Polémica por este edil del PP en Mijas haciendo exaltación del franquismo
Por Anónimo, 1 oct 2017, 11:00
en fin exaltación franco franquismo mijas partido popular
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Por Anónimo, 1 oct 2017, 11:00
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Podemos propone a corruptos para la Mesa de la Asamblea en protesta por la recolocación de Taboada como senador
Cada diputado del grupo parlamentario ha elegido a un político del PP condenado o acechado por la corrupción: Rato, Granados, Ignacio González...
En el pleno se ha elegido a Ana María Mariño como nueva miembro de la Mesa tras el salto de Rosalía Gonzalo a la Consejería de Transportes
También se ha ratificado con la abstención de PSOE y C's que el exconsejero investigado González Taboada sea senador. Ocupará el puesto que deja Mariño
eldiario.es Madrid
05/10/2017 - 11:55h
Podemos propone a corruptos para la Mesa de la Asamblea en protesta por la recolocación de Taboada como senador. EFE
Cifuentes coloca en el Senado a su exconsejero investigado en Púnica
Seguir
Podemos Com. Madrid
✔@PodemosCMadrid
La votación de la Secretaria Primera de la Mesa de #PlenoAsamblea y el nuevo Senador del PP, dejan claro el uso que dan a las instituciones:
10:51 - 5 oct. 2017
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En el proceso para elegir a un nuevo miembro de la Mesa han entrado nombres como el de Rodrigo Rato, Francisco Granados, Ignacio González, Lucía Figar, Daniel Ortiz o María Josefa Aguado, que se han declarado nulos. "Queremos señalar cómo el PP deteriora Madrid, lo ha llevado al colapso del gobierno y a la inestabilidad parlamentaria y ha llenado las instituciones madrileñas de gente que las ha manchado", dicen desde el grupo parlamentario.
La Asamblea de Madrid tenía que elegir una persona nueva para la Mesa tras la salida de la secretaria primera Rosalía Gonzalo al ser nombrada consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura en la remodelación del Gobierno que ha hecho Cristina Cifuentes y sobre la que preguntan este jueves Podemos y PSOE. Finalmente se ha elegido a Ana María Mariño para ese puesto.
En el pleno de este jueves, la cámara ha ratificado el nombramiento del exconsejero investigado Jaime González Taboada como senador por designación autonómica a propuesta del PP. Ocupará la plaza que deja Ana Isabel Mariño, que se va a la Mesa de la Asamblea, como se ha confirmado hoy.
El PP ya ha usado en otras ocasiones la designación autonómica para el Senado para recolocar a antiguos altos cargos. En 2015, los elegidos fueron Jesús Fermosel (exconsejero Asuntos Sociales) y Ana Isabel Mariño (exconsejero de Empleo) y al exalcalde de Getafe Juan Soler, investigado en el caso Teatro y que usa su aforamiento para intentar tumbar el caso.
Así, González Taboada se sentará en su escaño del Senado mientras espera el avance de las investigaciones del caso Púnica, que le acecha desde hace meses por su papel como miembro de la empresa Arpegio.
http://www.eldiario.es/madrid/Podemos-Mesa-Asamblea-recolocacion-Taboada_0_693980724.html
Cada diputado del grupo parlamentario ha elegido a un político del PP condenado o acechado por la corrupción: Rato, Granados, Ignacio González...
En el pleno se ha elegido a Ana María Mariño como nueva miembro de la Mesa tras el salto de Rosalía Gonzalo a la Consejería de Transportes
También se ha ratificado con la abstención de PSOE y C's que el exconsejero investigado González Taboada sea senador. Ocupará el puesto que deja Mariño
eldiario.es Madrid
05/10/2017 - 11:55h
Podemos propone a corruptos para la Mesa de la Asamblea en protesta por la recolocación de Taboada como senador. EFE
Cifuentes coloca en el Senado a su exconsejero investigado en Púnica
- ETIQUETAS: Comunidad de Madrid, corrupción, Podemos,Jaime González Taboada
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La votación de la Secretaria Primera de la Mesa de #PlenoAsamblea y el nuevo Senador del PP, dejan claro el uso que dan a las instituciones:
10:51 - 5 oct. 2017
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En el proceso para elegir a un nuevo miembro de la Mesa han entrado nombres como el de Rodrigo Rato, Francisco Granados, Ignacio González, Lucía Figar, Daniel Ortiz o María Josefa Aguado, que se han declarado nulos. "Queremos señalar cómo el PP deteriora Madrid, lo ha llevado al colapso del gobierno y a la inestabilidad parlamentaria y ha llenado las instituciones madrileñas de gente que las ha manchado", dicen desde el grupo parlamentario.
