Esto es muy fuerte lo he comentado ya por otro hilo. Guardar información íntima ¿ sexual? De alguien es acoso. La chica de Ivecco que se suicidó y fue muy sonado, lo hizo por la presión de algo así. Y tenemos que tragarnos que podemos es feminista? Esto que ha hecho Pablo es peor que cualquier bravuconada que salga por la boca de uno de Vox. Porque puede inducir al su***dio
Pedro Sánchez y su equipo de gobierno.
- AutorAnnais
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Pudimos es femi... qué???
No se lo creen ni ellos/as
Para las que aún se lo creen, les recuerdo a VicePandemias y sus opiniones sobre Mariló Montero... vomitivo!!!
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Te agradezco la información, pero hablo de él, en el hilo, como ministro.
Como juez, no me interesa en este foro
Ya, es verdad, y su implícito derecho de pernada con las mujeres jóvenes de su partido. Ha estado liado, que se sepa, con varias.
Los informes de Sanidad anteriores al 8-M que reclama la juez: "Los eventos multitudinarios son de riesgo"
La magistrada del 8-M pidió este lunes al Ministerio de Sanidad que aporte a la Guardia Civil antes del próximo 1 de junio dos informes emitidos por su departamento en los días pre
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La juez, dispuesta a investigar la intromisión de Marlaska en la causa del 8-M
El delegado del Gobierno en Madrid autorizó la manifestación feminista a pesar de que el 28 de febrero había recomendado a su personal medidas de precaución por el Covid-19
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El juez concluye que Iglesias no fue víctima de Villarejo y pudo cometer hasta dos delitos
Niega a Fiscalía llamar a Bousselham para ofrecerle perdonar la revelación de secretos
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La Guardia Civil dio a la juez datos que le ocultó el delegado del Gobierno en Madrid
En Madrid se habrían desconvocado hasta 21 manifestaciones en marzo, según trasladó la Policía Judicial a la magistrada remitiéndose a un oficio del departamento de José Manuel Franco / El dirigente socialista, investigado por prevaricación
La Guardia Civil comunicó a la juez que investiga la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, junto a otras 76 concentraciones autorizadas, que la Delegación del Gobierno de Madrid había prohibido otras reuniones masivas que iban a desarrollarse entre los días 5 y 14 de marzo.
La Delegación del Gobierno defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que no recibió advertencias de ninguna autoridad sanitaria sobre la peligrosidad de contagio por la covid-19 hasta el 14 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de contener la propagación del virus y evitar el colapso de los servicios sanitarios.
Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, fue quien contestó en un escrito tras solicitar la instructora que se le informara de los primeros avisos recibidos. «No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19», detalló.
Sin embargo, según informó a la magistrada la comisión de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial en esta investigación, existe un oficio de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Madrid -fechado el pasado 20 de abril- en el que se detalla la desconvocatoria de hasta 21 manifestaciones y concentraciones, unas a iniciativa suya y otras a iniciativa de los manifestantes, que deberían haberse celebrado entre el 5 y el 14 de marzo.
¿Por qué no se dejaron las órdenes por escrito?
Esta información, que el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco no ofreció a la juez Rodríguez-Medel, sí ha sido proporcionada por los investigadores de la Guardia Civil. En una providencia dictada este lunes, en la que cita a declarar a Franco como imputado por presunto delito de prevaricación administrativa el próximo 5 de junio, Medel pide a Fernando Talavera que remita a la Guardia Civil -antes del 1 de junio- «ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y el cauce por el que se hicieron».
Precisamente el «cauce» por el que se hicieron estas peticiones para desconvocar manifestaciones por parte de la Delegación del Gobierno es relevante para la investigación dado que, según informó también la Guardia Civil a la instructora, el departamento encabezado por Franco dispone de un soporte informático denominado ‘Gestión de concentraciones y manifestaciones’ donde “todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos», o así debería haber sido.
De ahí que la juez también pida al secretario general de la Delegación del Gobierno -al que ha citado a declarar el próximo 5 de junio como testigo- que envíe documentación «que evidencie que se dejó constancia en el expediente administrativo (de las manifestaciones desconvocadas) y que avalen la afirmación de que todo queda registrado y archivado». Y, en caso de que así no fuera, que exponga qué razones hubo para no hacerlo.
