecto Bandwagon es un conocido y estudiado sesgo cognitivo también llamado "efecto arrastre" por el que los seres humanos aceptamos automáticamente que cuando un grupo grande de personas piensan o se comportan de determinada forma, esa y no otra es la forma correcta de pensar y actuar y nos sumamos a la manada de forma gregaria, acrítica y en cierto sentido, oportunista.

Si miramos hacia atrás solo tres semanas, veremos cómo ha influido ese Efecto bandwagon en nuestro comportamiento ante el posicionamiento político de los diferentes partidos en esta crisis, que se puede resumir en una frase que habrán escuchado e incluso repetido ustedes mismos en distintas declinaciones, me refiero a la ya famosa: "La oposición lo que debe hacer es callarse y apoyar al gobierno hasta que pase la crisis".

No existe lógica alguna en esa idea, no responde a nuestro ordenamiento político-constitucional (la democracia no se suspende en medio de una crisis sanitaria y la oposición tiene una misión de control que cumplir), y ni tan siquiera nos beneficia, pero a pesar de todo ello (reconózcanlo) tienen en su cabeza esa falsa idea esculpida en bajorrelieve.

Tal es el poder del efecto arrastre y el gobierno lo ha usado en su favor maniatando a la oposición e impidiendo que cumpla su función constitucional so pena de ser acusados de crímenes de lesa democracia.


El relato de la pandemia

¿Cuáles es la idea que más relacionan con este periodo de cuarentena?

Estoy seguro de que una de ellas es que "Este virus lo paramos unidos", que responde a la campaña institucional del gobierno de España. Una bonita frase, sin duda.

Pero es mucho más que una frase, es la punta de lanza de un relato que ha corrido por todos los medios y canales de forma machacona durante el último mes convenciéndonos de la importancia de nuestro papel para solucionar la crisis, llenando nuestros corazones de solidaridad, heroísmo y sentimiento de comunidad.

Según esa idea, repetida ad nauseam en una campaña institucional sin límite de gasto, no hay otra forma de parar el virus que no sea sumándonos no solo a las instrucciones sanitarias del gobierno, sino incluso a su visión política y económica de la crisis.

Solo así podremos ser incluidos en el lado del bien, la luz y la verdad, en el panteón de los héroes de los balcones evitando además caer en traición. Porque (y esto es fundamental) quien critique al gobierno nos critica a todos.

Tal es el poder de un relato bien trabajado y poderoso, cualquiera que no se una al gobierno (no al estado) en su justa causa se convierte en extraño, en sospechoso, en alienado. Y como todo alienado debe ser duramente reconvenido por la vanguardia del pueblo.

El tesauro de la pandemia

Las palabras son importantes, de hecho, son los sillares con los que está construida nuestra democracia, con ellas se pueden entronizar reyes y también destruir imperios.

Esa es la razón por la que Moncloa ha creado su propio tesauro para enmarcar y difuminar las palabras habituales en una situación de crisis como la que padecemos.

De tal suerte que el parón de la economía se ha convertido en "hibernación", los espacios de reclusión de los enfermos asintomáticos en "arcas de Noé" y el número de fallecidos en "la curva", por poner solo tres ejemplos.

Tal es el poder de las palabras, que quien las elige y populariza, domina el escenario.

Y no quiero entretenerlos más por hoy, por supuesto que hay muchos más trucos como ocupar los informativos con la imagen del presidente del gobierno sin límite de tiempo, manejar los datos oficiales para que se ajusten al relato, atacar a las CCAA para evadir las responsabilidades propias, ofrecer un "pacto de estado" con una mano mientras con la otra se atiza a la oposición… pero esos dan para otra columna.


https://blogs.publico.es/cesar-cald...cos-de-moncloa-para-sobrevivir-a-la-pandemia/

Este artículo fue la causa de la expulsión de su autor del plantel de colaboradores del diario Público (el digital de Escolar)
Hoy ha anunciado en Twitter que desde la próxima semana escribirá en Vozpopuli (el digital de Jesús Cacho)



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La monitorización gubernamental de las redes: hacia el control social

Frente a quienes pretenden imponernos un Estado de vigilancia, yo propongo que seamos los ciudadanos quienes permanezcamos vigilantes ante las arbitrariedades de los poderes públicos del Estado

GUADALUPE SÁNCHEZ

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Mis lectores habituales conocen bien mi honda preocupación por la deriva punitivista en la que se ha embarcado la sociedad contemporánea. El derecho penal liberal está cediendo terreno a pasos agigantados a favor de concepciones penales propias de regímenes autoritarios. Mientras que en las democracias liberales la pena se caracteriza por su carácter reactivo (se concibe como respuesta a un acto delictivo cometido por el autor), los Estados totalitarios presentan modelos penales prospectivos, en los que la pena no obedece a la comisión de un hecho concreto sino a la hipotética peligrosidad del individuo. Se trata de un derecho penal sin delito, en el que prima la prevención del hecho futuro y en el que la libertad cede en pos de la seguridad.

En los últimos años nuestra sociedad ha estado inmersa en una especie de compás de espera, dando pasos vacilantes, aunque no definitivos, hacia concepciones penales más represivas. Es lo que algunos autores han calificado como Estado vigilante”.