La Asamblea de Madrid tenía que elegir una persona nueva para la Mesa tras la salida de la secretaria primera Rosalía Gonzalo al ser nombrada consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura en la remodelación del Gobierno que ha hecho Cristina Cifuentes y sobre la que preguntan este jueves Podemos y PSOE. Finalmente se ha elegido a Ana María Mariño para ese puesto.
En el pleno de este jueves, la cámara ha ratificado el nombramiento del exconsejero investigado Jaime González Taboada como senador por designación autonómica a propuesta del PP. Ocupará la plaza que deja Ana Isabel Mariño, que se va a la Mesa de la Asamblea, como se ha confirmado hoy.
El PP ya ha usado en otras ocasiones la designación autonómica para el Senado para recolocar a antiguos altos cargos. En 2015, los elegidos fueron Jesús Fermosel (exconsejero Asuntos Sociales) y Ana Isabel Mariño (exconsejero de Empleo) y al exalcalde de Getafe Juan Soler, investigado en el caso Teatro y que usa su aforamiento para intentar tumbar el caso.
Así, González Taboada se sentará en su escaño del Senado mientras espera el avance de las investigaciones del caso Púnica, que le acecha desde hace meses por su papel como miembro de la empresa Arpegio.
http://www.eldiario.es/madrid/Podemos-Mesa-Asamblea-recolocacion-Taboada_0_693980724.html
Génova no recoge la citación de su tesorera por la 'caja B' de Valencia y elude la orden judicial
Carmen Navarro, tesorera del PP, en la comisión del Congreso que investiga la financiación del Partido Popular.
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El Partido Popular no ha recogido la notificación dictada por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, para que su actual tesorera nacional, Carmen Navarro, declare por la presunta caja B del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia.
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Según confirmaron fuentes de la organización política, los abogados del partido no han recurrido el auto por el que Navarro ha sido citada como imputada -ahora, investigada- por un presunto delito electoral relacionado con la campaña de las elecciones municipales de 2011 al no darse por notificada la tesorera.
Así, fuentes del entorno de Navarro matizaron ayer que, al tener únicamente conocimiento de la resolución por los medios de comunicación, no tiene previsto desplazarse a Valencia el 16 de octubre para declarar. El PP sigue imputado como persona jurídica por la trama de Valencia, por lo que la resolución le fue notificada como al resto de partes.
Al negarse a recoger el requerimiento, el protocolo marca que sea la Policía Judicial, en este caso la Guardia Civil, la que se persone en los próximos días en Génova 13 para cumplir con la resolución judicial y entregarla en mano.
El juzgado del caso Taula acordó la citación de Navarro, el ex gerente provincial y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, jefe de las campañas de Rita Barberá, tras tener conocimiento del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acredita presuntos delitos electorales continuados desde el año 2007.
La Guardia Civil halló las pruebas que han motivado estas diligencias después de que un asesor de Grau,Jesús Gordillo, entregara a la Fiscalía Anticorrupción abundante documentación que, a juicio policial, acreditaría las trampas del grupo municipal para que Barberá se impusiera en cada convocatoria.
Según el juzgado, «en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia) y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, (...) permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto». El presupuesto del PP de ese año para la provincia era de poco más de 130.000 euros, pero en Valencia ciudad gastaron más de dos millones de euros.
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Navarro no aparece en ningún correo electrónico o documento que la implique directamente en los hechos pero sí fue la administradora general del PP en las elecciones municipales de 2011, por lo que era su responsabilidad revisar la legalidad de todos los gastos, según ha considerado la Fiscalía.
Génova ha atribuido en todo este tiempo la citación a un error y han insistido en que el caso «se circunscribe al ámbito municipal y el PP nacional está al margen».
Sin embargo, el artículo 149 de la ley electoral 5/1985 explica que podrán ser investigados «los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».
