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México
200.000 homicidios y un asesinato cada 23 minutos
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200.000 homicidios y un asesinato cada 23 minutos
Década violenta en México: más de 200,000 homicidios y un asesinato cada 23 minutos
En comparación con el período 2000-2009, la incidencia de homicidios aumentó 68% en los últimos 10 años
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Graban cómo un hombre intenta secuestrar a una niña en el metro de Nueva York
Las cámaras grabaron una escena de terror en el metro de Nueva York . Un pasajero lo captó todo con su móvil. Este hombre toca en la pierna a una ni
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Fin de un secuestro: Así libera in extremis la policía a una joven secuestrada en una furgoneta
Una llamada y una rápida intervención policial han permitido la l iberación de una mujer en Alabama , en Estados Unidos. Su captor se la llevaba en
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Encuentran a un hombre secuestrado en el interior del maletero de un coche en Vallecas, Madrid
El sindicato de policía Jupol ha comunicado en su cuenta de Twitter la detención de un hombre al que vieron en actitud sospechosa en un vehículo est
www.telecinco.esPongo aquí este artículo que me parece interesante. No sabía muy bien en qué hilo colgarlo.
El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo
Una comisión del Ministerio de Justicia alerta del vacío legal que rodea a las nuevas técnicas de análisis genético
MANUEL ANSEDE
6 ENE 2020 - 00:46
La noche del 30 de abril de 1999, una chica de 16 años, Marianne Vaatstra, fue violada y asesinada cuando regresaba a su casa en bicicleta. Su cadáver apareció con la garganta cortada en Veenklooster, una pequeña aldea neerlandesa con un cercano centro para personas migrantes a la espera de obtener asilo político. Ante la falta de sospechosos en el entorno de la adolescente, la policía apuntó pronto a dos hombres del centro de extranjeros, uno de Irak y otro de Afganistán, pero fueron descartados porque su ADN no coincidía con el del s*men presente en el cuerpo de la chica.
“Poco después del crimen, los vecinos estaban convencidos de que el culpable debía de ser uno de los solicitantes de asilo, aunque solo fuera por el método del asesinato, el degüello, que se asumía que no podía ser europeo”, recuerda el genetista Manfred Kayser, de la Universidad Erasmus de Róterdam. La tensión llegó a tal punto que se mascaba un linchamiento, así que las autoridades tomaron una decisión sin precedentes: analizar el ADN del s*men para intentar averiguar el origen geográfico del asesino. Y los resultados dictaminaron que lo más probable es que fuera un hombre del norte de Europa occidental.
Kayser recuerda el caso de Marianne Vaatstra porque demostró que la ciencia avanzaba mucho más rápido que las leyes. Los análisis de ADN para predecir el origen del asesino se hicieron de manera ilegal. Sin embargo, el salvaje crimen sin resolver impulsó poco después dos reformas legislativas. Hoy, Países Bajos es uno de los pocos estados del mundo que ha regulado el uso de análisis genéticos para inferir el origen geográfico y el color de piel, de ojos y de pelo de un sospechoso desconocido. Y las autoridades neerlandesas también permiten la búsqueda de perfiles de ADN no idénticos pero similares, para llegar a un criminal a través de sus familiares. El asesino de Marianne Vaatstra fue identificado y detenido en 2012, tras recogerse el ADN de 6.600 vecinos. Era Jasper Steringa, un agricultor neerlandés que vivía cerca del lugar del crimen.
“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso, vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dependiente del Ministerio de Justicia. El último informe del comité alerta de la “necesidad de regulación legal” ante la actual “revolución tecnológica en el campo de la genética forense”. El documento subraya que ya es posible predecir con muy alta precisión algunos rasgos de una persona a partir de su ADN, como la piel negra (99%), la piel muy pálida (83%), los ojos marrones (95%), los ojos azules (94%) y el pelo rojo (93%).
“Queremos promover una reforma legislativa para que se regulen estas aplicaciones, que ya se están utilizando porque las piden los jueces”, explica Alonso, también director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la localidad madrileña de Las Rozas. Otros chivatos genéticos están en camino: marcadores de la calvicie, del pelo rizado, de la forma de la cara, de las pecas, de las canas tempranas e incluso del plegamiento del lóbulo de la oreja.
