Casado evita criticar el chantaje de Hungría y Polonia sobre el fondo europeo anticrisis mientras cuestiona el Estado de Derecho en España
- El presidente del PP europeo, Donald Tusk, y el del grupo parlamentario en la Eurocámara, Manfred Weber sí critican a Budapest y Varsovia. Y Vox, compañero de familia política de Polonia y afín a las posiciones de Orbán, culpa al "consenso progre" de poner "en serio riesgo que el dinero llegue a España"
- — Crisis en la UE: Hungría y Polonia toman de rehén el fondo de recuperación para intentar seguir saltándose el Estado de Derecho
El presidente de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. @Santi_ABASCAL
Andrés Gil / Iñigo Aduriz
17 de noviembre de 2020 22:34h
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@andresgil@inigoaduriz
Después de casi 11 millones de contagios en la UE y 270.000 fallecidos, el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros y el presupuesto para 2021-2027 de 1,074 billones se encuentran en el alambre por el chantaje de Hungría (gobernado por el Fidesz/PPE) y Polonia (PiS/ECR, el grupo de Vox en la Eurocámara), que han tomado de rehén el fondo de recuperación para intentar seguir saltándose el Estado de Derecho. Los gobiernos iliberales y nacionalistas de Budapest y Varsovia están bloqueando todo el paquete pactado por los jefes de Estado y de Gobierno en julio y negociado posteriormente con el Parlamento Europeo en protesta por el mecanismo que vincula el cumplimiento del Estado de Derecho con la gestión de los fondos europeos para recibir el dinero comunitario. Unos fondos que deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. @Santi_ABASCAL
El presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, ha reaccionado con dureza al veto.
"Quien esté en contra del principio del Estado de Derecho, está en contra de Europa. Espero una posición clara al respecto de todos los partidos del PPE. Los oponentes de nuestros valores fundamentales ya no deberían ser protegidos por nadie", dijo Tusk el lunes por la tarde. Pues bien, el presidente del PP español, Pablo Casado, ya ha reaccionado, pero de una manera diferente a la del presidente de su familia política europea.
Tras casi 24 horas de silencio y cuatro semanas después de su supuesto viaje al centro tras el duro discurso contra Vox en la moción de censura de Santiago Abascal –quien agitó uno de los fantasmas favoritos de Orbán: George Soros–, Casado ha evitado este martes criticar a ambos países. Es más, durante una entrevista en Telecinco, el líder del PP ha parecido justificar a los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki.
A juicio del líder del PP, "Polonia y Hungría están diciendo: 'No nos riñan a nosotros cuando el Gobierno socialista de Sánchez ha nombrado a la fiscal general del Estado a dedo, siendo una diputada socialista". "Me parece mal lo de Sánchez y lo de Polonia", ha sentenciado Casado, que se ha mostrado molesto porque se haya forzado al PP a tomar posición en el asunto. "¿Por qué no podemos tener como modelo lo que hace Alemania o Francia, por qué tenemos que estar viendo lo que hace Polonia, que es un Gobierno extremista de derechas como el de Sánchez es extremista de izquierdas?", se ha preguntado.
A renglón seguido, Casado ha sentenciado que "Podemos es igual de radical en la izquierda que el Gobierno de Polonia es radical en la derecha".
Y eso que días antes el eurodiputado del PP y vicepresidente del grupo popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, decía que habría que sancionar incluso a España ante violaciones del Estado de Derecho.
La actitud de Casado tampoco es como la del presidente del grupo popular en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber: "Nuestros valores comunes, como la independencia del poder judicial y los medios de comunicación, no son negociables. A Hungría y Polonia, que han bloqueado la financiación de la peor crisis en décadas, les decimos claramente: el Parlamento Europeo no dará su consentimiento a un presupuesto de la UE sin un mecanismo vinculante para el cumplimiento del Estado de Derecho".
No obstante, fuentes del PP aseguran que "todavía no se ha discutido en el grupo" del Parlamento Europeo la posibilidad de expulsar a Fidesz de la bancada presidida por el propio Weber. "Si eso sirviera para desbloquear el asunto... pero Orbán bloquearía aunque ingresara en la GUE [el grupo de la Izquierda Unitaria]", explican otras fuentes del grupo: "Esto no va de fuerzas políticas, esto va de que el Consejo [los Gobiernos] lleva muchos años ignorando un problema político entre ellos y los jefes de Gobierno se han convertido en una sociedad de socorros mutuos. Y como son ellos la que lo tienen que cambiar, vuelven al mínimo común denominador. El Consejo protege a sus miembros entre ellos".
El propio Gobierno alemán, presidente de turno de la UE, también ha sido duro este martes con Polonia y Hungría. "No es momento de vetos, nuestros pueblos pagarán un precio muy alto por un bloqueo", ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, Michael Roth (SPD): "El estado de derecho es una piedra angular de nuestra Unión".
José Manuel García-Margallo, ex ministro de Exteriores, eurodiputado y verso suelto del PP, sí ha mostrado una oposición sin medias tintas a los vetos de Hungría y Polonia: "Es la consecuencia perversa de haber apostado por la unanimidad y no por el modelo federal, la mayoría. Es perverso porque se está cuestionando la vigencia del Estado de Derecho, es un torpedo en la línea de flotación de una unión como la nuestra".
Pero la posición de Casado comparando Hungría y Polonia con España no es nueva. Y tampoco única. Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha mantenido discursos similares.
Cuando el Gobierno anunció la reforma –criticada por la Comisión Europea y ahora congelada– del sistema de elección del Poder Judicial, Casado y su portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, enviaron una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para expresarle su "profunda preocupación en relación al estado de derecho respecto a la propuesta de ley de reforma del CGPJ". Casado y Montserrat le pedían al comisario que mantenga "en revisión la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial español, sin perjuicio de la activación por parte del Partido Popular Europeo de los mecanismos parlamentarios adecuados para salvaguardar el respeto de los valores democráticos y el Estado de derecho, tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea".
El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que coloca en la misma foto a Sánchez y a los primeros ministros de Hungría y Polonia, por su parte, afirmó que la reforma podía "poner en peligro los 140.000 millones de fondos de la UE".
La eurodiputada de UPyD con Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, planteó una pregunta a la Comisión Europea sobre el asunto. "¿Va a pedir información al Gobierno de España sobre estos cambios en la legislación de la judicatura destinados a facilitar los nombramientos por parte del gobierno que pueden afectar por tanto a la independencia del máximo órgano de gobierno judicial? ¿Lo tendrá en cuenta en el próximo informe sobre el Estado de Derecho?".
No es la primera vez que el PP intenta hacer oposición desde la UE. El propio Casado ya ha intentado erosionar al Gobierno ante los socios de la UE con sospechas sobre la gestión de los fondos europeos. La campaña del PP con los socios comunitarios está sincronizada entre Madrid y Bruselas y van de la mano. Si en España el PP pide usar las cifras de los muertos contra el Gobierno en sus argumentarios; en Bruselas la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, envía un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestiona el Estado de derecho en España y acusa al Gobierno de querer "encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos". Y todo esto mientras España está pendiente de un fondo de recuperación clave para reactivar al país tras la pandemia. O mientras está pendiente de tramitarse un suplicatorio para los líderes independentistas en la Eurocámara, y hay quien en Bruselas piensa que sembrar estas sospechas sobre el Estado de Derecho en España termina abonando las tesis de la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Este jueves el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá usaba un discurso de la líder de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo sobre Hungría y Polonia para retratar la situación en España.
Vox, por su parte, de la misma familia que el partido gobernante de Polonia y afín al discurso de Orbán –en relación con la migración, George Soros y el feminismo, por ejemplo–, se ha puesto del lado de Budapest y Varsovia ante el veto que amenaza 140.000 millones de euros para España en fondos de recuperación. Su portavoz en la Eurocámara, Jorge Buxadé, afirma que los "antieuropeos" son los que exigen el cumplimiento del Estado de Derecho.
Similar argumento al empleado por el Gobierno húngaro. "Esta condicionalidad está diseñada para 'matar de hambre' y 'causar dolor' a algunos Estados miembros. Es una forma conveniente de adoptar sanciones sobre una base ideológica o de ejercer presión política", ha dicho su ministra de Justicia, Judit Varga, tras una reunión de ministros de Asuntos Europeos de la UE en la que Hungría y Polonia se han reafirmado en el veto decretado este lunes.
