Repaso a la corrupción del Gobierno de coalición, compras fraudulentas y otros
- AutorSultanaXS
- Fecha de inicio
Sanidad pagó más de 300 millones a empresas con "dirección desconocida"
Salvador Illa, ministro de Sanidad. Imagen: EFE
6:00 - 4/05/2020
Sanidad destinó más de 300 millones de euros a varias empresas cuya dirección, localidad o CIF no se conocen, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Los contratos se contraponen a otros realizados también desde el Ministerio y donde sí constan todos los dato relativos a las empresas.
Las compras que realizó el Ministerio entre marzo y abril para nutrirse de útiles para combatir el coronavirus distan mucho de la acción normal que se desempeña en otras ocasiones. Cuando Salvador Illa decidió centralizar las compras, varias de las empresas con las que contactó no pertenecían al ámbito sanitario (compañías de construcción o relacionadas con la alimentación o la cosmética) o con otras a las que no han podido comunicar al BOE sus datos básicos.
Entre los contratos, por ejemplo, se encuentra la adquisición de un millón de hisopos, material necesario para realizar los test PCR, y mascarillas FFP3 y cuyas compañías, MJ Steps y HongKong Travis, parece que no estaba en el radar del Gobierno y que se compraron, según el propio BOE, a una empresa de la que no se tiene ni un identificador fiscal.
En la contratación de un millón de hisopos a la compañía MJ Steps por 4,3 millones de euros, el BOE refleja la "dirección desconocida" de la empresa, así como también la localidad. Eso sí, pone que se en-cuentra en España. Sin embargo, los datos de la empresa es su página web hablan de una compañía cuya matriz se sitúa en Suiza y tiene 53 delegaciones, una de ellas en la provincia de Barcelona. La compañía se dedica a varios aspectos relacionados con la salud, como equipos médicos, pero también tiene actividad en moda, cosmética o productos como pastas dentales infantiles. El precio de cada hisopo es de 4,3 euros antes de impuestos, una cifra algo superior a lo que suelen costar, según algunos licitadores habituales.
Para comprobar este descuido del Gobierno en el BOE, basta con ver el contrato también publicado en el que elMinisterio de Sanidad compró 700.000 hisopos a la asesoría legal malagueña Value & Bro. De este contrato, el BOE refleja todos los datos de la empresa (domicilio, CIF y hasta el código postal), pero también tiene un dato llamativo. El valor del contrato es casi el mismo (4,2 millones de euros), pero por 300.000 hisopos menos. Eso sí, parece, según consta en el Boletín Oficial del Estado, que la empresa andaluza corre con los gastos de transporte.
El contrato con MJ Steps no es el único que llega con esos vacíos relacionados con la empresa contratada. Sanidad pagó 11,7 millones por mascarillas FFP3 a HongKong Travis, de la que tampoco se conoce ni su dirección ni su localidad a pesar de ser la segunda empresa en importancia en número de contratos y dinero destinado durante este periodo de alarma. En este caso, además el BOE ni tan siquiera recoge el número de mascarillas adquiridas de estas características. Para saber cuántas se compraron, y a qué precio la unidad, hay que ir a la plataforma de contratación para ver que se compraron 2,5 millones, es decir, a 4,68 euros la unidad antes de impuestos y aranceles. Unos días antes, el BOE también recoge una contrato con esta empresa de "dirección desconocida" de 150 millones de euros por unos 56 millones de mascarillas.
Estos contratos fueron publicados el 30 de abril pero dos días antes, el 28, el BOE recoge otra batería de contratos a diversas empresas de dirección desconocida. Es el caso de Sysmed, a la que se compraron 1.000 ventiladores por algo más de 771.000 euros. También se encuentra Danbury Enterprises, a la que se le adjudicaron por más de 7,5 millones de euros mascarillas quirúrgicas, si bien no se sabe cuantas. O China National Instruments Import & Export Corporation, a la que se le adjudicaron un número indeterminado de batas desechables por 29,7 millones de euros.
También vuelve a aparecer MJSteps en el BOE del día 28 de marzo. En ese caso para vender 10 respiradores a 38.000 cada uno. O Hong Jin Medical Science, a la que se le contrató "diverso material de protección" sin mayor explicación por más de 51 millones de euros.O Hangzhou Ruining, a la que el Ministerio de Sanidad ha pagado 31,7 millones de euros por 300.000 monos de trabajo.
También se recogen otros contratos que no incluyen material pero que también están relacionados con el coronaviorus. Es el caso de la contratación de ocho vuelos chárter con otra empresa de la que no consta ni dirección ni CIF ni ningún otro dato más allá del nombre y el valor del contrato: DSV Air cobró 7,1 millones de euros.
