Pablo Casado, Presidente del PP
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El Gobierno expresa su preocupación por el lenguaje "guerracivilista" de Vox bajo la "mirada consentidora" del PP
La ministra portavoz, María Jesús Montero. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo
Irene Castro
13 de octubre de 2020 14:22h
2
@irecr
El Gobierno de coalición expresa su preocupación por las "frases guerracivilistas" que ha expresado Vox a lo largo del fin de semana en el que llegó a lanzar un "primer aviso" a los socialistas a través de las redes sociales si no derogan la ley de memoria histórica. Pero la portavoz del Ejecutivo ha señalado directamente al PP por quedarse de perfil ante la posición del partido de Santiago Abascal, que ha considerado una formación minoritaria pese al exponencial crecimiento que tuvo en las últimas elecciones, cuando consiguió ser la tercera fuerza con 52 diputados.
"Utilizó frases guerracivilistas como de levantamiento popular y de los distintos poderes del Estado y me parece tremendamente grave, aunque sea solo en el lenguaje", ha expresado la portavoz, María Jesús Montero, que ha reconocido que la formación de extrema derecha "no engaña a nadie". La también ministra de Hacienda ha expresado que lo "preocupante" es que la posición de Vox "sea seguida por formaciones como el PP, que hace no solo seguidismo en el discurso sino que gobierna" gracias al apoyo de la extrema derecha. Montero ha reiterado la preocupación "por el lenguaje y el tipo de llamamientos que esta haciendo bajo la mirada consentidora del PP". "Deberíamos invitar a bajar el tono respecto a los insultos, agresiones verbales o los comentarios que van más en dirección guerracivilista que de concordia o intentar llegar a acuerdos", ha apostillado Montero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha evidenciado la distinta posición que mantienen los miembros del Ejecutivo respecto a la monarquía. La portavoz ha vuelto a aplaudir el "impulso a la transparencia" que, a su juicio, ha puesto en marcha la Corona y le ha dado la "bienvenida a las actuaciones que ha ido haciendo el monarca respecto a ese principio". Montero se ha referido a que, "más allá de las formaciones que lo componen", el Gobierno "apoya la Constitución de la A a la Z" y que eso incluye la monarquía parlamentaria.
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el Gobierno debe ser "sensible" al debate social sobre la idoneidad de la monarquía como fórmula de organización de la jefatura del Estado. "Es evidente que hay un debate social al respecto de la monarquía. Algunos medios estáis participando de ese debate haciendo encuestas otros medios haciendo una campaña a favor de la monarquía -ha expresado la ministra-. Como Gobierno, y con el debido respeto institucional, debemos ser sensibles a ese debate". "Como Gobierno lo importante es que seamos sensibles a ese debate que hay en la sociedad. Aprovecho para daros las gracias por hacer ese aporte que desde otros ámbitos quizás no se está haciendo", ha dicho Montero, que ha evitado, no obstante, pronunciarse directamente sobre la negativa del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Jose Felix Tezanos, a incluir a la Corona en la valoración de los ciudadanos. Unidas Podemos lo ha solicitado a través del Congreso, pero la propuesta salió rechazada con los votos del PSOE.
El Gobierno ha defendido, además, la aplicación del estado de alarma en Madrid y otras ocho ciudades madrileñas y ha reiterado que se tomó esa decisión por la "inacción" del Ejecutivo regional. De hecho, Montero ha acusado a Ayuso de "no ser muy coherente" por criticar la imposición de medidas que han llevado a cabo otras comunidades autónomas en las que gobierna el PP. "No se entiende", ha dicho la portavoz sobre la posición de la presidenta madrileña: "Son medidas dirigidas a proteger a los ciudadanos ante la inacción de la Comunidad de Madrid o al menos los criterios que el ministerio había acordado los días previos". También ha advertido de que lo fundamental es "controlar una situación pandémica que va a costar vidas" y también en materia económica. "Porque si no se controlan los rebrotes se tendrían que tomar medidas económicas más drásticas", ha advertido Montero, que no ha querido anticipar si la pretensión del Gobierno será prorrogar el estado de alarma quince días más.
Aunque ha dejado en manos de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno la propuesta para rebajar la mayoría requerida para renovar el Poder Judicial, Montero la ha defendido con vehemencia y ha acusado a Pablo Casado de mantener una posición que considera una "sinrazón" por negarse a llegar a un acuerdo al mismo tiempo que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos.
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- Las discrepancias de PSOE y Unidas Podemos sobre la monarquía se evidencian en la rueda de prensa del Consejo de Ministros: la portavoz traslada el apoyo del Gobierno mientras Irene Montero dice que tiene que ser "sensible" al debate sobre el modelo de Estado
- — El Gobierno defiende la reforma legal para renovar el Poder Judicial y acusa a Casado de "insumisión constitucional"
La ministra portavoz, María Jesús Montero. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo
Irene Castro
13 de octubre de 2020 14:22h
2
@irecr
El Gobierno de coalición expresa su preocupación por las "frases guerracivilistas" que ha expresado Vox a lo largo del fin de semana en el que llegó a lanzar un "primer aviso" a los socialistas a través de las redes sociales si no derogan la ley de memoria histórica. Pero la portavoz del Ejecutivo ha señalado directamente al PP por quedarse de perfil ante la posición del partido de Santiago Abascal, que ha considerado una formación minoritaria pese al exponencial crecimiento que tuvo en las últimas elecciones, cuando consiguió ser la tercera fuerza con 52 diputados.
"Utilizó frases guerracivilistas como de levantamiento popular y de los distintos poderes del Estado y me parece tremendamente grave, aunque sea solo en el lenguaje", ha expresado la portavoz, María Jesús Montero, que ha reconocido que la formación de extrema derecha "no engaña a nadie". La también ministra de Hacienda ha expresado que lo "preocupante" es que la posición de Vox "sea seguida por formaciones como el PP, que hace no solo seguidismo en el discurso sino que gobierna" gracias al apoyo de la extrema derecha. Montero ha reiterado la preocupación "por el lenguaje y el tipo de llamamientos que esta haciendo bajo la mirada consentidora del PP". "Deberíamos invitar a bajar el tono respecto a los insultos, agresiones verbales o los comentarios que van más en dirección guerracivilista que de concordia o intentar llegar a acuerdos", ha apostillado Montero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha evidenciado la distinta posición que mantienen los miembros del Ejecutivo respecto a la monarquía. La portavoz ha vuelto a aplaudir el "impulso a la transparencia" que, a su juicio, ha puesto en marcha la Corona y le ha dado la "bienvenida a las actuaciones que ha ido haciendo el monarca respecto a ese principio". Montero se ha referido a que, "más allá de las formaciones que lo componen", el Gobierno "apoya la Constitución de la A a la Z" y que eso incluye la monarquía parlamentaria.
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el Gobierno debe ser "sensible" al debate social sobre la idoneidad de la monarquía como fórmula de organización de la jefatura del Estado. "Es evidente que hay un debate social al respecto de la monarquía. Algunos medios estáis participando de ese debate haciendo encuestas otros medios haciendo una campaña a favor de la monarquía -ha expresado la ministra-. Como Gobierno, y con el debido respeto institucional, debemos ser sensibles a ese debate". "Como Gobierno lo importante es que seamos sensibles a ese debate que hay en la sociedad. Aprovecho para daros las gracias por hacer ese aporte que desde otros ámbitos quizás no se está haciendo", ha dicho Montero, que ha evitado, no obstante, pronunciarse directamente sobre la negativa del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Jose Felix Tezanos, a incluir a la Corona en la valoración de los ciudadanos. Unidas Podemos lo ha solicitado a través del Congreso, pero la propuesta salió rechazada con los votos del PSOE.
El Gobierno ha defendido, además, la aplicación del estado de alarma en Madrid y otras ocho ciudades madrileñas y ha reiterado que se tomó esa decisión por la "inacción" del Ejecutivo regional. De hecho, Montero ha acusado a Ayuso de "no ser muy coherente" por criticar la imposición de medidas que han llevado a cabo otras comunidades autónomas en las que gobierna el PP. "No se entiende", ha dicho la portavoz sobre la posición de la presidenta madrileña: "Son medidas dirigidas a proteger a los ciudadanos ante la inacción de la Comunidad de Madrid o al menos los criterios que el ministerio había acordado los días previos". También ha advertido de que lo fundamental es "controlar una situación pandémica que va a costar vidas" y también en materia económica. "Porque si no se controlan los rebrotes se tendrían que tomar medidas económicas más drásticas", ha advertido Montero, que no ha querido anticipar si la pretensión del Gobierno será prorrogar el estado de alarma quince días más.
Aunque ha dejado en manos de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno la propuesta para rebajar la mayoría requerida para renovar el Poder Judicial, Montero la ha defendido con vehemencia y ha acusado a Pablo Casado de mantener una posición que considera una "sinrazón" por negarse a llegar a un acuerdo al mismo tiempo que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos.
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Ayuso no tendrá instalados hasta noviembre los barracones que prometió para reducir las ratios en los colegios
Álvaro Sánchez Castrillo
ascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 13/10/2020 a las 06:00
Aula de un colegio de Madrid.
