Repaso a la corrupción del Partido Popular

[Amadís]

Periodistas de la Púnica: Pilar y Piqueras, Pepe, “Moñoplasta”
Publicado agosto 26, 2015Por
Otros de Cartagena, León, Bierzo, Murcia, Majadahonda y Collado Villalba

http://espiaenelcongreso.com/2015/08/26/periodistas-la-punica-las-2-pilares-pepe-monoplasta/

 

[IDOLO]

Dos empresas del marido de Aguirre se embolsan en 2014 otros 272.000 euros en subvenciones de la UE

• Desde 2006, ambas sociedades han ingresado 2,76 millones de euros en ayudas comunitarias.
• Las cuentas de ambas son totalmente opacas. La más beneficiada, Savial SL, porque lleva siete años incumpliendo la obligación legal de presentar las cuentas en el Registro Mercantil
• Aguirre no aclara qué le parecen estos ingresos millonarios por una vía que en su día calificó como "mamandurrias"

http://www.infolibre.es/noticias/po...272_000_euros_subvenciones_ue_45424_1012.html

 

[gabriela]

David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica: "Hay informaciones que implicarán a distintos partidos"
David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica habla en exclusiva en ARV para explicar las razones de por qué ha decidido contar la verdad. Asegura que nadie le ha amenazado y señala que "hay cosas sorprenderán y afectarán a distintos partidos políticos". Dice que siempre ha sido "un emprendedor y lo seguiré siendo".

 

[gabriela]

• Comunidad Valenciana

La UCO investiga si el PP valenciano blanqueó su caja B con lingotes de oro
El exdirigente provincial Alfonso Rus podría ser el nexo con la trama del oro desmantelada en 2014

eldiariocv

25/02/2016 - 08:17h

Alfonso Rus sale en libertad tras su detención en la Operación Taula. EFE

¿Utilizó el PP valenciano la compra de lingotes de oro como medio para blanquear los fondos de su caja B, en muchos casos procedentes del cobro de comisiones ilegales? Esa es la sospecha que, según publica El País, investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) dentro de las pesquisas sobre la trama de supuestas mordidas que ha abierto en canal la organización valenciana del partido que preside Mariano Rajoy.

El nexo entre la recaudación ilegal de fondos, aprovechando adjudicaciones y contratos de las administraciones públicas, y la compra de lingotes sería Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y exdirigente provincial del PP, que fue detenido en la denominada Operación Taula. Según explica El País, Rus tenía relación con el búlgaro Miroslav Schopoff, cabecilla de la trama del oro desmontada en febrero de 2014 con un centenar de detenidos. Esa relación llegó al punto de que Schopoff asistió a la boda de la hija de Rus.




De acuerdo con lo conocido hasta ahora de la investigación, el PP de la Comundiad Valenciana habría manejado hasta cinco cajas destinadas a recoger el dinero negro procedente de las supuestas comisiones ilegales. Una de ellas habría estado a cargo del dirigente provincial de Valencia. La mayoría del centenar de detenidos en la trama desarticulada en 2014, cuyo centro era la empresa Oro Direct, de Miroslav Schopoff, lo fueron en la Comunidad Valenciana. Oro Direct pasó de facturar 11 millones de euros a 1.000 millones en cinco años.

Precisamente el supuesto blanqueo de fondos, en este caso por el procedimiento de entregar una donación al partido y recibir esa misma cantidad en negro procedente de la caja B ha llevado a imputar la práctica totalidad de los concejales del PP en Valencia, a muchos de sus asesores y dirigentes. Una gestora se ha tenido que hacer cargo de la organización en la ciudad.

 

[gabriela]

Ignacio González troceó la venta de pisos del Ivima para burlar la ley

Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid. JAVIER BARBANCHO
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Un responsable de la Comunidad denuncia ante el juez que investiga la venta fraudulenta de 32 promociones públicas a fondos opacos que se cuartearon todos los contratos para esquivar la ley

• PABLO HERRAIZ/ QUICO ALSEDO
• Madrid

26/02/2016 00:21Ignacio González troceó todos los contratos de la operación en la que vendió 32 promociones de pisos públicos, un total de 2.935 viviendas que se iban a dedicar a alquileres sociales, a fondos denominados buitre.

