LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA
Casado amaga con llevar la reforma del CGPJ a Bruselas y que se convierta en un obstáculo para recibir los fondos europeos
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 07/10/2020 a las 06:00Actualizada el 07/10/2020 a las 10:02
Pablo Casado aplaude a Juan Guaidó al término de una videoconferencia con la oposición venezolana.
EFE
El Partido Popular volverá a acusar al Gobierno en las instituciones de la Unión Europea de atentar contra el Estado de Derecho si el presidente Pedro Sánchez consuma su intención de llevar al Congreso una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haga posible su renovación sorteando el bloqueo al que los conservadores está sometiendo a la institución para perpetuar una mayoría afín en el máximo órgano de los jueces.
El presidente del PP, Pablo Casado, dejó caer en una entrevista en EsRadio que no quiere tener que hacerlo pero, admitió, “es a donde iremos si pretende tomar al asalto el Consejo”. Y esa denuncia puede hacer que España tenga problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, advirtió el líder de los conservadores, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acaba de someter a los 27.
“Quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tiene ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”.
Lo cierto es que los gobiernos de la Unión Europea, a propuesta de Alemania, pactaron la semana pasada por mayoría —hubo siete votos en contra y 20 a favor— vincular el desembolso de fondos del presupuesto comunitario y del plan de recuperación pospandemia al respeto al Estado de derecho, una decisión que apunta directamente a Polonia y Hungría, que desde hace tiempo están en el punto de mira de Bruselas por la puesta en marcha de medidas autoritarias, contrarias a la libertad de prensa y poco respetuosas con la independencia de los jueces.
El juicio que ambos países merecen a los ojos de las instituciones comunitarias nada tiene que ver con España, que superó sin problemas el mismo examen en el que Polonia y Hungría suspendieron. De hecho, si algo reprochaba ese documento era precisamente el retraso en la renovación del Consejo, provocado por el bloqueo ordenado por Casado. Pero el PP cree que si se consuma la reforma del CGPJ, España pasaría a estar en la misma situación. Algo que también sostiene Ciudadanos, cuyo portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano comparó la reforma para sortear el bloqueo del PP con la que llevó a cabo Polonia “para someter a los jueces”.
De hecho, algunas asociaciones judiciales está considerando también acudir a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Congreso reforma la ley de elección del CGPJ para que sus miembros sean elegidos por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada. La ley vigente establece que los veinte vocales del Consejo son designados por el Congreso y el Senado. Cada cámara elige —por mayoría de tres quintos de sus miembros— a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Con ese sistema, la renovación, que lleva bloqueada dos años, es imposible mientras un partido con tantos escaños como el PP se niegue a hacerlo.
Casado recordó este martes que su grupo ya acudió a Bruselas para denunciar el nombramiento de la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgados como Fiscal General del Estado. Son ya varias las ocasiones en las que el PP ha hablado en Europa contra el Gobierno. Lo hizo a mediados de junio, en plenas negociaciones para tratar de que la UE alumbrase el acuerdo histórico que dio pie al nacimiento de los fondos de reconstrucción, cuando remitió un documento a varias instituciones europeas en el que acusaba a Sánchez de retorcer los mecanismos constitucionales y congelar la democracia.
Denuncia en Bruselas
Aquel dosier, que causó perplejidad en Bruselas, expresaba “una preocupación fundada” porque el Gobierno estuviese cometiendo, según el PP, “una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos” y deteriorando “la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático”, y denunciaba la comisión de abusos de poder y legislativos, intentos del controlar el poder judicial, ataques a la libertad de expresión, de culto y de protesta.
Y volvió a hacerlo hace unos días en una reunión con los embajadores en España de los países miembros de la Unión, a quienes trasladó su discrepancia en torno a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer de los 140.000 millones que el Consejo Europeo acordó dedicar a la reconstrucción económica y social.
Casado admitió este martes que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.
En la misma entrevista, Casado se negó a prometer que no llegará a un acuerdo con Sánchez pero sí subrayó que sólo está dispuesto a aceptarlo si los únicos interlocutores son PSOE y PP, excluyendo expresamente a Unidas Podemos.
Desbloquear el CGPJ se ha convertido en un objetivo central del Gobierno y ya cuenta con la mayoría de los grupos en el Congreso para negociar una reforma. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, lanzó un ultimátum al PP: “Es una especie de última oportunidad”, declaró. “Si no acepta” negociar larenovación confirma a la ley actual, “habrá un Gobierno que actúe y busque otros cauces" para dar cumplimiento a la Constitución.
www.infolibre.es
Casado no es mas tonto porque no se entrena, o a lo mejor visto lo visto se entrena demasiado.
No me extraña de que en Bruselas cause perplejidad. Cada país en su parlamento puede modificar las leyes que quiera siempre y cuando haya mayoría para hacerlo.
Si se puede elegir Presidente con la mayoría absoluta se puede elegir un CGPJ con la misma mayoría absoluta.
Mas vale que Casado mire a la Comunidad de Madrid donde se ha modificado la Ley del Suelo con una votación a todas luces llena de irregularidades, pero eso parece que no le parece ilegal, hasta se encerraron a 36 diputados. ¡Un esperpento!
Y encima decir que rompió el acuerdo con Sanchez porque UP criticó al rey es ya de aurora boreal, es como mandarle no ya a su casa, sino a un psiquiatra. ¿No se puede criticar a una persona que es un corrupto aparte de otras lindezas que ya sabemos por el mero hecho de que es un rey que se ha dado a la fuga y que ha abandonado el país sin dar cuenta de lo que nos debe?
Si sale Casado de presidente me imagino a una España como la vemos en la seria "La Valla" de A3 .
Creo que para Casado sería lo razonable para que un país fuera gobernado como ¡Dios manda!
A lo dicho ¡Menudo esperpento tiene el PP, o mejor bastantes esperpentos!
Casado amaga con llevar la reforma del CGPJ a Bruselas y que se convierta en un obstáculo para recibir los fondos europeos
- El líder del PP revela que en agosto había cerrado un acuerdo con Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial y que decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España
- Casado compara la reforma anunciada por el presidente del Gobierno con la invasión del poder judicial en Polonia y Hungría que la Comisión Europea ha incluido entre los motivos para expedientar a ambos países
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 07/10/2020 a las 06:00Actualizada el 07/10/2020 a las 10:02
Pablo Casado aplaude a Juan Guaidó al término de una videoconferencia con la oposición venezolana.
EFE
El Partido Popular volverá a acusar al Gobierno en las instituciones de la Unión Europea de atentar contra el Estado de Derecho si el presidente Pedro Sánchez consuma su intención de llevar al Congreso una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haga posible su renovación sorteando el bloqueo al que los conservadores está sometiendo a la institución para perpetuar una mayoría afín en el máximo órgano de los jueces.
El presidente del PP, Pablo Casado, dejó caer en una entrevista en EsRadio que no quiere tener que hacerlo pero, admitió, “es a donde iremos si pretende tomar al asalto el Consejo”. Y esa denuncia puede hacer que España tenga problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, advirtió el líder de los conservadores, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acaba de someter a los 27.
“Quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tiene ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”.
Lo cierto es que los gobiernos de la Unión Europea, a propuesta de Alemania, pactaron la semana pasada por mayoría —hubo siete votos en contra y 20 a favor— vincular el desembolso de fondos del presupuesto comunitario y del plan de recuperación pospandemia al respeto al Estado de derecho, una decisión que apunta directamente a Polonia y Hungría, que desde hace tiempo están en el punto de mira de Bruselas por la puesta en marcha de medidas autoritarias, contrarias a la libertad de prensa y poco respetuosas con la independencia de los jueces.
El juicio que ambos países merecen a los ojos de las instituciones comunitarias nada tiene que ver con España, que superó sin problemas el mismo examen en el que Polonia y Hungría suspendieron. De hecho, si algo reprochaba ese documento era precisamente el retraso en la renovación del Consejo, provocado por el bloqueo ordenado por Casado. Pero el PP cree que si se consuma la reforma del CGPJ, España pasaría a estar en la misma situación. Algo que también sostiene Ciudadanos, cuyo portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano comparó la reforma para sortear el bloqueo del PP con la que llevó a cabo Polonia “para someter a los jueces”.
De hecho, algunas asociaciones judiciales está considerando también acudir a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Congreso reforma la ley de elección del CGPJ para que sus miembros sean elegidos por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada. La ley vigente establece que los veinte vocales del Consejo son designados por el Congreso y el Senado. Cada cámara elige —por mayoría de tres quintos de sus miembros— a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Con ese sistema, la renovación, que lleva bloqueada dos años, es imposible mientras un partido con tantos escaños como el PP se niegue a hacerlo.
Casado recordó este martes que su grupo ya acudió a Bruselas para denunciar el nombramiento de la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgados como Fiscal General del Estado. Son ya varias las ocasiones en las que el PP ha hablado en Europa contra el Gobierno. Lo hizo a mediados de junio, en plenas negociaciones para tratar de que la UE alumbrase el acuerdo histórico que dio pie al nacimiento de los fondos de reconstrucción, cuando remitió un documento a varias instituciones europeas en el que acusaba a Sánchez de retorcer los mecanismos constitucionales y congelar la democracia.
Denuncia en Bruselas
Aquel dosier, que causó perplejidad en Bruselas, expresaba “una preocupación fundada” porque el Gobierno estuviese cometiendo, según el PP, “una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos” y deteriorando “la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático”, y denunciaba la comisión de abusos de poder y legislativos, intentos del controlar el poder judicial, ataques a la libertad de expresión, de culto y de protesta.
Y volvió a hacerlo hace unos días en una reunión con los embajadores en España de los países miembros de la Unión, a quienes trasladó su discrepancia en torno a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer de los 140.000 millones que el Consejo Europeo acordó dedicar a la reconstrucción económica y social.
Casado admitió este martes que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.
En la misma entrevista, Casado se negó a prometer que no llegará a un acuerdo con Sánchez pero sí subrayó que sólo está dispuesto a aceptarlo si los únicos interlocutores son PSOE y PP, excluyendo expresamente a Unidas Podemos.
Desbloquear el CGPJ se ha convertido en un objetivo central del Gobierno y ya cuenta con la mayoría de los grupos en el Congreso para negociar una reforma. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, lanzó un ultimátum al PP: “Es una especie de última oportunidad”, declaró. “Si no acepta” negociar larenovación confirma a la ley actual, “habrá un Gobierno que actúe y busque otros cauces" para dar cumplimiento a la Constitución.