Plan de desinformación
PP y Ciudadanos también usaron el plan contra la desinformación del Gobierno para cuestionar el Estado de Derecho en España. A pesar de que la orden ministerial española se enmarca en un plan europeo contra la desinformación lanzado a finales de 2018, y de que a lo único que habilita es a hacer meros informes, el Partido Popular y Ciudadanos han agitado el fantasma de la pérdida de los 140.000 millones del fondo de recuperación por una supuesta vulneración del Estado de Derecho penalizable.La tesis de PP y Ciudadanos obvia que la iniciativa del Gobierno cuenta con el visto bueno de quien tiene la llave del dinero, la Comisión Europea. Y, además, no tiene en cuenta que el mecanismo de respeto del Estado de Derecho recién acordado entre la Eurocámara, la presidencia del Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea se limita a "reforzar la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de Derecho den lugar a un mal uso de los fondos". Es decir, es un mecanismo diseñado para vigilar el uso de los fondos. Por lo que un miembro del PP europeo, como Viktor Orbán, quien está vetando todo el paquete en protesta por el mecanismo, podrá seguir persiguiendo migrantes en Hungría sin con eso arriesgar el dinero europeo.
Casado tuiteaba un titular que se hacía eco de la primera respuesta del Ejecutivo comunitario, en la que por error vinculaba la iniciativa del Gobierno con el estado de alarma, y decía: "El portavoz de la UE advierte al Gobierno por su intento de control a los medios y redes sociales. Sánchez pone en riesgo los fondos europeos al atacar la libertad de expresión y prensa. En España hay millones de Winston Smith frente al Gran Hermano de Moncloa. No lo permitiremos". Casado atribuía a un portavoz de la Comisión Europea el título de "portavoz de la UE", cosa que no existe, y aseguraba que se estaban poniendo en riesgo "los fondos europeos".
Por su parte, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, consideró que se trata de un "ministerio de la verdad que constituye una forma de censura y un mazazo a la democracia".
Así, el grupo europeo de Ciudadanos dirigió a la Comisión Europa mediante preguntas por escrito: "¿Considera la Comisión Europea oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos? ¿Considera que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea?"
"Estamos en una situación de desmantelamiento del Estado. Me parece gravísimo y lo digo de verdad, lo único que nos queda es Europa y espero que Europa haga su trabajo", afirmó Garicano el viernes en una entrevista en Canal Sur. El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo recalcó que "están en juego los fondos europeos de recuperación tras la pandemia".
Bruselas: "El caso de España no es el mismo problema sistémico de Hungría y Polonia"
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, marcaba distancias entre Polonia, Hungría y España en una entrevista en El País: "Durante la pandemia hemos visto un traspaso de competencias de los parlamentos a los gobiernos. Y es lógico cuando hay que tomar decisiones rápidas. En algunos países había un control del Parlamento, que podía negarse, e incluso de los tribunales. En otros, hemos expresado preocupaciones. En el caso de Hungría, el estado de emergencia no tenía límite temporal y tuvimos problemas con algunas disposiciones penales adoptadas para castigar presuntas desinformaciones. En Polonia hubo la intención de celebrar elecciones presidenciales sin que hubiera una campaña real"."No se puede decir que no sean democracias porque hay un proceso democrático", continuaba Reynders en El País: "En algunos Estados miembros tenemos preocupaciones, pero en otros más que eso. Se trata de un problema sistémico más amplio. En Polonia se trata de la independencia judicial y de la discriminación, por ejemplo, a personas transgénero o al colectivo LGTBI+. Las preocupaciones son más importantes porque tenemos la certeza de que hay un riesgo sistémico". ¿Y en el caso de España, en el que Bruselas ha mostrado preocupación tanto por la no renovación del Poder Judicial por el bloqueo del PP como por la reforma anunciada por el Gobierno y posteriormente paralizada? "Entiendo que es complicado alcanzar un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre la renovación, pero llevamos desde 2018. Hemos expresado una preocupación mayor sobre esa situación en otros países miembros. Eso significa que si eso persiste, cuando se debata sobre la situación de Hungría o Polonia los gobiernos de esos países podrán escudarse en que ese asunto en España aún no se ha solucionado. Y en el caso de España no es el mismo problema sistémico, sino que es muy puntual".
En efecto, en el primer informe sobre la situación del Estado de Derecho en los 27 países de la UE, mientras que las críticas a España se limitaban a la forma de elección de la Fiscalía General –que Bruselas considera demasiado dependiente del Ejecutivo– y la no renovación del Poder Judicial –en funciones desde 2018 por el bloqueo del PP–, en los casos de Polonia y Hungría se trata de dos países que tienen activado el artículo 7 de los tratados de la UE, lo que permitiría, en un último caso que parece que nunca llega, suspender el derecho a voto en el Consejo de la UE por violar los valores fundamentales del proyecto europeo. El PP de Casado no apoyó en el Parlamento Europeo esta censura al Gobierno húngaro.
En el caso de Hungría, se critica el cambio de criterio para elegir a los jueces, el aumento opaco y discrecional de sus sueldos, la corrupción –muy ligada también a la gestión de los fondos europeos– y la presión del Ejecutivo y sus medios de comunicación afines sobre ellos.
En el caso de Polonia, Bruselas también critica una reforma judicial que Bruselas considera que pone en riesgo la independencia judicial y la legitimidad del Tribunal Constitucional, que acaba de considerar ilegal el aborto por malformación del feto.
"Lo de España es una modificación puntual. La división de poderes está garantizada con el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales. Lo de Polonia es un asalto continuo a la independencia de los jueces", aseguraba a El País Adam Krzywon, profesor de derecho constitucional de la universidad de Varsovia. "Creo que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una mala decisión, pero no se puede comparar con el desmontaje integral que ha sufrido la justicia polaca y que ya no garantiza la división de poderes".
En todo caso, a Hungría y Polonia les sirve este debate del que participan PP y Ciudadanos en torno a España para denunciar un supuesto doble rasero. El secretario de Estado del Ministerio de Justicia en Varsovia, Sebastian Kalet, afirmó: "La reforma española está formulada de forma similar a la polaca (jueces elegidos por mayoría de 3/5 por el parlamento). Durante muchos meses, la falta de mayoría ha impedido el nombramiento de escaños, entonces, ¿qué proponen los socialistas desde Pedro Sánchez? Pasar a una mayoría simple. Permítanme recordarles que el Consejo Nacional de la Judicatura de Polonia es la principal fuente de ataques contra Polonia. La Comisión Europea y Alemania crean mecanismos para forzar la obediencia, mientras que el actual modelo español no les molesta en absoluto".
Mientras en Polonia se restringe el derecho al aborto y el de las personas LGTBI; mientras en Hungría se cierra el Parlamento a cal y canto durante la primera ola de la pandemia; mientras ambos países están sujetos a procesos de infracción por las instituciones europeas y mientras vetan el fondo europeo de recuperación y los presupuestos de la UE para 2021-2027 para evitar que se vincule el dinero comunitario con el cumplimiento del Estado de Derecho, el presidente del PP, Pablo Casado, evita criticar a Budapest y Varsovia como sí han hecho los jefes de su familia política y sigue comparando el Gobierno de Pedro Sánchez con los de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki.
Casado evita criticar el chantaje de Hungría y Polonia sobre el fondo europeo anticrisis mientras cuestiona el Estado de Derecho en España
El presidente del PP europeo, Donald Tusk, y el del grupo parlamentario en la Eurocámara, Manfred Weber sí critican a Budapest y Varsovia. Y Vox, compañero de familia política de Polonia y afín a las posiciones de Orbán, culpa al "consenso progre" de poner "en serio riesgo que el dinero llegue a...
www.eldiario.es#23 PEDROCS59
18 de noviembre de 2020. 09:36 h
No entiendo al PP, a Cs (O sí, lo de Vox está claro). Si la Comisión planea evaluar el respeto a los principios del Estado de Derecho, como condicionante para destinar las ayudas del fondo europeo, esta será una ocasión para que las instituciones europeas confirmen sus denuncias de que Sánchez e Iglesias nos aproximan a un modelo dictatorial, bolivariano... Claro que si las instituciones europeas no ven atisbo de tal desviación entonces PP y Cs tendrán que buscar otros argumentos, serios, veraces y constructivos para ejercer la oposición. Claro que igual eso les da pereza, les obliga a trabajar y al PP, además, le pondría en la difícil situación de explicar su buena sinfonía con los gobernantes húngaros y polacos
#19 rapid43
18 de noviembre de 2020. 08:45 h
Con este Ciudadanos es con quien quiere llegar a acuerdos Sanchez?
¿Por qué me viene a la cabeza la famosa frase de Montoro?
"Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros"
Condenados 19 de los 23 acusados por el desvío de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia en 2006
El tribunal rebaja las penas al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas al haber transcurrido 14 años desde los hechos y doce desde el inicio de la causa
11ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid - 25 NOV 2020 - 15:58 CET
En julio de 2006, Benedicto XVI viajó a Valencia para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias (V EMF). Aquella visita papal propició uno de los mayores pelotazos que dio la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa. Este miércoles, la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia por la que condena a penas de hasta 15 años y cinco meses de cárcel a 19 de los 23 acusados. Las penas más altas han recaído en Correa (13 años y 7 meses) y su lugarteniente, Pablo Crespo (15 años y 5 meses). La Fiscalía pedía al inicio de la vista hasta 38 y 37 años de cárcel respectivamente para ellos, pero el tribunal ha aplicado a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido 14 años desde la fecha de los hechos y 12 desde se inició la causa.
