La corrupción en Cataluña

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Otro caso de corrupción se añade a la lista

REDACCIÓN HEMEROTECA
- Marzo 27, 2012 - 11:29 am h

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a cinco personas en una operación conjunta con la Agencia Tributaria en contra de una presunta trama de concesiones de ITV en Catalunya. Dos de los detenidos son cargos públicos y el resto son empresarios. La operación derivaría del denominado Caso Campeón, una investigación judicial en España sobre la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos que envolvió, entre otros, al ministro de fomento José Blanco.

No es, ni mucho menos, la primera vez que tiene lugar este tipo de actividades corruptas en España. Estos son otros casos desmantelados en Catalunya:

El caso Barcelona Traction fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd como retribución.

El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Catalunya y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo según la prensa extranjera.

En el caso Casinos se desviaron unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència i Unió. La empresa envió un comunicado defendiéndose de las acusaciones.

Caso BFP. En 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.

El caso Estevill fue una trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.

Caso Pallerols. En 1997 salió a la luz esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.

El Caso Villalonga fue un presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.

El Caso Palau en el que Fèlix Millet, con la colaboración de su mano derecha Jordi Montull, desvió 35,1 millones de euros de la institución pública del Palau dela Música.

Tras su dimisión comenzó a desmantelarse el caso de expolio del orfeón.

El Caso Pretoria es una trama delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueamiento de dinero que provocaron la detención de más de 10 personas, entre los cuales se encuentran el alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco (PSC), el ex consejero de Finanzas de la Generalidad de Catalunya Macià Alavedra (CiU), el ex-secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta (CiU), etc. El entonces el presidente de la Generalitat y líder del PSC, José Montilla pedía perdón en público por la actuación de algunos de los miembros del partido. Garzón fue el juez que se encargó del caso.

http://blogs.lavanguardia.com/hemeroteca/otro-caso-de-corrupcion-se-anade-a-la-lista

 

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Un negocio redondo desde la tumba

Mediante "el mayor acto de piratería financiera", Juan March se apropió de la compañía eléctrica Barcelona Traction, que tenía el monopolio del momento

Una de las múltiples leyendas sobre Juan March narra cómo en su lecho de muerte, tras pedir al sacerdote Félix García que le confesara, y comulgar después, pronunció esta frase a uno de sus parientes: "Acabo de hacer el mejor negocio de mi vida".

Nunca sabremos si la postrera preocupación de en Verga fue saldar cuentas de los asuntos espirituales, de lo que no cabe duda es que atendió hasta el último minuto sus negocios terrenales. Y económicamente hablando, el último trofeo empresarial que se llevó March se llamó Barcelona Traction, y eso que el affaire no quedó cerrado hasta después de su muerte. En Joan March, l´home més misteriós del món, el historiador alaronés Pere Ferrer desgrana los entresijos de lo que ha terminado considerándose el mayor atraco financiero de la historia, con el visto bueno del Gobierno de Franco, una verdadera operación de astucia e ingeniería financieras que demostró que March no tenía parangón, hasta el punto de que en la actualidad se estudia en algunas facultades de Económicas.

A partir de la Primera Guerra Mundial, la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, cuyo cometido era aprovechar los recursos hidroeléctricos del Pirineo catalán frente a los elevados costes de producir energía con carbón, escaso en aquellas tierras, se convirtió en la compañía eléctrica más importante de España y en una de las más grandes del mundo. El accionariado era plural y repartido entre varios países: canadienses, británicos, belgas, americanos… Se fundó en Toronto, de ahí que se la conociera popularmente como La Canadiense.

Amparo de Franco

El Gobierno franquista dio el visto bueno y apoyó la operación.
Barcelona Traction llegó a convertirse en un entramado empresarial de grandes dimensiones, que le permitieron actuar como un lobby a nivel financiero internacional, un holding al que cada vez más los Estados miraban de reojo. A partir de la Primera Guerra Mundial, Barcelona Traction fue copando el mercado y absorbiendo a las pequeñas compañías, pasando a tener el monopolio de la energía eléctrica. De febrero a abril de 1919 estalló una huelga en el seno de La Canadiense, con ecos internacionales, con la que se logró un acuerdo histórico para reducir la jornada laboral a 8 horas.
Barcelona Traction empezó a diversificarse, expandiéndose en otros sectores como los tranvías de Barcelona y ferrocarriles, o el metalúrgico. Con la guerra civil española, y la posterior dictadura franquista, se dejaron de pagar los intereses a los accionistas. El Gobierno de Franco prohibió la compra de divisas a las sociedades extranjeras implantadas en España, por lo que impidió a Barcelona Traction saldar cuentas con sus accionistas en libras esterlinas.

"March ya hacía tiempo que había echado el ojo en esta compañía, y a partir de 1945 empezó a comprar las primeras obligaciones de la Barcelona Traction, pagándolas a precios reventados", asegura Ferrer. El historiador destaca la "estrategia de Franco para facilitar la operación de March" de apropiación de la compañía, bajo el paraguas de la nacionalización, "solo que en este caso la empresa no se quedaría en manos del Estado, sino del potentado March". Ambos se aferraron al patriotismo español para justificar lo que en realidad fue "una operación de piratería económica", apunta el experto en March.

De nada le sirvió a Heineman, uno de los principales accionistas de Barcelona Traction, pedir ayuda al exiliado Francesc Cambó, convertido también en accionista de la eléctrica. "Por desgracia, si March se ha propuesto apoderarse de Barcelona Traction, nada ni nadie se lo podrá impedir", respondió el eterno enemigo del magnate, que a buen seguro se regodeó por partida doble de haberse vengado del exministro que le hizo la vida imposible con el contrabando de tabaco.

Fuerza la quiebra

Se convierte en acreedor y logra que un juez declare la quiebra.
March se convirtió en acreedor de la compañía, e instó a su quiebra, declarada por un juez de Reus –sobornado, según Ferrer– el 12 de noviembre de 1948. ¿Por qué de Reus y no de otra ciudad más importante? Simplemente porque por su término municipal discurrían unas líneas de alta tensión. Estamos ante Juan March en estado puro.

El financiero mallorquín no tenía tiempo que perder, en 1951 crea FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.) para absorber todo el holding empresarial de Barcelona Traction. Tras provocar su quiebra, el 4 de enero de 1952 se celebró la subasta y el único postor fue FECSA, apropiándose de todos los bienes. El "asalto a la sociedad eléctrica" supuso unas ganancias inigualables para el dueño de la Banca March. Según Pere Ferrer, el mallorquín se quedó Barcelona Traction por 10 millones de pesetas, "cuando la valoración real oscilaba entre los 6.000 y los 8.000 millones de pesetas". "Como si se tratara de un golpe de Estado, los hombres de March ocuparon manu militari todos los cargos de responsabilidad de la nueva sociedad FECSA", recuerda Ferrer. Entonces, los accionistas de la absorbida Barcelona Traction, encabezados sobre todo por el grupo de los belgas, iniciaron un periplo judicial que llegaría hasta el Tribunal internacional de La Haya contra "el fraude de ley" y, "hablando claro, un expolio", afirma Ferrer.

En medio del litigio, irrumpió otro viejo conocido de March, el abogado José Bertrán Musitu, que había sido colaborador de Cambó en su lucha contra el magnate y como él, también ministro. Bertrán asesoraba en esta ocasión al equipo jurídico en defensa de los intereses de Barcelona Traction. Miquel Monjo, biznieto de la hermana de March y divulgador de su figura a través de su colección www.canverga.com, ha podido documentar una ´conspiración´ auspiciada por Bertrán con el objetivo de parar los pies a March, iniciando una campaña de desprestigio contra su persona. Al margen de iniciativas puramente jurídicas, por lo visto el abogado veía mucho más factible amenazar a March con la publicación de una biografía donde se ventilara el origen de su fortuna, al estilo de El último pirata del Mediterráneo, el libro de Manuel Benavides que tanto irritó al financiero hasta el extremo de que lo incautó y lo retiró de todos los puntos de venta.
Bertrán dejó constancia en un manuscrito de su estrategia: "También puede hablarse de la conveniencia de redactar un folleto, o estudio de la vida del aventurero [por Juan March] para lo cual se dispone de muy abundante material. Debe decirse que éste es el mejor camino para hacerle capitular. [March] no resiste esta campaña aunque no pudiera realizarse directamente en España. Y añadir que conociéndola solo en su anuncio, le haría meditar. Recordar que el folleto que para que no circulara adquirió ejemplar por ejemplar a alto precio e hizo desaparecer incluso las Bibliotecas Públicas, en donde figura catalogado" [sic].

Informes sobre march

Los hijos del principal azote de March cedieron sus informes
Para la trama argumental, Bertrán tenía material de sobra: A finales de 1955 logró que los hijos de Francisco Bastos, exdirector de la Compañía Arrendataria de Tabacos y el principal investigador sobre los negocios de contrabando de March, le cedieran 113 completos informes de su padre sobre el financiero con muchas de sus corruptelas, y la autorización "para hacerlos públicos, si las circunstancias lo permiten". Con todo, el abogado de Cambó no conseguiría sus propósitos, pues fallecería el 11 de marzo de 1957, todavía con el proceso judicial de Barcelona Traction en los juzgados, "a consecuencia de una caída", según las necrológicas del momento.
El día que March tuvo el accidente que devengaría en mortal, el 25 de febrero de 1962, se dirigía precisamente a visitar a Antonio Rodríguez Sastre, el jurista encargado de dirigir su equipo de abogados defensores contra las demandas de los antiguos accionistas de Barcelona Traction. Por un defecto de forma –los jueces consideraron que los demandantes belgas no estaban legitimados en ese proceso– La Haya dictó sentencia favorable a March el 5 de febrero de 1970, ocho años después de su fallecimiento. Lo dicho, un negocio redondo... incluso desde la tumba.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/03/11/negocio-redondo-tumba/751351.html

 

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El sorprendente caso de Banca Catalana
Avance editorial del libro 'José Vilarasau. Memorias. El extraño camino a ‘la Caixa’', editado por RBA.