Casado amaga con llevar la reforma del CGPJ a Bruselas y que se convierta en un obstáculo para recibir los fondos europeos
El líder del PP revela que en agosto había cerrado un acuerdo con Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial y que decidió romperlo después de
www.infolibre.esCasado no es mas tonto porque no se entrena, o a lo mejor visto lo visto se entrena demasiado.
No me extraña de que en Bruselas cause perplejidad. Cada país en su parlamento puede modificar las leyes que quiera siempre y cuando haya mayoría para hacerlo.
Si se puede elegir Presidente con la mayoría absoluta se puede elegir un CGPJ con la misma mayoría absoluta.
Mas vale que Casado mire a la Comunidad de Madrid donde se ha modificado la Ley del Suelo con una votación a todas luces llena de irregularidades, pero eso parece que no le parece ilegal, hasta se encerraron a 36 diputados. ¡Un esperpento!
Y encima decir que rompió el acuerdo con Sanchez porque UP criticó al rey es ya de aurora boreal, es como mandarle no ya a su casa, sino a un psiquiatra. ¿No se puede criticar a una persona que es un corrupto aparte de otras lindezas que ya sabemos por el mero hecho de que es un rey que se ha dado a la fuga y que ha abandonado el país sin dar cuenta de lo que nos debe?
Si sale Casado de presidente me imagino a una España como la vemos en la seria "La Valla" de A3 .
Creo que para Casado sería lo razonable para que un país fuera gobernado como ¡Dios manda!
A lo dicho ¡Menudo esperpento tiene el PP, o mejor bastantes esperpentos!
Operación Kitchen: 11 imputados en busca de coartada
Once imputados componen la primera parte de la investigación de Kitchen que apunta a Rajoy, Sáenz de Santamaría y Cospedal
Pedro Águeda
11 de octubre de 2020 22:18h
17
@pedroagueda
A punto de cumplirse un año desde que estallara el caso Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía remitió un escrito al juez Diego de Egea con los indicios recabados sobre un nuevo encargo recibido por el comisario encarcelado. En esta ocasión, los clientes no eran particulares o empresas sino que aparecían indicios de que el comisario había participado en una operación parapolicial en el seno del Ministerio del Interior para alterar el caso de la caja B del Partido Popular.
Durante casi dos años Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción investigaron en la máxima reserva el encargo. Diez mandos policiales habían sido imputados hasta el 7 de septiembre pasado, fecha del alzamiento del secreto de las actuaciones. Unos días después, llegaba la undécima imputación, la del ministro del Interior en el momento de los hechos, Jorge Fernández Díaz.
En el pasillo figurado de la Audiencia Nacional aguardan la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, para los que Anticorrupción también pide la citación en calidad de investigados.
Más allá, y a la vista del contenido del sumario, aparecen indicios del conocimiento y/o participación de los dos únicos políticos por encima de Fernández Díaz, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La primera, como responsable del Centro Nacional de Inteligencia, al tanto cuando menos de la operación según los mensajes entre Fernández Díaz y el secretario de Estado; el exjefe del Ejecutivo, como supuesto conocedor del espionaje al tesorero de su partido y máximo interesado en recuperar las pruebas que le comprometerían a él y al PP en un caso de financiación ilegal y cobro de sobresueldos.
El juez García-Castellón ha decidido esperar a la declaración del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, antes de imputar a Cospedal y López del Hierro. Será el 29 de octubre. Al día siguiente comparecerá Fernández Díaz. Estas son las coartadas de los nueve mandos policiales que han declarado ante el juez en estos dos años; la de Fernández Díaz, plasmada en un escrito remitido recientemente a la Audiencia Nacional; y los argumentos de Francisco Martínez, incautados de su teléfono móvil el pasado mes de marzo.
Jorge Fernández Díaz
¿Quién es? El ministro del Interior de los cuatro primeros años de Mariano Rajoy, a cuyo círculo personal pertenece. Su número dos, indignado por sus supuestas mentiras en público, depositó en un notario cuatro mensajes que implican a Fernández Díaz en la operación Kitchen. Incluso en uno de ellos parece anunciar la existencia del operativo a Francisco Martínez.
Coartada. Asegura que nunca "envió ni recibió" los mensajes publicados y denuncia que han sido manipulados, según el escrito de su defensa. Añade que él no tenía ningún interés en sabotear el caso de la caja B: "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo ni afectaba al Ministerio del Interior. Y resulta obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio", asegura el citado escrito.
Francisco Martínez
¿Quién es? La Secretaría de Estado de Seguridad, el puesto que ocupaba, es el corazón y el cerebro del Ministerio del Interior. Los investigadores apuntan a que coordinó la operación de espionaje a Bárcenas. Su imputación se produjo a raíz de que el comisario Enrique García Castaño, con el que despachaba directamente, le atribuyese dicha labor de coordinación.
Coartada. Reconoce que pudo cometer errores, pero niega que la operación contra Bárcenas fuera ilegal. En el teléfono que le incautaron los policías escribió que todo lo que le está ocurriendo es por haber sido leal a los "miserables" del exministro del Interior, Cospedal y Rajoy. Su declaración del 30 de octubre puede suponer un salto en la investigación hacia los presuntos responsables políticos de la Kitchen.
Eugenio Pino
¿Quién es? El comisario que eligió el PP para dirigir la Policía como responsable de la Dirección Adjunta Operativo (DAO) entre 2012 a 2016. En el seno de la DAO, Pino formó el grupo de mandos dedicados a realizar operaciones parapoliciales y extrajudiciales en contra del proceso soberanista, primero, y con Podemos como objetivo después. El tercer vector de su actuación fue la maniobra para sabotear el caso de la caja B del PP en beneficio de los dirigentes del partido. Está jubilado.
Coartada. Aseguró ante el juez no recordar si los investigadores policiales del caso de la caja B, que actuaban a las órdenes del juez Ruz, pidieron o no ayuda para localizar el dinero y los testaferros de Bárcenas. Estos dos eran los objetivos del espionaje al extesorero del PP, según declararon Pino y la mayoría de los investigados. El juez y los fiscales han acreditado que actuaron a espaldas de los policías designados por el juez y que su verdadero objetivo fue hacer desaparecer pruebas que incriminaran a los responsables políticos del momento.
Pino señaló que la idea de captar al chófer de los Bárcenas fue del hoy comisario Andrés Gómez Gordo, policía que venía de trabajar como asesor de Cospedal. También apuntó a Francisco Martínez como conocedor de la operación al asegurar que el secretario de Estado departía directamente con policías implicados como García Castaño o Villarejo.
José Manuel Villarejo
¿Quién es? El principal investigado en la causa Tándem operó durante décadas bajo la inexistente denominación de "agente encubierto". Está acusado de dirigir una organización criminal mientras era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Ofrecía presuntamente a sus clientes, entre ellos empresas del Ibex y bancos, servicios de desprestigio a terceros, sabotaje, blanqueo de capitales… sirviéndose de su condición de funcionario. Jubilado desde el verano de 2016, ingresó en prisión en noviembre de 2017.
Coartada. Defiende la legalidad de la operación y apunta al conocimiento que tenían sus superiores, hasta llegar al presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Él y su grupo denominan al político "El Barbas" o "El Asturiano" en las grabaciones incautadas, según ha concluido la Unidad de Asuntos Internos. Participó en el manejo del confidente Ríos Esgueva y el marido de Cospedal le hizo "encargos puntuales", según una grabación hecha por el comisario en el despacho de Cospedal de la sede de Génova, con la secretaria general presente.
Enrique García Castaño
¿Quién es? Durante años, el comisario de los encargos especiales de distintos gobiernos, principalmente en la lucha antiterrorista. Era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dedicada al empleo de los medios técnicos de captación de información: micrófonos, cámaras, balizas de seguimiento… y también reclutando fuentes humanas. La UCAO daba servicio a otras unidades por lo que García Castaño no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas.
Coartada. Está investigado por dirigir la labor de campo del espionaje a Bárcenas. Sus policías realizaron seguimientos continuos a la esposa de Bárcenas y, como ha reconocido ante el juez, consiguió información del tesorero sacándola rápidamente de tres teléfonos que le facilitó el chófer en una cafetería. También entró en persona al estudio de Rosalía Iglesias, pero asegura que allí no había nada.
Su testimonio ha contribuido a elevar las responsabilidades de la Operación Kitchen hasta la cúpula del Ministerio del Interior. En un mensaje afirmó haber descubierto que Bárcenas tenía dinero escondido en Antillas Holandesas y Cracovia, pero ninguno de sus supuestos descubrimientos fueron puestos a disposición del juez. Está jubilado.
Andrés Gómez Gordo
¿Quién es? El policía que dejó dos veces el Cuerpo para irse a trabajar con el PP. Primero, como director de seguridad del fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia y como asesor de Francisco Granados. En este destino conoció al chófer de Granados, Sergio Ríos Esgueva, que con el tiempo sería el conductor que el PP asignó a su tesorero Luis Bárcenas.
En un segundo periodo, Gómez Gordo fue fichado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y fue estando en ese puesto cuando comenzó su participación en la Operación Kitchen. El chófer era su fuente y por eso regresó a la Policía por todo lo alto. A los seis meses le condecoraron con una medalla pensionada y ha acabado de comisario, puesto que ejerce ahora en una comisaría de Madrid.
Coartada. Reconoció ante el juez que entregó fondos reservados al chófer y que lo hizo por orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino. Asegura que en 27 años en la Policía no ha "pillado un duro de nadie". Admitió el descontrol sobre los fondos reservados y dijo al juez que ahora que recapacita cualquiera podría pensar que "eso no está justificado". "Yo hice lo que me ordenaron", añadió.
Sergio Ríos Esgueva
¿Quién es? El chófer que el Partido Popular puso a Luis Bárcenas y que continuó con la familia después de que él entrara en prisión en junio de 2013. Exmilitar, portero de discoteca… Ríos Esgueva fue chófer de Francisco Granados mientras el policía Gómez Gordo era asesor del entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Ríos Esgueva cobró 53.000 euros de los fondos reservados, recibió una pistola e ingresó después en la Policía, con 42 años, como parte del pago por los servicios prestados. Entregó información de Bárcenas a los mandos policiales de la Kitchen e informó de los movimientos de Rosalía Iglesias. Sigue en activo en la Policía.
