La corrupción en Cataluña

De la Rosa financió el diario "El Observador" con 1.000 millones de Grand Tibidabo

Javier de la Rosa utilizó fondos de la sociedad Grand Tibidabo para financiar empresas relacionadas con el diario barcelonés El Observador, fallido proyecto de periódico nacionalista en castellano próximo a Convergéncia Democrática y promovido por Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat. Una parte de esta red de financiación giró en torno a dos sociedades denominadas Coterma y Kujal, relacionadas con Armand Carabén, presidente de la sociedad Predeusa, editora de El Observador, y Lluís Prenafeta, respectivamente.

La sociedad Coterma, cuyo administrador único era Armand Carabén, presidente de El Observador entre 1990 y 1993, recibió de Grand Tibidabo un préstamo de 319 millones. Coterma es una empresa inactiva cuyo objeto social es "la producción, impresión, distribución y venta de publicaciones periódicas y unitarias".Al recibir el préstamo e Grand Tibidabo, Coterma entregó un pagaré reconociendo su deuda por el mismo importe ' que nunca llegó a abonarse. Esa deuda fue asumida posteriormente por el propio Javier de la Rosa, a través de su sociedad, Quail según consta en un documento firmado entre el financiero y el actual presidente de Grand Tibidabo, Joan Cruells, y que fue intervenido por la policía durante el registro de las oficinas de Quail. Fuentes próximas a Armand Carabén reconocieron la existencia de esta financiación, aunque la limitaron "a una semana o diez días", lo que contradice el contenido del documento firmado entre De la Rosa y Cruells.

Las ayudas de De la Rosa a a El Observador no se quedaron aquí. La misma Coterma es titular de 274 millones de pesetas de obligaciones -títulos de deuda- de Grand Tibidabo adquiridos el 1 de julio de 1992, sin que conste que el dinero de la adquisición fuese desembolsado por esa sociedad inactiva. En esa misma fecha otra sociedad llamada Kujal también aparece como titular de obligaciones de Grand Tibidabo, en este caso por la cifra aún mayor de 467 millones de pesetas. Las fuentes consultadas relacionan con esa sociedad a Lluís Prenafeta, que había abandonado su cargo en la Generalitat en marzo de 1990. Prenafeta negó a este diario cualquier relación con Kujal, "ni mercantil ni de amistad".

Pocas fechas después de que esas obligaciones aparecieran a nombre de KuJal, Lluís Prenafeta y Joan Piqué Vidal, actual defensor de De la Rosa, buscaron financiación para El Observador, según fuentes de varias entidades financieras. Como garantía de esos créditos, Prenafeta y Piqué ofrecieron las mencionadas obligaciones de Grand Tibibado, que en algunos casos fueron aceptadas, según las mismas fuentes.

El auto de prisión dictado contra el financiero,que recoge el documento firmado entre Cruells y De la Rosa, incluye que en 1992 De la Rosa utilizó 2.070 millones ele Grand Tibidabo para adquirir él mismo, a través de Quail, obligaciones de Grand Tibidabo. Fuentes consultadas por este diario han asegurado que el mecanismo empleado por el financiero para ceder las obligaciones fue precisamente el de que Quail las adquiría con los créditos de Grand Tibidabo para cederlas posteriormente.

El primer número de LY Observador salió a la calle el 23 de octubre de 1990 y dejó de editarse el 29 de octubre de 1993. El consejo de administración de Predeusa estuvo presidido por Jordi Planasdemunt, ex consejero de la Generalitat y ex presidente del Instituto Catalán de Finanzas, actualmente condenado a siete años de prisión por estafa en un fraude de pagarés. Planasdemunt fue sustituido por Armand Carabén.

[Por otra parte, Efe informa de que el juez que instruye la causa contra De la Rosa ha detectado la existencia de un presunto delito de falsedad en documento público relacionado con la venta de la clínica New Teknon a Grand Tibidabo, según pone de manifiesto el auto de prisión del socio del financiero, Narciso de Mir.

Mientras tanto, la compañía norteamericana National Medical Enterprises (NME), propietaria de todo el capital de New Teknon desde el pasado junio considera que en la construcción del centro médico "no se han producido irregularidades urbanísticas". Por ello, según informa Europa Press, NME va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba la licencia de obras.]

https://elpais.com/diario/1994/11/09/economia/784335630_850215.html

 
El 'caso Pallerols', en 12 claves

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¿Qué es el 'caso Pallerols'?

Se trata de una trama de financiación irregular de Unió, que se remonta a los años noventa, a la que se desviaron fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols, condenado en la causa.