Y los troceó tanto, de hecho, que, según ha podido saber este diario, ni uno solo de dichos contratos pasó por donde debía: por el Área de Contratación de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador de la institución fue, así, apartado del proceso que desembocó en la venta de las viviendas, pese a que desde esa misma área se alertó al Gobierno regional de lo que estaba sucediendo.

Todo ello se desprende de la declaración, ante el juez que investiga la operación, el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, de un alto responsable de Vivienda durante esos años.

El declarante, que compareció ante el magistrado en noviembre pasado y lo volverá a hacer en fechas próximas, aportó incluso documentación a la causa: un correo de mediados de 2013 en el que se avisaba a la cúpula del Gobierno regional de que no se estaban siguiendo los cauces legales en la venta de las 32 promociones.

Dicho responsable, conocedor de toda la operación, denunció en su momento ante sus superiores un "posible fraccionamiento de pago", y ha aseverado al juez que la operación se hizo sin control alguno por parte de Contratación, que sólo se enteraba de los gastos que tenía que afrontar cuando el contratista de turno llegaba a su ventanilla factura en mano, para que se le abonara la cantidad correspondiente.

El declarante aseguró también al juez que los pliegos del proceso de venta de las casi 3.000 viviendas llegaron al Área de Contratación "hechos" desde la gerencia del Instituto de la Vivienda Social de la Comunidad (IVIMA), y aportó incluso los correos electrónicos en los que estos documentos fueron remitidos a este área, ya realizados y sin posibilidad de variación.

Se refirió, además, no sólo a los pliegos de la venta de las viviendas, sino también a los del contrato de asesoramiento. Pese a que existía una sección de contratación, fue la gerencia quien controló, férreamente, todo el proceso de venta.

El rastro de la enajenación de las viviendas lleva, además, a un territorio estadounidense considerado paraíso fiscal y conocido por su gran opacidad: el estado de Delaware. Según las investigaciones de las acusaciones personadas en la causa, el rosario de sociedades pantalla que lleva a Estados Unidos comenzaba con la firma Encasa Cibeles S.L., que fue creada en otoño de 2013 y en principio controlada al 100% por la sociedad de inversión Azora, papel que un mes después pasó a desempeñar otra sociedad: ELQ Investors II.

Esta última sociedad, probablemente pantalla, está radicada en Londres y controlada a su vez por otra de parecido nombre pero sita en Delaware, denominada ELQ Holdings LLC. Esta, a su vez, depende directamente de Goldman Sachs, el grupo inversor también radicado en el estado de la Costa Este de EEUU, donde, opacidad aparte, las sociedades controladas por no residentes están exentas del pago de todo impuesto.

Según ha podido saber este periódico, incluso, el auditor de la sociedad ELQ Investors LTD resulta ser la consultora multinacional Price Waterhouse Coopers, que curiosamente, por otro lado, también tuvo un papel destacado en la venta de las 32 promociones de viviendas públicas: a través de su brazo español, realizó labores de asesoramiento en el proceso, y su presencia fue impuesta por la gerencia del Ivima, como se ha explicado.

Esta misma semana, el magistrado de Instrucción 48 de Madrid suspendía la declaración del ya ex director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen, imputado por la venta presuntamente fraudulenta de las 2.935 viviendas. Van-Halen era director general del Ivima cuando comenzó la macrooperación, rubricada finalmente por su sucesora, Ana Gomendio.

Van-Halen presentó su dimisión como director de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento el pasado 2 de febrero, al serle notificada su imputación (o su condición de investigado, como ésta se denomina actualmente).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación auspiciada actualmente por la Asamblea de Madrid para examinar presuntas corruptelas, el ex presidente madrileño Ignacio González se escudó en la crisis económica y en la frágil economía de la Administración regional para justificar la venta y los procedimientos empleados, que en todo caso aseguró fueron "ajustados a la legalidad".