El también integrante de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes y el exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno han sido condenados a 6 años y 9 meses, mientras que a José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora leonesa Teconsa, pieza clave en el fraude, se le ha impuesto una de 11 años y 7 meses. El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los tres años. El tribunal ha absuelto a dos de las encausadas para las que la Fiscalía Anticorrupción ya retiró la acusación durante el juicio. Otros dos procesados, el entonces conseller de Agricultura en el Gobierno autonómico de Francisco Camps, Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, fallecieron, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal. El tribunal también ha tenido en cuenta que 11 de los acusados reconocieron los hechos y han prestado una “colaboración real, activa y eficaz”.
La sentencia considera probado que, al menos el mes de octubre de 2005, la trama de Francisco Correa “inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo” del encuentro religioso en el que iba a participar Benedicto XVI en Valencia. Para ello, los cabecillas de la trama “mantuvieron, directa e indirectamente, reuniones y contactos” con Cotino y otras personas vinculadas con la Fundación que organizaba el evento “para conseguir que esta otorgara la contratación del alquiler de pantallas, megafonía y video así como otras contrataciones, como escenario, escenografía o vallas, al grupo Correa”.
Para ahorrar a la Fundación los gastos de este material audiovisual y facilitar que los contratos terminaran siendo adjudicados a la red empresarial de Correa, se decidió que la licitación corriera a cargo del ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV). El fallo recalca que “el proceso de adjudicación fue simulado, por cuanto la adjudicación ya estaba determinada con anterioridad a favor de la empresa vinculada al grupo Correa, Teconsa”. Esta compañía, sin experiencia en instalaciones de imagen y sonido, subcontrató a su vez los trabajos a Orange Market —filial de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana— y a otras sociedades de la trama.
El entonces director general de RTVV, Pedro García Gimeno, otorgó el contrato a dedo por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros, con IVA), “muy superior al coste real de los trabajos necesarios para su ejecución”. Todo ello supuso “un sobrecoste con cargo a los fondos públicos de la RTVV de 3.205.375,11 euros y un correlativo enriquecimiento ilícito a favor de los acusados”. Siete años después, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, cerró la RTVV, lastrada por una deuda de 1.200 millones de euros. 1.700 trabajadores se quedaron sin empleo.
Los 3,2 millones de sobreprecio del contrato, continúa el fallo, llegaron a Teconsa, que se quedó con 200.000 euros por haber jugado el papel de “empresa pantalla”, mientras que el resto fue repartido “entre las personas que habían tenido influencia en la adjudicación”. Este reparto se hizo a través de “una compleja operativa con utilización de sociedades y facturas irregulares, simulando operaciones irreales de prestaciones de servicios o inversiones inmobiliarias” para encubrir las comisiones. Para el tribunal, los hechos constituyeron delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la Administración Pública, malversación, falsedad en documento oficial y documento mercantil, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Condenados 19 de los 23 acusados por el desvío a la Gürtel de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia
El tribunal rebaja las penas al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas al haber transcurrido 14 años desde los hechos y doce desde el inicio de la causa
elpais.comEl juez aprueba investigar 23 adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar por valor de 600 millones de euros
Las pesquisas se engloban dentro del caso de los papeles de Bárcenas.
José María Aznar. EFE.
MADRID
12/12/2020 10:55 ACTUALIZADO: 12/12/2020 10:59
PÚBLICO
El juez Santiago Pedraz ha aprobado investigar 23 adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar por valor de 600 millones de euros dentro de las pesquisas por los papeles de Bárcenas.
Estas licitaciones se engloban entre los años 2000 y 2004, cuando el PP gobernaba España en la segunda legislatura de Aznar. La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan esta nueva línea de las pesquisas, según publica el diario El País.
El magistrado, que ha asumido de forma temporal la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas y la caja B del Partido Popular, busca pruebas que "acrediten la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios que constan en la contabilidad paralela del partido que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas".
Según informa el rotativo de PRISA, el juez quiere conocer el contenido de los expedientes de contratación, la orden de inicio, el "pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas", "las ofertas presentadas por todos los licitadores", los "informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas", las "actas de las mesas de contratación", la "resolución de adjudicaciones", los contratos y sus modificaciones.
El juez aprueba investigar 23 adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar por valor de 600 millones de euros
Las pesquisas se engloban dentro del caso de los papeles de Bárcenas.
www.publico.es
Última edición:
DICE QUE LE INFORMABA SOBRE LAS OPERACIONES
Por
Pablo Gabilondo
Beatriz Parera
14/12/2020 - 13:49 Actualizado: 14/12/2020 - 18:12
El que fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, ha asegurado este lunes ante la Audiencia Nacional que el exdirector general del cuerpo, Ignacio Cosidó, estaba al tanto de la operación Kitchen. Fuentes jurídicas presentes en la comparecencia explican a El Confidencial que, a preguntas de la Fiscalía sobre el dispositivo que se puso en marcha en 2013 para robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, Pino ha mantenido la misma postura que hace un año: dice que él despachaba los asuntos con su superior y que se limitó a autorizar el pago con fondos reservados de un confidente.
Más allá del ex DAO, este lunes también ha pasado por la Audiencia Nacional como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, y los dos notarios que levantaron acta con los supuestos mensajes de 2013 en los que Fernández Díaz habla de la operación Kitchen como testigos. El juez Manuel García-Castellón citó a los cuatro en un intento de comprobar la tesis del exministro del Interior, que argumenta que los SMS han sido manipulados, y las fuentes consultadas apuntan a que tanto Pino como García Castaño han afirmado que nunca hablaron sobre la operación Kitchen con Fernández Díaz de forma directa.
El audio de Fernández Díaz y su 'dos' sobre Kitchen: "Me pides que me informe, ministro"
Beatriz Parera Pablo Gabilondo
Los investigadores dieron con estos mensajes después de que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado, levantara acta con los mismos en 2019 ante los notarios Enrique A. Franch Quiralte y Alberto Vela Navarro-Rubio. Ambos han comparecido este lunes y han confirmado que Martínez recurrió a ellos para dejar negro sobre blanco los SMS, pero han explicado que no hicieron pantallazos y que tampoco comprobaron su origen. Aunque los SMS se erigen como principal indicio de que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación, él niega su autenticidad y Pino y García Castaño han dicho no tener constancia de ellos.
El ex DAO también ha dejado caer su sospecha de que la primera línea de investigación del caso Villarejo, que se centra en la entrada ilegal en España de ciudadanos de Guinea Ecuatorial, no fue más que una excusa para blindar al rey emérito Juan Carlos I. Las fuentes consultadas apuntan a que Pino ha afirmado que, cuando Villarejo le dijo que tenía información sobre las cuentas de Juan Carlos I, le prohibió que lo investigara y advirtió de ello al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, por lo que considera que la detención de Villarejo podría no ser más que una maniobra de los servicios de inteligencia para hacerse con las cintas que afectaban a la Casa Real.
En cuanto al segundo notario, Enrique A. Franch Quiralte, levantó acta con un mensaje que supuestamente fue reenviado por Fernández Díaz a Martínez: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica… Es decir, que no seria información para el J a efectos publicación…: es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención... Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información… Veremos. Te informo".
El juez cita a los notarios para verificar SMS de Kitchen que se achacan a Fernández Díaz
Beatriz Parera Pablo Gabilondo
A la vista de que Fernández Díaz asegura que han sido manipulados, el magistrado celebró un careo entre él y Martínez el 13 de noviembre, pero ninguno de los dos cedió terreno. "¿De qué me invento yo esto? ¿A santo de qué?", lanzó el exsecretario de Estado de Seguridad ante los ataques del exministro. "Esa es la pregunta que me hago yo... Esa es la pregunta que me hago yo, sinceramente [...]. Hubiera podido ser que alguien me lo hubiera dicho, pero nadie me lo dijo, ni ningún político, ni ningún periodista", respondió el exministro, que ha afirmado en todo momento que no tuvo conocimiento de la operación Kitchen hasta que salió publicado en prensa.
Con ambas versiones sobre la mesa, el magistrado citó a los notarios como testigos y a Pino y García Castaño como imputados, pero sus declaraciones mantienen la duda en el aire. Según explican las fuentes consultadas, la parte más relevante de las comparecencias ha sido el momento en el que Pino ha apuntado a Cosidó y, ante las preguntas de la Fiscalía sobre la relación que mantenía el comisario Villarejo con la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha alegado no poder hablar con seguridad de la misma. El Ministerio Público ya pidió imputar a la política por el caso Kitchen, pero, por el momento, el ex DAO solo señala de forma directa a Cosidó.