¿Quiénes estaban acusados?

Además de UDC --a título lucrativo y como responsable civil subsidiario--, Fidel Pallerols, el entonces director general de Empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà; su hermano y exsecretario de organización de UDC, Vicenç Gavaldà, y el entonces militante del partido Santiago Vallvé. Los cuatro han evitado ir a la cárcel.


¿Qué acuerdo se ha alcanzado?

El fiscal y las partes han pactado que los acusados devuelvan de forma conjunta 388.483 euros defraudados más los intereses legales. El martes ya fueron abonados 300.000 euros.


¿Y el resto del dinero?

Los otros 88.000 euros tendrán que ser aportados en los próximos días por UDC y los cuatro condenados, que también deberán pagar multas que suman en total cerca de 260.000 euros.


¿Fue ese todo el dinero defraudado?

No. De hecho, esa cantidad es una rebaja de la suma defraudada y que podría alcanzar los 600.000 euros. Los 388.000 euros es la cantidad que se considera totalmente acreditada.

¿Cuánto tiempo se investigó el caso?

13 años.

¿Cuánto se tardó en cerrar el acuerdo?

En diez minutos

¿Qué supone el acuerdo para Unió?

Mucho, y por varios motivos. El pago de la responsabilidad civil supone que sea el primer partido en la historia judicial española que devuelve dinero defraudado a la administración pública. Y, sobre todo, supone reconocer que se embolsó parte de las subvenciones europeas que fueron desviadas a través de la trama. Así constará en la sentencia de conformidad que dicte la sección segunda de la Audiencia de Barcelona.

¿Y para el resto de acusados?

Supone validar que entre 1994 y 1999 concedieron a Fidel Pallerols varios millones de euros en subvenciones del Departamento de Trabajo, controlado entonces por UDC, con el compromiso de entregar luego parte de esas sumas para la financiación del partido democristiano.

¿Cómo han quedado las condenas?

Lluís Gavaldà, para quien el fiscal hasta ahora había pedido la pena mayor de todos los acusados --cinco años de cárcel-- ahora se queda con un año y medio de prisión por un delito continuado de malversación y falsedad documental. No cumplirá la pena por carecer de antecedentes.

Para Fidel Pallerols y Vicenç Gavaldà, por sendos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, ha pedido siete meses de cárcel, y a Santiago Vallvé una pena de tres años de prisión, que se sustituyen por una multa;. Tampoco entrarán en prisión.

Pallerols, Vallvé y Vicenç Gavaldà deberán afrontar una multa que conjuntamente asciende a unos 260.000 euros, y sí entrarían en la cárcel si no la pagan.

¿Por qué la Fiscalía rebajó la petición de condenas?

Por tres motivos: por las atenuantes de reparación del daño, por haber devuelto el dinero defraudado, y por las dilaciones indebidas en el proceso (que se abrió en 1999 pero ha tardado trece años en llegar a juicio dado que la causa fue archivada, recurrida y estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la imputación de un aforado).

¿Habrá responsabilidades en Uniò?

Debería, al menos a tenor de las declaraciones que realizó su líder hace varios años. Según recoge el diario El País, Josep Antoni Duran i Lleida aseguró que si se demostrara la culpabilidad de su formación, dimitiría. En 2002 rebajó el tono y, en una entrevista en la cadena Ser, señaló: "Si hubiera financión irregular en Unió, yo debería pedir perdón".

https://www.huffingtonpost.es/2013/01/09/el-caso-pallerols-en-diez_n_2437749.html

 
Jaume Roma dimite como consejero de Obras Públicas de la Generalitat

Barcelona 14 JUN 1995
El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Jaume Roma, presentó a última hora de anteayer su dimisión al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. La dimisión, sugerida por el propio presidente, fue aceptada inmediatamente. Roma explicó ayer en la reunión del Gobierno catalán que era inocente de los cargos de corrupción de los que había sido acusado y precisó que que había decidido dimitir para "evitar la erosión del Gobierno".

El consejero explicó su versión ante las acusaciones de favoritismo formuladas por cinco constructores en una querella contra él y la empresa Trad. Esta sociedad construyó el chalet de Roma y se benefició de numerosas adjudicaciones directas de obras del Departamento de Sanidad.La empresa Trad quebró con una deuda que los querellantes estiman en más de 500 millones de pesetas, cuando había logrado adjudicaciones de obras, financiadas directa o indirectamente por el Servicio Catalán de la Salud (SCS), por valor de más de 1.600 millones de pesetas. El empresario de Trad, Antoni Sánchez Albero, ocupó un cargo en la residencia de Vall d'Hebron y mantenía una relación personal con Jaume Roma, para el que construyó un chalet en Canovelles.

