Repaso a la corrupción del Partido Popular

El dinero de todos
El Gobierno ha incumplido en los tres últimos años la regla de gasto por la que interviene Madrid
La Administración central se saltó en 2014, 2015 y 2016 la regla de gasto por la que estrecha el cerco sobre el Ayuntamiento de Manuela Carmena

Sólo un cambio de criterio de Eurostat con carácter retroactivo ha permitido a última hora que se considere que acató esta norma presupuestaria en 2016

Para ello se han computado 1.591 millones al ejercicio 2015, lo que ha disparado el incumplimiento que ya se había dado en ese ejercicio

Marina Estévez Torreblanca (eldiario.es)
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08/11/2017 - 21:14h
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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro EP
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La Administración central se ha saltado tres de los cuatro años que lleva en vigor (desde 2013) la misma regla de gasto por la que Hacienda justifica intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, según datos del propio Ministerio de Hacienda.

Respecto a 2016, sólo un cambio en el modo de hacer las cuentas introducido recientemente por la oficina de estadística comunitaria Eurostat ha permitido que se considere cumplida la norma presupuestaria. Eso sí, esta modificación efectuada por el organismo con sede en Bruselas ha llevado a computar un desembolso de 1.591 millones de 2016 a 2015, con lo que el quebranto de la norma en este último año, que ya se había producido, se ha disparado.

La regla de gasto es una norma impuesta a España en pleno rescate financiero en 2012 y que entró en vigor en 2013. Bebe de la " regla de oro" con la que se reformó la Constitución en 2011 e implica que el gasto de los tres subsectores de la administración (central, autonómica y local) puede elevarse cada año respecto al anterior como máximo un porcentaje que está definido por el crecimiento medio esperado para la economía.

El primer año de aplicación, 2013, la regla de gasto en España fue del 1,7%; en 2014 del 1,5%; en 2015 del 1,3%; y en 2016 del 1,8%. En 2017 la línea roja es del 2,1%.

Según uno de los principales organismos de control de las cuentas públicas en España, la AIReF, la Administración Central "podría cumplir la regla de gasto en 2017", aunque "podrían existir tensiones en el cumplimiento de la regla de gasto en el caso de que los cambios normativos tributarios no tuviesen el efecto recaudatorio previsto".

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Variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales respecto a la regla de gasto fijado en cada ejercicio. Fuente: IGA
El cambio de Eurostat
El informe del Gobierno donde se reconocía el incumplimiento de 2016, del pasado mayo, confiaba en que después del verano se produciría un cambio de criterio por parte de la oficina de estadística comunitaria que con carácter retroactivo permitiría respetar la norma presupuestaria, y que finalmente se ha producido. Sin él, la Administración central gastó en 2016 un 2,8%, un punto más de lo estipulado, que un año antes. Y si no se hubiesen descontado las ayudas a la banca, el incumplimiento habría sido todavía superior, un 5,7%. Un nuevo informe, publicado con fecha de 13 de octubre, introduce los nuevos parámetros.

La modificación se refiere al cómputo de un desembolso que es únicamente del Estado (los ingresos derivados de la subasta de los servicios de televisión y radio), por lo que no se aplicará a otras administraciones que no los tuvieran, explican fuentes de Hacienda a eldiario.es.

Así, pese a estos cambios, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que no tiene intención de retocar la aplicación de la norma para el resto de las administraciones hasta que España salga del protocolo de déficit excesivo a ojos de Bruselas (con un déficit por debajo del 3% del PIB), lo que como mínimo ocurrirá en 2018.

Ahora Madrid denuncia un "trato injusto"
Según los actuales gestores de la capital (Ahora Madrid), está claro que existe una doble vara de medir la actuación del Ayuntamiento y la de otras administraciones. La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, afirma que "el Ayuntamiento de Madrid rechaza el trato injusto al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a una administración que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido su deuda en un 40%, en más de 2.000 millones de euros, en dos años".

La AIReF recalca que otros ocho ayuntamientos incumplirán las reglas presupuestarias de Montoro de cara al cierre de 2017. Pero el ministro insiste que Madrid es la única que " se niega" a amoldarse a las reglas impuestas. Hacienda ve "evoluciones" en los planes económico-financieros (PEF) del resto, y asegura la situación de la capital no tiene parangón.
 