Efe
Llamada a la calma y medidas estrella anunciadas a bombo y platillo. Sobre estos dos ejes se articuló a finales de agosto la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la vuelta al colegio más difícil de las últimas décadas. “Las familias, que estén tranquilas”, llegó a señalar la líder del Ejecutivo regional, quien pidió a docentes, padres y alumnos confianza en el plan de apertura de las escuelas que había diseñado su Gobierno. Un mes después del regreso a las aulas, la administración madrileña habla abiertamente de “éxito”. Sin embargo, los sindicatos rechazan categóricamente cualquier mensaje triunfalista. En su opinión, la situación es de “improvisación”, “caos” o “abandono”. “No están cumpliendo con el plan”, dicen. Las medidas prometidas, explican, no terminan de llegar. Es el caso, por ejemplo, de las aulas prefabricadas, infraestructuras clave en la estrategia de bajada de ratios. La Consejería de Educación reconoce que aún no están todas operativas. Y puede que no lo estén hasta el próximo noviembre, dos meses después del inicio de actividad en los centros educativos.
La Comunidad de Madrid era plenamente consciente a finales de agosto de que no podía permitirse en plena pandemia tener las aulas de los colegios abarrotadas de alumnos. Ya pasó en Israel tras la primera ola y el resultado fue nefasto. Por eso, la bajada de ratios era uno de los pilares sobre los que se sostenía su vuelta al cole. “Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa”, señalaba Ayuso. Para lograrlo, una de las medidas que puso entonces el Ejecutivo regional sobre la mesa fue la instalación de 250 barracones en los centros. Aulas que, aunque “estigmatizadas”, eran a ojos de la presidenta regional “muy oportunas” como “solución temporal” para ampliar espacios y descongestionar las clases.
Sin embargo, un mes después del inicio del nuevo curso, desde la Consejería de Educación explican que finalmente sólo ha sido necesario comprar 190. Y no todas están funcionando aún. De hecho, puede que todavía tarden en llegar. “Algunas ya están operativas, otras se están instalando ahora y el plazo para que estén todas es el mes de noviembre”, recalcan desde el departamento dirigido por Enrique Ossorio.
Los sindicatos confirman que hay centros que todavía se encuentran esperando los módulos. “En algunos casos, se han solicitado y desde Educación se han denegado. En otros, se han prometido pero todavía no han llegado”, sostiene Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de UGT Madrid. Coincide su homóloga en CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Esta situación está provocando que los centros vayan agobiados de espacio. No puede ser que esos barracones lleguen tres meses después de lo prometido”, señala en conversación con infoLibre.
Galvín señala que estas aulas son fundamentales para que se pueda producir una bajada de las ratios “en condiciones” sin que sea necesario recurrir a otras instalaciones de los centros que también son necesarias para el día a día. “Un colegio también necesita tener un gimnasio disponible”, explica. Por eso, no entiende cómo los barracones no estaban ya listos antes del inicio de las clases. “Desde la administración se ha ido con retraso”, insiste. En cuanto a los espacios cedidos por los ayuntamientos, Educación habla de “44 aulas adicionales” habilitadas en casi medio centenar de localidades.
Pero además de desdoblar las clases con estos espacios, otro ingrediente básico en la receta de reducción de las ratios a una veintena de alumnos en suelo madrileño pasaba por un más que necesario refuerzo de las plantillas. El Ejecutivo regional anunció la contratación de 10.610 nuevos profesionales: 7.398 docentes para la enseñanza pública –incluyendo aquellos que se encargarían de los refuerzos educativos–, 2.662 para la concertada, 200 técnicos especialistas de Infantil y Primaria y 350 educadores infantiles.
Desde la Consejería de Educación no ofrecen, a preguntas de este diario, cifras concretas sobre el número de profesionales prometidos que ya han sido contratados. “Se ha realizado prácticamente en su totalidad”, apuntan. Los sindicatos consultados, sin embargo, niegan que este problema esté prácticamente solucionado. Desde UGT calculan que todavía faltan por llegar a los centros “alrededor de 1.600 de los profesores” que prometió el Ejecutivo regional. CCOO, por su parte, asegura que de los 7.398 docentes que reforzarían las plantillas de los centros educativos públicos se han incorporado algo más de 6.800, por lo que el agujero en este tipo de enseñanza superaría el medio millar de profesionales.
Un problema, un mes después del inicio de las clases, al que se suma el de la falta de cobertura de las bajas entre el personal habitual, algo que rechaza Educación pero en lo que hacen mucho hincapié los sindicatos. “No se está sustituyendo a aquellos profesores que se encuentran de baja médica o en cuarentena”, afirma Jusdado. “Entre unas cosas y otras –dice Galvín– a cada centro le faltan unos 4 o 5 docentes”. Para la secretaria de CCOO Madrid, esta situación está poniendo de manifiesto una importante “crisis” en la región: “faltan profesionales que quieran trabajar en Madrid”. Y no quieren, continúa, por las condiciones laborales que se ofrecen. “No confían en la Consejería de Educación ni saben cuánto van a durar esos contratos porque no dejan claro ni la plaza que es ni hasta cuándo la van a tener. Y eso es un elemento disuasorio”, completa Galvín.
Sólo 3 de 150 enfermeras y Salud Pública colapsada
Problemas importantes continúan detectando también los sindicatos desde el punto de vista sanitario. En primer lugar, no terminan de llegar los profesionales de la salud que se habían prometido en los colegios para tranquilidad de los padres y los docentes. En agosto, la presidenta regional anunció a bombo y platillo que a los más de 400 diplomados universitarios de enfermería que trabajan en los centros educativos se les sumarían otros 150. A día de hoy, sólo se ha conseguido incorporar al 2%. En un mes, el Ejecutivo regional tan solo ha conseguido pescar a tres enfermeras escolares. Esta figura, muy demandada en plena pandemia, tiene el perfil perfecto para poder desempeñar las labores de coordinador covid, instrumento fundamental en materia de prevención y actuación ante la sospecha o proliferación de un brote en uno de los centros de la región.
Ante la carencia de estos profesionales, el papel de coordinador está recayendo sobre los directores de los centros educativos. “Se les ha dado una formación de apenas un par de horas”, denuncia Galvín. Y, para más inri, se están encontrando con serios problemas a la hora de mantener una comunicación fluida con Sanidad. “En Salud Pública están saturados”, sostiene Jusdado. Coincide su compañera en CCOO. “Hay un colapso. Tienen cuatro o cinco administrativos atendiendo al teléfono y hay ocasiones en las que los centros tienen que esperar varios días para recibir una respuesta”, apunta. Un “retraso” en atender las consultas que también reconoce el Ejecutivo regional y que va a intentar solventar poniendo en funcionamiento nuevos teléfonos, uno de ellos destinado en exclusiva a los coordinadores covid.
Los sindicatos dicen que los colegios se sienten “solos”, abandonados a su suerte por parte de la administración. Y hablan de “mucha alarma” tanto dentro de las familias como de los propios profesionales. Ante esta situación, continúan, lo único que está “salvando al sistema” es la “autoorganización” de los centros educativos, que se están apañando “con lo que tienen”. De hecho, denuncian que a día de hoy hay en los colegios un “déficit” de equipos de protección individual para hacer frente a las más que posibles alarmas.
Y por si los escollos eran pocos, los centros también se están viendo obligados a gestionar la situación de crisis sanitaria con cambios de protocolo constantes. “Los textos son cada vez menos preventivos”, dice la secretaria de UGT. Al inicio de las clases, la promesa era hacer una PCR a todo el aula en un día si alguno de sus integrantes daba positivo por coronavirus. Ahora, la prueba queda reservada exclusivamente a los miembros del grupo burbuja que presenten sintomatología. “Esto imposibilita que se puedan detectar los contagios asintomáticos”, afirma Galvín.
Todas estas carencias que se registran un mes después del inicio del curso, culmina Jusdado, explican el incremento progresivo del número de brotes en los centros educativos madrileños. A mediados de septiembre, en la región había 168 aulas confinadas que afectaban a unos 2.800 alumnos. El pasado viernes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba que esas cifras se sitúan ya en la comunidad autónoma en las 1.740 clases y más de 31.500 alumnos en cuarentena. No obstante, y poniendo sobre la mesa que en la región hay 1,25 millones de alumnos, para el Ejecutivo regional el balance “es bueno”.
- Los sindicatos señalan que todavía no han llegado todos los docentes que se prometieron: CCOO asegura que todavía hay que tapar un agujero de medio millar de profesores en la pública
- La Consejería de Educación reconoce que las aulas prefabricadas aún no están todas operativas y que puede que no lo estén hasta el próximo noviembre, dos meses después del inicio del curso
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Álvaro Sánchez Castrillo
ascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 13/10/2020 a las 06:00
Aula de un colegio de Madrid.
Efe
Llamada a la calma y medidas estrella anunciadas a bombo y platillo. Sobre estos dos ejes se articuló a finales de agosto la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la vuelta al colegio más difícil de las últimas décadas. “Las familias, que estén tranquilas”, llegó a señalar la líder del Ejecutivo regional, quien pidió a docentes, padres y alumnos confianza en el plan de apertura de las escuelas que había diseñado su Gobierno. Un mes después del regreso a las aulas, la administración madrileña habla abiertamente de “éxito”. Sin embargo, los sindicatos rechazan categóricamente cualquier mensaje triunfalista. En su opinión, la situación es de “improvisación”, “caos” o “abandono”. “No están cumpliendo con el plan”, dicen. Las medidas prometidas, explican, no terminan de llegar. Es el caso, por ejemplo, de las aulas prefabricadas, infraestructuras clave en la estrategia de bajada de ratios. La Consejería de Educación reconoce que aún no están todas operativas. Y puede que no lo estén hasta el próximo noviembre, dos meses después del inicio de actividad en los centros educativos.
La Comunidad de Madrid era plenamente consciente a finales de agosto de que no podía permitirse en plena pandemia tener las aulas de los colegios abarrotadas de alumnos. Ya pasó en Israel tras la primera ola y el resultado fue nefasto. Por eso, la bajada de ratios era uno de los pilares sobre los que se sostenía su vuelta al cole. “Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa”, señalaba Ayuso. Para lograrlo, una de las medidas que puso entonces el Ejecutivo regional sobre la mesa fue la instalación de 250 barracones en los centros. Aulas que, aunque “estigmatizadas”, eran a ojos de la presidenta regional “muy oportunas” como “solución temporal” para ampliar espacios y descongestionar las clases.