Las diligencias respecto al delito electoral se centran en las personas físicas en aplicación del 149 de la ley, que castiga «con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».
En las elecciones municipales sólo figura un administrador para todo el país, y en este caso Génova designó a Carmen Navarro, la sustituta de Luis Bárcenas, según trasladó el Ministerio del Interior al juzgado en una diligencia practicada en mayo de 2016.
No obstante, los abogados del partido sí han recurrido ya la citación como imputado de José Antonio Moscardó, gerente provincial en 2007. En el escrito alega que los delitos están prescritos y reprocha al juez que, «consciente de que dicha prescripción debería ser igualmente extensible a la figura de mi patrocinado», plantee «una estratagema para salvar la aplicación de dicha institución de orden público y, para ello, pretende enlazar dichos hechos con otros que habrían tenido lugar en el año 2011».
No obstante, al aparecer documentos que apuntan que Génova y el PPCV estaban al tanto de los gastos electorales irregulares del grupo municipal, el juzgado y la Fiscalía han considerado procedentes las declaraciones.
https://amp.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/10/04/59d3c76a468aeb75678b45c6.html
Perooo, perooo si el PP decía que colaboraba siempre con la Justicia...¿o lo habré soñado?
Carmen Navarro, tesorera del PP, en la comisión del Congreso que investiga la financiación del Partido Popular.
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- Agentes de la Guardia Civil se personarán en la sede nacional del PP para entregarla en mano
- El PP eleva la presión para que sus gerentes no declaren por la 'caja B' de Valencia
- Así recaudaba el PP de Valencia en 'b': "En tu caso, 50.000 euros a la mayor brevedad"
El Partido Popular no ha recogido la notificación dictada por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, para que su actual tesorera nacional, Carmen Navarro, declare por la presunta caja B del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia.
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Según confirmaron fuentes de la organización política, los abogados del partido no han recurrido el auto por el que Navarro ha sido citada como imputada -ahora, investigada- por un presunto delito electoral relacionado con la campaña de las elecciones municipales de 2011 al no darse por notificada la tesorera.
Así, fuentes del entorno de Navarro matizaron ayer que, al tener únicamente conocimiento de la resolución por los medios de comunicación, no tiene previsto desplazarse a Valencia el 16 de octubre para declarar. El PP sigue imputado como persona jurídica por la trama de Valencia, por lo que la resolución le fue notificada como al resto de partes.
Al negarse a recoger el requerimiento, el protocolo marca que sea la Policía Judicial, en este caso la Guardia Civil, la que se persone en los próximos días en Génova 13 para cumplir con la resolución judicial y entregarla en mano.
El juzgado del caso Taula acordó la citación de Navarro, el ex gerente provincial y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, jefe de las campañas de Rita Barberá, tras tener conocimiento del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acredita presuntos delitos electorales continuados desde el año 2007.
La Guardia Civil halló las pruebas que han motivado estas diligencias después de que un asesor de Grau,Jesús Gordillo, entregara a la Fiscalía Anticorrupción abundante documentación que, a juicio policial, acreditaría las trampas del grupo municipal para que Barberá se impusiera en cada convocatoria.
Según el juzgado, «en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia) y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, (...) permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto». El presupuesto del PP de ese año para la provincia era de poco más de 130.000 euros, pero en Valencia ciudad gastaron más de dos millones de euros.
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Navarro no aparece en ningún correo electrónico o documento que la implique directamente en los hechos pero sí fue la administradora general del PP en las elecciones municipales de 2011, por lo que era su responsabilidad revisar la legalidad de todos los gastos, según ha considerado la Fiscalía.
Génova ha atribuido en todo este tiempo la citación a un error y han insistido en que el caso «se circunscribe al ámbito municipal y el PP nacional está al margen».
Sin embargo, el artículo 149 de la ley electoral 5/1985 explica que podrán ser investigados «los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».
Las diligencias respecto al delito electoral se centran en las personas físicas en aplicación del 149 de la ley, que castiga «con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».
En las elecciones municipales sólo figura un administrador para todo el país, y en este caso Génova designó a Carmen Navarro, la sustituta de Luis Bárcenas, según trasladó el Ministerio del Interior al juzgado en una diligencia practicada en mayo de 2016.