Coartada. Asegura que fue captado por Andrés Gómez Gordo y que, primero Villarejo y luego este, fueron los policías que le entregaron los fondos reservados con los que cobraba. Añade que los mandos policiales le dijeron que era una operación de "policía judicial" sobre un grave caso de corrupción, el del dinero escondido por Luis Bárcenas y que su colaboración era "un servicio a España".
José Ángel Fuentes Gago
¿Quién es? Mano derecha del jefe Pino, Fuentes Gago es clave en la brigada política. Es el policía que viaja a Nueva York y aparece en una grabación ofreciéndole un pacto a un exministro de Hugo Chávez porque dice, tiene un mandato de Fernández Díaz y del propio Rajoy. Confiesa que el objetivo es que Podemos no llegue al Gobierno.
Como todos los demás fue recompensado con una medalla pensionada y enviado, al igual que su mujer, a un destino privilegiado donde ella cobraba más de 10.000 euros brutos mensuales y él 14.000. Está destinado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Coartada. Se presenta como un policía con conocimientos jurídicos y dice que esa era su función en la Dirección Adjunta Operativa. Con todo, confesó que recibió fondos reservados para utilizar con sus "fuentes". Es el autor del informe que exculpó a Villarejo de incompatibilidades entre su puesto de funcionarios y el pequeño emporio de empresas que tenía, algunas en paraísos fiscales. Fuentes Gago declaró que redactó el informe "para salir del paso" porque el ministro Fernández Díaz y Martínez tenían prisa por unas comparecencias parlamentarias sobre el tema.
Marcelino Martín-Blas
¿Quién es? Colaborador del PP mientras estaba en la oposición, Martín-Blas es un policía de confianza de Ignacio Cosidó. Al llegar Rajoy al Gobierno es nombrado jefe de Asuntos Internos y es en su época al frente de la unidad cuando esta participa en el grueso de la actividad de la policía política, también en el espionaje a Luis Bárcenas. Con Martín-Blas al frente, la Unidad de Asuntos Internos fue la fuerza sobre el terreno de la Operación Catalunya.
Coartada. Alude a su enfrentamiento con Villarejo para negar cualquier participación en la brigada política. El sumario acredita que policías a las órdenes de Martín Blas participaron en el primer tramo del espionaje a Bárcenas y existen conversaciones incorporadas que demuestran su conocimiento del operativo.
Bonifacio Díaz Sevillano
¿Quién es? Agregado de Interior en Andorra y después en México, el inspector jefe Díaz Sevillano se sentó en el banquillo por el caso del pendrive de los Pujol. Ha sido absuelto en primera instancia y la representación de Jordi Pujol Ferrusola ha recurrido. Fue la otra mano derecha de Pino en la Dirección Adjunta Operativa, "un hombre para todo", según reconoce ante el juez.
Coartada. Desconocida. Fue el único que no quiso declarar ante el juez, más allá de una breve descripción de su carrera profesional y para argumentar que por declarar en el caso Pujol entró como testigo y salió como imputado. "De este caso todo lo que sé lo sé por la prensa", dijo.
José Francisco González
¿Quién es? El actual jefe de la UCAO era el responsable del Área Especial de Seguimientos (AES) cuando se produjo el espionaje a Bárcenas. Hasta setenta agentes de esa unidad participaron en el seguimiento a la familia Bárcenas día y noche.
Coartada. González es el único de los mandos imputados que no aparece en ninguna otra operación de la brigada política y el área que dirigía no tenía actividad investigadora, tan solo recibía órdenes sobre objetivos a los que vigilar
www.eldiario.es
- El levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas ha permitido escuchar a nueve de los once investigados por ahora. Faltan los números uno y dos de Interior en ese momento, Fernández Díaz y Francisco Martínez. De la declaración de ambos depende el futuro de Rajoy y Cospedal, entre otros
Once imputados componen la primera parte de la investigación de Kitchen que apunta a Rajoy, Sáenz de Santamaría y Cospedal
Pedro Águeda
11 de octubre de 2020 22:18h
17
@pedroagueda
A punto de cumplirse un año desde que estallara el caso Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía remitió un escrito al juez Diego de Egea con los indicios recabados sobre un nuevo encargo recibido por el comisario encarcelado. En esta ocasión, los clientes no eran particulares o empresas sino que aparecían indicios de que el comisario había participado en una operación parapolicial en el seno del Ministerio del Interior para alterar el caso de la caja B del Partido Popular.
Durante casi dos años Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción investigaron en la máxima reserva el encargo. Diez mandos policiales habían sido imputados hasta el 7 de septiembre pasado, fecha del alzamiento del secreto de las actuaciones. Unos días después, llegaba la undécima imputación, la del ministro del Interior en el momento de los hechos, Jorge Fernández Díaz.
En el pasillo figurado de la Audiencia Nacional aguardan la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, para los que Anticorrupción también pide la citación en calidad de investigados.
Más allá, y a la vista del contenido del sumario, aparecen indicios del conocimiento y/o participación de los dos únicos políticos por encima de Fernández Díaz, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La primera, como responsable del Centro Nacional de Inteligencia, al tanto cuando menos de la operación según los mensajes entre Fernández Díaz y el secretario de Estado; el exjefe del Ejecutivo, como supuesto conocedor del espionaje al tesorero de su partido y máximo interesado en recuperar las pruebas que le comprometerían a él y al PP en un caso de financiación ilegal y cobro de sobresueldos.
El juez García-Castellón ha decidido esperar a la declaración del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, antes de imputar a Cospedal y López del Hierro. Será el 29 de octubre. Al día siguiente comparecerá Fernández Díaz. Estas son las coartadas de los nueve mandos policiales que han declarado ante el juez en estos dos años; la de Fernández Díaz, plasmada en un escrito remitido recientemente a la Audiencia Nacional; y los argumentos de Francisco Martínez, incautados de su teléfono móvil el pasado mes de marzo.
Jorge Fernández Díaz
¿Quién es? El ministro del Interior de los cuatro primeros años de Mariano Rajoy, a cuyo círculo personal pertenece. Su número dos, indignado por sus supuestas mentiras en público, depositó en un notario cuatro mensajes que implican a Fernández Díaz en la operación Kitchen. Incluso en uno de ellos parece anunciar la existencia del operativo a Francisco Martínez.
Coartada. Asegura que nunca "envió ni recibió" los mensajes publicados y denuncia que han sido manipulados, según el escrito de su defensa. Añade que él no tenía ningún interés en sabotear el caso de la caja B: "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo ni afectaba al Ministerio del Interior. Y resulta obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio", asegura el citado escrito.
Francisco Martínez
¿Quién es? La Secretaría de Estado de Seguridad, el puesto que ocupaba, es el corazón y el cerebro del Ministerio del Interior. Los investigadores apuntan a que coordinó la operación de espionaje a Bárcenas. Su imputación se produjo a raíz de que el comisario Enrique García Castaño, con el que despachaba directamente, le atribuyese dicha labor de coordinación.
Coartada. Reconoce que pudo cometer errores, pero niega que la operación contra Bárcenas fuera ilegal. En el teléfono que le incautaron los policías escribió que todo lo que le está ocurriendo es por haber sido leal a los "miserables" del exministro del Interior, Cospedal y Rajoy. Su declaración del 30 de octubre puede suponer un salto en la investigación hacia los presuntos responsables políticos de la Kitchen.
Eugenio Pino
¿Quién es? El comisario que eligió el PP para dirigir la Policía como responsable de la Dirección Adjunta Operativo (DAO) entre 2012 a 2016. En el seno de la DAO, Pino formó el grupo de mandos dedicados a realizar operaciones parapoliciales y extrajudiciales en contra del proceso soberanista, primero, y con Podemos como objetivo después. El tercer vector de su actuación fue la maniobra para sabotear el caso de la caja B del PP en beneficio de los dirigentes del partido. Está jubilado.
Coartada. Aseguró ante el juez no recordar si los investigadores policiales del caso de la caja B, que actuaban a las órdenes del juez Ruz, pidieron o no ayuda para localizar el dinero y los testaferros de Bárcenas. Estos dos eran los objetivos del espionaje al extesorero del PP, según declararon Pino y la mayoría de los investigados. El juez y los fiscales han acreditado que actuaron a espaldas de los policías designados por el juez y que su verdadero objetivo fue hacer desaparecer pruebas que incriminaran a los responsables políticos del momento.
Pino señaló que la idea de captar al chófer de los Bárcenas fue del hoy comisario Andrés Gómez Gordo, policía que venía de trabajar como asesor de Cospedal. También apuntó a Francisco Martínez como conocedor de la operación al asegurar que el secretario de Estado departía directamente con policías implicados como García Castaño o Villarejo.
José Manuel Villarejo
¿Quién es? El principal investigado en la causa Tándem operó durante décadas bajo la inexistente denominación de "agente encubierto". Está acusado de dirigir una organización criminal mientras era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Ofrecía presuntamente a sus clientes, entre ellos empresas del Ibex y bancos, servicios de desprestigio a terceros, sabotaje, blanqueo de capitales… sirviéndose de su condición de funcionario. Jubilado desde el verano de 2016, ingresó en prisión en noviembre de 2017.
Coartada. Defiende la legalidad de la operación y apunta al conocimiento que tenían sus superiores, hasta llegar al presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Él y su grupo denominan al político "El Barbas" o "El Asturiano" en las grabaciones incautadas, según ha concluido la Unidad de Asuntos Internos. Participó en el manejo del confidente Ríos Esgueva y el marido de Cospedal le hizo "encargos puntuales", según una grabación hecha por el comisario en el despacho de Cospedal de la sede de Génova, con la secretaria general presente.
Enrique García Castaño
¿Quién es? Durante años, el comisario de los encargos especiales de distintos gobiernos, principalmente en la lucha antiterrorista. Era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dedicada al empleo de los medios técnicos de captación de información: micrófonos, cámaras, balizas de seguimiento… y también reclutando fuentes humanas. La UCAO daba servicio a otras unidades por lo que García Castaño no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas.
Coartada. Está investigado por dirigir la labor de campo del espionaje a Bárcenas. Sus policías realizaron seguimientos continuos a la esposa de Bárcenas y, como ha reconocido ante el juez, consiguió información del tesorero sacándola rápidamente de tres teléfonos que le facilitó el chófer en una cafetería. También entró en persona al estudio de Rosalía Iglesias, pero asegura que allí no había nada.
Su testimonio ha contribuido a elevar las responsabilidades de la Operación Kitchen hasta la cúpula del Ministerio del Interior. En un mensaje afirmó haber descubierto que Bárcenas tenía dinero escondido en Antillas Holandesas y Cracovia, pero ninguno de sus supuestos descubrimientos fueron puestos a disposición del juez. Está jubilado.