Sin embargo, un mes después del inicio del nuevo curso, desde la Consejería de Educación explican que finalmente sólo ha sido necesario comprar 190. Y no todas están funcionando aún. De hecho, puede que todavía tarden en llegar. “Algunas ya están operativas, otras se están instalando ahora y el plazo para que estén todas es el mes de noviembre”, recalcan desde el departamento dirigido por Enrique Ossorio.
Los sindicatos confirman que hay centros que todavía se encuentran esperando los módulos. “En algunos casos, se han solicitado y desde Educación se han denegado. En otros, se han prometido pero todavía no han llegado”, sostiene Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de UGT Madrid. Coincide su homóloga en CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Esta situación está provocando que los centros vayan agobiados de espacio. No puede ser que esos barracones lleguen tres meses después de lo prometido”, señala en conversación con infoLibre.
Galvín señala que estas aulas son fundamentales para que se pueda producir una bajada de las ratios “en condiciones” sin que sea necesario recurrir a otras instalaciones de los centros que también son necesarias para el día a día. “Un colegio también necesita tener un gimnasio disponible”, explica. Por eso, no entiende cómo los barracones no estaban ya listos antes del inicio de las clases. “Desde la administración se ha ido con retraso”, insiste. En cuanto a los espacios cedidos por los ayuntamientos, Educación habla de “44 aulas adicionales” habilitadas en casi medio centenar de localidades.
Pero además de desdoblar las clases con estos espacios, otro ingrediente básico en la receta de reducción de las ratios a una veintena de alumnos en suelo madrileño pasaba por un más que necesario refuerzo de las plantillas. El Ejecutivo regional anunció la contratación de 10.610 nuevos profesionales: 7.398 docentes para la enseñanza pública –incluyendo aquellos que se encargarían de los refuerzos educativos–, 2.662 para la concertada, 200 técnicos especialistas de Infantil y Primaria y 350 educadores infantiles.
Desde la Consejería de Educación no ofrecen, a preguntas de este diario, cifras concretas sobre el número de profesionales prometidos que ya han sido contratados. “Se ha realizado prácticamente en su totalidad”, apuntan. Los sindicatos consultados, sin embargo, niegan que este problema esté prácticamente solucionado. Desde UGT calculan que todavía faltan por llegar a los centros “alrededor de 1.600 de los profesores” que prometió el Ejecutivo regional. CCOO, por su parte, asegura que de los 7.398 docentes que reforzarían las plantillas de los centros educativos públicos se han incorporado algo más de 6.800, por lo que el agujero en este tipo de enseñanza superaría el medio millar de profesionales.
Un problema, un mes después del inicio de las clases, al que se suma el de la falta de cobertura de las bajas entre el personal habitual, algo que rechaza Educación pero en lo que hacen mucho hincapié los sindicatos. “No se está sustituyendo a aquellos profesores que se encuentran de baja médica o en cuarentena”, afirma Jusdado. “Entre unas cosas y otras –dice Galvín– a cada centro le faltan unos 4 o 5 docentes”. Para la secretaria de CCOO Madrid, esta situación está poniendo de manifiesto una importante “crisis” en la región: “faltan profesionales que quieran trabajar en Madrid”. Y no quieren, continúa, por las condiciones laborales que se ofrecen. “No confían en la Consejería de Educación ni saben cuánto van a durar esos contratos porque no dejan claro ni la plaza que es ni hasta cuándo la van a tener. Y eso es un elemento disuasorio”, completa Galvín.
Sólo 3 de 150 enfermeras y Salud Pública colapsada
Problemas importantes continúan detectando también los sindicatos desde el punto de vista sanitario. En primer lugar, no terminan de llegar los profesionales de la salud que se habían prometido en los colegios para tranquilidad de los padres y los docentes. En agosto, la presidenta regional anunció a bombo y platillo que a los más de 400 diplomados universitarios de enfermería que trabajan en los centros educativos se les sumarían otros 150. A día de hoy, sólo se ha conseguido incorporar al 2%. En un mes, el Ejecutivo regional tan solo ha conseguido pescar a tres enfermeras escolares. Esta figura, muy demandada en plena pandemia, tiene el perfil perfecto para poder desempeñar las labores de coordinador covid, instrumento fundamental en materia de prevención y actuación ante la sospecha o proliferación de un brote en uno de los centros de la región.
Ante la carencia de estos profesionales, el papel de coordinador está recayendo sobre los directores de los centros educativos. “Se les ha dado una formación de apenas un par de horas”, denuncia Galvín. Y, para más inri, se están encontrando con serios problemas a la hora de mantener una comunicación fluida con Sanidad. “En Salud Pública están saturados”, sostiene Jusdado. Coincide su compañera en CCOO. “Hay un colapso. Tienen cuatro o cinco administrativos atendiendo al teléfono y hay ocasiones en las que los centros tienen que esperar varios días para recibir una respuesta”, apunta. Un “retraso” en atender las consultas que también reconoce el Ejecutivo regional y que va a intentar solventar poniendo en funcionamiento nuevos teléfonos, uno de ellos destinado en exclusiva a los coordinadores covid.
Los sindicatos dicen que los colegios se sienten “solos”, abandonados a su suerte por parte de la administración. Y hablan de “mucha alarma” tanto dentro de las familias como de los propios profesionales. Ante esta situación, continúan, lo único que está “salvando al sistema” es la “autoorganización” de los centros educativos, que se están apañando “con lo que tienen”. De hecho, denuncian que a día de hoy hay en los colegios un “déficit” de equipos de protección individual para hacer frente a las más que posibles alarmas.
Y por si los escollos eran pocos, los centros también se están viendo obligados a gestionar la situación de crisis sanitaria con cambios de protocolo constantes. “Los textos son cada vez menos preventivos”, dice la secretaria de UGT. Al inicio de las clases, la promesa era hacer una PCR a todo el aula en un día si alguno de sus integrantes daba positivo por coronavirus. Ahora, la prueba queda reservada exclusivamente a los miembros del grupo burbuja que presenten sintomatología. “Esto imposibilita que se puedan detectar los contagios asintomáticos”, afirma Galvín.
Todas estas carencias que se registran un mes después del inicio del curso, culmina Jusdado, explican el incremento progresivo del número de brotes en los centros educativos madrileños. A mediados de septiembre, en la región había 168 aulas confinadas que afectaban a unos 2.800 alumnos. El pasado viernes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba que esas cifras se sitúan ya en la comunidad autónoma en las 1.740 clases y más de 31.500 alumnos en cuarentena. No obstante, y poniendo sobre la mesa que en la región hay 1,25 millones de alumnos, para el Ejecutivo regional el balance “es bueno”.
Albert ha creado escuela con aquello de llevar medio bazar chino a los debates.
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PARTIDO POPULAR
La agenda de Ayuso devora la estrategia de oposición de Casado
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 13/10/2020 a las 06:00Actualizada el 13/10/2020 a las 19:11
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto organizado con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
EFE
Isabel Díaz Ayuso tiene agenda política propia y no siempre está al servicio de la estrategia de su jefe de filas, Pablo Casado, el hombre que la puso al frente del partido en Madrid para defender el bastión conservador en la capital tras años de escándalos de corrupción y la complicada herencia de Cristina Cifuentes.
La Comunidad de Madrid siempre ha sido una plaza de singular proyección para los dirigentes locales del PP. Ocurrió con Esperanza Aguirre y con Alberto Ruiz-Gallardón. Y sucede los mismo ahora con Isabel Díaz Ayuso, que desde que llegó a la Presidencia —en virtud de un acuerdo con Ciudadanos y con Vox— ejerce como mascarón de proa de la oposición institucional del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin seguir siempre ni los ritmos ni las prioridades de Génova.
Desde que comenzó la legislatura, Pablo Casado ha tratado de levantar un discurso contra Sánchez construido sobre dos mensajes básicos. El primero incluye todas sus propuestas económicas, entre las que destacan una reducción general de impuestos en el marco del programa económico neoliberal con el que quiere combatir las políticas del PSOE, que siempre retrata como fallidas y empobrecedoras.
El segundo persigue destruir la credibilidad del Gobierno de coalición y hacer inviable su continuidad. Para conseguirlo, dispara a diario contra Unidas Podemos y su líder, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Casado ha convertido a la formación morada en su principal excusa para bloquear la renovación de órganos institucionales que acumulan años de interinidad, así como para poner en solfa la calidad de la democracia en España. Un argumentario que siempre salpica de alusiones a supuestos pactos con EH Bildu, a quienes a menudo describe como herederos de la organización terrorista ETA —desaparecida hace dos años y medio— y cesiones los independentistas catalanes a través de lo que llama “la mesa de autodeterminación de Cataluña”, en alusión a la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat.
Entre Unidas Podemos, a quien Casado considera el principal enemigo de la monarquía española, y los soberanistas vascos y catalanes, el líder del PP intenta alimentar cada día la idea de que el presidente está traicionando a la democracia, la unidad de España y a Felipe de Borbón. Lo que no le impide intentar además completar su relato con la supuesta disposición de su líder a llegar a acuerdos con el Gobierno en asuntos de Estado. Una voluntad que, en la práctica, sigue sin dar ningún fruto, lo que Casado utiliza para acusar a Sánchez de despreciar los pactos.
