CASO ERES-ANDALUCIA BATE EL RECORD: 741 MILLONES PUBLICOS. 116 IMPUTADOS

Registrado
29 May 2013
Mensajes
1.085
Calificaciones
7.514
Alaya ha citado a declarar este lunes

- a María Ángeles Gala y a Rocío Sayago, dos exsecretarias del exdirector de Trabajo andaluz, F. Javier Guerrero. Imputadas, declararán sobre las ayudas que habrían tramitado pese a conocer las «irregularidades» que se cometían.

http://www.lavozdegalicia.es/notici...ctor-trabajo-andaluz/0003_201312G23P51991.htm



- al expresidente y exmáximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, para ampliarle su imputación en relación a su gestión al frente del club bético.
- al consejero delegado del Betis, Luis Oliver.


- a declarar como imputados este viernes al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla y a su hija


- el jueves le tocará el turno a un socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse
 

Registrado
29 Dic 2009
Mensajes
8.742
Calificaciones
53.219
CASO ERE

Giro inesperado en la instrucción

La juez Bolaños renuncia ahora al caso ERE tras forzar la salida de Mercedes Alaya

La juez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla. CONCHITINA

La juez María Núñez Bolaños ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una propuesta para que el juez de refuerzo, Álvaro Martín,instruya las seis primeras piezas en que ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la JuntaManuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha remitido ya esta propuesta al Alto Tribunal andaluz, cuya Sala de Gobierno se reunirá este mismo martes para analizar la misma y darle, en su caso, el visto bueno, lo que implicaría que el magistrado de apoyo, Álvaro Martín, dejara los asuntos ordinarios y se dedicara a la instrucción de estas seis primeras piezas piloto del caso ERE, que el próximo mes de enero cumple cinco años de investigación.

Hay que recordar que la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La propuesta, según han indicado las mismas fuentes consultadas, ha sido "consensuada" entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la juez Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las 'macrocausas', todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

La Sala de Gobierno del TSJA decidió apartar a la juez Mercedes Alaya, ahora en laSección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dada su "clara voluntad de no colaboración" con la juez titular, María Núñez Bolaños, y para "evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto" entre ambas magistradas, lo que fue ratificado posteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, el Alto Tribunal Andaluz propuso que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado", en referencia a Álvaro Martín.

En su informe, la Sala de Gobierno del TSJA ponía de manifiesto que la decisión adoptada por la juez Núñez de dividir el caso ERE en piezas separadas "incide" en el plan de actuación aprobado el pasado día 23 de junio, pues "podría conllevar una posible y nueva distribución de cometidos en ese procedimiento" y "repercutirá en la organización de los medios y del trabajo de la oficina judicial, obligando a un entendimiento y colaboración en este sentido".

En virtud del acuerdo de 23 de junio, el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a Alaya para que llevara el caso de los ERE irregulares hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

"Competencia exclusiva y excluyente'

Según la Sala de Gobierno, a la división del caso ERE se suma que, con posterioridad a dicho acuerdo, la juez Alaya "ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única" del caso ERE, "insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial".

El TSJA recuerda que "todos los acuerdos" adoptados por la Sala de Gobierno y la Comisión Permanente del CGPJ "parten de una premisa imprescindible", como es que "los comisionados colaborarán con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el Juzgado conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe esta Sala de Gobierno", siendo este "el escenario lógico y la dinámica de cualquier comisión de servicio, y de ésta en particular".

En este contexto, las circunstancias descritas "alteran sensiblemente la operatividad de la medida de apoyo y exigen inevitablemente replantearse la solución inicial propuesta, ya que existen fundadas dudas sobre la viabilidad de la segunda comisión de servicio" acordada inicialmente para la juez Alaya, "lo cual ya se apuntó en el informe de esta Sala de fecha 7 de julio de 2015", en el cual solicitó al CGPJ que valorara la "falta de voluntad de colaborar" de Alaya tras cuestionar la capacidad de María Núñez y aludir a su "estrecha amistad" con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

'Normalización del juzgado'

La Sala de Gobierno, en este sentido, reconoció "la labor desarrollada previamente" por Alaya y manifestó "lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimiento de la misma", no obstante lo cual esta magistrada "ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia".

Esto "conlleva que en este nuevo informe se deban sugerir medidas que profundicen en la normalización del Juzgado y en conseguir la mejor prestación del servicio, procurando evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto", asevera el TSJA, que afirma que, por ello, "debe tomar en consideración y priorizar el dato objetivo de la nueva titularidad en el Juzgado y el correcto entendimiento de cualquier comisión de servicio, tras el cambio y traslado voluntario de destino judicial" de Alaya a la Audiencia Provincial.
 
Registrado
5 Oct 2006
Mensajes
10.572
Calificaciones
37.440
A los desempleados de Andalucia.
Hala, a ver quién dá más.
Autor : El PSOE andalú
 

SuperCotilla

Cotilla y Moderadora
Miembro del Staff
Registrado
1 Sep 2004
Mensajes
38.950
Calificaciones
201.856
'CASO ERE'
La corrupción de los grandes partidos marca la actualidad política

El fiscal cifra en 741 millones el botín del PSOE por los ERE




Los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en un acto en Sevilla en 2009. JESÚS MORÓN

TERESA LÓPEZ PAVÓN
@tlpavon
CHEMA RODRÍGUEZ
Sevilla
@Chemarrodriguez
16/09/2016 02:38

Conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas. Ésta es la valoración de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves -ambos en su calidad de presidentes de la Junta y el primero también durante su etapa como consejero de Economía- en relación al reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrayeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía.

