A.Botellla y 7 cargos de su Gbno condenados pagar 25 mill.por vender pisos públicos a fondos buitre

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Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre


El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25 millones por responsabilidad contable por aquella venta

La sentencia concluye que Botella y los altos cargos permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real

El tribunal acusa al Gobierno de realizar la venta sin una tasación fiable, sin publicidad, facilitando información privilegiada y obviando el interés público

La condena reprocha al Gobierno de Botella que pisos construidos para colectivos vulnerables se vendieran rebajados a un fondo de inversión

Fátima Caballero / José Precedo
116 comentarios

28/12/2018 - 08:10h
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La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. EFE

El valor de las viviendas sociales vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre aumenta un 227%
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.



La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha avanzado la Cadena Ser, concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

El Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena demandó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La sentencia deja claro que no es tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El fallo concluye que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

"El precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta de las viviendas calificadas como viviendas protegidas (151.211.518 euros), lo que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22.711.518 euros", concluye el tribunal.

El tribunal señala como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condena por "responsabilidad contable" a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta el pasado julio, y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral. Varios de ellos continúan hoy en puestos de responsabilidad en distintas administraciones del PP.

Todos son condenados a responder solidariamente por un perjuicio contable de más de 22 millones de euros ocasionados a las arcas municipales en esa operación inmobiliaria. Es decir, tendrán que abonar el dinero de su bolsillo, salvo que se anule esta sentencia. Los condenados ya han anunciado un recurso.

De ese Gobierno y de su alcaldesa, dice el tribunal que no "realizaron la supervisión de la gestión contable ni presupuestaria que tenían encomendada tanto por la normativa mercantil como por el derecho público. Tampoco dieron instrucciones a los gestores de la sociedad [la empresa municipal de la vivienda] para corregir las actuaciones que se alejaran de los requisitos jurídicos propios de una buen gestión financiera.

"Procedimiento distinto al legalmente permitido"
La durísima sentencia del Tribunal de Cuentas da por hecho que esa operación inmobiliaria fue ilegal y "por un precio lesivo para el patrimonio público". La venta de las viviendas públicas "supuso la infracción de diversas normas jurídicas"y "provocó que la compraventa se hiciera a través de un procedimiento distinto al legalmente permitido".

En este sentido, el Tribunal de Cuentas detalla que la transacción "se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados", detalla.

A lo largo de 90 folios en los que escudriñan el procedimiento y las alegaciones de los demandados, los jueces acaban cuestionándolo todo: la fórmula elegida para vender las casas, que el Ayuntamiento de Madrid hubiese decidido enajenar 18 bloques de pisos en un única operación y no por separado, que usase como precio para la venta un informe de una consultora que no justificó debidamente el valor de las viviendas. E incluso, que por el medio de la operación haya aparecido una sociedad, UTE ITACA DESARROLLOS URBANOS SL Y PROMOCIONES Y DESARROLLOS CREACIONA SL, que llegó a cobrar dos facturas por idéntica cantidad, 1.196.387.50 euros, el 10 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014, supuestamente por mediar en la compra-venta y de la que el tribunal dice que no hay constancia de sus gestiones, visto que el fondo Blackstone trataba directamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

El fallo del tribunal reprocha al Gobierno de Ana Botella que accediese a vender con una rebaja sustancial a un fondo buitre viviendas financiadas con dinero público para prestar servicio a colectivos vulnerables. Lo dice la sentencia con estas palabras: "Resultaría jurídicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio máximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un régimen de protección social derivado de su situación de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas físicas o jurídicas que no gozaran de esa protección social al ser su situación financiera sostenible".

La condena da por hecho además que "la empresa municipal de la vivienda en Madrid no entró en una mala situación financiera por la crisis económica sino por su mala gestión" y recuerda que tanto la Intervención municipal como la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento ofrecieron "soluciones alternativas a la enajenación de las viviendas".

La sentencia se detiene sobre otra decisión controvertida de la empresa pública dependiente del consistorio adoptada el 31 de octubre de 2013. Ese día el consejero delegado accedió a hacer una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al fondo Blackstone de dos millones de euros. El argumento fueron las quejas del fondo buitre acerca de una serie de impagos y el aumento de la morosidad de algunos inquilinos. De las pruebas practicadas, el tribunal llega a la conclusión de que la rebaja se realizó "sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase semejante medida".

https://www.eldiario.es/madrid/Ana-...venta-vivienda-fondos-buitre_0_851114898.html

Supongo que la Justicia rauda y veloz le hará pagar esos 25 millones enseguida y si no procedera al embargo de sus bienes. ¿¿verdad????

