Acuamed: Trece detenidos por contratacion fraudulenta en la empresa pública

Tema en 'Tribuna Política' iniciado por IDOLO, 19 Ene 2016.

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    Según los investigadores la cuantía del fraude ronda los 20 millones de euros
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    ANA TERRADILLOS MADRID 18/01/2016 - 23:38 CET
    La Guardia Civil ha registrado las sedes de Acuamed en Madrid, Valencia y Murcia. Acuamed es una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que se encarga de otorgar contratos a diferentes empresas para la construcción de embalses y cuencas hidrográficas. Según la Guardia Civil Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.

    Hay trece detenidos y no sedescartan más detenciones en las próximas horas. Ha habido ocho arrestos en Madrid, tres en Barcelona, uno en Valencia y otro en Alicante. Entre ellos, la Guardia Civil ha arrestado al director general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la subdirectora de Ingeniería y Construcción. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, les acusa de posible contratación fraudulenta, de realizar contratos irregulares con empresas sin pasar las tramitaciones públicas pertinentes y de inflar los contratos.

    Hay una decena de empresas investigadas y en con concretos dos contratos que tienen que ver con una desaladora de Almería y la red de aguas de Campello (Alicante). Según fuentes de la UCO, el dinero defraudado puede ser de 20 millones de euros.

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    Según la Guardia Civil las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

    La Guardia Civil ha hecho además dieciseis registros en diferenres sedes sociales de empresas y domicilios particulares (ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, uno en Alicante, uno en Barcelona y uno en Tarragona). En los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados a 35 personas. Las diligencias se encuentran declaradas secretas.

    Según fuentes de investigación, la denuncia contra la cúpula de la empresa la interpuso el que el exdirector de Construcción ante laFiscalía Anticorrupción hace ya un año. Además, según los investigadores, la cuantía del fraude que se investiga es muy importante.

    Según fuentes de la UCO, hay constancia policial de que la contratación fraudulenta se ha venido realizando durante años en contratos firmadosen Madrid, Murcia y Valencia. Fuentes judiciales señalan además que, aparte de Acuamed, hay más empresas que están siendo registradas.Se prevén unas 14 detenciones tras una veintena de registros.

    El juzgado número seis de la Audiencia Nacional, con el juez Eloy Velasco al frente, investiga el caso en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

    Anticorrupción extiende a la etapa de Cañete la investigación sobre Acuamed

    Según la fiscalía las irregularidades se produjeron durante parte de la época de Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura y en concreto afectarían a un cambio de material de las tuberias de la red de la desaladora de Carboneras en Almeria. Lo que se investiga es si el precio pagado a la constructora fue superior al previsto en el proyecto. Frente a una estimación inicial de 53 millones de euros, el tendido de las tuberias, que se dividió en dos tramos, acabaron costando 87 millones de euros, según datos de la compañia.


    http://cadenaser.com/ser/2016/01/18/tribunales/1453111514_228861.html
     
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    OPERACIÓN FRONTINO
    La justicia investiga a una decena de constructoras beneficiadas en seis proyectos de Acuamed

    Las empresas FCC, Acciona, Befesa y Altec entre otras, obtuvieron beneficios millonarios de forma supuestamente irregular con la adjudicación y sobre todo, la ejecución de los proyectos en las comunidades de Valencia, Andalucía y Cataluña. Entre los detenidos también se encuentra Nicolás Steegman, antiguo director en Trasagua, la predecesora de Acuamed

    MIGUEL ÁNGEL CAMPOS MADRID 18/01/2016 - 23:17 CET
    El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha centrado su investigación en seis adjudicaciones de la empresa pública Acuamed, en los que, según fuentes jurídicas, “hay pruebas muy claras” de la actuación de “este grupo criminal de funcionarios dirigido por Arcadio Mateo del Puerto”. Se trata de los proyectos de acondicionamiento del Río Serpis; la Rambla Gallinera; la red de aguas El Campello-Muxamel; un proyecto hídrico en Torrevieja; dos obras en la desaladora del bajo Almanzora almeriense; y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.

