A.Botellla y 7 cargos de su Gbno condenados pagar 25 mill.por vender pisos públicos a fondos buitre
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LA CASA ESTÁ EN EL VISO
José María Jr compra su primera mansión en Madrid: 1,8 millones y reforma integral
Es el hijo mayor de José María Aznar y Ana Botella y pisa fuerte en el mundo financiero. La compra del inmueble a un paso de Castellana le afianza dentro de la alta sociedad financiera
José María Aznar Jr. en un fotomontaje elaborado por Vanitatis.
A.S.
TIEMPO DE LECTURA4 min
21/12/2017 05:00 - ACTUALIZADO: 29/12/2018 13:26
No es el hijo más travieso de Ana Botella ni tiene que posicionarse en la prensa salmón como un empresario serio, como le ocurre a su hermano pequeño, Alonso, que tan pronto sale en el festival de Coachella como en las carreras con Alejandro Agag en Dubái. José María Aznar Jr., el hijo mayor del expresidente Aznar, tiene un rictus más serio, que le ayuda a entrar con paso firme en la alta sociedad del mundo de las finanzas. Y qué mejor carta de presentación que vivir donde lo hacen los poderosos, a unas manzanas de Florentino Pérez, a un paso de la mansión de Rafael del Pino.
Por eso, José María, que en 2011 contrajo matrimonio con Mónica Abascal, reside en Madrid y es padre de tres hijos (Valvanuz, José María y Gaspar), y está haciendo obras en su nuevo chalet en El Viso, a un paso del paseo de la Castellana.
Fachada de la casa que ha adquirido José María Aznar Jr en El Viso.
Una adquisición de alto nivel. Se trata de un unifamiliar, una casa acorde con su estatus laboral: él asesora a empresas extranjeras sobre el riesgo de invertir en España.
Alonso Aznar, el más travieso de Ana Botella, reconvertido en gurú empresarial
SILVIA TAULÉS
El benjamín de los Aznar Botella finaliza el año con una entrevista en un periódico económico donde habla del futuro financiero mundial. Ha pasado 2017 de fiesta en fiesta
Dos años en venta
El nuevo nidito de este cachorro de la jet está en una zona arbolada y residencial, donde el joven financiero empresario no notará apenas diferencia, ya que estuvo residiendo en la calle Doctor Arce y va sobre seguro a una zona que le gusta, que se da un aire con el Chelsea de Londres por donde han pasado sus hermanos Ana y Alonso: calles solitarias, chalecitos ajardinados con sabor norteño, coches de lujo, pajaritos y alguna filipina paseando a distintos herederos.
José María Jr. y su mujer, Mónica Abascal. (Gtres)
Este inmueble llevaba casi una década en venta y sus propietarios han ido bajando el precio desde los 3,1 millones, que pedían originalmente, a los 1,8 por los que se ha cerrado la operación. Un precio que Aznar puede doblar al reformar la vivienda, que necesita una reforma integral, lo que dificultaba su venta. Un pelotazo para inversores porque la ubicación y el vecindario son premium y él lo ha sabido ver.
La casa necesita un lavado de cara integral. Ocupa una superficie gráfica de 310 metros cuadrados, de los cuales hay dos plantas que rondan los cien metros, un sótano de 107 y un almacén en el jardín de 30. Aunque la vivienda ha sido dada de baja de las webs inmobiliarias, hemos podido rescatar algunas fotografías que revelan que el lugar está en estado de semiabandono, lo que multiplica las posibilidades de reforma.
Jardín de la mansión de José María Aznar en El Viso.
https://www.vanitatis.elconfidencia...97x01myafifaLpFRynnL9TVEf3ZNx8OzagKCtr257Ccwc
No se habla casi nada del casuplón de José María Aznar Jr, de hecho este es su segundo casuplón, porque ya tenía un chaletaco en Marina Isla de Valdecañas.
Y todo gracias a ser consejero de una gran inmobiliaria con vínculos con fondos buitre que se dedican a comprar viviendas sociales y desahuciar a la gente.
