CASO ERES-ANDALUCIA BATE EL RECORD: 741 MILLONES PUBLICOS. 116 IMPUTADOS

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Las fantasías de la jueza Alaya y su obsesión con Magdalena Álvarez
La sobreactuación en este caso, tratando de hacer política prevaliéndose de su condición de magistrada, es un ataque directo a la separación de poderes
02/11/2013




La jueza Mercedes Alaya. EFE/Archivo

Después de haber sufrido un fuerte revolcón, tras haber acordado la Audiencia Provincial de Sevilla la anulación de la imputación de Magdalena Álvarez, una semana después la jueza Alaya la imputa de nuevo acusándola ahora de que “el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante, entre otros”. Una acusación de tal gravedad que solo puede entenderse cuando la instrucción ha derivado en una maquiavélica obsesión, al haber perdido el sosiego y la serenidad que debe de presidir su actuación, poniendo con ello en peligro el trabajo desarrollado hasta ahora. No son las palabras sino las pruebas las que motivan una imputación.

La chistera de la jueza
Sacar de la chistera un nuevo argumento no puede justificar una nueva imputación, por lo que la lógica judicial debería motivar que ante un nuevo recurso, tal insólita resolución sea igualmente anulada. Las normas legales aprobadas en un parlamento pueden modificarse o derogarse, cuando se comprueba que su aplicación ha tenido fines espurios, pero nunca ser fundamento para considerar delincuente a quien las promovió, lo que bien sabe la jueza Alaya, aunque parezca ignorarlo.

Un ataque a la separación de poderes
Su sobreactuación en la instrucción, tratando de hacer política prevaliéndose de su condición de magistrada, es un ataque directo a la separación de poderes, lo que no es admisible ni tolerable en un sistema democrático. Y convertirse de juez en justiciera, por mucho que a algunos les guste, hace un flaco favor a nuestro tan denostado sistema judicial.

Las conjeturas de Alaya
Pero no acaban aquí sus excesos. No es tolerable que en muchas de sus últimas resoluciones insinúe que varios aforados pueden estar incursos en responsabilidades penales. Si dispone de pruebas, por no ser competente debe de remitir de inmediato la causa al Tribunal Supremo; y si son meras conjeturas debe de abstenerse de hacer tales acusaciones. Continuar con tal actitud solo conduce a situar a más de uno en manifiesta indefensión, lo que puede conducir a una previsible nulidad de actuaciones.

¿El ministro de Hacienda, un delincuente?
No cabe duda de que el caso de los ERE encierra actuaciones delictivas de un grupo de pillos que se han apropiado de un dinero público, aprovechándose del escaso control que propiciaron unas normas legales, pero ello no convierte en delincuentes a quienes las aprobaron y/o pusieron en práctica. De ser así hasta el mismísimo Ministro de Hacienda podría ser imputado por dictar unas normas para perseguir el fraude fiscal, si luego se descubre eran insuficientes.

El contrapeso a Gürtel
Parece evidente que la derecha ha pretendido utilizar el caso de los ERE como contrapeso a la investigación del caso Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Pero son dos casos distintos y distantes, y comparar el tamaño de ambos es todo un despropósito, por más que muchos se empeñen en hacerlo.

Resulta evidente que a la jueza Alaya le gusta su papel y se siente protagonista. Pero los excesos, tarde o temprano, se pagan. Y se engaña a sí misma si utiliza la fantasía para justificar sus resoluciones.

http://www.elplural.com/2013/11/02/...za-alaya-y-su-obsesion-con-magdalena-alvarez/
 

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Las fantasías de la jueza Alaya y su obsesión con Magdalena Álvarez
La sobreactuación en este caso, tratando de hacer política prevaliéndose de su condición de magistrada, es un ataque directo a la separación de poderes
02/11/2013




La jueza Mercedes Alaya. EFE/Archivo

Después de haber sufrido un fuerte revolcón, tras haber acordado la Audiencia Provincial de Sevilla la anulación de la imputación de Magdalena Álvarez, una semana después la jueza Alaya la imputa de nuevo acusándola ahora de que “el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante, entre otros”. Una acusación de tal gravedad que solo puede entenderse cuando la instrucción ha derivado en una maquiavélica obsesión, al haber perdido el sosiego y la serenidad que debe de presidir su actuación, poniendo con ello en peligro el trabajo desarrollado hasta ahora. No son las palabras sino las pruebas las que motivan una imputación.

La chistera de la jueza
Sacar de la chistera un nuevo argumento no puede justificar una nueva imputación, por lo que la lógica judicial debería motivar que ante un nuevo recurso, tal insólita resolución sea igualmente anulada. Las normas legales aprobadas en un parlamento pueden modificarse o derogarse, cuando se comprueba que su aplicación ha tenido fines espurios, pero nunca ser fundamento para considerar delincuente a quien las promovió, lo que bien sabe la jueza Alaya, aunque parezca ignorarlo.

Un ataque a la separación de poderes
Su sobreactuación en la instrucción, tratando de hacer política prevaliéndose de su condición de magistrada, es un ataque directo a la separación de poderes, lo que no es admisible ni tolerable en un sistema democrático. Y convertirse de juez en justiciera, por mucho que a algunos les guste, hace un flaco favor a nuestro tan denostado sistema judicial.

Las conjeturas de Alaya
Pero no acaban aquí sus excesos. No es tolerable que en muchas de sus últimas resoluciones insinúe que varios aforados pueden estar incursos en responsabilidades penales. Si dispone de pruebas, por no ser competente debe de remitir de inmediato la causa al Tribunal Supremo; y si son meras conjeturas debe de abstenerse de hacer tales acusaciones. Continuar con tal actitud solo conduce a situar a más de uno en manifiesta indefensión, lo que puede conducir a una previsible nulidad de actuaciones.

