Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.





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Gabriel Rufián

@gabrielrufian
· 25 may.
Basta ver cualquier imagen de la actuación policial del 1 de Octubre para saber que Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado.
 
Ningún político actual le llega a las suela de los zapatos a Julio Anguita. Respeto hacia una persona fallecida que demostró una integridad que ni todos los políticos de ahora juntos. Solo eso RESPETO
Que este muerto no le hace mejor ni peor. Tuvo sus luces y sus sombras. Y aqui nadie le ha faltado al respeto. No te hagas la escandalizada. No hay motivo.
 
Marlaska ordena a la Policía multar con 2.000 € a cada ciudadano que no acepte las multas «con resignación». Dentro de poco como en los paraisos comunistas pasaran de las multas a la violencia fisica contra el disidente
Dictadura comunista con maltrato hacia la población. O te humillas ante una sanción ilegal y prevaricadora o te multan con 2000 €, dos sueldos mensuales medios.....

https://okdiario.com/espana/grande-...dano-que-no-acepte-multas-resignacion-5666500

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La Guardia Civil sospecha que el Gobierno oculta datos de la manifestación del 8-M

Actualizado Martes, 26 mayo 2020 - 22:35

El informe que provocó el cese del coronel Pérez de los Cobos revela que la Delegación de Gobierno de Madrid se resistió a entregar información



Imagen de la manifestación celebrada el pasado 8 de marzo con motivo...



Imagen de la manifestación celebrada el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, en Madrid. JAVIER BARBANCHO

La Guardia Civil "ignora" si la Delegación del Gobierno en Madrid le ha entregado "toda la información solicitada" sobre las posibles advertencias recibidas en relación al riesgo de autorizar manifestaciones en plena propagación de la Covid-19. Además, tampoco le ha sido enviada la documentación relacionada con la pandemia que el 8 de abril reclamó al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón.
Así lo ponen de manifiesto los agentes del Instituto Armado en el atestado de 83 páginas remitido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el alcance penal de la celebración de la manifestación del 8-M en la capital.


Según consta en el informe, el día 8 de abril de 2020 la Guardia Civil remitió un oficio a la Delegación del Gobierno que capitanea José Manuel Franco donde le solicitaba todas las comunicaciones sanitarias que hubieran realizado con anterioridad al 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus, así como las comunicaciones recibidas sobre posibles riesgos que pudieran ocasionar la celebración de actos multitudinarios hasta ese día.


La información, que había sido requerida por Rodríguez-Medel, se facilitó con cuentagotas tras reiteradas peticiones del Instituto Armado y, en ocasiones, de la propia magistrada. El 20 de abril, los agentes reciben un escrito de Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, y deciden personarse en la sede de la institución para que se les facilite la documentación recabada hasta ese momento.


ARGUMENTOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
El órgano que dirige José Manuel Franco, único responsable político imputado en la causa del 8-M, informó de "la falta de comunicaciones a la Delegación del Gobierno relativa a los posibles riesgos que pudiera representar la celebración de concentraciones masivas o multitudinarias en la vía pública, así como por parte de ningún organismo oficial español o internacional dando instrucciones, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante".
Sin embargo, esta explicación no convenció a la jueza, que remitió una providencia al día siguiente incidiendo sobre la necesidad de aportar al juzgado las comunicaciones que recibieran en relación a la Covid-19 en los días previos al estado de alarma.


La manifestación celebrada en Madrid el pasado 8 de marzo.



La manifestación celebrada en Madrid el pasado 8 de marzo.


Veinticuatro horas después, el 22 de abril, se contesta a la Guardia Civil que el 7 de marzo fueron enviadas por correo electrónico dos resoluciones aludidas en la providencia del juzgado referidas a medidas en materia de salud pública, relacionadas con los centros de mayores y actividades formativas de los centros sanitarios, pero que no consta "comunicación alguna sobre posibles riesgos que podía ocasionar la celebración de concentraciones masivas con anterioridad al 14 de marzo, ni que se hayan recibido comunicaciones sanitarias en relación a las manifestaciones programadas desde el día 5".
Al día siguiente, el instructor del Instituto Armado comunica a la Delegación del Gobierno que los expedientes administrativos "están incompletos y que deben ser remitidos completos". La respuesta del organismo de Franco llegó el 24 de abril, señalándose que desde la toma de posesión del delegado del Gobierno "su programa de actividades no contempla actuación alguna en el ámbito sanitario".
Se justifica, además, que los expedientes están incompletos "debido a que es la que habitualmente se aporta cuando hay peticiones relacionadas con recursos contenciosos, a pesar de que por parte de esta unidad se ha incidido en reiteradas ocasiones que son necesarios los expedientes completos", subraya la Guardia Civil en su informe.


LAS MATIZACIONES DE JOSÉ MANUEL FRANCO


Tres días después, el agente encargado de las pesquisas vuelve a reiterar al Ejecutivo que "es necesario que remitan los expedientes administrativos completos, manifestando que se encuentran trabajando en ello y que esperan tenerlo para el 30 de abril".
Ese día fueron enviados nuevos documentos al Instituto Armado en los que el departamento de Franco "matiza" que, como "certificaron" los jefes de las unidades orgánicas en su momento, "no consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por el Covid-19", aunque añaden que "se debe entender que es con referencia a manifestaciones".
Cabecera de la manifestación del 8-M, con José Manuel Franco en segunda fila, detrás de Carmen Calvo.



Cabecera de la manifestación del 8-M, con José Manuel Franco en segunda fila, detrás de Carmen Calvo.JAVI MARTÍNEZ


En contraposición, la Guardia Civil sostiene que "no se ha certificado nada referente a lo aludido" y subraya que "ignora si finalmente ha
sido aportada toda la información solicitada en los términos en que se pedía".
Además, el 4 de mayo la jueza pide que se le entregue la agenda de José Manuel Franco. Nueve días después es remitida al Instituto Armado, no reflejando la misma entre el 24 de febrero y el 14 de marzo "ningún acto o reunión que se enmarque dentro de la crisis sanitaria" del coronavirus.
Por otro lado, los agentes recalcan en su informe que queda pendiente de recibir desde el 8 de abril documentación relacionada con la pandemia solicitada mediante oficio al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, que no ha sido entregada por ahora. "Cabe reseñar que la citada petición se ha reiterado por parte de esta unidad en numerosas ocasiones", subrayan los miembros la Guardia Civil firmantes del atestado.
Asimismo, los agentes llegan a la conclusión, tras analizar toda la documentación aportada a regañadientes por el organismo de Franco, así como la enviada por la Comunidad de Madrid, y tras practicar decenas de declaraciones testificales en las últimas semanas, que la Delegación del Gobierno en Madrid "conocía" los informes, recomendaciones y documentación sobre el riesgo de propagación de Covid-19 de organismos internacionales como la OMS y del propio Ministerio de Sanidad antes del 28 de febrero".

Ese día el Servicio de Prevención Riesgos Laborales de la Delegación del Ejecutivo elaboró un documento titulado 'Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el enlomo laboral frente al nuevo coronavirus (SARS-cov-2)', para el personal empleado en dicho órgano. En ese informe pidieron a los trabajadores que "mantuvieran el distanciamiento social" ante la "gravedad" de una enfermedad que podía "incluso" ocasionar la muerte.

 
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