Illa dice que es un "error"
El ministro de Sanidad aseguró ayer que esas faltas de definición de las empresas contratadas en el BOE son "un error administrativo" y apuntó a que estará subsanado en las próximas horas. Además, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está "valorando" la posibilidad de levantar la suspensión de plazos administrativos para dar respuesta a todas las consultas realizadas en virtud de la Ley de Transparencia, "porque este Gobierno más transparente no puede ser".
Según explicó la titular del Ministerio de Hacienda, todos los plazos administrativos fueron suspendidos para "evitar perjudicar al ciudadano" en asuntos como recursos en materia tributaria o evitar los desplazamientos, pero ya se han empezado a "activar" algunos de esos plazos y el Gobierno va a "valorar" también lo relativo a la ley de transparencia.
- Los contratos los firmó Ingesa con varias empresas
- Se adquirieron respiradores, hisopos para test, mascarillas y batas
6:00 - 4/05/2020
Sanidad destinó más de 300 millones de euros a varias empresas cuya dirección, localidad o CIF no se conocen, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Los contratos se contraponen a otros realizados también desde el Ministerio y donde sí constan todos los dato relativos a las empresas.
Las compras que realizó el Ministerio entre marzo y abril para nutrirse de útiles para combatir el coronavirus distan mucho de la acción normal que se desempeña en otras ocasiones. Cuando Salvador Illa decidió centralizar las compras, varias de las empresas con las que contactó no pertenecían al ámbito sanitario (compañías de construcción o relacionadas con la alimentación o la cosmética) o con otras a las que no han podido comunicar al BOE sus datos básicos.
Entre los contratos, por ejemplo, se encuentra la adquisición de un millón de hisopos, material necesario para realizar los test PCR, y mascarillas FFP3 y cuyas compañías, MJ Steps y HongKong Travis, parece que no estaba en el radar del Gobierno y que se compraron, según el propio BOE, a una empresa de la que no se tiene ni un identificador fiscal.
En la contratación de un millón de hisopos a la compañía MJ Steps por 4,3 millones de euros, el BOE refleja la "dirección desconocida" de la empresa, así como también la localidad. Eso sí, pone que se en-cuentra en España. Sin embargo, los datos de la empresa es su página web hablan de una compañía cuya matriz se sitúa en Suiza y tiene 53 delegaciones, una de ellas en la provincia de Barcelona. La compañía se dedica a varios aspectos relacionados con la salud, como equipos médicos, pero también tiene actividad en moda, cosmética o productos como pastas dentales infantiles. El precio de cada hisopo es de 4,3 euros antes de impuestos, una cifra algo superior a lo que suelen costar, según algunos licitadores habituales.
Para comprobar este descuido del Gobierno en el BOE, basta con ver el contrato también publicado en el que elMinisterio de Sanidad compró 700.000 hisopos a la asesoría legal malagueña Value & Bro. De este contrato, el BOE refleja todos los datos de la empresa (domicilio, CIF y hasta el código postal), pero también tiene un dato llamativo. El valor del contrato es casi el mismo (4,2 millones de euros), pero por 300.000 hisopos menos. Eso sí, parece, según consta en el Boletín Oficial del Estado, que la empresa andaluza corre con los gastos de transporte.
El contrato con MJ Steps no es el único que llega con esos vacíos relacionados con la empresa contratada. Sanidad pagó 11,7 millones por mascarillas FFP3 a HongKong Travis, de la que tampoco se conoce ni su dirección ni su localidad a pesar de ser la segunda empresa en importancia en número de contratos y dinero destinado durante este periodo de alarma. En este caso, además el BOE ni tan siquiera recoge el número de mascarillas adquiridas de estas características. Para saber cuántas se compraron, y a qué precio la unidad, hay que ir a la plataforma de contratación para ver que se compraron 2,5 millones, es decir, a 4,68 euros la unidad antes de impuestos y aranceles. Unos días antes, el BOE también recoge una contrato con esta empresa de "dirección desconocida" de 150 millones de euros por unos 56 millones de mascarillas.
Estos contratos fueron publicados el 30 de abril pero dos días antes, el 28, el BOE recoge otra batería de contratos a diversas empresas de dirección desconocida. Es el caso de Sysmed, a la que se compraron 1.000 ventiladores por algo más de 771.000 euros. También se encuentra Danbury Enterprises, a la que se le adjudicaron por más de 7,5 millones de euros mascarillas quirúrgicas, si bien no se sabe cuantas. O China National Instruments Import & Export Corporation, a la que se le adjudicaron un número indeterminado de batas desechables por 29,7 millones de euros.