No obstante, los abogados del partido sí han recurrido ya la citación como imputado de José Antonio Moscardó, gerente provincial en 2007. En el escrito alega que los delitos están prescritos y reprocha al juez que, «consciente de que dicha prescripción debería ser igualmente extensible a la figura de mi patrocinado», plantee «una estratagema para salvar la aplicación de dicha institución de orden público y, para ello, pretende enlazar dichos hechos con otros que habrían tenido lugar en el año 2011».
No obstante, al aparecer documentos que apuntan que Génova y el PPCV estaban al tanto de los gastos electorales irregulares del grupo municipal, el juzgado y la Fiscalía han considerado procedentes las declaraciones.
https://amp.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/10/04/59d3c76a468aeb75678b45c6.html
Perooo, perooo si el PP decía que colaboraba siempre con la Justicia...¿o lo habré soñado?
Esto no es Catalunya, es Murcia hoy.
Los vecinos protestan por el muro del AVE que cortaría en dos a la ciudad, piden el soterramiento de las vías. En democracia hay que escuchar a la gente, dialogar y encontrar soluciones que para eso pagamos a los políticos y no eludir responsabilidades y mandar a la policía como hace el PP.
El partido más corrupto de Europa
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La tesorera del PP, CarmMiembros de la Policía en la sede nacional del PP en Génova, 13.
|
Fuente
:
EFE
La Guardia Civil se personará en Génova para notificar su imputación a la tesorera del PP
Los 'populares' no han recogido la notificación en el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia y la policía judicial tendrá que entregársela en persona
ELPLURAL.COM
@el_plural
Vie, 6 Oct 2017
Los acontecimientos acaecidos en Cataluña el 1-O han dicotomizado la sociedad: por un lado, los que alaban –e incluso, exaltan- las cargas policiales perpetradas durante el referéndum secesionista, y por otro, los que criminalizan las acciones policiales. El Partido Popular, como era de esperar, se ha situado entre los primeros. Con esta coyuntura como telón de fondo, se va a dar una imagen ciertamente paradójica. Como si de justicia poética se tratase, la Guardia Civil se personará en la sede del PP en Génova 13 para notificar a su tesorera, Carmen Navarro, que está imputada (investigada) en el marco de la Operación Taula.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga la presunta caja B de la formación en el grupo municipal de Valencia, ha citado como imputado a Navarro ya que, como tesorera nacional, era la responsable de fiscalizar las cuentas de los grupos municipales. El PP no ha recogido la notificación y los abogados tampoco han presentado recurso. Según publica El Mundo, Carmen Navarro no tiene pensado desplazarse hasta Valencia el 16 de octubre, por lo que el resultado será que veremos a la Guardia Civil en Génova 13 para entregar la notificación en persona a una de las pocas tesoreras del PP que quedaban sin imputar en causas de corrupción. Concretamente, se investiga el papel de Navarro en las elecciones municipales de 2011, donde el grupo popular de Valencia gastó más de dos millones de euros.
“En el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia) y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, (...) permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto”, asegura el juzgado. Por este motivo, se cita como imputado al ex gerente provincial y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, jefe de las campañas de Rita Barberá.
Granados pide que Cifuentes declare como testigo en Púnica
Ha enviado un escrito al nuevo instructor del caso en el que vuelve a pedir también la declaración de Aguirre y otros altos cargos del PP y la Asamblea
El exconsejero de Presidencia pide también un careo con Marjaliza, su antiguo socio, que ha estado colaborando con los investigadores
Marcos Pinheiro
05/10/2017 - 19:42h
Francisco Granados, durante un pleno de la Asamblea de Madrid. EFE
http://www.eldiario.es/politica/Granados-Cifuentes-declare-testigo-Punica_0_693981552.html
Ha enviado un escrito al nuevo instructor del caso en el que vuelve a pedir también la declaración de Aguirre y otros altos cargos del PP y la Asamblea
El exconsejero de Presidencia pide también un careo con Marjaliza, su antiguo socio, que ha estado colaborando con los investigadores
Marcos Pinheiro
05/10/2017 - 19:42h
Francisco Granados, durante un pleno de la Asamblea de Madrid. EFE
http://www.eldiario.es/politica/Granados-Cifuentes-declare-testigo-Punica_0_693981552.html
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Corrupción
Una testigo sitúa a Rodríguez en cuatro fiestas con prost*tutas
La mujer indicó que otros cuatro políticos le resultaban "familiares" pero no pudo asegurar que estuvieran en las bacanales
M. Ollés / B. Palau Palma 06.10.2017 | 02:45
José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, ha sido reconocido por al menos dos prost*tutas del club Table Dance, de s´Arenal. b. ramon
Una prost*t*ta reconoció sin ninguna duda a José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, como uno de los de políticos que acudían a fiestas privadas organizadas por Miguel Pascual, uno de los empresarios supuestamente beneficiados por la trama corrupta. La testigo le situó en cuatro de las bacanales.