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El ex número dos de la Policía apunta a Ignacio Cosidó en el caso Kitchen
También han declarado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, y los notarios que levantaron acta con los SMS que incriminan a Fernández Díaz
Por
Pablo Gabilondo
Beatriz Parera
14/12/2020 - 13:49 Actualizado: 14/12/2020 - 18:12
El que fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, ha asegurado este lunes ante la Audiencia Nacional que el exdirector general del cuerpo, Ignacio Cosidó, estaba al tanto de la operación Kitchen. Fuentes jurídicas presentes en la comparecencia explican a El Confidencial que, a preguntas de la Fiscalía sobre el dispositivo que se puso en marcha en 2013 para robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, Pino ha mantenido la misma postura que hace un año: dice que él despachaba los asuntos con su superior y que se limitó a autorizar el pago con fondos reservados de un confidente.
Más allá del ex DAO, este lunes también ha pasado por la Audiencia Nacional como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, y los dos notarios que levantaron acta con los supuestos mensajes de 2013 en los que Fernández Díaz habla de la operación Kitchen como testigos. El juez Manuel García-Castellón citó a los cuatro en un intento de comprobar la tesis del exministro del Interior, que argumenta que los SMS han sido manipulados, y las fuentes consultadas apuntan a que tanto Pino como García Castaño han afirmado que nunca hablaron sobre la operación Kitchen con Fernández Díaz de forma directa.
El audio de Fernández Díaz y su 'dos' sobre Kitchen: "Me pides que me informe, ministro"
Beatriz Parera Pablo Gabilondo
Los investigadores dieron con estos mensajes después de que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado, levantara acta con los mismos en 2019 ante los notarios Enrique A. Franch Quiralte y Alberto Vela Navarro-Rubio. Ambos han comparecido este lunes y han confirmado que Martínez recurrió a ellos para dejar negro sobre blanco los SMS, pero han explicado que no hicieron pantallazos y que tampoco comprobaron su origen. Aunque los SMS se erigen como principal indicio de que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación, él niega su autenticidad y Pino y García Castaño han dicho no tener constancia de ellos.
El ex DAO también ha dejado caer su sospecha de que la primera línea de investigación del caso Villarejo, que se centra en la entrada ilegal en España de ciudadanos de Guinea Ecuatorial, no fue más que una excusa para blindar al rey emérito Juan Carlos I. Las fuentes consultadas apuntan a que Pino ha afirmado que, cuando Villarejo le dijo que tenía información sobre las cuentas de Juan Carlos I, le prohibió que lo investigara y advirtió de ello al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, por lo que considera que la detención de Villarejo podría no ser más que una maniobra de los servicios de inteligencia para hacerse con las cintas que afectaban a la Casa Real.
Los SMS de la discordia
En junio de 2019, el notario Vela se encargó de levantar acta con los siguientes mensajes que, según sostiene Martínez, le envió el exministro en 2013: “Chófer. B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor de Bárcenas que actuaba como confidente de la trama. “Es importante”. “Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio [CNI en jerga policial]. Yo estaré viajando, pero totalmente en guardia y conectado”. “Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info…”. “OK. Espero tu llamada después del Consejo. Buenas noches”.En cuanto al segundo notario, Enrique A. Franch Quiralte, levantó acta con un mensaje que supuestamente fue reenviado por Fernández Díaz a Martínez: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica… Es decir, que no seria información para el J a efectos publicación…: es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención... Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información… Veremos. Te informo".
El juez cita a los notarios para verificar SMS de Kitchen que se achacan a Fernández Díaz
Beatriz Parera Pablo Gabilondo
A la vista de que Fernández Díaz asegura que han sido manipulados, el magistrado celebró un careo entre él y Martínez el 13 de noviembre, pero ninguno de los dos cedió terreno. "¿De qué me invento yo esto? ¿A santo de qué?", lanzó el exsecretario de Estado de Seguridad ante los ataques del exministro. "Esa es la pregunta que me hago yo... Esa es la pregunta que me hago yo, sinceramente [...]. Hubiera podido ser que alguien me lo hubiera dicho, pero nadie me lo dijo, ni ningún político, ni ningún periodista", respondió el exministro, que ha afirmado en todo momento que no tuvo conocimiento de la operación Kitchen hasta que salió publicado en prensa.
Con ambas versiones sobre la mesa, el magistrado citó a los notarios como testigos y a Pino y García Castaño como imputados, pero sus declaraciones mantienen la duda en el aire. Según explican las fuentes consultadas, la parte más relevante de las comparecencias ha sido el momento en el que Pino ha apuntado a Cosidó y, ante las preguntas de la Fiscalía sobre la relación que mantenía el comisario Villarejo con la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha alegado no poder hablar con seguridad de la misma. El Ministerio Público ya pidió imputar a la política por el caso Kitchen, pero, por el momento, el ex DAO solo señala de forma directa a Cosidó.
El ex número dos de la Policía apunta a Ignacio Cosidó en el caso Kitchen
También han declarado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, y los notarios que levantaron acta con los SMS que incriminan a Fernández Díaz
El ex número dos de la Policía describe ante el juez la implicación de Asuntos Internos en la brigada política del PP
- "Martínez o Cosidó me ordenaron quitar a Asuntos Internos (de Kitchen) y poner a Villarejo porque pudiera parecer una brigada más política", declara el comisario Pino. Habla con naturalidad de cómo implicó a los agentes que tienen que investigar delitos de otros policías en el espionaje a Bárcenas y la Operación Catalunya
- — El comisario Eugenio Pino sobre la Operación Kitchen: "Cosidó lo sabía todo"
Asuntos Internos dependía directamente del director adjunto operativo Eugenio Pino
Pedro Águeda
20 de diciembre de 2020 22:16h
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@pedroagueda
Con la naturalidad de quien se presenta ajeno a la polémica de su mandato, el ex director operativo de la Policía con el PP, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, relató el pasado lunes ante el juez del caso Villarejo las prácticas que implantó en el Cuerpo y sin las que no se puede explicar la “operación parapolicial” de espionaje a Luis Bárcenas por las que él y sus máximos colaboradores están imputados en la Audiencia Nacional.
Durante la hora y tres cuartos que se prolongó su última declaración en la pieza Kitchen, Pino se refirió en varias ocasiones a la utilización de Asuntos Internos para cualquier cuestión que él considerara de interés, sin que supusiera un problema pervertir la única función asignada legalmente a la unidad: perseguir los delitos que cometen los agentes del Cuerpo.
El comisario Pino y el resto de imputados mantienen que la denominada Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados, solo pretendía contribuir a localizar los testaferros de Bárcenas y a recuperar el dinero que escondía. La investigación, sin embargo, ha acreditado que actuaron en todo momento a espaldas del juez de la caja B y de los policías a cargo de éste, y apunta a que su único interés era recuperar y ocultar pruebas de la posible implicación en la financiación irregular y el cobro de sobresueldos en negro por parte de altos dirigentes del PP.
En un momento del interrogatorio del fiscal Miguel Serrano, el investigado habla de lo que en términos policiales se llama “manipulación” del confidente, en este caso el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Según la reconstrucción que ha realizado elDiario.es con fuentes presentes en la declaración, Pino afirma: “En un principio iba a ser Marcelino (Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en ese momento). Luego, por otras razones, se me obliga a que sea Villarejo porque, según me cuentan, Marcelino era Asuntos Internos y pudiera parecer una brigada más política. Yo evidentemente, porque se me ordena, nombro a Villarejo”.
El grueso de la Operación Kitchen se llevó a cabo, sin embargo, mucho antes de que saltara del seno de la Policía a la opinión pública la utilización partidista que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba haciendo de los agentes. Aún no había trascendido que el mismo grupo de mandos que ahora se encuentra imputado en su totalidad por el espionaje a Bárcenas se dedicaba también en esa época a rastrear información comprometedora de políticos independentistas, de forma prospectiva y extrajudicial, en lo que tiempo después se bautizaría como Operación Catalunya.
La investigación paralela a Bárcenas y los seguimientos a su familia se concentraron entre junio y octubre de 2013. No fue hasta noviembre de 2014 cuando elDiario.es publicó la trama parapolicial contra el proceso soberanista y la implicación de la Unidad de Asuntos Internos como policías desplegados sobre el terreno. De la Operación Kitchen no se supo hasta un años después cuando El Español reveló su existencia.