La querella indica que el coste total de las obras de la casa ascendieron a 89.033.316 pesetas, pero Roma sólo pagó 14.937.400pesetas. El consejero, por su parte, ha asegurado que el coste real es de 39 millones de pesetas y que los ha pagado íntegramente con sus ahorros. El consejero presentará valoraciones de auditores externos que sitúan: el valor de las obras entre los 35 y 40 millones de pesetas.

Después de la reunión del gabinete, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas tenía previsto dar a conocer una versión oficial de los hechos. Aunque fuentes del Gobierno mantienen una escrupulosa cautela sobre la crisis, en medios próximos al Consell Executiu consideraban ayer impensable que hubiera podido prolongarse por más tiempo el clima de incertidumbre que soporta el Gobierno de Pujol.

El caso Roma fue también uno de los temas tratado en la reunión de anteayer de la comisión ejecutiva de Convergència Democrática de Catalunya, aunque el asunto principal por el que estaba convocada era la propuesta de nombramiento de dos secretarios adjuntos (Pere Esteve y Ramon Camp) a la secretaría general del partido, que seguirá desempeñando Miquel Roca hasta que haga efectiva su anunciada renuncia.

El ambiente de nerviosismo era también perceptible en los últimos días en la sede del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. La cúpula del departamento mantuvo en los últimos días numerosas reuniones para preparar la comparecencia del consejero en el Parlamento de Cataluña prevista para hoy. También se celebraron reuniones en el Departamento de Sanidad para preparar una explicación sobre el supuesto trato de favor en las adjudicaciones de obras a Trad mientras Jaume Roma fue director del SCS, así como de los cambios legales introducidos por Sanidad en la regulación de las contrataciones de obras.

Este aspecto de las supuestas maniobras en las adjudicaciones de, obras públicas centrará las intervenciones de la mayoría de los grupos de la oposición en la prevista comparecencia de Roma en el Parlament. El grupo Iniciativa per Catalunya (IC) ha precisado que exigirá que las explicaciones del consejero no se limiten "a la compra y financiación del chalet que se construyó en Canovelles".

IC ha indicado en un comunicado público que "en estos momentos, el conjunto de informaciones existentes, tanto en los' medios de comunicación como entre los parlamentarios, hace evidente que se han producido irregularidades en la concesión de obras" por parte del Servicio Catalán de la Salud, organismo del que Jaume Roma fue sucesivamente director del área económica y director general.

La portavoz adjunta de IC, Imma Mayol, ha segurado que la comparecencia de Roma "en ningún caso puede limitarse exclusivamente a una explicación de su situación personal, que por otra parte ya es bastante difícil de demostrar". Mayol añadió que "es obligada" también "la comparecencia del consejero de Sanidad, Xavier Trias".

https://elpais.com/diario/1995/06/14/espana/803080802_850215.html

 
El juez que archivó el 'caso Casinos' declara que no lo investigó más por "prudencia"

Barcelona 16 MAR 2000

El juez que archivó el caso Casinos, Ramon Gomis, reconoció ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que durante la instrucción de esa causa constató una financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC), pero que, a tenor de lo establecido por el Tribunal Supremo en el caso Filesa, no podía considerarlo delito y decidió archivar el caso por "prudencia". Añadió que le correspondía al fiscal y no a él llevar la iniciativa de la investigación.

Gomis, que es titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, declaró durante casi cuatro horas como inculpado después de que el TSJC ordenara investigar una querella contra él por presunta prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos supuestamente cometidos al archivar el caso Casinos, en julio de 1997 y tras ocho años de investigaciones.La querella contra Gomis la había interpuesto José Manuel Novoa, ex administrador del desaparecido diario El Correo Catalán, y fue archivada por la juez del TSJC Núria Bassols sin tomar declaración al acusado. Por ese motivo, Novoa recurrió y la Sala Civil y Penal presidida por Guillem Vidal, reabrió el caso y ordenó que se tomara declaración al juez y se practicaran las pruebas necesarias. La fiscalía informó a favor del archivo de la querella contra el juez y ayer no acudió a la declaración de éste.