También vuelve a aparecer MJSteps en el BOE del día 28 de marzo. En ese caso para vender 10 respiradores a 38.000 cada uno. O Hong Jin Medical Science, a la que se le contrató "diverso material de protección" sin mayor explicación por más de 51 millones de euros.O Hangzhou Ruining, a la que el Ministerio de Sanidad ha pagado 31,7 millones de euros por 300.000 monos de trabajo.
También se recogen otros contratos que no incluyen material pero que también están relacionados con el coronaviorus. Es el caso de la contratación de ocho vuelos chárter con otra empresa de la que no consta ni dirección ni CIF ni ningún otro dato más allá del nombre y el valor del contrato: DSV Air cobró 7,1 millones de euros.
Illa dice que es un "error"
El ministro de Sanidad aseguró ayer que esas faltas de definición de las empresas contratadas en el BOE son "un error administrativo" y apuntó a que estará subsanado en las próximas horas. Además, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está "valorando" la posibilidad de levantar la suspensión de plazos administrativos para dar respuesta a todas las consultas realizadas en virtud de la Ley de Transparencia, "porque este Gobierno más transparente no puede ser".
Según explicó la titular del Ministerio de Hacienda, todos los plazos administrativos fueron suspendidos para "evitar perjudicar al ciudadano" en asuntos como recursos en materia tributaria o evitar los desplazamientos, pero ya se han empezado a "activar" algunos de esos plazos y el Gobierno va a "valorar" también lo relativo a la ley de transparencia.
Sanidad pagó más de 300 millones a empresas con ''dirección desconocida''
Sanidad destinó más de 300 millones de euros a varias empresas cuya dirección, localidad o CIF no se conocen, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Los contratos se contraponen a otros realizados también desde el Ministerio y donde sí constan todos los dato relativos a las empresas.
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Puertas giratorias
Una enfermera presidirá una empresa pública de tecnología naval con un sueldo de más de 100.000 euros brutos al año
Susana Hernández, exsenadora por el PSOE, ha sido la elegida por Sánchez para dirigir Sainsel
María Albalat
@maria_albalat
lunes, 5 de octubre de 2020
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Sainsel es una empresa naval de titularidad pública participada por Navantia (empresa también estatal) al 51% e Indra (empresa semipública). La compañía lleva dos años sin presidente. En 2018, con el cambio de Gobierno producido por la moción de censura a Mariano Rajoy, se destituyó a Alejandro Ballestero, exdiputado del Partido Popular. Este llevaba cinco años en el cargo.
Ahora parece que ya hay sustituta para el puesto. Según adelantó El Confidencial y ha confirmado el director de la firma, José Antonio López, a Sueldos Públicos este lunes, Susana Hernández ha sido la elegida para ocupar el cargo. Exsenadora del grupo socialista, perdió su escaño en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre.
Si repasamos algunas cifras de la mercantil, comprobamos que la partida de gastos de personal de la empresa en 2019 fue de dos millones de euros: 1,57 en sueldos y salarios y 397.000 en Seguridad Social. Ese ejercicio finalizó con un saldo de 14,7 millones de euros. Durante el mandato de Ballestero, la empresa pasó de cerrar 2012 con pérdidas de 113.000 euros a lograr 1,2 millones de beneficios en 2018.
Salario y declaración de bienes
Hernández estuvo ocho meses en el cargo de senadora por Murcia en 2019, pero la repetición electoral la dejó sin escaño en la Cámara Alta. Si todavía fuera parlamentaria en el Senado cobraría 4.185 euros brutos al mes (3.055 de sueldo base y el complemento por ser vicepresidenta de Comisión de 1.134 euros). Además, 1.958 euros libres de impuestos de indemnización por ser de una circunscripción distinta a Madrid. En junio y diciembre, con una paga extraordinaria completa, los ingresos se duplicarían a 8.370 euros y 3.916 de indemnización.
Según el último sueldo disponible en el Portal de Transparencia de Sainsel, el presidente Ballestero percibió 156.723 euros. Sin embargo, en esta cifra está incluido el finiquito y el variable. Al no especificar las cifras, no sabemos en qué medida se aproxima al sueldo que percibirá Hernández.
En su declaración de bienes y actividades de toma de posesión del escaño de 2019, la exsenadora incluyó el dato de la nómina del Ayuntamiento de Murcia de 48.158 euros y una cantidad de 11.456 euros pagada de IRPF. En cuanto a bienes patrimoniales, el documento refleja un piso con plaza de garaje y trastero en Murcia adquirido en 2009.