La instructora pidió al inicio de la investigación al coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Policía Judicial de Madrid en su calidad de jefe de la Comandancia, «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez».
El pasado domingo, según ha podido saber El Independiente, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución por «pérdida de confianza». El desencadenante habría sido la negativa de éste a facilitar información sobre las diligencias practicadas por los agentes en esta causa en la que figura el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como denunciado.
Un portavoz del Ministerio del Interior confirmó a este diario la destitución de Diego Pérez de los Cobos alegando «pérdida de confianza» por parte del ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, si bien no precisó los motivos. El portavoz reconoció la llamada de Gámez, pero negó que se hubiera pedido al coronel información acerca de la instrucción judicial.
La destitución de Pérez de los Cobos generó ayer una tormenta y desató las críticas tanto de los grupos de la oposición como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que exigen a Interior que aclare los motivos que le han llevado a prescindir de este este veterano mando. Si Pérez de los Cobos hubiera accedido a facilitar la información que se le solicitó habría obstruido la labor de la Justicia.
La juez insiste en requerir información
La explicación que la Delegación del Gobierno dio sobre la falta de avisos sanitarios del coronavirus no convence a la juez Rodríguez-Medel, que pide más información. En su providencia de este lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid solicita al departamento dirigido por Franco que informe de todas las decisiones acerca de prohibir manifestaciones que tomara, así como que remita una relación de las concentraciones que estuvieran pendientes de celebración para marzo.
También se dirige a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad para preguntar si la Delegación del Gobierno recibió un informe del departamento que dirige Salvador Illa del 3 de marzo «sobre recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19»; un informe del 6 de marzo de la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, sobre «la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19» o «cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio».
La juez también solicita más información a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre los detalles de la publicación en su web el 6 de marzo de las medidas contra la covid-19 que, según otro oficio de la Policía Judicial remitido a la magistrada Rodríguez-Medel, sí habría recibido la Delegación del Gobierno.
El día que Franco está citado como investigado por la instructora también acudirán a declarar como testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
www.elindependiente.com
En Madrid se habrían desconvocado hasta 21 manifestaciones en marzo, según trasladó la Policía Judicial a la magistrada remitiéndose a un oficio del departamento de José Manuel Franco / El dirigente socialista, investigado por prevaricación
La Guardia Civil comunicó a la juez que investiga la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, junto a otras 76 concentraciones autorizadas, que la Delegación del Gobierno de Madrid había prohibido otras reuniones masivas que iban a desarrollarse entre los días 5 y 14 de marzo.
La Delegación del Gobierno defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que no recibió advertencias de ninguna autoridad sanitaria sobre la peligrosidad de contagio por la covid-19 hasta el 14 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de contener la propagación del virus y evitar el colapso de los servicios sanitarios.
Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, fue quien contestó en un escrito tras solicitar la instructora que se le informara de los primeros avisos recibidos. «No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19», detalló.
Sin embargo, según informó a la magistrada la comisión de la Guardia Civil que actúa como Policía Judicial en esta investigación, existe un oficio de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Madrid -fechado el pasado 20 de abril- en el que se detalla la desconvocatoria de hasta 21 manifestaciones y concentraciones, unas a iniciativa suya y otras a iniciativa de los manifestantes, que deberían haberse celebrado entre el 5 y el 14 de marzo.
¿Por qué no se dejaron las órdenes por escrito?
Esta información, que el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco no ofreció a la juez Rodríguez-Medel, sí ha sido proporcionada por los investigadores de la Guardia Civil. En una providencia dictada este lunes, en la que cita a declarar a Franco como imputado por presunto delito de prevaricación administrativa el próximo 5 de junio, Medel pide a Fernando Talavera que remita a la Guardia Civil -antes del 1 de junio- «ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y el cauce por el que se hicieron».
Precisamente el «cauce» por el que se hicieron estas peticiones para desconvocar manifestaciones por parte de la Delegación del Gobierno es relevante para la investigación dado que, según informó también la Guardia Civil a la instructora, el departamento encabezado por Franco dispone de un soporte informático denominado ‘Gestión de concentraciones y manifestaciones’ donde “todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos», o así debería haber sido.