¿El ministro de Hacienda, un delincuente?
No cabe duda de que el caso de los ERE encierra actuaciones delictivas de un grupo de pillos que se han apropiado de un dinero público, aprovechándose del escaso control que propiciaron unas normas legales, pero ello no convierte en delincuentes a quienes las aprobaron y/o pusieron en práctica. De ser así hasta el mismísimo Ministro de Hacienda podría ser imputado por dictar unas normas para perseguir el fraude fiscal, si luego se descubre eran insuficientes.

El contrapeso a Gürtel
Parece evidente que la derecha ha pretendido utilizar el caso de los ERE como contrapeso a la investigación del caso Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Pero son dos casos distintos y distantes, y comparar el tamaño de ambos es todo un despropósito, por más que muchos se empeñen en hacerlo.

Resulta evidente que a la jueza Alaya le gusta su papel y se siente protagonista. Pero los excesos, tarde o temprano, se pagan. Y se engaña a sí misma si utiliza la fantasía para justificar sus resoluciones.

http://www.elplural.com/2013/11/02/...za-alaya-y-su-obsesion-con-magdalena-alvarez/

A ésta no la tocaran para nada. Está protegida y no le va a ocurrir lo mismo que al juez Elpidio Silva con el tema de Caja Madrid y Blesa. A Elpidio lo han retirado del caso y lo han acusado de presunta prevaricación, pero a ésta jueza nada de eso, haga lo que haga.
 
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el caso ERES es una verguenza, y debería ser investigado y juzgado con imparcialidad, la amplia simpatía pro PP de la jueza, que si bien está en su derecho de tener simpatías a quien quiera como ciudadana, pues es una traba o muro a su credibilidad en el caso. en resumen que tiene que cuidar muy mucho de que se le vea la patita pepera en el caso.

Lo malo de estos casos mediáticos, es que si el juez tiende a generar espectáculo, los dictámenes se ven contaminados por ese mismo juez, y empiezan los calificativos y dudas de pro-pp, o pro-psoe, por citar los dos partidos mayoritarios...y lo peor es que esos mismos jueces caen cuando el gobierno de turno lo decide.
 
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,.... y por 3 trajes regalaos al otro...... montaron un poyo....
 

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La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Alvarez ha vuelto a defender este jueves ante la juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, su actuación desde la Consejería de Economía y ha atribuido a la de Empleo la utilización de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales.

http://www.rtve.es/noticias/magdalena-alvarez/



Alaya sugiere que las subvenciones ilegales datan de hace 26 años

El TSJA sentencia que los pagos del ERE son ilegales

Pedro de Tena 2013-11-08


La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sugirió este jueves que la Junta de Andalucía podría estar repartiendo subvenciones ilegales desde hace más de un cuarto de siglo. El asunto está en que el Instituto de Fomento de Andalucía(IFA), creado en 1987 y reconvertido en 2004 en Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía(IDEA), no era competente para dar subvenciones en el caso de los ERE, según la jueza.

Fue durante la segunda comparecencia de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda con Manuel Chaves, exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y en la actualidad vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuando la juez deslizó su argumento al preguntar a Álvarez si no consideraba que, por razón de su cargo como titular de Hacienda, le correspondía conocer el simple dato de si el IFA tenía o no potestad "subvencionadora", es decir, si dicho organismo podía o no conceder ayudas públicas.

En su primera declaración, tras alguna vacilación inicial, Álvarez contestó que creía que el IFA sí tenía potestad subvencionadora. Álvarez además afirmó que su creencia se reafirmó posteriormente. La exconsejera añadió: "Sólo tiene que ver su señoría las subvenciones concedidas por el IFA desde el año 1987".

Pero entonces la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla advirtió que "previamente a que se concedan subvenciones debe existir el marco legislativo adecuado" y por ello sospecha que la Agencia IDEA no tuvo potestad subvencionadora hasta el año 2007, cuando se aprobaron sus estatutos.

Cuenta El Mundo que si es cierto que el artículo 2.2 de dicha norma alude a la "potestad subvencionadora" como ya atribuida a la Agencia IDEA, también lo es que la ley de creación del IFA en 1987 sólo contempla la posibilidad de que este organismo reciba subvenciones pero no que las conceda. Sí, en cambio, se le atribuye el cometido de la "concesión de créditos y avales a empresas" así como "instrumentar los incentivos de apoyo a la inversión".

Esto es, Álvarez sostiene que el hecho de que se concedieran es la prueba de hecho de que había potestad, mientras que la juez sostiene que el hecho de que las concediera no prueba que tuviera potestad sino que podría probar otra ilegalidad más.
 
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Alaya lleva tres causas grandes:
- los Eres, instrucción de tres años,
- Mercasevilla, que es el de la estafa en la venta de suelo municipal, dos años por lo menos
-club Betis- presidente Lopera, lleva cinco años.


En el caso ERES el número de imputados es ahora 133.


Alaya inicia la recta final del caso de los ERE sin los aforados
La jueza organiza 33 interrogatorios a imputados en los próximos 2 meses. Con la salida de Lanzas, solo quedan en la cárcel dos de los 133 acusados

REDACCION 10/11/2013
Esta noticia pertenece a la edición en papel de Diario Córdoba.
.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta, ha admitido que el final de la instrucción está cerca. Así lo explicó recientemente en un auto de respuesta a la Audiencia Provincial de Sevilla, que metió celeridad a la jueza para ir cerrando el caso de los ERE después de casi tres años de instrucción y una lista de 133 imputados.