09/11/2012 - 19:34h

La situación de la banca española había adquirido una gravedad derivada de la creación indiscriminada de nuevos bancos y de adquisiciones forzadas de pequeños bancos existentes. En 1978 el Gobierno y el Banco de España empezaron a afrontar lo que sería una de las mayores crisis bancarias. Ya en aquella época, la inspección del propio Banco de España presentó un informe cuyo título era «Bancos que atraviesan dificultades», en el que se relacionaban un total de 35 bancos.

El gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, encargó este tema al entonces subgobernador Mariano Rubio. Sin duda, era el hombre apropiado para enfrentarse a esta situación por su personalidad, carácter y valentía.

Gracias a su labor, desaparecieron más de la mitad de los ciento diez bancos que operaban en España entre 1977 y 1985: exactamente 56. Muchos eran recién creados o habían sido adquiridos por grupos de personas entre quienes figuraban industriales de éxito convencidos de que la adquisición de un banco era una forma segura de ganar muchísimo dinero. De hecho, antes de 1977 la compra de una entidad bancaria había sido siempre una operación enormemente onerosa, y se había llegado a pagar una peseta por cada peseta de pasivo o de depósitos del banco adquirido.

Banqueros sin experiencia

La desaparición de tantos bancos en poco tiempo se produjo en parte por la crisis general de la economía española, que se vio agudizada porque los administradores de los bancos recién comprados o creados no eran generalmente banqueros, y sin experiencia es muy difícil administrarlos. Los industriales que los compraban creían a menudo que el banco estaba destinado a financiar sus empresas, aunque no fuesen las mejores, ya que las mejores obtenían dinero de otras entidades. Algunos financiaron proyectos sin viabilidad desde el primer momento. La crisis económica, junto con las decisiones poco ortodoxas de muchos bancos de tamaño mediano y pequeño, precipitaría su enorme crisis.

El instrumento utilizado por Mariano Rubio para poner remedio a este panorama fue el Fondo de Garantía de los Depósitos de las Entidades Bancarias (FGDEB). En principio se trataba de que el Fondo controlara y saneara los bancos en dificultades y luego los subastara entre gestores privados con suficiente capital y profesionalidad. Pero también se utilizaba la absorción directa de algunos por bancos solventes con o sin ayuda del FGDEB o del Banco de España.

Aun antes de que aparecieran los asuntos más graves, esto es, los casos Banco Urquijo Unión, Banca Catalana y Banesto, el FGDEB había aportado más de 1.000 millones de euros al saneamiento de veintiún bancos.

El sueño de Pujol

Dentro de este panorama se inscribe Banca Catalana, entidad que fue creada por iniciativa de Jordi Pujol con el objeto de constituir a largo plazo un gran banco catalán que sirviera de base a una expansión industrial y económica de Cataluña. El punto de partida fue la compra en 1959 de la pequeña Banca Dorca de Olot. La entidad topó, sin embargo, con enormes dificultades para desplegarse de una forma ortodoxa, debido a las limitaciones que en aquella época imponían tanto el Ministerio de Hacienda como la legislación vigente sobre apertura de oficinas.

A comienzos de 1982 ya se rumoreaba que Banca Catalana no atravesaba por un buen momento. Acometió, a pesar de todo, una enorme expansión no solo con la apertura de nuevas oficinas, sino también con la absorción y adquisición de una serie de bancos, quizás hasta diez, muchos de ellos con financiación de Banca Catalana, en un momento en que los tipos de interés estaban en un nivel muy alto. Por lo tanto, en ese contexto, comprar un banco no muy bueno o incluso con pérdidas a través de un crédito con intereses muy elevados constituía un buen camino para precipitarse a la catástrofe.

Hacia 1979 ”la Caixa” adquirió un 7 % de Banca Catalana con un pacto de recompra avalado por dos sociedades filiales al cien por cien de Banca Catalana y unos intereses acumulados, en caso de recompra, del 14 % anual. No eran exagerados, ya que se llegó a pagar el 20 %. La entrada de ”la Caixa” dio un cierto respiro a Banca Catalana y me acuerdo de que se hipotecaron algunos edificios para darle mayor liquidez. A finales de 1979 el riesgo total de ”la Caixa” con Banca Catalana llegó quizás hasta los 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros). Ante los rumores repetidos acerca de su fragilidad, el Banco de España envió su inspección, pero los clientes siguieron confiando y no hubo una retirada apreciable de depósitos, hasta que en junio de 1982 una información confidencial de la Agencia Europa Press aludió a una posible suspensión de pagos de Banca Catalana.

Retirada de depósitos

La noticia fue reproducida por otros medios. No se formaron colas, pero se retiraron depósitos a velocidad creciente. Banca Catalana se encontró con un problema de liquidez inmediato y letal. A instancias del Banco de España se habían intentado varios movimientos, uno de ellos el nombramiento de un nuevo consejo de administración constituido por prohombres de Cataluña y presidido por Eusebio Díaz Morera, que hasta entonces presidía la Caja de Ahorros de Barcelona, tercera en volumen de España. Poco a poco, las inspecciones del Banco de España y los informes de aquel equipo fueron aumentando la necesidad de créditos inmediatos.

El nuevo equipo exigió una auditoría encargada a PriceWaterHouse. Las cifras del agujero fueron aumentando y alcanzaron los 130.000 millones de pesetas, lo que superaba en mucho los temores del Banco de España. En septiembre de 1982 se intervino Banca Catalana por parte del FGDEB, se mantuvo el mismo consejo de administración y se designó a un equipo interventor presidido por el entonces secretario general del FGDEB, Juan Antonio Ruiz de Alda (más tarde subgobernador del Banco de España).

Creo que conocí a Ruiz de Alda por primera vez en los acontecimientos que tuvieron lugar a raíz de la crisis de Banca Catalana. En la universidad, Ruiz de Alda había conocido a varias personas que habrían de ser importantes en su vida, entre ellos, a Manuel de la Concha y Mariano Rubio.

Tanto en su calidad de secretario del Fondo de Garantía como después de subgobernador del Banco de España, tuve ocasión de tratar con Ruiz de Alda con frecuencia, y siempre encontré en él un equilibrio entre el rigor y la firmeza y una flexibilidad para entender los problemas y las situaciones, así como muchas veces para encontrar soluciones razonables.

Las acciones caen a valor cero

En una junta general bastante complicada, Ruiz de Alda redujo el valor de las acciones de Banca Catalana a cero (a una milésima parte del que tenían), por lo tanto, una acción de 5.000 pesetas redujo su precio a 5 pesetas. Decretó una nueva ampliación de capital de 5.000 millones de pesetas, a la que acudieron una pequeña parte de accionistas de forma más bien simbólica, con lo que cubrieron trescientos o cuatrocientos millones; el resto de la casi totalidad fue cubierto por el Fondo de Garantía.

Una vez colocada Banca Catalana bajo el poder del Fondo de Garantía de los Depósitos, el Banco de España intentó reflotarla. La forma más sencilla era intentar que un banco solvente se hiciera cargo de ella. Todos los grandes se negaron. Se recurrió al Banco de Sabadell, quien también declinó inmediatamente porque Banca Catalana le triplicaba tanto en oficinas como en personal.

La siguiente opción fue que ”la Caixa”, que tenía una dimensión suficiente, se hiciera cargo de esta entidad. La reacción del consejo de administración fue totalmente negativa, aunque no nos negamos a estudiar el asunto para ver qué se podía hacer. El estudio profundo de las interioridades de Banca Catalana, que conocí por la necesidad de calibrar la posibilidad de una absorción, arrojó enseguida las causas de la crisis. Aparte de la absorción o integración de numerosos bancos, muchos de ellos deficitarios y bastante mal llevados, regía una filosofía impulsada personalmente por Jordi Pujol de ayudar a la empresa catalana.

Cuando algunos bancos rebajaban el importe del crédito concedido a una empresa en dificultades, sucedía que esta acudía a Banca Catalana solicitando un incremento del crédito para evitar una quiebra o suspensión de pagos que supondría su desaparición. Naturalmente, los informes técnicos de los especialistas de Banca Catalana eran siempre negativos. Sin embargo, Pujol quería evitar a toda costa la desaparición de una empresa catalana y de forma explícita o tácita obligaba a conceder la financiación solicitada. Para los restantes bancos acreedores de las empresas con problemas, era agua de mayo, porque pudieron recuperar sus créditos dudosos gracias a los de Banca Catalana. Muchos evitaron verse comprometidos en quiebras o suspensiones de pagos porque Banca Catalana iba haciéndose cargo de sus créditos.

Camino al desastre

Como es natural, era un camino seguro para precipitarse al desastre, tal y como sucedió. El estudio llevado a cabo durante varios meses sobre la situación de Banca Catalana mostraba día tras día peores perspectivas. Muy pocas de las empresas que financiaba se encontraban con buena salud y resultaba muy difícil hallar una fórmula para sanear el banco. Pero el Gobierno, esencialmente el Banco de España y el presidente del FGDEB, insistían mucho en que estudiáramos el asunto y encontráramos una solución.

Tras nuestro estudio, la posición del consejo de administración y la mía propia fue muy negativa, pero el Banco de España y el propio ministro de Hacienda siguieron insistiendo. Recuerdo varias reuniones con Juan Antonio Ruiz de Alda y el presidente de nuestra comisión de control, José María Figueras, en las que este último aparecía casi como árbitro. Yo explicaba las dificultades que ofrecía la eventual intervención de ”la Caixa” y Ruiz de Alda trataba de minimizarlas. Hasta que al final, bajo cierta presión de Mariano Rubio, Ruiz de Alda y el propio Gobierno, accedimos a presentar una propuesta de absorción de Banca Catalana bien estudiada y meditada, con márgenes de seguridad suficientes y mucho miedo. Cualquier medida drástica en lo referente a personal o a su prestigio podía ser fácilmente mal interpretada por todos los empleados de Banca Catalana y producirse manifestaciones callejeras delante de ”la Caixa”, lo que queríamos evitar a toda costa.