De ahí que la juez también pida al secretario general de la Delegación del Gobierno -al que ha citado a declarar el próximo 5 de junio como testigo- que envíe documentación «que evidencie que se dejó constancia en el expediente administrativo (de las manifestaciones desconvocadas) y que avalen la afirmación de que todo queda registrado y archivado». Y, en caso de que así no fuera, que exponga qué razones hubo para no hacerlo.
La instructora pidió al inicio de la investigación al coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Policía Judicial de Madrid en su calidad de jefe de la Comandancia, «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez».
El pasado domingo, según ha podido saber El Independiente, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución por «pérdida de confianza». El desencadenante habría sido la negativa de éste a facilitar información sobre las diligencias practicadas por los agentes en esta causa en la que figura el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como denunciado.
Un portavoz del Ministerio del Interior confirmó a este diario la destitución de Diego Pérez de los Cobos alegando «pérdida de confianza» por parte del ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, si bien no precisó los motivos. El portavoz reconoció la llamada de Gámez, pero negó que se hubiera pedido al coronel información acerca de la instrucción judicial.
La destitución de Pérez de los Cobos generó ayer una tormenta y desató las críticas tanto de los grupos de la oposición como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que exigen a Interior que aclare los motivos que le han llevado a prescindir de este este veterano mando. Si Pérez de los Cobos hubiera accedido a facilitar la información que se le solicitó habría obstruido la labor de la Justicia.
La juez insiste en requerir información
La explicación que la Delegación del Gobierno dio sobre la falta de avisos sanitarios del coronavirus no convence a la juez Rodríguez-Medel, que pide más información. En su providencia de este lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid solicita al departamento dirigido por Franco que informe de todas las decisiones acerca de prohibir manifestaciones que tomara, así como que remita una relación de las concentraciones que estuvieran pendientes de celebración para marzo.
También se dirige a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad para preguntar si la Delegación del Gobierno recibió un informe del departamento que dirige Salvador Illa del 3 de marzo «sobre recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19»; un informe del 6 de marzo de la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, sobre «la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19» o «cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio».
La juez también solicita más información a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre los detalles de la publicación en su web el 6 de marzo de las medidas contra la covid-19 que, según otro oficio de la Policía Judicial remitido a la magistrada Rodríguez-Medel, sí habría recibido la Delegación del Gobierno.
El día que Franco está citado como investigado por la instructora también acudirán a declarar como testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
La Guardia Civil dio a la juez datos que le ocultó el delegado del Gobierno en Madrid
La Guardia Civil comunicó a la juez que investiga la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, junto a otras 76 concentraciones
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Sánchez se prepara para un tirón de orejas de Bruselas por sus vaivenes con la reforma laboral
La reprimenda europea llegará en plena negociación sobre el paquete de ayudas por el coronavirus. Fuentes diplomáticas reconocen que la imagen de Sánchez se va deteriorando a nivel comunitario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma . EP
LUCA COSTANTINI
PERFILEMAILTWITTER
PUBLICADO 26.05.2020 - 04:45ACTUALIZADOhace 8 horas
La Comisión Europea planea frenar todo tipo de especulaciones sobre una derogación de la reforma laboral en España. Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez admiten que el Ejecutivo europeo, liderado por Ursula von der Leyen, sigue de cerca la evolución del debate público y que en reuniones técnicas los representantes de España deberán aclarar su posición sobre el embrollo generado con el acuerdo con Bildu. En ese acuerdo, que luego rectificó, el PSOE suscribió la derogación "íntegra" de la reforma laboral de Mariano Rajoy a cambio de los votos de Bildu en el estado de alarma.
MÁS INFO
Los contactos con la Comisión Europea serán confidenciales, pero también técnicos, por ejemplo en el marco del Ecofin y a través de recomendaciones. Fuentes del Ejecutivo comunitario admiten que, además de los informes semestrales y trimestrales, se celebran conversaciones y debates discretos entre los representante de la UE y los de España. Todo apunta a que en esas sedes se abordará la cuestión. Con el agravante de que mientras tanto se está negociando el paquete de ayudas por la covid-19.
