Repaso a la corrupción del Partido Popular


Cospedal con Jesús Labrados y Agustín Conde.
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Fuente
:
EP.
Ley Mordaza: Seis veces sancionado, 6.000 euros de multa y seis veces absuelto
La represión contra los que protestaban por los recortes de Cospedal le supone al Estado miles de euros en costas

Dom, 17 Sep 2017

La estrategia ´de Mariano Rajoy contra los críticos que se oponían a los recortes sociales, educativos y sanitarios aplicados por el PP era clara y contundente: Primero echó mano del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para llevar a cabo uno de los mayores atentados contra las libertades, la Ley de Seguridad Ciudadana conocida por todos como Ley Mordaza, a la que acompañó la desorbitada subida de las tasas judiciales (ahora suprimidas) aprobadas contra la opinión de toda la comunidad jurídica por el ínclito exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Con estas dos regresivas leyes la derecha podía campar a sus anchas y llevar a cabo su ansiada política del silencio, y quien osaba a romper la “paz” de la calle se le aplicaba sin miramientos las sanciones, detenciones e identificaciones propias de épocas pasadas y no de un Estado de Derecho plenamente democrático. Al menos antes de que entraran en vigor estas dos normas regresivas que, como decimos, “afecta gravemente a derechos fundamentales”, según expresaron en su momento destacados expertos constitucionalistas.

Jueces al rescate de los sancionados
El caso es que miles de personas fueron sancionadas porque la policía les denunciaba sin pruebas (su palabra era ley), o porque un grupo de personas se concentraban en una plaza o, sencillamente, por hacer una foto de una carga policial, entre otras rocambolescas razones. Tal fue el caso del responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO de Castilla-La Mancha, Ramón González, sancionado con 500 euros como “responsable de una concentración no autorizada” contra los despidos de interinos que estaba ejecutando María Dolores de Cospedal cuando presidía el Gobierno castellano-manchego (2011-2015). Pero con lo que no contaba el PP era con la coherencia de la Justicia española, que ha ordenado a la Delegación del Gobierno de CLM devolver a González los 500 euros con los que le sancionó el entonces delegado del Gobierno, secretario general del PP, además de mano derecha de Cospedal, y actual senador, Jesús Labrador.

Una chapuza del PP de Cospedal
La sentencia, a la que ha tenido acceso (ver), deja claro que la Delegación del Gobierno impidió a Ramón González defenderse de la supuesta “infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana”, privándole de “medios de defensa” e imponiéndole la sanción sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical. El magistrado subraya que “resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma”. Al no hacerlo, dice, “causó indefensión al interesado” y, “a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa”.



Anulada la sexta y última sanción
Pero lo más esperpéntico de este escabroso asunto ya no es la injusta sanción y la indefensión, que también, sino la persecución a la que fue sometido el sindicalista, que a lo largo del mandato autonómico de Cospedal fue sancionado en seis ocasiones por el hombre de confianza de la hoy ministra de Defensa, por su implicación y liderazgo en las movilizaciones de los internos de la JCCM contra los despidos promovidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Todas esas sanciones, que sumaban en total 6.000 euros, han sido anuladas, algunas en la fase administrativa (recursos de alzada) y otras en la judicial (recursos contenciosos), teniendo la Administración que devolver al sindicalista el importe de las sanciones y, en su caso, abonar además miles de euros en costas judiciales.


Justificada indignación del sindicalista
En este sentido, Ramón González lamenta que en “su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, al señor Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa”, añade, “duele y alarma la arbitrariedad con la que algunas personas, como el señor Labrador, son capaces de utilizar en su interés o de su partido las potestades que conllevan los cargos públicos que ocupan”, para finalizar concretando que, “ y alarma aún más que la tenebrosa Ley Mordaza del PP haya multiplicado las posibilidades de las autoridades administrativas para perseguir, reprimir y sancionar a su antojo”.


https://www.elplural.com/politica/2...ado-6000-euros-de-multa-y-seis-veces-absuelto


Y las costas a cargo del erario público por supuesto,no las paga Cospedal.
 