Este conjunto de ideas, que además coincide con las que impulsa el expresidente José María Aznar desde la fundación FAES, el laboratorio de ideas de los conservadores, es el andamio con el que Casado trata de construir su espacio como líder de la derecha entre el pactismo de Ciudadanos y la radicalidad de Vox.
La pandemia, sin embargo, ha hecho que su estrategia, de momento, no tenga éxito. El covid-19 condiciona por completo el debate político, en España y en el resto del mundo, y le ha obligado a centrar el tiro en la supuesta responsabilidad de Sánchez en la extensión de los contagios y en la profundidad de la crisis provocada por una enfermedad que se lleva mal con una buena parte de la actividad económica, en particular el turismo y la hostelería, dos sectores de enorme importancia en el PIB español.
Casado lleva semanas tratando de hacer compatible el mensaje en contra del mando único sanitario en el que basó su discurso durante el estado de alarma con la exigencia de que el Gobierno asuma la gestión de la lucha contra la pandemia, pero siempre a impulsos de lo que Isabel Díaz Ayuso le demanda en función de sus propios intereses. La dialéctica entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid a cuenta del progresivo empeoramiento de la pandemia en la capital y sus localidades limítrofes, que el ejecutivo madrileño ha sido de momento incapaz de controlar y a la que apenas ha dedicado medios de rastreo y de refuerzo de la atención primaria, se ha adueñado del debate público. Sus intentos por recuperar el discurso con el que quería apuntalar su liderazgo en la oposición —economía y traición a España— han resultado baldíos y no ha tenido más remedio que mantenerse al rebufo de Díaz Ayuso y su enfrentamiento con Sánchez.
Con la interlocución con Sánchez congelada, a Casado no le ha quedado otra que convertirse en el soporte de la presidenta madrileña, que es quien de pronto ha pasado a liderar la batalla política contra el Gobierno. Una estrategia que muchos atribuyen, en calidad de ideólogo, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera secretario de Comunicación de Aznar. Este domingo, en una entrevista publicada en El Mundo, Díaz Ayuso sostuvo que Pedro Sánchez pretende "cambiar el país por la puerta de atrás" pero la Justicia, Madrid y el rey se lo impiden. "Estamos ante el Gobierno más autoritario de la historia de la democracia. La Justicia, la Comunidad, el rey o las leyes son impedimentos para que Pedro Sánchez cambie este país por la puerta de atrás, como pretende", lanzó. Ninguna mención al PP o al líder de su partido, Pablo Casado, como piezas de ese bloque de contención a la supuesta deriva del Ejecutivo de coalición.
Barones al servicio de Ayuso
Casado no sólo ha tenido que adaptar su discurso sobre la pandemia a las necesidades de Ayuso sino que ha intentado utilizar a los otros presidentes autonómicos del PP —los de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía— como peones de la batalla de Madrid contra Sánchez.
Una actitud que ha provocado el desconcierto en las filas del PP, donde no todos comparten la estrategia de confrontación de Ayuso ni mucho menos su decisión de dar prioridad a la economía frente a la lucha contra el SARS-CoV-2. De hecho, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desmarcado claramente de ella. Y, sorteando al propio Casado, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, ha tomado la iniciativa de promover una reforma legal para facilitar los confinamientos.
En este contexto, el propio Casado a veces ya ni siquiera disimula cierta debilidad. Este jueves, en una reunión on empresarios, se quejó de la actitud de los empresarios que acuden a los actos del Gobierno y dan credibilidad a sus presupuestos y al plan de recuperación financiado por la Unión Europea. Y de los medios de comunicación, que según él no difunden sus mensajes.
Dice que está en inferioridad de condiciones. “A veces tengo la sensación de boxear con una mano atada a la espalda”, confesó en un acto en Toledo el pasado jueves. Y “enfrente hay un señor con una armadura y una espada”, lamentó en referencia a Pedro Sánchez. “O se tropieza ese señor o lo más lógico es que me acabe cortando algo”. “Eso está pasando en España”, se quejó, donde “no hay neutralidad mediática, institucional o económica”.
En ese combate desigual en el que dice encontrarse, explicó en el mismo foro, unos le piden que pacte con el Gobierno y otros que que sea más duro con Sánchez, en alusión a Ciudadanos y Vox, los dos partidos que han reducido la influencia del PP a 89 escaños un 21% de los votos.
Para colmo, en apenas unos meses de legislatura, Casado se ha visto obligado a cambiar algunas figuras clave de su su equipo, del que ha salido Cayetana Álvarez de Toledo, hasta agosto su flamante portavoz parlamentaria, y al que se ha incorporado, nada menos que como portavoz nacional, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Y mientras, sus rivales en el centroderecha avanzan en sus respectivas estrategias. Vox en la pura confrontación, incluida la presentación de una moción de censura. Y Ciudadanos en la del relato de la política útil, cortejando a Sánchez en busca de un acuerdo presupuestario.
La agenda de Ayuso devora la estrategia de oposición de Casado
- La gestión de la pandemia y las posiciones de la presidenta madrileña subordinan el discurso del líder del PP, forzado a ejercer un papel secundario en el combate que Ayuso sostiene contra Sánchez
- Este domingo, Ayuso sostuvo en una entrevista que Sánchez pretende "cambiar el país por la puerta de atrás" pero la Justicia, la Comunidad de Madrid y el rey "se lo impiden": ninguna mención al PP y a Casado
- “A veces tengo la sensación de boxear con una mano atada a la espalda”, confiesa Casado. Y “enfrente hay un señor con una armadura y una espada. O se tropieza ese señor o me acabará cortando algo”
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 13/10/2020 a las 06:00Actualizada el 13/10/2020 a las 19:11
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto organizado con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
EFE
Isabel Díaz Ayuso tiene agenda política propia y no siempre está al servicio de la estrategia de su jefe de filas, Pablo Casado, el hombre que la puso al frente del partido en Madrid para defender el bastión conservador en la capital tras años de escándalos de corrupción y la complicada herencia de Cristina Cifuentes.
La Comunidad de Madrid siempre ha sido una plaza de singular proyección para los dirigentes locales del PP. Ocurrió con Esperanza Aguirre y con Alberto Ruiz-Gallardón. Y sucede los mismo ahora con Isabel Díaz Ayuso, que desde que llegó a la Presidencia —en virtud de un acuerdo con Ciudadanos y con Vox— ejerce como mascarón de proa de la oposición institucional del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin seguir siempre ni los ritmos ni las prioridades de Génova.
Desde que comenzó la legislatura, Pablo Casado ha tratado de levantar un discurso contra Sánchez construido sobre dos mensajes básicos. El primero incluye todas sus propuestas económicas, entre las que destacan una reducción general de impuestos en el marco del programa económico neoliberal con el que quiere combatir las políticas del PSOE, que siempre retrata como fallidas y empobrecedoras.
El segundo persigue destruir la credibilidad del Gobierno de coalición y hacer inviable su continuidad. Para conseguirlo, dispara a diario contra Unidas Podemos y su líder, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Casado ha convertido a la formación morada en su principal excusa para bloquear la renovación de órganos institucionales que acumulan años de interinidad, así como para poner en solfa la calidad de la democracia en España. Un argumentario que siempre salpica de alusiones a supuestos pactos con EH Bildu, a quienes a menudo describe como herederos de la organización terrorista ETA —desaparecida hace dos años y medio— y cesiones los independentistas catalanes a través de lo que llama “la mesa de autodeterminación de Cataluña”, en alusión a la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat.
Entre Unidas Podemos, a quien Casado considera el principal enemigo de la monarquía española, y los soberanistas vascos y catalanes, el líder del PP intenta alimentar cada día la idea de que el presidente está traicionando a la democracia, la unidad de España y a Felipe de Borbón. Lo que no le impide intentar además completar su relato con la supuesta disposición de su líder a llegar a acuerdos con el Gobierno en asuntos de Estado. Una voluntad que, en la práctica, sigue sin dar ningún fruto, lo que Casado utiliza para acusar a Sánchez de despreciar los pactos.
Este conjunto de ideas, que además coincide con las que impulsa el expresidente José María Aznar desde la fundación FAES, el laboratorio de ideas de los conservadores, es el andamio con el que Casado trata de construir su espacio como líder de la derecha entre el pactismo de Ciudadanos y la radicalidad de Vox.
La pandemia, sin embargo, ha hecho que su estrategia, de momento, no tenga éxito. El covid-19 condiciona por completo el debate político, en España y en el resto del mundo, y le ha obligado a centrar el tiro en la supuesta responsabilidad de Sánchez en la extensión de los contagios y en la profundidad de la crisis provocada por una enfermedad que se lleva mal con una buena parte de la actividad económica, en particular el turismo y la hostelería, dos sectores de enorme importancia en el PIB español.
Casado lleva semanas tratando de hacer compatible el mensaje en contra del mando único sanitario en el que basó su discurso durante el estado de alarma con la exigencia de que el Gobierno asuma la gestión de la lucha contra la pandemia, pero siempre a impulsos de lo que Isabel Díaz Ayuso le demanda en función de sus propios intereses. La dialéctica entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid a cuenta del progresivo empeoramiento de la pandemia en la capital y sus localidades limítrofes, que el ejecutivo madrileño ha sido de momento incapaz de controlar y a la que apenas ha dedicado medios de rastreo y de refuerzo de la atención primaria, se ha adueñado del debate público. Sus intentos por recuperar el discurso con el que quería apuntalar su liderazgo en la oposición —economía y traición a España— han resultado baldíos y no ha tenido más remedio que mantenerse al rebufo de Díaz Ayuso y su enfrentamiento con Sánchez.