El nuevo informe recuerda el caso de Eva Blanco, una joven de 17 años que fue violada y asesinada la noche del 20 de abril de 1997, cuando volvía a su casa en la localidad madrileña de Algete. Tras casi dos décadas sin pistas, la Guardia Civil solicitó un nuevo análisis del ADN presente en el lugar del crimen, esta vez con los últimos avances en genética. El laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela dictaminó que el asesino era, muy probablemente, un hombre norteafricano de pelo negro y ojos marrones. La Guardia Civil buscó a todos los magrebíes que residían en Algete en 1997, les pidió un análisis de ADN voluntario y acabó identificando a dos hermanos del sospechoso, Ahmed Chelh, que fue detenido y apareció ahorcado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco en enero de 2016.
“Hoy en día, si un juez te pide hacer estos análisis, se hacen, pero a la larga la prueba puede venirse abajo si los abogados argumentan que no hay un marco legal”, advierte Alonso, consciente de que “este tipo de técnicas pueden ser discriminatorias con respecto a minorías que suelen estar sobrerrepresentadas en las bases de datos”.
La comunidad científica ha diferenciado tradicionalmente las regiones codificantes del ADN —aquellas que contienen instrucciones para fabricar proteínas y que por lo tanto pueden estar vinculadas a las características externas de una persona o a su susceptibilidad a padecer enfermedades— y las no codificantes. La legislación española, a través de la Ley Orgánica 10/2007, afirma que en la base de datos policial solo se pueden incluir perfiles de ADN no codificante “que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y del s*x*, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”.
El informe de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN advierte de que “en la actualidad no hay una distinción tan clara” entre el ADN codificante y el ADN no codificante. “Por lo tanto, ambos tipos de marcadores de ADN necesitan una regulación legal en la que se establezcan los fines, la proporcionalidad y los límites de su uso”, señala el documento. La comisión sugiere que estos nuevos análisis genéticos —sobre los rasgos externos de un sospechoso y su posible origen geográfico— solo se utilicen en delitos graves, con autorización judicial y siempre que se hayan agotado todas las líneas de investigación.
Los genetistas Ángel Carracedo y Chris Phillips, del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, son dos de los líderes del consorcio europeo Visage, un proyecto financiado con cinco millones de euros para diseñar técnicas que determinen las características físicas, el origen biogeográfico y la edad de una persona a partir de su ADN. El laboratorio gallego, recuerda Carracedo, fue pionero en esta línea de investigación tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando sus científicos analizaron diversas prendas de ropa y una mochila para averiguar si el ADN presente en ellas era norteafricano o europeo.
“Cuando no hay testimonios de testigos y tampoco hay coincidencias en las bases de datos de ADN [de delincuentes ya fichados], los nuevos análisis genéticos ofrecen más detalles sobre los rastros dejados en la escena del crimen, pero estas pruebas todavía están dando sus primeros pasos para su aplicación de manera rutinaria en España”, reconoce Phillips. Su equipo también participó en la operación Minstead: la búsqueda de un violador de ancianas en Londres que fue detenido en 2009 después de que un análisis genético predijera su origen caribeño.
Los científicos del consorcio europeo Visage son conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo. Dictaminar que un desconocido violador en serie es de origen caribeño implica que habrá muchos inocentes que serán investigados solo por ser de origen caribeño. “En mi opinión, pueden existir aplicaciones positivas y negativas, como ocurre a menudo con la ciencia. Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostiene el genetista Manfred Kayser, coordinador del proyecto Visage.
“La manera de salir de este dilema es disponer de una regulación estricta que solo permita las aplicaciones positivas”, añade Kayser. Un equipo de expertos en ética, dirigido por Barbara Prainsack, de la Universidad de Viena, ultima un documento para fomentar el uso responsable de los nuevos análisis genéticos. Sin legislación adecuada, todo depende del criterio de las autoridades de turno, como recalca Antonio Alonso: “Al final, en nuestro ordenamiento jurídico lo que más importa es la proporcionalidad. ¿Qué vale más? ¿La privacidad de determinadas personas inocentes o evitar otro muerto por un asesino en serie en un pueblo de España? Pues muchos jueces, y muchas personas razonables, dirán que prefieren cargarse un poquito esa privacidad personal para evitar un nuevo asesinato”.
elpais.com
El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo
Una comisión del Ministerio de Justicia alerta del vacío legal que rodea a las nuevas técnicas de análisis genético
MANUEL ANSEDE
6 ENE 2020 - 00:46
La noche del 30 de abril de 1999, una chica de 16 años, Marianne Vaatstra, fue violada y asesinada cuando regresaba a su casa en bicicleta. Su cadáver apareció con la garganta cortada en Veenklooster, una pequeña aldea neerlandesa con un cercano centro para personas migrantes a la espera de obtener asilo político. Ante la falta de sospechosos en el entorno de la adolescente, la policía apuntó pronto a dos hombres del centro de extranjeros, uno de Irak y otro de Afganistán, pero fueron descartados porque su ADN no coincidía con el del s*men presente en el cuerpo de la chica.