Lo mismo que a Artur Mas.

¿Que pensarán los que la echan de menos como alcaldesa? Una "excelente" alcaldesa que utilizaba coche oficial para ir a la pelu y encima con un hijo colocado en una empresa de fondos buitre.

¡Que papelón! :love:

Ahora a seguir criticando a la actual.:rolleyes:
 
Blackstone: un imperio con seis socimis y más de 22.000 casas edificado sobre la operación de Ana Botella


La adquisición de viviendas del IVIMA, operación este viernes condenada por el Tribunal de Cuentas, fue la base para la expansión del fondo buitre en España

Actualmente es propietario de una de cada cuatro empresas socimis de alquiler de viviendas, a través de Luxemburgo y paraísos fiscales

Diego Larrouy
28/12/2018 - 10:57h
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Claudio Boada, representante de Blackstone en España. EUROPA PRESS

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre
El mayor fondo buitre del mundo, Blackstone, ha aprovechado los años de crisis en España para erigirse en un imperio del ladrillo en este país gracias a la adquisición de activos tóxicos procedentes de la banca pero también de vivienda pública. Este es el caso que ha sido condenado ahora por el Tribunal de Cuentas que reclama a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete miembros de su equipo de Gobierno 25 millones de euros.




Aquel acuerdo, en 2013, fue una de las primeras operaciones de Blackstone en España. La primera fue la compra de una cartera de activos procedentes de Catalunya Banc. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta convertirse hoy en día en el propietario de seis socimis –tiene una séptima, Hispania, sobre la que lanzó una opa en julio– y en uno de los principales caseros de España, con más de 22.000 viviendas en alquiler.

El año 2018 ha sido activo para el grupo en cuanto a operaciones. La compañía ha obtenido esta misma semana el visto bueno para que su sexta socimi, Euripo, comenzara a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil. En el MAB, esta sociedad se unirá con Torbel, Albirana, Testa, Corona y Fidere.

Precisamente esta última es la sociedad en la que se integraron los activos de la EMVS cuya operación ha sido duramente criticada por el Tribunal de Cuentas en la sentencia conocida este viernes. Esta sociedad, que salió a cotizar al MAB en 2015, defendía en su folleto de información previa a salir a Bolsa que esta operación se realizó "a través de un proceso competitivo". Ya en aquel documento asumía que la adquisición de vivienda pública suponía "un riesgo reputacional".

Blackstone anunció el pasado año, aunque se ha cerrado en 2018, su mayor operación en España con la compra de más de 30.000 millones en activos tóxicos de Banco Popular tras su adquisición por parte de Banco Santander.

De este tipo de operaciones procede el grueso de sus activos inmobiliarios en España. La última socimi en salir a cotizar, Euripo, cuenta con viviendas procedentes de BBVA y Banco Popular, según informó en su folleto de incorporación al MAB. En este caso eran 1.600 viviendas las que directa o indirectamente estaban incluidas en la inmobiliaria, la mayoría desocupadas.

Los bajos precios de los activos inmobiliarios de los que se ha desprendido la banca y el aumento de los precios del alquiler han servido de aliciente a Blackstone para crear este imperio. Su principal hito en este sentido fue la toma de control de Testa Residencial, la mayor socimi española de vivienda en alquiler en España. Esta sociedad era propiedad de BBVA y Santander y también estaba participada por Acciona y Merlin. Actualmente es el dueño del 80% de esta inmobiliaria y el resto queda en manos de Santander.

Aunque una de cada cuatro socimis españolas dedicadas a la vivienda en alquiler llevan el sello de Blackstone, lo cierto es que las inversiones del fondo buitre en España van más allá del negocio residencial. Otro de sus hitos este 2018 ha sido la adquisición de Hispania, la mayor socimi hotelera. La empresa lanzó una opa antes del verano, con el objetivo de sacarla de Bolsa.