Durante esa comparecencia Gomis defendió su decisión de no investigar los informes policiales en los que constaba el pago por diferentes procedimientos de diversas cantidades de dinero a CDC por parte de la sociedad Casinos-Inverama, adjudicataria de casinos y otros juegos. El denunciante del caso, Jaume Sentís, había evaluado estos pagos en 3.000 millones. El juez Gomis declaró que correspondía al fiscal el "impulso procedimental" en esas investigaciones y que, teniendo en cuenta "la trascendencia y repercusión que tuvo el caso Casinos", pensó que era mejor adoptar "una postura prudente, más próxima a la imparcialidad, demanda que se encuentra en el sentir social, que ha establecido el término de juez estrella" para calificar determinadas actuaciones.

Gomis recordó que la querella presentada en 1989 por Sentís, ex director financiero de Casinos, imputaba unos delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Por eso, añadió, la ampliación a nuevos delitos derivados de la investigación "debe efectuarse con suma prudencia" y no se lo había pedido ni el fiscal especial del caso ni ninguna acusación.

https://elpais.com/diario/2000/03/16/catalunya/953172452_850215.html
 
LA CRISIS DEL CARMEL
Maragall acusa a CiU de corrupción y lo retira tras la amenaza de Mas de boicotear el Estatuto
El pago de comisiones del 3% por la obra pública protagoniza el pleno sobre el Carmel

JOSEP GARRIGA
MIQUEL NOGUER
Barcelona 25 FEB 2005

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el jefe de la oposición y líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, protagonizaron ayer uno de los duelos dialécticos más crispados que los parlamentarios recuerdan. Fue a propósito de la sesión plenaria monográfica en la Cámara catalana tras el hundimiento del túnel del metro del Carmel, en Barcelona. Maragall acusó a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública que adjudicó cuando estuvo al frente del Gobierno catalán. Maragall se vio obligado a rectificar ante la amenaza de Mas ante el pleno de romper el consenso para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán, que se halla en trámite de ponencia parlamentaria.

El 3% es el porcentaje que supuestamente pagan los constructores a Gobiernos o partidos políticos para la obtención de contratos de obra pública o concesiones de servicios. Este tema tabú, que sólo había sido mencionado en épocas recientes de la Administración convergente por el líder de los republicanos, Josep Lluís Carod-Rovira, campó ayer de nuevo a sus anchas en el pleno dedicado al Carmel.

Por la mañana, el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ya denunció el funcionamiento de la empresa pública GISA, que gestiona y adjudica obras públicas por encargo directo del Gobierno catalán. Criticó "su burocracia, su enmarañada toma de decisiones, su ineficaz estructura interna y el círculo vicioso" de la "externalización, concentración de adjudicaciones en unas pocas empresas, autocontrol y subcontratación" de la obra pública. Nadal anunció una profunda reestructuración de la empresa. El consejero se abstuvo de hacer acusaciones directas contra CiU. Tampoco lo hizo en sus respuestas al portavoz nacionalista y predecesor en el cargo, Felip Puig, quien, por la tarde, denunció que Nadal había roto el círculo de confianza entre GISA, sus técnicos y las empresas constructoras. "Mire", le respondió el consejero, "quizás hemos roto otra clase de círculo".

Reto al presidente
Los convergentes, a cada insinuación, se revolvían en sus escaños. Hasta que Mas apareció en la tribuna y desafió al Gobierno catalán que lleve las pruebas de sus acusaciones a los tribunales. Al tiempo, retó al presidente de la Generalitat a intervenir en el debate si no quería convertirse "en la imagen viva de la impotencia política".

Maragall inicialmente se resistió. Al final accedió al pulso "para no imitar", como afirmó el consejero Nadal, a Jordi Pujol, que se mantuvo impasible sentando en su escaño cuando el ahora presidente de la Generalitat le presentó una moción de censura en 2002. Maragall cogió el micrófono y acusó a Mas de haber roto una de las reglas parlamentarias no escritas. A saber, el respeto a los diputados y a la figura del presidente de la Generalitat. "Ustedes se han picado, se sienten culpables, se sienten señalados por una acusación que nadie les ha lanzado. La historia les pasará factura". Mientras, desde la bancada de CiU se oía repetir que Mas había ganado las elecciones. "Ha ganado tantas que no le veo gobernar", le espetó el presidente catalán.

Mas, profundamente molesto, le contestó: "Usted tiene la piel muy fina, el orgullo lleno y el amor propio hinchado. No le hemos hecho ninguna acusación personal". En este toma y daca, Maragall sentenció: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%".