Para "esta última etapa de trabajo y estudio", Alaya ha señalado 33 interrogatorios a imputados en los juzgados entre el 20 de noviembre y el 17 de enero. Muchos de ellos son altos cargos o excargos de la Junta. Sin embargo, los aforados implicados en la causa a los que la jueza ha aludido en alguna ocasión --el exconsejero de Empleo y diputado en el Congreso, José Antonio Viera, o los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán (senador) y Manuel Chaves (diputado)-- se quedan al margen del calendario de actuaciones. Es decir, la jueza Alaya no tiene previsto elevar el caso al Tribunal Supremo o al TSJA para que diriman la responsabilidad de estas personas.

A estas alturas de la investigación, únicamente quedan en prisión dos de los 133 imputados en el caso de los ERE: los directivos de Vitalia Eduardo Pascual (que podría salir en libertad bajo fianza de 300.000 euros) y María Vaqué (a quien la juez rebajó recientemente la fianza para poder eludir la prisión a 225.000 euros). El último en salir ha sido el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados por su papel de conseguidor de los ERE fraudulentos, que abandonó la cárcel el viernes pasado. Lanzas ha estado encerrado más de siete meses y logró salir después de que su familia abonase la fianza de 200.000 euros.

http://www.diariocordoba.com/notici...-caso-de-los-ere-sin-los-aforados_841576.html

Lanzas completó la fianza con el aval de unos parientes de Barcelona

Martes, 12 de Noviembre de 2013



El “conseguidor” de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares y que abandonó la cárcel de Sevilla-1, el pasado viernes.

En el auto de libertad provisional, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Francisco de Asís Molina —que sustituía ese día a Mercedes Alaya— pone de manifiesto que el mismo día 8 de noviembre se acreditó el ingreso en la cuenta del Juzgado de “la cantidad líquida” de 175.000 euros, cantidad a la que se sumó un escrito adjuntando un aval bancario librado por la entidad BBVA, el 7 de noviembre, por la cantidad de 25.000 euros. Una vez certificado que el imputado había hecho efectivo el abono de la fianza, el juez declaró dicho pago “suficiente” y “bastante” para cubrir la cantidad fijada como fianza carcelaria, decretando por tanto la libertad provisional de Juan Lanzas. No obstante, el juez acordó retirarle el pasaporte y le impuso la prohibición “absoluta” de salir de España, obligándolo además a comparecer en el Juzgado todos los martes y a atender “a cuantos llamamientos judiciales se efectúen por razón de esta causa”.

Juan Lanzas no se esconde. Desde que llegó a Albanchez de Mágina, el pasado fin de semana, se le ha visto pasear por las calles del municipio, charlar con los vecinos y visitar una plantación de olivos. Dicen quienes lo han tratado en estas últimas horas que está de buen humor, con ganas de que acabe todo y algo más delgado. El exsindicalista de UGT se refugia en la familia y en “los buenos amigos que le quedan en el pueblo” para olvidarse de los siete meses que ha pasado en la prisión Sevilla-1, descansar y preparar el juicio del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, en el que es una “pieza clave” de la trama, según la juez instructora, Mercedes Alaya.

La presencia de Juan Lanzas no despierta, sin embargo, demasiada simpatía entre muchos de sus paisanos. Entienden que quiera “retomar su vida”, pero se sienten molestos cuando lo ven. “Es una burla para todos los que estamos en contra de lo corrupción”, comenta un vecino que prefiere no dar su nombre.

http://www.diariojaen.es/index.php/...za-con-el-aval-de-unos-parientes-de-barcelona
 

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La Fiscalía cuenta más imputados y ve previsible que siga aumentando el número


Anticorrupción pide a Alaya despiezar la investigación en diferentes causas
La fiscalía busca desgajar el ‘caso ERE’ y concretar delitos e imputados pendientes


Los fiscales Manuel Fernández (izq.) y Juan Enrique Egocheaga. / JULIÁN ROJAS

Dados el descomunal tamaño y la complejidad del caso ERE, la Fiscalía Anticorrupción considera que la mejor herramienta para manejarlo es despiezar esta investigación en distintas causas independientes. Esto permitiría una mayor agilidad, ya que a pesar de que todos los delitos descubiertos mantienen una aparente conexión, esto no impide que puedan ser separados en diferentes piezas y de este modo ir cerrando cada investigación, para así enviarla a juicio una vez que se concreten los delitos y sus responsables. Poco a poco y sin necesidad de alcanzar el final de la investigación para enjuiciar a ciertos responsables, con la consiguiente reducción del riesgo de las prescripciones.

La clave es el artículo 762 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, muy claro al respecto: “El juez podrá acordar la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento” Los fiscales mencionan esta potestad de la magistrada cuando entienden que “es necesario ir delimitando los hechos y sus partícipes para permitir articular la causa”. Anticorrupción considera que la investigación “no está ni mucho menos cercana a su conclusión” después de casi tres años de instrucción, dada la “complejidad de los hechos que se investigan”. El hecho de no ver un horizonte final cercano en el tiempo se explica porque los ERE que restan por investigar se cuentan por decenas, pero sobre todo porque cada delito investigado lleva a otro diferente, de ahí que la cifra de imputados alcance ya los 136, y esta se mantenga al alza.

El hecho de que los fiscales consideren que el fin de la investigación sea aún muy lejano choca en cierto modo con la reciente afirmación de la juez de que “el fin de la instrucción no está lejos, más bien al contrario”. Sin embargo, Alaya se refiere en dicho auto a la investigación que afecta a los cargos aforados y que previsiblemente enviará al Tribunal Supremo una vez la concluya tras recibir los informes de la Sierra Norte de la Guardia Civil, así como los de la Intervención General y la Dirección General de Seguros al respecto. Y es que al margen de estos informes pendientes, el caso ERE mantiene vías abiertas ajenas a estos informes.