Presenté al consejo de administración la propuesta de condiciones para absorber a Banca Catalana, un conjunto de medidas que en último extremo consistían en subvenciones de una forma u otra, en parte mediante créditos del Banco de España de más de 100.000 millones de pesetas a tipos de interés bastante inferiores (menos de la mitad) a los de los mercados, una subvención clarísima y a larguísimo plazo. Otra parte eran créditos sin intereses también a largo plazo, pero no tan cuantiosos.

Rechazada la absorción

Un tercer tipo de subvención consistía en la supresión de coeficientes obligatorios de inversión. Significaba que debíamos financiar obligaciones de empresas y deuda pública a tipos de interés inferiores a los de mercado y depositar en el Banco de España un porcentaje de los depósitos a intereses bajos o nulos. Si se liberaban estos coeficientes, obtendríamos rendimientos muy superiores a los usuales.

El estudio exhaustivo con todas aquellas condiciones se presentó el mismo día en que se abrió el concurso en el FGDEB. Fue la única propuesta presentada, con lo cual parecía que nos iban a adjudicar Banca Catalana con el sentimiento de que no quedaba más remedio. La sorpresa fue que el FGDEB comunicó que no se iba a resolver en aquella ocasión, que se iba a prolongar una semana o dos su fallo con la esperanza de que apareciera otra propuesta. Nos extrañó, pero aceptamos.

Una parte importante del consejo de administración se mostró decepcionada y con ganas de retirarse. Otra parte, también muy decepcionada, proponía que repitiéramos la misma oferta y viésemos si alguien ofrecía más que nosotros. Insistí, junto con algún otro consejero, en que debíamos hacer una ligerísima mejora, como modificar un tipo de interés o alargar algo un plazo, para que no se dijera que ”la Caixa” se negaba a considerar la posibilidad de absorber Banca Catalana.

El nuevo día señalado, a regañadientes, el consejo consintió. Presentamos casi la misma oferta, con casi las mismas condiciones, al FGDEB. Finalmente nos comunicaron al cabo de uno o dos días más que no éramos los adjudicatarios de Banca Catalana, con lo cual se experimentó dentro de muchos círculos una cierta sensación de alivio. Nos parecía una empresa quizás a largo plazo buena, pero muy complicada desde el principio.

Se adjudicó a un pool de trece bancos, que presentaron una oferta calcada a la nuestra, acaso con diferencias de matiz. Bien mirado, no me extrañó que no dieran a ”la Caixa” el dominio de Banca Catalana. Quien iba a pagar los platos rotos sería el Fondo de Garantía de los Depósitos de Entidades Bancarias (no el de las cajas) y el Banco de España conjuntamente. No era una píldora agradable de tragar para aquel grupo de entidades bancarias.

Aportaron cada una su grano de arena, más bien su saco de arena, y ofrecieron prácticamente lo mismo que ”la Caixa”. A los pocos días mantuve una entrevista con Rafael Termes. A pesar de que sus estudios eran de ingeniero industrial, su trayectoria profesional discurrió en el ámbito de la banca. Primero como consejero delegado del Banco Popular, donde fue el principal promotor de la creación del Crèdit Andorrà (participado en un 30% por el Banco Popular, porcentaje que ”la Caixa” adquirió en 1986). Entre los años 1977 y 1990 Termes ocupó también la presidencia de la Asociación Española de Banca (AEB), cargo que desarrolló con gran profesionalidad y eficacia. Su carácter abierto y cordial es recordado por todos; murió en agosto de 2005.

Dudas sobre la adjudicación

Le pregunté a Termes qué diferencias había entre nuestra propuesta y la finalmente aceptada respecto a Banca Catalana y de forma muy clara me dijo que eran casi inexistentes, pero que debía comprender que lo lógico era adjudicarlo a los bancos en igualdad de condiciones.

Otra respuesta menos ortodoxa, aunque en el mismo sentido, me la dio Ruiz de Alda, en aquel momento bajo presión por ser el presidente del FGDEB.

Así concluyó el asunto de Banca Catalana para ”la Caixa”. El grupo de bancos, que participaban en distintas proporciones, eligió al Vizcaya como administrador de la entidad. Con Pedro Toledo como consejero delegado y Ángel Galíndez como presidente, nombró administrador único de Banca Catalana con poderes absolutos a Alfredo Sáenz. Recuerdo perfectamente que a partir de 1982 o 1983 Sáenz vino a Barcelona, se instaló en un edificio magnífico de Banca Catalana casi enfrente de la sede de ”la Caixa” e intentó gobernar, arreglar y sanear lo que pudo.

Nos vimos muy a menudo, nunca para asuntos relativos a Banca Catalana, sino como dos colaboradores y amigos. Pude comprobar la solidez, el rigor y el pragmatismo que Sáenz aplicaba en su trabajo. Después de unos pocos años, el Banco de Vizcaya vio que podía haber sido un buen negocio, una buena compra, porque las ayudas y la labor de Sáenz lo permitían, y propuso a los demás bancos comprar Banca Catalana. La compra le fue muy bien a ”la Caixa”, porque el crédito que habíamos concedido a Banca Catalana tenía un pacto de recompra por sociedades filiales.

Se produjo una discusión más bien formal acerca de la validez del pacto de recompra. En algún lugar se indicaba que se pagarían las acciones, y como estas en aquel momento valían una milésima parte, los representantes de Banca Catalana sostenían que solo tenían que devolvernos esa proporción. Pero al entrar el Vizcaya preguntó acerca de la cantidad que nos debían, nos pagó con los intereses incorporados y recuperamos todo el dinero y los intereses que habíamos puesto en Banca Catalana.

Según la memoria del Fondo de Garantía de los Depósitos de las Entidades Bancarias, el coste del saneamiento ascendió a más de 500 millones de euros; y el coste total de saneamientos, incluyendo Banesto (1.200 millones), Banco Unión y Banco Urquijo (300 millones) arrojó la cifra total de 3.000 millones de euros.

Esta labor gigantesca se realizó gracias a la inteligencia, el rigor y la valentía de Mariano Rubio, que durante casi tres lustros, primero como subgobernador y luego gobernador, se enfrentó con la desastrosa situación de muchas entidades bancarias: una tarea cuyo momento álgido fue la intervención del Banco Español de Crédito, que fue llevada a cabo por su sucesor, Luis Ángel Rojo.

https://www.eldiario.es/catalunya/extrano-caso-Banca-Catalana_0_67193596.html

 

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Felipe González fue quien bloqueó la querella de Banca Catalana contra Pujol
Alberto Flores, antiguo gestor de Filesa, ha conseguido atar los cabos que le faltaban para completar la historia de la exculpación de Pujol

17.08.2014 – 05:00 H. - ACTUALIZADO: 17.08.2014 - 13:00H.

Alberto Flores no entendía nada. El contable de Filesa, un chileno extravagante llamado Carlos Alberto Van Schouwen, se había querellado en Barcelona contra algunos de los directivos de las sociedades del PSOE con las que recaudaba dinero de bancos y empresas, y en el partido, el todo poderoso Partido Socialista de los 80, la principal preocupación era buscar a alguien que pusiera otra denuncia más en Madrid. ¿Por qué diantres iba a querer nadie en el PSOE que se multiplicaran las querellas por el entramado de Filesa, en vez de centrarse en la que ya existía en Barcelona e intentar contrarrestarla?

La única respuesta a aquel absurdo aparente tiene nombre de fiscal: Carlos Jiménez Villarejo, entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La querella de Van Schouwen llegó directamente a sus manos y es lo peor que podía sucederle al PSOE por el pasado reciente de Banca Catalana y las maniobras de Felipe González desde la Moncloa para que la querella contra Pujol se diluyera, aún a costa de dejar tirado al fiscal catalán que pretendía investigarlo. Ahora, cuando se ha conocido el patrimonio oculto de Pujol en el extranjero, Alberto Flores, fiduciario de las acciones del PSOE en Malesa, la holding de Filesa y Time Export SA, ha conseguido atar los cabos que le faltaban para completar la historia de la exculpación del expresident de la Generalitat.

“Cuando estalló Filesa en los 90, -explica Alberto Flores a El Confidencial- en el PSOE cundió el pánico, tanto en Ferraz como en Moncloa. Pero para mi sorpresa lo que se buscaba desesperadamente era a ‘un amigo’ que pusiera una querella igual en Madrid. Yo no comprendía nada de nada, y después de darle muchas vueltas, me lo acabó explicando nuestro abogado Pablo Jiménez de Parga de esta manera: "Cuando apareció la quiebra de Banca Catalana, Jiménez Villarejo, en 1986, quiso actuar contra Pujol y fue tu amigo -me dijo en referencia a Felipe González- quien le mandó parar. En lugar de trasladarlo a Madrid, lo dejó en Barcelona, con lo que tuvo que soportar los embates de los nacionalistas”.

Carlos Jiménez Villarejo, que ha acabado engrosando las listas de Podemos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo (logró el acta de eurodiputado, pero dimitió a los 17 días porque su único objetivo, dijo, es impulsar una directiva anticorrupción, no ocupar el escaño) fue en efecto, objeto de un enorme acoso. “Nos llegaron a disparar con una escopeta de caza en las ventanas y durante muchísimos días recibíamos llamadas telefónicas intermitentes durante toda la noche", ha revelado recientemente José María Mena que, en aquellos años, compartía la Fiscalía catalana con Jiménez Villarejo y sufrió las mismas consecuencias, el acoso nacionalista que los hizo sentirse -dice- como “apestados”.