Artur Mas se levantó con cara de pocos amigos y le amenazó: "Usted ha perdido los papeles. Si debía terminar su turno de esta manera se lo hubiese podido ahorrar. Sabe que nuestro grupo estaba dispuesto a colaborar, a hacer cosas conjuntamente con ustedes, pero ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas y ha roto la confianza". Mas, sin mencionarlo, se refería a que se ponía fin a la participación de CiU en la redacción del nuevo Estatuto catalán, una amenaza con la que la federación nacionalista ha amagado desde que el tripartito decidió poner en marcha la reforma del texto.

"Accedo a su demanda", dijo Maragall a modo de disculpa, "porque Cataluña tiene ante sí cosas muy importantes que hacer y quiero que se cumplan". "Su rectificación no le humilla. Pero si tienen pruebas vayan a los tribunales", respondió Mas.

Pero la sombra del 3% siguió planeando sobre el hemiciclo, hasta el punto de que el propio consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, tuvo que aclarar que el Gobierno del que forma parte no se arredrará por las amenazas de CiU. Sin citar el candente porcentaje, Nadal afirmó: "La transparencia es un compromiso que este Gobierno ha asumido y es evidente que el Estatuto que elaboremos no puede estar sometido a ninguna presión ni a ningún precio", dijo en clara referencia a las presuntas comisiones ilegales.

El principal socio de Gobierno del PSC, Esquerra Republicana, también abordó sin complejos la espinosa cuestión y, por boca de su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, lanzó una clara advertencia a CiU: "Este Parlamento no puede tolerar ninguna expresión por parte de nadie que pueda ser interpretada como una amenaza que pueda ser utilizada como moneda de cambio para la elaboración del nuevo Estatuto", afirmó Carod, antes de apostillar: "Si no podemos aceptar limitaciones de fuera,
tampoco de dentro". "Honradez sí, cuentas claras, también", concluyó Carod.

"Lamentable espectáculo"

El popular Josep Piqué ahondó en este conflictivo porcentaje y reclamó que la comisión de investigación parlamentaria sobre el Carmel aborde el sistema de adjudicación de obras en la anterior Administración de CiU. "El clamor de la sociedad catalana se ha confirmado por boca del presidente Maragall, es decir, que las adjudicaciones iban parejas a una comisión. Pues hablemos de ello. Que se discuta en la comisión", manifestó Piqué.

El líder del PP catalán lamentó el "triste y profundamente lamentable" espectáculo que dieron Maragall y Mas en el debate, sobre todo al tratar "una cosa tan seria como el Estatuto como una serie de intercambios extraños o cambalaches". Piqué insistió en exigir la dimisión de Nadal y de varios consejeros.

El turno de intervenciones lo cerró Joan Boada, portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), quien junto al de Esquerra, Joan Ridao, acusó a sus socios de Gobierno del PSC de haber hecho poco para cambiar "los fallos" que en su opinión tenía la Administración catalana cuando CiU perdió el poder en favor del tripartito. Ambas formaciones pidieron una comisión de investigación.

Las propuestas de resolución se votarán hoy en el pleno de la Cámara.

https://elpais.com/diario/2005/02/25/espana/1109286001_850215.html


 
CATALUÑA
El Govern duplica el gasto en 'embajadas'
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El conseller de Asuntos Exteriores, Raul Romeva, presenta los presupuestos en el Parlament. JORDI SOTERAS
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Destinará 6,5 millones al funcionamiento de las delegaciones de la «República catalana»

  • VÍCTOR MONDELO
  • Barcelona
17/01/2017 17:45
La difusión exterior del proyecto secesionista de Carles Puigdemont costará a los catalanes 6,5 millones de euros públicos en 2017. El Govern ha decidido duplicar el presupuesto destinado a financiar el funcionamiento de las embajadas catalanas en el extranjero -que hasta ahora absorbían tres millones de euros anuales- para «preparar el proceso constituyente de la República catalana que se ganará en las urnas».

Así lo defendió ayer el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, cuyo departamento fue creado a inicios de esta legislatura con el objetivo de convertirse en uno de los «ministerios básicos del nuevo Estado» que Junts pel Sí está ideando, codo con codo, con la CUP.

Romeva defendió la «necesidad» de duplicar la financiación de las delegaciones de la Generalitat por la «inexistencia de un Estado que defienda los intereses de Cataluña en el extranjero». El ex dirigente de ICV consideró que «la política exterior catalana es imprescindible» porque el Gobierno «hace la política del perro del hortelano: ni hace, ni deja hacer». «Y lo que hace es para que los otros no hagan», apostilló Romeva para acusar al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy de boicotear los actos organizados por la Generalitat en el extranjero para difundir su propuesta independentista y la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña en este mismo año.