Sin embargo, es por el negocio residencial por el que se ha conocido fundamentalmente a Blackstone en España, con nombres muy conocidos como el de Fidere. Antes de la salida a Bolsa de Euripo, el fondo ya tenía cuatro socimis en este campo que acumulaban más del 80% de todas las viviendas en alquiler que controlaban estas inmobiliarias con ventajas fiscales. Según la documentación oficial de todas estas empresas, suma unas 22.000 casas en España.

https://www.eldiario.es/economia/Blackstone-inmobiliario-edificado-Ana-Botella_0_851114993.html
 
El Ayuntamiento de Madrid insistirá en pedir la nulidad de la venta de vivienda social a fondos buitre por parte de Botella


El Gobierno de Manuela Carmena estudia recurrir la sentencia contra Botella y su equipo al valorar el perjuicio económico en 127 millones

Fátima Caballero
28/12/2018 - 12:56h
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La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, durante la rueda de prensa. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa de la capital Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno municipal a pagar 25,7 millones de euros por esta enajenación de pisos sociales a fondos buitre.




El Gobierno municipal de Manuela Carmena estudia además recurrir la sentencia. Según ha explicado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, también presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), el Consistorio valora el perjuicio económico a las arcas municipales en 127 millones de euros, un importe muy superior al que estima el Tribunal de Cuentas en su sentencia.

Higueras ha explicado que cuando el Ayuntamiento a través de la EMVS presentó la demanda estimó el quebranto patrimonial en 127 millones de euros por lo que considera que el importe de la sentencia se queda corto. La primera teniente de alcalde ha asegurado además que el Gobierno municipal valora iniciar un nuevo proceso de nulidad de venta para tratar de revertirlo tras la condena del Tribunal de Cuentas.

El procedimiento anterior fue archivado "por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo", escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas, entiende Higueras.

https://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Madrid-sentencia-Botella-perjuicio_0_851115114.html
 
Garrido no cesará a los viceconsejeros condenados por el Tribunal de Cuentas: "No es un asunto de corrupción"


El presidente de la Comunidad de Madrid enmarca la sentencia, que afecta a dos cargos del Ejecutivo, en "una tramitación administrativa, bien o mal hecha"

"Termine como termine, no es un asunto que tenga que ver con la corrupción. Con eso somos muy duros, pero no es el caso", ha dicho

Sostiene que, pese a los vínculos directos con su Ejecutivo, "esto no afecta al Gobierno ni al PP" y defiende su "presunción de inocencia"

Sofía Pérez Mendoza
28/12/2018 - 13:25h
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El Gobierno de Garrido no cesará a los condenados por el Tribunal de Cuentas: "No es un asunto de corrupción".

Dos cargos de la Comunidad y un concejal del PP en Madrid, entre los condenados por vender pisos sociales rebajados a fondos buitre

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre


El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del que forman parte dos de los condenados por el Tribunal de Cuentas por la venta de viviendas de la EMVS al fondo buitre Blackstone, descarta su cese por la sentencia y reduce el asunto a "una tramitación administrativa bien o mal hecha".




"Creo que en cualquier caso, termine como termine, no es un asunto que tenga que ver con la corrupción. En todo lo que tiene que ver con la corrupción somos muy duros, pero no es el caso", ha dicho el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Garrido.

La sentencia del Tribunal de Cuentas condena al pago de 25 millones de euros a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella y a otros siete cargos de su gobierno municipal por responsabilidad contable en la operación. Dos de ellos, Diego Sanjuanbenito y José Enrique Núñez Guijarro, mantienen puestos de responsabilidad en el Ejecutivo regional actual. El primero es viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria y el segundo, de la Consejería de Justicia. Ambos forman parte de la Ejecutiva del PP de Madrid, además de un tercer condenado, Pedro del Corral, que es concejal en el Ayuntamiento.

Garrido considera, pese a los vínculos directos, que "esto no afecta al Gobierno ni al PP" y defiende la "presunción de inocencia" de los condenados y su "derecho a poder defenderse con un recurso". "Esperaremos a que exista sentencia firme y daremos una opinión", ha dicho el presidente, que se ha distanciado de la operación impulsada por Ana Botella. "Más allá de que los procedimientos establecidos sean legales, estas ventas no deben formalizarse a fondos de esta naturaleza. Así lo establecimos en nuestro acuerdo con Ciudadanos. Esto es una valoración política. La judicial y de legalidad la establecen los tribunales".

https://www.eldiario.es/madrid/Gobierno-Garrido_0_851115100.html

10 Mgh | 28/12/2018 - 16:00h
ESCUCHAD, OID lo que dice(n) : La condena a pagar 21 millones de euros por la venta de vivienda protegidas a fondos buitres que tuvo como consecuencia el desalojo y el aumento de alquiler de muchas personas NO fue CORRUPCION Fue un desdichado mero acto administrativo
Anda que…. Tener que oírles esto…. ¡Bounder!