Aquello ocurrió en 1986 y unos años más tarde, el 17 de julio de 1991, fue cuando Carlos Alberto Van Schouwen, entonces contable de Filesa, destapó la caja de los truenos al presentar una querella contra el administrador del grupo de empresas que utilizaba el PSOE para financiarse irregularmente: Filesa, Malesa y Time Export. Y la querella la presentó en Barcelona, precisamente ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. Si aceptaba la denuncia, comenzaría la investigación judicial de todo el imperio financiero del PSOE, ya que aunque Van Schouwen lo que denunciaba eran coacciones e intento de soborno, no había nada sobre el entramado real que se escondía bajo esas empresas, por lo que se abriría el proceso general contra la financiación del PSOE. Y en Moncloa, y en Ferraz, si se temía a alguien era precisamente a Jiménez Villarejo, conscientes de lo ocurrido con Banca Catalana.

Por eso, el PSOE buscaba que alguien pusiera la misma denuncia en Madrid, algo que acabó haciendo Ruiz Mateos, para obligar a Jiménez Villarejo a inhibirse a favor del juzgado madrileño. “Así me lo contó nuestro abogado ante mi estupor en 1991, tras la delación de Van Schouwen, cuando fue recibido por Jiménez Villarejo. Que se buscaba un ‘amigo’ que nos pusiera una querella en Madrid y salir de las garras del Fiscal de Barcelona. Entonces Ruiz Mateos hizo de buen samaritano, sin saberlo, y se personó en la causa conocida como ‘Filesa 880/91’. El PSOE buscaba que alguien pusiera la misma denuncia en Madrid, algo que acabó haciendo Ruiz Mateos, para obligar a Jiménez Villarejo a inhibirse a favor del juzgado madrileño.

La causa que se abrió entonces en el Tribunal Supremo, tras las querellas presentadas por el citado Ruiz Mateos, además de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) y el abogado Christian Jiménez, fueron interpuestas los días 7 y 8 de junio de 1991 contra los responsables visibles del holding de empresas del PSOE, Filesa, Matesa y Time Export: Carlos Navarro, José María Sala i Griso, Luis Oliveró y el propio Alberto Flores Valencia. Posteriormente, se personaría el Partido Popular en la causa como acusación particular. Fue el macro juicio que instruyó un juez que se hizo famoso con aquel proceso: Marino Barbero.

“Cuando le conté a Jiménez de Parga mi intención de declarar ante Marino Barbero me dijo lo siguiente: Si declaras, dormirás esa noche en Carabanchel. Y no te llames a engaño, el proceso durará seis años, llamará primero a los banqueros y empresarios como testigos, luego como testigos acompañados de abogados y cuando haya prescrito el delito los imputará. Tal cual, con lo que me di cuenta de que estaba irremediablemente perdido. Felipe González, se tiró en marcha en 1996, una vez que, como si fuera el último parte de guerra, la farsa y la tragedia habían alcanzado sus últimos objetivos. Aznar, luego, nos concedió el indulto. Y posteriormente cuando necesitó el apoyo de CIU, se dedicó a hablar catalán en la intimidad. Y entre tanto Pujol, campando por sus respetos”.

El propio Alberto Flores ya narró a El Confidencial, el “paripé” en el que, a su juicio, consistió aquel proceso judicial. En su caso, como en el del resto de condenados por Filesa, una vez finalizado el proceso el PSOE se hizo cargo a través de la fianza depositada con la multa millonaria que le impusieron (259 millones de pesetas) y el Partido Popular le evitó los diez años de prisión con el indulto inmediato que aprobó el Gobierno de Aznar. Y cada vez que se le pregunta sobre lo sucedido después, siempre contesta lo mismo. El escándalo de Filesa no sólo no sirvió de escarmiento a la clase política española, sino que ha sido “la hoja de ruta” de todo lo que ha venido después. El escándalo de Pujol y el procesamiento de algunos de sus hijos viene a confirmarlo de nuevo.

https://blogs.elconfidencial.com/es...erella-de-banca-catalana-contra-pujol_177064/

 

[Hastings]

DOCE AÑOS DESPUÉS
Arranca el juicio del caso Adigsa, el del 3% al que aludió Maragal
Cuatro excargos del gobierno de Pujol y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por presunto fraude

Joan Francesc Fontdevila, uno de los acusados del caso Adigsa, en una imagen de archivo

02/05/2017 00:02 | Actualizado a 02/05/2017 13:23

Doce años después, el caso que popularizó Pasqual Maragall en el Parlament llega a juicio. La presunta trama de pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas de la empresa pública Adigsa será juzgada a partir de este martes y se sumará a esta primavera judicial con numerosos casos de corrupción -juzgados o en fase de instrucción- que implican de una u otra forma a miembros de CDC.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona, se sentarán cuatro ex altos cargos públicos del último gobierno de Jordi Pujol y tres empresarios para quiénes el Fiscal del caso pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel. En concreto, el tribunal deberá juzgar si hubo fraude en la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por Adigsa y si hubo adjudicaciones irregulares de obras de rehabilitación en este tipo de pisos.

Maragall, en el momento que acusó a Mas del 3%

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto técnico Jose María Penin. El fiscal afirma que Fontdevila impuso en la estructura de la empresa pública la “extraña intervención” de Penin como supuesto externo para decidir la adjudicación de estas rehabilitaciones. El motivo, según el fiscal, era obvio: que las adjudicaciones fueran a medida de unas determinada empresas y, consecuentemente, se malversara dinero públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.

De esta forma, el Ministerio Público asegura que los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: Jose Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.

Penin, con el aval de Fontdevila, le encargaba de forma informal y con expedientes a medida las obras de rehabilitación a estos empresarios sin que importase demasiado si se hacían bien y que, según una auditoría de Adigsa de 2005, tenían un sobrecoste medio de un 15%. Además de Fontdevila, la trama en Adigsa la completaron, según el Fiscal, el encargado de la empresa Xavier Sala y el jefe del área técnica Jordi Huguet. Para Sala y Huguet, el fiscal también pide nueve años y medio de cárcel.

Además, Fontdevila ordenó supuestamente “caprichosa e injustificadamente” pagar a Penin entre 3.000 y 4.000 euros por tasaciones que nunca existieron y se disimularon con facturas falsas, todo ello con el conocimiento de Sala. Penin cobró de esta forma 28.895 euros por trabajos que no hizo y, además, no tenía ni conocimientos ni formación académica necesaria para una tarea para la que Adigsa ya contaba con técnicos internos formados y con estas funciones.

Se da la circunstancia que Penin es pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial, Felip Puig, que en aquel momento dirigía el departamento del que dependía de la empresa pública. En el periodo de instrucción, también fue procesado el entonces presidente de Adigsa y exdiputado de CiU en el Parlament, Ferran Falcó, aunque finalmente fue exculpado por el TSJC en 2003.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide que entre todos los acusados paguen los 120.031 euros que supuestamente defraudaron -correspondientes al 15% de las obras que se ha podido demostrar- y, concretamente, a Penin y Fontdevila a mayores la indemnización a la sucesora de Adigsa de los 28.895 euros que presuntamente cobró el primero por trabajos inexistentes.

El diputado Ferran Falcó, a la derecha de la imagen junto a Josep Rull y Francesc Sànchez, entonces dirigentes de CDC, fue exculpado del caso

El primer caso 3%

La causa judicial de Adigsa era conocida hasta hace poco como el “caso del %”, dado que se inició a raíz de la polémica alusión al presunto pago de comisiones a CiU con la que Maragall sacudió un pleno parlamentario en 2005: “Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%”.

Sin embargo, le ha acabado arrebatando el nombre la compleja causa que desde 2013 dirige un juzgado de instrucción de El Vendrell (Barcelona) sobre la presunta financiación ilegal de CDC, a través de mordidas de empresarios de al menos un 3%, un caso en el que están investigados el tesorero de CDC, Andreu Viloca, su antecesor Daniel Osàcar y otros cargos del partido.

La Fiscalía inició su investigación sobre la presunta trama corrupta de Adigsa en 2005, días después de las insinuaciones de Maragall, pero finalmente solo halló indicios de una “mordida” del 20 % que el empresario “arrepentido” José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.

El fiscal encargado de la instrucción ha sido Emilio Sánchez Ulled, que no llevará el juicio por estar centrado en el proceso del Palau de la Música, en que también se juzga el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC.

http://www.lavanguardia.com/politic...io-caso-adigsa-3-aludio-pasqual-maragall.html

 

[MissCaroline]

Registro de la Guardia Civil en el Diplocat por los pagos a los observadores del 1-O
Operación por orden del juzgado 13 de Barcelona en la sede de los "servicios diplomáticos" de la Generalidad.
Pablo Planas
2018-04-12
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Agentes de Guardia Civil y Mossos durante un registro en la sede de Economía | EFE
Agentes de la Guardia Civil registran la sede del Diplocat, el "Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña" en busca de documentación relativa a los pagos realizados por la Generalidad a los observadores internacionales del referéndum 1-O. La operación ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la trama golpista a raíz de que el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal se jactara de que la administración autonómica disponía de datos fiscales y personales de los catalanes obtenidos de manera ilegal.

El propósito sería recabar información y material del Diplocat relacionado con los gastos de propaganda para el referéndum y con los de la contratación, estancia y agasajos en Cataluña de los observadores internacionales de la Generalidad. Un informe de la Guardia Civil estima en 119.700 euros el coste relativo a los observadores que habría sido pagado con fondos públicos.

El sumario de Ramírez Sunyer es el que afecta a los diputados de ERC Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, en cuya libreta levantaba acta de las reuniones para preparar el referéndum ilegal, entre otros. En los últimos días, han sido interrogados varios altos cargos de la Generalidad relacionados con los sistemas de comunicaciones de la administración catalana.