Con la interlocución con Sánchez congelada, a Casado no le ha quedado otra que convertirse en el soporte de la presidenta madrileña, que es quien de pronto ha pasado a liderar la batalla política contra el Gobierno. Una estrategia que muchos atribuyen, en calidad de ideólogo, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera secretario de Comunicación de Aznar. Este domingo, en una entrevista publicada en El Mundo, Díaz Ayuso sostuvo que Pedro Sánchez pretende "cambiar el país por la puerta de atrás" pero la Justicia, Madrid y el rey se lo impiden. "Estamos ante el Gobierno más autoritario de la historia de la democracia. La Justicia, la Comunidad, el rey o las leyes son impedimentos para que Pedro Sánchez cambie este país por la puerta de atrás, como pretende", lanzó. Ninguna mención al PP o al líder de su partido, Pablo Casado, como piezas de ese bloque de contención a la supuesta deriva del Ejecutivo de coalición.
Barones al servicio de Ayuso
Casado no sólo ha tenido que adaptar su discurso sobre la pandemia a las necesidades de Ayuso sino que ha intentado utilizar a los otros presidentes autonómicos del PP —los de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía— como peones de la batalla de Madrid contra Sánchez.
Una actitud que ha provocado el desconcierto en las filas del PP, donde no todos comparten la estrategia de confrontación de Ayuso ni mucho menos su decisión de dar prioridad a la economía frente a la lucha contra el SARS-CoV-2. De hecho, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desmarcado claramente de ella. Y, sorteando al propio Casado, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, ha tomado la iniciativa de promover una reforma legal para facilitar los confinamientos.
En este contexto, el propio Casado a veces ya ni siquiera disimula cierta debilidad. Este jueves, en una reunión on empresarios, se quejó de la actitud de los empresarios que acuden a los actos del Gobierno y dan credibilidad a sus presupuestos y al plan de recuperación financiado por la Unión Europea. Y de los medios de comunicación, que según él no difunden sus mensajes.
Dice que está en inferioridad de condiciones. “A veces tengo la sensación de boxear con una mano atada a la espalda”, confesó en un acto en Toledo el pasado jueves. Y “enfrente hay un señor con una armadura y una espada”, lamentó en referencia a Pedro Sánchez. “O se tropieza ese señor o lo más lógico es que me acabe cortando algo”. “Eso está pasando en España”, se quejó, donde “no hay neutralidad mediática, institucional o económica”.
En ese combate desigual en el que dice encontrarse, explicó en el mismo foro, unos le piden que pacte con el Gobierno y otros que que sea más duro con Sánchez, en alusión a Ciudadanos y Vox, los dos partidos que han reducido la influencia del PP a 89 escaños un 21% de los votos.
Para colmo, en apenas unos meses de legislatura, Casado se ha visto obligado a cambiar algunas figuras clave de su su equipo, del que ha salido Cayetana Álvarez de Toledo, hasta agosto su flamante portavoz parlamentaria, y al que se ha incorporado, nada menos que como portavoz nacional, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Y mientras, sus rivales en el centroderecha avanzan en sus respectivas estrategias. Vox en la pura confrontación, incluida la presentación de una moción de censura. Y Ciudadanos en la del relato de la política útil, cortejando a Sánchez en busca de un acuerdo presupuestario.
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Tercer aviso
Benjamín Prado
contacta@infolibre.es @pradobenjamin
Publicada el 13/10/2020 a las 06:00
“Las únicas urnas en las que creen los ultras son las urnas funerarias”.
Otra vuelta de tuerca. La ultraderecha siempre da otra vuelta de tuerca cuando no se le paran los pies, y salta de las bravuconadas a las amenazas si se es condescendiente con ella. Cuando se le echa leña a su fuego, monta una pira de la inquisición, porque sus llamas no calientan, sólo abrasan, no dan luz, destruyen lo que tocan, lo reducen a cenizas. Con las banderas, fabrican antifaces para ellos y mordazas para los demás. Su peor enemigo es la democracia y si participan en ella no es más que para carcomerla desde dentro. Sus caudillos no tienen proyecto de futuro sino nostalgia del pasado, siempre y cuando éste haya estado en manos de un régimen totalitario y gobernado por un asesino que les ofreciese a sus lacayos el papel de cómplices y algunos privilegios y beneficios. No tienen moral sino dogmas, ni tampoco ideología, sólo una ambición enfermiza por llegar al poder y la seguridad de que para alcanzarlo sirve cualquier camino.
Sus argumentos, en realidad, no son políticos, sino paramilitares, y su táctica es la de los matones, dado que no quieren convencer a nadie de nada, sino atemorizarlo, hacer que se someta, que no pregunte, que renuncie a sí mismo y no se defienda, que se entregue al miedo. Las únicas urnas en las que creen son las funerarias. Buscan partidarios y votantes entre quienes están insatisfechos y les ofrecen formar parte de una clase dominante a cambio de su apoyo. Son racistas por convicción, pero también por interés, porque necesitan un adversario contra el que luchar, un peligro que ofrecerse a combatir. A menudo, se ofrecen de guardaespaldas de instituciones como la monarquía, pero igual el rey Felipe VI debiese recordar que también el Funeralísimo dijo que venía a devolverle el trono a su bisabuelo Alfonso XIII. Se lo otorgó con condiciones, treinta y ocho años más tarde, a su nieto, Juan Carlos I.
Ahora los extremistas han ido un paso más allá, y Vox ha lanzado una advertencia: “Derogad la Ley de Memoria Histórica; primer aviso.” Sería inconcebible que la Justicia no actuara contra semejante atentado a la convivencia e intento de extorsión al Estado de Derecho, cuando para otras cosas, algunas de ellas inocuas cuando no ridículas, se mueve a toda velocidad. Si no lo hace, la cuenta atrás seguirá avanzando y tendremos que empezar a preguntarnos qué preparan como segundo aviso y tercero, que es cuando suele acabar el plazo de cualquier ultimátum. Hasta ahora, han hecho pintadas en algunas estatuas de republicanos, han pedido el gobierno de concentración nacional que piden todos los involucionistas y se han dado unas vueltas en coche el día de la Fiesta Nacional; pero ¿qué van a hacer ahora? Ya sabemos que van a hacerle perder el tiempo que no nos queda al Congreso, con una moción de censura en la que van a estar con toda probabilidad solos y que demuestra lo poco que les importan la pandemia de coronavirus y sus víctimas. También sabemos que aquí hay quienes le piden al ejército rastreadores y quienes le piden que se subleve, pero también que nuestras fuerzas del orden no están aquí para invadirnos sino para protegernos. Pero seguro que guardan una carta en la manga y que es la de siempre: un esqueleto con la guadaña al hombro.
¿Y el tercer y último aviso? ¿Será una manifestación? ¿Otra denuncia de algún sindicato u organización afín? ¿Una huelga? ¿Otra fotografía de grupo en las escaleras de la plaza de Colón? Porque las declaraciones públicas van perdiendo gas, ya se les han gastado los insultos, empiezan a repetirse y la gente cambia de canal o emisora. Y lo de las caravanas patrióticas no logra mucho impacto en los medios. Y casi todo lo que le arrebatan al PP va a parar a Ciudadanos. No les salen las cuentas ni les creen el cuento, salvo unas y unos pocos. Si Pablo Casado no fuera él, sería capaz de aprovecharse de todo esto para dejar de hundir a su partido, pero resulta que la única cosa que se le ocurre es ponerse a su nivel y buscar atajos que lo lleven de mal en peor. Y ya sabemos lo bien que les ha funcionado el lema de la derechita cobarde, su gran acierto publicitario hasta el día de hoy.
Estamos amenazados, que no se nos olvide, nos han dado un primer aviso. La cabeza del caballo está en la cama. Y ellos tienen preparada la llave inglesa para ir más allá, para dar otra vuelta de tuerca si nadie se lo impide. Llegarán hasta donde les permitan los tribunales y las instituciones. Y hasta donde finjan no verlos avanzar quienes guardan silencio, les pintan de blanco, les regalan titulares, les endulzan el veneno.
Benjamín Prado
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Publicada el 13/10/2020 a las 06:00
“Las únicas urnas en las que creen los ultras son las urnas funerarias”.
Otra vuelta de tuerca. La ultraderecha siempre da otra vuelta de tuerca cuando no se le paran los pies, y salta de las bravuconadas a las amenazas si se es condescendiente con ella. Cuando se le echa leña a su fuego, monta una pira de la inquisición, porque sus llamas no calientan, sólo abrasan, no dan luz, destruyen lo que tocan, lo reducen a cenizas. Con las banderas, fabrican antifaces para ellos y mordazas para los demás. Su peor enemigo es la democracia y si participan en ella no es más que para carcomerla desde dentro. Sus caudillos no tienen proyecto de futuro sino nostalgia del pasado, siempre y cuando éste haya estado en manos de un régimen totalitario y gobernado por un asesino que les ofreciese a sus lacayos el papel de cómplices y algunos privilegios y beneficios. No tienen moral sino dogmas, ni tampoco ideología, sólo una ambición enfermiza por llegar al poder y la seguridad de que para alcanzarlo sirve cualquier camino.
Sus argumentos, en realidad, no son políticos, sino paramilitares, y su táctica es la de los matones, dado que no quieren convencer a nadie de nada, sino atemorizarlo, hacer que se someta, que no pregunte, que renuncie a sí mismo y no se defienda, que se entregue al miedo. Las únicas urnas en las que creen son las funerarias. Buscan partidarios y votantes entre quienes están insatisfechos y les ofrecen formar parte de una clase dominante a cambio de su apoyo. Son racistas por convicción, pero también por interés, porque necesitan un adversario contra el que luchar, un peligro que ofrecerse a combatir. A menudo, se ofrecen de guardaespaldas de instituciones como la monarquía, pero igual el rey Felipe VI debiese recordar que también el Funeralísimo dijo que venía a devolverle el trono a su bisabuelo Alfonso XIII. Se lo otorgó con condiciones, treinta y ocho años más tarde, a su nieto, Juan Carlos I.