Desconocemos si la exsenadora y exconcejal rellenó correctamente el documento ya que hay que poner cantidades netas, no brutas y decenas de señorías se equivocan. Así, el actual alcalde de Murcia tiene un sueldo público asignado de casi 76.400 euros anuales y los concejales delegados con dedicación exclusiva, cerca de 67.700 euros cada uno. En cambio, los concejales delegados con dedicación parcial perciben 44.258 euros, cantidad similar a la reflejada por Hernández.
También, declara 22.100 euros de saldo en cuentas corrientes, un plan de pensiones con un valor de 800 euros y un seguro de vida de 65.000 euros. Por último, tiene un préstamo hipotecario concedido en 2009 por el que le concedieron 112.000 euros y de los que le quedan pendientes 80.703 euros.
Enfermera y política
Susana Hernández Ruiz nació en 1976 (44 años) en Murcia. Es diplomada en Enfermería por la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia y técnico en Oncología Radioterápica. Los primeros años de su carrera laboral los dedicó a la enfermería y en el mandato de 2011 fue elegida concejala de Derechos Sociales, Educación, Patrimonio, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia.
Dos años más tarde fue nombrada portavoz del PSOE en el mismo consistorio, donde renovó su puesto en las elecciones de 2015. Tras lograr un escaño en el Senado, lo acabó perdiendo tras la repetición electoral en 2019 y volvió a ejercer de enfermera en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, puesto que, probablemente tendrá que abandonar para poder desempeñar su cargo como presidenta de Sainsel.
Los enchufes en política
Cabe recordar que el Gobierno del PP aprobó un real decreto para regular el sueldo de los directivos de las empresas públicas estatales en 2012, en plena crisis económica y con el ‘chip’ puesto en la famosa austeridad. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fijó que la remuneración tope sería de 105.000 euros anuales para las compañías de gran tamaño; en las medianas, 80.000 euros; y en las de menor tamaño, de 55.000 euros. Pese a que con estas limitaciones los abultados salarios se redujeron, en teoría, entre un 25 y un 35%, los directivos tenían derecho a percibir un complemento de puesto y un variable. Estos dos factores siguen permitiendo sueldos públicos ‘cienmileuristas’ o que superan los 200.000 euros, como el caso del responsable de Loterías del Estado.
Pero, no es la primera vez que vemos cómo los políticos colocan a los suyos en empresas de titularidad pública. Entre los casos más sonados están el de Ada Colau con la colocación de familiares y amigos en puestos de confianza.
Desde la cúpula nacional de Podemos, Pablo Iglesias y Pablo Echenique, lograron que Pablo Arrojo, exdiputado de Podemos, fuese nombrado relator especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.
El PSOE y el PP también ha llevado a cabo esta práctica en empresas públicas como Correos, Hunosa o Enusa, donde hay un filósofo como presidente de la empresa estatal de uranio
sueldospublicos.eleconomista.es
Una enfermera presidirá una empresa pública de tecnología naval con un sueldo de más de 100.000 euros brutos al año
Susana Hernández, exsenadora por el PSOE, ha sido la elegida por Sánchez para dirigir Sainsel
María Albalat
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Sainsel es una empresa naval de titularidad pública participada por Navantia (empresa también estatal) al 51% e Indra (empresa semipública). La compañía lleva dos años sin presidente. En 2018, con el cambio de Gobierno producido por la moción de censura a Mariano Rajoy, se destituyó a Alejandro Ballestero, exdiputado del Partido Popular. Este llevaba cinco años en el cargo.
Ahora parece que ya hay sustituta para el puesto. Según adelantó El Confidencial y ha confirmado el director de la firma, José Antonio López, a Sueldos Públicos este lunes, Susana Hernández ha sido la elegida para ocupar el cargo. Exsenadora del grupo socialista, perdió su escaño en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre.
Si repasamos algunas cifras de la mercantil, comprobamos que la partida de gastos de personal de la empresa en 2019 fue de dos millones de euros: 1,57 en sueldos y salarios y 397.000 en Seguridad Social. Ese ejercicio finalizó con un saldo de 14,7 millones de euros. Durante el mandato de Ballestero, la empresa pasó de cerrar 2012 con pérdidas de 113.000 euros a lograr 1,2 millones de beneficios en 2018.
Salario y declaración de bienes
Hernández estuvo ocho meses en el cargo de senadora por Murcia en 2019, pero la repetición electoral la dejó sin escaño en la Cámara Alta. Si todavía fuera parlamentaria en el Senado cobraría 4.185 euros brutos al mes (3.055 de sueldo base y el complemento por ser vicepresidenta de Comisión de 1.134 euros). Además, 1.958 euros libres de impuestos de indemnización por ser de una circunscripción distinta a Madrid. En junio y diciembre, con una paga extraordinaria completa, los ingresos se duplicarían a 8.370 euros y 3.916 de indemnización.