Pero claro, esto no es noticia en la televisión.
José María Jr compra su primera mansión en Madrid: 1,8 millones y reforma integral
Es el hijo mayor de José María Aznar y Ana Botella y pisa fuerte en el mundo financiero. La compra del inmueble a un paso de Castellana le afianza dentro de la alta sociedad financiera
José María Aznar Jr. en un fotomontaje elaborado por Vanitatis.
A.S.
TIEMPO DE LECTURA4 min
21/12/2017 05:00 - ACTUALIZADO: 29/12/2018 13:26
No es el hijo más travieso de Ana Botella ni tiene que posicionarse en la prensa salmón como un empresario serio, como le ocurre a su hermano pequeño, Alonso, que tan pronto sale en el festival de Coachella como en las carreras con Alejandro Agag en Dubái. José María Aznar Jr., el hijo mayor del expresidente Aznar, tiene un rictus más serio, que le ayuda a entrar con paso firme en la alta sociedad del mundo de las finanzas. Y qué mejor carta de presentación que vivir donde lo hacen los poderosos, a unas manzanas de Florentino Pérez, a un paso de la mansión de Rafael del Pino.
Por eso, José María, que en 2011 contrajo matrimonio con Mónica Abascal, reside en Madrid y es padre de tres hijos (Valvanuz, José María y Gaspar), y está haciendo obras en su nuevo chalet en El Viso, a un paso del paseo de la Castellana.
Fachada de la casa que ha adquirido José María Aznar Jr en El Viso.
Una adquisición de alto nivel. Se trata de un unifamiliar, una casa acorde con su estatus laboral: él asesora a empresas extranjeras sobre el riesgo de invertir en España.
Alonso Aznar, el más travieso de Ana Botella, reconvertido en gurú empresarial
SILVIA TAULÉS
El benjamín de los Aznar Botella finaliza el año con una entrevista en un periódico económico donde habla del futuro financiero mundial. Ha pasado 2017 de fiesta en fiesta
Dos años en venta
El nuevo nidito de este cachorro de la jet está en una zona arbolada y residencial, donde el joven financiero empresario no notará apenas diferencia, ya que estuvo residiendo en la calle Doctor Arce y va sobre seguro a una zona que le gusta, que se da un aire con el Chelsea de Londres por donde han pasado sus hermanos Ana y Alonso: calles solitarias, chalecitos ajardinados con sabor norteño, coches de lujo, pajaritos y alguna filipina paseando a distintos herederos.
José María Jr. y su mujer, Mónica Abascal. (Gtres)
Este inmueble llevaba casi una década en venta y sus propietarios han ido bajando el precio desde los 3,1 millones, que pedían originalmente, a los 1,8 por los que se ha cerrado la operación. Un precio que Aznar puede doblar al reformar la vivienda, que necesita una reforma integral, lo que dificultaba su venta. Un pelotazo para inversores porque la ubicación y el vecindario son premium y él lo ha sabido ver.
La casa necesita un lavado de cara integral. Ocupa una superficie gráfica de 310 metros cuadrados, de los cuales hay dos plantas que rondan los cien metros, un sótano de 107 y un almacén en el jardín de 30. Aunque la vivienda ha sido dada de baja de las webs inmobiliarias, hemos podido rescatar algunas fotografías que revelan que el lugar está en estado de semiabandono, lo que multiplica las posibilidades de reforma.
Jardín de la mansión de José María Aznar en El Viso.
https://www.vanitatis.elconfidencia...97x01myafifaLpFRynnL9TVEf3ZNx8OzagKCtr257Ccwc
No se habla casi nada del casuplón de José María Aznar Jr, de hecho este es su segundo casuplón, porque ya tenía un chaletaco en Marina Isla de Valdecañas.
Y todo gracias a ser consejero de una gran inmobiliaria con vínculos con fondos buitre que se dedican a comprar viviendas sociales y desahuciar a la gente.