Sin embargo, la Cámara de Cuentas de la propia Comunidad emitió el pasado noviembre un demoledor informe que echa por tierra lo declarado por González, como informó este diario, y que apunta a que la operación podría ni siquiera justificarse por una lógica estrictamente económica. Para empezar, faltan en el expediente de venta análisis técnicos que justificaran la enajenación. Además, "no hay correspondencia entre las finalidades del negocio con los criterios de selección de las empresas licitadoras, que no están formuladas en condiciones objetivas", señaló el órgano.

Incluso puso en entredicho la Cámara de Cuentas la venta en bloque y no por lotes. Un procedimiento este último que, apunta, podría haber sido más provechoso económicamente.

 

[windsor]

Rodrigo Rato cobró comisiones del 88% de Endesa, Santander y Caixa por llevar su publicidad http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-26/endesa-santander-y-caixa-pagaron-a-rato-comisiones-del-88-por-llevar-su-publicidad_1156827/…


Anticorrupción pide citar como investigado a Ignacio González por blanqueo y cohecho http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/26/anticorrupcion_cita_como_imputados_ignacio_gonzalez_mujer_enrique_cerezo_por_caso_del_atico_45560_1012.html…

 

[gabriela]

Hacienda adjudicó a dedo a una empresa de Villar Mir la nueva sede del Tribunal de Cuentas
La Dirección General de Patrimonio contrató sin concurso público el alquiler de un edificio de la inmobiliaria Colonial por el que el organismo fiscalizador paga 150.000 euros al mes

El máximo accionista de la adjudicataria es la inmobiliaria Espacio, perteneciente al grupo empresarial del marqués y exministro

Hacienda y el organismo que fiscaliza los contratos públicos y las finanzas de los partidos políticos justifican las prisas para el cambio de ubicación por razones de "urgencia"

 

[Amadís]

Con estos amigos así cualquiera se hace milloneti.
Vivimos en una pocilga y parece que los políticos están en continuar mas de lo mismo.

 

[gabriela]

Rodrigo Rato eludió el pago de más de 1,2 millones por el IRPF en siete años

En la imagen, Rodrigo Rato.
EN PROFUNDIDAD

• RODRIGO RATO
• Expresidente de Bankia

Telefónica, Criteria (La Caixa), Unespa, Bureau Consulting Conferencias, el banco Akbank o Albisa. El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cobró entre 2007 y 2014 más de 3,4 millones de euros de estas empresas, cifra de la que eludió en todas las ocasiones el pago del IRPF, según recoge un informe de Hacienda que consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso este periódico.



La Agencia Tributaria estima en casi 1,2 millón de euros el dinero que presuntamente el exbanquero eludió pagar al fisco correspondiente al IRPF de estos ejercicios. En su lugar, el exministro de Economía facturaba los servicios que realizaba siempre a través de dos de sus sociedades: Kradonara y Arada.

Rato cobró la presunta comisión de 835.000 euros que consiguió tras adjudicar a Publicis y Zenith dos contratos de publicidad de Bankia a través de la firma Kradonara. Dicha empresa remitió, siempre según el sumario, varias facturas falsas por servicios nunca realizados a la sociedad Albisa para justificar los traspasos de dinero. "Tales ingresos (rentas posiblemente ilícitas) no tributan correctamente, lo que ocasiona la oportuna defraudación tributaria por parte del señor Rato por importe superior a los 120.000 euros entre 2011 y 2012", asegura Hacienda. Concretamente, el exbanquero, según el mismo informe, eludió pagar de IRPF por este cobro 359.986 euros.

El exdirector gerente del FMI, que fue nombrado miembro de los consejos asesores de Europa y Latinoamérica de Telefónica en 2013, facturó los 726.000 euros del sueldo que recibió en dos años a través de Kradonara. "Todo parece indicar que lo que se esconde tras la facturación de Kradonara no es más que la remuneración del propio señor Rato, la cual debería haber tributado en su IRPF", señala Hacienda.

Así, la Agencia Tributaria calcula que éste se ahorró el pago de 322.000 euros. A su par, el expresidente de Bankia cobró entre 2007 y 2014 de la firma Bureau Consulting de Conferenciantes un total de 1,6 millones de euros. Rodrigo Rato volvió a facturar dicho importe a través de Arada SL. "La facturación de Arada no se ajusta a la realidad y tiene como posible único objetivo no tributar por el correspondiente impuesto directo", reseña el informe de la Agencia Tributaria. Así Rato, eludió el pago de 551.305 euros.