“¿Quién le da esa orden?”, preguntó el fiscal Serrano a Pino el pasado 14 de diciembre, en referencia a cambiar a Martín-Blas por Villarejo. “Pues no lo sé”, respondió el comisario con la desmemoria que salpicó toda su declaración y contra la que le advirtieron tanto el fiscal como el juez Manuel García-Castellón. “No sé si es el director (Ignacio Cosidó) o el secretario de Estado (Francisco Martínez) porque tuve relación de este caso con los dos”.
El comisario Pino encontró en el secretismo que envuelve a la Unidad de Asuntos Internos, esencial para poder investigar a policías corruptos, la característica ideal para hacerle encargos políticos y que su ejecución escapara a cualquier fiscalización. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad cuenta con 120 agentes aunque en la época de Pino eran probablemente bastantes más. Su sede está en unos pisos del centro de Madrid separados de cualquier otra dependencia policial y el comisario que la manda ahora es un veterano de la lucha contra el narcotráfico, Francisco Miguelañez.
Paradójicamente, una orden dictada durante el mandato de Eugenio Pino, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”.
"Le pasaba las notas de Villarejo a Asuntos Internos"
Durante el interrogatorio, el comisario Pino intenta convencer de que el despliegue secreto contra Bárcenas intentaba localizar tres cuentas del ex tesorero del PP ajenas a la que había sido descubierta en Suiza por los auténticos investigadores del caso a través de una comisión rogatoria. Pino asegura que la información venía de Villarejo, entonces una suerte de liberado destinado en la DAO, y que para trasladarlo, como para el resto de asuntos, había escrito una de sus “notas informativas”.Pino: “Cuando Villarejo traía una nota a mi despacho, yo inmediatamente llamaba a un secretario mío que se llama Bayo, cogía la nota, y si había algo de mucho interés me lo transmitía verbalmente y si no, lo pasaba a Asuntos Internos”.
Fiscal: “¿Por qué no se derivaron a la UDEF (la unidad investigadora del caso de la caja B)?”
Pino: “Pues mire usted, yo era el jefe de 72.000 policías. Si ya se pasa a Asuntos Internos y es un comisario principal (Martín-Blas), y entiende que no lo debe llevar él, debe pasarlo a la unidad investigadora”.
Más adelante, Pino insiste a preguntas del fiscal Serrano en que Villarejo “hacía notas de todo”. “Habría 50 en el GATI (un archivo policial), también sobre Barcelona…”, llega a decir Pino reconociendo con naturalidad la participación del comisario hoy encarcelado en la Operación Catalunya y cómo esas notas pasaban por el jefe de la Unidad de Asuntos Internos.
Imputado el exjefe de la Unidad
Llamado a las más altas responsabilidades cuando gobernara el PP, Martín-Blas se tuvo que conformar con Asuntos Internos y no con una silla en la Junta de Gobierno de la Policía cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, por carecer de la titulación requerida. “Hombre de confianza” de Pino, según le describe éste ante el juez, acabó cesado y denostado por su enfrentamiento con Villarejo.El nombre de Martín-Blas había saltado a los medios por primera vez debido a la queja pública y formal del Consejo Fiscal por el hecho de que, junto al comisario José Luis Olivera, Martín-Blas hubiera visitado a los fiscales del caso Palau a finales de octubre de 2012, y en plena campaña electoral catalana los policías les hubieran intentado convencer de la conveniencia de registrar la sede de Convergencia. Ni Martín-Blas, ni Olivera, estaban relacionados con la investigación.
Las grabaciones incorporadas a la causa Tándem confirman que Villarejo amenazó al Ministerio del Interior con toda la información que atesoraba de sus irregularidades para elegir entre él o el jefe de Asuntos Internos. Después de haber participado ambos en la Operación Catalunya, el enfrentamiento se desató cuando Asuntos Internos investigó al comisario Salamanca, amigo de Villarejo, en la Operación Emperador contra la mafia china e incluyó en uno de sus informes a uno de sus hijos. Villarejo mantiene que el CNI utilizaba a Martín-Blas y a Asuntos Internos en su guerra contra él.
Hasta el momento hay dos antiguos miembros de Asuntos Internos imputados por el espionaje a Bárcenas. Además de Martín-Blas está el jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos entonces, el inspector jefe Jesús Vicente Galán, por la participación de sus subordinados en el marco del operativo parapolicial a la mujer del ex tesorero. Galán fue recompensado después con uno de los codiciados destinos en el exterior, retribuidos con más de 10.000 euros brutos mensuales. Como Martín-Blas fue concecorado con una medalla roja pensionada.
Contra el legado de aquellos mandos de Asuntos Internos luchan desde hace más de tres años la decena escasa de agentes de la Unidad que actúan como policía judicial en el caso Villarejo, en estrecha colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, y a las órdenes del juez García-Castellón.
El grupo disuelto y la foto desaparecida de la comisaria
En la arquitectura que pretendía disimular la actuación de la policía política cobró especial protagonismo un grupo de setenta agentes que, dentro de la Unidad de Asuntos Internos, creó el comisario Pino, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Se trataba aparentemente de volver a casos que habría perdido la Policía en detrimento de otros cuerpos o cuyas investigaciones no hubieran prosperado,supuestamente por la dejadez o torpeza de los investigadores. Sirvió, sin embargo, para revolver en casos ya juzgados y con sentencia firme como el 11-M o el Faisán, que el PP había utilizado en la oposición para atacar al Gobierno de Zapatero, o para justificar la presencia en Catalunya coincidiendo con el procés.
Con la jubilación de Pino y a sustitución de Fernández Díaz por Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, la brigada fue disuelta y sus agentes repartidos por distintos destinos. Al frente de la BARC durante la etapa de Pino había estado la comisaria Núria Mazo, jefa en la actualidad de la Brigada de Policía Judicial en Pamplona. Mazo es la agente que saluda en una foto al ministro Fernando Grande-Marlaska durante su visita a la Jefatura Superior de la capital navarra el 16 de septiembre de 2019. Esa fotografía, subida a la cuenta de Twitter de Interior, desapareció de las redes sociales del Ministerio a las pocas horas.
El ex número dos de la Policía describe ante el juez la implicación de Asuntos Internos en la brigada política del PP
"Martínez o Cosidó me ordenaron quitar a Asuntos Internos (de Kitchen) y poner a Villarejo porque pudiera parecer una brigada más política", declara el comisario Pino. Habla con naturalidad de cómo implicó a los agentes que tienen que investigar delitos de otros policías en el espionaje a...
www.eldiario.es¿Así que las cloacas habían desaparecido Marlaska?
Anticorrupción detecta la trampa para camuflar el uso de fondos reservados en el espionaje a Bárcenas
- La Policía se saltaba la normativa y solicitaba el dinero sin aludir a "operaciones policiales concretas"; Interior entregaba los fondos sin comprobar la documentación remitida. El juez acuerda solicitar al actual Ministerio nueva documentación que revele bajo qué conceptos se escondieron los gastos de la Operación Kitchen
- — El sumario de Kitchen revela el descontrol sobre los fondos reservados 30 años después de los GAL
Pedro Águeda
23 de diciembre de 2020 22:12h
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@pedroagueda
El cruce de las declaraciones de varios mandos policiales con la documentación desclasificada y remitida a la Audiencia Nacional por el Ministerio del Interior han hecho concluir a la Fiscalía Anticorrupción que las partidas de fondos reservados para sufragar el espionaje a Bárcenas se solicitaron y concedieron de forma irregular, sorteando el cumplimiento de la Ley de Gastos Reservados, para no dejar rastro de la Operación Kitchen.
El juez Manuel García-Castellón ha acordado en un auto la petición de documentación que requiere Anticorrupción al actual Ministerio del Interior y que consiste en una nueva batería de documentos que permitan encontrar los agujeros por los que se coló la maniobra de los responsables del departamento en ese momento, en connivencia con los miembros de la brigada política que encabezaba el comisario Eugenio Pino.
Anticorrupción concluye que la Dirección Adjunta Operativa solicitaba los fondos a Interior sin vincularlos "a operaciones policiales concretas" de tal modo que no quedara rastro del verdadero uso que les estaba dando, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Esto era posible porque la Secretaría de Estado de Seguridad que dirigía Francisco Martínez concedía esas partidas sin haber recibido antes la documentación justificativa que requiere la orden que desarrolla la Ley de Gastos Reservados.
Después, cuando la Secretaría de Estado debía recibir justificación de su uso, ésta tampoco se daba de acuerdo a la normativa. "En algunos casos —añade Anticorrupción— desde la Secretaría de Estado de Interior se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario imputado Eugenio Pino.
Como informó elDiario.es el 3 de octubre pasado, los interrogatorios a los imputados así como a dos secretarios generales (números dos) de la Dirección Adjunta Operativa de Pino y al facultativo Miguel Ángel Bayo, pieza clave en el uso de fondos reservados, permitieron destapar un descontrol en la concesión y manejo de estas partidas de dinero público como no se había conocido desde la trama del terrorismo de Estado de los GAL.