Los instrumentos que han servido a los Estados para ahondar en esta idea son Internet y las redes sociales. A través de ellos, hemos asistido a un proceso de universalización del acceso a la información y de globalización de los contenidos que ha supuesto una eclosión de la libertad de expresión sin precedentes históricos. En las RRSS hemos expuesto nuestros datos personales, nuestros gustos, nuestras amistades, nuestras afinidades y nuestra ideología. Acudimos a ellas en busca de información y opiniones de una forma más cómoda y accesible que la tradicional.

Nebulosa legislativa

Por eso la política ha encontrado en ellas un lugar perfecto para colocar mensajes y captar adeptos a su causa. El problema es que el poder también ha visto sus enormes posibilidades represivas: quien controle el flujo de información en la red controlará también el relato. Llevamos mucho tiempo observando cómo gobiernos y partidos políticos crean perfiles y cuentas con estos fines y cómo se van dando pasos hacia la categorización de contenidos, con la aparición de los llamados verificadores. Se trata de empresas privadas cuya misión es, básicamente, etiquetar una información o publicación como verdad o bulo. Aunque es indiscutible que pueden ser una herramienta social útil, no es menos cierto que también pueden ser usadas de forma tendenciosa y que su neutralidad es discutida y discutible. Se trata de una nebulosa legislativa en la que entran en juego derechos y libertades fundamentales, sobre la que algo escribiré en un futuro no muy lejano.

Porque lo que ahora mismo me resulta más preocupante es la tendencia del Gobierno a asumir ese papel de verificador de la información. Algo que se ha acelerado en cuestión de apenas un mes, con la declaración del estado de alarma. Llevan semanas repitiendo que sólo debemos confiar en las informaciones suministradas por las fuentes oficiales (es decir, el Gobierno), a pesar de que su falsabilidad en lo que al coronavirus se refiere ha quedado contrastada en múltiples ocasiones.

Ante la imposibilidad de poner coto a la refutación publica de las tesis gubernamentales
, hace unos días Grande-Marlaska, el ministro de Interior, anunció que los funcionarios públicos están monitorizando las redes sociales "con el fin de comprobar algunos discursos que puedan ser peligrosos o delictivos (…) y detectar campañas de desinformación". He aquí esa potencialidad delictiva de la que les advertía al comienzo del artículo, ésa que señala a un mensaje o discurso no por su ilicitud declarada, sino por su peligrosidad.

Las investigaciones prospectivas están vedadas en nuestro ordenamiento jurídico. La Directiva del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2000 impone a las empresas titulares de las RRSS aplicar un deber de diligencia para detectar y prevenir actividades ilegales, si bien se estipula muy claramente que: “Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas (…)”. El TJUE ya declaró en su sentencia de 03/10/2019 que para que un Estado miembro pueda obligar a las empresas titulares de las RRSS a suprimir datos que almacene o bloquear el acceso a los mismos, el contenido de éstos tendrá que haber sido declarado ilícito con anterioridad por un tribunal, tras un proceso con todas las garantías.

Tanto la Directiva como el TJUE trasladan así al campo de las RRSS un principio clásico de nuestro derecho penal: la proscripción de las investigaciones prospectivas. José Manuel Maza, quien fuera fiscal general del Estado, las definió en el año 2017 como “aquellas investigaciones generales dirigidas a la búsqueda de ‘algo’ que pudiera ser un indicio de delito (…) dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”. Vamos, justo lo anunciado por Marlaska. Porque una cosa es investigar un acto presuntamente delictivo del que se tiene noticia y otra bien distinta es investigar con la excusa de estar buscando posibles delitos.

La necesidad de vedar este tipo de investigaciones preventivas ha sido numerosas veces proclamada por el Tribunal Supremo pues, de lo contrario, “cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia. En realidad, se trata de aplicar el mismo principio que es exigible cuando se trata de restringir los derechos fundamentales del artículo 18 C.E., en este caso los derechos a la libertad personal y a la seguridad del artículo 17.1 del Texto Constitucional”.

Y a estas alturas ya sabrán todos ustedes (si no se lo recuerdo yo), que el estado de alarma no habilita al Gobierno a suspender nuestros derechos y libertades fundamentales. Podrá restringir temporalmente aquéllos que sean necesarios para poner fin a la emergencia sanitaria, pero la libertad de expresión no es uno de ellos.

Da igual que los ministros repitan una y otra vez, para justificarse, que "la desinformación es lo peor que nos puede ocurrir para luchar contra la pandemia". Eso es mentira. Es un pretexto para cercenar el derecho que nos asiste como ciudadanos a fiscalizar la gestión del Gobierno. Una coartada para criminalizar la crítica e imponer un relato en el que jamás existieron la inacción y la falta de previsión gubernamental. Y lo de colar en el CIS preguntas capciosas que habiliten al Gobierno a adoptar medidas en pos de todo ello es la última demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar cercenando nuestras libertades con el subterfugio clásico de la seguridad. Utilizando además toda la artillería institucional para ello, si es menester. Es algo tremendo, pero no inaudito en la historia de la humanidad.

En fin, quédense con esta idea: no hay mensaje más peligroso que el de quien se ampara precisamente en una peligrosidad potencial, incierta o futura, de los mensajes de otros para limitar nuestros derechos y libertades o vulnerarlos. Frente a quienes pretenden imponernos un Estado de vigilancia, yo propongo que seamos los ciudadanos quienes permanezcamos vigilantes ante las arbitrariedades de los poderes públicos del Estado. No dejemos que el coronavirus sea su excusa para que mermen nuestra libertad.

 
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