“Poco después del crimen, los vecinos estaban convencidos de que el culpable debía de ser uno de los solicitantes de asilo, aunque solo fuera por el método del asesinato, el degüello, que se asumía que no podía ser europeo”, recuerda el genetista Manfred Kayser, de la Universidad Erasmus de Róterdam. La tensión llegó a tal punto que se mascaba un linchamiento, así que las autoridades tomaron una decisión sin precedentes: analizar el ADN del s*men para intentar averiguar el origen geográfico del asesino. Y los resultados dictaminaron que lo más probable es que fuera un hombre del norte de Europa occidental.
Kayser recuerda el caso de Marianne Vaatstra porque demostró que la ciencia avanzaba mucho más rápido que las leyes. Los análisis de ADN para predecir el origen del asesino se hicieron de manera ilegal. Sin embargo, el salvaje crimen sin resolver impulsó poco después dos reformas legislativas. Hoy, Países Bajos es uno de los pocos estados del mundo que ha regulado el uso de análisis genéticos para inferir el origen geográfico y el color de piel, de ojos y de pelo de un sospechoso desconocido. Y las autoridades neerlandesas también permiten la búsqueda de perfiles de ADN no idénticos pero similares, para llegar a un criminal a través de sus familiares. El asesino de Marianne Vaatstra fue identificado y detenido en 2012, tras recogerse el ADN de 6.600 vecinos. Era Jasper Steringa, un agricultor neerlandés que vivía cerca del lugar del crimen.
“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso, vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dependiente del Ministerio de Justicia. El último informe del comité alerta de la “necesidad de regulación legal” ante la actual “revolución tecnológica en el campo de la genética forense”. El documento subraya que ya es posible predecir con muy alta precisión algunos rasgos de una persona a partir de su ADN, como la piel negra (99%), la piel muy pálida (83%), los ojos marrones (95%), los ojos azules (94%) y el pelo rojo (93%).
“Queremos promover una reforma legislativa para que se regulen estas aplicaciones, que ya se están utilizando porque las piden los jueces”, explica Alonso, también director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la localidad madrileña de Las Rozas. Otros chivatos genéticos están en camino: marcadores de la calvicie, del pelo rizado, de la forma de la cara, de las pecas, de las canas tempranas e incluso del plegamiento del lóbulo de la oreja.
El nuevo informe recuerda el caso de Eva Blanco, una joven de 17 años que fue violada y asesinada la noche del 20 de abril de 1997, cuando volvía a su casa en la localidad madrileña de Algete. Tras casi dos décadas sin pistas, la Guardia Civil solicitó un nuevo análisis del ADN presente en el lugar del crimen, esta vez con los últimos avances en genética. El laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela dictaminó que el asesino era, muy probablemente, un hombre norteafricano de pelo negro y ojos marrones. La Guardia Civil buscó a todos los magrebíes que residían en Algete en 1997, les pidió un análisis de ADN voluntario y acabó identificando a dos hermanos del sospechoso, Ahmed Chelh, que fue detenido y apareció ahorcado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco en enero de 2016.
“Hoy en día, si un juez te pide hacer estos análisis, se hacen, pero a la larga la prueba puede venirse abajo si los abogados argumentan que no hay un marco legal”, advierte Alonso, consciente de que “este tipo de técnicas pueden ser discriminatorias con respecto a minorías que suelen estar sobrerrepresentadas en las bases de datos”.
La comunidad científica ha diferenciado tradicionalmente las regiones codificantes del ADN —aquellas que contienen instrucciones para fabricar proteínas y que por lo tanto pueden estar vinculadas a las características externas de una persona o a su susceptibilidad a padecer enfermedades— y las no codificantes. La legislación española, a través de la Ley Orgánica 10/2007, afirma que en la base de datos policial solo se pueden incluir perfiles de ADN no codificante “que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y del s*x*, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”.