#2 Quelonio | 28/12/2018 - 14:02h
¡No, qué va! Es un asunto que verifica su idoneidad como gestores de los intereses públicos. Menos mal que este individuo tiene sus días en la CM contados.



#13 Coffey | 28/12/2018 - 17:19h
Tiene razón el Sr. Garrido, no es un asunto de corrupción es un asunto de falta de ética, de desprecio por la defensa del interés general. Dónde queda el código ético. Cuando el Sr.Casado nos habla de traición y venta de la dignidad de España. La desafección hacia esta clase de política se revelará algún día. A Botella, que nadie eligió, fue la que eligió el futuro de miles de madrileños atrapados en una empresa que se la conoce como empresa buitre. Unos pagan sus políticas otra es pagada por aplicarlas.


Y la mía: ¿Ha dicho algo Casado, el líder del PP sobre éste tema? ¿Ha permanecido calladito sobre éste tema?

¡Que jeta tiene el "licenciado" y masterizado" en Derecho!
 
No les va a pasar nada, pero nada
Yo me moriría de la vergüenza que hablaran así de mí pero como ellos no la tienen, pues eso
Nada
 
Los abanderados de la patria, el constitucionalismo, la democracia y la legalidad. Vulgares delincuentes de guante blanco. Que el sufrimiento de las familias a las que destrozaron la vida les persiga hasta el último de sus días.
España va bien (Palinuro, por Ramón Cotarelo)



Sí, ya sé que es la sección de humor de Público, titulada, muy a tono con la época Tremending Topic. Pero resume a la perfección el significado de la noticia de ayer. El Tribunal de Cuentas (en el que hay grandes amigos del PP) ha condenado a Ana Botella y siete capitostes municipales más a pagar 26 millones de euros por haber malvendido mil y pico viviendas públicas a un fondo buitre. O sea, vamos, por haber estafado a los madrileños y, en general, a los españoles.

El tuit reproducido es un hallazgo, un meme genial con el comentario añadido de "familia nigeriana que viene a quitarte tu casa". Está dicho todo. Estos salvadores de la patria la han esquilmado. Excusado decir la sarta de comentarios en las redes. El más suave, el que recuerda que en la boda de la hija se reunió el hampa oficial española, consideración que ahora alcanza a la madre de la novia. Esa condición de madre puede haber sido determinante en la supuestamente delictiva operación buitre y es que el hijo parece tener alguna relación con los fondos buitres.

Fuera de la vergüenza que una acusación así suscita, la verdad es que la peripecia de Ana Botella como alcaldesa no electa de Madrid se centra en aquel inolvidable episodio de los juegos olímpicos que el Tremending Topic recuerda. Uno en una serie de dislates y fantasías que muestra claramente cómo entiende la política esta basca de la derecha, como un lugar para enriquecerse ellos y los amigos. Y por medios delictivos.

Pero, al mismo tiempo, estos son los que simbolizan la recuperación patria y el constitucionalismo. La habitual mezcla franquista de la delincuencia y la legalidad. La legalidad de los delincuentes. Por eso hacen lo que sea con tal de gobernar, porque así pueden protegerse legalmente pues suelen legislar para favorecer el delito, o sea, favorecerse a sí mismos. El ex-presidente de Murcia acaba de irse de rositas en una causa porque la instrucción no se hizo en el breve plazo que ahora impone la ley, tras la reforma de los delincuentes para acortar los plazos de instrucción y quedar absueltos, como el ex-presidente de Murcia.

Con Botella, ya se sabe, en la causa penal solo hay que dar con el juez del régimen adecuado que dilate la instrucción más allá del plazo autorizado. En cuanto a la multa, 26 millones de euros entre ocho gerifaltes del régimen no es dinero. Mucho peor lo han tenido las familias que han debido hacer frente a subidas drásticas de alquileres o al desahucio.

Eso no hay millones con que pagarlo. Esa es la derecha que ha gobernado hasta hace poco y se apresta a hacerlo de nuevo en España, después de su éxito en Andalucía.

Y les extraña que Catalunya quiera irse.
 