Mientras, los fiscales urgen a Alaya a que la investigación aclare los cobros de los sindicatos por su intermediación en todos los ERE, ya que por ahora solo han sido imputados y detenidos dos dirigentes, Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT). Para ello, pide a las centrales que detallen “factura a factura, contrato, personal empleado, trabajos realizados con duración, lugar y periodo” en los ERE, para cotejar estos datos con los que obtengan los investigadores desde los registros mercantiles y la Agencia Tributaria.

La fiscalía pide que se investiguen “de forma inmediata” a los sindicatos y se analicen todos los movimientos bancarios realizados por sus asesorías jurídicas, por si pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales y las entidades bancarias hubieran informado al servicio antiblanqueo del Banco de España. Asimismo, Anticorrupción requiere a CC OO que aporte toda la documentación que tenga de las pólizas de su exdirigente Juan Antonio Florido, al que la central ha defendido, para cotejarla con la acusación de la Guardia Civil asumida por la juez Alaya. Por último, los fiscales piden a Alaya que aclare los cargos contra Juan Manuel Casado, que ha sido citado para declarar ante ella como imputado. La Guardia Civil detuvo a Casado en la última operación policial y le encerró en calabozos durante dos días, pese a lo cual abandonó el juzgado sin cargos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/13/andalucia/1384372232_362690.html



La Fiscalía urge a Alaya a que amplíe la investigación de los pagos a UGT y CCOO
Anticorrupción considera, en contra de la opinión de la juez, que el final de la causa de los ERE fraudulentos "no está ni mucho menos cercano" dada la amplitud y complejidad de los hechos
Jorge Muñoz sevilla | Actualizado 14.11.2013 - 05:04


La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado a la juez Mercedes Alaya que amplíe la investigación sobre los más de 7, 6 millones de euros que fueron abonados a las empresas vinculadas a UGT y CCOO, y que recabe los servicios realizados por estas sociedades "factura a factura", con indicación del tiempo y de las personas empleadas en dichos trabajos. En un escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público insiste en que se requiera a los representantes de las empresas que recibieron los pagos para que "aporten al juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada: factura a factura, contrato, con indicación de los trabajos -duración, lugar, periodo...- y personal empleado.

Como complemento a estas diligencias, la Fiscalía reclama que se recabe del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de cada una de las sociedades:
Atlantis Asesores S.L., Atlantis Correduría de Seguros y consultora actuarial S.A., Temiqui S. A., ITG Industria Técnica y Gestión S.L., así como la hoja registral y las cuentas anuales depositadas desde el ejercicio 2001 hasta 2012.

El Ministerio Público también pide que se libre un oficio a la Agencia Tributaria para que facilite las declaraciones correspondientes al Impuesto de sociedades y declaraciones de operaciones con terceros de estas sociedades en el periodo 2001-2012, y que se oficie al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que remita la "certificación relativa a las asociaciones sindicales, federaciones o confederaciones constituidas por Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, bien de ámbito estatal bien de ámbito autonómico andaluz".

La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado en el escrito que se investiguen las operaciones realizadas por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias relacionadas con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y el bufete Estudios Jurídicos Villasís. Así, la Fiscalía ya pidió en junio pasado a la Guardia Civil que aportara una relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, y que se oficiara al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que informe sobre las "denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento" sobre estas cuentas y también pide los datos de director e interventores de las sucursales bancarias.

La Fiscalía entiende que estas diligencias que se interesan deben de ser practicadas "de forma inmediata" tratándose de oficios y requerimientos que "no suponen un excesivo trabajo para la oficina judicial y que pueden arrojar información útil para el avance de instrucción". En este punto, el Ministerio Público advierte de que aún llevando prácticamente tres años "la amplitud y complejidad de los hechos que se investigan hacen esperar que no esté ni mucho menos cercana su conclusión y que sea necesario ir delimitando los hechos y sus partícipes para permitir articular la causa conforme el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin llegar a comprender en qué medida afecta a su solicitud y práctica el contenido del auto de fecha 31 de octubre", concluye la Fiscalía, en alusión al auto de Alaya en el que la instructora aseguró que el final de la instrucción "no está lejos" y pedía "calma" para que acabar con "dignidad" el trabajo que iniciaron hace menos de tres años "unos pocos incansables".

http://www.granadahoy.com/article/a...ie/la/investigacion/los/pagos/ugt/y/ccoo.html
 
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La Fiscalía pide que haga piezas separadas del caso
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado un escrito a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a fin de que, si procede, se incoen diligencias previas separadas del caso ERE para investigar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de noviembre de 2011, siendo presidente José Antonio Griñán, en el que se autorizó la concesión de una subvención de carácter excepcional a Astilleros de Huelva S.A..


Alaya podría abrir otro 'Caso Ere' por las ayudas de Griñán a los Astilleros
14/11/2013- T.I.

La jueza Alaya ya ha pedido toda la documentación referida a los pagos a los Astilleros de Huelva.
El PP de Andalucía pidió a la juez que investigara este caso porque sospecha que también se ha prescindido de los procedimientos legales.


En un auto reciente, la magistrada Mercedes Alaya atendió la petición realizada por la acusación ejercida por el PP-A y pidió a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno de la Junta los expedientes administrativos "íntegros, completos y foliados" que se hayan seguido para el otorgamiento de la subvención excepcional para atender a la solicitud formulada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva, así como toda la documentación que posea sobre los pagos que se hayan realizado y la justificación del beneficiario.

Pues bien, el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que dice que, "atendiendo a la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno y a su no vinculación al objeto de las presentes actuaciones", deben incoarse diligencias previas separadas del caso ERE "para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables", máxime "si atendemos a la extensión y complejidad que ya de por sí tiene" el procedimiento de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción subraya, en este sentido, que aunque el objeto de las diligencias del caso ERE "es amplio", éste "no se debe de extender más allá de la tramitación de pagos acogiéndose al convenio marco de julio de 2001, la encomienda que lo sustituye y hasta la Orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de reestructuración de empresas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía".