El informe de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN advierte de que “en la actualidad no hay una distinción tan clara” entre el ADN codificante y el ADN no codificante. “Por lo tanto, ambos tipos de marcadores de ADN necesitan una regulación legal en la que se establezcan los fines, la proporcionalidad y los límites de su uso”, señala el documento. La comisión sugiere que estos nuevos análisis genéticos —sobre los rasgos externos de un sospechoso y su posible origen geográfico— solo se utilicen en delitos graves, con autorización judicial y siempre que se hayan agotado todas las líneas de investigación.
Los genetistas Ángel Carracedo y Chris Phillips, del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, son dos de los líderes del consorcio europeo Visage, un proyecto financiado con cinco millones de euros para diseñar técnicas que determinen las características físicas, el origen biogeográfico y la edad de una persona a partir de su ADN. El laboratorio gallego, recuerda Carracedo, fue pionero en esta línea de investigación tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando sus científicos analizaron diversas prendas de ropa y una mochila para averiguar si el ADN presente en ellas era norteafricano o europeo.
“Cuando no hay testimonios de testigos y tampoco hay coincidencias en las bases de datos de ADN [de delincuentes ya fichados], los nuevos análisis genéticos ofrecen más detalles sobre los rastros dejados en la escena del crimen, pero estas pruebas todavía están dando sus primeros pasos para su aplicación de manera rutinaria en España”, reconoce Phillips. Su equipo también participó en la operación Minstead: la búsqueda de un violador de ancianas en Londres que fue detenido en 2009 después de que un análisis genético predijera su origen caribeño.
Los científicos del consorcio europeo Visage son conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo. Dictaminar que un desconocido violador en serie es de origen caribeño implica que habrá muchos inocentes que serán investigados solo por ser de origen caribeño. “En mi opinión, pueden existir aplicaciones positivas y negativas, como ocurre a menudo con la ciencia. Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostiene el genetista Manfred Kayser, coordinador del proyecto Visage.
“La manera de salir de este dilema es disponer de una regulación estricta que solo permita las aplicaciones positivas”, añade Kayser. Un equipo de expertos en ética, dirigido por Barbara Prainsack, de la Universidad de Viena, ultima un documento para fomentar el uso responsable de los nuevos análisis genéticos. Sin legislación adecuada, todo depende del criterio de las autoridades de turno, como recalca Antonio Alonso: “Al final, en nuestro ordenamiento jurídico lo que más importa es la proporcionalidad. ¿Qué vale más? ¿La privacidad de determinadas personas inocentes o evitar otro muerto por un asesino en serie en un pueblo de España? Pues muchos jueces, y muchas personas razonables, dirán que prefieren cargarse un poquito esa privacidad personal para evitar un nuevo asesinato”.
El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo
Una comisión del Ministerio de Justicia alerta del vacío legal que rodea a las nuevas técnicas de análisis genético
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www.telecinco.esCondenan a 17 años al hombre que asesinó a su madre en el barrio de Parquesol de Valladolid
Tras ser considerado culpable por el jurado, la juez atenúa la pena por su confesión
La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de 17 años de prisión por delito de asesinato al vallisoletano César F.M, el vecino del barrio de Parquesol que el 28 de enero de 2018 dio muerte a su progenitora, Sacramento M., de 73 años, tras suministrarle dosis letales de medicamentos. En su fallo, la magistrada Teresa González, de conformidad con el veredicto del jurado popular, impone al reo su encarcelamiento con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, informa Ep. La condena no contempla, como medida de seguridad, los diez años de libertad vigilada una vez que recobre la libertad que había solicitado la fiscal del caso, ni la responsabilidad civil en favor de cada uno de los dos hermanos del condenado, para los que la acusación pública pedía cuantías de 20.000 euros.
La fiscal del caso había mantenido invariable su petición de condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa del encausado, con una solicitud inicial de dos años de internamiento por delito de cooperación al su***dio, se había visto obligada a modificarla al alza para situarla en 15 años de ingreso en un centro psiquiátrico en el que poder atender su situación mental, informa Ep.
Tanto en la primera jornada del juicio, iniciada el pasado día 12 de diciembre, como en la última, donde el acusado dijo que su madre «era plenamente consciente de que me quería su***dar y no deseaba sobrevivir a mi muerte. Jamás la habría hecho daño», reiteró.
