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La Fiscalía del Supremo asume la investigación a Don Juan Carlos por el AVE a la Meca
Las diligencias que se seguían en Anticorrupción pasan a ser competencia ahora del Ministerio Público en el Alto tribunal.
Isabel Vega
MADRID A
08/06/2020
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación por las presuntas mordidas en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca que se estaban siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción porque «una de las personas involucradas en los hechos» es el anterior monarca Don Juan Carlos de Borbón, que está aforado.
Según informa en un comunicado la Fiscalía General del Estado, en este punto de la investigación «resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito»para esclarecer si hubo conductas delictivas en esa adjudicación a un consorcio español de la construcción del llamado «AVE del desierto» entre Medina y La Meca.
«Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado», explica el departamento que dirige Dolores Delgado.
La investigación, según el decreto firmado por la propia Delgado el pasado 5 de junio, se ha encomendado al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos.
«Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación», dice la Fiscalía General del Estado.
Las pesquisas arrancaron en el año 2018 cuando trascendieron unos audios grabados subrepticiamente por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que la otrora amiga íntima de Don Juan Carlos, Corinna Larssen, afirmaba, entre otras cosas, que el anterior monarca se había llevado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE del desierto a un consorcio español.
Los audios se incorporaron a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre Villarejo, pero tras constatar que el Rey era inviolable en las fechas de la adjudicación (2011) y que no había más pruebas que el relato de Corinna, el instructor de la causa dictó el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cogió el testigo y comenzó a investigar posibles delitos de corrupción en las transacciones internacionales, entre otros.
Tomó declaración a la supuesta intermediaria iraní en aquel negocio, Shahpari Azam Zanganeh, y recabó documentación al consorcio adjudicatario de la infraestructura, entre otras diligencias. En paralelo, la Fiscalía de Suiza, que investigaba delitos de blanqueo de capitales en el contexto de las actividades del gestor de cuentas Arturo Fasana y el letrado Dante Canónica, incorporó este asunto a su causa tras encontrar transferencias millonarias en favor de la propia Larssen que ella atribuía a Don Juan Carlos y que procedían de sociedades en paraísos fiscales.
Ahí comenzó a complicarse la situación para el anterior monarca, pues si bien los hechos en torno a la adjudicación no le serían imputables dada su inviolabilidad en aquellas fechas, el movimiento posterior del dinero presuntamente obtenido con estas y otras comisiones habría tenido lugar más allá de 2014, cuando ya había abdicado.
En espera de que Suiza remita a la Fiscalía Anticorrupción una comisión rogatoria reclamada ya en tres ocasiones y que contendría sus hallazgos sobre esos movimientos de fondos, el organismo que dirige Alejandro Luzón ha acordado con la Fiscalía General del Estado que sea el Tribunal Supremo quien tome el testigo pues los hechos que se investigan como posibles delitos fiscales o de blanqueo de capitales le corresponderían en todo caso a este organismo, en tanto que Don Juan Carlos está aforado.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación por las presuntas mordidas en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca que se estaban siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción porque «una de las personas involucradas en los hechos» es el anterior monarca Don Juan Carlos de Borbón, que está aforado.
Según informa en un comunicado la Fiscalía General del Estado, en este punto de la investigación «resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito»para esclarecer si hubo conductas delictivas en esa adjudicación a un consorcio español de la construcción del llamado «AVE del desierto» entre Medina y La Meca.
«Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado», explica el departamento que dirige Dolores Delgado.
La investigación, según el decreto firmado por la propia Delgado el pasado 5 de junio, se ha encomendado al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos.
«Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación», dice la Fiscalía General del Estado.
Las pesquisas arrancaron en el año 2018 cuando trascendieron unos audios grabados subrepticiamente por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que la otrora amiga íntima de Don Juan Carlos, Corinna Larssen, afirmaba, entre otras cosas, que el anterior monarca se había llevado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE del desierto a un consorcio español.
Los audios se incorporaron a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre Villarejo, pero tras constatar que el Rey era inviolable en las fechas de la adjudicación (2011) y que no había más pruebas que el relato de Corinna, el instructor de la causa dictó el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cogió el testigo y comenzó a investigar posibles delitos de corrupción en las transacciones internacionales, entre otros.
Tomó declaración a la supuesta intermediaria iraní en aquel negocio, Shahpari Azam Zanganeh, y recabó documentación al consorcio adjudicatario de la infraestructura, entre otras diligencias. En paralelo, la Fiscalía de Suiza, que investigaba delitos de blanqueo de capitales en el contexto de las actividades del gestor de cuentas Arturo Fasana y el letrado Dante Canónica, incorporó este asunto a su causa tras encontrar transferencias millonarias en favor de la propia Larssen que ella atribuía a Don Juan Carlos y que procedían de sociedades en paraísos fiscales.
Ahí comenzó a complicarse la situación para el anterior monarca, pues si bien los hechos en torno a la adjudicación no le serían imputables dada su inviolabilidad en aquellas fechas, el movimiento posterior del dinero presuntamente obtenido con estas y otras comisiones habría tenido lugar más allá de 2014, cuando ya había abdicado.
En espera de que Suiza remita a la Fiscalía Anticorrupción una comisión rogatoria reclamada ya en tres ocasiones y que contendría sus hallazgos sobre esos movimientos de fondos, el organismo que dirige Alejandro Luzón ha acordado con la Fiscalía General del Estado que sea el Tribunal Supremo quien tome el testigo pues los hechos que se investigan como posibles delitos fiscales o de blanqueo de capitales le corresponderían en todo caso a este organismo, en tanto que Don Juan Carlos está aforado.
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