El dinero de todos
ENTREVISTA | Carlos Sánchez Mato (concejal de Economía)
"Madrid está realizando una gestión económica ejemplarizante que genera envidias en el PP"
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, acusa al ministerio de tener un trato diferenciado con la capital

"Todo lo que sea poner palos en las ruedas no ayuda ni la mejora esta ciudad de Madrid"

"El planteamiento que ha hecho Hacienda es una nueva interpretación de la aplicación de la regla de gasto, no es algo que venga en la ley"

Fátima Caballero (eldiario.es)
08/11/2017 - 21:44h
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Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid DAVID CONDE
El Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, en una decisión sin precedentes, que el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, reconoce no le ha "sorprendido". El edil es, además, responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y, desde la formación, está impulsando un cambio de la ley de Estabilidad Presupuestaria que numerosas administraciones locales con superávit como Madrid consideran injusta.

Sánchez Mato insiste en que el Consistorio de la capital cumple la ley aunque "no le guste" por "responsabilidad institucional", y pide "el mismo trato" que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que acusa de incumplir la ley, ha utilizado con otras administraciones a las que les ha aprobado las cuentas.

¿Cómo se gobierna teniendo al Ministerio fiscalizando las cuentas de Madrid?

De la misma manera que siempre. El Ministerio de Hacienda fiscaliza las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y del resto de corporaciones locales que están sujetas a tutela. Para el Ayuntamiento la única novedad es la periodicidad, el hecho de que cada trimestre comuniquemos los datos de liquidación y las actuaciones que realizamos, ahora tendrá que ser en mucho menos tiempo. Pero eso no nos supone un problema, tenemos la absoluta seguridad que estamos actuando conforme a la ley de estabilidad financiera y al resto de ordenamiento jurídico. Lo único que nos supone es más trabajo.

Pero, ¿la intervención de Hacienda dificulta la acción de Gobierno?

Todo lo que sea poner palos en las ruedas no ayuda ni mejora esta ciudad. No es bueno que el Gobierno del PP se dedique a poner dificultades, pero nuestra voluntad es que esto no suponga un problema para la ciudad de Madrid. Que se note solo dentro, pero no fuera, como ya ha pasado en anteriores ocasiones cuando el ministerio nos ha dicho que no cumplíamos con la regla de gasto.

A pesar de que usted dice que cumplen con la ley, el ministro cree que Madrid la incumple y le señala a usted directamente.

No voy a entrar en debates personales, porque esto va mucho más allá de una discrepancia entre un concejal de Economía del Ayuntamiento y un ministro de Hacienda. Nosotros lo que pedimos es que una ley con la que no estamos de acuerdo, y más por mi responsabilidad política en mi organización, Izquierda Unida, tenemos habitualmente actuaciones de protesta e intentos de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. Eso no quita que tenemos una responsabilidad institucional enorme y cuando gobernamos no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en otras localidades y municipios, lo que hacemos es cumplir con la legalidad vigente, al mismo tiempo que la discutimos e intentamos cambiarla.

Lo que pretenden desde el Ministerio de Hacienda es confundir a la gente diciendo que queremos un trato diferenciado, y lo que queremos es exactamente lo contrario, que se nos aplique lo mismo que a otras administraciones públicas. Si se aplicase el mismo criterio saldríamos ganando porque la ciudad de Madrid comparada con otras administraciones puede demostrar una ejecutoría brillantísima en gestión económica. Desde que gobierna Manuela Carmena hemos reducido la deuda en 2.070 millones de euros. La Comunidad de Madrid para que la gente se haga una idea, en ese mismo periodo de tiempo, ha incrementado la deuda en 5.600 millones de euros.

¿Por qué insiste en que se incumple?

Falta a la verdad. No podemos estar incumpliendo la ley en el momento que presentamos los planes económicos en arreglo a lo que dice la ley. Pero, no lo digo yo sino la propia AIReF, se utilizan criterios diferentes según quién los presentes. Te pongo un ejemplo. El texto que ha se ha utilizado por el actual equipo de Gobierno es el mismo que utilizó el Gobierno del Partido Popular cuando presentó su plan económico en el periodo 2012-2015, el mismo. El PEF presentado por Alberto Ruiz Gallardón fue aprobado sin ningún tipo de cuestionamiento y ese mismo texto nos lo cuestionan a nosotros, ¿casualidad?

Entonces, ¿se trata de una decisión política más que técnica?

En esta vida todo es política, aunque se pueda adornar con criterios técnicos. Pero la verdad deja muy bien al Ayuntamiento de Madrid y no tan bien a otras administraciones. Hemos cerrado las cuentas el anterior año con superávit de 1.000 millones, rebajado la deuda y aumentado el gasto social. Eso que no interesa, además de mejorar la vida de los madrileños y madrileñas, es la mejor política de empleo.

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Carlos Sánchez Mato, concejal de Ahora Madrid DAVID CONDE
Como ha repetido a lo largo de la entrevista, usted como responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, está impulsando un cambio de la ley para que sea más justa con las administraciones locales que tienen superávit. Si desde el Gobierno de Mariano Rajoy se vende recuperación económica, ¿por qué es tan difícil que llegue ese cambio?