Pse a ello, la fiscal, secundada por el jurado, rechazó tal planteamiento por que «ni ella, la víctima, estaba en condiciones de asumir ni comprender ese supuesto pacto ni él tenía verdadera intención de suicidarse a posteriori», afirmación que basaba en el primer caso en el hecho de que la anciana, tras el ictus sufrido en 2015, ni entendía ni se hacía entender y, además, porque César no quería morir sino «únicamente llamar la atención».
Para fundamentar la incapacidad de la anciana para sellar con su hijo pequeño un supuesto pacto de su***dio, la fiscal hizo mención a varios de los vídeos grabados por el acusado en los que Sacramento se muestra fría y realiza meros gestos con la cabeza a preguntas «sugestivas» de César en cuanto a si ella quería «irse» con él, sin utilizar nunca la palabra muerte.
La representante legal de César, en cambio, consideraba probado que «la voluntad de Sacramento era la de no sobrevivir a su hijo y él se limitó a facilitarle las pastillas, pero fue ella la que las tomó pues tenía capacidad tanto de movimiento en su lado derecho como de comprender lo que se le estaba planteando».
El procesado fue detenido el 29 de enero en el hotel Bali de Benidorm (Alicante), establecimiento en el que se había alojado la noche anterior con la supuesta intención de acabar con su vida, arrojándose desde la terraza de su habitación, tras haber dado muerte ese mismo día a su progenitora mediante la ingesta de medicamentos.
https://www.abc.es/espana/castilla-...arquesol-valladolid-202001030831_noticia.html
Tras ser considerado culpable por el jurado, la juez atenúa la pena por su confesión
La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de 17 años de prisión por delito de asesinato al vallisoletano César F.M, el vecino del barrio de Parquesol que el 28 de enero de 2018 dio muerte a su progenitora, Sacramento M., de 73 años, tras suministrarle dosis letales de medicamentos. En su fallo, la magistrada Teresa González, de conformidad con el veredicto del jurado popular, impone al reo su encarcelamiento con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, informa Ep. La condena no contempla, como medida de seguridad, los diez años de libertad vigilada una vez que recobre la libertad que había solicitado la fiscal del caso, ni la responsabilidad civil en favor de cada uno de los dos hermanos del condenado, para los que la acusación pública pedía cuantías de 20.000 euros.
La fiscal del caso había mantenido invariable su petición de condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa del encausado, con una solicitud inicial de dos años de internamiento por delito de cooperación al su***dio, se había visto obligada a modificarla al alza para situarla en 15 años de ingreso en un centro psiquiátrico en el que poder atender su situación mental, informa Ep.
Tanto en la primera jornada del juicio, iniciada el pasado día 12 de diciembre, como en la última, donde el acusado dijo que su madre «era plenamente consciente de que me quería su***dar y no deseaba sobrevivir a mi muerte. Jamás la habría hecho daño», reiteró.
Pse a ello, la fiscal, secundada por el jurado, rechazó tal planteamiento por que «ni ella, la víctima, estaba en condiciones de asumir ni comprender ese supuesto pacto ni él tenía verdadera intención de suicidarse a posteriori», afirmación que basaba en el primer caso en el hecho de que la anciana, tras el ictus sufrido en 2015, ni entendía ni se hacía entender y, además, porque César no quería morir sino «únicamente llamar la atención».
Para fundamentar la incapacidad de la anciana para sellar con su hijo pequeño un supuesto pacto de su***dio, la fiscal hizo mención a varios de los vídeos grabados por el acusado en los que Sacramento se muestra fría y realiza meros gestos con la cabeza a preguntas «sugestivas» de César en cuanto a si ella quería «irse» con él, sin utilizar nunca la palabra muerte.
La representante legal de César, en cambio, consideraba probado que «la voluntad de Sacramento era la de no sobrevivir a su hijo y él se limitó a facilitarle las pastillas, pero fue ella la que las tomó pues tenía capacidad tanto de movimiento en su lado derecho como de comprender lo que se le estaba planteando».