Andrés Gómez Gordo
¿Quién es? El policía que dejó dos veces el Cuerpo para irse a trabajar con el PP. Primero, como director de seguridad del fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia y como asesor de Francisco Granados. En este destino conoció al chófer de Granados, Sergio Ríos Esgueva, que con el tiempo sería el conductor que el PP asignó a su tesorero Luis Bárcenas.
En un segundo periodo, Gómez Gordo fue fichado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y fue estando en ese puesto cuando comenzó su participación en la Operación Kitchen. El chófer era su fuente y por eso regresó a la Policía por todo lo alto. A los seis meses le condecoraron con una medalla pensionada y ha acabado de comisario, puesto que ejerce ahora en una comisaría de Madrid.
Coartada. Reconoció ante el juez que entregó fondos reservados al chófer y que lo hizo por orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino. Asegura que en 27 años en la Policía no ha "pillado un duro de nadie". Admitió el descontrol sobre los fondos reservados y dijo al juez que ahora que recapacita cualquiera podría pensar que "eso no está justificado". "Yo hice lo que me ordenaron", añadió.
Sergio Ríos Esgueva
¿Quién es? El chófer que el Partido Popular puso a Luis Bárcenas y que continuó con la familia después de que él entrara en prisión en junio de 2013. Exmilitar, portero de discoteca… Ríos Esgueva fue chófer de Francisco Granados mientras el policía Gómez Gordo era asesor del entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Ríos Esgueva cobró 53.000 euros de los fondos reservados, recibió una pistola e ingresó después en la Policía, con 42 años, como parte del pago por los servicios prestados. Entregó información de Bárcenas a los mandos policiales de la Kitchen e informó de los movimientos de Rosalía Iglesias. Sigue en activo en la Policía.
Coartada. Asegura que fue captado por Andrés Gómez Gordo y que, primero Villarejo y luego este, fueron los policías que le entregaron los fondos reservados con los que cobraba. Añade que los mandos policiales le dijeron que era una operación de "policía judicial" sobre un grave caso de corrupción, el del dinero escondido por Luis Bárcenas y que su colaboración era "un servicio a España".
José Ángel Fuentes Gago
¿Quién es? Mano derecha del jefe Pino, Fuentes Gago es clave en la brigada política. Es el policía que viaja a Nueva York y aparece en una grabación ofreciéndole un pacto a un exministro de Hugo Chávez porque dice, tiene un mandato de Fernández Díaz y del propio Rajoy. Confiesa que el objetivo es que Podemos no llegue al Gobierno.
Como todos los demás fue recompensado con una medalla pensionada y enviado, al igual que su mujer, a un destino privilegiado donde ella cobraba más de 10.000 euros brutos mensuales y él 14.000. Está destinado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Coartada. Se presenta como un policía con conocimientos jurídicos y dice que esa era su función en la Dirección Adjunta Operativa. Con todo, confesó que recibió fondos reservados para utilizar con sus "fuentes". Es el autor del informe que exculpó a Villarejo de incompatibilidades entre su puesto de funcionarios y el pequeño emporio de empresas que tenía, algunas en paraísos fiscales. Fuentes Gago declaró que redactó el informe "para salir del paso" porque el ministro Fernández Díaz y Martínez tenían prisa por unas comparecencias parlamentarias sobre el tema.
Marcelino Martín-Blas
¿Quién es? Colaborador del PP mientras estaba en la oposición, Martín-Blas es un policía de confianza de Ignacio Cosidó. Al llegar Rajoy al Gobierno es nombrado jefe de Asuntos Internos y es en su época al frente de la unidad cuando esta participa en el grueso de la actividad de la policía política, también en el espionaje a Luis Bárcenas. Con Martín-Blas al frente, la Unidad de Asuntos Internos fue la fuerza sobre el terreno de la Operación Catalunya.
Coartada. Alude a su enfrentamiento con Villarejo para negar cualquier participación en la brigada política. El sumario acredita que policías a las órdenes de Martín Blas participaron en el primer tramo del espionaje a Bárcenas y existen conversaciones incorporadas que demuestran su conocimiento del operativo.
Bonifacio Díaz Sevillano
¿Quién es? Agregado de Interior en Andorra y después en México, el inspector jefe Díaz Sevillano se sentó en el banquillo por el caso del pendrive de los Pujol. Ha sido absuelto en primera instancia y la representación de Jordi Pujol Ferrusola ha recurrido. Fue la otra mano derecha de Pino en la Dirección Adjunta Operativa, "un hombre para todo", según reconoce ante el juez.
Coartada. Desconocida. Fue el único que no quiso declarar ante el juez, más allá de una breve descripción de su carrera profesional y para argumentar que por declarar en el caso Pujol entró como testigo y salió como imputado. "De este caso todo lo que sé lo sé por la prensa", dijo.
José Francisco González
¿Quién es? El actual jefe de la UCAO era el responsable del Área Especial de Seguimientos (AES) cuando se produjo el espionaje a Bárcenas. Hasta setenta agentes de esa unidad participaron en el seguimiento a la familia Bárcenas día y noche.
Coartada. González es el único de los mandos imputados que no aparece en ninguna otra operación de la brigada política y el área que dirigía no tenía actividad investigadora, tan solo recibía órdenes sobre objetivos a los que vigilar
Operación Kitchen: 11 imputados en busca de coartada
El levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas ha permitido escuchar a nueve de los once investigados por ahora. Faltan los números uno y dos de Interior en ese momento, Fernández Díaz y Francisco Martínez. De la declaración de ambos depende el futuro de Rajoy...
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Un diputado de Vox, el único del Congreso que compagina una concejalía y un escaño de provincias diferentes
Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 12/10/2020 a las 06:00
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, durante el juicio del 'procés'
EFE
Un diputado de Vox, Pedro Fernández Hernández, es el único de los 350 miembros del Congreso que compagina su cargo como concejal con el de parlamentario por una circunscripción distinta. Edil en el Ayuntamiento de la capital y diputado cunero por Zaragoza, el vicesecretario jurídico de la formación ultraconservadora tiene derecho a percibir el plus libre de impuesto previsto por el Congreso para quienes fueron elegidos por una provincia diferente a Madrid: 1.959 euros al mes.
A la denominada "asignación constitucional", idéntica para todos los diputados (3.050 euros) se añade el complemento como portavoz de comisión, la de Ciencia, Innovación y Universidades (1.134 euros) y las dietas por asistencia a plenos y comisiones del Ayuntamiento de Madrid: 1.200 de media, según los datos del semestre enero-junio publicados en su web por la corporación. Agregando la indemnización para gastos exenta de tributación, Fernández suma así al mes entre 6.300 y 7.300 euros brutos en números redondos, según el cálculo efectuado por este periódico ante la ausencia de un desglose mensual de carácter oficial y público. Todo ello ha de multiplicarse por 14 pagas, lo que hace que el cómputo anual vaya a oscilar este año entre 88.000 euros y 102.800 de manera aproximada, dado que las dietas municipales varían según el mes. Este ejercicio, el presidente del Gobierno ganará 84.845 euros en cifras exactas.
Un plus equiparable al ingreso mínimo vital
La diferencia entre las dos cifras anuales enunciadas en el párrafo anterior depende de si Fernández ha renunciado o no al plus para diputados foráneos, mucho más alto que el de los autóctonos precisamente porque el gasto de los primeros se prevé siempre muy superior. Entre los 1.959,62 euros de la cabeza del tándem exento de tributación y los 935,37 de la cola hay exactamente 1.024 euros. Es decir, nueve euros por encima de los 1.015 euros que, como máximo, pueden cobrar al mes los perceptores del ingreso mínimo vital. La nueva renta pública destinada a los más desfavorecidos se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso. El PP votó en contra y Vox se abstuvo finalmente tras una feroz campaña en que llegó a definir el ingreso mínimo como una "paguita clientelar y para menas".
Diputado desde noviembre de 2019, la declaración de bienes de Pedro Fernández señala que sus ingresos netos en 2018 ascendieron a 32.850 euros por el ejercicio de la abogacía y la docencia.
infoLibre remitió este viernes por la mañana a los portavoces de comunicación de Vox en el Congreso dos preguntas. La primera, relativa estrictamente a si ha renunciado a la indemnización que le corresponde como representante electoral de Zaragoza. La segunda, si se ha planteado seguir los pasos del otro miembro de la Cámara en que concurrían las mismas circunstancias: Juan José Aizcorbe, también de Vox. En enero, Aizcorbe dimitió como concejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y mantuvo el acta de diputado por Barcelona. No hubo respuesta. infoLibre figura entre los medios vetados por Vox. Tampoco el Congreso accedió a facilitar ese dato: sus portavoces aducen que la Ley de Protección de Datos lo impide.
Pedro Fernández formó parte del equipo legal que en nombre del partido ejerció la acusación popular en el juicio del procés. Fue el también diputado y portavoz municipal de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, quien llevó el timón en ese procedimiento. Ambos perciben del Ayuntamiento solo dietas por asistencia a órganos colegiados. O sea, comisiones y plenos municipales. Entre enero y junio ingresó por ese concepto 3.824 euros.
De los 350 diputados que componen el Congreso, 35 ocupan también un escaño local: 12 son alcaldes y el resto, concejales; y casi todos cobran de sus municipios solo dietas por asistencia. El PSOE encabeza el ranking de parlamentarios que hacen doblete en sus municipios (14), seguido del PP (13), Vox (4), ERC (2), JxCat (1) y Nueva Canarias (1). Así consta en el acta de la comisión del Estatuto del Diputado que el 25 de junio aprobó las compatibilidades otorgadas.
- El reglamento de la Cámara permite a Pedro Fernández, edil en el Ayuntamiento de Madrid, cobrar un plus de 1.959 euros mensuales libres de impuestos como diputado por Zaragoza
- Ni el Congreso ni la formación ultra aclaran si ha optado por la cifra inferior: los 935 euros asignados a los electos por la circunscripción madrileña
Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 12/10/2020 a las 06:00
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández, durante el juicio del 'procés'
EFE
Un diputado de Vox, Pedro Fernández Hernández, es el único de los 350 miembros del Congreso que compagina su cargo como concejal con el de parlamentario por una circunscripción distinta. Edil en el Ayuntamiento de la capital y diputado cunero por Zaragoza, el vicesecretario jurídico de la formación ultraconservadora tiene derecho a percibir el plus libre de impuesto previsto por el Congreso para quienes fueron elegidos por una provincia diferente a Madrid: 1.959 euros al mes.