    Trece detenidos por fraude en la empresa pública AcuaMed


    Además de Acuamed y sus distintas filiales autonómicas, la investigación se centra en una decena de grandes constructoras entre las que se encuentran FCC, Acciona, Befesa, Sogecosa y Altec. Según las mismas fuentes, estas empresas obtenían las adjudicaciones por su cercanía con los directivos de Acuamed, y después, durante la fase de ejecución recibían nuevas contraprestaciones de la empresa pública, en forma de pagos sobredimensionados. De esta forma, “los directivos de Acuamed investigados trabajaban por una doble vía para el interés privado en vez de defender el interés público”.


    Entre los 13 detenidos se encuentran el propio director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la subdirectora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, y la Cadena SER puede ofrecerles un tercer nombre, se trata de Nicolás Steegman, exdirector de Construcción en Trasagua, el nombre de la predecesora de Acuamed cuando fue creada por José María Aznar. Steegman es el presidente deAltec. Esta empresa obtuvola adjudicación de la red hídrica de Campello y Muxamel en Alicante, por 20 millones de euros.


    http://cadenaser.com/ser/2016/01/18/tribunales/1453146243_640771.html
     
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    La investigación de la trama de corrupción de las desaladoras apunta a un colaborador de Sáenz de Santamaría


    El actual subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, fue hasta junio secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Acuamed

    El juez Velasco afirma que el desvío de 40 millones de euros para FCC fue acordado desde un "muy alto nivel" del Ministerio

    Destaca en el auto cómo el Consejo de Ministros ha acordado en dos ocasiones una partida millonaria para un proyecto de la constructora aunque conocía la denuncia que ha originado la 'Operación Frontino'

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    Ramos de Armas (centro), tras jurar como subsecretario de Presidencia el pasado junio, junto a Sáenz de Santamaría

    La trama de corrupción en la empresa pública de aguas ha desbordado los muros de Acuamed para alcanzar al mismo Palacio de La Moncloa. Allí desempeña su cargo Federico Ramos de Armas, actualmente subsecretario de Presidencia y hasta junio pasado secretario de Estado de Medio Ambiente. Según fuentes de la investigación consultadas por eldiario.es, Ramos de Armas integra el "muy alto nivel" del Ministerio al que se refiere el juez Eloy Velasco cuando habla de las irregularidades acordadas para favorecer a las grandes constructoras FCC y Abengoa en dos grandes obras, con el consiguiente saqueo de las arcas públicas.

    La presidencia del Consejo de Administración de Acuamed corresponde al secretario de Estado de Medio Ambiente. Durante la época de Ramos de Armas se desarrolló una de las seis obras que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, la desaladora de Bajo Almanzora, de la que FCC y Abengoa obtuvieron un sobrecoste millonario.

    Las riadas de septiembre de 2012 provocaron la inundación de la instalación, que quedó inservible. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, llegó a un acuerdo con las constructoras para que sea la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

    El plan no acababa ahí. El 60% que debían abonar las empresas privadas sería recuperado por ellas a través de “compensaciones”, según la expresión utilizada por el juez Velasco en su auto de la noche del miércoles. Una de esas “compensaciones” sería la adjudicación de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, otro de los proyectos investigados en la Audiencia Nacional, y del que se encargó FCC.

    En la obra de Flix se aplicaría el modus operandi que define a la trama desarticulada: elevar el coste de la obra sin justificación alguna, lo que los investigadores denominan “fijar modificados ficticios irreales”. FCC obtendría por ello un total de 40 millones de euros. Hasta aquí, uno de los seis casos investigados, de no ser porque esas “compensaciones” fueron, “al parecer, pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix”, escribe el juez Velasco.

    Pero el abono por parte de Acuamed de una reparación que correspondía a las empresas privada quedó frustrado por la oposición de algunos funcionarios, que se negaron a colaborar en un proceso plagado de irregularidades. FCC sigue enrocada y la desaladora de Bajo Almanzora, clave para la provincia, sigue sin funcionar a día de hoy. La constructora de Carlos Slim y Esther Koplowitz pide 10 millones de euros en lugar de los 2 que le corresponderían.