El procesado fue detenido el 29 de enero en el hotel Bali de Benidorm (Alicante), establecimiento en el que se había alojado la noche anterior con la supuesta intención de acabar con su vida, arrojándose desde la terraza de su habitación, tras haber dado muerte ese mismo día a su progenitora mediante la ingesta de medicamentos.
https://www.abc.es/espana/castilla-...arquesol-valladolid-202001030831_noticia.html
Son fantásticos los avances que hay en este campo..Pongo aquí este artículo que me parece interesante. No sabía muy bien en qué hilo colgarlo.
El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo
Una comisión del Ministerio de Justicia alerta del vacío legal que rodea a las nuevas técnicas de análisis genético
MANUEL ANSEDE
6 ENE 2020 - 00:46
La noche del 30 de abril de 1999, una chica de 16 años, Marianne Vaatstra, fue violada y asesinada cuando regresaba a su casa en bicicleta. Su cadáver apareció con la garganta cortada en Veenklooster, una pequeña aldea neerlandesa con un cercano centro para personas migrantes a la espera de obtener asilo político. Ante la falta de sospechosos en el entorno de la adolescente, la policía apuntó pronto a dos hombres del centro de extranjeros, uno de Irak y otro de Afganistán, pero fueron descartados porque su ADN no coincidía con el del s*men presente en el cuerpo de la chica.
“Poco después del crimen, los vecinos estaban convencidos de que el culpable debía de ser uno de los solicitantes de asilo, aunque solo fuera por el método del asesinato, el degüello, que se asumía que no podía ser europeo”, recuerda el genetista Manfred Kayser, de la Universidad Erasmus de Róterdam. La tensión llegó a tal punto que se mascaba un linchamiento, así que las autoridades tomaron una decisión sin precedentes: analizar el ADN del s*men para intentar averiguar el origen geográfico del asesino. Y los resultados dictaminaron que lo más probable es que fuera un hombre del norte de Europa occidental.
Kayser recuerda el caso de Marianne Vaatstra porque demostró que la ciencia avanzaba mucho más rápido que las leyes. Los análisis de ADN para predecir el origen del asesino se hicieron de manera ilegal. Sin embargo, el salvaje crimen sin resolver impulsó poco después dos reformas legislativas. Hoy, Países Bajos es uno de los pocos estados del mundo que ha regulado el uso de análisis genéticos para inferir el origen geográfico y el color de piel, de ojos y de pelo de un sospechoso desconocido. Y las autoridades neerlandesas también permiten la búsqueda de perfiles de ADN no idénticos pero similares, para llegar a un criminal a través de sus familiares. El asesino de Marianne Vaatstra fue identificado y detenido en 2012, tras recogerse el ADN de 6.600 vecinos. Era Jasper Steringa, un agricultor neerlandés que vivía cerca del lugar del crimen.
“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso, vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dependiente del Ministerio de Justicia. El último informe del comité alerta de la “necesidad de regulación legal” ante la actual “revolución tecnológica en el campo de la genética forense”. El documento subraya que ya es posible predecir con muy alta precisión algunos rasgos de una persona a partir de su ADN, como la piel negra (99%), la piel muy pálida (83%), los ojos marrones (95%), los ojos azules (94%) y el pelo rojo (93%).
“Queremos promover una reforma legislativa para que se regulen estas aplicaciones, que ya se están utilizando porque las piden los jueces”, explica Alonso, también director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la localidad madrileña de Las Rozas. Otros chivatos genéticos están en camino: marcadores de la calvicie, del pelo rizado, de la forma de la cara, de las pecas, de las canas tempranas e incluso del plegamiento del lóbulo de la oreja.
El nuevo informe recuerda el caso de Eva Blanco, una joven de 17 años que fue violada y asesinada la noche del 20 de abril de 1997, cuando volvía a su casa en la localidad madrileña de Algete. Tras casi dos décadas sin pistas, la Guardia Civil solicitó un nuevo análisis del ADN presente en el lugar del crimen, esta vez con los últimos avances en genética. El laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela dictaminó que el asesino era, muy probablemente, un hombre norteafricano de pelo negro y ojos marrones. La Guardia Civil buscó a todos los magrebíes que residían en Algete en 1997, les pidió un análisis de ADN voluntario y acabó identificando a dos hermanos del sospechoso, Ahmed Chelh, que fue detenido y apareció ahorcado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco en enero de 2016.