"Llegar a la cita con dudas sobre tus compromisos no ayuda", agregan fuentes conocedoras de las negociaciones exteriores de España. Nadia Calviño fue tajante sobre la derogación de la reforma el pasado jueves. "Fue un mensaje enviado a Bruselas", señalan en Madrid. Pero el equipo dirigido por Von der Leyen buscará más gestos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
El aviso de febrero
El tema de las reformas no es baladí. El Gobierno aspira a recibir entre 100.000 o 200.000 millones de euros en el marco de las ayudas comunitarias. Pero sabe que ese desembolso de los socios comunitarios “tendrá un precio”. La Moncloa ha vetado a los miembros del Ejecutivo emplear la palabra "recorte". Pero el fantasma de 2008 sobrevuela las cabezas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En la sala de máquina del Ejecutivo nadie se confunde. Los socios comunitarios impondrán a España algunas reformas de su sistema económico-social, como el sistema de pensiones, que puede resultar impopular. Es por ello que el anuncio sobre la reforma laboral ha generado tensión y hartazgo en los ambiente del Ejecutivo que deberán responder de las maniobras de Sánchez e Iglesias y convencer a sus homólogos comunitarios. Todo eso mientras países como Holanda y Austria pujan para que las condiciones del rescate español sean más duras.
El malestar europeo se fundamenta, además, en el hecho de que en el pasado febrero la Comisión ya había avisado a Sánchez. El organismo comunitario recogía en el informe anual sobre los desequilibrios macroeconómicos que “será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de reformas anteriores”. El guiño a la reforma laboral era evidente.
Durante su Gobierno, el PP hizo una campaña importante en la UE para reivindicar la bondad de su reforma laboral. Es por ello que ahora la Comisión considera una verdadera línea roja volver aunque solo a hablar de revertirla. El Ejecutivo comunitario, de hecho, va repitiendo en varios informes desde 2012 que sirvió para crear trabajo.
Sánchez es consciente de que la Comisión analiza a fondo el debate político en cada país. La institución europea tiene una sede en Madrid y otra en Barcelona, y periódicamente recibe comunicaciones sobre la situación en el país. Los miembros del Ejecutivo afilan sus argumentos para evitar que la Comisión considere el pacto con Bildu una promesa de Sánchez, y lo relegue a una simple maniobra parlamentaria.
Orban y Sánchez, durante un Consejo Extraordinario. Moncloa
La imagen de Sánchez se deteriora
Otro problema para Sánchez atañe al desgaste de su imagen pública. En los pasillos de la Comisión y en varias sedes diplomáticas se comenta que el presidente del Gobierno ha perdido la confianza de Francia y Alemania. La afinidad con el premier italiano Giuseppe Conte también va a menos. Y con una UE más interdependiente que nunca después de la covid-19, el enfriamiento de esas relaciones puede salir muy caro.
"En Europa todos recuerdan la operación Monti", afirman fuentes comunitarias para recordar las presiones de los líderes de la UE -sobre todo Francia y Alemania- que en 2013 acabaron con la carrera política de Silvio Berlusconi. Bruselas presionó para que le sustituyera el ex comisario europeo de Competencia Mario Monti y tranquilizara a los mercados ante el repunte de la prima de riesgo.
Esta semana es clave para la UE. La Comisión anunciará la cantidad de ayudas previstas para paliar la crisis del coronavirus y las condiciones para acceder a ellas. En los ambientes diplomáticos y del Gobierno todos son conscientes de que los 500.000 millones de euros previstos estarán acompañados por algún tipo de condicionalidad. Francia y Alemania quieren evitar los “préstamos”, pero pedirán “reformas” a los países beneficiarios. Y difícilmente concederán al Gobierno de Sánchez más improvisación.