El problema es que están intentando vender una desaceleración económica, pero la realidad es que la crisis no se ha solucionado ni a nivel de España ni en el conjunto de la Unión Europea, una situación que ahora quieren esconder detrás del problema con Catalunya. Es una falacia que, en primer lugar, desmonta la propia actuación de los bancos centrales. El banco central europeo está dopando la economía, suministrando cantidades ingentes de dinero a un precio cero para permitir que el sistema financiero recupere un poco de fuelle y así se recupere la economía en su conjunto.

Pero cuando incluso se están manteniendo esas políticas de estímulo, lo cierto es que el crecimiento baja y ahora es absolutamente absurdo atribuirle ese problema al tema catalán, aunque el Gobierno de Rajoy intente escudarse en eso. Lo que planteamos organizaciones como Izquierda Unida, y también desde nuestra confederación Unidos Podemos, es que tenemos un problema económico en este país que no se ha resuelto. La supuesta salida de la crisis ha sido a costa de más precariedad, de más desigualdad, de peores salarios, de más inestabilidad en el empleo... Con esos parámetros, no puedes fundar una recuperación económica sólida, porque la gente, para tomar decisiones de futuro, decisiones que tienen que ver incluso con la natalidad, tiene que tener una estabilidad, que las propias normativas que han incluido no están ligadas con eso.

¿Qué se puede esperar de las políticas que han implementado? Solo desaceleración, es decir, una situación negativa de la economía. Pero viene bien en su argumentación echarle la culpa a otras situaciones como la de Catalunya, o al Ayuntamiento de Madrid que con otras administraciones locales ha salvado las cuentas del Estado. La gente se terminará dando cuenta de que el problema es muchísimo más importante que el propio territorial, que va más allá que las banderas. Es obligatorio abordar el problema económico español con unos criterios de redistribución, de mayor justicia social y de mejora de las condiciones laborales.

El Ministerio de Hacienda ha dicho que la medida impuesta se revertirá cuando el Ayuntamiento presente un nuevo plan económico-financiero (PEF) que cumpla con la regla de gasto. ¿Qué considera Hacienda que tienen que cambiar en ese nuevo plan para cumplir con la ley?

El planteamiento que ha hecho Hacienda es una nueva interpretación de la aplicación de la regla de gasto, no es algo que venga en la ley. No encontrará nadie en nuestro plan económico-financiero y en nuestras actuaciones nada que contravenga la ley. Y repito, no pueden decir lo mismo gobiernos anteriores del PP, en esta ciudad y en el conjunto del Estado. Sin embargo, le digo, nosotros somos rigurosos en la aplicación de la ley, lo que no depende de nosotros es que la varía el Partido Popular y el Gobierno. El tiempo dará y quitará razones. Hemos ido a los tribunales en el rechazado del primer PEF, el tiempo dirá.

La portavoz del Gobierno municipal anunció que podría recurrir la intervención en los tribunales. ¿Qué espera de la Justicia y qué va a hacer el Ayuntamiento mientras espera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suele demorarse?

Esa es una de las medidas que está sobre la mesa, igual que otras que se irán anunciando en cada momento. Mientras llega el pronunciamiento del TSJM haremos lo que hacemos siempre. Creo que tenemos el aval en nuestro tiempo en el Gobierno, de que cuando nos han impuesto medidas con las que no estamos de acuerdo, las acatamos. Como cuando aprobamos los acuerdos de no disponibilidad de crédito en abril y eso no supondrá un deterioro de las políticas públicas. Seguiremos trabajando para mejorar la ciudad de Madrid. Eso se ha cumplido y de hecho es lo que parece que ha molestado más al ministerio de Hacienda.

El ministro Cristóbal Montoro dijo este martes que si querían gasto social, renunciasen a otros gastos. ¿A qué gastos cree que se refería?

Eso se lo tendría que preguntar a él. Aunque puedo pensar qué tipo de cosas haría el Gobierno central, como ya ha hecho en los actuales presupuestos de España en los que ha aumentado el gasto en Defensa. Sin embargo, la apuesta del equipo de Manuela Carmena es acabar con los desequilibrios territoriales tradicionales y endémicos de la ciudad de Madrid y actuar en el campo social.

¿Cree que esta decisión de Hacienda está vinculada a los requerimientos de Delegación de Gobierno de este verano que afectan a 577 obras públicas?

Es evidente que hay una actuación coordinada entre Hacienda y Delegación de Gobierno.

El Ministerio les abronca por asumir las competencias impropias de Estado y Comunidad, lo que suponen más de 400 millones de euros. ¿Se pueden desprender de esos gastos?