Por ello, a José Antonio Griñán le acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación y pide para él seis años de prisión y 30 de inhabilitación especial para el empleo o el ejercicio de cargo público. Para Manuel Chaves, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción dio ayer a conocer su escrito de acusación correspondiente a la pieza principal de la macrocausa de los ERE, que se conoce como pieza política porque investiga el procedimiento específico empleado para eludir los controles administrativos en la concesión de las ayudas y señala a las más altas autoridades de la Junta de Andalucía en aquella década. En el escrito, además de señalar a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves, se pide pena de prisión para otros miembros del Gobierno andaluz en aquellos años, concretamente para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, para los que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel; y para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, para la que se piden seis años. A todos les atribuye malversación.

El fiscal acusa también a otros cargos de aquella administración socialista, hasta un total de 26 en esta misma pieza, entre ellos los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, para los que pide 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para Chaves solicita una inhabilitación de 10 años por prevaricación

A todos los acusados por el delito de malversación se les reclama que devuelvan a la Hacienda Pública de manera solidaria las cantidades destinadas al pago o la gestión de las ayudas sociolaborales concedidas entre los años 2000 y 2010 por parte de la Dirección General de Empleo con cargo a los programas 31L y 22E y que, en total, ascienden a más de 741 millones de euros, según el cálculo realizado por el Ministerio Público. A esas cantidades sólo habría que restar lo ya devuelto por sus beneficiarios en los diferentes procedimientos administrativos y judiciales iniciados tras destaparse el fraude.

A José Antonio Griñán, en calidad de consejero de Economía, se le presupone un conocimiento más directo de los procedimientos empleados a nivel presupuestario para camuflar las irregularidades a través de las denominadas «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (ente público que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que permitió que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la fiscalización de la Intervención. Por eso a Griñán se le acusa de malversación y se pide prisión para él, a diferencia de Chaves.

El relato de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proceder de la Consejería de Empleo, específicamente, y de otros miembros del Gobierno andaluz (por acción u omisión) apunta a la existencia de un sistema complejo para evitar la fiscalización sobre el dinero que salía de las partidas 31L -conocida en el proceso como fondo de reptiles- y 22 E. Describe también cómo el procedimiento se fue perfeccionando con el tiempo para evitar que se conocieran las cantidades finales repartidas en cada caso o para que, en la «exigua» tramitación de las subvenciones, no participara ningún funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, sino «personal externo».

«La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L» y las actuaciones que se llevaron a cabo por los encausados de la Consejería de Empleo «necesariamente debieron ser conocidas» por José Antonio Griñán, apunta el escrito del Ministerio Público.

El PSOE acusa al PP de usar a la Fiscalía para tapar su propia corrupción

Posteriormente, añade la Fiscalía, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», tras advertirse de las irregularidades en varios informes de la intervención, los acusados, «teniendo facultades para ello, no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía».

De ese procedimiento irregular, amparado y alimentado de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas presupuestarias fraudulentas, se beneficiaron 77 empresas seleccionadas de forma arbitraria; se permitió que hubiera trabajadores suscritos a las pólizas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas; y se pagó a los agentes mediadores «al menos 66 millones de euros por encima de los precios de mercado».

El escrito de la Fiscalía, que deja al descubierto detalles del escándalo de corrupción más importante de cuantos se vinculan al PSOE, se conoció ayer cuando precisamente el PP se veía acorralado por otros procesos judiciales que afectan a sus filas, especialmente, tras la apertura de diligencias por parte del Tribunal Supremo contra la ex alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá.

Varios dirigentes socialistas quisieron ayer ver una intencionalidad política en la fecha elegida por la Fiscalía para dar a conocer su acusación, y señalaron al Gobierno por «utilizar» al Ministerio Público para contrarrestar la gravedad de los casos de corrupción del PP. El PSOE andaluz emitió un comunicado ratificando su «confianza» en la «inocencia» de los ex presidentes de la Junta.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Rafael Merino, pidió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «pidan perdón a los españoles» por los ERE.
 
Última edición:

Registrado
25 Nov 2012
Mensajes
10.002
Calificaciones
31.546
Panda de alimañas, deberían todos ellos pisar la cárcel cuanto antes y no salir de ella en la p... vida. El desprecio profundo que hay en España por el dinero público es motivo más que suficiente para que los ciudadanos, en masa, salieran a la calle TODOS LOS DÍAS. Parece mentira que el saqueo salvaje a que han sometido al país no levante aún a muchos del sofá, y lo que es peor aún, que no les haga reaccionar con responsabilidad y reflexión a la hora de votar. País indigno.
 

SuperCotilla

Cotilla y Moderadora
Miembro del Staff
Registrado
1 Sep 2004
Mensajes
38.950
Calificaciones
201.856
Seis años por contribuir a malversar 741 millones, que se dice facil, mientras a otros les piden 20 por ser quienes son. La pandereta.
 

Registrado
24 Ago 2010
Mensajes
649
Calificaciones
1.406
Y estos son los que llaman corruptos a su adversarios,después de robar a los parados el dinero que les dieron en Europa para cursos de formación.. Todo el que toca poder se enmierda y más durante tantísimos años como estos han estado y están.
 
Registrado
25 Nov 2012
Mensajes
10.002
Calificaciones
31.546
Y estos son los que llaman corruptos a su adversarios,después de robar a los parados el dinero que les dieron en Europa para cursos de formación.. Todo el que toca poder se enmierda y más durante tantísimos años como estos han estado y están.

Ni unos ni otros debían asomar la cara si tuviesen un ápice de vergüenza (que no la tienen).