La Fiscalía acusa a un senador del PP de amañar contratos por más de 800.000 euros desde una alcaldía


José Luis Sanz, actual regidor de Tomares, firmó contratos saltándose los trámites legales para otorgárselos a una red de empresas vinculada a cargos municipales

El fiscal pide al tribunal que decida si envía una exposición razonada para que el Supremo impute al hombre de Cospedal en Andalucía por prevaricación continuada

El Ministerio Público sostiene que en el Gobierno municipal que presidía Sanz "todos ellos" sabían que estaban vulnerando la ley

Marcos Pinheiro
21/09/2017 - 21:09h
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José Luis Sanz, durante un acto del PP de Jaén. EFE

El senador andaluz del PP José Luis Sanz firmó, desde su puesto de alcalde de Tomares (Sevilla), una serie de contratos entre 2009 y 2013 a una trama empresarial por más de 800.000 euros. Lo hizo, según la Fiscalía, "con el conocimiento de actuar contra Derecho" y con ayuda de otros funcionarios municipales que fraccionaron contratos y simularon concursos públicos.

Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso eldiario.es, Sanz -un importante dirigentes del PP en Andalucía que llegó a pujar por la secretaría general en los meses previos al congreso que hizo líder a José Manuel Moreno- permitió junto a sus concejales que un "complicado entramado empresarial" obtuviese beneficios económicos a costa de las arcas municipales de manera ilegal, lo que para el fiscal supone un delito de prevaricación continuada.

Esas son las conclusiones de un informe de 42 páginas, que ha elaborado el fiscal del 'caso Tomares', José María Cañal. El Ministerio Público se refiere a Sanz a lo largo de todo el escrito como uno más de los investigados en la trama de amaños. La única salvedad que señala el fiscal respecto al resto de imputados tiene que ver con su condición de aforado que mantiene como miembro del Senado. De seguir adelante la investigación, debería asumirla el Supremo.

Senador por Sevilla, Sanz tiene un enorme peso político en el PP Andaluz. Peleó contra José Manuel Moreno Bonilla por liderar el partido, pero acabó claudicando a pesar de haber conseguido los avales para dar la batalla. En aquella fallida aventura contó con dos grandes apoyos: María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del PP, y Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior y entonces alcalde de Sevilla. Su respaldo no pudo convencer a Mariano Rajoy, que acabó decantándose por Moreno Bonilla para liderar el partido en Andalucía.

Sin competencia y fraccionando contratos
Sanz se enfrenta ahora a una investigación por su gestión como alcalde que puede llevarle a ser imputado por el Supremo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla indaga desde hace meses sobre los contratos que el consistorio firmó con el grupo de empresas Guerra XXI SL, administrado por Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez. En ese grupo empresarial trabaja también María del Carmen Guerra Nieto, a quien el fiscal señala como una pieza fundamental en la trama por su cercanía al interventor del Ayuntamiento de Tomares, junto a quien trabajó durante unos años.

El informe de la Fiscalía asegura que estos tres imputados crearon un "complicado entramado empresarial" para resultar beneficiarios de los servicios externalizados del Ayuntamiento. En los concursos municipales que ganaron "se prescindió de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad e igualdad", exigidos por la ley debido al importe de los contratos. El resultado fue que diversas compañías ganaron las licitaciones, pero los beneficios siempre iban a las mismas personas, que se encontraban tras la red de empresas.

En total son seis los contratos considerados irregulares por el fiscal, uno firmado por Antonia Hierro, la anterior alcaldesa, y el resto avalados por el propio Sanz. La mayoría se aprobó sin tramitar expedientes de contratación, a pesar de que así lo exige la ley, y sin competencia en el concurso, lo que "impide a la administración obtener una rebaja del precio de los servicios". En algunas ocasiones, el objeto del contrato no coincidía siquiera con la actividad que desarrollaba la empresa adjudicataria.