El enorme crecimiento de la red de embajadas catalanas explica el aumento de la partida presupuestaria destinada a financiarlas. En 2016, la Generalitat anunció que en el plazo de un año pasaría de tener de siete a 17 delegaciones en el extranjero al incorporar las de Lisboa, Roma, Copenhaguen, Varsovia, Ginebra, Zagreb, Rabat, Seúl, Buenos Aires y México DF.

Pero las cuentas de Romeva no sólo permitirán aumentar la financiación de las oficinas que la Generalitat tiene repartidas por el mundo, sino también la de otros instrumentos utilizados por el Govern para difundir su ideario soberanista. Un ejemplo es Diplocat, esa suerte de cuerpo diplomático amateur creado por Artur Mas que el próximo ejercicio contará con una partida de 2,3 millones de euros.

En total, la acción exterior del Departamento dirigido por Romeva aumentará un 107%, al pasar de los 17 millones de euros a los 35. El titular de Asuntos Exteriores de la Generalitat celebró que el incremento presupuestario permitirá a Cataluña «participar en debates globales y disponer de voz propia para trabajar a favor de los intereses de los catalanes».

La visión del conseller chocó con la de PP y Ciutadans, cuyas enmiendas a la totalidad fueron tumbadas gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP, que pemitieron que los presupuestos de la cartera de Exteriores sigan tramitándose.

«No hacen acción exterior, sólo propaganda», contrapuso el diputado popular Juan Milián, quien subrayó cómo las instituciones «acaban huyendo» de los representantes del Ejecutivo catalán en sus intentos por defender los postulados independentistas en lugares como Bruselas, ciudad a la que viajará Carles Puigdemont el próximo 24 de enero, a pesar de que no se reunirá con ninguna autoridad del Parlamento ni de la Comisión Europea.

«Y es lógico que se desmarquen, porque defienden una opción peligrosa para la democracia. Aquí hablan en nombre del pueblo de Cataluña, pero fuera saen que no representan ni a la mitad de los catalanes», abundó el representante del PP.

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Beltrán, rebatió ante Romeva que, más que representar a los catalanes en el extranjero, está «perjudicando» a todos aquellos ciudadanos que no votaron opciones independentista en el 27-S.

También el PSC presentó una enmienda a la totalidad contra las partidas de acción exterior de la Generalitat porque, entre otras cuestiones, consideró demasiado «notable» el incremento del gasto en embajadas, aunque precisó que no es partidario de acabar con todas ellas, pues, según su parecer, es necesario que la Generalitat mantenga representación propia en países vecinos como Marruecos o Portugal.
do,de Islandia a Grecia,del Círculo Polar Ártico a Sicilia,mientras se sospecha que sigue blanqueando dinero,como confiesa haber hecho en el pasado.
 
CASO CLOTILDE
Al presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Gerona), Andrei Petrov, se le atribuye haber blanqueado un total de 56 millones de euros en operaciones urbanísticas a cambio del patrocinio de los equipos de fútbol y hockey patines del municipio. El jefe de la mafia rusa fue enviado a prisión el pasado 28 de enero tras ser imputado por los delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. El caso salpica al ex alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña, y al concejal Josep Valls, también de CiU.

Condenado el exalcalde de Lloret por aceptar sobornos de un empresario
El TSJC impone nueve años y medio de inhabilitación al exdiputado de CiU por trato de favor a un magnate ruso

Barcelona 6 NOV 2015 - 22:18 CET
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Xavier Crespo a su llegada al juicio. GIANLUCA BATTISTA
El exdiputado de Convergència i Unió (CiU) Xavier Crespo ha sido condenado a nueve años y medio de inhabilitación por dar trato de favor a un empresario ruso durante su etapa como alcalde de Lloret de Mar (Selva). Crespo “benefició” a Andrei Petrov —vinculado al blanqueo de fondos de origen criminal— a cambio de un fin de semana en Moscú, de un reloj de 2.200 euros y de los 270.000 euros con los que patrocinó a los clubes de fútbol y hockey locales, muy vinculados al exalcalde. La condena a Crespo (que, desde ayer, ya no milita en Convergència) muestra que los tentáculos de la mafia rusa penetraron, también, en la esfera política.

MÁS INFORMACIÓN
La Fiscalía Anticorrupción había pedido dos años y medio de cárcel para Crespo por cohecho y prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le atribuye ambos delitos, pero solo le condena a la pena de inhabilitación. El exdiputado nacionalista no podrá ejercer como cargo público en los próximos nueve años y medio. El tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 450.000 euros y le obliga, además, a devolver los 2.200 euros del reloj, los 5.000 del viaje a Rusia y los 133.754 euros que el Ayuntamiento de Lloret dejó de ingresar para favorecer a Petrov.