Según el último sueldo disponible en el Portal de Transparencia de Sainsel, el presidente Ballestero percibió 156.723 euros. Sin embargo, en esta cifra está incluido el finiquito y el variable. Al no especificar las cifras, no sabemos en qué medida se aproxima al sueldo que percibirá Hernández.
En su declaración de bienes y actividades de toma de posesión del escaño de 2019, la exsenadora incluyó el dato de la nómina del Ayuntamiento de Murcia de 48.158 euros y una cantidad de 11.456 euros pagada de IRPF. En cuanto a bienes patrimoniales, el documento refleja un piso con plaza de garaje y trastero en Murcia adquirido en 2009.
Desconocemos si la exsenadora y exconcejal rellenó correctamente el documento ya que hay que poner cantidades netas, no brutas y decenas de señorías se equivocan. Así, el actual alcalde de Murcia tiene un sueldo público asignado de casi 76.400 euros anuales y los concejales delegados con dedicación exclusiva, cerca de 67.700 euros cada uno. En cambio, los concejales delegados con dedicación parcial perciben 44.258 euros, cantidad similar a la reflejada por Hernández.
También, declara 22.100 euros de saldo en cuentas corrientes, un plan de pensiones con un valor de 800 euros y un seguro de vida de 65.000 euros. Por último, tiene un préstamo hipotecario concedido en 2009 por el que le concedieron 112.000 euros y de los que le quedan pendientes 80.703 euros.
Enfermera y política
Susana Hernández Ruiz nació en 1976 (44 años) en Murcia. Es diplomada en Enfermería por la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia y técnico en Oncología Radioterápica. Los primeros años de su carrera laboral los dedicó a la enfermería y en el mandato de 2011 fue elegida concejala de Derechos Sociales, Educación, Patrimonio, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia.
Los enchufes en política
Cabe recordar que el Gobierno del PP aprobó un real decreto para regular el sueldo de los directivos de las empresas públicas estatales en 2012, en plena crisis económica y con el ‘chip’ puesto en la famosa austeridad. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fijó que la remuneración tope sería de 105.000 euros anuales para las compañías de gran tamaño; en las medianas, 80.000 euros; y en las de menor tamaño, de 55.000 euros. Pese a que con estas limitaciones los abultados salarios se redujeron, en teoría, entre un 25 y un 35%, los directivos tenían derecho a percibir un complemento de puesto y un variable. Estos dos factores siguen permitiendo sueldos públicos ‘cienmileuristas’ o que superan los 200.000 euros, como el caso del responsable de Loterías del Estado.
Pero, no es la primera vez que vemos cómo los políticos colocan a los suyos en empresas de titularidad pública. Entre los casos más sonados están el de Ada Colau con la colocación de familiares y amigos en puestos de confianza.
Desde la cúpula nacional de Podemos, Pablo Iglesias y Pablo Echenique, lograron que Pablo Arrojo, exdiputado de Podemos, fuese nombrado relator especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.
El PSOE y el PP también ha llevado a cabo esta práctica en empresas públicas como Correos, Hunosa o Enusa, donde hay un filósofo como presidente de la empresa estatal de uranio
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También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Murcia ...
sueldospublicos.eleconomista.esEl juez investiga el desvío de 50.000 euros de la 'caja B' de Podemos a una asociación vinculada al equipo de Mayoral
Un oficio policial, al que ha tenido acceso LD, acredita que la asociación que pidió 50.000 euros está presidida por un miembro del equipo de Mayoral.
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Un oficio policial, al que ha tenido acceso LD, acredita que la asociación que pidió 50.000 euros está presidida por un miembro del equipo de Mayoral.
El juez investiga el desvío de 50.000 euros de la 'caja B' de Podemos a una asociación vinculada al equipo de Mayoral
Un oficio policial, al que ha tenido acceso LD, acredita que la asociación que pidió 50.000 euros está presidida por un miembro del equipo de Mayoral.
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El proveedor de confianza de Ábalos envió miles de mascarillas defectuosas a Salvamento Marítimo
Adif, órgano encargado de la adjudicación, tuvo que gestionar la sustitución del material sanitario adquirido a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una pyme vinculada a un empresario al que se le acusa de tener empresas 'offshore' en Malta
Trabajadores de Salvamento Marítimo durante un operativo en la pandemia Salvamento Marítimo
ALBERTO SANZPERFILEMAILTWITTER
GONZALO ARALUCEPERFILEMAILTWITTER
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El Ministerio de Transportes compró cinco millones de mascarillas por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una pyme con sede en Zaragoza y administrada por un empresario vinculado a los Papeles de Panamá a la que el equipo que dirige José Luis Ábalos confió la adquisición de material sanitario en los peores compases de la pandemia del coronavirus. Esta compra pública de emergencia, que se realizó sin concurso, se ejecutó a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el mes de abril. Meses después se ha conocido que esta compra contenía mascarillas defectuosas.