    Como reconoció este martes el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, el Gobierno conocía la denuncia de Francisco Manuel Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed represaliado por Arcadio Mateo al negarse a participar en la trama de corrupción. Valiente lo denunció ante el Ministerio, pero éste no apreció irregularidades en los hechos que presentó. Con las mismas pruebas, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Tras meses de investigación, el juez Velasco envió este miércoles a prisión a los 13 detenidos en la Operación Frontino, 5 de ellos sin posibilidad de eludir la cárcel con el pago de una fianza.

    La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valilente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

    Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.
    El presidente de FCC Construcción paga la fianza

    La cifra total del perjuicio a las arcas públicas con la descontaminación del pantano de Flix es de 40 millones de euros “para compensar a FCC, siguiendo instrucciones desde la superioridad”, concluye el juez. Entre los detenidos figuran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el directivo Santiago Farre Dot. Ambos quedaron libres bajo fianza en la noche del miércoles al abonar 20.000 y 50.000 euros, respectivamente, en concepto exigido por el juez para evitar la cárcel.

    En total, el dinero público que se había acordado desviar asciende a 54,2 millones de euros entre los seis proyectos investigados, aunque el juez Velasco no detalla si han llegado en su totalidad a la caja de las empresas adjudicatarias. Los investigadores cifran, por ahora, en más de 20 millones el dinero desviado desde Acuamed.

    El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas (42), es abogado del Estado y llegó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en 2011, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio. Cuando éste dejó la cartera para ser cabeza de lista a las europeas de 2014, Ramos de Armas continuó en el puesto a las órdenes de Isabel García Tejerina. Fue reclamado por la vicepresidenta del Gobierno cuando Jaime Pérez Renovales decidió abandonar la Subsecretaría de Presidencia.

    http://www.eldiario.es/politica/sen...denta-corrupcion-desaladoras_0_475603467.html
     
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    Al “gurú demoscópico” de Cospedal le pagaron la implantación de un tupé en Turquía a cambio de favores de Acuamed

    Arcadio Mateo era, además, el “demóscopo de cabecera” de 13 TV y esRadio, donde siempre defendía al PP y a su secretaria general.


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    Arcadio Mateo del Puerto, antes y después de su implante capilar.

    Arcadio Mateo del Puerto, en la cárcel sin fianza para evitar su fuga o la destrucción de pruebas, según el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ejerció como tertuliano demoscópico hasta hace unas semanas en 13 TV y en esRadio a través de su empresa Demoscopia y Servicios, a pesar de que desde febrero de 2012 ostentaba la dirección general de la empresa pública Acuamed, ahora en el punto de mira de la justicia por un presunto desfalco de cerca de 30 millones de euros cometido a través de la concesión de obras públicas y otros tejemanejes, que han provocado la detención de una decena de implicados en este nuevo escándalo de corrupción política que como viene siendo ya costumbre salpica de lleno al Partido Popular.


    Posibles incompatibilidades administrativas…
    ¿Puede un director general de una empresa pública compatibilizar su cargo con el desempeño de otras funciones empresariales? Todo parece indicar que la labor pro PP llevada a cabo por Arcadio Mateo en distintos medios de comunicación (13TV, esRadio, Libertad Digital…) era incompatible con su función pública, como queda recogido en el artículo 1 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, donde dice, entre otras cosas, que: “el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”. En el caso de Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed, la incompatibilidad es flagrante, sobre todo por su manifiesta parcialidad a la hora de valorar, enjuiciar y calificar al PP respecto a otras formaciones políticas.