50.000 euros para García Castaño en diez meses
La Fiscalía se fija ahora en la actuación del comisario jefe de la UCAO Enrique García Castaño, quien recibía fondos reservados sin ser "una unidad autónoma receptora" y que lo hacía "con independencia" de los que recibía la Comisaría General de Información a la que pertenecía. En total, dice el escrito, García Castaño recibió personalmente un total 50.000 euros de la DAO entre el 1 de julio de 2014 y el 18 de mayo de 2015."Los fondos así entregados al investigado Enrique García Castaño, con periodicidad mensual y por una cuantía fija, no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta; y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario", describe Anticorrupción, que añade que esto era posible porque estaba autorizado "verbalmente" por Eugenio Pino.
Para seguir profundizando en la maniobra, la Fiscalía Anticorrupción pide que Interior determine si los pagos mensuales al chófer Sergio Ríos entre julio de 2013 y septiembre de 2015 debían haber estado reflejados en la casilla de "pago a colaboradores fijos" o en la de "pago a colaboradores ocasionales".
A este respecto, el fiscal Miguel Serrano preguntó al que por entonces era director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que compareció el pasado 23 de noviembre como testigo. Según la reconstrucción del interrogatorio realizada por elDiario.es, Pérez de los Cobos respondió: "Yo creo que eso no está clasificado en la normativa. Creo que debería ser más lógico que lo respondieran los responsables de las unidades, pero si me pide opinión, en un periodo tan prolongado, no es un colaborador ocasional. Dieciocho meses se aleja de lo ocasional".
En esta labor de rastreo de los fondos reservados de la Operación Kitchen, el juez, a petición de Anticorrupción, pide también a Interior que determine en qué apartado de las plantillas de la citada orden debería incluirse la compra de material informático o de una pistola. Estos son dos gastos, de 1.900 euros el primero y de 700 el arma, que Enrique García Castaño reveló que se habían hecho dentro del operativo. El material informático alude al ordenador portátil en el que se debían volcar los avances de la operación para que los consultara el secretario de Estado Martínez. La pistola le fue entregada al chófer como un regalo.
Para acotar la petición y que no pueda distraerse el resultado, Anticorrupción ha pedido que se identifique cualquier otra operación que incluya pagos que coincidan con los que se realizaron al chófer o que se puedan corresponder con las cantidades empleadas en el citado material informático y la pistola.
García-Castellón rechaza llamar de nuevo a Pino
El juez García-Castellón acepta igualmente pedir al Ministerio del Interior si los gastos antes mencionados se pudieron justificar como correspondientes a "información" o en el apartado "operaciones". El primero está reservado por la orden que regular los gastos reservados a pagos no circunscritos a una operación concreta sino a la obtención de información que pueda desembocar más adelante en una.El juez del caso Kitchen ha aceptado la solicitud de los documentos planteados Anticorrupción aunque ha matizado que debe ser la Unidad de Asuntos Internos, en funciones de policía judicial, quien la curse. Asimismo, García-Castellón ha rechazado una nueva declaración de Pino, como solicitaba la Fiscalía, porque declaró el pasado 14 de diciembre y entonces ya se conocían las citadas conclusiones. El instructor deja abierta la posibilidad a que Pino sea llamado de nuevo más adelante.
Anticorrupción detecta la trampa para camuflar el uso de fondos reservados en el espionaje a Bárcenas
La Policía se saltaba la normativa y solicitaba el dinero sin aludir a "operaciones policiales concretas"; Interior entregaba los fondos sin comprobar la documentación remitida. El juez acuerda solicitar al actual Ministerio nueva documentación que revele bajo qué conceptos se escondieron los...
www.eldiario.esFamiliares de políticos del PP y apellidos ilustres: quiénes mueven los hilos de las sicavs en España
- Entre los cargos de confianza de la banca privada figuran un hijo de un exdiputado y exvicepresidente de la CNMV con Aznar y la hija y la viuda de un exdiputado y exsenador popular
- — Banqueros y familiares de políticos de Vox y el PP: las últimas sicavs que se han dado de baja
Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) EUROPA PRESS - Archivo
Antonio M. Vélez
27 de diciembre de 2020 21:20h
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@unvelez
Familiares de antiguos altos cargos del Partido Popular y un puñado de gestores con apellidos ilustres figuran entre los administradores de confianza de la banca privada cuyos nombres más se repiten en cientos de sicavs, las sociedades de inversión cuyos requisitos ha anunciado el Gobierno que va a endurecer. Hace un año PSOE y Unidas Podemos acordaron ejercer un mayor control sobre estos vehículos, muy utilizados por las grandes fortunas, y desde entonces, más de un centenar han anunciado su baja.
La normativa de sicavs establece que para acogerse a las ventajas fiscales de las que disfrutan estos vehículos es necesario que cuenten con un consejo de administración. Aunque en muchas de ellas (no es lo más habitual) aparecen como consejeros sus accionistas, es muy frecuente que, por razones de confidencialidad, personas ajenas a su accionariado figuren en sus máximos órganos de gestión.
Esto propicia que una batería de nombres se repita desde hace años en los órganos de administración de estas sociedades. Es una práctica que, apuntan fuentes del sector de la banca privada, se remonta a los años del terrorismo de ETA y que se prolonga hasta nuestros días.
Uno de esos nombres habituales es el de Luis Ramallo Bardají, hijo del que fuera diputado del PP y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la primera legislatura de José María Aznar, el notario Luis Ramallo, que unos meses después de abandonar ese organismo se vio salpicado por el escándalo financiero de la agencia de valores Gescartera.
Luis Ramallo (PP), en una imagen de archivo.
En los registros del regulador bursátil, Ramallo hijo aparece como consejero, presidente o secretario de más de una veintena de sicavs que gestiona Banco Santander y que al cierre del tercer trimestre manejaban en conjunto un patrimonio de cerca de 350 millones de euros.
Ramallo, que no ha querido atender a elDiario.es, trabajó entre 1998 y 2001 en Banif, la antigua división de banca privada de Banco Santander, pero lleva casi veinte años desvinculado de la entidad. En la actualidad, trabaja como agente inmobiliario en Las Rozas (Madrid), según su LinkedIn. Según el banco, ejerce en esas sicavs como “consejero independiente”. En alguna de ellas figura como secretario e, incluso, presidente.
Entre las sicav que administra destaca Cleomer, que a septiembre gestionaba 37,1 millones y a cierre de 2019, según sus cuentas, tenía el 88% de sus títulos en manos de Yalkotise SA, administrada por una hermana de Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Santander Central Hispano que se llevó la mayor indemnización de la historia de España tras salir de la entidad a principios de siglo, cerca de 110 millones.
O Susak Inversiones (47,73 millones de patrimonio), en la que Ramallo figura como presidente y cuyo mayor accionista (81,39%) es Servinoga, de la Familia Nogueira, una de las grandes fortunas gallegas. También aparece como consejero en otras como Masira Inversión Sicav, de la casa nobiliaria de los Medinaceli (12,37 millones), o Azkaran Inversiones (101 millones), de los Azkárate, ex dueños de La Previsora Bilbaína, que vendieron en 2016 por 125 millones a Catalana Occidente.
Una de las sicavs en las que acaba de dejar sus cargos Ramallo (era el presidente) es Cajaca Inversiones, donde le ha sustituido César Areces, perteneciente a una de las familias que controlan El Corte Inglés. El relevo está relacionado, como apuntaba El Confidencial hace unos días, con el cambio de gestora de la sicav, que ha contratado a CaixaBank.
En esa sicav ejercía como vicesecretaria no consejera Pilar Uribarri, que según su LinkedIn es asesora jurídica de Santander para sicavs desde finales de los 90. Uribarri es hija de otro expolítico del PP también vinculado a Extremadura (Luis Ramallo fue presidente del PP en esa comunidad autónoma): el fallecido catedrático Antonio Uribarri, exdiputado y exsenador de la UCD y el PP y ex adjunto al Defensor del Pueblo durante el primer Gobierno de Aznar.
Uribarri, que no ha querido atender a elDiario.es, comparte cargos con Ramallo en varias de estas sociedades, y en algunas aparece junto a su madre, Aurora Chacón Zancada. Esta última figura como consejera, secretaria o presidenta de una veintena de sicavs gestionadas por Santander. Se trata de otra persona de confianza que utiliza el banco para preservar la confidencialidad de los clientes que quieren invertir su dinero en sicavs.