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Además de la licitación de Adif, esta empresa proveedora ha gestionado cuatro contratos más de emergencia. El primero de todos, que desveló este medio, fue la compra de ocho millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.
Después fue el Ministerio del Interior, tras un acuerdo suscrito con el equipo de Ábalos, quien compró un millón más de mascarillas por 3,48 millones de euros a esta misma empresa. El Gobierno canario y el balear recurrieron también a este proveedor. Contratos, todos ellos, que se adjudicaron sin concurso previo, como todas las compras de stock sanitario en el pico más elevado de la pandemia.
La información tramitada a través del Portal de Transparencia detalla ese lote de mascarillas defectuosas que fueron a parar a Salvamento Marítimo. Cabe recordar que no es el primer caso en el que la administración debe devolver el stock tras detectar que no cumple con los estándares sanitarios marcados. Uno de los casos más notorios fue el del Ministerio de Sanidad, cuando detectó mascarillas inadecuadas de un fabricante chino llamado Garry Galaxy.
El Ministerio de Transportes ha defendido a Vozpópuli que "de nueve millones de mascarillas, se comprobó que había 5.000 defectuosas, que se retiraron antes de su uso y que la empresa sustituyó por otras nuevas". "Todas las mascarillas que recibieron los trabajadores de Sasemar estaban en las condiciones adecuadas", ha añadido.
47 millones en contratos
En el papel de administrador de la sociedad se encuentra un empresario que figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que investigó los llamados Papeles de Panamá. Supuestamente, por tener empresas offshore en Malta.Según los últimos datos del Registro Mercantil, el proveedor con sede en Zaragoza tiene cinco trabajadores. Durante la pandemia se ha llevado cinco contratos públicos de suministro de material sanitario por valor de 47 millones de euros. Un aumento de su actividad que contrasta con los 100.000 euros de facturación y un balance negativo de 1,1 millones de euros en sus cuentas 2017, la últimas cuentas presentadas en el Registro.
Desde la empresa explicaron a este medio en pasadas publicaciones que "ha tenido actividad desde 2017, lo que no ha tenido son ingresos de grandes proyectos desde el año 2018. En el año 2017 se finalizó un proyecto internacional y se facturaron unos cinco millones de euros. Aparte la empresa se ha mantenido estable mientras presentaba ofertas a proyectos internacionales".
Además, aseguran que su expertise en el sector sanitario llega porque "ha equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínico a lo largo de su trayectoria, y en sus UTEs reformó y equipó un hospital". Entre sus actividades recientes destaca la que ha desempeñado en África. La sociedad constituyó una Unión Temporal de Empresas con la también española Cueto Comercial 92, a la que bautizaron con el nombre de Boavista II, para desarrollar una central térmica flotante en Angola.
El grupo parlamentario Vox cuestionó al Gobierno a través de una pregunta escrita los motivos que le llevaron a adjudicar los contratos a esta empresa. Desde el Ejecutivo afirmaron que "no consta" ninguna causa por la que no se le debiera asignar ninguna licitación pública: "Antes de la contratación con esta empresa, los órganos de contratación recabaron, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública, la escritura de constitución de la empresa y certificados de la AEAT y de la Seguridad Social, que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización".
Plus Ultra y los robavacunas: alguien debe caer
Los casos de la compañía aérea sin aviones y las miles de vacunas escamoteadas tumbarían a un Gobierno. ¿Para cuándo los ceses?
PUBLICADO 24/03/2021 04:45ACTUALIZADO 24/03/2021 09:16
Dos escándalos de dimensiones paquidérmicas deberían hacer caer al Gobierno. O, al menos, provocar una crisis del Ejecutivo. O el cese de un ministro. ¿Me creerían, quizás, la renuncia de un secretario de Estado?, diría Woody Allen. Se trata de dos episodios desvelados por Vozpópuli y que, poco a poco, se han abierto paso en la rijosa agenda político/informativa de nuestro país, tan ocupada en ignorar los pecados del presidente, bailarle el agua a los golpistas, atusarle la coleta a Iglesias y abofetear con insistencia a Ayuso. Hablamos de los 53 millones de euros entregados a la desconocida compañía aérea Plus Ultra y la desaparición de miles de dosis de vacunas por arte de birlibirloque, dos sucedidos que tan solo han merecido explicaciones sicalípticas por parte de los voceros de La Moncloa.