Según su declaración ante la Policía en marzo de 2015, Rodríguez "se encaprichó" de ella y pidió expresamente que acudiera a estas celebraciones sexuales. Los investigadores le mostraron 30 fotografías de políticos y la mujer, además de identificar a Rodríguez pese a no conocer su nombre, dijo que otros cuatro de esos hombres le resultaban "familiares", aunque no pudo asegurar que estuvieran en las bacanales.
La mujer explicó que las celebraciones tenían lugar tanto en el Table Dance, un prostíbulo de s'Arenal, como en una finca privada, ambos vinculados a Pascual. A estas fiestas acudían "políticos o cargos públicos" y varias prost*tutas. Era un funcionario de Cort, imputado en la causa y que tenía "barra libre" de s*x* y alcohol en el prostíbulo, quien seleccionaba a las chicas para estas fiestas.
La Policía le mostró 30 fotografías de políticos de la isla y la mujer reconoció sin ambages a José María Rodríguez como uno de los asistentes. "Me es de sobra conocido, pues esta persona se encaprichó de mí hace años. Acudí a cuatro fiestas privadas por petición expresa [de Rodríguez]. No sé su nombre, porque en esas reuniones todo el mundo sabe que no se preguntaba", aseguró.
Otra trabajadora del Table Dance identificó a Rodríguez como uno de los asistentes a las fiestas en una finca y a otro alcalde de la Part Forana como un habitual del negocio, aunque no pudo precisar si este pagaba o no.
Atrapar a políticos
"La misión" de las fiestas entre políticos y prost*tutas era "atraparlos para que volviesen". Una testigo protegida que había trabajado en el Table Dance, el club de alterne frecuentado por policías locales de Palma que están siendo investigados en el caso Cursach por presuntamente favorecer a empresarios del ocio nocturno, confirmó a los investigadores que ella había asistido a dos de estas fiestas con políticos.
Según su versión, la primera celebración tuvo lugar en 2008 en una finca en Binissalem, donde coincidieron muchas chicas rusas y unos siete u ocho hombres, que no conocía. Ella tuvo relaciones con uno. Luego se enteró de que era alcalde, pero no sabía de qué pueblo. "Todos eran políticos y teníamos la orden de tratarlos bien. No pagaban nunca, Miguel los invitaba", detalló la mujer, quien añadió que el empresario le pagó 300 euros. "En esas fiestas, antes de que llegaran las chicas, ellos comían, si bien quedaban mesas con bebidas alcohólicas, vinos y otras bebidas, champán Moët&Chandon y Don Perignon".
La segunda fiesta se celebró en una sala privada situada en el primer piso del Table Dance en 2009. "Eran unas doce chicas, la mayoría rusas porque a los invitados les gustaban mucho las chicas rusas. Había unos quince hombres", manifestó la testigo. Ella tuvo que acostarse con tres de ellos y al final Miguel solo le dio 400 euros, según recalcó. Dos o tres hombres ya habían asistido a la primera fiesta en la finca, pero ella tenía la orden de hacer como que no los reconocía porque ellos no querían que se les identificase. "Había que aparentar que todo era la primera vez", aclaró. Estas bacanales siguieron, pero ella ya no fue más.
Las fiestas tenían como objetivo "atrapar" a los políticos para que volviesen, para que se llegara a establecer una asiduidad entre algunas chicas y los políticos, según su versión. Las mujeres tenían que tomar ciertas cautelas. Tenían órdenes expresas de no hablar de estos encuentros y que a los clientes no les preguntaran nada acerca de su identidad y profesión. Las directrices eran "claras" y "reiteradas", había que hacer lo que ellos dijesen. Los invitados acudían a esas fiestas con vehículos de alta gama e iban bien vestidos, según recordó la testigo.