Los abanderados de la patria, el constitucionalismo, la democracia y la legalidad. Vulgares delincuentes de guante blanco. Que el sufrimiento de las familias a las que destrozaron la vida les persiga hasta el último de sus días.
España va bien (Palinuro, por Ramón Cotarelo)



Sí, ya sé que es la sección de humor de Público, titulada, muy a tono con la época Tremending Topic. Pero resume a la perfección el significado de la noticia de ayer. El Tribunal de Cuentas (en el que hay grandes amigos del PP) ha condenado a Ana Botella y siete capitostes municipales más a pagar 26 millones de euros por haber malvendido mil y pico viviendas públicas a un fondo buitre. O sea, vamos, por haber estafado a los madrileños y, en general, a los españoles.

El tuit reproducido es un hallazgo, un meme genial con el comentario añadido de "familia nigeriana que viene a quitarte tu casa". Está dicho todo. Estos salvadores de la patria la han esquilmado. Excusado decir la sarta de comentarios en las redes. El más suave, el que recuerda que en la boda de la hija se reunió el hampa oficial española, consideración que ahora alcanza a la madre de la novia. Esa condición de madre puede haber sido determinante en la supuestamente delictiva operación buitre y es que el hijo parece tener alguna relación con los fondos buitres.

Fuera de la vergüenza que una acusación así suscita, la verdad es que la peripecia de Ana Botella como alcaldesa no electa de Madrid se centra en aquel inolvidable episodio de los juegos olímpicos que el Tremending Topic recuerda. Uno en una serie de dislates y fantasías que muestra claramente cómo entiende la política esta basca de la derecha, como un lugar para enriquecerse ellos y los amigos. Y por medios delictivos.

Pero, al mismo tiempo, estos son los que simbolizan la recuperación patria y el constitucionalismo. La habitual mezcla franquista de la delincuencia y la legalidad. La legalidad de los delincuentes. Por eso hacen lo que sea con tal de gobernar, porque así pueden protegerse legalmente pues suelen legislar para favorecer el delito, o sea, favorecerse a sí mismos. El ex-presidente de Murcia acaba de irse de rositas en una causa porque la instrucción no se hizo en el breve plazo que ahora impone la ley, tras la reforma de los delincuentes para acortar los plazos de instrucción y quedar absueltos, como el ex-presidente de Murcia.

Con Botella, ya se sabe, en la causa penal solo hay que dar con el juez del régimen adecuado que dilate la instrucción más allá del plazo autorizado. En cuanto a la multa, 26 millones de euros entre ocho gerifaltes del régimen no es dinero. Mucho peor lo han tenido las familias que han debido hacer frente a subidas drásticas de alquileres o al desahucio.

Eso no hay millones con que pagarlo. Esa es la derecha que ha gobernado hasta hace poco y se apresta a hacerlo de nuevo en España, después de su éxito en Andalucía.

Y les extraña que Catalunya quiera irse.

Bingo!!!!
Qué vergüenza de gentuza, aún no sé con qué objeto hicieron esto, así que me imagino la tajadita que sacarían para ellos mismos, en connivencia con el fondo buitre. Aunque no sé de qué nos extrañamos, esto es la derecha, alérgica a lo público y a que el ciudadano de a pie, el que paga sus impuestos, el currito, tenga una vida digna. Por lo menos los fachas no engañan a nadie, ese es su credo. El problema es la cantidad de esos mismos curritos que los votan. No hay nada más ridículo que un obrero facha, decía mi padre.

Y yo me pregunto, esto va a prosperar? Está claro que recurrirán, y luego? Otro montón de años esperando a que paguen? O a que prescriba?
 
Bingo!!!!
Qué vergüenza de gentuza, aún no sé con qué objeto hicieron esto, así que me imagino la tajadita que sacarían para ellos mismos, en connivencia con el fondo buitre. Aunque no sé de qué nos extrañamos, esto es la derecha, alérgica a lo público y a que el ciudadano de a pie, el que paga sus impuestos, el currito, tenga una vida digna. Por lo menos los fachas no engañan a nadie, ese es su credo. El problema es la cantidad de esos mismos curritos que los votan. No hay nada más ridículo que un obrero facha, decía mi padre.

Y yo me pregunto, esto va a prosperar? Está claro que recurrirán, y luego? Otro montón de años esperando a que paguen? O a que prescriba?

Son depredadores, entre otras muchas cosas. Respecto a tus preguntas... queda esperar a las vías penal y administrativa.
 
