El auto de apertura de juicio oral dictado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en una de las piezas del llamado caso Lezorevela que la acusación particular ejercida por la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, pide 16 años de cárcel para el principal implicado, el expresidente madrileño y correligionario Ignacio González. Es la petición de pena más alta de las cinco acusaciones presentadas. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado por los populares, mientras que el PSOE reclama 10 años y el sindicato CC OO de Madrid, ocho. En esta pieza se juzgará la adjudicación supuestamente irregular, en 2004 y 2006, de sendos contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II, en la capital que supuestamente permitió a la trama presuntamente encabezada por el expresidente madrileño embolsarse más de medio millón de euros.
La diferencia de penas entre las partes es fruto de la diferente calificación de los hechos que hace cada una de ellas. Así, la Comunidad de Madrid considera a González y a los otros cuatro encausados —entre los que están un hermano y un cuñado del expresidente— autores de los delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales y cohecho. Anticorrupción, sin embargo, solo les acusa de dos delitos de cohecho, como el consistorio madrileño y CC OO, mientras que el PSOE le imputa tráfico de influencias con cohecho, prevaricación administrativa y fraude. Tras el auto del juez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que poner fecha a este juicio, que se suma a otras dos piezas del caso Lezo pendientes de ser juzgadas: la referida a la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que González se enfrenta a una petición del fiscal de 8 años de cárcel; y la de la supuesta adjudicación irregular, en 2007, a la empresa OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años de cárcel.
El auto describe la operativa de la trama, en cuya cúspide esta presuntamente González, que en aquellos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II en su condición de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocupó desde 2003 a 2012, cuando asumió la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a él, el relato de los hechos sitúa a Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública y hombre de la máxima confianza de González. Según recogía en su escrito de acusación la Fiscalía ambos aprovecharon “la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos” para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL. Los tres socios de esta empresa eran José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular.
El primero de los contratos presuntamente amañados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama modificó el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitación como obligaba la ley al suponer un incremento cercano al 38% del presupuesto inicial, acordó con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte de ellos, valorados en más de 3 millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid pese a que esta no tenía capacidad para realizarlos.
De hecho, Tecnoconcret subcontrató a su vez aquellos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobró presuntamente una comisión del 8%, obteniendo así supuestamente un beneficio de 381.029 euros por su innecesaria e impuesta intermediación. Ese dinero, procedente de las arcas públicas, se la repartieron los tres socios de la empresa en 40 pagos en efectivo que eran contabilizados en las cuentas de la compañía como abonos a sociedades instrumentales de los propios acusados por servicios ficticios, compras personales y consumos en restaurantes o como cobrado en b.
El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudicó, en 2006, a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped de la instalación deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que también carecía de capacidad para ejecutar ese trabajo, lo subcontrató a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de González logró por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 20%. En total. 123.752 euros. El reparto de este dinero entre los tres socios también se hizo mediante entregas de dinero en efectivo camufladas con facturas falsas y con la compra de un vehículo de alta gama para Pablo González, el hermano del expresidente madrileño.
La diferencia de penas entre las partes es fruto de la diferente calificación de los hechos que hace cada una de ellas. Así, la Comunidad de Madrid considera a González y a los otros cuatro encausados —entre los que están un hermano y un cuñado del expresidente— autores de los delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales y cohecho. Anticorrupción, sin embargo, solo les acusa de dos delitos de cohecho, como el consistorio madrileño y CC OO, mientras que el PSOE le imputa tráfico de influencias con cohecho, prevaricación administrativa y fraude. Tras el auto del juez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que poner fecha a este juicio, que se suma a otras dos piezas del caso Lezo pendientes de ser juzgadas: la referida a la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que González se enfrenta a una petición del fiscal de 8 años de cárcel; y la de la supuesta adjudicación irregular, en 2007, a la empresa OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años de cárcel.
El auto describe la operativa de la trama, en cuya cúspide esta presuntamente González, que en aquellos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II en su condición de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocupó desde 2003 a 2012, cuando asumió la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a él, el relato de los hechos sitúa a Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública y hombre de la máxima confianza de González. Según recogía en su escrito de acusación la Fiscalía ambos aprovecharon “la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos” para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL. Los tres socios de esta empresa eran José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular.
El primero de los contratos presuntamente amañados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama modificó el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitación como obligaba la ley al suponer un incremento cercano al 38% del presupuesto inicial, acordó con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte de ellos, valorados en más de 3 millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid pese a que esta no tenía capacidad para realizarlos.
De hecho, Tecnoconcret subcontrató a su vez aquellos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobró presuntamente una comisión del 8%, obteniendo así supuestamente un beneficio de 381.029 euros por su innecesaria e impuesta intermediación. Ese dinero, procedente de las arcas públicas, se la repartieron los tres socios de la empresa en 40 pagos en efectivo que eran contabilizados en las cuentas de la compañía como abonos a sociedades instrumentales de los propios acusados por servicios ficticios, compras personales y consumos en restaurantes o como cobrado en b.
El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudicó, en 2006, a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped de la instalación deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que también carecía de capacidad para ejecutar ese trabajo, lo subcontrató a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de González logró por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 20%. En total. 123.752 euros. El reparto de este dinero entre los tres socios también se hizo mediante entregas de dinero en efectivo camufladas con facturas falsas y con la compra de un vehículo de alta gama para Pablo González, el hermano del expresidente madrileño.