    …Pero no capilares
    Eso sí, Arcadio, el “demóscopo de cabecera” de los medios de comunicación alineados a la derecha del espectro mediático, en cuyo domicilio la Guardia Civil ha encontrado decenas de miles de billetes de 500 euros guardados entre numerosos libros, no vio ninguna incompatibilidad a la hora de cambiar su look capilar y aceptar de una de las empresas que formaban parte de la supuesta trama de corrupción un trasplante capilar y pasar de lucir una prominente calvicie a un poblado tupé, que en los últimos meses lució en el plató de El cascabel al gato, de 13 TV, televisión propiedad de la Conferencia Episcopal. Pero lo más curioso de este “casposo” asunto es que el cesado director general de Acuamed aceptó el soborno pero en Turquía, ya que, según ha podido saber este periódico, en el país otomano los implantes “de cartón” son sensiblemente más baratos que los realizados en España.

    ELPLURAL.COM detectó el “lavado de calva”
    Un tupé que ha dado mucho que hablar y que fue detectado por primera vez por ELPLURAL.COM cuando saltó a la palestra informativa el escándalo de Acuamed. Y es que Arcadio Mateo siempre fue calvo, como cuando nuestro periódico dio la exclusiva en 2010 sobre la empresa Demoscopia y Servicios, que con solo un empleado era capaz de realizar “sesudos” estudios sociológicos favorables a María Dolores Cospedal, cuestionados por la mismísima Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (Aedemo), en la que María José Combarros Prieto, cabeza visible de la empresa de sondeos, era una total desconocida por sus compañeros.

    Riolobos reniega ahora de Arcadio
    Aún así, el PP cerró filas con Demoscopia y Servicios y su portavoz en Castilla La Mancha, Carmen Riolobos, defendió a capa y espada la solvencia de la empresa y de Arcadio Mateo, asegurando que la compañía gozaba de prestigio profesional y subrayando el trabajo realizado por la misma. Sin embargo, ahora que su fundador está entre rejas y el juez le señala como cabecilla de la supuesta red corrupta que operaba en la empresa pública Acuamed, la polémica senadora se desmarca y asegura, sin ruborizase, desconocer si su partido ha trabajado con esta empresa en cuestión, cuando en 2010 se deshacía en elogios y salía en defensa de la empresa que cocinaba los sondeos electorales encargados por Cospedal y de la que hoy reniega. Basta consultar los archivos de ABC, La Tribuna, Nueva Alcarria o las agencias de comunicación Efe y Europa Press, para comprobar cómo Riolobos conocía perfectamente las andadas demoscópicas de Arcadio Mateo y hoy “desconoce” lo que pregonaba a los cuatro vientos. Es lo que tiene la hemeroteca.

    http://www.elplural.com/2016/01/21/...pe-en-turquia-a-cambio-de-favores-de-acuamed/
     
  5. Nolwenn

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  6. IDOLO

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    Cañete señalado por el ‘caso Acuamed’

    El actual comisario europeo de Energía ordenó directamente adjudicaciones fraudulentas, según el auto judicial.


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    El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. EFE/Archivo

    irregularidades cometidas en la empresa pública Acuamed fueron “pactadas desde muy alto nivel desde el Ministerio”. Así de contundente recoge el instructor del caso la relación entre los responsables de la empresa pública y el máximo responsable del Ministerio de Agricultura, por aquel entonces Miguel Arias Cañete.

    También durante los interrogatorios, el actual comisario europeo de Energía ha sido señalado como uno de los responsables de las adjudicaciones ilegales que realizó esta empresa pública, según ha relevado Las Mañanas de Cuatro.

    Con nombre y apellidos
    “Yo dije que no firmaba eso y Arcadio Mateo me dijo que, si no me daba cuenta de que aquello no eran instrucciones suyas, sino que eran órdenes directas del ministro”, explicaba Francisco Valiente, quien destapó la trama corrupta, nombrando seguidamente a “Miguel Arias Cañete”.

    Concretamente, fue el 24 de marzo de 2014, dos meses antes de que el exministro fuese elegido eurodiputado, cuando Arcadio Mateo intentó obligar a que se adjudicase irregularmente a FCC la infraestructura de la desaladora de Bajo Almanzora. El director de Acuamed argumentó que nadie podía negarse ya que eran órdenes del propio ministro.