Akbank, La Caixa y Unespa
Rato también facturó a través de Arada otros cobros de distintos cargos. Criteria (La Caixa) contrató en 2008 al exbanquero como presidente del Consejo Asesor, cargo por el que percibió un total de 99.180 euros. También fue presidente del Consejo Consultivo de Unespa por 67.840, mientras que realizó servicios para el banco turco Akbank por otros 91.300 euros y facturó conferencias a otra firma por 13.900 euros. Ninguna de las remuneraciones fueron declaradas en el IRPF.

 

[gabriela]

La trama Púnica utilizaba el palco del Santiago Bernabéu para 'ganarse' alcaldes
Los directivos de la empresa Cofely, una de las empresas investigadas, invitaron en 2014 al coliseo madridista a ediles que aparecen investigados, imputados y detenidos en la trama.

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Imagen de Florentino Pérez y Mariano Rajoy en el palco del Santiago Bernabéu. - Foto EFE

El estadio Santiago Bernabéu fue uno de los escenarios en los que se desarrolló la trama Púnica. Eso se deduce de una de las llamadas que se reportan dentro del sumario. Concretamente se habla de un palco del estadio, que si bien no aparece referido por su nombre, se deduce que es el coliseo madridista por las referencias a los partidos de los que hablan los investigados y las fechas que aparecen en el mismo.

En el sumario aparece referida una llamada entre los responsables deCofely, una de las empresas investigadas. Concretamente una llamada de Pedro (Pedro García Pérez) a Tino (Constantino Álvarez de la Cueva) en la que el segundo le telefonea "para organizar las invitaciones para los próximos partidos de fútbol del Athletic, Elche y Barça". La llamada se produce la mañana del 18 de septiembre de 2014, y el calendario revela que el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu a Elche, Athletic y Barcelona en las jornadas 5, 7 y 9, que coincide con las fechas del martes 24 de septiembre, el domingo 5 de octubre y el sábado 25 de octubre. Todo en el mes siguiente a la llamada.

Según reza en el sumario, "se habla de la adquisición de entradas para el fútbol poniendo en común qué personas (muchas de ellas cargos políticos de relevancia en las administraciones municipales de la Comunidad de Madrid) deberían ser receptoras de las mismas".

En la llamada Pedro dice que quien es el del Barça es el "hijop*ta" de Agustín, el alcalde de Collado (Agustín Juárez López de Coca, del Partido Popular). Comenta que habrá que invitarle, pero que probablemente diga que no. Entonces Pedro comenta que "puede invitar a la "banda del huevo", que son José Luis Moreno, Pablo Abejas (fonético) y toda esa gentes, Mario, Enrique y ellos". En esa misma conversación Pedro dice que "a el niño no, que una cosa es que le hayan apadrinado y tampoco a Juan Carlos el de Majahadonda".

Pedro dice que "a lo mejor podrían tener en cuenta a Alejandro, el hermano de Mario, por lo de Móstoles y demás". Alejandro es Alejandro Utrilla, por entonces concejal en Móstoles, donde la trama dio su mayor 'pelotazo' con los contratos de eficiencias energética. Su hermano Mario es Mario Utrilla, entonces alcalde de Sevilla La Nueva y diputado de la Asamblea de Madrid. El primero fue detenido en octubre de 2014, el segundo fue imputado después de dejar de ser parlamentario regional tras las elecciones autonómicas de mayo.

Tino responde que "hay seis entradas para el palco, que dos de ellas son para Energía, dos para Energía Europa y dos para Cofely". Tino dice "querer que estos les salga rentable y Pedro comenta que también se lo pueden decir a José Carlos Boza" (el alcalde de Valdemoro).

Es la segunda ocasión en la que el nombre del Real Madrid se relaciona con la trama Púnica. La primera ocasión fue cuando el presidente del Real Madrid contrató a una empresa de Alejandro de Pedro, uno de los supuestos 'conseguidores' de la trama Púnica, para mejorar la imagen de los jugadores en las redes y "una segunda sociedad para la compra de seguidores en Facebook". De hecho, Florentino Pérez testificó el 2 de marzo del año pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sobre la relación comercial del club con De Pedro y su empresa. Ahora se descubre que la trama Púnica disfrutabas de invitaciones a uno de los palcos del estadio Santiago Bernabéu para comprar voluntades en nombre de Cofely.