Hay que recordar que el PP-A pidió a la juez que investigara la autorización por el Consejo de Gobierno de la concesión de esta subvención excepcional a Astilleros, pues entiende que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo".


Alaya podría abrir otro 'Caso Ere' por las ayudas de Griñán a los Astilleros http://www.teinteresa.es/espana/Alaya_0_1029497310.html#WaQ15dMHcQmAhovQ
 
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La jueza de los ERE amplia la investigación al resto de consejerías que dieron dinero sin controlesAlaya sostiene que hubo "una inyección continuada y sistemática de fondos públicos" a ciertas empresas

Viernes, 15 de noviembre del 2013 - 18:52h. JULIA CAMACHO / Sevilla

La jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha dado la sorpresa y ha anunciado que amplía la investigación al resto de consejerías del Ejecutivo regional que emplearon el mismo sistema de concesión de ayudas -las transferencias de financiación- y por tanto dieron subvenciones "por distintos conceptos" sin ningún control ni fiscalización.


Aunque en sus últimas resoluciones la jueza auguraban que el fin de la investigación estaba cada vez más cerca, ahora parece desmentir sus propias palabras. El último auto de la jueza Mercedes Alaya se reafirma en la tesis de que sistema utilizado por la administración andaluza era irregular, y expresa sus sospechas que eran ciertas empresas las que se aprovechaban de esa fórmula, por lo que extiende las pesquisas no solo al pago de las prejubilaciones o ayudas directas que hacía la Consejería de Empleo sino también a las que les concedían en otras consejerías. Así, la instructora insta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que recabe numerosa documentación relacionada "con distintos avales y préstamos" concedidos por cualquiera de las consejerías de la Junta de Andalucía a 39 sociedades entre el 2001 y el 2011. Algunas de ellas ya están bajo la lupa por haber incluido 'intrusos' en sus expedientes de regulación de empleo.

"Inyección continuada"

En este sentido, la jueza se apoya en un atestado de la Guardia Civil que asegura que la empresa pública que ejecutaba el pago de las ayudas y que se financiaba con transferencias de distintas consejerías, "adoptó cuantiosos acuerdos para la concesión de ayudas excepcionales, de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos, aplicando para ello diferentes instrumentos de apoyo tales como préstamos, garantías de préstamo y/o avales". Para Alaya, esto se traduce en que hubo "una inyección continuada y sistemática de fondos públicos" a ciertas empresas, por lo que trata de aclarar si las concesiones estuvieron basadas en criterios arbitrarios.

Alaya pone también el punto de mira en el exsindicalista Juan Lanzas, considerado uno de implicados clave en la trama, y sus posibles relaciones políticas. Y pide la Guardia Civil que identifique a través de su compañía telefónica a la persona que le envió un mensaje invitándole a felicitar por su cumpleaños "a su 'jefe', G.Z", y que la jueza sospecha que puede ser el exvicepresidente de la Junta y miembro de la ejecutiva federal del PSOE Gaspar Zarrías

http://www.elperiodico.com/es/notic...nsejerias-dieron-dinero-sin-controles-2841649


La juez Alaya investiga ya a todos los gobiernos de Chaves y Griñán

ANTONIO R. VEGA / sevilla Día 16/11/2013 - 23.44h

La instructora de los falsos ERE indaga en la «relación personal» entre Lanzas y Zarrías a través de un SMS
rocio ruiz

Primero, el fraude estaba localizado en la Consejería de Empleo. Poco a poco, la juez Mercedes Alaya fue escalando puestos desde la base hasta la cúspide en su pirámide de responsabilidades. Puso en su punto de mira a las consejerías de Innovación y de Hacienda: el departamento que pagaba las ayudas de los ERE y el responsable de aumentar los fondos para repartir dinero entre empresas en crisis de forma arbitraria y burlando los controles.

Justo ahora, cuando más discutida está su competencia para seguir con la causa, la titular del Juzgado de Instrucción seis de Sevilla da un nuevo golpe de autoridad y dirige la investigación hacia todas las consejerías de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán que utilizaron a la agencia pública IDEA, que estaba fuera del control ordinario de la Intervención, para repartir subvenciones, incentivos, ayudas, préstamos y avales.

A partir del mecanismo implantado en los ERE durante una década con resultados tan calamitosos (133 imputados y 143 millones de euros defraudados), la instructora indaga en «otras vías de financiación irregular a empresas» (así las califica) que pudieron solaparse con otras ayudas con cargo a la cuestionada partida 31-L, donde se localizó el fraude de las prejubilaciones trucadas y ayudas a empresas.

Con los dos autos dictados el pasado jueves, notificados ayer a las partes personadas en el caso, la magistrada acaba de ampliar el foco de la instrucción a todos los gabinetes que se sucedieron al frente de la Administración entre 2001 y 2011. Atendiendo las solicitudes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha requerido a la Junta de Andalucía para que «a la mayor brevedad posible» entregue «toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías de la Junta» (pagos y reintegros incluidos) a un total de 23 sociedades diferentes. También la apremia a aportar a la UCO «los expedientes de ayudas concedidas por cualquiera de las consejerías» a doce compañías.

Entre las sociedades beneficiadas con acuerdos adoptados por la agencia pública sobresalen A Novo Comlink, que recibió tres avales que sumaban hasta 9,5 millones y un préstamo de 2 millones, o Pickman La Cartuja Sevilla, que obtuvo dos avales por 3,7 millones y un préstamo de 1,87.