Ahora los extremistas han ido un paso más allá, y Vox ha lanzado una advertencia: “Derogad la Ley de Memoria Histórica; primer aviso.” Sería inconcebible que la Justicia no actuara contra semejante atentado a la convivencia e intento de extorsión al Estado de Derecho, cuando para otras cosas, algunas de ellas inocuas cuando no ridículas, se mueve a toda velocidad. Si no lo hace, la cuenta atrás seguirá avanzando y tendremos que empezar a preguntarnos qué preparan como segundo aviso y tercero, que es cuando suele acabar el plazo de cualquier ultimátum. Hasta ahora, han hecho pintadas en algunas estatuas de republicanos, han pedido el gobierno de concentración nacional que piden todos los involucionistas y se han dado unas vueltas en coche el día de la Fiesta Nacional; pero ¿qué van a hacer ahora? Ya sabemos que van a hacerle perder el tiempo que no nos queda al Congreso, con una moción de censura en la que van a estar con toda probabilidad solos y que demuestra lo poco que les importan la pandemia de coronavirus y sus víctimas. También sabemos que aquí hay quienes le piden al ejército rastreadores y quienes le piden que se subleve, pero también que nuestras fuerzas del orden no están aquí para invadirnos sino para protegernos. Pero seguro que guardan una carta en la manga y que es la de siempre: un esqueleto con la guadaña al hombro.
¿Y el tercer y último aviso? ¿Será una manifestación? ¿Otra denuncia de algún sindicato u organización afín? ¿Una huelga? ¿Otra fotografía de grupo en las escaleras de la plaza de Colón? Porque las declaraciones públicas van perdiendo gas, ya se les han gastado los insultos, empiezan a repetirse y la gente cambia de canal o emisora. Y lo de las caravanas patrióticas no logra mucho impacto en los medios. Y casi todo lo que le arrebatan al PP va a parar a Ciudadanos. No les salen las cuentas ni les creen el cuento, salvo unas y unos pocos. Si Pablo Casado no fuera él, sería capaz de aprovecharse de todo esto para dejar de hundir a su partido, pero resulta que la única cosa que se le ocurre es ponerse a su nivel y buscar atajos que lo lleven de mal en peor. Y ya sabemos lo bien que les ha funcionado el lema de la derechita cobarde, su gran acierto publicitario hasta el día de hoy.
Estamos amenazados, que no se nos olvide, nos han dado un primer aviso. La cabeza del caballo está en la cama. Y ellos tienen preparada la llave inglesa para ir más allá, para dar otra vuelta de tuerca si nadie se lo impide. Llegarán hasta donde les permitan los tribunales y las instituciones. Y hasta donde finjan no verlos avanzar quienes guardan silencio, les pintan de blanco, les regalan titulares, les endulzan el veneno.
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“Las únicas urnas en las que creen los ultras son las urnas funerarias”.
Otra vuelta de tuerca. La ultraderecha siempre da otra vuelta de tuerca cuando no se le paran los pies, y salta de las bravuconadas a las amenazas si se es condescendiente con ella. Cuando se le echa leña a su fuego, monta una pira de la inquisición, porque sus llamas no calientan, sólo abrasan, no dan luz, destruyen lo que tocan, lo reducen a cenizas. Con las banderas, fabrican antifaces para ellos y mordazas para los demás. Su peor enemigo es la democracia y si participan en ella no es más que para carcomerla desde dentro. Sus caudillos no tienen proyecto de futuro sino nostalgia del pasado, siempre y cuando éste haya estado en manos de un régimen totalitario y gobernado por un asesino que les ofreciese a sus lacayos el papel de cómplices y algunos privilegios y beneficios. No tienen moral sino dogmas, ni tampoco ideología, sólo una ambición enfermiza por llegar al poder y la seguridad de que para alcanzarlo sirve cualquier camino.
Sus argumentos, en realidad, no son políticos, sino paramilitares, y su táctica es la de los matones, dado que no quieren convencer a nadie de nada, sino atemorizarlo, hacer que se someta, que no pregunte, que renuncie a sí mismo y no se defienda, que se entregue al miedo. Las únicas urnas en las que creen son las funerarias. Buscan partidarios y votantes entre quienes están insatisfechos y les ofrecen formar parte de una clase dominante a cambio de su apoyo. Son racistas por convicción, pero también por interés, porque necesitan un adversario contra el que luchar, un peligro que ofrecerse a combatir. A menudo, se ofrecen de guardaespaldas de instituciones como la monarquía, pero igual el rey Felipe VI debiese recordar que también el Funeralísimo dijo que venía a devolverle el trono a su bisabuelo Alfonso XIII. Se lo otorgó con condiciones, treinta y ocho años más tarde, a su nieto, Juan Carlos I.
Ahora los extremistas han ido un paso más allá, y Vox ha lanzado una advertencia: “Derogad la Ley de Memoria Histórica; primer aviso.” Sería inconcebible que la Justicia no actuara contra semejante atentado a la convivencia e intento de extorsión al Estado de Derecho, cuando para otras cosas, algunas de ellas inocuas cuando no ridículas, se mueve a toda velocidad. Si no lo hace, la cuenta atrás seguirá avanzando y tendremos que empezar a preguntarnos qué preparan como segundo aviso y tercero, que es cuando suele acabar el plazo de cualquier ultimátum. Hasta ahora, han hecho pintadas en algunas estatuas de republicanos, han pedido el gobierno de concentración nacional que piden todos los involucionistas y se han dado unas vueltas en coche el día de la Fiesta Nacional; pero ¿qué van a hacer ahora? Ya sabemos que van a hacerle perder el tiempo que no nos queda al Congreso, con una moción de censura en la que van a estar con toda probabilidad solos y que demuestra lo poco que les importan la pandemia de coronavirus y sus víctimas. También sabemos que aquí hay quienes le piden al ejército rastreadores y quienes le piden que se subleve, pero también que nuestras fuerzas del orden no están aquí para invadirnos sino para protegernos. Pero seguro que guardan una carta en la manga y que es la de siempre: un esqueleto con la guadaña al hombro.
¿Y el tercer y último aviso? ¿Será una manifestación? ¿Otra denuncia de algún sindicato u organización afín? ¿Una huelga? ¿Otra fotografía de grupo en las escaleras de la plaza de Colón? Porque las declaraciones públicas van perdiendo gas, ya se les han gastado los insultos, empiezan a repetirse y la gente cambia de canal o emisora. Y lo de las caravanas patrióticas no logra mucho impacto en los medios. Y casi todo lo que le arrebatan al PP va a parar a Ciudadanos. No les salen las cuentas ni les creen el cuento, salvo unas y unos pocos. Si Pablo Casado no fuera él, sería capaz de aprovecharse de todo esto para dejar de hundir a su partido, pero resulta que la única cosa que se le ocurre es ponerse a su nivel y buscar atajos que lo lleven de mal en peor. Y ya sabemos lo bien que les ha funcionado el lema de la derechita cobarde, su gran acierto publicitario hasta el día de hoy.
Estamos amenazados, que no se nos olvide, nos han dado un primer aviso. La cabeza del caballo está en la cama. Y ellos tienen preparada la llave inglesa para ir más allá, para dar otra vuelta de tuerca si nadie se lo impide. Llegarán hasta donde les permitan los tribunales y las instituciones. Y hasta donde finjan no verlos avanzar quienes guardan silencio, les pintan de blanco, les regalan titulares, les endulzan el veneno.
Despues del ultimo aviso vendra algo muy parecido a lo del 36 aqui, en Alemania el 33 y en Italia en el 43. Efectivamente el ascenso de los totalitarismos vieno desde dentro...y esto es de las pocas cosas que se puede aceptar sin incurrir en historicismo alguno. Es un patron a lo largo de la historia desde la antigua Roma por lo menos. Esta gente no se va a detener si no la detienen y cuando hayan avanzado demasiado, como tantas cosas, la solución sera costosa y dolorosa. Civismo y civismo y civismo la poltrona mata. Hay que dejarles en fuera de juego...perdon fuera del juego!!! Para ellos la democracia es solo un paso del camino, no dejemos que nos pisen.
Casado amaga con llevar la reforma del CGPJ a Bruselas y que se convierta en un obstáculo para recibir los fondos europeos
- El líder del PP revela que en agosto había cerrado un acuerdo con Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial y que decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España
- Casado compara la reforma anunciada por el presidente del Gobierno con la invasión del poder judicial en Polonia y Hungría que la Comisión Europea ha incluido entre los motivos para expedientar a ambos países
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 07/10/2020 a las 06:00Actualizada el 07/10/2020 a las 10:02
Pablo Casado aplaude a Juan Guaidó al término de una videoconferencia con la oposición venezolana.
EFE
El Partido Popular volverá a acusar al Gobierno en las instituciones de la Unión Europea de atentar contra el Estado de Derecho si el presidente Pedro Sánchez consuma su intención de llevar al Congreso una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haga posible su renovación sorteando el bloqueo al que los conservadores está sometiendo a la institución para perpetuar una mayoría afín en el máximo órgano de los jueces.
El presidente del PP, Pablo Casado, dejó caer en una entrevista en EsRadio que no quiere tener que hacerlo pero, admitió, “es a donde iremos si pretende tomar al asalto el Consejo”. Y esa denuncia puede hacer que España tenga problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, advirtió el líder de los conservadores, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acaba de someter a los 27.
“Quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tiene ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”.
Lo cierto es que los gobiernos de la Unión Europea, a propuesta de Alemania, pactaron la semana pasada por mayoría —hubo siete votos en contra y 20 a favor— vincular el desembolso de fondos del presupuesto comunitario y del plan de recuperación pospandemia al respeto al Estado de derecho, una decisión que apunta directamente a Polonia y Hungría, que desde hace tiempo están en el punto de mira de Bruselas por la puesta en marcha de medidas autoritarias, contrarias a la libertad de prensa y poco respetuosas con la independencia de los jueces.
El juicio que ambos países merecen a los ojos de las instituciones comunitarias nada tiene que ver con España, que superó sin problemas el mismo examen en el que Polonia y Hungría suspendieron. De hecho, si algo reprochaba ese documento era precisamente el retraso en la renovación del Consejo, provocado por el bloqueo ordenado por Casado. Pero el PP cree que si se consuma la reforma del CGPJ, España pasaría a estar en la misma situación. Algo que también sostiene Ciudadanos, cuyo portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano comparó la reforma para sortear el bloqueo del PP con la que llevó a cabo Polonia “para someter a los jueces”.
De hecho, algunas asociaciones judiciales está considerando también acudir a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Congreso reforma la ley de elección del CGPJ para que sus miembros sean elegidos por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada. La ley vigente establece que los veinte vocales del Consejo son designados por el Congreso y el Senado. Cada cámara elige —por mayoría de tres quintos de sus miembros— a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Con ese sistema, la renovación, que lleva bloqueada dos años, es imposible mientras un partido con tantos escaños como el PP se niegue a hacerlo.
Casado recordó este martes que su grupo ya acudió a Bruselas para denunciar el nombramiento de la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgados como Fiscal General del Estado. Son ya varias las ocasiones en las que el PP ha hablado en Europa contra el Gobierno. Lo hizo a mediados de junio, en plenas negociaciones para tratar de que la UE alumbrase el acuerdo histórico que dio pie al nacimiento de los fondos de reconstrucción, cuando remitió un documento a varias instituciones europeas en el que acusaba a Sánchez de retorcer los mecanismos constitucionales y congelar la democracia.
Denuncia en Bruselas
Aquel dosier, que causó perplejidad en Bruselas, expresaba “una preocupación fundada” porque el Gobierno estuviese cometiendo, según el PP, “una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos” y deteriorando “la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático”, y denunciaba la comisión de abusos de poder y legislativos, intentos del controlar el poder judicial, ataques a la libertad de expresión, de culto y de protesta.
Y volvió a hacerlo hace unos días en una reunión con los embajadores en España de los países miembros de la Unión, a quienes trasladó su discrepancia en torno a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer de los 140.000 millones que el Consejo Europeo acordó dedicar a la reconstrucción económica y social.
Casado admitió este martes que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.
En la misma entrevista, Casado se negó a prometer que no llegará a un acuerdo con Sánchez pero sí subrayó que sólo está dispuesto a aceptarlo si los únicos interlocutores son PSOE y PP, excluyendo expresamente a Unidas Podemos.
Desbloquear el CGPJ se ha convertido en un objetivo central del Gobierno y ya cuenta con la mayoría de los grupos en el Congreso para negociar una reforma. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, lanzó un ultimátum al PP: “Es una especie de última oportunidad”, declaró. “Si no acepta” negociar larenovación confirma a la ley actual, “habrá un Gobierno que actúe y busque otros cauces" para dar cumplimiento a la Constitución.
Patriotismo NAzzional de Casado
Vaya patriota de pacotilla....
Tercer aviso
Benjamín Prado
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Publicada el 13/10/2020 a las 06:00
“Las únicas urnas en las que creen los ultras son las urnas funerarias”.
Otra vuelta de tuerca. La ultraderecha siempre da otra vuelta de tuerca cuando no se le paran los pies, y salta de las bravuconadas a las amenazas si se es condescendiente con ella. Cuando se le echa leña a su fuego, monta una pira de la inquisición, porque sus llamas no calientan, sólo abrasan, no dan luz, destruyen lo que tocan, lo reducen a cenizas. Con las banderas, fabrican antifaces para ellos y mordazas para los demás. Su peor enemigo es la democracia y si participan en ella no es más que para carcomerla desde dentro. Sus caudillos no tienen proyecto de futuro sino nostalgia del pasado, siempre y cuando éste haya estado en manos de un régimen totalitario y gobernado por un asesino que les ofreciese a sus lacayos el papel de cómplices y algunos privilegios y beneficios. No tienen moral sino dogmas, ni tampoco ideología, sólo una ambición enfermiza por llegar al poder y la seguridad de que para alcanzarlo sirve cualquier camino.
Sus argumentos, en realidad, no son políticos, sino paramilitares, y su táctica es la de los matones, dado que no quieren convencer a nadie de nada, sino atemorizarlo, hacer que se someta, que no pregunte, que renuncie a sí mismo y no se defienda, que se entregue al miedo. Las únicas urnas en las que creen son las funerarias. Buscan partidarios y votantes entre quienes están insatisfechos y les ofrecen formar parte de una clase dominante a cambio de su apoyo. Son racistas por convicción, pero también por interés, porque necesitan un adversario contra el que luchar, un peligro que ofrecerse a combatir. A menudo, se ofrecen de guardaespaldas de instituciones como la monarquía, pero igual el rey Felipe VI debiese recordar que también el Funeralísimo dijo que venía a devolverle el trono a su bisabuelo Alfonso XIII. Se lo otorgó con condiciones, treinta y ocho años más tarde, a su nieto, Juan Carlos I.
Ahora los extremistas han ido un paso más allá, y Vox ha lanzado una advertencia: “Derogad la Ley de Memoria Histórica; primer aviso.” Sería inconcebible que la Justicia no actuara contra semejante atentado a la convivencia e intento de extorsión al Estado de Derecho, cuando para otras cosas, algunas de ellas inocuas cuando no ridículas, se mueve a toda velocidad. Si no lo hace, la cuenta atrás seguirá avanzando y tendremos que empezar a preguntarnos qué preparan como segundo aviso y tercero, que es cuando suele acabar el plazo de cualquier ultimátum. Hasta ahora, han hecho pintadas en algunas estatuas de republicanos, han pedido el gobierno de concentración nacional que piden todos los involucionistas y se han dado unas vueltas en coche el día de la Fiesta Nacional; pero ¿qué van a hacer ahora? Ya sabemos que van a hacerle perder el tiempo que no nos queda al Congreso, con una moción de censura en la que van a estar con toda probabilidad solos y que demuestra lo poco que les importan la pandemia de coronavirus y sus víctimas. También sabemos que aquí hay quienes le piden al ejército rastreadores y quienes le piden que se subleve, pero también que nuestras fuerzas del orden no están aquí para invadirnos sino para protegernos. Pero seguro que guardan una carta en la manga y que es la de siempre: un esqueleto con la guadaña al hombro.
¿Y el tercer y último aviso? ¿Será una manifestación? ¿Otra denuncia de algún sindicato u organización afín? ¿Una huelga? ¿Otra fotografía de grupo en las escaleras de la plaza de Colón? Porque las declaraciones públicas van perdiendo gas, ya se les han gastado los insultos, empiezan a repetirse y la gente cambia de canal o emisora. Y lo de las caravanas patrióticas no logra mucho impacto en los medios. Y casi todo lo que le arrebatan al PP va a parar a Ciudadanos. No les salen las cuentas ni les creen el cuento, salvo unas y unos pocos. Si Pablo Casado no fuera él, sería capaz de aprovecharse de todo esto para dejar de hundir a su partido, pero resulta que la única cosa que se le ocurre es ponerse a su nivel y buscar atajos que lo lleven de mal en peor. Y ya sabemos lo bien que les ha funcionado el lema de la derechita cobarde, su gran acierto publicitario hasta el día de hoy.
Estamos amenazados, que no se nos olvide, nos han dado un primer aviso. La cabeza del caballo está en la cama. Y ellos tienen preparada la llave inglesa para ir más allá, para dar otra vuelta de tuerca si nadie se lo impide. Llegarán hasta donde les permitan los tribunales y las instituciones. Y hasta donde finjan no verlos avanzar quienes guardan silencio, les pintan de blanco, les regalan titulares, les endulzan el veneno.
Es libertad de expresión mujer.....¡Que mal pensada eres!
Luego si pasa algo irreparable cada uno saliendo por patas diciendo que "yo pensé"...
Desde niña a mi para afrontar las responsabilidades me decían que los "creí" y "pensé" se los zampan los burros, pero desgraciadamente aquí en ésta sociedad hay algo mas que burros de dos patas, hay verdaderos psicópatas fieles seguidores del dictador asesino.
La sinceridad democrática de la derecha está en entredicho
@Vissibles
Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
13 de octubre de 2020 23:17h
8
Mientras en diferentes lugares de Europa se están llegando a adoptar decisiones delicadísimas para combatir la segunda ola de la COVID19, como por ejemplo decretar el toque de queda; en España, desde la oposición extrema de la derecha se acusa al presidente Pedro Sánchez de "dictador" por decretar el estado de alarma en Madrid tras errar el gobierno de la Comunidad en cómo formular la petición de las medidas de limitación de movilidad al Tribunal Superior de Justicia.
Fue la no mención de una ley de 1986 por parte de los de Ayuso –tal y como sí hizo la Junta de Castilla y León– la que llevó al TSJ a la decisión de desestimar la única medida que ha implicado la declaración del estado de alarma: la restricción de entrada y salida de determinados municipios. Lejos de reconocer su error (si es que realmente lo fue), pudiera parecer que la gente de Casado en las instituciones que gobiernan Madrid estuviese marcando las tareas que van completando en una checklist interna destinada a escalar la tensión con el Gobierno central.
