Llanes: pasado, presente, futuro.

[GOE III]

noticia de ayer...

El TSJA pide posicionamiento de las partes en la causa contra Campillo por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado de plazo hasta el 9 de abril a las partes personadas en la causa que se investiga contra la diputada regional socialista Dolores Álvarez Campillo por un delito de prevaricación administrativa para que fijen su posicionamiento.

El magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJA, Ángel Aznárez Rubio, ha dictado una providencia donde emplaza al posicionamiento de las partes, una vez que el pasado viernes concluyó la fase testifical con la declaración, entre otros, del arquitecto municipal.

La presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa que ahora se investiga está relacionada con la contratación por parte del Ayuntamiento de Llanes de un arquitecto mediante contratos administrativos de corta duración que se habrían prolongado en el tiempo entre los años 2006 a 2015.

El actual alcalde de Llanes, Enrique Riestra, denunció, en el año 2016, ante el juzgado a Dolores Álvarez Campillo, al secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres y al interventor Gregorio García Arranz, pero al estar aforada Campillo, el juez aceptó inhibirse a favor del TSJA.

La juez de Llanes ya ha tomado declaración como investigados en este caso al concejal de Urbanismo, José Herrero, y a la concejal de Economía y Hacienda, Esther Bustillo.

 

[GOE III]

algo falla...
en el penúltimo artículo que pusimos decía que Aznárez no consideró necesaria la declaración del arquitecto municipal...

 

[GOE III]

recordemos el penúltimo artículo...

El interventor y el secretario de Llanes, en ambos extremos, ayer, a su llegada a las dependencias del TSJA en Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ
Ambos respaldaron en el TSJA la legalidad de los contratos menores firmados con el arquitecto Javier Fombella e indicaron que los pagos se hicieron por un trabajo «bien hecho»

Cerca de cinco horas permaneció ayer el juez del TSJA que instruye el llamado 'caso Fombella', Ángel Aznárez, escuchando a algunos de los investigados y testigos del mismo. Estaban llamadas a declarar seis personas, si bien finalmente lo hicieron cuatro, al renunciar los letrados a las comparecencias de los arquitectos Javier Fombella y Ángel Rami. Sí hablaron, y de forma profusa y extensa, el secretario y el interventor municipales de Llanes, Santiago Molpeceres y Gregorio García. Ambos respaldaron la legalidad de los contratos que en su día suscribió el Consistorio con el arquitecto Fombella e indicaron que los pagos que se le siguieron haciendo a lo largo de los años fueron en contraprestación a un trabajo intenso y «bien hecho». Durante el tiempo que prestó servicio al Ayuntamiento llanisco, el profesional sacó adelante un gran número de expedientes y licencias, aseveraron.

También las desavenencias que gran parte de la plantilla municipal mantiene con el actual equipo de gobierno llegaron ayer a la sede judicial, pues ambos altos funcionarios lamentaron la «persecución injustificada» a la que, a su parecer, les está sometiendo el cuatripartito a ellos y a algunos de sus compañeros.

El abogado consistorial, Avelino Cimadevilla, por su parte, ofreció una versión radicalmente opuesta y crítica con la forma en que se contrató y siguió pagando a Fombella.

El procedimiento pretende dilucidar si hubo delito en el pago de decenas de facturas durante cerca de nueve años al citado arquitecto después de que finalizasen los dos contratos de tres meses de duración que se habían firmado con él. Además de los altos funcionarios, están siendo investigados la exalcaldesa llanisca Dolores Álvarez Campillo y los socialistas José Herrero y Esther Bustillo.

 

[Calypso79]

¿se ven las imágenes ahora?

Siiiiiiiii

 

[GOE III]

posicionamiento de las partes:

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/posicionamiento-documentos-audiencia-previa-288531

 

[GOE III]

Tenemos el vídeo de la TPA donde el juez Aznárez pide el posicionamiento de las partes...

 

[GOE III]

De hace dos días...
entrevista a fondo al alcalde de Llanes en el programa La Lupa...