La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre que condenó al Gobierno de Ana Botella


El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25 millones por responsabilidad contable por aquella venta

La Cámara de Cuentas y la comisión de investigación del Ayuntamiento hicieron antes otros informes por la venta de los que bebe directamente la sentencia

Blackstone pagó por las promociones de VPO con inquilinos en su interior 128,5 millones y el valor actual de mercado está por encima de los 660 millones

Fátima Caballero
29/12/2018 - 21:09h
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La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la rueda de prensa en la que anunció que no se presentaba a la reelección. EFE

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre
Cinco años después de la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en Madrid por 128,5 millones de euros, la operación ha terminado, por el momento, en una condena para exalcaldesa de Madrid Ana Botella y otros siete cargos de su Gobierno como "responsables contables" de la enajenación de patrimonio público. Botella y los demás condenados tendrán que pagar 25 millones de su bolsillo por el perjuicio económico causado a las arcas municipales. Mientras, se espera una nueva resolución de un proceso penal iniciado por las asociaciones de afectados y el PSOE.




La sentencia del Tribunal de Cuentas de este jueves concluye que el precio de venta de todos estos inmuebles "fue inferior al mínimo jurídicamente exigible". Pero antes del Tribunal de Cuentas hubo dos pronunciamientos más que iban en la misma línea: el de la Cámara de Cuentas y la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, claves en la denuncia y de los que se nutre la sentencia.

El Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena demandó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas tras las conclusiones de la comisión de investigación. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

La venta
El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.860 viviendas duró 14 días. El 24 de julio de 2013 el Ayuntamiento anunciaba que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) había aprobado la venta de las casas a cambio de 125,5 millones de euros. Una operación que Madrid consideró que se había "caracterizado por su transparencia y concurrencia competitiva". El dinero obtenido, publicitaba el Consistorio, eran "nuevos recursos para continuar sus políticas sociales".

Pero además, la empresa municipal pagó 2,3 millones de euros en comisiones como "honorarios de asesoramiento e intermediación" de 1,9 millones de euros (excluido el IVA) a la unión de empresas Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, según lo certifican las facturas emitidas por la UTE. Esta comisión fue denominada por la EMVS "la comisión por la intermediación en la venta" en su Informe de Cuentas Anuales y de Gestión de 2014.

El Tribunal de Cuentas cuestiona en su fallo que por en medio de la operación haya aparecido esta sociedad, la UTE ITACA DESARROLLOS URBANOS SL Y PROMOCIONES Y DESARROLLOS CREACIONA SL, que cobraron las comisiones anteriormente mencionadas, supuestamente por mediar en la compra-venta. El tribunal concluye que no hay constancia de sus gestiones, visto que el fondo Blackstone trataba directamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

Informe de la Cámara de Cuentas
El precio de venta que aceptó Madrid para adjudicar todo el paquete de casas estaba por debajo de lo que valían las viviendas. Según el Informe de Gestión de 2014 antes mencionado, la operación entre el Ayuntamiento y Blackstone "supuso una rentabilidad negativa de 30.655.889 euros".

Las promociones tenían en ese momento un "valor neto contable" de más de 159 millones de euros. Sin embargo, una herramienta contable permitió mostrar esta adjudicación como beneficiosa al aplicarle la EMVS a estas 18 promociones 34 millones de euros de subvenciones de capital pendientes: es decir, inyecciones de dinero que el Ayuntamiento hace a la empresa municipal para su funcionamiento.

La diferencia entre el precio que se le puso a las casas y el valor de estas es el argumento que utilizó el PSOE de Madrid para llevar esta operación a los tribunales, por posibles responsabilidades penales, proceso archivado en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 38.

Meses después de ese archivo, llegó el demoledor informe de la Cámara de Cuentas en 2016. El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

El Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) "vulneró las más elementales reglas de buena gestión" en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, concluyó el órgano fiscalizador. La Cámara de Cuentas reveló además que el Consistorio facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.

La enajenación de las viviendas se investigó y se archivó, pero después volvió a reabrirse tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas. La Audiencia Provincial aludió a esa información para ordenar reabrir la causa penal por la "eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude" en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas. A la querella de la asociación de afectados y afectadas por la venta y el PSOE, se sumó por el Gobierno municipal de Manuela Carmena.

El dictamen de la Comisión de investigación
La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el Gobierno de Ana Botella "actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios". Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE en la Comisión de investigación centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión.

El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor de 160 millones de euros. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

PSOE y Ahora Madrid coincidieron en que esta venta "fue una operación de despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora" y que las "grandes damnificadas" fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 43%.