Pero claro, esto no es noticia en la televisión.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID
¿Por qué es importante la sentencia a Ana Botella y su equipo por la venta de pisos de la EMVS?
La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda sea un derecho garantizado.
nuevatribuna.es29 de Diciembre de 2018 (17:01 h.)
Hace ya más de 5 años que Ana Botella, como alcaldesa de Madrid, y su equipo decidieron vender 1.860 viviendas en las que vivían familias de Atención Prioritaria a Blakstone (Fidere) a un precio muy por debajo del precio de mercado. Esas familias pasaron de ver protegido su derecho a la vivienda a ser una mercancía con la que especular en manos de un fondo especulador. Incluso antes de terminar sus contratos de alquiler, estas familias vieron aumentada su mensualidad hasta en un 250% y fueron empujadas a abandonar su casa por no poder pagar esos nuevos alquileres abusivos; desahucios sin ruido, silenciosos.
Desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid llevan años denunciando públicamente las irregularidades, inmoralidad e ilegalidad de esta venta y sus desastrosas consecuencias. Desde entonces cientos de familias han sido desahuciadas de sus casas y el resto de los habitantes de Madrid hemos visto cerrarse un poco más la posibilidad de lograr una vivienda asequible. Al perjuicio particular de esas 1.860 familias a las que el equipo de Ana Botella puso al borde de la calle se suma la venta de más de 20.000 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendidas en paquetes, entre 2005 y 2015, merced a una legislación muy deficiente y visiblemente carente de la perspectiva social que debería tener. La vivienda pública no debería ser vendida nunca.
Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente
Si bien hay que subrayar como muy positiva la decisión del Tribunal de Cuentas de sancionar a Ana Botella y a su equipo por una venta que viola el derecho a la vivienda de algunas de las familias más vulnerables de la ciudad de Madrid, consideran que esta condena resulta claramente escasa. Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente. Ni las últimas 1.860 familias a las que les robaron su derecho a una vivienda asequible ni las más de 35.000 familias en las listas de espera de vivienda social de la EMVS ven hoy reparados sus daños ni restablecidos sus derechos.
La necesidad de un parque público de vivienda social amplio y de calidad es algo que, desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid y desde la PAH de todo el Estado, vienen reclamando a lo largo de numerosas campañas y una docena de iniciativas legislativas, tanto estatales como autonómicas. Sólo así, como demuestran varios ejemplos en los países vecinos, conseguiremos domar la especulación galopante que nuestro Estado permite con un derecho básico como es el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda será un derecho garantizado --por asequible-- para todo el mundo.
Ninguna sociedad que se precie se puede permitir tener a familias sin recursos a la intemperie de la especulación de los grandes poderes económicos.
Ninguna sociedad que se precie puede dejar impunes a cargos públicos que mercadean con estos derechos.
https://www.nuevatribuna.es/articul...1sFJJw1KK4LueF37PVQdmLYtx0vRLfxSz25mWnSZsvd1g
Una cosa es la sentencia pero otra muy diferente es si la pga o no. Ahí está la cuestión. ¿La pagará?
¿Por qué es importante la sentencia a Ana Botella y su equipo por la venta de pisos de la EMVS?
La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda sea un derecho garantizado.
nuevatribuna.es29 de Diciembre de 2018 (17:01 h.)
Hace ya más de 5 años que Ana Botella, como alcaldesa de Madrid, y su equipo decidieron vender 1.860 viviendas en las que vivían familias de Atención Prioritaria a Blakstone (Fidere) a un precio muy por debajo del precio de mercado. Esas familias pasaron de ver protegido su derecho a la vivienda a ser una mercancía con la que especular en manos de un fondo especulador. Incluso antes de terminar sus contratos de alquiler, estas familias vieron aumentada su mensualidad hasta en un 250% y fueron empujadas a abandonar su casa por no poder pagar esos nuevos alquileres abusivos; desahucios sin ruido, silenciosos.
Desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid llevan años denunciando públicamente las irregularidades, inmoralidad e ilegalidad de esta venta y sus desastrosas consecuencias. Desde entonces cientos de familias han sido desahuciadas de sus casas y el resto de los habitantes de Madrid hemos visto cerrarse un poco más la posibilidad de lograr una vivienda asequible. Al perjuicio particular de esas 1.860 familias a las que el equipo de Ana Botella puso al borde de la calle se suma la venta de más de 20.000 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendidas en paquetes, entre 2005 y 2015, merced a una legislación muy deficiente y visiblemente carente de la perspectiva social que debería tener. La vivienda pública no debería ser vendida nunca.
Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente
Si bien hay que subrayar como muy positiva la decisión del Tribunal de Cuentas de sancionar a Ana Botella y a su equipo por una venta que viola el derecho a la vivienda de algunas de las familias más vulnerables de la ciudad de Madrid, consideran que esta condena resulta claramente escasa. Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente. Ni las últimas 1.860 familias a las que les robaron su derecho a una vivienda asequible ni las más de 35.000 familias en las listas de espera de vivienda social de la EMVS ven hoy reparados sus daños ni restablecidos sus derechos.
La necesidad de un parque público de vivienda social amplio y de calidad es algo que, desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid y desde la PAH de todo el Estado, vienen reclamando a lo largo de numerosas campañas y una docena de iniciativas legislativas, tanto estatales como autonómicas. Sólo así, como demuestran varios ejemplos en los países vecinos, conseguiremos domar la especulación galopante que nuestro Estado permite con un derecho básico como es el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda será un derecho garantizado --por asequible-- para todo el mundo.
Ninguna sociedad que se precie se puede permitir tener a familias sin recursos a la intemperie de la especulación de los grandes poderes económicos.
Ninguna sociedad que se precie puede dejar impunes a cargos públicos que mercadean con estos derechos.
https://www.nuevatribuna.es/articul...1sFJJw1KK4LueF37PVQdmLYtx0vRLfxSz25mWnSZsvd1g
Una cosa es la sentencia pero otra muy diferente es si la pga o no. Ahí está la cuestión. ¿La pagará?
CONDENA A ANA BOTELLALos condenados por la venta de vivienda pública a fondos buitre seguirán en el cargo
El Presidente de la Comunidad de Madrid y líder del PP Madrileño, Ángel Garrido, no apartará a los exconcejales de Botella por "no estamos ante una condena penal, no hay enriquecimiento personal y no hay corrupción".
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fermin Oslé, José Enrique Nuñez, Dolores Navarro, Pedro Corral, Paz González, Diego Sanjuanbenito y Concepción Dancausa
MÁS INFORMACIÓN
MADRID
30/12/2018 18:39 Actualizado: 30/12/2018 18:41
PÚBLICO
No habrá consecuencias internas en el PP de Madrid tras la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros seis exconcejales de su equipo por el daño causado a las arcas públicas al vender viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo buitre por un precio inferior al de mercado por debajo del precio de mercado a un fondo buite.
Desde la dirección del PP de Madrid aseguraron a la Cadena Ser que no tienen previsto elevar este caso al Comité de Derechos y Garantias del partido "porque no estamos ante una condena penal, no hay enriquecimiento personal y no hay corrupción", aseguran estas fuentes. Por tanto, en el PP no ven necesario aplicar el código ético contra los condenados que ostentan cargos públicos o los que forman parte del núcleo duro del partido.
De los exconcelajes condenados, hay varios que siguen ejerciendo como cargos públicos en diferentes instituciones de la Comunidad de Madrid
Es el caso de Enrique Núñez, Viceconsejero de Justicia y de Diego Sanjuanbenito, director general del Medio Ambiente, quienes no serán destituidos "porque no estamos ante un caso de corrupción", concluyó el Presidente madrileño, Ángel Garrido.
https://www.publico.es/politica/con...witter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
El PP, partido regenerador....¿Donde queda en éste caso su "Código etico y de conducta"?
El Presidente de la Comunidad de Madrid y líder del PP Madrileño, Ángel Garrido, no apartará a los exconcejales de Botella por "no estamos ante una condena penal, no hay enriquecimiento personal y no hay corrupción".
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fermin Oslé, José Enrique Nuñez, Dolores Navarro, Pedro Corral, Paz González, Diego Sanjuanbenito y Concepción Dancausa
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- Bancos y fondos gestionan más de 240.000 viviendas en España
- Así malvendió el Ayuntamiento de Ana Botella las viviendas públicas a fondos buitre
- "Denunciamos al fondo Blackstone porque actúa como un oligopolio con los alquileres"
MADRID
30/12/2018 18:39 Actualizado: 30/12/2018 18:41
PÚBLICO
No habrá consecuencias internas en el PP de Madrid tras la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros seis exconcejales de su equipo por el daño causado a las arcas públicas al vender viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo buitre por un precio inferior al de mercado por debajo del precio de mercado a un fondo buite.
Desde la dirección del PP de Madrid aseguraron a la Cadena Ser que no tienen previsto elevar este caso al Comité de Derechos y Garantias del partido "porque no estamos ante una condena penal, no hay enriquecimiento personal y no hay corrupción", aseguran estas fuentes. Por tanto, en el PP no ven necesario aplicar el código ético contra los condenados que ostentan cargos públicos o los que forman parte del núcleo duro del partido.
De los exconcelajes condenados, hay varios que siguen ejerciendo como cargos públicos en diferentes instituciones de la Comunidad de Madrid
Es el caso de Enrique Núñez, Viceconsejero de Justicia y de Diego Sanjuanbenito, director general del Medio Ambiente, quienes no serán destituidos "porque no estamos ante un caso de corrupción", concluyó el Presidente madrileño, Ángel Garrido.
https://www.publico.es/politica/con...witter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
El PP, partido regenerador....¿Donde queda en éste caso su "Código etico y de conducta"?
De cómo el hijo de Aznar se aprovechó del hundimiento económico español
El hijo de Aznar, Alonso, se ha convertido en un furibundo activista contra el referéndum catalán pero ¿por qué no se manifesto contra su hermano? Aquí explicamos cómo José María Aznar Jr. lideró fondos extranjeros para aprovecharse del hundimiento económico español. Publicado originariamente en nuestro número 29.
29.09.2017
alonso aznar, josé maría aznar, vidal quadras, zaplana, reality news, jose maría aznar jr
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El hijo de Aznar, Alonso, se ha convertido en un furibundo activista contra el referéndum catalán pero ¿por qué no se manifesto contra su hermano? Aquí explicamos cómo José María Aznar Jr. lideró fondos extranjeros para aprovecharse del hundimiento económico español. Publicado originariamente en nuestro número 29.
29.09.2017
alonso aznar, josé maría aznar, vidal quadras, zaplana, reality news, jose maría aznar jr
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Carmena pedirá a Garrido anular la venta de 1.860 VPO a Blackstone
El Ayuntamiento de Madrid estudia presentar un recurso al Tribunal de Cuentas porque considera que el perjuicio económico es de 127 millones
Carmena pedirá a Garrido anular la venta de 1.860 VPO a Blackstone
PABLO GARCÍApablo.garcia@elindependiente.com @PabloGarciaB
Ángel Garrido y Manuel Carmena. EFE
El Ayuntamiento de Madrid va a volver a pedir la nulidad de la venta de 1.860 Viviendas de Protección Oficial (VPO) a Blackstone, efectuada por la Corporación municipal en 2013 cuando Ana Botella era alcaldesa. El equipo de Manuela Carmena reacciona así a la condena de 22,7 millones de euros ...
que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Botella y a otros siete miembros de su equipo por vender viviendas sociales por debajo del precio de mercado. Entre los condenados hay actualmente varios cargos públicos del Partido Popular.
“Queremos reiniciar un nuevo procedimiento de nulidad”, ha resaltado la vicealcaldesa y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras. La EMVS fue la empresa pública que realizó la operación hace ya cinco años. “Si nuestra petición llega a buen término, ese procedimiento pretende revertir la situación hasta el inicio. Es decir, que la EMVS tendría que abonar a los fondos la cuantía que pagaron. De momento estamos en fase de estudio”.
Dictamen desfavorable en abril
El pasado mes de abril, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid emitió un dictamen desfavorable a la nulidad y a cualquier acción judicial paralela. Aquel dictamen no tenía opción de recurso. El Ayuntamiento se basó en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que también depende de la Comunidad. Ahora Carmena quiere reabrir esa vía -un nuevo dictamen de la comisión jurídica asesora- acudiendo directamente al presidente regional Ángel Garrido. A día de hoy, tan solo queda una denuncia por la vía penal formulada por el PSOE a la que se ha sumado el actual Ayuntamiento solicitando la anulación de la enajenación de viviendas.
“Quiero ser prudente porque no hemos tenido tiempo de estudiar a fondo la sentencia de 94 páginas”, ha reconocido Higueras. “Sabemos que habrá un recurso de la señora Botella contra la misma, porque así se ha publicado. Nuestros letrados en la EMVS también están planteando presentar otro recurso, porque el perjuicio económico de nuestra demanda se fijó en 127 millones y el Tribunal de Cuentas lo ha establecido en 23 millones”.
Recurso también del Ayuntamiento
El fondo Blackstone no ha querido hacer declaraciones acerca de las intenciones del Consistorio. A través de su filial Fidere, se hizo con las 1.860 viviendas por 130 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, Blacktone-Fidere se hizo también con vivienda social por valor de 200 millones de euros, y ha multiplicado por cuatro el valor de todos estos pisos según las cuentas de la sociedad de 2017.
Según la vicealcaldesa, “el problema de las 1.860 familias que disfrutaban de un alquiler social no está resuelto. Muchas han sido desahuciadas”, ha lamentado.
https://www.elindependiente.com/eco...4KZdw-TUV6XDrulYiQGsE0q0409ZHc9gf4ST8zj0SOdg8
El Ayuntamiento de Madrid estudia presentar un recurso al Tribunal de Cuentas porque considera que el perjuicio económico es de 127 millones
Carmena pedirá a Garrido anular la venta de 1.860 VPO a Blackstone
PABLO GARCÍApablo.garcia@elindependiente.com @PabloGarciaB
Ángel Garrido y Manuel Carmena. EFE
El Ayuntamiento de Madrid va a volver a pedir la nulidad de la venta de 1.860 Viviendas de Protección Oficial (VPO) a Blackstone, efectuada por la Corporación municipal en 2013 cuando Ana Botella era alcaldesa. El equipo de Manuela Carmena reacciona así a la condena de 22,7 millones de euros ...
que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Botella y a otros siete miembros de su equipo por vender viviendas sociales por debajo del precio de mercado. Entre los condenados hay actualmente varios cargos públicos del Partido Popular.
“Queremos reiniciar un nuevo procedimiento de nulidad”, ha resaltado la vicealcaldesa y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras. La EMVS fue la empresa pública que realizó la operación hace ya cinco años. “Si nuestra petición llega a buen término, ese procedimiento pretende revertir la situación hasta el inicio. Es decir, que la EMVS tendría que abonar a los fondos la cuantía que pagaron. De momento estamos en fase de estudio”.
Dictamen desfavorable en abril
El pasado mes de abril, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid emitió un dictamen desfavorable a la nulidad y a cualquier acción judicial paralela. Aquel dictamen no tenía opción de recurso. El Ayuntamiento se basó en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que también depende de la Comunidad. Ahora Carmena quiere reabrir esa vía -un nuevo dictamen de la comisión jurídica asesora- acudiendo directamente al presidente regional Ángel Garrido. A día de hoy, tan solo queda una denuncia por la vía penal formulada por el PSOE a la que se ha sumado el actual Ayuntamiento solicitando la anulación de la enajenación de viviendas.
“Quiero ser prudente porque no hemos tenido tiempo de estudiar a fondo la sentencia de 94 páginas”, ha reconocido Higueras. “Sabemos que habrá un recurso de la señora Botella contra la misma, porque así se ha publicado. Nuestros letrados en la EMVS también están planteando presentar otro recurso, porque el perjuicio económico de nuestra demanda se fijó en 127 millones y el Tribunal de Cuentas lo ha establecido en 23 millones”.
Recurso también del Ayuntamiento
El fondo Blackstone no ha querido hacer declaraciones acerca de las intenciones del Consistorio. A través de su filial Fidere, se hizo con las 1.860 viviendas por 130 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, Blacktone-Fidere se hizo también con vivienda social por valor de 200 millones de euros, y ha multiplicado por cuatro el valor de todos estos pisos según las cuentas de la sociedad de 2017.
Según la vicealcaldesa, “el problema de las 1.860 familias que disfrutaban de un alquiler social no está resuelto. Muchas han sido desahuciadas”, ha lamentado.
https://www.elindependiente.com/eco...4KZdw-TUV6XDrulYiQGsE0q0409ZHc9gf4ST8zj0SOdg8
5.000 viviendas de la Comunidad de Madrid fueron vendidas a fondos de inversión
El PP extendió esta práctica desde el Gobierno regional
EL PAÍS
Madrid 29 DIC 2018 - 22:19 CET
La venta en octubre de 2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre no es un caso aislado. Este tipo de operaciones fueron una práctica repetida por el Partido Popular de Madrid no solo en gobiernos municipales , sino también en el de la comunidad autónoma a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
El caso más parecido se produjo también en 2013, cuando el organismo autonómico vendió 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos repartidos por la capital (más de un tercio) y otros 16 municipios. Los compró un fondo de inversión vinculado al grupo Goldman Sachs a través de una empresa instrumental creada específicamente para esta operación. Pagó 210 millones por todo el lote. Fuentes socialistas estimaron el precio de mercado del conjunto en más de 400 millones.
Un juzgado anuló en mayo pasado esta venta, pero la Comunidad recurrió la decisión, pese al compromiso adquirido por el actual presidente regional, Ángel Garrido, (PP) de que jamás se volvería a realizar una operación similar. Este caso está además siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid a raíz de una querella presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de la comunidad. El juzgado mantiene como investigados por prevaricación a la ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio y a su antecesor, Juan Van Halen, pero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acaba de pedir que se archive el caso.
[iframe src="https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-31/html/container.html?n=0" name="1-0-31;10716;
En el municipio de Tres Cantos se ha dado también una casuística parecida con la venta de 1.000 viviendas de protección oficial promovidas con dinero privado en suelo público y bajo un régimen de alquiler con opción a compra. Antes de que se cumplieran los siete años de alquiler acordados, las viviendas fueron vendidas al fondo de inversión Fidere, que no ha respetado las condiciones pactadas con los adjudicatarios. Los inquilinos tienen ahora que decidir si compran o siguen en alquiler con un precio superior o se marchan.
Esta operación llevó a Tres Cantos, a principios de diciembre, a declarar non grato al fondo de inversión Fidere. Se convirtió así en el segundo municipio que adopta esta medida. El primero fue, en octubre pasado, San Sebastián de los Reyes. En este caso el fondo reprobado era Lazora, al que los vecinos reprochan prácticas abusivas por incumplir una petición institucional que le instaba a negociar con las 37 familias que vivían de alquiler en su propiedad. Los vecinos se negaban a pagar un aumento mensual de hasta un 68% para seguir en las casas, que dejaron de estar protegidas en 2016. La decisión fue simbólica y no acarreaba consecuencias económicas ni jurídicas para la empresa, pero sirvió para dar ejemplo.