    Finalmente, la adjudicación se produjo a FCC por ocho millones de euros más de lo que costaba inicialmente. Además, se pagó el 40% de los desperfectos que realizó la adjudicataria durante la obra con dinero público.

    Los presupuestos generales del estado preveían cubrir esa “compensación indebida pactada entre la cúpula de FCC y cargos de altos nivel en el Ministerio”, según lo recoge el auto del juez Eloy Velasco.

    http://www.elplural.com/2016/01/25/arias-canete-senalado-por-el-caso-acuamed/
     
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  7. Amadís

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    LA MAFIA DEL AGUA

    El Gobierno readmite en Acuamed a la recién excarcelada 'número 2' de la mafia del agua

    Gabriela Mañueco, señalada por el juez Eloy Velasco como la mano derecha del cabecilla, Arcadio Mateo, en el amaño de contratos de la empresa pública, se ha reincorporado este martes a la compañía tras abandonar el viernes la prisión bajo fianza. El pasado 20 de abril también ocuparon sus puestos de trabajo otros dos de los presuntos implicados. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura batalla en los tribunales para no recolocar a dos de las denunciantes del escándalo que fueron despedidas.


    Vuelta al trabajo de otro de los implicados en el escándalo de corrupciónen la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed SA). Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención el pasado mes de enero, se ha reincorporado este martes a la sociedad estatal dependiente delMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige en funciones Isabel García Tejerina. Lo ha hecho después de abandonar el viernes pasado la cárcel tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Mañueco es señalada por la investigación como la supuesta mano derecha del principal implicado en la trama, Arcadio Mateo del Puerto, director general de la compañía y único de los integrantes de la bautizada como 'mafia del agua' que permanece entre rejas a la espera de recaudar los 600.000 euros de fianza que el magistrado ha fijado en su caso.


    El auto del juez Velasco que la envió en enero a prisión calificaba a Gabriela Mañueco como el "brazo derecho" del principal cabecilla de la trama, Arcadio Mateo
    La llegada de la que fuera responsable de Ingeniería y Construcción a la sede la compañía en el número 11 de la madrileña calle Albasanz ha provocado un enorme revuelo entre los empleados, que hace sólo dos semanas ya vivieron un episodio similar con la reincorporación de otros dos implicados tras su paso por la cárcel. Según confirman a Vozpópuli trabajadores de la sociedad estatal, Gabriela Mañueco no ocupará el cargo que tenía cuando fue detenida en enero y ha sido recolocada en el departamento de Explotación, situado incluso en una planta del edificio diferente a la que se ubicaba su anterior despacho. El malestar en el seno de Acuamed se incrementa porque estas recolocaciones se han producido mientras Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, dos ingenieras que fueron despedidas precisamente por negarse a dar el visto bueno a las irregularidades de la trama, continúan batallando en los tribunales su readmisión. Al cierre de estas líneas, fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura no habían respondido al requerimiento de información sobre esta readmisión realizado por Vozpópuli.

    En el auto del pasado 20 de abril por el que envió a Gabriela Mañueco y a otras cuatro personas a prisión, el juez Velasco ya destacaba el papel de ésta en la trama como "brazo derecho" de Arcadio Mateo, el cabecilla en la trama, sobre todo cuando éste decidía "destituir o remover de su puesto" a los funcionarios que no se plegaban a sus irregularidades. De hecho, fue él quien la nombró directora de Ingeniería y Construcción para sustituir, precisamente, a Francisco Valiente, el directivo de la compañía que destapó las supuestas irregularidades con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que también fue despedido por ello en abril de 2014. Desde ese puesto, Gabriela Mañueco presuntamente dio "órdenes irregulares y arbitrarias" que facilitaron los amaños investigados ahora por el magistrado y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la 'Operación Frontino'.