Una testigo sitúa a Rodríguez en cuatro fiestas con prost*tutas
La mujer indicó que otros cuatro políticos le resultaban "familiares" pero no pudo asegurar que estuvieran en las bacanales
M. Ollés / B. Palau Palma 06.10.2017 | 02:45
José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, ha sido reconocido por al menos dos prost*tutas del club Table Dance, de s´Arenal. b. ramon
Una prost*t*ta reconoció sin ninguna duda a José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, como uno de los de políticos que acudían a fiestas privadas organizadas por Miguel Pascual, uno de los empresarios supuestamente beneficiados por la trama corrupta. La testigo le situó en cuatro de las bacanales.
Según su declaración ante la Policía en marzo de 2015, Rodríguez "se encaprichó" de ella y pidió expresamente que acudiera a estas celebraciones sexuales. Los investigadores le mostraron 30 fotografías de políticos y la mujer, además de identificar a Rodríguez pese a no conocer su nombre, dijo que otros cuatro de esos hombres le resultaban "familiares", aunque no pudo asegurar que estuvieran en las bacanales.
La mujer explicó que las celebraciones tenían lugar tanto en el Table Dance, un prostíbulo de s'Arenal, como en una finca privada, ambos vinculados a Pascual. A estas fiestas acudían "políticos o cargos públicos" y varias prost*tutas. Era un funcionario de Cort, imputado en la causa y que tenía "barra libre" de s*x* y alcohol en el prostíbulo, quien seleccionaba a las chicas para estas fiestas.
La Policía le mostró 30 fotografías de políticos de la isla y la mujer reconoció sin ambages a José María Rodríguez como uno de los asistentes. "Me es de sobra conocido, pues esta persona se encaprichó de mí hace años. Acudí a cuatro fiestas privadas por petición expresa [de Rodríguez]. No sé su nombre, porque en esas reuniones todo el mundo sabe que no se preguntaba", aseguró.
Otra trabajadora del Table Dance identificó a Rodríguez como uno de los asistentes a las fiestas en una finca y a otro alcalde de la Part Forana como un habitual del negocio, aunque no pudo precisar si este pagaba o no.
Atrapar a políticos
"La misión" de las fiestas entre políticos y prost*tutas era "atraparlos para que volviesen". Una testigo protegida que había trabajado en el Table Dance, el club de alterne frecuentado por policías locales de Palma que están siendo investigados en el caso Cursach por presuntamente favorecer a empresarios del ocio nocturno, confirmó a los investigadores que ella había asistido a dos de estas fiestas con políticos.
Según su versión, la primera celebración tuvo lugar en 2008 en una finca en Binissalem, donde coincidieron muchas chicas rusas y unos siete u ocho hombres, que no conocía. Ella tuvo relaciones con uno. Luego se enteró de que era alcalde, pero no sabía de qué pueblo. "Todos eran políticos y teníamos la orden de tratarlos bien. No pagaban nunca, Miguel los invitaba", detalló la mujer, quien añadió que el empresario le pagó 300 euros. "En esas fiestas, antes de que llegaran las chicas, ellos comían, si bien quedaban mesas con bebidas alcohólicas, vinos y otras bebidas, champán Moët&Chandon y Don Perignon".
La segunda fiesta se celebró en una sala privada situada en el primer piso del Table Dance en 2009. "Eran unas doce chicas, la mayoría rusas porque a los invitados les gustaban mucho las chicas rusas. Había unos quince hombres", manifestó la testigo. Ella tuvo que acostarse con tres de ellos y al final Miguel solo le dio 400 euros, según recalcó. Dos o tres hombres ya habían asistido a la primera fiesta en la finca, pero ella tenía la orden de hacer como que no los reconocía porque ellos no querían que se les identificase. "Había que aparentar que todo era la primera vez", aclaró. Estas bacanales siguieron, pero ella ya no fue más.
Las fiestas tenían como objetivo "atrapar" a los políticos para que volviesen, para que se llegara a establecer una asiduidad entre algunas chicas y los políticos, según su versión. Las mujeres tenían que tomar ciertas cautelas. Tenían órdenes expresas de no hablar de estos encuentros y que a los clientes no les preguntaran nada acerca de su identidad y profesión. Las directrices eran "claras" y "reiteradas", había que hacer lo que ellos dijesen. Los invitados acudían a esas fiestas con vehículos de alta gama e iban bien vestidos, según recordó la testigo.