A la denominada "asignación constitucional", idéntica para todos los diputados (3.050 euros) se añade el complemento como portavoz de comisión, la de Ciencia, Innovación y Universidades (1.134 euros) y las dietas por asistencia a plenos y comisiones del Ayuntamiento de Madrid: 1.200 de media, según los datos del semestre enero-junio publicados en su web por la corporación. Agregando la indemnización para gastos exenta de tributación, Fernández suma así al mes entre 6.300 y 7.300 euros brutos en números redondos, según el cálculo efectuado por este periódico ante la ausencia de un desglose mensual de carácter oficial y público. Todo ello ha de multiplicarse por 14 pagas, lo que hace que el cómputo anual vaya a oscilar este año entre 88.000 euros y 102.800 de manera aproximada, dado que las dietas municipales varían según el mes. Este ejercicio, el presidente del Gobierno ganará 84.845 euros en cifras exactas.
Un plus equiparable al ingreso mínimo vital
La diferencia entre las dos cifras anuales enunciadas en el párrafo anterior depende de si Fernández ha renunciado o no al plus para diputados foráneos, mucho más alto que el de los autóctonos precisamente porque el gasto de los primeros se prevé siempre muy superior. Entre los 1.959,62 euros de la cabeza del tándem exento de tributación y los 935,37 de la cola hay exactamente 1.024 euros. Es decir, nueve euros por encima de los 1.015 euros que, como máximo, pueden cobrar al mes los perceptores del ingreso mínimo vital. La nueva renta pública destinada a los más desfavorecidos se aprobó por mayoría absoluta en el Congreso. El PP votó en contra y Vox se abstuvo finalmente tras una feroz campaña en que llegó a definir el ingreso mínimo como una "paguita clientelar y para menas".
Diputado desde noviembre de 2019, la declaración de bienes de Pedro Fernández señala que sus ingresos netos en 2018 ascendieron a 32.850 euros por el ejercicio de la abogacía y la docencia.
infoLibre remitió este viernes por la mañana a los portavoces de comunicación de Vox en el Congreso dos preguntas. La primera, relativa estrictamente a si ha renunciado a la indemnización que le corresponde como representante electoral de Zaragoza. La segunda, si se ha planteado seguir los pasos del otro miembro de la Cámara en que concurrían las mismas circunstancias: Juan José Aizcorbe, también de Vox. En enero, Aizcorbe dimitió como concejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y mantuvo el acta de diputado por Barcelona. No hubo respuesta. infoLibre figura entre los medios vetados por Vox. Tampoco el Congreso accedió a facilitar ese dato: sus portavoces aducen que la Ley de Protección de Datos lo impide.
Pedro Fernández formó parte del equipo legal que en nombre del partido ejerció la acusación popular en el juicio del procés. Fue el también diputado y portavoz municipal de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, quien llevó el timón en ese procedimiento. Ambos perciben del Ayuntamiento solo dietas por asistencia a órganos colegiados. O sea, comisiones y plenos municipales. Entre enero y junio ingresó por ese concepto 3.824 euros.
De los 350 diputados que componen el Congreso, 35 ocupan también un escaño local: 12 son alcaldes y el resto, concejales; y casi todos cobran de sus municipios solo dietas por asistencia. El PSOE encabeza el ranking de parlamentarios que hacen doblete en sus municipios (14), seguido del PP (13), Vox (4), ERC (2), JxCat (1) y Nueva Canarias (1). Así consta en el acta de la comisión del Estatuto del Diputado que el 25 de junio aprobó las compatibilidades otorgadas.
Última edición:
El Supremo ratifica la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel
Francisco Correa y Pablo Crespo, en una de las sesiones del juicio. EFE
Elena Herrera / Pedro Águeda
14 de octubre de 2020 13:23h
34
@herrera_elena@pedroagueda
El Tribunal Supremo confirma que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018, pero elimina las alusiones a la existencia de una caja B en el partido incluidas en esa sentencia al considerarlas "excesivas", según ha confirmado el Alto Tribunal. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Francisco Correa.
Un año de Gürtel, la sentencia que cambió todo el poder en España
S
La sentencia conocida este miércoles ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional tras el juicio por la primera época del caso Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del PP. Impone 51 años al cabecilla Francisco Correa, 36 años y ocho meses a su número dos, Pablo Crespo, y 29 y un mes al extesorero del PP Luis Bárcenas. La mujer de éste, Rosalía Iglesias, es condenada a 12 años y once meses de cárcel.
El fallo destaca como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública, dice la resolución.
Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del PP contra las citadas menciones a la caja B, pero advierten de que la decisión que adoptan al respecto "carece de efectos prácticos" y que resulta "intrascendente en el fallo" acordado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional en el sentido de que no se puede aludir a una responsabilidad penal del PP sin que exista acusación o defensa y, en ese sentido, recuerdan que el partido fue incluido en la causa como partícipe a título lucrativo, esto es, como beneficiario de la trama de corrupción pero no como participante de él o conocedor del mismo.
Al mismo tiempo, añaden los magistrados del Supremo, no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara "el resultado" de las diligencias practicadas en relación con el PP ya que constituyen "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.
La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, dice los magistrados. Y en este sentido recuerdan que si el PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria ya que se hubiera extinguido su responsabilidad civil.
Ligeros ajustes en las condenas
El fallo del Alto Tribunal ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, es condenado a 51 años de cárcel, con una rebaja de 11 meses respecto a lo que le impuso la Audiencia Nacional por haber confesado en el juicio. Durante la vista oral reveló una mordida de entre el 2 y el 3% de la gran obra pública adjudicada por ministerios como el de Fomento y Medio Ambiente en la época de Aznar con destino a financiar al PP. A su número dos, Pablo Crespo, el Alto Tribunal le rebaja en un año y dos meses la condena, hasta los 36 años y ocho meses.
Sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, el Supremo considera probado que la fortuna que amasó en varias cuentas en Suiza procede de mordidas por adjudicaciones públicas, el “apoderamiento” de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública y le impone una pena de 29 años y un mes de cárcel, lo que supone una rebaja de cuatro años y tres meses respecto a lo fijado por la Audiencia Nacional. También ratifica la culpabilidad de su mujer, Rosalía Iglesias, aunque rebaja la pena hasta los 12 años y 11 meses respecto a los 15 años y un mes que le impuso el tribunal especial.
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, ve incrementada su pena hasta los 17 años y ocho meses (respecto a los 14 años y ocho meses que le impuso la Audiencia Nacional). El Supremo mantiene sin modificaciones la condena al que fuera amigo de Correa, concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, a cuatro años y nueve meses.
La segunda condena más elevada incluida en el fallo es la del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 40 años y tres meses, dos años más que lo que le impuso la Audiencia Nacional. Otros condenados son Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 27 años y diez meses (la Audiencia Nacional le impuso 31 años y nueve meses); y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, que mantiene la condena a 14 años y cuatro meses. La resolución considera a la exministra de Sanidad y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, partícipes a título lucrativo, al igual que al PP.
La sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018 —que salió adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego— contó con el voto particular del tercer miembro del tribunal, Ángel Hurtado, que el pasado 30 de septiembre fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado pidió la absolución del PP y se negó a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Esa declaración como testigo acabó siendo la puntilla para su Gobierno, pues el tribunal no dio credibilidad al relato de Rajoy y el resto de altos cargos del PP que declararon no conocer la existencia de sobresueldos en el partido.
La decisión del Tribunal Supremo de confirmar parte de la sentencia dictada en primera instancia aboca a la ejecución inmediata de la misma, aunque los condenados recurran al Constitucional, explican fuentes jurídicas.
www.eldiario.es
- Los jueces admiten parcialmente el recurso del partido contra las alusiones a su caja B en el fallo de la Audiencia Nacional, pero advierten de que resulta "intrascendente" para el sentido de la condena. La nueva sentencia realiza ligeros ajustes a las condenas de prisión que fijó el tribunal especial: 51 años para Correa, 36 para Crespo y 29 para Bárcenas
- Documento — Consulta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel
Francisco Correa y Pablo Crespo, en una de las sesiones del juicio. EFE
Elena Herrera / Pedro Águeda
14 de octubre de 2020 13:23h
34
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El Tribunal Supremo confirma que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018, pero elimina las alusiones a la existencia de una caja B en el partido incluidas en esa sentencia al considerarlas "excesivas", según ha confirmado el Alto Tribunal. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Francisco Correa.
Un año de Gürtel, la sentencia que cambió todo el poder en España
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La sentencia conocida este miércoles ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional tras el juicio por la primera época del caso Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del PP. Impone 51 años al cabecilla Francisco Correa, 36 años y ocho meses a su número dos, Pablo Crespo, y 29 y un mes al extesorero del PP Luis Bárcenas. La mujer de éste, Rosalía Iglesias, es condenada a 12 años y once meses de cárcel.
El fallo destaca como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública, dice la resolución.
Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del PP contra las citadas menciones a la caja B, pero advierten de que la decisión que adoptan al respecto "carece de efectos prácticos" y que resulta "intrascendente en el fallo" acordado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional en el sentido de que no se puede aludir a una responsabilidad penal del PP sin que exista acusación o defensa y, en ese sentido, recuerdan que el partido fue incluido en la causa como partícipe a título lucrativo, esto es, como beneficiario de la trama de corrupción pero no como participante de él o conocedor del mismo.
Al mismo tiempo, añaden los magistrados del Supremo, no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara "el resultado" de las diligencias practicadas en relación con el PP ya que constituyen "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.
La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, dice los magistrados. Y en este sentido recuerdan que si el PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria ya que se hubiera extinguido su responsabilidad civil.
Ligeros ajustes en las condenas
El fallo del Alto Tribunal ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, es condenado a 51 años de cárcel, con una rebaja de 11 meses respecto a lo que le impuso la Audiencia Nacional por haber confesado en el juicio. Durante la vista oral reveló una mordida de entre el 2 y el 3% de la gran obra pública adjudicada por ministerios como el de Fomento y Medio Ambiente en la época de Aznar con destino a financiar al PP. A su número dos, Pablo Crespo, el Alto Tribunal le rebaja en un año y dos meses la condena, hasta los 36 años y ocho meses.
Sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, el Supremo considera probado que la fortuna que amasó en varias cuentas en Suiza procede de mordidas por adjudicaciones públicas, el “apoderamiento” de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública y le impone una pena de 29 años y un mes de cárcel, lo que supone una rebaja de cuatro años y tres meses respecto a lo fijado por la Audiencia Nacional. También ratifica la culpabilidad de su mujer, Rosalía Iglesias, aunque rebaja la pena hasta los 12 años y 11 meses respecto a los 15 años y un mes que le impuso el tribunal especial.
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, ve incrementada su pena hasta los 17 años y ocho meses (respecto a los 14 años y ocho meses que le impuso la Audiencia Nacional). El Supremo mantiene sin modificaciones la condena al que fuera amigo de Correa, concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, a cuatro años y nueve meses.
La segunda condena más elevada incluida en el fallo es la del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 40 años y tres meses, dos años más que lo que le impuso la Audiencia Nacional. Otros condenados son Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 27 años y diez meses (la Audiencia Nacional le impuso 31 años y nueve meses); y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, que mantiene la condena a 14 años y cuatro meses. La resolución considera a la exministra de Sanidad y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, partícipes a título lucrativo, al igual que al PP.
La sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018 —que salió adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego— contó con el voto particular del tercer miembro del tribunal, Ángel Hurtado, que el pasado 30 de septiembre fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado pidió la absolución del PP y se negó a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Esa declaración como testigo acabó siendo la puntilla para su Gobierno, pues el tribunal no dio credibilidad al relato de Rajoy y el resto de altos cargos del PP que declararon no conocer la existencia de sobresueldos en el partido.
La decisión del Tribunal Supremo de confirmar parte de la sentencia dictada en primera instancia aboca a la ejecución inmediata de la misma, aunque los condenados recurran al Constitucional, explican fuentes jurídicas.
El Supremo ratifica la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel
Los jueces admiten parcialmente el recurso del partido contra las alusiones a su caja B en el fallo de la Audiencia Nacional, pero advierten de que resulta "intrascendente" para el sentido de la condena. La nueva sentencia realiza ligeros ajustes a las condenas de prisión que fijó el tribunal...
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El Supremo ratifica la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel
Francisco Correa y Pablo Crespo, en una de las sesiones del juicio. EFE
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El Tribunal Supremo confirma que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018, pero elimina las alusiones a la existencia de una caja B en el partido incluidas en esa sentencia al considerarlas "excesivas", según ha confirmado el Alto Tribunal. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Francisco Correa.
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La sentencia conocida este miércoles ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional tras el juicio por la primera época del caso Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del PP. Impone 51 años al cabecilla Francisco Correa, 36 años y ocho meses a su número dos, Pablo Crespo, y 29 y un mes al extesorero del PP Luis Bárcenas. La mujer de éste, Rosalía Iglesias, es condenada a 12 años y once meses de cárcel.
El fallo destaca como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública, dice la resolución.
Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del PP contra las citadas menciones a la caja B, pero advierten de que la decisión que adoptan al respecto "carece de efectos prácticos" y que resulta "intrascendente en el fallo" acordado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional en el sentido de que no se puede aludir a una responsabilidad penal del PP sin que exista acusación o defensa y, en ese sentido, recuerdan que el partido fue incluido en la causa como partícipe a título lucrativo, esto es, como beneficiario de la trama de corrupción pero no como participante de él o conocedor del mismo.
Al mismo tiempo, añaden los magistrados del Supremo, no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara "el resultado" de las diligencias practicadas en relación con el PP ya que constituyen "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.
La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, dice los magistrados. Y en este sentido recuerdan que si el PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria ya que se hubiera extinguido su responsabilidad civil.
Ligeros ajustes en las condenas
El fallo del Alto Tribunal ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, es condenado a 51 años de cárcel, con una rebaja de 11 meses respecto a lo que le impuso la Audiencia Nacional por haber confesado en el juicio. Durante la vista oral reveló una mordida de entre el 2 y el 3% de la gran obra pública adjudicada por ministerios como el de Fomento y Medio Ambiente en la época de Aznar con destino a financiar al PP. A su número dos, Pablo Crespo, el Alto Tribunal le rebaja en un año y dos meses la condena, hasta los 36 años y ocho meses.
Sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, el Supremo considera probado que la fortuna que amasó en varias cuentas en Suiza procede de mordidas por adjudicaciones públicas, el “apoderamiento” de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública y le impone una pena de 29 años y un mes de cárcel, lo que supone una rebaja de cuatro años y tres meses respecto a lo fijado por la Audiencia Nacional. También ratifica la culpabilidad de su mujer, Rosalía Iglesias, aunque rebaja la pena hasta los 12 años y 11 meses respecto a los 15 años y un mes que le impuso el tribunal especial.
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, ve incrementada su pena hasta los 17 años y ocho meses (respecto a los 14 años y ocho meses que le impuso la Audiencia Nacional). El Supremo mantiene sin modificaciones la condena al que fuera amigo de Correa, concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, a cuatro años y nueve meses.
La segunda condena más elevada incluida en el fallo es la del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 40 años y tres meses, dos años más que lo que le impuso la Audiencia Nacional. Otros condenados son Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 27 años y diez meses (la Audiencia Nacional le impuso 31 años y nueve meses); y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, que mantiene la condena a 14 años y cuatro meses. La resolución considera a la exministra de Sanidad y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, partícipes a título lucrativo, al igual que al PP.
La sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018 —que salió adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego— contó con el voto particular del tercer miembro del tribunal, Ángel Hurtado, que el pasado 30 de septiembre fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado pidió la absolución del PP y se negó a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Esa declaración como testigo acabó siendo la puntilla para su Gobierno, pues el tribunal no dio credibilidad al relato de Rajoy y el resto de altos cargos del PP que declararon no conocer la existencia de sobresueldos en el partido.
La decisión del Tribunal Supremo de confirmar parte de la sentencia dictada en primera instancia aboca a la ejecución inmediata de la misma, aunque los condenados recurran al Constitucional, explican fuentes jurídicas.
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Publicado el
14 de octubre de 2020 - 13:23 h
- Los jueces admiten parcialmente el recurso del partido contra las alusiones a su caja B en el fallo de la Audiencia Nacional, pero advierten de que resulta "intrascendente" para el sentido de la condena. La nueva sentencia realiza ligeros ajustes a las condenas de prisión que fijó el tribunal especial: 51 años para Correa, 36 para Crespo y 29 para Bárcenas
- Documento — Consulta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel
Francisco Correa y Pablo Crespo, en una de las sesiones del juicio. EFE
Elena Herrera / Pedro Águeda
14 de octubre de 2020 13:23h
39
@herrera_elena@pedroagueda
El Tribunal Supremo confirma que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018, pero elimina las alusiones a la existencia de una caja B en el partido incluidas en esa sentencia al considerarlas "excesivas", según ha confirmado el Alto Tribunal. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Francisco Correa.
Un año de Gürtel, la sentencia que cambió todo el poder en España
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La sentencia conocida este miércoles ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional tras el juicio por la primera época del caso Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del PP. Impone 51 años al cabecilla Francisco Correa, 36 años y ocho meses a su número dos, Pablo Crespo, y 29 y un mes al extesorero del PP Luis Bárcenas. La mujer de éste, Rosalía Iglesias, es condenada a 12 años y once meses de cárcel.
El fallo destaca como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública, dice la resolución.
Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del PP contra las citadas menciones a la caja B, pero advierten de que la decisión que adoptan al respecto "carece de efectos prácticos" y que resulta "intrascendente en el fallo" acordado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional en el sentido de que no se puede aludir a una responsabilidad penal del PP sin que exista acusación o defensa y, en ese sentido, recuerdan que el partido fue incluido en la causa como partícipe a título lucrativo, esto es, como beneficiario de la trama de corrupción pero no como participante de él o conocedor del mismo.
Al mismo tiempo, añaden los magistrados del Supremo, no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara "el resultado" de las diligencias practicadas en relación con el PP ya que constituyen "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.
La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, dice los magistrados. Y en este sentido recuerdan que si el PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria ya que se hubiera extinguido su responsabilidad civil.
Ligeros ajustes en las condenas
El fallo del Alto Tribunal ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, es condenado a 51 años de cárcel, con una rebaja de 11 meses respecto a lo que le impuso la Audiencia Nacional por haber confesado en el juicio. Durante la vista oral reveló una mordida de entre el 2 y el 3% de la gran obra pública adjudicada por ministerios como el de Fomento y Medio Ambiente en la época de Aznar con destino a financiar al PP. A su número dos, Pablo Crespo, el Alto Tribunal le rebaja en un año y dos meses la condena, hasta los 36 años y ocho meses.
Sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, el Supremo considera probado que la fortuna que amasó en varias cuentas en Suiza procede de mordidas por adjudicaciones públicas, el “apoderamiento” de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública y le impone una pena de 29 años y un mes de cárcel, lo que supone una rebaja de cuatro años y tres meses respecto a lo fijado por la Audiencia Nacional. También ratifica la culpabilidad de su mujer, Rosalía Iglesias, aunque rebaja la pena hasta los 12 años y 11 meses respecto a los 15 años y un mes que le impuso el tribunal especial.
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, ve incrementada su pena hasta los 17 años y ocho meses (respecto a los 14 años y ocho meses que le impuso la Audiencia Nacional). El Supremo mantiene sin modificaciones la condena al que fuera amigo de Correa, concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, a cuatro años y nueve meses.
La segunda condena más elevada incluida en el fallo es la del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a 40 años y tres meses, dos años más que lo que le impuso la Audiencia Nacional. Otros condenados son Alberto López Viejo, quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, a 27 años y diez meses (la Audiencia Nacional le impuso 31 años y nueve meses); y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, que mantiene la condena a 14 años y cuatro meses. La resolución considera a la exministra de Sanidad y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, partícipes a título lucrativo, al igual que al PP.
La sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018 —que salió adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego— contó con el voto particular del tercer miembro del tribunal, Ángel Hurtado, que el pasado 30 de septiembre fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado pidió la absolución del PP y se negó a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Esa declaración como testigo acabó siendo la puntilla para su Gobierno, pues el tribunal no dio credibilidad al relato de Rajoy y el resto de altos cargos del PP que declararon no conocer la existencia de sobresueldos en el partido.
La decisión del Tribunal Supremo de confirmar parte de la sentencia dictada en primera instancia aboca a la ejecución inmediata de la misma, aunque los condenados recurran al Constitucional, explican fuentes jurídicas.
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Publicado el
14 de octubre de 2020 - 13:23 h
PP, organización para delinquir
14/10/2020
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al Partido Popular por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Aunque para vivos, ellos.