La sentencia condena a tres de los cinco acusados en el caso Clotilde, que ilustró el poderío del capital ruso en la Costa Brava. Además de Crespo, han sido castigados con penas de inhabilitación y multas el exconcejal de Urbanismo Josep Valls y Andrei Petrov, que se benefició con una bonificación ilícita en una tasa municipal. El expresidente del club de hockey, Joan Perarnau, y la arquitecta particular de Petrov, Pilar Gimeno, han sido absueltos.

Blanqueo desde Rusia
La Guardia Civil cree que Petrov es el hombre en España de Víktor Kanaikin, un poderoso empresario ruso que le hacía llegar grandes sumas de dinero de origen dudoso para invertir en el sector inmobiliario. Kanaikin, héroe de la extinta URSS, dirigió durante dos décadas la empresa que supervisa los gasoductos de Gazprom. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además, alertó en marzo de los vínculos de Petrov con Semion Mogilevich, uno de los diez más buscados por el FBI.

La conexión entre el empresario ruso y el alcalde arranca en el verano de 2007. La empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), acababa de comprar los terrenos de la antigua plaza de toros de Lloret para construir un centro comercial. Petrov, su socio Kanaikin y la arquitecta se entrevistaron con Crespo en el consistorio. Entre todos “convinieron” que DDC patrocinaría, durante cuatro años, los clubes de hockey y de fútbol de la localidad y que ese patrocinio “comportaría facilidades para la construcción del complejo”.

Los magistrados admiten que el exalcalde no se lucró personalmente con los 270.000 euros que DDC puso sobre la mesa. Pero subraya que tanto él como el exconcejal Valls estaban “estrechamente ligados” a esas entidades. La mujer de Crespo era vicepresidenta del club de hockey y uno de los hijos de la pareja jugaba allí, si bien es cierto que percibía “pequeñas cantidades”: entre 100 y 200 euros al mes para costear los desplazamientos. Valls, por su parte, presidía el club de fútbol. Perarnau era el encargado de cobrar los cheques en la oficina de DDC, aunque no sabía nada de “lo ilegal del patrocinio”, según la sentencia.

Mientras los carteles de la compañía rusa se exhibían en las camisetas de los jugadores y en los terrenos de juego, el proyecto para construir un centro comercial seguía adelante. La sentencia considera que Petrov preparó el terreno para obtener un trato de favor del consistorio. E intentó ganarse a Crespo con regalos.

Para empezar, invitó al exalcalde y a su familia a pasar un fin de semana en Moscú (febrero de 2008). El viaje costó (entre avión y alojamiento) 5.000 euros. La sentencia subraya que Crespo “no informó” del viaje en el ayuntamiento. En el juicio, el exdiputado admitió que Petrov había sufragado la escapada, pero adujo que acudió “por responsabilidad” de alcalde y para “conocer la empresa que iba a ejecutar las obras”.

En 2009, DDC empezó las obras “sin que se cumplieran algunas de las condiciones impuestas en el acuerdo”. Ese mismo año, Petrov decidió cobrarse el favor del viaje. Su empresa pidió al consistorio “una reducción de la cuota tributaria” por la licencia de construcción. Los técnicos municipales “hicieron ver a Crespo que no era posible”. Pero el alcalde estaba “decidido a beneficiar” a DDC y dispuso “todo lo necesario” para que las obras se declararan como de “especial interés y utilidad municipal”.

Tasa reducida a la mitad
Gracias a ese ardid, pudo aplicar una bonificación del 50% de reducción de impuestos, lo que ahorró a la empresa 133.754 euros, los mismos que dejó de ingresar el Ayuntamiento. Los técnicos lo habían desaconsejado porque crearía un mal precedente, pero el exconcejal Valls hizo una “ardorosa defensa” de la medida, que fue aprobada por el consistorio. Esa bonificación constituye un delito de prevaricación, según la sentencia. Uno de los magistrados, Miguel Ángel Gimeno —presidente del TSJC— ha emitido un voto particular porque considera que no hay delito.

Más tarde, en 2010, Petrov se acordó del cumpleaños de Crespo y, “en atención a su condición de alcalde”, le regaló un reloj marca Zenith valorado en 2.200 euros. La sentencia concluye que tanto el viaje como el reloj “exceden lo que puede entenderse como aceptable”.