    El antecedente de abril

    El episodio de la readmisión de Gabriela Mañueco es similar al vivido el pasado 20 de abril con Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, quienes se reincorporaron aquel día a sus puestos de trabajo al abandonar la cárcel tras abonar sendas fianzas impuestas por el juez Velasco. El destacado papel supuestamente jugado por ambos también fue resaltado por el magistrado en el auto de enero que los envió a prisión. Según señalaba el magistrado en aquel escrito, el primero era el gerente de Contratación y el segundo gerente territorial en la cuenca del río Júcar cuando se produjeron las irregularidades y supuestamente tuvieron una participación activa en las mismas. De hecho, las investigaciones apuntan a que ambos "lo hicieron plegándose sin discusión" a Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco. Todo "en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas". El juez llegaba a apuntar la existencia de pagos en especie como alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles e, incluso, la colocación de familiares en las empresas beneficiadas.

    El pasado 20 de abril ya se reincorporaron a Acuamed otros dos directivos que habían sido encarcelados por su implicación en la trama
    Tres reincorporaciones que han coincidido en el tiempo con el pleito iniciado por dos trabajadoras, Gracia Bastelleros y Azahara Peralta, despedidas precisamente por negarse a dar luz verde a las irregularidades con las que se intentaron presuntamente camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. La vista por el primero de estos despidos se vio el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid. Entonces, el Consejo de Administación de Acuamed, el mismo órgano que había despedido a ambas fulminantemente el verano anterior, ordenó a los abogados del la compañía pública que ofrecieran a la primera la readmisión con condiciones. La ingeniera se negó y la vista se celebró. Aún no hay sentencia.

    Ambas habían denunciado antes de su despido que su oposición a dar el visto bueno a las supuestas irregularidades que les presentaban Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco les había llevado a sufrir una situación de auténtico acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta al entonces número 2 de Agricultura, Federico Ramos de Armas y tres más a su sucesor, Pablo Saavedra, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de sus jefes. Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunió con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras. Hoy, nueve meses después, ambas siguen fuera de Acuamed, mientras tres de los principales implicados en el escándalo han sido readmitidos y ocupan de nuevo despachos.

    http://vozpopuli.com/actualidad/809...ien-excarcelada-numero-2-de-la-mafia-del-agua

    ¡Vaya tela! Recien salida bajo fianza a un buen puestecito y las que colaboraron para que la corrupción aflorase despedidas siguen....

    ¡Que asco de país, mejor dicho de gobernantes de éste país!

    Necesitamos gente que dé un giro copernicano a todo éste asqueroso sistema político y los que están dentro no lo van a hacer.
     
  9. _Marta

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    Claro, así luchan contra la corrupción.
     
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  10. IDOLO

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    A MAFIA DEL AGUA

    Agricultura recurre la sentencia que le obliga a readmitir a la ingeniera que denunció el 'caso Acuamed'

    El fallo de un Juzgado de lo Social condenó al Ministerio a recolocar en su puesto e indemnizar con 90.000 euros a Garcia Ballesteros, quien destapó la trama.

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    Imagen de archivo de Isabel García Tejerina. - Foto EFE

    El peregrinar judicial de las dos ingenieras despedidas por el Ministerio de Agricultura tras denunciar los 'pufos' en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) aún no ha terminado. El departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina va a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que le condena areadmitir e indemnizar con 90.000 euros a una de ellas, Gracia Ballesteros, después de que la Justicia estimase nulo su despido y considerase que se le causó un "daño moral de especial gravedad". La decisión de Agricultura se produce el mismo día que ha trascendido que el anterior titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, respaldó supuestamente al principal implicado en la trama, el director general Arcadio Mateo, en una de las operaciones investigadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Todo ello, además, en plena polémica por la vuelta a trabajo en la sociedad estatal de tres de los presuntos cabecillas de la trama que fueron enviados a prisión y que abandonaron recientemente ésta tras depositar elevadas fianzas, lo que ha llevado al juez Velasco a pedir explicaciones al Ministerio por temor a que se puedan destruir pruebas. Fuentes oficiales del Ministerio declinaron explicar los motivos de dicha decisión pese a los reiterados requerimientos realizados por Vozpópuli durante todo el día a través de llamadas de teléfono y correo electrónico.