Enmienda total

El auto supone una enmienda a la totalidad a la gestión socialista de las subvenciones. Alaya examina todas las consejerías atravesadas por un hilo común: el pago de ayudas a empresas a través de una agencia de la Administración paralela, «tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación», argumenta la Guardia Civil en un decisivo atestado de diez páginas, en el que la juez se apoya para ampliar sus pesquisas. El informe policial del pasado día 8 extiende la sospecha más allá de esas consejerías. «Las irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, habrían supuesto importantes consecuencias tales como la adopción de compromisos de pagos sin cobertura presupuestaria, falta de procedimiento en la concesión de las ayudas, falta de seguimiento del uso dado a éstas, etc», expone la UCO.

En octubre de 2011, la magistrada ya dio pasos en esta dirección ampliando su investigación a tres consejerías: Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo.

La juez señala que la nueva riada de ayudas canalizada a través de la agencia «podría considerarse como una inyección continuada y sistemática de fondos públicos» y «deberá investigarse si estas concesiones estaban basadas en la presunta aplicación de criterios arbitrarios» como sucedió en los ERE.

El capítulo de Juan Lanzas, el intermediario ante la Junta para obtener ayudas, sigue sin agotarse. Alaya requiere documentación a la Administración sobre las ayudas que se concedieron a dos empresas vinculadas con sociedades tapaderas del exsindicalista, como Proasiego Eólicas y Eólicas del Zenete, o relacionadas con Estudios Jurídicos Villasís, el bufete que lo contrató como asesor.

El SMS sobre Zarrías

Por último, la magistrada indaga en «el alcance de las relaciones personales del Sr. Lanzas» con cargos públicos como el exvicepresidente de la Junta y responsable municipal del PSOE federal, Gaspar Zarrías. Requiere a la compañía Orange que revele la identidad del emisor de un enigmático SMS que recibió el exsindicalista el 30 de abril de 2010: «No olvides que hoy es el cumpleaños de tu “jefe”, g.z». No se equivocaba. Ese mismo día Zarrías soplaba las velas de su 55 aniversario.


http://www.abc.es/espana/20131116/abci-juez-investiga-todos-gobiernos-201311160748.html
 
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Quien mucho abarca poco aprieta y ésta jueza tiene mucho afán de protagonismo no dejando que le ayuden. Así le le va....
los jueces llevan los casos que les tocan por turno , el protagonismo se lo dan los medios, ella hace su trabajo , ni más ..ni menos
 
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llegará un momento en que no sabrá qué hacer con tanto dinero" de las facturas infladas con Chavsa, una empresa que le suminsitraba mobiliario.

es alucinante todo este caso ...no tengo palabras
que los sindicatos , que en muchos casos , sí se entregan a la defensa de los trabajadores, estén ahora encharcados hasta las cejas en esta porquería es terrible
 
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Ramón Cerdá Sanjuán es proveedor de empresas para los ladrones de Gurtel y de Eres. Las dos grandes tramas se anudan formalmente en este personaje de Onteniente (Valencia)..

También interviene en otras grandes estafas y fraudes que se investigan y están en los juzgados..


El amigo del fugitivo Pérez LLorca (Forum - Afinsa)



Una mediadora de los ERE utilizó a un indigente magrebí como testaferro

A. R. VEGA / M.BENÍTEZ / SEVILLA
Día 06/06/2013

Moutaz Al Mokhtar Kasem figuraba como administrador en el entramado societario montado por el grupo Vitalia, mediador de la mayoría de los ERE fraudulentos. Pero la realidad dista mucho de la imagen de dinámico emprendedor que ofrecía en el RegistroMercantil. Al Mokhtar era un indigente de origen árabe al que esta organización supuestamente criminal sacó de un centro social o directamente de la calle para utilizarlo como testaferro en seis sociedades que el grupo usó como tapadera para blanquear supuestamente parte del dinero de las millonarias sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía por tramitar pólizas de prejubilación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro del atestado de más de mil páginas que estaba bajo secreto hasta el pasado miércoles, ha puesto ceros al negocio y cifra en 21,35 millones de euros el montante en «sobrecomisiones» presuntamente ilegales que facturó la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la mediadora Uniter.
...

Vitalia, que desvió dinero de los ERE a un entramado de firmas radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, República Dominicana o Rumanía, montó una red de testaferros al frente de empresas «pantalla» para ocultar el rastro de los fondos, según los investigadores. Los documentos contables incautados por la Policía autonómica de Cataluña, dentro de las diligencias abiertas por un juzgado de Barcelona relacionadas con la quiebra de Eurobank, reflejan pagos a «hombres de paja» que se prestan a figurar como administradores y a intervenir en determinados actos jurídicos y negocios de forma que quede oculta la actividad de los directivos Eduardo Pascual y María Vaqué. En concreto, figura el abono de 1.000 euros «al indigente de origen árabe Al Mokhtar que en aquella época (desde el 28 de septiembre de 2010) figuraba como administrador de la sociedad Dag Dromen SL». El mendigo ocupó distintos cargos, junto a directivos de Vitalia imputados en el caso en hasta seis sociedades vinculadas a la consultora de previsión social catalana: Primadeco de Servicios y Desarrollos, Free Continental Advisors SL, Dreamhouses Invest SL, Dag Dromen SL, Alternativas Crecientes SL y Inversiones Fafner SL. A través de estas dos últimas el holding de Vitalia facturó comisiones por los servicios de mediación en pólizas, según la UCO.