Desde ayer, y tras conocer la sentencia, Crespo ya no milita en Convergència. El partido de Artur Mas, sin embargo, se negó a aclarar si le ha expulsado o si se ha marchado de forma voluntaria.

https://elpais.com/ccaa/2015/11/06/catalunya/1446805995_762086.html
 
CATALUÑA
El Govern duplica el gasto en 'embajadas'
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El conseller de Asuntos Exteriores, Raul Romeva, presenta los presupuestos en el Parlament. JORDI SOTERAS
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Destinará 6,5 millones al funcionamiento de las delegaciones de la «República catalana»

  • VÍCTOR MONDELO
  • Barcelona
17/01/2017 17:45
La difusión exterior del proyecto secesionista de Carles Puigdemont costará a los catalanes 6,5 millones de euros públicos en 2017. El Govern ha decidido duplicar el presupuesto destinado a financiar el funcionamiento de las embajadas catalanas en el extranjero -que hasta ahora absorbían tres millones de euros anuales- para «preparar el proceso constituyente de la República catalana que se ganará en las urnas».

Así lo defendió ayer el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, cuyo departamento fue creado a inicios de esta legislatura con el objetivo de convertirse en uno de los «ministerios básicos del nuevo Estado» que Junts pel Sí está ideando, codo con codo, con la CUP.

Romeva defendió la «necesidad» de duplicar la financiación de las delegaciones de la Generalitat por la «inexistencia de un Estado que defienda los intereses de Cataluña en el extranjero». El ex dirigente de ICV consideró que «la política exterior catalana es imprescindible» porque el Gobierno «hace la política del perro del hortelano: ni hace, ni deja hacer». «Y lo que hace es para que los otros no hagan», apostilló Romeva para acusar al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy de boicotear los actos organizados por la Generalitat en el extranjero para difundir su propuesta independentista y la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña en este mismo año.

El enorme crecimiento de la red de embajadas catalanas explica el aumento de la partida presupuestaria destinada a financiarlas. En 2016, la Generalitat anunció que en el plazo de un año pasaría de tener de siete a 17 delegaciones en el extranjero al incorporar las de Lisboa, Roma, Copenhaguen, Varsovia, Ginebra, Zagreb, Rabat, Seúl, Buenos Aires y México DF.

Pero las cuentas de Romeva no sólo permitirán aumentar la financiación de las oficinas que la Generalitat tiene repartidas por el mundo, sino también la de otros instrumentos utilizados por el Govern para difundir su ideario soberanista. Un ejemplo es Diplocat, esa suerte de cuerpo diplomático amateur creado por Artur Mas que el próximo ejercicio contará con una partida de 2,3 millones de euros.

En total, la acción exterior del Departamento dirigido por Romeva aumentará un 107%, al pasar de los 17 millones de euros a los 35. El titular de Asuntos Exteriores de la Generalitat celebró que el incremento presupuestario permitirá a Cataluña «participar en debates globales y disponer de voz propia para trabajar a favor de los intereses de los catalanes».

La visión del conseller chocó con la de PP y Ciutadans, cuyas enmiendas a la totalidad fueron tumbadas gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP, que pemitieron que los presupuestos de la cartera de Exteriores sigan tramitándose.

«No hacen acción exterior, sólo propaganda», contrapuso el diputado popular Juan Milián, quien subrayó cómo las instituciones «acaban huyendo» de los representantes del Ejecutivo catalán en sus intentos por defender los postulados independentistas en lugares como Bruselas, ciudad a la que viajará Carles Puigdemont el próximo 24 de enero, a pesar de que no se reunirá con ninguna autoridad del Parlamento ni de la Comisión Europea.

«Y es lógico que se desmarquen, porque defienden una opción peligrosa para la democracia. Aquí hablan en nombre del pueblo de Cataluña, pero fuera saen que no representan ni a la mitad de los catalanes», abundó el representante del PP.

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Beltrán, rebatió ante Romeva que, más que representar a los catalanes en el extranjero, está «perjudicando» a todos aquellos ciudadanos que no votaron opciones independentista en el 27-S.

También el PSC presentó una enmienda a la totalidad contra las partidas de acción exterior de la Generalitat porque, entre otras cuestiones, consideró demasiado «notable» el incremento del gasto en embajadas, aunque precisó que no es partidario de acabar con todas ellas, pues, según su parecer, es necesario que la Generalitat mantenga representación propia en países vecinos como Marruecos o Portugal.
do,de Islandia a Grecia,del Círculo Polar Ártico a Sicilia,mientras se sospecha que sigue blanqueando dinero,como confiesa haber hecho en el pasado.
6.5 millones de euros para difundir "El PRUSÉS", LO FLIPO.
 
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