 

[GOE III]

un poquito de Sociedad...
el hostelero Canene...

 

[GOE III]

 

[GOE III]

noticia de hoy...


El jefe de la Policía llanisca niega que haya un «envío masivo de multas prescritas»

Dos agentes ponen multas en la playa de Cuevas del Mar. / J. LLACA
El inspector replica a Usipa y explica que al haber iniciado pesquisas para dar con la dirección de los sancionados el plazo queda en pausa
El inspector jefe de la Policía Local de Llanes, Miguel Gómez, aseveró ayer que «es totalmente falso que haya un envío masivo de denuncias prescritas», tal y como denunciaban desde la sección sindical del Usipa en el Ayuntamiento este martes.

Según indicó el responsable del servicio, en el comunicado emitido por el sindicato hacen referencia al punto número uno del artículo 122 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En él se establecen tres meses de plazo para que prescriban las infracciones leves y seis meses para las infracciones graves y muy graves. «Sin embargo, parece que se olvidan del punto dos, que reza que la prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa que esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio del infractor y se practique con otras administraciones, instituciones u organismos», señaló.

Esto es lo que sucede con la inmensa mayoría de las multas. «En el caso de las que se ponen en verano, suelen corresponder a personas de fuera del concejo e incluso de la región, con lo que hay que ponerse en contacto con la DGT que es la que tiene los datos», explicó el inspector. Otras veces, agregó, se trata de coches de alquiler, con lo que lleva aún más tiempo dar con los infractores. También complica las cosas el hecho de que «la mayoría de los conductores no comunican a la DGT los cambios de domicilio».

Con todo esto, el jefe de la Policía Local afeó al representante de Usipa, Eduardo Galán, el que «solo cuente una parte de las cosas, medias verdades», y volvió a insistir en que «no es cierto que se estén enviando de forma masiva denuncias prescritas» desde el Ayuntamiento de Llanes.

 

[GOE III]

 

[Pilarina]

noticia de hoy...


El jefe de la Policía llanisca niega que haya un «envío masivo de multas prescritas»

Dos agentes ponen multas en la playa de Cuevas del Mar. / J. LLACA
El inspector replica a Usipa y explica que al haber iniciado pesquisas para dar con la dirección de los sancionados el plazo queda en pausa
El inspector jefe de la Policía Local de Llanes, Miguel Gómez, aseveró ayer que «es totalmente falso que haya un envío masivo de denuncias prescritas», tal y como denunciaban desde la sección sindical del Usipa en el Ayuntamiento este martes.

Según indicó el responsable del servicio, en el comunicado emitido por el sindicato hacen referencia al punto número uno del artículo 122 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En él se establecen tres meses de plazo para que prescriban las infracciones leves y seis meses para las infracciones graves y muy graves. «Sin embargo, parece que se olvidan del punto dos, que reza que la prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa que esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio del infractor y se practique con otras administraciones, instituciones u organismos», señaló.

Esto es lo que sucede con la inmensa mayoría de las multas. «En el caso de las que se ponen en verano, suelen corresponder a personas de fuera del concejo e incluso de la región, con lo que hay que ponerse en contacto con la DGT que es la que tiene los datos», explicó el inspector. Otras veces, agregó, se trata de coches de alquiler, con lo que lleva aún más tiempo dar con los infractores. También complica las cosas el hecho de que «la mayoría de los conductores no comunican a la DGT los cambios de domicilio».

Con todo esto, el jefe de la Policía Local afeó al representante de Usipa, Eduardo Galán, el que «solo cuente una parte de las cosas, medias verdades», y volvió a insistir en que «no es cierto que se estén enviando de forma masiva denuncias prescritas» desde el Ayuntamiento de Llanes.