No, porque hay una ley de racionalización local, comúnmente llamada ley Montoro, que lo que dice es que hay competencias que podían no ser del ayuntamiento. Pero si la está prestando un ayuntamiento y el anterior secretario de Hacienda, el señor Beteta, envía una comunicación a todos los ayuntamientos, no solo a Madrid y que es conocida, en la que dice, estoy haciendo una abstracción, "absténgase ustedes de desprenderse de esas competencias aunque no se las financiemos por la situación económica", lo que no puede hacer Madrid es soltarlas. Entre otras cosas porque estaríamos desobedeciendo a la secretaría de Hacienda, pero además no tenemos intención de soltarlas. Lo que pedimos, y está especificado en el PEF, es que esas competencias debieran recibir la oportuna financiación que establece la ley.

¿Esperaban esta decisión sin precedentes en un ayuntamiento?

Ni a mí, ni a mis compañeros de organización nos ha sorprendido viendo los antecedentes.

¿Cómo resumiría a los madrileños esta discrepancia con el Ministerio de Hacienda?

Son diferencias que tenemos y que tiene una motivación política clara. Madrid está realizando una gestión económica ejemplarizante que puede generar envidias, y lo digo en el buen sentido, en el PP, que no ha sido capaz de hacer esa buena gestión en la capital en las últimas dos décadas. Lo que consiguió es endeudar a Madrid que nos toca resolver al actual equipo de Gobierno.

Se habla mucho de discrepancias entre usted y la alcaldesa. ¿Cómo es su relación con Manuela Carmena?

Muy buena. Manuela (Carmena) es una persona muy fácil de tratar desde el punto de vista humano. Si me pudiera a desmentir eso que sale en los medios, totalmente infundado, no haría otra cosa. Dicen una cosa y la contraria, así que no le doy importancia.

¿Le ha trasladado su apoyo?

Por supuesto. De hecho soy concejal de Economía y Hacienda y del distrito de Vicálvaro porque la alcaldesa me delega esos poderes y esas funciones. No podría estar haciendo ese trabajo ni aquí con usted si no tuviera su apoyo.
 
El dinero de todos
El Samur o las escuelas infantiles, el gasto de Madrid que Montoro considera inaceptable
Hacienda afea al Ayuntamiento que financie con 428 millones servicios que debería haber prestado la Comunidad o el Estado

Las atención de urgencias tiene un presupuesto de 50 millones para 125.000 activaciones al año con una plantilla de 650 personas y 200 vehículos

El Gobierno regional de Cifuentes bloqueó una norma estatal para asumir la financiación de prestaciones educativas, sociales, sanitarias o de igualdad

Raúl Rejón (eldiario.es)
08/11/2017 - 21:50h
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EFE
El mayor argumento que el Ministerio de Hacienda esgrime para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid es haber puesto 428 millones de euros para servicios que debería cubrir la Comunidad Autónoma o el Estado.

"Competencias impropias" es el término técnico. ¿A qué refiere el equipo de Cristóbal Montoro? Servicios sociales, educación infantil, atención a las adicciones y, también, el Servicio Municipal de Urgencias: el famoso Samur.

Según la conclusión de la resolución del Ministerio, el Gobierno de Manuela Carmena debería haber prescindido de este servicio al que dedicó 52 millones en 2016 si quería cumplir. O al menos a la mitad, según los cálculos del Ayuntamiento.

La asistencia sanitaria de urgencia que presta el Ayuntamiento cuenta con un acuerdo entre el Gobierno local y el autonómico que cuentan con sendos servicios similares: el Samur y el Summa, respectivamente. De hecho en 2012, cuando ambas administraciones estaban dirigidas por el Partido Popular, se explicó que el Samur se encargaría en exclusiva de todos los casos en la capital.

El entonces concejal madrileño, Antonio de Guindos, hermano del actual ministro de Economía Luis de Guindos, aseguraba en una comisión municipal que ese servicio contaría "con la suficiente dotación presupuestaria". Porque hay que atender unas 125.000 activaciones al año con un tiempo medio de respuesta que oscila los 7:12 minutos desde hace un lustro, según los datos municipales.

Eso implica mantener 22 bases y 102 ambulancias entre UVI, soportes básicos y psiquiátricas más otros 106 vehículos. Los profesionales suman en torno a los 650 trabajadores entre médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos o administrativos. Esa es la dimensión que ha importunado a Hacienda.

Históricamente, si algún ciudadano en la capital sufría una urgencia médica se producía una pequeña batalla competencial entre el Samur y el servicio paralelo de la Comunidad de Madrid (El Summa). La regla establecía que, si el paciente estaba en la vía pública, la ambulancia sería del Samur. Si reclamaba la atención desde el domicilio, era asunto del Summa.