El Supremo, pese a los intentos del PP, que han pasado por romper discos duros a martillazos, por pagar con fondos reservados el robo de pruebas a su tesorero, por situar en la inconstitucionalidad al Consejo General del Poder Judicial, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, ha finalmente ratificado las acusaciones probadas en su día por la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, al igual que las sentencias a los 29 acusados cuyas penas de prisión, con algunas ligeras variaciones, se han confirmado.
Reconoce en cualquier caso el Supremo que el PP, ese partido del que usted me habla, era el "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados". Es decir, que también para el Tribunal Supremo, el PP era el nexo entre toda esa cuerda de ladrones que robaron dinero a cambio de obra pública.
El PP ha intentado durante todos estos años lograr unos tribunales a su medida, impugnando a jueces, cambiándoles de juzgado, colocando a jueces afines. La actual situación de inconstitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial se debe a que el Partido Popular quiere seguir colocando a piezas suyas en lugares clave. Por ejemplo, acaba de colocar a Hurtado en la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Al asunto de la Gürtel, parece que no han llegado, al menos del todo.
Aunque los que estudiamos a los partidos políticos sabemos que es mentira que los dirigentes no sepan qué pasa con los dineros. Igual algún día nos dice un tribunal quién puede ser Eme punto Rajoy. De momento, ya sabemos que los que se ponen muchas banderas por todos lados, suelen ser, casi siempre, los que más roban a la patria para metérselo al bolsillo. Unos patriotas. Que se la pasan gritando en el Congreso de los Diputados. A ver si hablamos de sus provocaciones y nos olvidamos de que, como ha ratificado el Supremo, son un partido que ha delinquido de manera probada robando dinero público. Lo dicho, unos patriotas.
blogs.publico.es
14/10/2020
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al Partido Popular por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Aunque para vivos, ellos.
El Supremo, pese a los intentos del PP, que han pasado por romper discos duros a martillazos, por pagar con fondos reservados el robo de pruebas a su tesorero, por situar en la inconstitucionalidad al Consejo General del Poder Judicial, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, ha finalmente ratificado las acusaciones probadas en su día por la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, al igual que las sentencias a los 29 acusados cuyas penas de prisión, con algunas ligeras variaciones, se han confirmado.
El Tribunal Supremo ha matizado la existencia de una caja B del PP, algo que había sido juzgado por la Audiencia Nacional. Vamos, que coger de una caja un dinero de procedencia ignorada, meterlo en sobres, pagar sobresueldos a la dirigencia del PP, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada o M. Rajoy con unos numeritos al lado, o pagar actos electorales y campañas, es "excesivo" catalogarlo como Caja B. Llámalo X.
Reconoce en cualquier caso el Supremo que el PP, ese partido del que usted me habla, era el "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados". Es decir, que también para el Tribunal Supremo, el PP era el nexo entre toda esa cuerda de ladrones que robaron dinero a cambio de obra pública.
El PP ha intentado durante todos estos años lograr unos tribunales a su medida, impugnando a jueces, cambiándoles de juzgado, colocando a jueces afines. La actual situación de inconstitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial se debe a que el Partido Popular quiere seguir colocando a piezas suyas en lugares clave. Por ejemplo, acaba de colocar a Hurtado en la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Al asunto de la Gürtel, parece que no han llegado, al menos del todo.
El PP se ha comportado como una organización para delinquir y todos sus dirigentes que cobraron sobresueldos lo hicieron porque en su partido se robaba inflando contratos de obra pública. Bárcenas se acercaba a quien fuera como máximo responsables de las finanzas del PP para que se concediera una obra, luego cuando se ejecutaba, se subía el precio, repartían el dinero entre los que estaban en el ajo y el partido se quedaba con su parte, el grueso para engrosar la nómina de la dirigencia y el resto para hacer campañas electorales por detrás. Y todo esto pasaba, lo supieran o no los dirigentes que cobraban el dinero.
Aunque los que estudiamos a los partidos políticos sabemos que es mentira que los dirigentes no sepan qué pasa con los dineros. Igual algún día nos dice un tribunal quién puede ser Eme punto Rajoy. De momento, ya sabemos que los que se ponen muchas banderas por todos lados, suelen ser, casi siempre, los que más roban a la patria para metérselo al bolsillo. Unos patriotas. Que se la pasan gritando en el Congreso de los Diputados. A ver si hablamos de sus provocaciones y nos olvidamos de que, como ha ratificado el Supremo, son un partido que ha delinquido de manera probada robando dinero público. Lo dicho, unos patriotas.
PP, organización para delinquir
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al Partido Popular por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Aunque para vivos, ellos. El Supremo, pese a los intentos del PP, que han pasado por romper discos duros a martillazos, por pagar con fondos r
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CASO GÜRTEL
¿Por qué no es verdad lo que dice el PP para restarle importancia a la sentencia de la Gürtel?
El principal partido de la oposición se envuelve en un triunfalismo muy alejado de la realidad al negar la existencia de una 'caja B' pese a que la sentencia del Supremo la ha confirmado punto por punto
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AIMAR BRETOS
Madrid
14/10/2020 - 20:17 h. CEST
El PP trata de quitarle importancia a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel que hemos conocido hoy y que confirma punto por punto la condena al PP por financiación ilegal. Dice la sentencia que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local.
Esto, según la sentencia, permitió que las empresas de Correa vinculadas al PP tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas. Y todo eso, mediando sobornos a funcionarios y autoridades, emitiendo facturas falsas y montando un entramado para ocultar la procedencia ilícita de los fondos que conseguían.
Esta es la base de la sentencia, que confirma la condena al PP como partícipe a título lucrativo de esa corrupción. A partir de aquí, están en Génova tratando de que cale la idea de que la sentencia dice que no hubo una caja B, y que por lo tanto, la izquierda ya no tiene ninguna excusa porque no hubo caja B y que la moción de censura contra Rajoy estuvo basada en una falsedad. Tratan, de nuevo, de quitar legitimidad al Gobierno que ha salido en las urnas, muy como Vox.
Lo cierto es que es falo. La sentencia no dice en ningún momento que el PP no tuviera 'caja B'. Es más, para probar la corrupción que señalan en la sentencia, los jueces se basan una y otra vez en la evidencia de que sí hubo una caja. Los jueces la mencionan varias veces.
O sea, el Supremo no dice que no hubiera 'caja B'. El Supremo no se mete ahí; no lo deja por escrito, pero a la hora de la verdad basa gran parte de su sentencia en la evidencia de que sí hubo caja B. De hecho, hay un momento de la sentencia en el que los jueces dan por probado que Bárcenas robó 150.000 euros de la 'caja B' que gestionaba Lapuerta.
En resumen, que sí había caja B, pero que considera el Supremo que la Audiencia Nacional se excedió dejándolo por escrito en esta sentencia cuando será en otro procedimiento en el que se tenga que sentenciar.
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cadenaser.com
Mecanismos de corrupción, o sea que se puede decir que si está implicado en mecanismos de corrupción, por lo cual se puede decir que hay corrupción, es decir, PP es corrupto.
¿Por qué no es verdad lo que dice el PP para restarle importancia a la sentencia de la Gürtel?
El principal partido de la oposición se envuelve en un triunfalismo muy alejado de la realidad al negar la existencia de una 'caja B' pese a que la sentencia del Supremo la ha confirmado punto por punto
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AIMAR BRETOS
Madrid
14/10/2020 - 20:17 h. CEST
El PP trata de quitarle importancia a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel que hemos conocido hoy y que confirma punto por punto la condena al PP por financiación ilegal. Dice la sentencia que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local.
Esto, según la sentencia, permitió que las empresas de Correa vinculadas al PP tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas. Y todo eso, mediando sobornos a funcionarios y autoridades, emitiendo facturas falsas y montando un entramado para ocultar la procedencia ilícita de los fondos que conseguían.
Esta es la base de la sentencia, que confirma la condena al PP como partícipe a título lucrativo de esa corrupción. A partir de aquí, están en Génova tratando de que cale la idea de que la sentencia dice que no hubo una caja B, y que por lo tanto, la izquierda ya no tiene ninguna excusa porque no hubo caja B y que la moción de censura contra Rajoy estuvo basada en una falsedad. Tratan, de nuevo, de quitar legitimidad al Gobierno que ha salido en las urnas, muy como Vox.
Lo cierto es que es falo. La sentencia no dice en ningún momento que el PP no tuviera 'caja B'. Es más, para probar la corrupción que señalan en la sentencia, los jueces se basan una y otra vez en la evidencia de que sí hubo una caja. Los jueces la mencionan varias veces.
- El Supremo sentencia que el PP era "el nexo común" de la actividad corrupta de la trama Gürtel
- El Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de la trama Gürtel
- El Supremo rebaja ligeramente las condenas de Correa, Bárcenas y el resto de acusados del caso Gürtel
O sea, el Supremo no dice que no hubiera 'caja B'. El Supremo no se mete ahí; no lo deja por escrito, pero a la hora de la verdad basa gran parte de su sentencia en la evidencia de que sí hubo caja B. De hecho, hay un momento de la sentencia en el que los jueces dan por probado que Bárcenas robó 150.000 euros de la 'caja B' que gestionaba Lapuerta.
En resumen, que sí había caja B, pero que considera el Supremo que la Audiencia Nacional se excedió dejándolo por escrito en esta sentencia cuando será en otro procedimiento en el que se tenga que sentenciar.
¿Por qué no es verdad lo que dice el PP para restarle importancia a la sentencia de la Gürtel?
El principal partido de la oposición se envuelve en un triunfalismo muy alejado de la realidad al negar la existencia de una 'caja B' pese a que la sentencia del Supremo la ha confirmado punto por puntoEl Tribunal Supremo acaba de aclarar un punto fundamental de la sentencia de la Gürtel: el...
cadenaser.comMecanismos de corrupción, o sea que se puede decir que si está implicado en mecanismos de corrupción, por lo cual se puede decir que hay corrupción, es decir, PP es corrupto.
EL TS CONFIRMA QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL GRUPO CORREA
El Supremo ratifica las penas de prisión para los 29 condenados por la Gürtel
Los principales acusados en el juicio de la Gürtel. (Imagen de archivo)
NUEVATRIBUNA.ES14 DE OCTUBRE DE 2020, 14:56
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado penas de hasta 51 años de prisión (en el caso de Francisco Correa), en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005.
El tribunal ratifica en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular.
Asimismo, estima la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, así como de la exministra de Sanidad Ana Mato (condenada a pagar 27.857,53 euros); y la exconcejala Gema Matamoros de Majadahonda (Condenada a pagar 45.066,66 euros).