Una mediadora de los ERE utiliz a un indigente magreb como testaferro - ABC.es

Empresas vinculadas con AL MOKHTAR KASEM MOUTAZ

Nº de empresas: 7
[?] CIF[?] Razon Social[?] Cargo[?] Estado[?] Fecha Acto
B98066442
ALTERNATIVAS CRECIENTES SL
Adm. Mancom.:Cese 15/12/2011
B98066442
ALTERNATIVAS CRECIENTES SL
Adm. Mancom.:Nombramiento 17/11/2010
B98066442
ALTERNATIVAS CRECIENTES SL
Adm. Unico:Cese 17/11/2010
B98066442
ALTERNATIVAS CRECIENTES SL
Adm. Unico:Nombramiento 25/06/2010
B61957577
DAG DROMEN SL
Adm. Unico:Nombramiento 08/10/2010
B83630913
DREAMHOUSES INVEST SL
Adm. Mancom.:Cese 10/08/2012
B83630913
DREAMHOUSES INVEST SL
Adm. Mancom.:Nombramiento 16/11/2010
B64684657
FREE CONTINENTAL ADVISORS SL
Adm. Mancom.:Nombramiento 29/04/2011
B62882113
INVERSIONS FAFNER SL
Adm. Mancom.:Cese 08/10/2012
B62882113
INVERSIONS FAFNER SL
Adm.Mancom.:Nombramiento 05/10/2012
B86004785
PRIMADECO DE SERVICIOS Y DESARROLLO SL
ADM.UNICO:Nombramiento 20/05/2011
B63676357
ZAXTAL IBERICA SL
Adm. Mancom.:Nombramiento 09/08/2012
B63676357
ZAXTAL IBERICA SL
Adm. Mancom.:Cese 09/08/2012

AL MOKHTAR KASEM MOUTAZ. Empresas Vinculadas con este Nombre.




B98066442 - DRETOR INTERNACIONAL 21 SL


CIF B98066442

Denominación anterior:

ALTERNATIVAS CRECIENTES SL

Relación de los cargos de la empresa, diferenciados entre Nombramientos y Ceses.

Nombramientos:
Cargo [?]Fecha [?]
Nombre
/ Razón Social [?]
BORME disponibleSOCIO ÚNICO:20/07/2010
AGORARMA SL
BORME disponibleADM. UNICO:13/09/2012
BELOHLAVEK DANIEL
BORME disponibleAPODERADO:27/07/2012
BELOHLAVEK DANIEL
BORME disponibleADM.MANCOM.:11/07/2012
GONZALEZ RODRIGUEZ FELIPE ALBERTO
BORME disponibleADM.MANCOM.:11/07/2012
NIETO DOMINGUEZ MATEO
BORME disponibleADM.MANCOM.:03/07/2012
ROSAS MONJE JUAN MANUEL

Ceses / Revocaciones:

Cargo [?]Fecha [?]Nombre / Razón Social [?]

BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
AL MOKHTAR KASEM MOUTAZ
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:
AL MOKHTAR KASEM MOUTAZ
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:
CERCOS DOMENECH MANUEL
BORME disponibleEX-ADM.SOLIDAR.:
CERDA ALVAREZ ADRIAN
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:
CERDA SANJUAN RAMON
BORME disponibleEX-ADM.SOLIDAR.:
CERDA SANJUAN RAMON
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:

GOLEVA IRINA
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
GONZALEZ MATURA RAFAELA
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
MASSA DALMAU ROSER
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
NIETO DOMINGUEZ MATEO
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
ROSAS MONJE JUAN MANUEL



B83630913 - DREAMHOUSES INVEST SL

Relación de los cargos de la empresa, diferenciados entre Nombramientos y Ceses.

Nombramientos:
Cargo [?]Fecha [?]
Nombre
/ Razón Social [?]
BORME disponibleADM. UNICO:20/03/2013
BELOHLAVEK DANIEL
BORME disponibleAPODERADO:27/09/2012
BELOHLAVEK DANIEL
BORME disponibleADM.MANCOM.:14/08/2012
GONZALEZ RODRIGUEZ FELIPE ALBERTO
BORME disponibleADM.MANCOM.:14/08/2012
NIETO DOMINGUEZ MATEO
BORME disponibleAPODERADO:20/03/2013
RODRIGUEZ COLOMINA ESTHER
BORME disponibleADM.MANCOM.:14/08/2012
ROSAS MONJE JUAN MANUEL
Ceses / Revocaciones:
Cargo [?]Fecha [?]Nombre / Razón Social [?]
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
AL MOKHTAR KASEM MOUTAZ
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:10/07/2003
CERDA SANJUAN RAMON
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:

DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
BORME disponibleEX-REPRESENTAN:10/12/2008
DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
GONZALEZ MATURA RAFAELA
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
GONZALEZ RODRIGUEZ FELIPE ALBERTO
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:10/12/2008
INDEX CORPORACION S.L
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
MASSA DALMAU ROSER
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:
MASSA DALMAU ROSER
BORME disponibleEX-APO.SOL.:
MASSA DALMAU ROSER
BORME disponibleEX-APODERADO:
MASSA DALMAU ROSER
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
NIETO DOMINGUEZ MATEO
BORME disponibleEX-ADM. MANCOM.:
ROSAS MONJE JUAN MANUEL




B64684657 - FREE CONTINENTAL ADVISORS SL

Relación de los cargos de la empresa, diferenciados entre Nombramientos y Ceses.

Nombramientos:
Cargo [?]Fecha [?]
Nombre
/ Razón Social [?]
BORME disponibleADM. MANCOM.:29/04/2011
ALMOKHTAR KASEM MOUTAZ
BORME disponibleADM.UNICO:18/02/2008
IRINA GOLEVA
BORME disponibleADM. MANCOM.:29/04/2011
MASSA DALMAU ROSER
Ceses / Revocaciones:
Cargo [?]Fecha [?]Nombre / Razón Social [?]
BORME disponibleEX-ADM.SOLIDAR.:18/02/2008
BELDA ALEIXANDRE JESUS
BORME disponibleEX-ADM.SOLIDAR.:18/02/2008
DURAN MESAS VANESSA
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:08/04/2008
GOLEVA IRINA
BORME disponibleEX-ADM. UNICO:
YASHCHYSYN LYUBOV



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La juez Mercedes Alaya procesa a la cúpula de Urbanismo

CASO MERCASEVILLA. Alaya concluye la instrucción por la venta ilegal de los suelos del mercado.