El acuerdo del que hablaba De Guindos debía ceder todos los casos de la ciudad al Samur. Era una manera de evitar duplicidades de gasto, dijeron. Una medida de eficacia, según el PP de Madrid. Más adelante, en 2016, se ha explorado la posibilidad de que los dos servicios pudieran acudir indistintamente a cualquier emergencia.

Fuente de prestigio
Lo cierto es que ningún dirigente ha querido renunciar al Samur y su imagen. Este servicio, nacido como tal en 1992, ha sido una fuente inagotable de reputación para los sucesivos alcaldes madrileños.

Por ejemplo, Alberto Ruiz-Gallardón nunca permitió que el Samur y su gasto fueran cuestionados. Tanto que, poco antes de ser reelegido alcalde y nueve meses antes de dejar el puesto en diciembre de 2011, se mostraba indignado por la idea (esbozada por el PSM) de llegar a fusionar Samur y Summa: "Es una agresión a los madrileños", dijo. Los socialistas había dicho " estudiar la coordinación y la posible integración".

De hecho, Ruiz-Gallardón utilizaba incluso su actividad para reforzar las candidaturas olímpicas en las que se embarcó: "De las 125.000 actuaciones anuales 650 fueron en actos deportivos, una cifra que avala la capacidad de la Ciudad de Madrid para afrontar con seguridad el reto olímpico", publicitaba su equipo en 2008.

La importancia que concedía a la imagen del Samur la administración Gallardón (e igualmente a su sucesora Ana Botella) hacía que, en medio de la oleada de externalización de servicios de todo tipo, la plantilla de las urgencias siempre fuera contratada directamente: "Es el único Servicio de Emergencias del país en el que todo su personal profesional asistencial pertenece contractualmente al Servicio", presumía en sus memorias anuales.

El acuerdo que llegó entre Ana Botella e Ignacio González dejó la ciudad de Madrid entera al Samur mientras la Comunidad se centraba en el resto de la región. Era el colofón a un proceso para "evitar duplicidades". Es decir, dividirse competencias.

Competencias "impropias", huerfanas
La resolución firmada por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro Heras, ha afeado que Madrid, además del Samur, se haga cargo de cosas como los 100 millones dedicados a la inclusión social y atención de emergencia, los 12 para programas de igualdad de las mujeres, los 16 de atención a las adicciones, los 10 millones gastado en 2016 en servicios complementarios de educación (20 millones este año). Vigilancia de la contaminación, fomento del empleo, promoción y gestión de vivienda, medio ambiente…Y así, programa tras programa, hasta sumar esos 400 millones.

Se trata de atribuciones "impropias" porque muchas de ellas deberían ser atendidas por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP). El Gobierno de Mariano Rajoy diseñó una ley en diciembre de 2013 para que los ayuntamientos no ejercieran esas labores y las asumieran, junto a su financiación, las comunidades autónomas. Estando el dinero de por medio, hubo revolución regional.

La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue bloqueada por, al menos, nueve gobiernos autonómicos. Entre ellos, el de la Comunidad de Madrid que consiguió que la Asamblea aprobara una ley para diferir la asunción de esas competencias hasta que no se resolviera el nudo gordiano de la financiación autonómica. Esa madeja permanece bien liada.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid cambió de color político con Ahora Madrid y ha ido andando su camino financiero. Un camino que Cristóbal Montoro acaba de cortar por lo sano.
 
El dinero de todos
La hipocresía del Gobierno en seis datos sobre la intervención de Madrid
Intervenir el Ayuntamiento es un abuso de poder contra todos los madrileños, votaran o no votaran a Carmena

Ignacio Escolar (eldiario.es)
08/11/2017 - 21:08h
1. Quien exige a Madrid que gaste menos y ha intervenido el Ayuntamiento con esa excusa es la misma administración que ha disparado la deuda. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene sus cuentas con déficit. Manuela Carmena, con superávit. En 2016, la deuda de la Administración central creció en más de 25.000 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid la redujo en casi 900 millones.

2. El Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la misma regla de gasto que el ministro Cristóbal Montoro diseñó y por la que ha justificado la intervención del Ayuntamiento. El año pasado, Montoro aumentó el gasto del Gobierno en un 2,8% cuando el límite era del 1,8%. La ley lleva cuatro años en vigor y la administración central se la ha saltado tres años consecutivos.

3. Desde que gobierna Mariano Rajoy, no ha habido un solo año en que la Administración central haya cumplido con sus objetivos presupuestarios. El déficit siempre ha estado por encima de las previsiones que Montoro comprometía con Europa y aún sigue por encima del 3%. En estos cinco años, la deuda española ha crecido en casi 350.000 millones de euros y ya suma más de 1,1 billones. Debemos 24.500 euros por persona.