Sánchez se prepara para un tirón de orejas de Bruselas por sus vaivenes con la reforma laboral https://www.vozpopuli.com/politica/sanchez-bruselas-reforma-laboral-union-europea_0_1358265025.html vía @voz_populi
La reprimenda europea llegará en plena negociación sobre el paquete de ayudas por el coronavirus. Fuentes diplomáticas reconocen que la imagen de Sánchez se va deteriorando a nivel comunitario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma . EP
LUCA COSTANTINIPERFILEMAILTWITTER
PUBLICADO 26.05.2020 - 04:45ACTUALIZADOhace 8 horas
La Comisión Europea planea frenar todo tipo de especulaciones sobre una derogación de la reforma laboral en España. Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez admiten que el Ejecutivo europeo, liderado por Ursula von der Leyen, sigue de cerca la evolución del debate público y que en reuniones técnicas los representantes de España deberán aclarar su posición sobre el embrollo generado con el acuerdo con Bildu. En ese acuerdo, que luego rectificó, el PSOE suscribió la derogación "íntegra" de la reforma laboral de Mariano Rajoy a cambio de los votos de Bildu en el estado de alarma.
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"Llegar a la cita con dudas sobre tus compromisos no ayuda", agregan fuentes conocedoras de las negociaciones exteriores de España. Nadia Calviño fue tajante sobre la derogación de la reforma el pasado jueves. "Fue un mensaje enviado a Bruselas", señalan en Madrid. Pero el equipo dirigido por Von der Leyen buscará más gestos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
El aviso de febrero
El tema de las reformas no es baladí. El Gobierno aspira a recibir entre 100.000 o 200.000 millones de euros en el marco de las ayudas comunitarias. Pero sabe que ese desembolso de los socios comunitarios “tendrá un precio”. La Moncloa ha vetado a los miembros del Ejecutivo emplear la palabra "recorte". Pero el fantasma de 2008 sobrevuela las cabezas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En la sala de máquina del Ejecutivo nadie se confunde. Los socios comunitarios impondrán a España algunas reformas de su sistema económico-social, como el sistema de pensiones, que puede resultar impopular. Es por ello que el anuncio sobre la reforma laboral ha generado tensión y hartazgo en los ambiente del Ejecutivo que deberán responder de las maniobras de Sánchez e Iglesias y convencer a sus homólogos comunitarios. Todo eso mientras países como Holanda y Austria pujan para que las condiciones del rescate español sean más duras.
El malestar europeo se fundamenta, además, en el hecho de que en el pasado febrero la Comisión ya había avisado a Sánchez. El organismo comunitario recogía en el informe anual sobre los desequilibrios macroeconómicos que “será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de reformas anteriores”. El guiño a la reforma laboral era evidente.
Durante su Gobierno, el PP hizo una campaña importante en la UE para reivindicar la bondad de su reforma laboral. Es por ello que ahora la Comisión considera una verdadera línea roja volver aunque solo a hablar de revertirla. El Ejecutivo comunitario, de hecho, va repitiendo en varios informes desde 2012 que sirvió para crear trabajo.
Sánchez es consciente de que la Comisión analiza a fondo el debate político en cada país. La institución europea tiene una sede en Madrid y otra en Barcelona, y periódicamente recibe comunicaciones sobre la situación en el país. Los miembros del Ejecutivo afilan sus argumentos para evitar que la Comisión considere el pacto con Bildu una promesa de Sánchez, y lo relegue a una simple maniobra parlamentaria.
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"En Europa todos recuerdan la operación Monti", afirman fuentes comunitarias para recordar las presiones de los líderes de la UE -sobre todo Francia y Alemania- que en 2013 acabaron con la carrera política de Silvio Berlusconi. Bruselas presionó para que le sustituyera el ex comisario europeo de Competencia Mario Monti y tranquilizara a los mercados ante el repunte de la prima de riesgo.
Esta semana es clave para la UE. La Comisión anunciará la cantidad de ayudas previstas para paliar la crisis del coronavirus y las condiciones para acceder a ellas. En los ambientes diplomáticos y del Gobierno todos son conscientes de que los 500.000 millones de euros previstos estarán acompañados por algún tipo de condicionalidad. Francia y Alemania quieren evitar los “préstamos”, pero pedirán “reformas” a los países beneficiarios. Y difícilmente concederán al Gobierno de Sánchez más improvisación.
Sánchez se prepara para un tirón de orejas de Bruselas por sus vaivenes con la reforma laboral https://www.vozpopuli.com/politica/sanchez-bruselas-reforma-laboral-union-europea_0_1358265025.html vía @voz_populi
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