“Hoy en día, si un juez te pide hacer estos análisis, se hacen, pero a la larga la prueba puede venirse abajo si los abogados argumentan que no hay un marco legal”, advierte Alonso, consciente de que “este tipo de técnicas pueden ser discriminatorias con respecto a minorías que suelen estar sobrerrepresentadas en las bases de datos”.
La comunidad científica ha diferenciado tradicionalmente las regiones codificantes del ADN —aquellas que contienen instrucciones para fabricar proteínas y que por lo tanto pueden estar vinculadas a las características externas de una persona o a su susceptibilidad a padecer enfermedades— y las no codificantes. La legislación española, a través de la Ley Orgánica 10/2007, afirma que en la base de datos policial solo se pueden incluir perfiles de ADN no codificante “que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y del s*x*, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”.
El informe de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN advierte de que “en la actualidad no hay una distinción tan clara” entre el ADN codificante y el ADN no codificante. “Por lo tanto, ambos tipos de marcadores de ADN necesitan una regulación legal en la que se establezcan los fines, la proporcionalidad y los límites de su uso”, señala el documento. La comisión sugiere que estos nuevos análisis genéticos —sobre los rasgos externos de un sospechoso y su posible origen geográfico— solo se utilicen en delitos graves, con autorización judicial y siempre que se hayan agotado todas las líneas de investigación.
Los genetistas Ángel Carracedo y Chris Phillips, del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, son dos de los líderes del consorcio europeo Visage, un proyecto financiado con cinco millones de euros para diseñar técnicas que determinen las características físicas, el origen biogeográfico y la edad de una persona a partir de su ADN. El laboratorio gallego, recuerda Carracedo, fue pionero en esta línea de investigación tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando sus científicos analizaron diversas prendas de ropa y una mochila para averiguar si el ADN presente en ellas era norteafricano o europeo.
“Cuando no hay testimonios de testigos y tampoco hay coincidencias en las bases de datos de ADN [de delincuentes ya fichados], los nuevos análisis genéticos ofrecen más detalles sobre los rastros dejados en la escena del crimen, pero estas pruebas todavía están dando sus primeros pasos para su aplicación de manera rutinaria en España”, reconoce Phillips. Su equipo también participó en la operación Minstead: la búsqueda de un violador de ancianas en Londres que fue detenido en 2009 después de que un análisis genético predijera su origen caribeño.
Los científicos del consorcio europeo Visage son conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo. Dictaminar que un desconocido violador en serie es de origen caribeño implica que habrá muchos inocentes que serán investigados solo por ser de origen caribeño. “En mi opinión, pueden existir aplicaciones positivas y negativas, como ocurre a menudo con la ciencia. Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostiene el genetista Manfred Kayser, coordinador del proyecto Visage.
“La manera de salir de este dilema es disponer de una regulación estricta que solo permita las aplicaciones positivas”, añade Kayser. Un equipo de expertos en ética, dirigido por Barbara Prainsack, de la Universidad de Viena, ultima un documento para fomentar el uso responsable de los nuevos análisis genéticos. Sin legislación adecuada, todo depende del criterio de las autoridades de turno, como recalca Antonio Alonso: “Al final, en nuestro ordenamiento jurídico lo que más importa es la proporcionalidad. ¿Qué vale más? ¿La privacidad de determinadas personas inocentes o evitar otro muerto por un asesino en serie en un pueblo de España? Pues muchos jueces, y muchas personas razonables, dirán que prefieren cargarse un poquito esa privacidad personal para evitar un nuevo asesinato”.
El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo
Una comisión del Ministerio de Justicia alerta del vacío legal que rodea a las nuevas técnicas de análisis genético
La pena es que las leyes no estén a la altura.
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El misterioso asesinato del gallego Diego en Filipinas a manos de la Policía por no pagar "impuestos ilegales"
Los agentes afirman que Diego, empresario de éxito en la isla de Siargao, vendía cocaína. Sus allegados lo niegan y alegan que no se dejó extorsionar.
9 enero, 2020 11:24
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Los agentes afirman que Diego, empresario de éxito en la isla de Siargao, vendía cocaína. Sus allegados lo niegan y alegan que no se dejó extorsionar.
9 enero, 2020 11:24
El misterioso asesinato del gallego Diego en Filipinas a manos de la Policía por no pagar "impuestos ilegales"
Los agentes afirman que Diego, empresario de éxito en la isla de Siargao, vendía cocaína. Sus allegados lo niegan y alegan que no se dejó extorsionar.
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