Más de 1.000 millones
En la actualidad, Pilar Uribarri ocupa el cargo de vicesecretaria (no consejera) en cerca de setenta sicavs cuyo patrimonio conjunto superaba holgadamente los 1.000 millones a septiembre. La vicesecretaría es un cargo que agiliza la gestión ordinaria de este tipo de sociedades, explican en el sector.Entre las sicavs a las que asesora Uribarri cuyos accionistas son públicos, destacan especialmente por su patrimonio (710 millones a septiembre) Gerprisa y Herprisa, de Alberto Palatchi, fundador de Pronovias y cuyo hijo Alberto (también consejero de esas sicavs) fue fichado como asesor por Xabier García Albiol para las elecciones catalanas de 2017; Telesto Inversiones, del tenista Rafael Nadal (44,2 millones), Cross Roads Inversiones, del fundador de Ono, Eugenio Galdón (43,987 millones), Haya Inversiones (16,784 millones), presidida y controlada por Angustias Martos, condesa de Tilly; o dos de las que montó el sevillano Francisco Manuel Delgado Rodríguez, conocido como panadero del Euromillones, tras ganar 121 millones en este sorteo en 2011.
Uribarri también aparece como vicesecretaria de, entre otras, la sicav Fivalbolsa (del grupo empresarial del magnate hotelero y ex ministro popular Abel Matutes), Adlergestión Inversiones (presidida por Javier López del Hierro, ex presidente de Mahou y sobrino político de María Dolores de Cospedal) o Reales de Galicia (presidida por Ana Gervás, accionista de la cervecera y exesposa de López del Hierro).
Un rol similar al de Uribarri tienen otros abogados y economistas como Leopoldo Ybarra Sainz de la Maza, hijo del fallecido José María de Ybarra Mendaro, conde de Ybarra, y responsable de Asset Allocation Banca Privada en BBVA Asset Management. Ybarra ejerce cargos en más de un centenar de sicavs.
Otros nombres son los de Alfonso Fernández Miranda Vidal (socio del bufete Ramón y Cajal Abogados), Luis de la Peña Fernández Nespral, socio de Garrigues y perteneciente a una de las familias de armadores más importantes de Asturias, y otros como Andrés Palmer Arrom, Mónica Bugallo Adán, Raquel Gil Sanz, Camelia Durán Muñoz, Virginia Cabo López, Margarita Calvo Imaz o Isabel Caramé Calvo. Con cerca de 2.500 sicavs en España, muchas de ellas con accionistas que no son públicos en los registros del regulador bursátil, la lista es larga.
Familiares de políticos del PP y apellidos ilustres: quiénes mueven los hilos de las sicavs en España
Entre los cargos de confianza de la banca privada figuran un hijo de un exdiputado y exvicepresidente de la CNMV con Aznar y la hija y la viuda de un exdiputado y exsenador popular
www.eldiario.esEl frente judicial complica los planes de Pablo Casado para 2021: Caja B, Gürtel, Púnica y espionaje a Bárcenas
- El 8 de febrero arranca el juicio de la caja B pero el caso se ha desdoblado y la investigación de pagos a cambio de adjudicaciones puede acabar antes de fin de año y derivar en un segundo juicio por los 'papeles de Bárcenas'
Pablo Casado y Mariano Rajoy se abrazan tras la victoria del primero en las primarias del PP.
Pedro Águeda
2 de enero de 2021 22:23h
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@pedroagueda
Los próximos meses supondrán un recorrido especial dentro del vía crucis judicial que arrancó para el Partido Popular hace doce años con el estallido del caso Gürtel: el próximo 8 de febrero se celebrará el juicio de la pieza conocida como caja B, siete años después de que los 'papeles de Bárcenas' hicieran aflorar el sistema de financiación con dinero negro de grandes empresarios que existía en el partido desde hacía al menos dos décadas.
Esta cita judicial resulta insalvable desde hace tiempo para la formación de Pablo Casado, que sin embargo ha visto en los últimos meses como la situación se agrava con la reapertura de otra vía de la investigación de su financiación irregular que había sido archivada en 2015. Se trata de aquella que, más allá del pago de la sede de Génova con dinero negro, indagó en la posibilidad de que las entregas a la caja B del partido se hicieran a cambio de adjudicaciones concretas efectuadas por administraciones gobernadas por el PP.
La reapertura de esta línea de investigación, dentro de la misma pieza de la caja B, trata posibles delitos de cohecho, malversación y prevaricación. La instrucción avanza de tal forma que antes de que acabe 2021 pueda haber finalizado y amenace con un segundo juicio resultante de los 'papeles de Bárcenas', según calculan fuentes del caso. El nuevo juez de la caja B, Santiago Pedraz, solicitó recientemente toda la documentación sobre 23 contratos adjudicados a la constructora del donante del PP Alfonso García Pozuelo por parte de siete ministros de José María Aznar.
El Partido Popular también estará pendiente del mensaje que dirigió Bárcenas a las acusaciones populares poco antes de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de Gürtel y abocara a su mujer, Rosalía Iglesias, a entrar en prisión. El último abogado de Bárcenas ha dejado de defender al ex tesorero del PP estas Navidades y las acusaciones aguardan a conocer qué información puede ofrecer a estas alturas el condenado, previsiblemente a cambio de mejoras en la situación penitenciaria de su esposa.
Pendientes de la imputación de Cospedal en Kitchen
Las revelaciones del caso Villarejo han provocado además que al mismo tiempo que el PP sea juzgado en la caja B como responsable civil —1,2 millones de euros—, la instrucción de la pieza Kitchen pueda ir fijando responsabilidades sobre quienes intentaron boicotear esa investigación judicial de la financiación irregular del partido.El juez Manuel García-Castellón tiene encima de la mesa desde septiembre una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que impute a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en el intento de sabotaje del caso de la caja B. Pablo Casado alcanzó la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría con el apoyo que le brindó Cospedal tras quedar apartada en la primera vuelta de las primarias. El escándalo de las grabaciones con Villarejo obligó a Cospedal a dejar la política.
Pablo Casado nunca contó con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los principales imputados en Kitchen, para su nuevo diseño del PP. Sin embargo, y pese a los excesos acreditados en el Ministerio del Interior de la época, incorporó a Jorge Fernández Díaz a su ejecutiva como vicesecretario de Interior y Libertades, viéndose obligado después a apartarlo. Fernández Díaz es el imputado en Kitchen hasta ahora que más alta responsabilidad desempeñó en el Gobierno de Rajoy, ministro del Interior.
A Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía, le regaló uno de los pocos cargos que pudo repartir desde la oposición en 2018, el de portavoz en el Senado. También tuvo que prescindir de él con posterioridad y ahora Cosidó se ve señalado por otros imputados como conocedor del espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Uno de los comisarios imputados ha pedido ya al juez que declare como testigo.
En fechas próximas a que comience el juicio de la caja B está previsto que arranque la comisión de investigación del Congreso sobre esas maniobras del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular para evitar la investigación de su contabilidad paralela y el pago de sobresueldos a sus dirigentes. Mientras el partido se sienta en el banquillo es previsible que responsables de la formación y de aquel Ejecutivo tengan que acudir al Parlamento a dar explicaciones. Tras las vacaciones de Navidad los grupos parlamentarios deberán acordar la lista de comparecientes y si, entre ellos, estará Mariano Rajoy.
Una posible condena al partido a partir del segundo semestre
Eso, en cuanto al primer semestre de 2021. El segundo también tiene reservado otro sobresalto para el PP. En septiembre arranca el juicio por la pieza de Gürtel que aborda la actuación de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En su sesión inaugural se podrá escuchar a la Fiscalía verbalizar la acusación al Partido Popular como responsable civil, como la que motivó su condena por ese mismo concepto en el juicio de la primera época e idéntica a la que hará también Anticorrupción en la vista por el caso de la caja B. Está por ver cuándo los respectivos tribunales tendrán lista ambas sentencias —Caja B y Boadilla— y si, al menos en el caso de primera, puede estar antes de que finalice 2021.Otro caso de financiación irregular, en este caso del PP madrileño, debería avanzar significativamente en los próximos meses. Se trata de la pieza 9 del caso Púnica, donde está imputada Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la formación en Madrid y uno de los referentes de Casado en su carrera dentro del PP. La previsible finalización de la instrucción del caso conllevará la decisión de García-Castellón acerca de si Aguirre enfila el banquillo o la causa queda archivada en lo que a ella respecta.
Idéntica decisión en ese caso Púnica deberá tomar el juez respecto a otra presidenta del PP en Madrid, Cristina Cifuentes. A su vez, el antecesor de ésta, Ignacio González, se sentará previsiblemente en el banquillo por el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II. Tres piezas de esta causa han sido ya instruidas y González se enfrenta por el momento a una suma de 14 años de cárcel de acuerdo a las peticiones de la Fiscalía.