 

[gabriela]

Nacional - 04:00

CASO PÚNICA

La UCO sospecha que el PP de Madrid pagó una fiesta campera de militantes con fondos públicos
Un documento encontrado en el registro de la sede de Waiter Music SL apunta a que 4.425 euros de una celebración para simpatizantes celebrado en Móstoles en la campaña de las elecciones locales de 2011 se cargaron al presupuesto municipal para organizar las fiestas patronales de ese año.

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Los candidatos de Alcorcón y Móstoles en las elecciones de 2011 saludan a simpatizantes en la fiesta campera. - Foto PP MÓSTOLES

La sospecha de que la trama Púnica costeó con fondos públicos actos del PP de Madrid se cierne sobre decenas de mítines y fiestas del partido. Un documento intervenido por los agentes de la Unidad Central Opertiva (UCO) de la Guardia Civil durante los registros de octubre de 2014 apunta claramente en este sentido, sobre todo en uno de ellos. Se trata de la "fiesta campera" que las agrupaciones locales de Móstoles y Alcorcóncelebraron el 8 de mayo de 2011, en plena precampaña electoral para los comicios municipales de aquel año. Según dicho papel, encontrado en la sede de Waiter Music SL, la empresa supuestamente ligada a la red de corrupción que se encargaba de organizar conciertos y mítines, los 4.425 euros que costó montar aquel evento para simpatizantes fueron presuntamente facturados cuatro meses más tarde al presupuesto de las fiestas patronales que la primera localidad costeaba con dinero público.

Un documento de Waiter Music apunta a que 4.425 euros gastados en aquel acto electoral se cargaron al presupuesto de las fiestas patronales de Móstoles
Así lo creen los investigadores, según lo refleja el interrogatorio al que sometieron como testigo el pasado 9 de septiembre a José javier S.G., un exempleado de Waiter Music que trabajaba en el área de "contabilidad, facturación, liquidaciones y otras gestiones administrativas". A este trabajador los agentes le mostraron cuatro documentos internos de la compañía que delataban supuestas irregularidades en los cobros de diversos actos realizados para el PP o para sus dirigentes. Uno de ellos estaba encabezado por "ftas [fiestas] PP 2011" y desglosaba un total de trece eventos organizados para el partido entre el 14 de febrero y el 20 de mayo de aquel año.

De ellos, uno era el mitin de final de campaña que el PP celebró en el Palacio de Deportes de Madrid. También aparecía uno en "Sanse" [San Sebastián de los Reyes] un día antes, otro en Valdemoro, uno más en Parla, dos en Aranjuez y siete en Móstoles. De estos últimos, el celebrado el 8 de mayo figura con una explícita anotación en el apartado 'situación': "Pte. Facturar 4.425,00 Meter en Ftas 09/2011" [pendiente de facturar 4.425 euros meter en fiestas septiembre de 2011]. Se refería, en concreto, a una "fiesta campera dirigida a familias" en la que participaron 3.500 personas y que fue organizada por el partido de esta localidad y de Alcorcón, según se puede leer aún hoy en la web de la formación política. Las fiestas a las que supuestamente se cargó su costo son las que Móstoles dedica a la Virgen de los Santos y que se celebran en el noveno mes del año.

"Fiestas, eventos, comidas"

Los agentes de la UCO preguntaron al antiguo empleado de Water Music si reconocía dicho documento y qué significaba lo que se recogía en él. El extrabajador aseguró que era un documento "interno" de la empresa, pero no contable, y que recogía "un resumen de las fiestas organizadas en el año 2011 por el Partido Popular en los distintos ayuntamientos" que figuraban en el mismo. También señaló que en el mismo se reflejaban las fechas de celebración de los mismos y "el estado en que se encuentran los eventos, dónde se facturan y, en algunos casos, si se han cobrado o no". Los guardias civiles le interrogaron entonces sobre si estas "fiestas, eventos y comidas" del partido eran "facturados posteriormente con cargo al presupuesto de las fiestas municipales". La respuesta fue que no podía contestar porque él no tenía la seguridad "de que no se haya producido"dicha irregularidad.