4. Desde que Gobierna Manuela Carmena, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha reducido en 2.070 millones de euros y ya está en 3.567 millones de euros. Con las obras faraónicas de Gallardón y los tres intentos olímpicos del PP –también con el “ relaxing cup of café con leche” de Ana Botella– la deuda llegó a ascender a los 7.430 millones. Es más del doble de la que hay ahora.

5. El secretario de Estado de Hacienda que ha puesto en marcha la intervención del Ayuntamiento de Madrid es José Enrique Fernández de Moya. Antes fue alcalde de Jaén, donde dejó el Ayuntamiento en quiebra técnica. Jaén es hoy uno de los tres municipios más arruinados de toda España.

6. Intervenir el Ayuntamiento de Madrid es una decisión injusta, más aún cuando se aplica a una administración que está recortando deuda. Es una decisión arbitraria: hay otros ayuntamientos y autonomías en igual situación que no han sido intervenidas. Pero sobre todo es una decisión profundamente antidemocrática. No hay gobiernos de primera y de segunda: tan legítimo es el Gobierno central de Mariano Rajoy como el municipal de Manuela Carmena. Intervenir el Ayuntamiento es un abuso de poder contra todos los madrileños, votaran o no votaran a Carmena.

Así es la evolución de la deuda del Ayuntamiento de Madrid
Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) entre 2003 y 2017. Los datos de 2017 son hasta el mes de junio.
Fuente: Banco de España http://www.eldiario.es/escolar/hipocresia-Gobierno-datos-intervencion-Madrid_6_705939415.html

¿Cómo ha evolucionado la deuda pública en España?
Evolución trimestral de la deuda pública según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) entre 1995 y 2017. Datos ajustados a inflación
Fuente: Banco de España http://www.eldiario.es/escolar/hipocresia-Gobierno-datos-intervencion-Madrid_6_705939415.html

 
La Audiencia Nacional concluye que la anotación M. Rajoy corresponde a “no me gusta que en los toros te pongas la minifalda”
Y no coincide con el nombre y el apellido del presidente del Gobierno

Por
Toni García
-
9 noviembre, 2017
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Redacción/Rokambol/9.11.17

Los egiptólogos jurados de la Audiencia Nacional acaban de descifrar esta misma semana la anotación “M. Rajoy”, un críptico y endiablado acertijo escrito por el excajero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en su libro de la caja B, y han dictaminado que en absoluto se corresponde con el nombre y apellidos del presidente del Gobierno. “Por el amor de Dios”, han precisado los magistrados.

El equipo de egiptólogos, asesorado también por varios calígrafos klingon, una marsopa y tres calabacines medianos, ha empleado tablillas asirias del siglo V, siete bombonas de gas freón y una llave inglesa de 14 pulgadas para deconstruir la anotación y separar cada una de las letras en diferentes dimensiones de tiempo, espacio y cantidad. Una vez vueltas a reunir, y después de rehogarlas durante veinte minutos en su propio jugo, las seis letras se han troceado en juliana y se han leído del revés veintisiete veces mientras el punto de la eme mayúscula se enviaba por valija diplomática a la Real Academia de la Lengua Finesa para hacer tiempo.

A pesar de que el punto todavía permanece en Helsinki, los especialistas españoles ya no tienen la menor duda de que “no me gusta que en los toros te pongas la minifalda” es quien se esconde detrás de la misteriosa anotación. “Es posible que cuando acabemos de descifrar el punto podamos añadir alguna estrofa más al significado pero habrá pocas sorpresas”, han explicado desde la Audiencia Nacional. La Policía investigará ahora el paradero de No me gusta que en los toros te pongas la minifalda, aunque el origen de su segundo apellido, Te pongas la minifalda, podría situarlo en algún lugar de Acarión, un pequeño satélite del planeta Obtos, en Albacete. Más en Rokambol
 
EL JUEZ ACUERDA SU PUESTA EN LIBERTAD
Ignacio González paga la fianza de 400.000 euros con 11 fiadores
A partir de ahora, están vigentes las medidas cautelares impuestas en el auto de prisión eludible
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c), a su salida de la cárcel de Soto del Real. (EFE)
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BEATRIZ PARERA
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07.11.2017 – 16:04 H. - ACTUALIZADO: 08.11.2017 - 20:45H.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González una vez consignados en el Juzgado por 11 fiadores los 400.000 euros impuestos para salir de prisión, donde se encontraba desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la denominada operación Lezo.

A partir de ahora están vigentes las medidas cautelares impuestas en el auto de prisión eludible, consistentes en las presentaciones semanales en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español. El mandamiento de libertad se ha enviado al juzgado de Colmenar competente para tramitar la excarcelación de la prisión de Soto del Real. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha abandonado la cárcel a las 19:48 de este miércoles.