Las noticias que salen en torno a la Polícia local de Llanes son de lo más inaudito que habremos leído en tiempo. Y siempre anda por el medio, casualmente, el representante de cierto sindicato (Eduardo Galán - Usipa). Fue el mismo lumbrera que convocó una rueda de prensa para decir que la situación en la Polícia era tan tensa que estaban valorando entregar un arma por temor a que ocurriera una desgracia. No sé cuál será su estrategia pero, si piensa que eso beneficia a su Policía, me temo que está un poco equivocado. Desde fuera da mucho MIEDO.

Lo del envío de multas ya prescritas, siendo menos grave que lo anterior, da sensación de ineptitud e ineficacia... Por no pensar en cosas bastante peores.

Flaco favor le está haciendo con sus declaraciones al cuerpo...




https://www.elcomercio.es/asturias/...-locales-llanes-valoran-20161005001958-v.html

Policías locales de Llanes valoran entregar sus armas «por miedo a que suceda una desgracia»

Los policías locales Eduardo Galán, de Usipa, y Joaquín Arroyo y Miguel Ángel Díaz Pacheco, del Sipla, durante la rueda de prensa que ofrecieron en la tarde de ayer en Llanes.
Usipa y el Sipla afirman que el conflicto entre el inspector y una parte de los agentes es «insostenible y peligroso» y puede desembocar en varias bajas laborales

«El único acoso que detecto es el que sufro yo por parte de ellos»

Para el del Sipla «es tal la tensión que existe que si no se toman medidas contra el inspector va a haber compañeros que van a entregar el arma y se darán de baja por miedo a que suceda una desgracia».

Hasta el momento solo se ha retirado el arma al agente con quien tuvo el enfrentamiento el inspector en la mañana del jueves y el Sipla reclama la misma medida para las dos partes implicadas. Y es que aquel día el policía amenazó, presuntamente, de muerte a su superior, lo que motivó que Gómez López decidiese acudir al juzgado a interponer una denuncia, además de dar parte al Consistorio. El Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario para aclarar estos hechos.

Desde Usipa su representante en el Ayuntamiento y agente de la Policía Local, Eduardo Galán, avanzó que dan un «ultimátum al cuatripartito» para que solucione el actual conflicto existente, ya que advierten que, de lo contrario, podría volver a darse una «situación de bajas laborales como la del 2002», cuando varios agentes tuvieron que cesar temporalmente de sus funciones por motivos psicológicos y a dos se les dio la baja definitiva.

En aquel 2002 la plantilla de la Policía Local llanisca, según Usipa, estaba formada por 25 agentes, a los que en verano se sumaban otros 15 auxiliares de policía. En la actualidad integran el cuerpo 19 agentes, a los que este verano se sumaron otros cuatro de apoyo. Galán aseguró ayer que con el actual número de efectivos durante el pasado verano «no pudimos dar respuesta al 80% de los servicios» y la situación que vivió el cuerpo fue «caótica».

Usipa registró en la jornada del lunes dos escritos en el Ayuntamiento en los que manifestaban, en nombre del colectivo de trabajadores de la Policía Local, estar «sufriendo un acoso laboral por parte del jefe de la Policía y del equipo de gobierno al permitirlo, ser conocedores y no poner las medidas para evitarlo». Y solicitaban que se adoptasen las iniciativas urgentes para «evitar que el inspector continúe en su actitud de acoso y persecución hacia el colectivo de policías locales». Ese mismo día un grupo de agentes, entre los que estaban los representantes de Usipa y Sipla, se reunieron con miembros del equipo de gobierno y salieron del encuentro con la sensación de que los gobernantes se implicarán para dar solución a este conflicto.

Pese a ello el de Usipa se mostró crítico y apuntó una serie de carencias que tiene la Policía Local, como la ausencia del alcoholímetros o deficiencias en los uniformes que no se solucionan y desconoce si no se hace porque el jefe de la Policía no da parte al ejecutivo local o porque el gobierno municipal no las atiende. Entre los aspectos de los que consideran responsable al jefe está el hecho de que se realicen turnos de un solo agente en Posada, algo que no aseguran está permitido en la actualidad al estar España en el nivel 4 del estado de emergencia por la amenaza del terrorismo islámico.

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