A la 'fiesta campera' acudió el actual diputado autonómico, David Pérez, y el candidato en 2011 a la alcaldía de Móstoles, Esteban Parro. Aguirre se excusó por problemas de agenda
En aquel acto de precampaña de 2011 supuestamente pagado con dinero público participaron el entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y candidato del PP de Alcorcón, David Pérez, quien aún hoy ocupa un escaño en el parlamento regional, y el entonces alcalde y candidato del PP de Móstoles, Esteban Parro. Incluso se esperaba la presencia de la en aquel momento presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre, quien finalmente no acudió "por motivos de agenda". El acto, con discursos de campaña y escenografía electoral, se celebró en el Centro Hípico La Princesa, ubicado entre ambos municipios, y contó con castillos hinchables, actividades manuales, talleres de maquillaje, teatro de títeres y un concierto del grupo 'Los Hobbies' bajo una carpa de 1.500 metros cuadrados. Todo ello montado, precisamente, por Waiter Music SL, la empresa de la trama que acaparaba concursos públicos en los municipios de Madrid supuestamente por indicación del entonces todopoderoso Francisco Granados.

FIESTAS, MALETINES, ENCUESTAS Y REPUTACIÓN 'ONLINE'
El presunto pago de actos del partido con fondos públicos no es la única supuesta vía de financiación ilegal del PP de Madrid que investiga el juez Eloy Velasco dentro del 'caso Púnica'. Los informes de la Guardia Civil apuntan a que las decenas de adjudicaciones con las que la empresa Waiter Music resultó agraciada en una veintena de municipios madrileños se tradujo presuntamente en el pago decontraprestaciones a políticos y al propio Partido Popular. Desde fiestas de cumpleaños, como la del propio Francisco Granados que costó 10.000 euros y que el dueño de esta empresa ha reconocido haber pagado, hasta la organización de mítines del propio partido. Además, el magistrado investiga la supuesta entrega de dinero en efectivo, maletines, por parte de empresarios a cambio de contratos públicos. Por esta línea de investigación tomó declaración el pasado viernes como imputado a Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir.

El juez también cree que el PP se benefició por la forma en la que se financiaban determinados trabajos de reputación 'online' para sus dirigentes que se 'vestían' como resúmenes de prensa digital que se pagaban con fondos públicos. Es la parte de la investigación que tiene como personaje principal a Alejandro de Pedro, el llamado 'conseguidor', y sus empresas de consultoría. Ésta es la vía de financiación supuestamente irregular que más extendida estaba ya que no sólo ha salpicado al PP de Madrid, donde están imputados dos exconsejeros del Gobierno autónomo, sino también al máximo responsable de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y un miembro del anterior Ejecutivo de la Región de Murcia, además de los de varias administraciones de la Comunidad Valenciana.

La investigación sobre las irregularidades en los contratos de eficiencia energética a la multinacional Cofely GDF Suez también ha revelado otra supuesta vía, la cuarta. En este caso, las supuestas compensaciones por el amaño de los concursos se hacían en encuestas electorales para los políticos locales ansiosos de conocer sus expectativas ante una cita con las urnas. Los beneficiarios de estos sondeos eran del PP, pero también de otros partidos, como el PSOE de Parla (Madrid). Para ello, las empresas que aspiraban a hacerse con un contrato público en el municipio encargaban a una consultara, que casi siempre era TNS, una encuesta de intención de voto que se camuflaba como estudio socioeconómico de la localidad.

 

[gabriela]

Los tres cabezas de turco en el espionaje de la era Aguirre-González: “Vamos a destapar este montaje”
Estos agentes imputados declararán el próximo viernes en la Asamblea de Madrid sobre el caso de los espías y temen que pueda haber “una compleja estructura formada por policías, políticos, jueces y fiscales, que ha favorecido una investigación parcial y una instrucción plagada de múltiples irregularidades”.