El magistrado ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe se mostraba favorable a esta medida al considerar que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva y que, debido a la actuación judicial, se han cortado, en concreto, las vías para que pueda manejar fondos en el extranjero.

En un auto hecho público a última hora del martes, el magistrado —que exigía que la caución se pague en efectivo— acusa al considerado cabecilla de la trama Lezo de ocultar irregularidades en la compra de Inassa durante la etapa de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Explica que encargó un informe a Cuatrecasas que pagó con fondos públicos y añade: "En definitiva, una autoridad pública encarga y paga con dinero público un informe a un despacho de abogados para analizar la operación de compra de Inassa pero posteriormente oculta dicho informe". "Es evidente que cualquiera que hubiese sido el resultado del informe, ya señalara meras irregularidades fiscales o administrativas o delitos flagrantes, Ignacio González debió comunicar su resultado a los correspondientes órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid o a la Fiscalía", pone de manifiesto.

García-Castellón agrega que la instrucción ya ha acreditado que aquel documento no se limitaba a exponer meras irregularidades sino que contenía indicios claros de una conducta delictiva. Ignacio González y Edmundo Rodríguez confirmaron este extremo por separado en dos conversaciones interceptadas. "No se trata de una referencia coloquial o en clave política, sino que se trata en ambos casos del pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado", dice y agrega que, con esta actuación, González permitió el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito.

A pesar de coincidir con el Ministerio Público en que el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas se han atenuado, el auto señala que las actuaciones de la trama han traspasado las fronteras nacionales y existen indicios de que movieron capitales en países que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia.

"La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado. Los elementos probatorios que se están recabando evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organizaciónfacilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal", pone de manifiesto.

También señalada el juez evidentes irregularidades en las obra de Canal Golf y pone de manifiesto que él y otros imputados acordaron el desvío de capitales públicos invertidos en la ejecución de la obra a través de la mercantil Tecnoconcret. La empresa, con participación del hermano y el cuñado de González, no tenía ni la experiencia ni la estructura necesarias para asumir el proyecto, destaca. "Su aportación fue nula", agrega el juez. No solo eso: el magistrado señala, además, la adjudicación forzada de licitaciones para la mercantil ACS.

El juez se ha basado en un informe de Anticorrupción que señala que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad que los soportan, siguen concurriendo "consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal".

"La amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, 'a priori', superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer", dice Anticorrupción. Del mismo modo, la instrucción ha puesto de relieve que el investigado "podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales".

No obstante, la Fiscalía considera que ha disminuido el riesgo de que repita su actuación en países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo, dice. "Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso", agrega el Ministerio Público.

González ha pedido salir de prisión en dos ocasiones. El considerado cabecilla de la trama Lezo ingresó en la cárcel en abril, acusado de liderar una trama de cobro de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales. En sus escritos, reclamaba al juez instructor, Manuel García-Castellón, quedar libre debido al deterioro físico que estaba suponiendo su encarcelamiento.

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Una diputada de Podemos de Castilla-La Mancha a un diputado del PP: "Es usted un machirulo de manual"


Ocurría durante una Comisión en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que se debatía sobre los Presupuestos para 2018

El diputado 'popular' rechazó pedir disculpas porque no se considera "machista" y criticó la "estrategia victimista cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición" y que no se saquen "las vergüenzas de Podemos"

eldiarioclm.es / Europa Press
09/11/2017 - 16:34h

La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, ha pedido este jueves al diputado del PP Carlos Velázquez, al que ha llamado "machirulo de manual", que dejase de utilizar el "lenguaje machista" que estaba empleando hacia ella durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes y le pidiera disculpas por ello, después de que el 'popular' tildase de "ingenua" a la diputada de la formación morada a cuenta de la publicidad institucional.




El diputado del PP ha respondido que no tiene que pedir disculpas porque no es "machista" y siempre que ha tenido la oportunidad ha condenado esas actitudes, lamentando esa "estrategia victimista cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición" y que no se saquen "las vergüenzas de Podemos".


Los hechos han ocurrido en el segundo turno de intervención de dicha Comisión, que Díaz ha iniciado criticando la "actitud machista" que, a su juicio, el portavoz del PP estaba utilizando hacia su persona. "Toda su intervención ha sido condescendiente, paternalista", le ha reprochado la parlamentaria de Podemos, que ha destacado cómo Velázquez ha "acabado preguntado lo mismo" que ella, pese a llamarla "ingenua".

"No se lo voy a permitir, ¿usted piensa que las mujeres somos tontas todas o ingenuas o se refiere solo a mi?", ha preguntado Díaz al diputado del PP, al que se ha dirigido para asegurar que las mujeres hacen política "con menos testosterona" que la que el parlamentario 'popular' "demuestra aquí".