    El Ministerio ha decidido recurrir el fallo pese a la contundencia de éste, que consideraba probado que la trabajadora fue despedida como represalia
    El recurso se produce, además, pese a la contundencia del fallo, que consideró probado que esta trabajadora fue despedida en julio del año pasado "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destaca el magistrado, están siendo corroboradas por la investigación de su colega Eloy Velasco. De hecho, el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid,Antonio Cervera, destacaba en el mismo el peso que había tenido en su decisión la investigación de la Guardia Civil que terminó llevando el pasado mes de enero a prisión a cuatro altos cargos de la compañía acusados de varios delitos, entre ellos el deorganización criminal, por el supuesto amaño de media docena de contratos millonarios. El fallo del magistrado de lo Social recalcaba que el auto que dictó su colega de la Audiencia Nacional para encarcelarlos ya aludía a la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos" en clara referencia a Gracia Ballesteros y otros dos compañeros.

    El juez también resaltaba que el escrito de su colega daba también plena validez a las palabras de uno de los testigos que compareció en la vista celebrada el pasado 1 de abril por el despido, el también represaliado Francisco Valiente, el alto cargo de Acuamed que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las graves irregularidades y que también por ello fue despedido. Según recogía el fallo, de su testimonio se desprendía que su compañera y él "se negaron a realizar una modificación que no procedía en la obra [de limpieza del pantano tarraconense] de Flix, a fin de proceder a un pago a un tercero [la empresa FCC] que no era correcto". A partir de ese momento, añadía la sentencia, la situación de ambos en la empresa "se tornó más difícil, al punto de que fueronveladamente amenazados de despido". En este sentido, el juez consideraba veraz que, como aseguró Francisco Valiente, el director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo del Puerto, principal cabecilla de la trama, les espetase a ambos: "Van a caer dos pájaros por uno".

    "Por negarse a realizar actuaciones irregulares"

    Por todo ello, el juez concluía que Gracia Ballesteros y su compañero Francisco Valiente "se negaron a realizar actuaciones irregulares tras el verano de 2013" por lo que el segundo "fue cesado unos meses después" para poco más tarde ser ella "removida de sus responsabilidades y colocada durante un largo periodo en tareas sin especial relevancia, siendo despedida a la postre tras denunciar ante la Fiscalía y haber interpuesto una demanda contra la empresa que aún no estaba resuelta". Como responsables directos de estas represalias, el juez citaba expresamente a Arcadio Mateo, el director general encarcelado, y a su número 2 en la trama, Gabriela Mañueco Pfeiffer, en libertad bajo fianza desde el pasado 29 de abril. De hecho, señala a esta última como la persona que mantuvo deliberadamente a la ingeniera "sin ocupación relevante, lo que se puede calificar como una actuación lesiva para la misma e inaceptable en derecho".

    Por todo ello, el juez consideraba que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura no sólo debía readmitir a la demandante y pagarle los salarios desde su despedido a finales de julio del año pasado hasta hoy, sino también indemnizarla con 90.000 euros al entender que su salida de la empresa se sustentó en un informe de cuestionable "valor probatorio" ya que una de las personas que lo firmaba era Francisco Javier López Pastor, uno de los implicados en la trama a los que el juez Velasco envió a prisión. De hecho, consideraba que el contenido de dicho documento, una auditoria interna, no sólo había podido comprometer el "prestigio profesional" de la despedida, sino también causarle "un sufrimiento psicológico". Un hecho que estimaba de "especial gravedad" ya que se ha producido en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad". Un detalle, este último, que consideraba que "no se puede pasar por alto".

    http://vozpopuli.com/actualidad/820...r-a-la-ingeniera-que-denuncio-el-caso-acuamed

    ¿No les dará vergüenza? ¿La conocen? A la vergüenza digo.
     
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