El Diplocat, consorcio de la Generalidad, fue desmantelado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y su cierre efectivo y definitivo estaba previsto para mañana.

https://www.libertaddigital.com/esp...-pagos-a-los-observadores-del-1-o-1276616946/

 

[Hastings]

Narcís Serra y los cuarenta imputados por subirse el sueldo en Catalunya Caixa
El entonces presidente Narcís Serra y otros 41 exdirectivos de la entidad han ido a juicio por aumentar las retribuciones del comité de dirección cuando estaban en situación crítica

El juez ve indicios de delito de administración desleal en la gestión de los directivos de la entidad

A los 11.600 millones de euros públicos perdidos en la operación se les podrían sumar los 1,2 millones que el Estado deberá pagar a dos exdirectivos de CatalunyaCaixa por despido improcedente

Adolf Todó y Narcís Serra.

La operación de absorción de CatalunyaCaixa por parte del BBVA consuma la pérdida de unos 11.600 millones de euros públicos, una cantidad que el Estado destinó a sanear una entidad quebrada, en parte, por la gestión de algunos directivos que ahora están imputados. En total son 42 exmiembros del consejo de administración a los que el juez -el mismo del caso Palau- acusa de un delito de administración desleal por subirse el sueldo en 2010, cuando la entidad ya estaba al borde de la insolvencia. Entre estos imputados destaca la figura de Narcís Serra, exvicepresidente de Felipe González y presidente de la entidad desde 2005.

En principio fueron 54 los directivos que tuvieron que declarar en la Ciutat de la Justícia entre octubre y noviembre de 2013, pero 12 fueron absueltos por no haber apoyado las votaciones internas que daban luz verde a las subidas de sueldos. Las votaciones en cuestión dos: el 19 de enero de 2010 se aprobó aumentar el sueldo variable del director general Adolf Todó y de su adjunto Jaume Masana. En la segunda votación, el 13 de octubre del mismo año, se dedició aumentar el sueldo de los miembros del comité de dirección, con lo cual Todó pasaría a cobrar 812.500 euros anuales -antes 800.410- y Masana 610.200 -antes 598.400.

Estos aumentos de sueldo hay que contextualizarlos, según la Fiscalía Anticorrupción, en una "situación crítica" de la entidad, que ese mismo 2010 ingresó ya 1.250 millones de euros públicos en ayudas del Fondo de Reestructucación Ordenada Bancaria (FROB) porque estaba en una "situación real de insolvencia". Además, la Comisión Europea desaconsejaba las retribuciones variables porque "para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".

El duro escrito de la fiscalía denuncia que los exdirectivos abusaron de su cargo, y que "utilizaron fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad". Algo que contribuyó "a su grave crisis financiera", según el ministerio público. El FROB ingresó antes del cierre de 2012 hasta 12.000 millones a la entidad, un proceso de rescate que se producía mientras cargos como Todó seguían cobrando retribuciones millonarias y se aseguraban planes de pensiones de hasta 8,2 millones, según fiscalía.

Serra cobraba entre 236.000 y 260.000 euros
Catalunya Caixa quedó nacionalizada totalmente en diciembre de 2012, y pese al camino hacia el rescate, en los años previos los directivos se repartieron elevados sueldos que no dejaron de subir. Narcís Serra lo justificó ante el juez al afirmar que eran salarios ajustados a la media del sector. En su caso, Serra vio como su sueldo aumentaba entre 2007 a 2009 y pasaba a cobrar anualmente entre 236.000 euros y 260.000 entre salario y dietas.

No obstante, no era el único sueldo que ingresaba el exministro socialista. Serra, por su cargo al frente de la caja, participaba en los consejos de administración de Gas Natural, Applus y Telefónica, lo que elevaba sus emolumentos a los 1,2 millones anuales.

En su papel como presidente de la entidad, el juez ve también indicios de delito de administración desleal. Pese a que su cargo era más representativo que ejecutivo, el magistrado considera que "su actuación era propia de quien tiene poder de decisión sobre la dirección y gestión de la entidad". La acusación popular llegó a pedir prisión preventiva para Serra o Todó, pero el juez lo consideró innecesario.

Indemnización para los directivos de 1,2 millones
A los 11.600 millones de euros públicos que se han destinado a sanear Catalunya Caixa y que no se recuperarán, habría que añadir otros 1,2 millones que el Estado deberá abonar a los directivos Adolf Todó i Jaume Massana por la indemnización que les corresponde al haber sido despedidos de forma improcedente. Así lo decretó el juez en otro proceso judicial, en el que obliga a pagarles 600.000 euros para cada uno o readmitirles en la entidad.

Y como la readmisión es improbable -Masana, por ejemplo, fue fichado por CaixaBank-, el FROB deberá abonar la cantidad a no ser que prospere el recurso interpuesto por el Ministerio de Economía. En 2013 el FROB, propietario ya de la entidad, consideró que su despido era procedente, al denunciar la mala gestión de Todó y Masana, pero el magistrado dijo en su sentencia de marzo que no estaba probado.

https://www.eldiario.es/catalunya/Catalunya-Caixa-cuarenta-imputados-subirse_0_284171751.html

 

[Hastings]

El ‘caso Innova’ explicado pieza a pieza
Los tres años de investigaciones han llevado a la apertura de una decena de procesos

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Reus

Barcelona 29 ABR 2015
A lo largo de tres años de investigaciones, las investigaciones sobre el grupo municipal de empresas de Reus, Innova, han ido implicando a un número creciente de instituciones y personas. Tras la operación de la Guardia Civil del pasado 28 de mayo, y a pesar de que gran parte del sumario sigue bajo secreto, la cifra de imputados ya supera ampliamente los 50. La caótica gestión de Innovaha obligado al juez instructor, Diego Álvarez de Juan, a dividir el sumario en una decena de piezas separadas para facilitar el avance de las pesquisas. La complejidad del caso, sin embargo, hace que varias de ellas estén estrechamente relacionadas, con implicados y hechos investigados que a menudo se solapan. La que sigue es una guía básica para no perderse en el caso.

Carles Manté

Pieza principal. Josep Prat, exdirector de Innova, pagó entre 2007 y 2011 más de 720.000 euros a Carles Manté por trabajos de “consultoría estratégica” que supuestamente nunca se hicieron. Manté fue contratado por Innova poco después de abandonar la dirección del CatSalut, en diciembre de 2007, y creó la empresa CCM Estratègies i Salut para recibir los cobros. Los investigadores creen que estos pagos no se corresponden a trabajos realmente hechos.

Tras la publicación del caso por EL PAÍS, la CUP de Reus llevó los pagos a la Fiscalía y el partido Ara Reus al juez de guardia, por lo que las investigaciones recayeron en el Juzgado de Intrucción 3 de la ciudad. Dos días después, el alcalde, Carles Pellicer (CiU), decidió también llevar el caso a la Fiscalía.

Las investigaciones han revelado que la adjudicación está plagada de irregularidades: fue hecha a dedo y los primeros contratos ni siquiera fueron renovados pese a que Manté seguía percibiendo 13.000 euros mensuales. Además, los dos acusados falsearon documentos tras el arranque de las investigaciones para tratar de justificar los cobros.

Por todo ello, Prat y Manté están imputados por los delitos de malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública. En esta pieza también están imputados el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova y esposa del presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU).

Las investigaciones en esta pieza también se han extendido a las cuentas de la empresa de Manté, CCM Estratègies i Salut. Un informe de la Agencia Tributariaha acreditado que el exdirector del CatSalut falseó las cuentas de la sociedad para hacer pagos irregulares a cuatro familiares, rehabilitar una masía en el Empordà y financiar gastos personales. CCM, por ejemplo, camufló los gastos en una empresa de yates como un “estudio de mercado” y obras en la masía como un “Estudio de modelos tipo de construcción de centros de asistencia primaria y tutelado”.

La contratación de Manté por Innova tiene un vínculo político: según declaró Prat ante el juez, fue la exconsejera de Salud, Marina Geli (PSC), la que le indicó que contratara los servicios de Manté en Innova.

Presumiblemente en el seno de esta pieza (buena parte de ella sigue bajo secreto) el juez también investiga si la Generalitat ha pagado con fondos públicosla defensa de Prat. Esta sospecha arrancó tras conocerse varios correos electrónicos en los que su abogado reclamaba al consejero Boi Ruiz el pago de servicios privados a Prat.

Pieza separada 1: Shirota.

Esta sociedad era una empresa dedicada a la investigación nutricional fundada en 2007 y presidida por Carles Manté. El capital era mixto público y privado: la empresa La Morella Nuts tenía el 48% del capital, Innova el 40%, la sociedad también mixta Tecnoparc Reus el 8%, la Universidad Rovira i Virgili (URV) el 2% y el hospital municipal Sant Joan de Reus (también de Innova) otro 2%.

Pese a estar en minoría en el capital, el Ayuntamiento de Reus asumió todos los riesgos de la compañía mediante un aval de tres millones de euros, que el municipio acabó perdiendo.

El juez del caso ha imputado a Lluís Miquel Pérez y a los otros 13 concejales que votaron a favor del aval (de PSC, ERC e ICV) por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y un delito societario. Carles Manté, Ester Ventura y otros cargos de Innova también están imputados en esta pieza.

Tras la llegada de Carles Pellicer a la alcaldía de Reus, en 2011, y ante la insostenible situación financiera de Shirota, el Ayuntamiento de Reus optó por dejarla caer. El proceso de liquidación tampoco se salvó de las irregularidades y por ello el juez extendió las imputaciones a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU); al exrector de la URV, Lluís Arola; al expresidente de La Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach; y al exsecretario de Shirota, Xavier Gómez. El juez les imputa los delitos de falsedad documental, insolvencia punible y prevaricación.La mayor parte de esta pieza sigue bajo secreto de sumario.

En paralelo, el juzgado mercantil 1 de Tarragona pidió que 15 implicados, incluída Gomis, devuelvan a la sociedad un total de 2,4 millones de euros debido a supuesta su mala gestión. También pidió su inhabilitación.

En el centro, con camisa blanca, Jorge Batesteza.

Pieza separada 2. Batesteza en Reus.

El arquitecto Jorge Batesteza fue gerente de Infraestructuras del CatSalut hasta mayo de 2007. Poco después fue contratado por Innova para supervisar las obras de construcción del nuevo hospital Sant Joan.