El TS confirma que el PP se lucró con la ‘Gürtel’ pero considera excesivas las menciones a la ‘caja B’ del PP realizadas por la Audiencia Nacional, y destaca cómo el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP.
En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.
LAS PENAS DEL SUPREMO PARA LOS 29 CONDENADOS
Francisco Correa: 51 años
Guillermo Ortega: 40 años y 3 meses
Pablo Crespo: 36 años y 8 meses
Luis Bárcenas: 29 años y 1 mes
Alberto López Viejo: 27 años y 10 meses
Carmen Rodríguez Quijano:17 años y 8 meses
Juan José Moreno: 17 años y 2 meses
Jesús Sepúlveda: 14 años y 4 meses
Felisa Isabel Jordán: 14 años y 11 meses
José Luis Izquierdo: 13 años y 10 meses.
Rosalía Iglesias: 12 años y 11 meses
Luis de Miguel: 9 años y 1 mes
Carlos Clemente: 7 años y 9 meses
Ricardo Galeote: 6 años y 6 meses
José Luis Peñas: 4 años y 9 meses
Antonio Villaverde: 3 años y 11 meses
Jesús Merino: 3 años y 7 meses
Pedro Rodríguez Pendás: 3 años
Alicia Mínguez: 2 años, 1 mes y 15 días
José Javier Nombela: 2 años, 1 mes y 15 días
Iván Yáñez Velasco: 1 año y 10 meses
Teresa Gabarra: 1 año y 6 meses
Ángel Sanchís Perales: 1 año
Ángel Sanchís Herrero: 9 meses
Ignacio Gallo Alcántara: 9 meses
Jesús Calvo Soria: 6 meses
Jacobo Gordón: 5 meses
Alfonso García Pozuelo: 2 años (sustituible por multa)
Roberto Fernández: 11 meses (2 meses sustituibles multa)
www.nuevatribuna.es
Huyyyy Rosalía Iglesias a la cárcel...A ver si en vez de cantar el hijo va a cantar el marido y padre.
El Supremo ratifica las penas de prisión para los 29 condenados por la Gürtel
NUEVATRIBUNA.ES14 DE OCTUBRE DE 2020, 14:56
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado penas de hasta 51 años de prisión (en el caso de Francisco Correa), en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005.
El tribunal ratifica en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular.
Asimismo, estima la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, así como de la exministra de Sanidad Ana Mato (condenada a pagar 27.857,53 euros); y la exconcejala Gema Matamoros de Majadahonda (Condenada a pagar 45.066,66 euros).
El TS confirma que el PP se lucró con la ‘Gürtel’ pero considera excesivas las menciones a la ‘caja B’ del PP realizadas por la Audiencia Nacional, y destaca cómo el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP.
En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.
LAS PENAS DEL SUPREMO PARA LOS 29 CONDENADOS
Francisco Correa: 51 años
Guillermo Ortega: 40 años y 3 meses
Pablo Crespo: 36 años y 8 meses
Luis Bárcenas: 29 años y 1 mes
Alberto López Viejo: 27 años y 10 meses
Carmen Rodríguez Quijano:17 años y 8 meses
Juan José Moreno: 17 años y 2 meses
Jesús Sepúlveda: 14 años y 4 meses
Felisa Isabel Jordán: 14 años y 11 meses
José Luis Izquierdo: 13 años y 10 meses.
Rosalía Iglesias: 12 años y 11 meses
Luis de Miguel: 9 años y 1 mes
Carlos Clemente: 7 años y 9 meses
Ricardo Galeote: 6 años y 6 meses
José Luis Peñas: 4 años y 9 meses
Antonio Villaverde: 3 años y 11 meses
Jesús Merino: 3 años y 7 meses
Pedro Rodríguez Pendás: 3 años
Alicia Mínguez: 2 años, 1 mes y 15 días
José Javier Nombela: 2 años, 1 mes y 15 días
Iván Yáñez Velasco: 1 año y 10 meses
Teresa Gabarra: 1 año y 6 meses
Ángel Sanchís Perales: 1 año
Ángel Sanchís Herrero: 9 meses
Ignacio Gallo Alcántara: 9 meses
Jesús Calvo Soria: 6 meses
Jacobo Gordón: 5 meses
Alfonso García Pozuelo: 2 años (sustituible por multa)
Roberto Fernández: 11 meses (2 meses sustituibles multa)
Las penas de prisión para los 29 de la Gürtel
www.nuevatribuna.esHuyyyy Rosalía Iglesias a la cárcel...A ver si en vez de cantar el hijo va a cantar el marido y padre.
Huyyyy Rosalía Iglesias a la cárcel...A ver si en vez de cantar el hijo va a cantar el marido y padre.
Pues como Ana Mato, no? que no "sabía que había un Porsche en su garaje" y aquello de que la Gürtel le pagó la comunión de un hijo. Qué fue de esta?
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CORRUPCIÓN DEL PP
El PSOE insta a Casado a dar explicaciones: "La Gürtel no deja de alargar su sombra sobre el PP"
Casado se desmarca del 'caso Gürtel', mientras el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, espera que en próximos juicios por el caso Gürtel se acredite la caja B del partido.
El presidente del PP, Pablo Casado, preside el Comité de dirección del partido celebrado en la sede de la calle Génova, en una imagen de archivo. / EFE -PP - David Mudarra
MADRID
14/10/2020 14:32 ACTUALIZADO: 14/10/2020 17:34
PÚBLICO / AGENCIAS
El PSOE ha señalado este miércoles al hilo de hacerse pública la sentencia sobre el caso Gürtel que el Tribunal Supremo ha confirmado "lo que ya sabíamos", la "corrupción" del PP, y ha emplazado al líder de los populares, Pablo Casado, a dar explicaciones.
"Esperemos que Casado dé explicaciones", han señalado fuentes socialistas, que han subrayado que el PP es un partido "que ha sufrido y sufre una corrupción sistemática".
El PP acata la sentencia, aunque se desvincula del caso Gürtel
Fuentes de la dirección del PP han dicho que el partido respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo "como no podía ser de otra forma" porque "los hechos son condenables y los hechos están ahí, después de que se haya mantenido la condena al PP por Gürtel, pero calificando de "excesivas" las menciones a la caja B del PP.
La diputada y Secretaria de Estudios y Programas del PP, Edurne Uriarte, ha señalado al juez José Ricardo de Prada tras la sentencia. "La moción de censura contra Rajoy se sustentó en valoraciones personales del juez izquierdista De Prada sin pruebas y sin fundamento jurídico", afirma en Twitter Uriarte.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que la sentencia, aunque en cierta medida "lava la cara" al partido conservador, sigue demostrando que "si hay un partido que cumple con todos los requisitos para ser ilegalizado es el PP".
El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví espera que en próximos juicios por el caso Gürtel se acredite la caja B del partido. El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.
El Supremo ha ratificado con ligeros ajustes las penas para los 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo de Ana Mato y del PP, con una condena máxima de 51 años para el cabecilla de la red Francisco Correa.
El Alto Tribunal modifica ligeramente las condenas al resto de los principales acusados y las fija en 29 años para el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 40 para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y en 36 para Pablo Crespo.
El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa
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Casado se desmarca del 'caso Gürtel', mientras el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, espera que en próximos juicios por el caso Gürtel se acredite la caja B del partido.
El presidente del PP, Pablo Casado, preside el Comité de dirección del partido celebrado en la sede de la calle Génova, en una imagen de archivo. / EFE -PP - David Mudarra
MADRID
14/10/2020 14:32 ACTUALIZADO: 14/10/2020 17:34
PÚBLICO / AGENCIAS
El PSOE ha señalado este miércoles al hilo de hacerse pública la sentencia sobre el caso Gürtel que el Tribunal Supremo ha confirmado "lo que ya sabíamos", la "corrupción" del PP, y ha emplazado al líder de los populares, Pablo Casado, a dar explicaciones.
"Esperemos que Casado dé explicaciones", han señalado fuentes socialistas, que han subrayado que el PP es un partido "que ha sufrido y sufre una corrupción sistemática".
La dirección del PP se desvincula del caso Gürtel, asegurando que el único trato del "nuevo PP" fue una amenaza de querella de Luis Bárcenas a su líder, Pablo Casado, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar al poder "con una moción de censura basada en una mentira".
El Supremo confirma la condena al PP por la trama Gürtel pero borra las menciones a la caja B
PÚBLICO
El PP acata la sentencia, aunque se desvincula del caso Gürtel
Fuentes de la dirección del PP han dicho que el partido respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo "como no podía ser de otra forma" porque "los hechos son condenables y los hechos están ahí, después de que se haya mantenido la condena al PP por Gürtel, pero calificando de "excesivas" las menciones a la caja B del PP.
La diputada y Secretaria de Estudios y Programas del PP, Edurne Uriarte, ha señalado al juez José Ricardo de Prada tras la sentencia. "La moción de censura contra Rajoy se sustentó en valoraciones personales del juez izquierdista De Prada sin pruebas y sin fundamento jurídico", afirma en Twitter Uriarte.
Por su parte, Podemos ha destacado a través de un mensaje en Twitter que han sido "condenados por corruptos y apoyados por Cs y Vox para poder seguir en la misma línea. Es el PP, amigos".
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PÚBLICO / AGENCIAS
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado a través de la red social que "no fueron manzanas podridas ni casos individuales: es el PP, un partido corrupto". En declaraciones en el Congreso, Errejón ha tildado de "hecho gravísimo" que el Supremo ratifique que el PP es un "partido corrupto". Pide explicaciones al líder popular, Pablo Casado, y al portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, tras una condena que confirma que el PP se dedica solo a "incendiar" en su labor de oposición para que el "humo tape su corrupción".
Rufián: "Si hay un partido que cumple con todos los requisitos para ser ilegalizado es el PP"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que la sentencia, aunque en cierta medida "lava la cara" al partido conservador, sigue demostrando que "si hay un partido que cumple con todos los requisitos para ser ilegalizado es el PP".
El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví espera que en próximos juicios por el caso Gürtel se acredite la caja B del partido. El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.
El Supremo ha ratificado con ligeros ajustes las penas para los 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo de Ana Mato y del PP, con una condena máxima de 51 años para el cabecilla de la red Francisco Correa.
El Alto Tribunal modifica ligeramente las condenas al resto de los principales acusados y las fija en 29 años para el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 40 para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y en 36 para Pablo Crespo.
El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa