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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, durante un pleno sobre la trama de espías. EFE/Fernando Alvarado


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ALICIA IBARRA

@aibarragamez

MADRID.- Tres agentes imputados en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid tiran de la manta. Los guardias civiles pretenden destapar el “montaje” por el que se les inculpa del espionaje que se realizó a Alfredo Prada y Manuel Cobo en 2008, dos altos cargos contrarios a la llegada de Esperanza Aguirre a la dirección del PP de Madrid.

El trabajador de la Consejería de Interior, José Manuel Pinto Serrano, y los dos guardias civiles –uno en reserva colocado– Antonio Coronado Martínez y –otro en excedencia– José Oreja Sánchez temen que pueda haber “una compleja estructura formada por policías, políticos, jueces y fiscales, que ha favorecido una investigación parcial y una instrucción plagada de múltiples irregularidades”.




Así lo denunciarán en la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid el próximo viernes 4 de marzo, donde quieren arrojar luz sobre las presuntas actividades ilegales y la supuesta corrupción que hubo en el Órgano de Gobierno de la Dirección General de la Comunidad y demostrar las presiones que han sufrido al no seguir la línea de defensa de la propia Comunidad.

Los otros tres imputados son el ex director general de Seguridad y antes escolta de Aguirre, Sergio Gamón, el policía procedente del Canal de Isabel II y ex subdirector de Seguridad, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil amigo personal de Francisco Granados e implicado en la trama Púnica, José Luis Caro Vinagre. Los seis están siendo investigados por malversación de caudales públicos, debido a que el espionaje a nivel político no está tipificado por el Código Penal.

Granados dijo que “todo era un montaje”
Según cuentan los agentes, en los siete años que dura ya el proceso judicial, han sido víctimas de robos, seguimientos y extorsiones de todo tipo. Hechos que han intentado demostrar en sede judicial sin éxito. "Nos hemos sentido el eslabón más débil de la cadena", explican.

Los guardias civiles se definen a sí mismos como “elementos subversivos”, pues denunciaron a sus superiores las cosas que les mandaban hacer Gamón y Castaño; actividades que, según apuntan, nunca hicieron. “Todo funcionó bajo las órdenes directas de la presidenta y del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid”, que por aquel entonces eran Aguirre e Ignacio González, señalan.

En una conversación mantenida con el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, dos de los guardias civiles imputados en la causa aseguran que éste les dijo que “lo de los espías es todo un montaje” y que “el autor es Enrique Barón”, en aquel momento Director General de Seguridad de la Comunidad de Madrid y actualmente Comisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.

La jueza, “contaminada para llevar el procedimiento”
La jueza que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, está, según afirman los tres agentes, “contaminada para llevar el procedimiento”, debido a su relación de amistad con el ex número dos de Aguirre, hoy en prisión por la trama Púnica.

Los guardias civiles ya han tomado medidas legales al respecto y pusieron una recusación a la magistrada –finalmente rechazada por la Audiencia Provincial de Madrid– por considerar que es amiga de Granados y por advertirle que una de las partes en la causa –representada por Pinto, Oreja y ahora también Coronado– había solicitado que se grabase la declaración de Granados en calidad de testigo. “La juez le advirtió entonces que se negase, añadiendo que ella iba a hacer lo mismo”, apuntan los agentes. Un hecho que se demostró gracias a unas conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil.

A esto hay que sumar la conversación que el ex consejero de Presidencia tuvo con los tres guardias civiles en octubre de 2012, donde dijo: “El tema judicial no va a ir a ningún sitio, la jueza sabe perfectamente lo que pasa aquí, a mi no me van a imputar, en todo caso me llamaría como testigo”, cuentan los imputados. Todo ello se cumplió el 16 de septiembre de 2014, cuando Granados compareció, como testigo y no como imputado, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Además, la magistrada habría denegado, según la defensa, “innumerables pruebas pertinentes, necesarias y relevantes”, por lo que los tres agentes no han podido demostrar su inocencia y esclarecer la verdad en sede judicial. Por este motivo los imputados hablarán en la Asamblea de Madrid.

El caso, que muestra la guerra interna del PP madrileño de aquellos años, se ha cerrado tres veces y se ha abierto otras tres, lo que demuestra, para los tres implicados, “una clara e interesada ralentización de la justicia para que la verdad no salga a la luz”, concluyen.