El frente judicial complica los planes de Pablo Casado para 2021: Caja B, Gürtel, Púnica y espionaje a Bárcenas
El 8 de febrero arranca el juicio de la caja B pero el caso se ha desdoblado y la investigación de pagos a cambio de adjudicaciones puede acabar antes de fin de año y derivar en un segundo juicio por los 'papeles de Bárcenas'
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La Fiscalía pide ocho años de prisión para el 'guardián' anticorrupción del PP
Alfredo Prada, colocado por Pablo Casado al frente de la entidad para vigilar la corrupción en el partido, está siendo investigado por presuntos contratos amañados en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
El ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada. / EFE.
MADRID
04/01/2021 14:01 ACTUALIZADO: 04/01/2021 14:16
PÚBLICO
La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. También solicita seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del conocido como Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
Alfredo Prada fue consejero de Interior y de Justicia de la Comunidad de Madrid; uno de los hombres de confianza de la presidenta regional en ese momento, Esperanza Aguirre. La empresa pública Ciudad de la Justicia de Madrid se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Alfredo Prada, exconsejero de Justicia, estuvo al frente del macroproyecto del PP madrileño, pero la Ciudad de la Justicia no llegó a buen puerto. La Audiencia Nacional investiga a Prada y a otras cinco personas por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Un fiasco que costó a las arcas públicas, al menos, 105 millones de euros en obras inacabadas y rescisión de contratos con las constructoras. Se da la circunstancia de que después del fracaso de la Ciudad de la Justicia, Prada fue designado por Pablo Casado al frente de la Oficina del Cargo Popular, un ente de vigilancia de la corrupción dentro del partido.
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Otros de los acusados para los que Anticorrupción pide condenas de prisión son Isabelino Baños Fernández, director general técnico, Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico, Alicio de las Heras, director de Área Financiera, Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, policía, director del área de Seguridad. Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional le acusa ahora de amañar presuntamente tres contratos relacionados con la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Gómez Nieto fue también asesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en su etapa en el gobierno de Castilla La Mancha.
Según el juez instructor, esta sociedad pública no seguía criterios de racionalidad económicos-administrativos, incluso hubo directivos que se subieron el sueldo hasta un 80 por ciento una vez que la sociedad se declaró en quiebra. La Cámara de Cuentas de Madrid detectó graves irregularidades en materia de contratación pública y en el uso de tarjetas de crédito asociadas a la empresa.
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Alfredo Prada, colocado por Pablo Casado al frente de la entidad para vigilar la corrupción en el partido, está siendo investigado por presuntos contratos amañados en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
www.publico.esEl frente judicial complica los planes de Pablo Casado para 2021: Caja B, Gürtel, Púnica y espionaje a Bárcenas
- El 8 de febrero arranca el juicio de la caja B pero el caso se ha desdoblado y la investigación de pagos a cambio de adjudicaciones puede acabar antes de fin de año y derivar en un segundo juicio por los 'papeles de Bárcenas'
Pablo Casado y Mariano Rajoy se abrazan tras la victoria del primero en las primarias del PP.
Pedro Águeda
2 de enero de 2021 22:23h
30
@pedroagueda
Los próximos meses supondrán un recorrido especial dentro del vía crucis judicial que arrancó para el Partido Popular hace doce años con el estallido del caso Gürtel: el próximo 8 de febrero se celebrará el juicio de la pieza conocida como caja B, siete años después de que los 'papeles de Bárcenas' hicieran aflorar el sistema de financiación con dinero negro de grandes empresarios que existía en el partido desde hacía al menos dos décadas.
Esta cita judicial resulta insalvable desde hace tiempo para la formación de Pablo Casado, que sin embargo ha visto en los últimos meses como la situación se agrava con la reapertura de otra vía de la investigación de su financiación irregular que había sido archivada en 2015. Se trata de aquella que, más allá del pago de la sede de Génova con dinero negro, indagó en la posibilidad de que las entregas a la caja B del partido se hicieran a cambio de adjudicaciones concretas efectuadas por administraciones gobernadas por el PP.
La reapertura de esta línea de investigación, dentro de la misma pieza de la caja B, trata posibles delitos de cohecho, malversación y prevaricación. La instrucción avanza de tal forma que antes de que acabe 2021 pueda haber finalizado y amenace con un segundo juicio resultante de los 'papeles de Bárcenas', según calculan fuentes del caso. El nuevo juez de la caja B, Santiago Pedraz, solicitó recientemente toda la documentación sobre 23 contratos adjudicados a la constructora del donante del PP Alfonso García Pozuelo por parte de siete ministros de José María Aznar.
El Partido Popular también estará pendiente del mensaje que dirigió Bárcenas a las acusaciones populares poco antes de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de Gürtel y abocara a su mujer, Rosalía Iglesias, a entrar en prisión. El último abogado de Bárcenas ha dejado de defender al ex tesorero del PP estas Navidades y las acusaciones aguardan a conocer qué información puede ofrecer a estas alturas el condenado, previsiblemente a cambio de mejoras en la situación penitenciaria de su esposa.Pendientes de la imputación de Cospedal en Kitchen
Las revelaciones del caso Villarejo han provocado además que al mismo tiempo que el PP sea juzgado en la caja B como responsable civil —1,2 millones de euros—, la instrucción de la pieza Kitchen pueda ir fijando responsabilidades sobre quienes intentaron boicotear esa investigación judicial de la financiación irregular del partido.
El juez Manuel García-Castellón tiene encima de la mesa desde septiembre una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que impute a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en el intento de sabotaje del caso de la caja B. Pablo Casado alcanzó la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría con el apoyo que le brindó Cospedal tras quedar apartada en la primera vuelta de las primarias. El escándalo de las grabaciones con Villarejo obligó a Cospedal a dejar la política.
Pablo Casado nunca contó con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los principales imputados en Kitchen, para su nuevo diseño del PP. Sin embargo, y pese a los excesos acreditados en el Ministerio del Interior de la época, incorporó a Jorge Fernández Díaz a su ejecutiva como vicesecretario de Interior y Libertades, viéndose obligado después a apartarlo. Fernández Díaz es el imputado en Kitchen hasta ahora que más alta responsabilidad desempeñó en el Gobierno de Rajoy, ministro del Interior.
A Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía, le regaló uno de los pocos cargos que pudo repartir desde la oposición en 2018, el de portavoz en el Senado. También tuvo que prescindir de él con posterioridad y ahora Cosidó se ve señalado por otros imputados como conocedor del espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Uno de los comisarios imputados ha pedido ya al juez que declare como testigo.
En fechas próximas a que comience el juicio de la caja B está previsto que arranque la comisión de investigación del Congreso sobre esas maniobras del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular para evitar la investigación de su contabilidad paralela y el pago de sobresueldos a sus dirigentes. Mientras el partido se sienta en el banquillo es previsible que responsables de la formación y de aquel Ejecutivo tengan que acudir al Parlamento a dar explicaciones. Tras las vacaciones de Navidad los grupos parlamentarios deberán acordar la lista de comparecientes y si, entre ellos, estará Mariano Rajoy.Una posible condena al partido a partir del segundo semestre
Eso, en cuanto al primer semestre de 2021. El segundo también tiene reservado otro sobresalto para el PP. En septiembre arranca el juicio por la pieza de Gürtel que aborda la actuación de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En su sesión inaugural se podrá escuchar a la Fiscalía verbalizar la acusación al Partido Popular como responsable civil, como la que motivó su condena por ese mismo concepto en el juicio de la primera época e idéntica a la que hará también Anticorrupción en la vista por el caso de la caja B. Está por ver cuándo los respectivos tribunales tendrán lista ambas sentencias —Caja B y Boadilla— y si, al menos en el caso de primera, puede estar antes de que finalice 2021.
Otro caso de financiación irregular, en este caso del PP madrileño, debería avanzar significativamente en los próximos meses. Se trata de la pieza 9 del caso Púnica, donde está imputada Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la formación en Madrid y uno de los referentes de Casado en su carrera dentro del PP. La previsible finalización de la instrucción del caso conllevará la decisión de García-Castellón acerca de si Aguirre enfila el banquillo o la causa queda archivada en lo que a ella respecta.
Idéntica decisión en ese caso Púnica deberá tomar el juez respecto a otra presidenta del PP en Madrid, Cristina Cifuentes. A su vez, el antecesor de ésta, Ignacio González, se sentará previsiblemente en el banquillo por el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II. Tres piezas de esta causa han sido ya instruidas y González se enfrenta por el momento a una suma de 14 años de cárcel de acuerdo a las peticiones de la Fiscalía.
El frente judicial complica los planes de Pablo Casado para 2021: Caja B, Gürtel, Púnica y espionaje a Bárcenas
El 8 de febrero arranca el juicio de la caja B pero el caso se ha desdoblado y la investigación de pagos a cambio de adjudicaciones puede acabar antes de fin de año y derivar en un segundo juicio por los 'papeles de Bárcenas'
Bah, no va a pasar nada, ni le va a rozar, ya verás.
Además, dirá que él era diputado por Ávila o monaguillo o yo qué sé y ya está, chimpún.