Los 16 procesados de la juez Alaya

La magistrada envía a juicio a siete cargos políticos y tres empresarios
También mantiene la imputación de tres funcionarias de Urbanismo y tres asesores
Tras la instrucción, archiva la causa contra una ex directiva de Mercasevilla y dos técnicos



Manuel Marchena y Antonio Rodrigo Torrijos, a la izquierda, y a la derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo Fernando Mellet, Daniel Ponce, José Luis Sánchez Domínguez, Domingo Enrique Castaño, Gonzalo Crespo y María Victoria Bustamante.

MARÍA RIONEGRO Sevilla
Actualizado: 21/12/2013 12:42 horas


Tras más de cuatro años y medio de investigación, la magistrada Mercedes Alaya cierra la instrucción de la segunda rama del caso Mercasevilla: la venta «ilegal» de los suelos de la compañía a través de un concurso «amañado» que ganó la constructora Sanma. De los 19 imputados iniciales, la juez archiva la causa contra la ex directiva del mercado central Pilar Giraldo y los técnicos de Urbanismo José Manuel Ferrera y Alfredo Delmo.

Los imputados del 'caso Mercasevilla'

Antonio Rodrígo Torrijos

El actual portavoz municipal de IU irá a juicio acusado de un presunto delito de prevaricación. Según la juez, Torrijos, junto con Fernando Mellet y Domingo Enrique Castaño «plantearon» a Sanma -filial del grupo Sando- que la posibilidad de optar por la adquisición de los terrenos del mercado «pasaba por» subrogarse en el derecho de superficie que tenía Larena98. Además, optó por la fórmula del concurso público, ya que «permitía conducir el resultado hacia Sanma». Por último, también participó en un consejo de administración con Mellet, Castaño y Gonzalo Crespo en el que «se metió de rondón» una cláusula que beneficiaba claramente a esta constructora: la denominada 'limitación al alza'.

Manuel Marchena

Mano derecha del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, fue gerente de Urbanismo y «autor mediato» de que se concediera a Sanma las licencias de edificación y de primera ocupación, pese a que no habían concluido las obras de urbanización previas. La magistrada afirma en el auto que fue la persona que «ordenó» que se concedieran «pese a los obstáculos o defectos que hubiera». Está acusado de un presunto delito de prevaricación contra la ordenación del territorio.

Domingo Enrique Castaño

Es una pieza clave en el caso. En el momento de los hechos era consejero de Mercasevilla, director de Vía Pública y la primera persona que contacta con Sanma y le plantea junto a Torrijos y Mellet la posibilidad de optar por la adquisición de los terrenos de la lonja. La juez lo sitúa como uno de las figuras principales en la supuesta organización de la trama -delito de asociación ilícita- y destaca que «como indiciaria retribución por los servicios prestados», Castaño dejó su cargo en el Ayuntamiento de Sevilla «para estar al frente de otra filial de Sando, denominada DUSE». Además, hace referencia a que durante su cargo municipal «pudo recibir por parte de otras entidades ciertas prebendas», algo que se investiga en la 'operación Madeja'. También le imputa un presunto delito de prevaricación.

Fernando Mellet

Ha sido director de Mercasevilla y, al igual que Castaño, encabezaría -supuestamente y según la juez- la trama organizada en torno al concurso de venta de los suelos de la lonja. Imputado por un presunto delito de prevaricación y de falsedad documental, la magistrada explica que fue uno de los que planteó a Sanma su participación en la adquisición de los suelos previa subrogación a Larena98 y, presuntamente, modificó el pliego de condiciones para beneficiar a Sanma. Ha sido condenado por un delito de cohecho.

Daniel Ponce

Ex subdirector de Mercasevilla, está acusado de un supuesto delito de falsedad cometido por funcionario público en documento mercantil, ya que tanto él como Mellet endosaron a Larena98 el pago de una factura por un concepto «falso» e inflada. También está condenado por cohecho.

Gonzalo Crespo

Era el presidente de Mercasevilla durante el periodo investigado. Participó en la reunión en la que se modificó, presuntamente, el pliego de condiciones del concurso y, según la juez, «avalaría con su presencia institucional el proyecto» y era una «figura de peso dentro» de la compañía. Está acusado de un posible delito de prevaricación.

Miguel Ángel Millán

Era gerente de Urbanismo cuando se concedió a Sanma la licencia de primera ocupación «incumpliendo la normativa urbanística vigente que exige la culminación de las obras» previas. Está imputado por un supuesto delito de prevaricación contra la ordenación del territorio.


Directivos de Sanma

José Luis Sánchez González,
Luis Sánchez Manzano y
Luis Miró están imputados por los posibles delitos de prevaricación y prevaricación contra la ordenación del territorio por «promover de forma continuada la concesión» de las licencias.

Asesores y funcionarios

De la fase en que se elaboró el pliego de condiciones del concurso están imputado
Jorge Piñero, letrado y asesor de Mercasevilla;
María Victoria Bustamante, jefa del área de Vía Pública y consejera de la compañía,
y José Antonio Ripollés.

En cuanto a la concesión de licencias, están acusados
Emilia Barrial,
Isabel Evans, ambas de Urbanismo,
y el arquitecto Alberto Balbontín.


El Mundo
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