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Los de la leyes hay que cumplirlas .......veremos que dice la vice presidenta
CASO GÜRTEL
Anticorrupción pide la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel
Sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova. / EFE
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
09/10/2017 - 11:14 h. CEST
La Fiscalía Anticorrupción ha hecho públicas sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que toca a su fin después de un año de sesiones. El Ministerio Público pide que el Partido Popular y la exministra Ana Mato sean condenados por lucrarse con la organización corrupta.
Hacienda confirma en el juicio la financiación ilegal del Partido Popular
En el caso de la formación conservadora, después de la prueba practicada y de las confesiones de acusados como Jesús Sepúlveda o el propio Correa, Anticorrupción considera probado que el Partido Popular nacional se financió de forma ilegal con el dinero que le aportaba la Gürtel para actos electorales en Pozuelo y Majadahonda, a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Un total de 245.000 euros.
Respecto a Ana Mato, Anticorrupción también considera acreditado que la organización corrupta le pagó viajes y fiestas por un valor total de 28.400 euros.
Solicita la condena de ambos como partícipes lucrativos. Es decir, tan solo condena civil porque se beneficiaron del delito de la trama sin saber del origen ilícito del dinero.
La fiscal ha mantenido su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP, Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid, Alberto López Viejo.
CASO GÜRTEL
Anticorrupción pide la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel
- La Fiscalía presenta sus conclusiones en el juicio de la Gürtel y considera acreditado que el PP se financió de forma ilegal con los delitos de la trama, por lo que solicitará al tribunal que sea condenado como partícipe a título lucrativo
- Reclama que la exministra Mato sea condenada en la misma condición y no varía ostensiblemente su petición del resto
Sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova. / EFE
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
09/10/2017 - 11:14 h. CEST
La Fiscalía Anticorrupción ha hecho públicas sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que toca a su fin después de un año de sesiones. El Ministerio Público pide que el Partido Popular y la exministra Ana Mato sean condenados por lucrarse con la organización corrupta.
Hacienda confirma en el juicio la financiación ilegal del Partido Popular
En el caso de la formación conservadora, después de la prueba practicada y de las confesiones de acusados como Jesús Sepúlveda o el propio Correa, Anticorrupción considera probado que el Partido Popular nacional se financió de forma ilegal con el dinero que le aportaba la Gürtel para actos electorales en Pozuelo y Majadahonda, a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Un total de 245.000 euros.
Respecto a Ana Mato, Anticorrupción también considera acreditado que la organización corrupta le pagó viajes y fiestas por un valor total de 28.400 euros.
Solicita la condena de ambos como partícipes lucrativos. Es decir, tan solo condena civil porque se beneficiaron del delito de la trama sin saber del origen ilícito del dinero.
La fiscal ha mantenido su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP, Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid, Alberto López Viejo.
Por otro lado, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Si bien, mantiene la petición de que el PP sea multado con 245.492 euros y la exministra de Sanidad Ana Mato con 28.467 euros al ser partícipes a título lucrativo.
Rebaja a los arrepentidos
Además, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo.
En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa. A Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, le rebaja de dos años a cinco meses de prisión por blanqueo de capitales, y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.
La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número 2 de la red; Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" (5 años y dos meses), considerado el "hombre en Valencia" de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.
Igualmente para los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 años y 4 meses), este último exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato.
http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-mantiene-peticion-Correa-Barcenas_0_695380545.html
¿Alguna declaración del PP relacionada con éste asunto?
Ah, ya que están muy ocupados con Cataluña, y ésto no toca.
Rebaja a los arrepentidos
Además, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo.
En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa. A Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, le rebaja de dos años a cinco meses de prisión por blanqueo de capitales, y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.
La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número 2 de la red; Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" (5 años y dos meses), considerado el "hombre en Valencia" de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.
Igualmente para los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 años y 4 meses), este último exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato.
http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-mantiene-peticion-Correa-Barcenas_0_695380545.html
¿Alguna declaración del PP relacionada con éste asunto?
Ah, ya que están muy ocupados con Cataluña, y ésto no toca.