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Con tan sólo un artefacto (al que llaman avión) en su escuálida flota, Plus Ultra ni es una firma estratégica, ni solvente, ni relevante, es un foco de conflictos con sus clientes y un dechado de incidencias con los pasajeros, en contra de lo que argumentaba el Ejecutivo para justificar la generosa donación. Es, además, el arquetipo de entidad a la que el Gobierno español, con un sector turístico al borde de la asfixia, jamás debería entregar un euro. Menos aún, 150.000 por cada empleado. "La aerolínea que ofrece más maletas", pregona su singular lema que enlaza con otro tenebroso asunto de valijas venezolanas. Delcy Rodríguez, Barajas de madrugada, el ministro José Luis Ábalos y aquellas cuarenta maletas de sospechoso contenido que se perdieron en la noche madrileña a bordo de una furgoneta con cristales tintados y rumbo desconocido. El juez que archivó vertiginosamente el asunto sepultó también los vídeos que registraron las correrías de la número dos de Maduro por las dependencias VIP del aeropuerto acompañada por el ministro español de Transportes. Sospechosa operación, jamás aclarada, que también reclamaba ceses. Uno al menos.
De la Pampa a Murcia
Escaso interés ha mostrado hasta ahora la fiscalía de Dolores Delgado en arrojar un punto de luz y claridad sobre ambas cuestiones. Ni sobre Delcy ni sobre Plus Ultra. Lejos de amainar, el caso de la aerolínea con un solo aparato se expande. Superada su catalepsia inicial, PP, Cs y Vox han llevado el asunto al Congreso, donde recibirá nada cristiana sepultura. Más recorrido puede tener la iniciativa de los eurodiputados González Pons y Garicano, del PP y CS respectivamente, ante la comisaria de Competencia. Cuando Bruselas asoma su hocico por el horizonte, en vísperas de que comiencen a librarse los fondos del rescate, algo tiembla en los cimientos de La Moncloa. Y en el entorno de Rodríguez Zapatero y de Iglesias, ambos con truculentas, irregulares y muy satisfactorias relaciones con la narcodictadura bolivariana.'Vacunas vip', así bautizaron precisamente en la Argentina de Cristina Fernanández Kirschner a las dosis que desaparecen subrepticiamente de los depósitos oficiales y van a parar a los hombros de conocidos malvivientes, líderes políticos, sindicalistas y peronistas en general. Esta 'vacunas vip' son el eje de un cierto escandalete en Buenos Aires, pero sin alcanzar la categoría de la convulsión.
Casi como aquí. Inés Arrimadas llamaba 'robavacunas' a aquellos dirigentes del PP murciano que se saltaron las listas de espera y justificaron la inopinada moción de censura promovida por Ciudadanos con muy escaso éxito. Cómo denunciar a cuatro paisanos que se saltan la cola de los vacunables y, al tiempo, pretender pactar con el partido que ha escamoteado miles de dosis, todavía con destino desconocido. Vozpópuli lleva escrupulosamente la cuenta de las partidas 'evaporadas'. Hay un desvío de unas 30.000 unidades entre los datos que entregan los laboratorios y las cifras de Sanidad. Cientos de ancianos aguardan con razonable desesperación la vacuna que les corresponde y que no llega. En velocidad de vacunación, España está en la cola de Europa, sólo Polonia nos gana en lentitud y torpeza. ¿Dónde han ido a parar esas vacunas? ¿Se han perdido? ¿Las han distraído? ¿Hemos vuelto al estraperlo del franquismo? ¿Se inoculan a familiares de altos cargos, como es idea asentada? No resulta edificante burlarse de la salud de de los ancianos.
Mienta usted, aquí no pasa nada
Nixon, cabe recordar, no dimitió por espiar la sede de los demócratas. Lo defenestraron por mentir. Con similar parámetro, Sánchez debería haber dimitido unas trescientas veces. Ha faltado a la verdad casi todos los días de su mandato, desde el momento mismo en el que se coaligó con los que había jurado no acercarse ni a heredar. También evitó la encomiable actitud de imitar al menos a tres ministros europeos, un presidente húngaro o una vicepresidenta de la Eurocámara que presentaron su renuncia tras descubrirse que habían plagiado sus respectivos másteres. Nuestro presidente, lejos de amagar con la renuncia, le encargó a un adjunto que transformara la apócrifa tesis en un desmesurado libraco que por ahí sigue.Dimitir no es virtud que se practique por aquí con frecuencia. Lo hizo Cristina Cifuentes tras desvelarse un episodio algo turbio en un supermercado, que no se tradujo ni en imputación ni en condena. Es más, acaba de resultar absuelta en una intrincada causa sobre su máster, asunto aireado con particular empeño en los medios de comunicación y apenas mencionado una vez que el tribunal exoneró a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Curiosamente, Podemos, partido actualmente investigado, tiene bajo imputación a más de media docena de sus dirigentes sin que alguien ose reclamar renuncias o urgir ceses.