La investigación considera que con ello Innova pretendía aprovecharse de la información y relaciones privilegiadas que Batesteza tenía con el Departamento de Salut. Además, la contratación de BBATS (la empresa del arquitecto) está plagada de irregularidades: se hizo a dedo y muchos trabajos no están justificados, entre otros asuntos.

Batesteza, que llegó a ser detenido y recibió de Innova 387.000 euros, está imputado en esta pieza por los delitos de blanqueo de capitales, delito societario, malversación de dinero público, prevaricación, delito contra la administración pública y estafa. Josep Prat, Ester Ventura, Lluís Miquel Pérez y otros responsables de Innova también han sido imputados en esta pieza.

El caso se complicó aún más al contratar Innova para supervisar las obras a la empresa Euroconsult, que a su vez contrató a Batesteza. El juez del caso ha definido esta situación de “esquizofrenia contractual” ya que de esta forma Batesteza fue “contratado para supervisarse a sí mismo”.

Por esta pieza han sido imputados directivos de Euroconsult y el juez ha impuesto una fianza civil de 1,5 millones de euros a Prat, Batesteza y Ventura. El secreto de sumario sobre buena parte de esta pieza ya ha sido levantado.

Estas investigaciones han generado tensiones entre el juzgado y el CatSalut. El juez Álvarez de Juan ha tenido que exigir en más de una ocasión al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, información que no le ha sido facilitada.

Entrada al hospital Sant Joan de Reus.

Piezas separadas 3 y 4. Hospital de Reus y Sagessa.

Estas dos piezas, aún bajo secreto de sumario, han dado lugar a confusión porque sólo se conocen los registros y detenciones ordenados, pero no los detalles que permitan conocer el contenido de las investigaciones y hasta dónde llega una y empieza la otra.

El primer hecho conocido fue el registro de la clínica MQ Reus, propiedad de Sagessa (la filial sanitaria de Innova) por presunto fraude fiscal. Lo siguiente fue la detención, el pasado 28 de mayo, de Teresa Gomis, seis altos cargos de Sagessa y dos empresarios. Los detenidos están acusados de los delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. Dos semanas después del operativo, el 13 de mayo, el juez imputó por los mismos delitos al concejal de Promoción Económica de Reus, Marc Arza.

El juez investiga las "presiones" que Teresa Gomis y Marc Arza supuestamente realizaron sobre médicos del hospital Sant Joan para que compraran prótesis ortopédicas de la empresa Traiber, propiedad del empresario Luis Márquez. Estas prótesis eran de "baja calidad" e incluso se vendieron "caducadas". Las investigaciones también buscan aclarar el destino de 2,4 millones de euros que desaparecen al cruzar los datos fiscales del hospital y de Traiber del año 2007. Según el centro, ese año gastó 2,9 millones en compras a la empresa, mientras esta solo admite 518.000 euros facturados. La implicación de la compañía ha extendido el caso Innova a un nuevo municipio de la zona: Les Borges del Camp. El concejal de Salud de la localidad, Eduard Correcher (CiU), era el director financiero de Traiber cuando las presiones de Gomis para favorecerla tuvieron lugar.

Las investigaciones han destapado la magnitud de la alerta sanitaria lanzada el pasado noviembre por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre los productos de Traiber. La empresa comercializó al menos durante 2004 cientos de productos sin licencia, con los certificados falsificados e incluso piezas que eran muestras y no estaban destinadas a ser aplicadas en personas. La alerta ha obligado a poner bajo vigilancia a casi 6.000 personas en toda España.

Esta pieza también deberá aclarar el coste de las obras de construcción del hospital (las cifras ofrecidas hasta la fecha oscilan de 130 a 180 millones de euros) y el cúmulo de adjudicaciones a dedo, contratos irregulares, facturas falsas y sobresueldos que han descubierto los investigadores. Los contratos bajo sospecha ascienden a decenas de millones de euros. El hospital Sant Joan de Reus está sobredimensionado y desde su inauguración buena parte de sus instalaciones permanecen cerradas. Los investigadores sospechan que Prat hinchó contratos y adjudicaciones de esta y otras piezas.

El juez ha extendido las investigaciones sobre esta pieza desde Reus a otros municipios de la provincia de Tarragona como Amposta. El alcalde de esta localidad, Manel Ferré (CiU) también preside el hospital de la localidad en el que han sido encontrados contratos fraudulentos por 4,1 millones de euros, otras fundaciones investigadas como Fussmont y el Consorcio Social y de Salud de Cataluña. Este ente público, del que es director general el también imputado José Augusto García Navarro, gestiona una veintena de centros sanitarios en toda Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía irregularidades halladas en Amposta.

Josep Prat, entre dos agentes.

Pieza separada 5. Las incompatibilidades Prat.

Esta pieza, aún bajo secreto de sumario, investiga el cúmulo de cargos que Josep Prat atesoraba antes de que estallara el caso Innova. Prat era director general del holding de empresas municipales de Reus y vicepresidente del grupo sanitario privado USP. Además, tras la llegada a la presidencia de la Generalitat de CiU, a finales de 2010, el presidente de Artur Mas le incorporó a su consejo asesor en materia sanitaria y Boi Ruiz le nombró Presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El consejero ha calificado el trabajo de Prat al frente del ICS de "extraordinario".

La primera denuncia del ‘caso Innova’ fue precisamente por este motivo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La hizo la CUP de Reus a principios de 2012. Posteriormente, el caso fue incorporado al sumario que lleva el Juzgado de Instrucción 3 de Reus.

Pieza separada 6. Coacciones a Carles Pellicer y Teresa Gomis.

La detención y registro de Josep Prat y Carles Manté, en febrero de 2013, puso en manos de los investigadores gran cantidad de documentación sobre Innova y otros hechos de la sanidad pública catalana.

En el domicilio del segundo, la Guardia Civil halló una carpeta con papeles manuscritos en los que el exdirector del CatSalut trazaba una estrategia para conseguir que el Ayuntamiento de Reus le protegiera. En el documento figuran expresiones como “carnaza contra el alcalde”, “Alcalde hacer bajar el soufflé.Abrir expediente informativo” y “Preparado documento contra Teresa y Alcalde”.

Según un atestado de la Guardia Civil, el documento “parece [tener] una presunta capacidad de intimidación, con objeto de conseguir el silencio [de Pellicer y Gomis]". "Tales comportamientos supuestamente delictivos pudieran haber producido ya alteraciones en pruebas como destrucciones de evidencias documentales, modificación de declaraciones testificales”, sigue el atestado.

Con el paso del tiempo, sin embargo, esta pieza parece haber quedado con poco recorrido.

Bernardo Coslado.

Pieza separada 7. Ambulancias.

El registro en casa de Josep Prat también puso en manos de los investigadores varios documentos sobre el gran concurso de ambulancias que entonces estaba en preparación. En ellos se ven los contactos que Prat mantenía con varios empresarios del sector.

Entre ellos destaca el mantenido con el dueño de la empresa Ambulancias Baix Ebre, Bernardo Coslado, que pagaba 5.000 euros mensuales a Prat por supuestos trabajos de asesoría. Prat medió entre Coslado y Boi Ruiz y llegó a concertar una entrevista entre ellos.

Prat recibía el dinero a través de una sociedad, Wanplais, en la que también figuraban como administradores sus cuatro hijos. Prat está imputado en esta pieza por cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos públicos además de blanqueo de capitales, mientras sus hijos lo están por blanqueo y falsedad documental.

Coslado, por su parte, fue detenido y está acusado de cohecho, tráfico de influencias y delito societario. La investigación ha comprobado que Ambulancias Baix Ebre acaparaba contratos en las Tierras del Ebro en hospitales y municipios como el de Amposta, con adjudicaciones a dedo, facturas hinchadas y cobros injustificados por varios cientos de miles de euros.

Esta pieza también ha salpicado a altos cargos de la Generalitat, como Josep Maria Padrosa y el consejero Boi Ruiz, por su papel en la preparación del concurso de ambulancias, recientemente adjudicado con la mayor dotación económica de la historia: más de 2.000 millones de euros. La Guardia Civil considera que Boi Ruiz llegó a jugar el papel de “mediador” con empresas del sector. Un atestado destaca que “la intervención de servidores públicos” en estas maniobras “pondrían en entredicho los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración. Buena parte de esta pieza ya ha sido hecha pública.

Artur Mas (i) y Josep Poblet.

Pieza separada 8. La imputación de Josep Poblet. Batesteza fue contratado por el Ayuntamiento de Vila-seca para supervisar, de forma parecida a la que describe la pieza separada 2 en Reus, la construcción de un centro sanitario en la localidad financiado por el CatSalut.

El procedimiento también estuvo plagado de irregularidades y la investigación considera que el arquitecto cobró por trabajos que en realidad ya estaban hechos. El objetivo último era, según el sumario, aprovecharse de los contactos de Batesteza en el CatSalut para agilizar los trámites del equipamiento. En paralelo, durante la liquidación de las obras Batesteza cobró 177.000 euros de la constructora Comsa, responsable de las obras.El juez Álvarez de Juan imputó a Batesteza por cinco delitos, entre ellos malversación y blanqueo de capitales.

También el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), y otros seis concejales de la federación están imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias.

El juez impuso a Poblet una fianza de 280.000 euros. La estrategia de la defensa fue desde el primer momento tratar de desgajar esta pieza separada para alejar a Poblet del conjunto de caso Innova. Tras un recurso ante la Audiencia de Tarragona, esta admitió que el juzgado de Reus no era competente para investigar a Poblet por cuestiones territoriales. El caso sigue su curso en un juzgado de Tarragona, con Poblet y el resto de concejales imputados por los mismos delitos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha mostrado en todo momento su apoyo a Josep Poblet.