A través de uno de esos contratos, el Ayuntamiento externalizó el servicio de la radio municipal a Guerra XXI, que contrató para ese fin a cuatro redactores. El contrato inicial se prorrogó en varias ocasiones a pesar de que la ley no lo permite. Además, el contrato inicial era de 41.829 euros, pero el grupo empresarial acabó facturando al Ayuntamiento 52.451 euros porque cargó también cursos de formación y el gasto en reconocimientos médicos de los trabajadores de manera irregular.

En otro de los contratos investigados, el grupo empresarial se embolsó más de 100.000 euros por tareas de reparto de material publicitario, aunque en esta ocasión "ni siquiera se firmó contrato alguno", subraya el Fiscal, que ha tenido conocimiento del gasto tras encontrar 143 facturas "relativas a estas labores".

Ese es otro de los objetivos que llevan al ministerio público a señalar las preguntas ilegalidades: los contratos siempre se fraccionan en facturas por menor importe, algo contrario a la ley. Por ejemplo, el que se firmó con ENUNPISPAS, otra de las sociedades del grupo, que se embolsó 200.000 euros repartidos en 23 facturas. En esa adjudicación la empresa relevaba en la concesión de la radio municipal a otra compañía del mismo entramado, en una nueva irregularidad que recogió en su informe el perito designado por el juzgado.

Colaboración del Ayuntamiento en los amaños
Tras analizar todos los contratos, el fiscal concluye que la red de empresas contó con "la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares", a sabiendas "todos ellos" de que "se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El fiscal cree que, al menos, los hechos suponen un delito de prevaricación de manera continuada al haberse producido "en una serie de contratos a lo largo de varios años".

Al final del escrito, el fiscal recuerda que existe "una persona aforada al ostentar acta de senador -en referencia a Sanz-, sobre el que "pesan los indicios que se han descrito", y deja en manos de la jueza la decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo.

La jueza del caso aún está pendiente de la últimas diligencias del caso para resolver, y enviar o no una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Sanz. Según fuentes jurídicas, tomará la decisión en las próximas semanas, porque el caso está ya muy avanzado. Además, tendría que decidir si envía solo la parte de la causa que afecta al Senador, o pide al Supremo que asuma toda la investigación.

En el caso están imputados varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, como Eloy Carmona (Presidencia) , José María Soriano (Juventud y Deportes) y Miguel García de la Rosa (Hacienda).

No es la primera vez que el nombre de Sanz aparece vinculado a una investigación sobre corrupción sobre su gestión en el consistorio sevillano. El Supremo archivó en 2015 una causa contra Sanz vinculada al mismo ayuntamiento, al no apreciar delito en la contratación a dedo de un asesor municipal .

http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-senador-PP-contratos-alcalde_0_689082001.html
 
PARA ALIMENTAR LA CAJA B DE GÉNOVA
La UCO concluye que Indra desvió 600.000 euros públicos al PP con empresas pantalla
Los investigadores del caso Lezo descubren que la tecnológica del Ibex 35 pagó presuntamente a proveedores electorales del Partido Popular por servicios inexistentes
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c) llega a su despacho acompañado por guardias civiles para proceder al registro del mismo. (EFE)
JOSÉ MARÍA OLMO
ROBERTO RUIZ BALLESTEROS
BEATRIZ PARERA
n
19.09.2017 – 05:00 H.
La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en la operación Lezo tiene una importante derivada que salpica a la multinacional tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con Javier Monzón aún al frente de Indra (dejó la presidencia en enero de 2015), y supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante adjudicaciones infladas.



Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que utiliza la Administración regional. Para cumplir con esa función, ICM subcontrató a Indra trabajos por valor de 16,1 millones de euros en 2011, de 13,2 millones en 2012 y, por último, de 15 millones en 2013. Sin embargo, los pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso Púnica —donde también se investiga la caja B del PP de Madrid— y la declaración de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el Ejecutivo madrileño. La diferencia habría terminado en Génova.




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La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y, posteriormente, esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta firma de formación, Formaselect, que actuó como simple tapadera.






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En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497 euros. La cifra constituye el 99,4% de todo lo que facturó en ese ejercicio Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del dinero en contratos que le adjudicó ICM ese año, al menos 121.000 euros volvieron a salir rumbo a Formaselect, el 90,1% de lo que ingresó esa firma en ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta que Formaselect haya tenido nunca algún empleado.

Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese 'holding', Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.069 euros a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP nacional el que contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la UCO, Génova abonó 10.043 euros en supuestos servicios de funcionamiento ordinario a Braveheart SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron declarados por la formación.






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La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no fue directamente a Génova a través del 'holding' de Sánchez Moyano, sino que intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones. Se trata de Juan Miguel 'Juancho' Madoz Medina, dueño de la agencia de publicidad Swat SL y otras mercantiles del sector como Pamaz Imagen SL, Strat Map SL y The Cell Core SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13,2 millones que pagó ICM a Indra, 566.497 euros salieron luego hacia Formaselect y, automáticamente, una cifra casi idéntica, 562.400 euros, se movió de nuevo a Swat SL y el resto de empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano que, nuevamente, movió esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz.

Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP nacional. En 2011, Génova pagó a Swat SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a 95.530 euros. Y, finalmente, en 2013 abonó otros 21.780 euros. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que, en realidad, el valor de los trabajos realizados por ese grupo para el PP también era mucho mayor y que la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través de Indra. En total, la compañía del Ibex 35 habría contribuido a que proveedores de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños.

La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en Lezo. Además, el informe implica al ex director general de Estrategia de Indra Santiago Roura y al director de Procesos Electorales de la misma compañía, Jesús Gil Ortega, entre otros.
https://www.elconfidencial.com/espa...ok&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
 
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Jaime de los Santos pasa de porteador de bolsas de Viri, mujer de Rajoy, a Consejero de Cultura de @ccifuentes. Olé
@LosGenoveses
 
Llamemos al PP por su nombre
Llamemos al PP por su nombre. Es un partido imputado por financiación ilegal, definido como organización criminal, que tiene ex dirigentes detenidos, cazados o dimitidos por defraudar, malversar o mentir y a cargos acusados de homicidio imprudente y es un gobierno que censura, coacciona, encubre, desampara, maltrata y engaña. Son un peligro público, una amenaza social.

http://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/Llamemos-PP-nombre_6_507509286.html

Se puede decir mas alto, pero no mas claro. Son lo que parecen
 
Llamemos al PP por su nombre
Llamemos al PP por su nombre. Es un partido imputado por financiación ilegal, definido como organización criminal, que tiene ex dirigentes detenidos, cazados o dimitidos por defraudar, malversar o mentir y a cargos acusados de homicidio imprudente y es un gobierno que censura, coacciona, encubre, desampara, maltrata y engaña. Son un peligro público, una amenaza social.

http://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/Llamemos-PP-nombre_6_507509286.html

Se puede decir mas alto, pero no mas claro. Son lo que parecen
Ahora solo falta saber qué nombre podrían recibir quienes les votan.
 
En 24 horas, Cifuentes recoloca a Sánchez Martos en una fundación con 82.000 € de sueldo
La Comunidad de Madrid ha confirmado su nombramiento a través de un comunicado
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Agencias

CADENA SER
Madrid
25/09/2017 - 17:51 h. CEST

Solo seis horas después de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicase el cese de Jesús Sánchez Martos como consejero de Sanidad, el Gobierno de Cifuentes ha encontrado ya un destino para él. Sánchez Martos aterriza en una fundación pública de la propia Comunidad de Madrid, la Fundación Madrid+d implicada “en hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad en Madrid”, según recogía su director, hasta ahora, Federico Morán Abad que ha presentado su renuncia este lunes “por motivos personales, tras cumplir los dos años a los que se había comprometido inicialmente cuando fue nombrado”, según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado.