Sánchez, cierto es, forzó la salida de dos de sus ministros en los primeros tiempos de su llegada a la Moncloa. Máxim Huerta ocultaba un tironeo con Hacienda y Carmen Montón asumió la responsabilidad de un máster posiblemente tan irregular como el de su presidente. Meses después, naturalmente, a ambos se les dispensó un amable trato en su ubicación laboral, en especial a la dama levantina a quien encumbraron a un sillón muy codiciado y bien remunerado en la OEA. ¿Qué narices hace allí? Se ignora.
Tanto la espuria entrega de 53 millones a Plus Ultra, lo que viene siendo al cambio algo más de 'medio Zendal', como el escamoteo de miles de vacunas no han sido merecedoras de renuncia alguna, ni siquiera de disculpa pública, de retractación, reconocimiento del daño causado y, por supuesto, de propósito de enmienda con medidas que reparen el estropicio. Ni uno solo de esos gestos se ha registrado. No le agrada a Sánchez reconocer sus errores, sus excesos y aún sus ostensibles episodios de latrocinio. La mentira no penaliza en nuestra artrítica democracia, que ha asumido con complacencia la elusión de responsabilidades del que gobierna. En un año largo de pandemia, con cien mil muertos, seis millones de parados y decenas de miles de empresitas quebradas, no ha habido instancia oficial alguna que haya asumido errores, despropósitos, pifias, por no hablar de embustes, trampas, engaños. "No tengo nada de lo que arrepentirme", arguyó el falsario Illa minutos antes de saltar como candidato a Cataluña en plena tercera ola de la pandemia.
Nuestra democracia, que nunca logró alcanzar el nivel de robustez necesario para superar las tinieblas del pasado, languidece anestesiada por una propaganda hipnótica y obsesiva y unos medios de comunicación lenitivos y sedantes. ¿No llegan las vacunas? Más rociítos ¿Se dispensan millones de euros a los amigos de Maduro? Más jorgejavier. Y si algo falla, Iglesias ya ha prometido que encarcelará a Ayuso. Dos escándalos como los mentados tumbarían a un Gobierno en un biotopo democrático sustentado en un Estado de derecho. No es el caso.
El proyecto político del sanchismo es otra cosa. Un esquema de ambición personal despojado de escrúpulos, de principios, de cualquier componente ético y amparado en la ausencia absoluta de moral. Semejante estructura saltaría por los aires en una democracia valiente, recta y vigorosa. Un manto de conformismo lanar cubre todo el escenario nacional, desde el social al económico, del cultural al judicial, del público al empresarial. La factoría de ficción, que con reseñable habilidad conduce Iván Redondo, pergeña nuevos episodios con la velocidad de un supernétflix para mantener entretenida a una clase política entre desbarajustada y boba y para alimentar la abulia de un cuerpo social silente y aterrorizado. "Soy capaz de mucho más", repetía el niño Miles en la inquietante Otra vuelta de tuerca de Henry James. Sánchez también. No hay quien lo frene
Sanidad alteró las actas de los plenos del Consejo Interterritorial para ocultar su “fiasco” en la compra de materiales
Las que se han publicado ocultan promesas incumplidas de Salvador Illa y Fernando Simón, y las quejas de distintos consejeros, tanto populares como del PSOE
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La “empresa de confianza” de Ábalos: de facturar 0 euros a 53 millones solo en 2020
julio 19, 2021 España es Voz 0 comentariosSoluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. es una pyme ubicada en Zaragoza que ingresó 53 millones de euros en 2020 en concepto de “suministro de equipos de protección individual“.
Esta empresa, según las cuentas anuales a las que ha tenido acceso vozpópuli, pasó de facturar 0€ en 2019 a 53.130.000€ en 2020 tras obtener un contrato público a dedo, negociados sin publicidad y tramitados “de emergencia“.
La "empresa de confianza" de Ábalos: de facturar 0 euros a 53 millones solo en 2020 - España es Voz
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. es una pyme ubicada en Zaragoza que ingresó 53 millones de euros en 2020 en concepto de "suministro de
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