La estrategia de "Sánchez dictador" o de "las conductas dictatoriales de Sánchez" (en todas sus modalidades) se usa tanto en las filas del PP como en las de Vox. Se trata de una peligrosa narrativa de blancos o negros que busca llevar a sus votantes convencidos –y a los que están indecisos y son persuasibles– a márgenes extremistas y radicalizados difícilmente compatibles con la convivencia democrática. Una narrativa en la que todo aquello que no sea su propia versión de patria, de monarquía, de religión, de bandera, de Constitución, de libertad, de instituciones o de fuerzas armadas es tachado de comunista, populista, totalitario y propagandista.
Lo inquietante es comprobar cómo en los últimos días esta estrategia de persuasión y confrontación ha ganado terreno no en la cantidad de adeptos reclutados en sus filas, sino en cómo en estos han arraigado las fobias y animadversiones a la pluralidad de ideas y opiniones. Los representantes del PP y de Vox han logrado, sin ningún tipo de rubor y aprovechando la crisis de incertidumbres de la pandemia, resucitar la retórica de odio hacia a los enemigos políticos de la España franquista: los comunistas y los nacionalistas.
Un mensaje preconstitucional y contrario a la esencia del debate político que se quiso instaurar con la Constitución de 1978. Deshonran los de Casado y Abascal (y a veces también los de Arrimadas) la decisión que tomó su admirado Adolfo Suárez cuando promovió la aprobación de la Ley de Asociaciones Políticas (1976), que permitió entre otras cosas, la legalización del Partido Comunista. El punto de partida de aquella ley estaba, tal y como expuso en su ponencia el entonces presidente, "en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad y si esta sociedad es plural no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo. Por el contrario, es preciso organizar esa pluralidad y es preciso organizarla de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de gobierno, pero con programas válidos para la administración y la acción política bajo el compromiso del respeto a los demás".
Lo que no era esperable, más de cuatro décadas después, es que aquellos 59 diputados que votaron en contra de la Ley de Asociaciones Políticas y los 13 que se abstuvieron, encontraran en los 150 diputados del PP, Vox y Ciudadanos de esta legislatura, una segunda oportunidad para hacer añicos la legitimidad de los partidos de izquierda y de las formaciones nacionalistas, para socavar la pluralidad política tan temida y perseguida por Francisco Franco. Y para ello, están usando como altavoz las instituciones democráticas que negaban aquellos diputados y como tribuna la libertad de expresión que reprimía el aparato político franquista.
Sin embargo, la libertad de expresión –tal y como ha dejado claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes resoluciones– no tiene un carácter absoluto. Precisamente porque constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática goza de una especial protección cuando los discursos, los mensajes y la propaganda política representa una amenaza inminente para la convivencia democrática. Porque defender el libre juego del debate político entraña deberes y responsabilidades,
Esto lo saben bien en la Unión Europea y, muy especialmente, en Alemania. La libertad de expresión especialmente para quienes ostentan una representación institucional. Y muchos de los discursos, mensajes y propaganda política empiezan a representar una amenaza inminente para la convivencia democrática. Como dice el TEDH en Féret vs Bélgica: "La tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia". Añade la resolución que "es de crucial importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia (...) ya que tal comportamiento puede suscitar en el público reacciones incompatibles con un clima social sereno y podría minar la confianza en las instituciones democráticas.".
Cuesta creer en la sinceridad democrática del PP y de Vox, tras escuchar a Cuca Gamarra acusar a Pedro Sánchez de conductas autoritarias, de leer a Díaz Ayuso acusar al Gobierno central de autoritario, de ver a Rocío Monasterio llamar a Pedro Sánchez dictador o de observar el posado orgulloso de Macarena Olona ante una pintada fascista. Pero sobre todo cuesta no sentir inquietud por las secuelas que en la convivencia deja un discurso político fundamentalista y deshumanizador que se apropia de un victimismo y argumentario que no se corresponde con el de una España plural y diversa que busque el bien común y sostenible.
www.eldiario.es
- Lo inquietante es comprobar cómo en los últimos días esta estrategia de persuasión y confrontación ha ganado terreno no en la cantidad de adeptos reclutados en sus filas, sino en cómo en estos han arraigado las fobias y animadversiones a la pluralidad de ideas y opiniones
@Vissibles
Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
13 de octubre de 2020 23:17h
8
Mientras en diferentes lugares de Europa se están llegando a adoptar decisiones delicadísimas para combatir la segunda ola de la COVID19, como por ejemplo decretar el toque de queda; en España, desde la oposición extrema de la derecha se acusa al presidente Pedro Sánchez de "dictador" por decretar el estado de alarma en Madrid tras errar el gobierno de la Comunidad en cómo formular la petición de las medidas de limitación de movilidad al Tribunal Superior de Justicia.
Fue la no mención de una ley de 1986 por parte de los de Ayuso –tal y como sí hizo la Junta de Castilla y León– la que llevó al TSJ a la decisión de desestimar la única medida que ha implicado la declaración del estado de alarma: la restricción de entrada y salida de determinados municipios. Lejos de reconocer su error (si es que realmente lo fue), pudiera parecer que la gente de Casado en las instituciones que gobiernan Madrid estuviese marcando las tareas que van completando en una checklist interna destinada a escalar la tensión con el Gobierno central.
La estrategia de "Sánchez dictador" o de "las conductas dictatoriales de Sánchez" (en todas sus modalidades) se usa tanto en las filas del PP como en las de Vox. Se trata de una peligrosa narrativa de blancos o negros que busca llevar a sus votantes convencidos –y a los que están indecisos y son persuasibles– a márgenes extremistas y radicalizados difícilmente compatibles con la convivencia democrática. Una narrativa en la que todo aquello que no sea su propia versión de patria, de monarquía, de religión, de bandera, de Constitución, de libertad, de instituciones o de fuerzas armadas es tachado de comunista, populista, totalitario y propagandista.
Lo inquietante es comprobar cómo en los últimos días esta estrategia de persuasión y confrontación ha ganado terreno no en la cantidad de adeptos reclutados en sus filas, sino en cómo en estos han arraigado las fobias y animadversiones a la pluralidad de ideas y opiniones. Los representantes del PP y de Vox han logrado, sin ningún tipo de rubor y aprovechando la crisis de incertidumbres de la pandemia, resucitar la retórica de odio hacia a los enemigos políticos de la España franquista: los comunistas y los nacionalistas.
Un mensaje preconstitucional y contrario a la esencia del debate político que se quiso instaurar con la Constitución de 1978. Deshonran los de Casado y Abascal (y a veces también los de Arrimadas) la decisión que tomó su admirado Adolfo Suárez cuando promovió la aprobación de la Ley de Asociaciones Políticas (1976), que permitió entre otras cosas, la legalización del Partido Comunista. El punto de partida de aquella ley estaba, tal y como expuso en su ponencia el entonces presidente, "en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad y si esta sociedad es plural no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo. Por el contrario, es preciso organizar esa pluralidad y es preciso organizarla de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de gobierno, pero con programas válidos para la administración y la acción política bajo el compromiso del respeto a los demás".
Lo que no era esperable, más de cuatro décadas después, es que aquellos 59 diputados que votaron en contra de la Ley de Asociaciones Políticas y los 13 que se abstuvieron, encontraran en los 150 diputados del PP, Vox y Ciudadanos de esta legislatura, una segunda oportunidad para hacer añicos la legitimidad de los partidos de izquierda y de las formaciones nacionalistas, para socavar la pluralidad política tan temida y perseguida por Francisco Franco. Y para ello, están usando como altavoz las instituciones democráticas que negaban aquellos diputados y como tribuna la libertad de expresión que reprimía el aparato político franquista.
Sin embargo, la libertad de expresión –tal y como ha dejado claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes resoluciones– no tiene un carácter absoluto. Precisamente porque constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática goza de una especial protección cuando los discursos, los mensajes y la propaganda política representa una amenaza inminente para la convivencia democrática. Porque defender el libre juego del debate político entraña deberes y responsabilidades,
Esto lo saben bien en la Unión Europea y, muy especialmente, en Alemania. La libertad de expresión especialmente para quienes ostentan una representación institucional. Y muchos de los discursos, mensajes y propaganda política empiezan a representar una amenaza inminente para la convivencia democrática. Como dice el TEDH en Féret vs Bélgica: "La tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia". Añade la resolución que "es de crucial importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia (...) ya que tal comportamiento puede suscitar en el público reacciones incompatibles con un clima social sereno y podría minar la confianza en las instituciones democráticas.".
Cuesta creer en la sinceridad democrática del PP y de Vox, tras escuchar a Cuca Gamarra acusar a Pedro Sánchez de conductas autoritarias, de leer a Díaz Ayuso acusar al Gobierno central de autoritario, de ver a Rocío Monasterio llamar a Pedro Sánchez dictador o de observar el posado orgulloso de Macarena Olona ante una pintada fascista. Pero sobre todo cuesta no sentir inquietud por las secuelas que en la convivencia deja un discurso político fundamentalista y deshumanizador que se apropia de un victimismo y argumentario que no se corresponde con el de una España plural y diversa que busque el bien común y sostenible.
La sinceridad democrática de la derecha está en entredicho
Lo inquietante es comprobar cómo en los últimos días esta estrategia de persuasión y confrontación ha ganado terreno no en la cantidad de adeptos reclutados en sus filas, sino en cómo en estos han arraigado las fobias y animadversiones a la pluralidad de ideas y opiniones
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