La también vicepresidenta primera de las Cortes regionales ha continuado destacando que a Velázquez "sus amigotes le llaman 'Charlie'", convencida de entender el motivo de ese apodo: "es usted un machirulo de manual", le ha espetado.

El presidente de la Comisión tuvo que pedir que no se continuase en "tono personal"
En este punto, el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado del PP Lorenzo Robisco ha intervenido para pedir "respeto" a la parlamentaria de Podemos pues, en su opinión, estaba "perdiendo los papeles".

"El tono de la Comisión no ha sido ese, no se puede seguir en un tono personal", ha subrayado Robisco, que ha rogado a Díaz que se centrara en el tema del día porque sus críticas no se correspondían con lo que había sido hasta ese momento "la línea" de la Comisión y porque el tono personal era "improcedente". La diputada de Podemos ha continuado con su intervención, no sin antes expresar que ella había "sentido así" lo ocurrido "y no solo en esta comisión", ha precisado.

A continuación ha hecho uso de su turno el parlamentario del PSOE, Miguel González, quien tras destacar que los valores "no pertenecen a ningún género", ha señalado que "si se ha podido traducir de las palabras del portavoz del PP esa vinculación, como desde el PSOE hemos podido ver, sí le pedimos una rectificación".

Velázquez: "Aquí no se ha insultado nunca"
Ha sido en su segundo turno de intervención cuando Carlos Velázquez ha asegurado que aunque le habían llamado "muchas cosas hasta la fecha" es la primera vez que le llaman machista o le tachan de tener una actitud machista, negándose a pedir disculpas porque no es machista y siempre que tiene la oportunidad, ha asegurado, condena esas actitudes.

"En el Ayuntamiento --de Seseña, donde es alcalde-- he tenido muchas oportunidades y alguna de ellas verdaderamente dolorosas, no tengo que pedir disculpas porque no he sido yo el que ha llamado chacha a una mujer -en referencia al presidente regional, Emiliano García-Page--, yo nunca he guiñado a un ojo a una persona que me está haciendo una entrevista como hizo Pablo Iglesias, ni he enviado ningún whatsapp en el que ponía 'la azotaría hasta que sangrase' como Pablo Iglesias", ha puntualizado.

Dicho esto, ha asegurado que no va a aceptar una "estrategia victimista, cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición y que no saquemos las vergüenzas de Podemos, que dijo y prometió que venía a la política a hacer las cosas de otras manera y lo que está haciendo es recuperar las políticas más rancias y los comportamientos más deplorables".

"Aquí no he insultado nunca a nadie", ha insistido el diputado del PP, que ha opinado que a Podemos le "duele mucho escuchar que ustedes se quitan la camiseta para ponerse la chaqueta, que se alejan del barro para pisar la moqueta". "Si no son capaces de justificar su incoherencia no traten de buscar culpables donde no los haya", ha finalizado.

También el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, se ha referido al incidente en la intervención con la que ha cerrado la Comisión, para lamentar que la diputada del Grupo Parlamentario Podemos "se haya sentido así".

http://www.eldiario.es/clm/Maria-Podemos-Carlos-Velazquez-PP_0_706229964.html
 
OPERACIÓN LEZO
Incautan en Colombia 5,4 millones de dólares en metálico del supuesto saqueo de Ignacio González de Canal de Isabel II



Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la Justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros



Ignacio González, a su salida de la cárcel este miércoles. EFE/Kiko Huesca

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
10/11/2017 08:56 Actualizado: 10/11/2017 09:54
PÚBLICO

La Audiencia Nacional ha incautado en Colombia todo el patrimonio que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González supuestamente amasó gracias a Canal de Isabel II: 5,4 millones de dólares en metálico y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.

Según la Cadena SER, el juez de la Audiencia Nacional que instruye la Operación Lezo, Manuel García Castellón, y el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, lograron en un reciente viaje a Colombia dar con un testigo clave que aportó pruebas para el caso y las cuentas bancarias en las que González guardaba los 5,4 millones de dólares.

Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la Justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros.

El magistrado García Castellón decretó este miércoles la puesta en libertad del expresidente madrileño tras pasar algo más de seis meses en la cárcel, una medida que precisamente estaría vinculada al hallazgo de este botín en Colombia. González salió después de dar por constituida la fianza de 400.000 euros que se le impuso para salir de prisión gracias a 11 fiadores.

El expresidente de la Comunidad de Madrid abandonó la cárcel de Soto del Real a las 19.48 horas. González salió con rostro cansado, serio y sin hacer declaraciones pese a la numerosa presencia de los medios de comunicación.
 
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