Fuera de Madrid, apenas se han producido episodios similares. En Valencia, el fondo británico Anacap Financial Partners compró el pasado septiembre a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la comunidad autónoma —entidad financiera encargada de avalar a las pequeñas y medianas empresas y participada por la Generalitat valenciana— una cartera de más de 700 activos inmobiliarios por cerca de 29 millones de euros. Eran pisos, naves industriales, garajes, suelos o, incluso, un chalé con piscina. Constituían los activos más tóxicos derivados de avales dados sin excesivo rigor por la sociedad en la etapa del anterior Gobierno del PP y que la SGR, que ha tenido que ser rescatada por el actual Ejecutivo autónomo, debió ejecutar, informa Cristina Vázquez.
https://elpais.com/politica/2018/12...zQrDQdMvZkpKoKUUCsl9MU9SgprGIqc8hR8rGX0EV86GE
El PP extendió esta práctica desde el Gobierno regional
EL PAÍS
Madrid 29 DIC 2018 - 22:19 CET
La venta en octubre de 2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre no es un caso aislado. Este tipo de operaciones fueron una práctica repetida por el Partido Popular de Madrid no solo en gobiernos municipales , sino también en el de la comunidad autónoma a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
El caso más parecido se produjo también en 2013, cuando el organismo autonómico vendió 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos repartidos por la capital (más de un tercio) y otros 16 municipios. Los compró un fondo de inversión vinculado al grupo Goldman Sachs a través de una empresa instrumental creada específicamente para esta operación. Pagó 210 millones por todo el lote. Fuentes socialistas estimaron el precio de mercado del conjunto en más de 400 millones.
Un juzgado anuló en mayo pasado esta venta, pero la Comunidad recurrió la decisión, pese al compromiso adquirido por el actual presidente regional, Ángel Garrido, (PP) de que jamás se volvería a realizar una operación similar. Este caso está además siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid a raíz de una querella presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de la comunidad. El juzgado mantiene como investigados por prevaricación a la ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio y a su antecesor, Juan Van Halen, pero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acaba de pedir que se archive el caso.
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En el municipio de Tres Cantos se ha dado también una casuística parecida con la venta de 1.000 viviendas de protección oficial promovidas con dinero privado en suelo público y bajo un régimen de alquiler con opción a compra. Antes de que se cumplieran los siete años de alquiler acordados, las viviendas fueron vendidas al fondo de inversión Fidere, que no ha respetado las condiciones pactadas con los adjudicatarios. Los inquilinos tienen ahora que decidir si compran o siguen en alquiler con un precio superior o se marchan.
Esta operación llevó a Tres Cantos, a principios de diciembre, a declarar non grato al fondo de inversión Fidere. Se convirtió así en el segundo municipio que adopta esta medida. El primero fue, en octubre pasado, San Sebastián de los Reyes. En este caso el fondo reprobado era Lazora, al que los vecinos reprochan prácticas abusivas por incumplir una petición institucional que le instaba a negociar con las 37 familias que vivían de alquiler en su propiedad. Los vecinos se negaban a pagar un aumento mensual de hasta un 68% para seguir en las casas, que dejaron de estar protegidas en 2016. La decisión fue simbólica y no acarreaba consecuencias económicas ni jurídicas para la empresa, pero sirvió para dar ejemplo.
Fuera de Madrid, apenas se han producido episodios similares. En Valencia, el fondo británico Anacap Financial Partners compró el pasado septiembre a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la comunidad autónoma —entidad financiera encargada de avalar a las pequeñas y medianas empresas y participada por la Generalitat valenciana— una cartera de más de 700 activos inmobiliarios por cerca de 29 millones de euros. Eran pisos, naves industriales, garajes, suelos o, incluso, un chalé con piscina. Constituían los activos más tóxicos derivados de avales dados sin excesivo rigor por la sociedad en la etapa del anterior Gobierno del PP y que la SGR, que ha tenido que ser rescatada por el actual Ejecutivo autónomo, debió ejecutar, informa Cristina Vázquez.
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