Otras investigaciones. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus tiene abierta al menos otra pieza separada por el caso Innova cuyo contenido aún no ha sido hecho público al permanecer bajo secreto de sumario.

https://elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430330970_794558.html

 

[SultanaXS]

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que constructoras nacionales se "catalanizaban" pagando a CDC

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que grandes constructoras nacionales iniciaron un proceso de "catalanidad" que consistía en pagar "sobornos" a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de obra pública. El Ministerio Público ha elaborado un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que rechaza el archivo de la causa para algunos de los grandes empresarios que realizaban donaciones a la formación que presidía Artur Mas a través de su conglomerado de fundaciones instrumentales.

Con respecto a esta operativa, la de realizar entregas de fondos a entidades como Catdem, Anticorrupción la considera abiertamente como pago de "sobornos para conseguir adjudicaciones". Con ello, descarta que los grandes constructores realizaran pagos a este tipo de organismos simplemente por una cuestión de afinidad política, tal y como han sostenido muchos de ellos a lo largo de la investigación.


A la hora de abordar estas prácticas y en contestación a un recurso de apelación de la constructora Oproler, con sede central en Madrid, Anticorrupción explica que los contratos públicos de la Generalitat "le eran vetados" hasta que llevó a cabo el referido proceso de "catalanidad".

En el caso de esta compañía, el primer paso para "catalanizarse" pasó, explica el fiscal Anticorrupción José Grinda, por la contratación como delegado en Cataluña de Josep Maria Bassols, marido de Núria Bassols, una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que Mas fichó como comisionada de Transparencia. La contratación de Bassols tuvo como objetivo, prosigue la Fiscalía, "conseguir los favores de Germà Gordó", entonces mano derecha de Artur Mas en la Generalitat y la persona a la que todos los empresarios implicados en el caso 3% señalan como la figura clave a la hora de negociar las entregas de dinero a cambio de licitaciones públicas.

Arguye que sin sobornos las empresas de fuera de Cataluña tenían "vetada" la obra pública

El primero que aludió a este proceso de "catalanidad" de las empresas fue precisamente el presidente de la constructora, Sergio Lerma, que explicó a los investigadores que se había quedado fuera en más de dos decenas de licitaciones de la Generalitat pese a haber presentado ofertas muy sólidas que superaban en muchos casos a las del resto de contrincantes.

Fue entonces cuando el propio Lerma pidió explicaciones a uno de los responsables de la entidad pública Infraestructures.cat, encargada de sacar a concurso las principales obras catalanas. La respuesta que recibió fue, siempre según su testimonio: "Usted es un empresario de Madrid y debería catalanizar su empresa". Le añadió que existía una especie de círculo restringido de empresas y que para pasar a formar parte del mismo debía "integrarse" pagando al partido nacionalista.

Siguiendo estas instrucciones, Oproler pasó a realizar donaciones a las fundaciones Catdem y Fórum Barcelona, materializándose entonces la ansiada integración y la obtención de concursos públicos.

Estas "conductas", a juicio de Anticorrupción, "entran de lleno en la generación de adjudicaciones delictivas por distintos organismos públicos y administraciones públicas dependientes de CDC".

A lo que añade que "la conducta delictiva" concreta "de los Sres. Bassols y Lerma fue encaminada directamente a obtener favores y trato privilegiado en concursos a través de ganarse la voluntad del también investigado Andreu Viloca (ex tesorero de CDC)".

El aludido proceso de "catalanidad" lo consumó Oproler mediante "la consecución de concursos con otro de los investigados, Jordi Soler -propietario de la constructora Grupo Soler, radicada en Barcelona-, quien tiene otras conductas delictivas imputadas".

 

[MMarina]

El ‘caso Innova’ explicado pieza a pieza
Los tres años de investigaciones han llevado a la apertura de una decena de procesos

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Reus

Barcelona 29 ABR 2015
A lo largo de tres años de investigaciones, las investigaciones sobre el grupo municipal de empresas de Reus, Innova, han ido implicando a un número creciente de instituciones y personas. Tras la operación de la Guardia Civil del pasado 28 de mayo, y a pesar de que gran parte del sumario sigue bajo secreto, la cifra de imputados ya supera ampliamente los 50. La caótica gestión de Innovaha obligado al juez instructor, Diego Álvarez de Juan, a dividir el sumario en una decena de piezas separadas para facilitar el avance de las pesquisas. La complejidad del caso, sin embargo, hace que varias de ellas estén estrechamente relacionadas, con implicados y hechos investigados que a menudo se solapan. La que sigue es una guía básica para no perderse en el caso.

Carles Manté

Pieza principal. Josep Prat, exdirector de Innova, pagó entre 2007 y 2011 más de 720.000 euros a Carles Manté por trabajos de “consultoría estratégica” que supuestamente nunca se hicieron. Manté fue contratado por Innova poco después de abandonar la dirección del CatSalut, en diciembre de 2007, y creó la empresa CCM Estratègies i Salut para recibir los cobros. Los investigadores creen que estos pagos no se corresponden a trabajos realmente hechos.

Tras la publicación del caso por EL PAÍS, la CUP de Reus llevó los pagos a la Fiscalía y el partido Ara Reus al juez de guardia, por lo que las investigaciones recayeron en el Juzgado de Intrucción 3 de la ciudad. Dos días después, el alcalde, Carles Pellicer (CiU), decidió también llevar el caso a la Fiscalía.

Las investigaciones han revelado que la adjudicación está plagada de irregularidades: fue hecha a dedo y los primeros contratos ni siquiera fueron renovados pese a que Manté seguía percibiendo 13.000 euros mensuales. Además, los dos acusados falsearon documentos tras el arranque de las investigaciones para tratar de justificar los cobros.

Por todo ello, Prat y Manté están imputados por los delitos de malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública. En esta pieza también están imputados el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova y esposa del presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU).

Las investigaciones en esta pieza también se han extendido a las cuentas de la empresa de Manté, CCM Estratègies i Salut. Un informe de la Agencia Tributariaha acreditado que el exdirector del CatSalut falseó las cuentas de la sociedad para hacer pagos irregulares a cuatro familiares, rehabilitar una masía en el Empordà y financiar gastos personales. CCM, por ejemplo, camufló los gastos en una empresa de yates como un “estudio de mercado” y obras en la masía como un “Estudio de modelos tipo de construcción de centros de asistencia primaria y tutelado”.

La contratación de Manté por Innova tiene un vínculo político: según declaró Prat ante el juez, fue la exconsejera de Salud, Marina Geli (PSC), la que le indicó que contratara los servicios de Manté en Innova.

Presumiblemente en el seno de esta pieza (buena parte de ella sigue bajo secreto) el juez también investiga si la Generalitat ha pagado con fondos públicosla defensa de Prat. Esta sospecha arrancó tras conocerse varios correos electrónicos en los que su abogado reclamaba al consejero Boi Ruiz el pago de servicios privados a Prat.

Pieza separada 1: Shirota.

Esta sociedad era una empresa dedicada a la investigación nutricional fundada en 2007 y presidida por Carles Manté. El capital era mixto público y privado: la empresa La Morella Nuts tenía el 48% del capital, Innova el 40%, la sociedad también mixta Tecnoparc Reus el 8%, la Universidad Rovira i Virgili (URV) el 2% y el hospital municipal Sant Joan de Reus (también de Innova) otro 2%.

Pese a estar en minoría en el capital, el Ayuntamiento de Reus asumió todos los riesgos de la compañía mediante un aval de tres millones de euros, que el municipio acabó perdiendo.

El juez del caso ha imputado a Lluís Miquel Pérez y a los otros 13 concejales que votaron a favor del aval (de PSC, ERC e ICV) por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y un delito societario. Carles Manté, Ester Ventura y otros cargos de Innova también están imputados en esta pieza.

Tras la llegada de Carles Pellicer a la alcaldía de Reus, en 2011, y ante la insostenible situación financiera de Shirota, el Ayuntamiento de Reus optó por dejarla caer. El proceso de liquidación tampoco se salvó de las irregularidades y por ello el juez extendió las imputaciones a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU); al exrector de la URV, Lluís Arola; al expresidente de La Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach; y al exsecretario de Shirota, Xavier Gómez. El juez les imputa los delitos de falsedad documental, insolvencia punible y prevaricación.La mayor parte de esta pieza sigue bajo secreto de sumario.

En paralelo, el juzgado mercantil 1 de Tarragona pidió que 15 implicados, incluída Gomis, devuelvan a la sociedad un total de 2,4 millones de euros debido a supuesta su mala gestión. También pidió su inhabilitación.

En el centro, con camisa blanca, Jorge Batesteza.

Pieza separada 2. Batesteza en Reus.

El arquitecto Jorge Batesteza fue gerente de Infraestructuras del CatSalut hasta mayo de 2007. Poco después fue contratado por Innova para supervisar las obras de construcción del nuevo hospital Sant Joan.

La investigación considera que con ello Innova pretendía aprovecharse de la información y relaciones privilegiadas que Batesteza tenía con el Departamento de Salut. Además, la contratación de BBATS (la empresa del arquitecto) está plagada de irregularidades: se hizo a dedo y muchos trabajos no están justificados, entre otros asuntos.

Batesteza, que llegó a ser detenido y recibió de Innova 387.000 euros, está imputado en esta pieza por los delitos de blanqueo de capitales, delito societario, malversación de dinero público, prevaricación, delito contra la administración pública y estafa. Josep Prat, Ester Ventura, Lluís Miquel Pérez y otros responsables de Innova también han sido imputados en esta pieza.

El caso se complicó aún más al contratar Innova para supervisar las obras a la empresa Euroconsult, que a su vez contrató a Batesteza. El juez del caso ha definido esta situación de “esquizofrenia contractual” ya que de esta forma Batesteza fue “contratado para supervisarse a sí mismo”.

Por esta pieza han sido imputados directivos de Euroconsult y el juez ha impuesto una fianza civil de 1,5 millones de euros a Prat, Batesteza y Ventura. El secreto de sumario sobre buena parte de esta pieza ya ha sido levantado.