"No recuerdo haber estado en las reuniones", "lo que me está leyendo no lo recuerdo", "lo desconozco", "no le puedo contestar con exactitud". Las lagunas venían por parte del exdirector de servicios jurídicos de la EMVS, Rafael Requena; la directora de Intervención general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo, o el representante de la consultora Price WaterHouse Coopers. Son algunas de las evasivas que se encontraron los miembros de la comisión de investigación que presidió el concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato.

La lista de quienes plantaron a la comisión también es notable. No quiso asistir la exalcaldesa de Madrid y máxima responsable de la gestión, Ana Botella. Tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS, María Paz González. Ni el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Los tres han sido condenados este jueves por el Tribunal de Cuentas. A diferencia de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos, a las de los municipios no es obligatorio asistir si se te requiere.

Una de las conclusiones del dictamen de la comisión de Investigación fue "proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales". Una denuncia que se materializó por parte del Gobierno municipal en noviembre de 2017.

La sentencia del Tribunal de Cuentas
La sentencia del Tribunal de Cuentas concluye que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia del Tribunal de Cuentas determina que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

A lo largo de 90 folios en los que escudriñan el procedimiento y las alegaciones de los demandados, el Tribunal de Cuentas acaba cuestionándolo todo: la fórmula elegida para vender las casas, que el Ayuntamiento de Madrid hubiese decidido enajenar 18 bloques de pisos en un única operación y no por separado, que usase como precio para la venta un informe de una consultora que no justificó debidamente el valor de las viviendas.

La sentencia se detiene sobre otra decisión controvertida de la empresa pública dependiente del consistorio adoptada el 31 de octubre de 2013. Ese día el consejero delegado accedió a hacer una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al fondo Blackstone de dos millones de euros. El argumento fueron las quejas del fondo buitre acerca de una serie de impagos y el aumento de la morosidad de algunos inquilinos. De las pruebas practicadas, el tribunal llega a la conclusión de que la rebaja se realizó "sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase semejante medida".

Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. La sentencia deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El tribunal señala como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condena por "responsabilidad contable" a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta el pasado julio, y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral. Varios de ellos continúan hoy en puestos de responsabilidad en distintas administraciones del PP.

El valor de las viviendas actualmente
El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Se trata de un 227% de rentabilidad patrimonial. Pero el beneficio no es solo ese. Hay que añadirle la rentabilidad que obtienen por los arrendamientos de esas viviendas. En concreto, la rentabilidad de la parte de su cuenta de explotación en el ámbito residencial fue del 14,56% de beneficio neto con respecto a los ingresos. Los alquileres se incrementaron con respecto a 2015 en 5,5 millones de euros (49% más).

Los recursos a la sentencia
La exalcadesa de Madrid Ana Botella y su entonces equipo de Gobierno municipal recurrirán la condena de 25,8 millones dictada por el Tribunal de Cuentas. "La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", anunció del grupo municipal del Partido Popular en un comunicado después de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas. Sentencia que, como indicaron, "no comparten", al tiempo que recordaron que la Fiscalía de este tribunal solicitó la desestimación de esta demanda "al no apreciar responsabilidad contable".

El Ayuntamiento de Madrid estudia también recurrir la sentencia. La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones. "No estamos conformes con la cuantía que se establece en la sentencia", ha manifestado. El Gobierno municipal incluirá el fallo del Tribunal de Cuentas en el procedimiento penal abierto.

El Ayuntamiento, además, insistirá en un nuevo proceso que anule de venta de las viviendas sociales al fondo. El procedimiento anterior fue archivado "por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo", escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas, entiende el Gobierno de Carmena. Si llegara a buen término el procedimiento de nulidad, se revertiría la situación al punto antes de la venta y las viviendas pasarían a ser propiedad de nuevo de la EMVS, unido al abono que tendría que hacerse a los fondos por la cuantía que pagaron por ellas.

https://www.eldiario.es/madrid/Cron...racion-perjuicio-municipales_0_851465094.html
 
Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre


El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25 millones por responsabilidad contable por aquella venta

La sentencia concluye que Botella y los altos cargos permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real

El tribunal acusa al Gobierno de realizar la venta sin una tasación fiable, sin publicidad, facilitando información privilegiada y obviando el interés público

La condena reprocha al Gobierno de Botella que pisos construidos para colectivos vulnerables se vendieran rebajados a un fondo de inversión

Fátima Caballero / José Precedo
116 comentarios

28/12/2018 - 08:10h
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La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. EFE

El valor de las viviendas sociales vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre aumenta un 227%
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.