El Gobierno de Cifuentes cree que Jesús Sánchez Martos es el mejor candidato para lograr ese objetivo de situar la innovación en la vanguardia madrileña. En ese mismo comunicado, se destaca el currículum del exconsejero de Sanidad, que es entre otras cosas “catedrático de Educación para la Salud y subdirector de Docencia e Investigación de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Complutense”.

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En esta fundación pública, Jesús Sánchez Martos cobrará 82.000 euros al año. Ese será su destino después de que este pasado sábado, en pleno fin de semana, la Presidenta madrileña haya decidido cesarle como Consejero de Sanidad.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid recurre a una fundación pública para enviar a cargos del Gobierno o diputados. Antes del verano, el Gobierno de Cifuentes ya hizo lo mismo con la exdiputada del PP, Elena González Moñux, que estuvo varios meses de baja después de haber acusado a su compañero y portavoz del PP, Enrique Ossorio de haberla acosado laboralmente. Al final, Elena González Moñux renunció a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, para acto seguido ocupar la dirección de la Fundación de la Energía con un salaria de 93.000 euros.

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/25/radio_madrid/1506354673_493582.html
 
La parejita feliz.

TRIBUNALES
Confirman el procesamiento de Castedo por beneficiar al empresario Enrique Ortiz en el PGOU de Alicante
    • EFE
    • Alicante
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  • 25 sep. 2017 18:07
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Enrique Ortiz y Sonia Castedo en el funeral de Rico Pérez CRISTÓBAL LUCAS
El constructor y la ex alcaldesa se sentarán en el banquillo de los acusados junto al antecesor de Castedo en la corporación, el también popular Luis Díaz Alperi, cuyo procesamiento ya ratificó otra sala, y a otros seis implicados

La Audiencia dictado el sobreseimiento de las actuaciones respecto al arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada

Un tribunal ha confirmado el procesamiento de la ex alcaldesa de AlicanteSonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, en el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El auto dictado por la sección segunda de la Audiencia Provincial -notificado esta tarde a las partes- avala en líneas generales la investigación dirigida por el juez instructor, Manrique Tejada, y sitúa en la antesala de juicio a ambos sospechosos por esta pieza derivada de la 'Operación Brugal'.

El constructor y la ex alcaldesa se sentarán en el banquillo de los acusados junto al antecesor de Castedo en la corporación, el también popularLuis Díaz Alperi, cuyo procesamiento ya ratificó otra sala, y a otros seis implicados.

En cambio, la Audiencia ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada, al no apreciar indicios de que facilitara a Ortiz información reservada.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/09/25/59c9299e22601d731d8b4693.html
 
Hallan muerto en Simancas al exdirector de Economía Víctor Valverde
Era profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y formó parte de la Consejería de Economía encabezada por Tomás Villanueva

27 septiembre, 2017
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Víctor Valverde en una imagen de archivo (Foto: Twitter / Facultad de Comercio de la UVa).
La Guardia Civil está investigando la muerte del exdirector general de Economía de la Junta de Castilla y León, Víctor Valverde, que ha sido encontrado sin vida en su finca en Simancas. Actualmente trabajaba como profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y tenía 52 años.

Según publica El Norte de Castilla, un jardinero encontró el cuerpo sin vida de Valverde, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Valverde formó parte del equipo de la Consejería de Economía liderada por Tomás Villanueva y entre los años 2003 y 2011 fue director general de Economía.

En 2014 fue citado a declarar en condición de imputado por el fraccionamiento de contratos cuando era un alto cargo en la Junta de Castilla y León.
 
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