Estas investigaciones han generado tensiones entre el juzgado y el CatSalut. El juez Álvarez de Juan ha tenido que exigir en más de una ocasión al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, información que no le ha sido facilitada.

Entrada al hospital Sant Joan de Reus.

Piezas separadas 3 y 4. Hospital de Reus y Sagessa.

Estas dos piezas, aún bajo secreto de sumario, han dado lugar a confusión porque sólo se conocen los registros y detenciones ordenados, pero no los detalles que permitan conocer el contenido de las investigaciones y hasta dónde llega una y empieza la otra.

El primer hecho conocido fue el registro de la clínica MQ Reus, propiedad de Sagessa (la filial sanitaria de Innova) por presunto fraude fiscal. Lo siguiente fue la detención, el pasado 28 de mayo, de Teresa Gomis, seis altos cargos de Sagessa y dos empresarios. Los detenidos están acusados de los delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. Dos semanas después del operativo, el 13 de mayo, el juez imputó por los mismos delitos al concejal de Promoción Económica de Reus, Marc Arza.

El juez investiga las "presiones" que Teresa Gomis y Marc Arza supuestamente realizaron sobre médicos del hospital Sant Joan para que compraran prótesis ortopédicas de la empresa Traiber, propiedad del empresario Luis Márquez. Estas prótesis eran de "baja calidad" e incluso se vendieron "caducadas". Las investigaciones también buscan aclarar el destino de 2,4 millones de euros que desaparecen al cruzar los datos fiscales del hospital y de Traiber del año 2007. Según el centro, ese año gastó 2,9 millones en compras a la empresa, mientras esta solo admite 518.000 euros facturados. La implicación de la compañía ha extendido el caso Innova a un nuevo municipio de la zona: Les Borges del Camp. El concejal de Salud de la localidad, Eduard Correcher (CiU), era el director financiero de Traiber cuando las presiones de Gomis para favorecerla tuvieron lugar.

Las investigaciones han destapado la magnitud de la alerta sanitaria lanzada el pasado noviembre por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre los productos de Traiber. La empresa comercializó al menos durante 2004 cientos de productos sin licencia, con los certificados falsificados e incluso piezas que eran muestras y no estaban destinadas a ser aplicadas en personas. La alerta ha obligado a poner bajo vigilancia a casi 6.000 personas en toda España.

Esta pieza también deberá aclarar el coste de las obras de construcción del hospital (las cifras ofrecidas hasta la fecha oscilan de 130 a 180 millones de euros) y el cúmulo de adjudicaciones a dedo, contratos irregulares, facturas falsas y sobresueldos que han descubierto los investigadores. Los contratos bajo sospecha ascienden a decenas de millones de euros. El hospital Sant Joan de Reus está sobredimensionado y desde su inauguración buena parte de sus instalaciones permanecen cerradas. Los investigadores sospechan que Prat hinchó contratos y adjudicaciones de esta y otras piezas.

El juez ha extendido las investigaciones sobre esta pieza desde Reus a otros municipios de la provincia de Tarragona como Amposta. El alcalde de esta localidad, Manel Ferré (CiU) también preside el hospital de la localidad en el que han sido encontrados contratos fraudulentos por 4,1 millones de euros, otras fundaciones investigadas como Fussmont y el Consorcio Social y de Salud de Cataluña. Este ente público, del que es director general el también imputado José Augusto García Navarro, gestiona una veintena de centros sanitarios en toda Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía irregularidades halladas en Amposta.

Josep Prat, entre dos agentes.

Pieza separada 5. Las incompatibilidades Prat.

Esta pieza, aún bajo secreto de sumario, investiga el cúmulo de cargos que Josep Prat atesoraba antes de que estallara el caso Innova. Prat era director general del holding de empresas municipales de Reus y vicepresidente del grupo sanitario privado USP. Además, tras la llegada a la presidencia de la Generalitat de CiU, a finales de 2010, el presidente de Artur Mas le incorporó a su consejo asesor en materia sanitaria y Boi Ruiz le nombró Presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El consejero ha calificado el trabajo de Prat al frente del ICS de "extraordinario".

La primera denuncia del ‘caso Innova’ fue precisamente por este motivo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La hizo la CUP de Reus a principios de 2012. Posteriormente, el caso fue incorporado al sumario que lleva el Juzgado de Instrucción 3 de Reus.

Pieza separada 6. Coacciones a Carles Pellicer y Teresa Gomis.

La detención y registro de Josep Prat y Carles Manté, en febrero de 2013, puso en manos de los investigadores gran cantidad de documentación sobre Innova y otros hechos de la sanidad pública catalana.

En el domicilio del segundo, la Guardia Civil halló una carpeta con papeles manuscritos en los que el exdirector del CatSalut trazaba una estrategia para conseguir que el Ayuntamiento de Reus le protegiera. En el documento figuran expresiones como “carnaza contra el alcalde”, “Alcalde hacer bajar el soufflé.Abrir expediente informativo” y “Preparado documento contra Teresa y Alcalde”.

Según un atestado de la Guardia Civil, el documento “parece [tener] una presunta capacidad de intimidación, con objeto de conseguir el silencio [de Pellicer y Gomis]". "Tales comportamientos supuestamente delictivos pudieran haber producido ya alteraciones en pruebas como destrucciones de evidencias documentales, modificación de declaraciones testificales”, sigue el atestado.

Con el paso del tiempo, sin embargo, esta pieza parece haber quedado con poco recorrido.

Bernardo Coslado.

Pieza separada 7. Ambulancias.

El registro en casa de Josep Prat también puso en manos de los investigadores varios documentos sobre el gran concurso de ambulancias que entonces estaba en preparación. En ellos se ven los contactos que Prat mantenía con varios empresarios del sector.

Entre ellos destaca el mantenido con el dueño de la empresa Ambulancias Baix Ebre, Bernardo Coslado, que pagaba 5.000 euros mensuales a Prat por supuestos trabajos de asesoría. Prat medió entre Coslado y Boi Ruiz y llegó a concertar una entrevista entre ellos.

Prat recibía el dinero a través de una sociedad, Wanplais, en la que también figuraban como administradores sus cuatro hijos. Prat está imputado en esta pieza por cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos públicos además de blanqueo de capitales, mientras sus hijos lo están por blanqueo y falsedad documental.

Coslado, por su parte, fue detenido y está acusado de cohecho, tráfico de influencias y delito societario. La investigación ha comprobado que Ambulancias Baix Ebre acaparaba contratos en las Tierras del Ebro en hospitales y municipios como el de Amposta, con adjudicaciones a dedo, facturas hinchadas y cobros injustificados por varios cientos de miles de euros.

Esta pieza también ha salpicado a altos cargos de la Generalitat, como Josep Maria Padrosa y el consejero Boi Ruiz, por su papel en la preparación del concurso de ambulancias, recientemente adjudicado con la mayor dotación económica de la historia: más de 2.000 millones de euros. La Guardia Civil considera que Boi Ruiz llegó a jugar el papel de “mediador” con empresas del sector. Un atestado destaca que “la intervención de servidores públicos” en estas maniobras “pondrían en entredicho los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración. Buena parte de esta pieza ya ha sido hecha pública.

Artur Mas (i) y Josep Poblet.

Pieza separada 8. La imputación de Josep Poblet. Batesteza fue contratado por el Ayuntamiento de Vila-seca para supervisar, de forma parecida a la que describe la pieza separada 2 en Reus, la construcción de un centro sanitario en la localidad financiado por el CatSalut.

El procedimiento también estuvo plagado de irregularidades y la investigación considera que el arquitecto cobró por trabajos que en realidad ya estaban hechos. El objetivo último era, según el sumario, aprovecharse de los contactos de Batesteza en el CatSalut para agilizar los trámites del equipamiento. En paralelo, durante la liquidación de las obras Batesteza cobró 177.000 euros de la constructora Comsa, responsable de las obras.El juez Álvarez de Juan imputó a Batesteza por cinco delitos, entre ellos malversación y blanqueo de capitales.

También el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), y otros seis concejales de la federación están imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias.

El juez impuso a Poblet una fianza de 280.000 euros. La estrategia de la defensa fue desde el primer momento tratar de desgajar esta pieza separada para alejar a Poblet del conjunto de caso Innova. Tras un recurso ante la Audiencia de Tarragona, esta admitió que el juzgado de Reus no era competente para investigar a Poblet por cuestiones territoriales. El caso sigue su curso en un juzgado de Tarragona, con Poblet y el resto de concejales imputados por los mismos delitos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha mostrado en todo momento su apoyo a Josep Poblet.

Otras investigaciones. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus tiene abierta al menos otra pieza separada por el caso Innova cuyo contenido aún no ha sido hecho público al permanecer bajo secreto de sumario.

https://elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430330970_794558.html

Tremenda gentuza. Robo a manos llenas. La verdadera clase extractiva.

 

[SultanaXS]

Marchando una de malversación;

La Guardia Civil ha descubierto la existencia de cinco facturas con las que el Gobierno de Carles Puigdemont desvió casi un millón de euros para gastos del 1-O, según consta en el último informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa del procés.

Las pruebas que aporta este atestado apuntala el planteamiento de Pablo Llarena sobre el delito de malversación de caudales públicos habrían cometido diversos miembros del anterior Ejecutivo catalán. En total, el instructor eleva a 1,91 millones de euros el dinero presuntamente malversado con motivo de la organización del referéndum ilegal.



Las cinco facturas sin IVA que hallaron los agentes importan 979.661,96 euros y se desglosan en cinco consejerías. A saber: Cultura (196.696,98 euros), Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98); Salud (192.711,20); Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04) y Presidencia (198.871,76).

Los investigadores policiales han constado que estas facturas no constan en el registro contable de facturas de la Generalitad y que tampoco figuran que hayan sido abonadas, si bien existieron al menos dos intentos de cobro por 238.965,37 euros.

 

[MissCaroline]

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