La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha avanzado la Cadena Ser, concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

El Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena demandó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La sentencia deja claro que no es tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El fallo concluye que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

"El precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta de las viviendas calificadas como viviendas protegidas (151.211.518 euros), lo que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22.711.518 euros", concluye el tribunal.

El tribunal señala como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condena por "responsabilidad contable" a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta el pasado julio, y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral. Varios de ellos continúan hoy en puestos de responsabilidad en distintas administraciones del PP.

Todos son condenados a responder solidariamente por un perjuicio contable de más de 22 millones de euros ocasionados a las arcas municipales en esa operación inmobiliaria. Es decir, tendrán que abonar el dinero de su bolsillo, salvo que se anule esta sentencia. Los condenados ya han anunciado un recurso.

De ese Gobierno y de su alcaldesa, dice el tribunal que no "realizaron la supervisión de la gestión contable ni presupuestaria que tenían encomendada tanto por la normativa mercantil como por el derecho público. Tampoco dieron instrucciones a los gestores de la sociedad [la empresa municipal de la vivienda] para corregir las actuaciones que se alejaran de los requisitos jurídicos propios de una buen gestión financiera.

"Procedimiento distinto al legalmente permitido"
La durísima sentencia del Tribunal de Cuentas da por hecho que esa operación inmobiliaria fue ilegal y "por un precio lesivo para el patrimonio público". La venta de las viviendas públicas "supuso la infracción de diversas normas jurídicas"y "provocó que la compraventa se hiciera a través de un procedimiento distinto al legalmente permitido".

En este sentido, el Tribunal de Cuentas detalla que la transacción "se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados", detalla.

A lo largo de 90 folios en los que escudriñan el procedimiento y las alegaciones de los demandados, los jueces acaban cuestionándolo todo: la fórmula elegida para vender las casas, que el Ayuntamiento de Madrid hubiese decidido enajenar 18 bloques de pisos en un única operación y no por separado, que usase como precio para la venta un informe de una consultora que no justificó debidamente el valor de las viviendas. E incluso, que por el medio de la operación haya aparecido una sociedad, UTE ITACA DESARROLLOS URBANOS SL Y PROMOCIONES Y DESARROLLOS CREACIONA SL, que llegó a cobrar dos facturas por idéntica cantidad, 1.196.387.50 euros, el 10 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014, supuestamente por mediar en la compra-venta y de la que el tribunal dice que no hay constancia de sus gestiones, visto que el fondo Blackstone trataba directamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

El fallo del tribunal reprocha al Gobierno de Ana Botella que accediese a vender con una rebaja sustancial a un fondo buitre viviendas financiadas con dinero público para prestar servicio a colectivos vulnerables. Lo dice la sentencia con estas palabras: "Resultaría jurídicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio máximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un régimen de protección social derivado de su situación de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas físicas o jurídicas que no gozaran de esa protección social al ser su situación financiera sostenible".

La condena da por hecho además que "la empresa municipal de la vivienda en Madrid no entró en una mala situación financiera por la crisis económica sino por su mala gestión" y recuerda que tanto la Intervención municipal como la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento ofrecieron "soluciones alternativas a la enajenación de las viviendas".

La sentencia se detiene sobre otra decisión controvertida de la empresa pública dependiente del consistorio adoptada el 31 de octubre de 2013. Ese día el consejero delegado accedió a hacer una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al fondo Blackstone de dos millones de euros. El argumento fueron las quejas del fondo buitre acerca de una serie de impagos y el aumento de la morosidad de algunos inquilinos. De las pruebas practicadas, el tribunal llega a la conclusión de que la rebaja se realizó "sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase semejante medida".

https://www.eldiario.es/madrid/Ana-...venta-vivienda-fondos-buitre_0_851114898.html

Supongo que la Justicia rauda y veloz le hará pagar esos 25 millones enseguida y si no procedera al embargo de sus bienes. ¿¿verdad????

Lo mismo que a Artur Mas.

¿Que pensarán los que la echan de menos como alcaldesa? Una "excelente" alcaldesa que utilizaba coche oficial para ir a la pelu y encima con un hijo colocado en una empresa de fondos buitre.

¡Que papelón! :love:

Ahora a seguir criticando a la actual.:rolleyes:
¡C***! No me lo puedo de creer.

Please, Ana Botella, ¿por cuanto la casa de Monte Alina? Una rebajilla, vale?
 
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