EL PAÍS
El laberinto de Orozko
La sentencia por un crimen deja insatisfechos a la familia la víctima y a los condenados
Eva Larrauri
Bilbao - 10 ENE 1993 - 00:00 CET
Casi 12 años han sido insuficientes para poner el punto final al crimen de Orozko. Superadas la tortuosa tramitación del sumario y las dos semanas de juicio, la sentencia dictada por la Audiencia de Bilbao no ha satisfecho ni a la familia de la víctima ni a los inculpados. Los recursos retrasarán años la resolución por el Supremo de la muerte de Aureliano Letona, un guarda forestal que en 1981 fue arrojado sin vida a un río después de ser golpeado y vejado en una juerga en Orozko (Vizcaya). Ocho de los procesados han sido condenados por un delito de imprudencia temeraria, siete de ellos a una pena de un año de cárcel y el otro a seis meses de arresto. Estas conductas no han sido las únicas censuradas por el tribunal: la sentencia critica la actuación de la Ertzaintza y del juez instructor. La viuda de Letona, María Carmen López de Gereñu, una mujer menuda que ronda los 50, no quiere hablar, de las circunstancias que rodearon la muerte de su marido ni de las consecuencias que ha tenido sobre la convivencia con el resto de los vecinos de Orozko, un pueblo de cerca de 2.000 habitantes, mayoritariamente dedicados a la explotación forestal y ganadera. "Sólo pido justicia. El que lo ha hecho que lo pague, y que lo pague con cárcel", dice. "Todos los que saben lo que pasó han escurrido el bulto y han cerrado el pico".
Letona vivía con su esposa y su hija Yolanda, de 10 años, en un modesto caserío del barrio de Ibarra, en Orozko, cuando, el 5 de febrero de 1981, su cadáver apareció en la orilla de un río cercano, medio desnudo y con señales de violencia. Tenía entonces 55 años.
La sentencia ha considerado probado que en la madrugada de aquel día, mientras en Ibarra se celebraba la fiesta de Santa Agueda, un grupo de personas -formado por los ocho condenados, un hombre ya fallecido y dos más sin identificar- convirtió a Letona en el blanco de sus pesadas bromas. Recibió golpes y múltiples vejaciones. La víctima trató de huir, pero se lo impidieron.
El forcejeo acabó cuando uno de los integrantes del círculo que rodeaba a Letona -el tribunal no ha podido precisar quién fue- le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto duro. Cuando trataron de trasladar al guarda forestal a un hospital, era ya muy tarde. Letona falleció en el camino y entonces, los agresores decidieron abandonar el cadáver en un río cercano, según relata la sentencia. En 1981, la Guardia Civil inició las investigaciones sin lograr avance alguno. Seis años después de la muerte de Aureliario, un grupo experimental de la Ertzaintza se hizo cargo del caso, bajo la dirección del juez titular de un juzgado de Durango (Vizcaya). Una veintena de agentes reabrió la investigación y llegaron hasta Mariano Urquijo, cuyas declaraciones le llevaron al banquillo junto a los otros 10 procesados. Urquijo ha visto reducida su condena a seis meses por "facilitar la acción de la justicia". Sombras en la instrucción. El éxito de la actuación policial ha quedado, sin embargo, ensombrecido por la forma en la que se desarrolló la instrucción. A lo largo de la vista oral, los procesados y los testigos se retractaron de sus declaraciones inculpatorias y acusaron a la Ertzaintza de ejercer presiones para conseguir que apoyaran su versión de los hechos. Nadie vio nada raro; ante el tribunal, todos los testigos recordaban una noche sin violencia en la que celebraron comiendo y bebiendo la noche de Santa Águeda.
La sentencia ha declarado nulas las declaraciones ante la policía y su ratificación judicial debido a que se cometieron "graves infracciones del sistema de garantías". Las actuaciones han constituido, dice la resolución judicial, "un diseño acabado de lo que no debe ser una investigación judicial". El ponente, el magistrado Joaquín Giménez, ha criticado de forma severa las irregularidades cometidas por la Ertzaintza y extiende la responsabilidad al juez instructor. "La autoridad judicial no pudo ser ajena a la desmesura y extremosidad de la instrucción sumarial, en la medida en que también en sus propias actuaciones se observa lo mismo".
La sentencia rechaza los prolongados interrogatorios, la confusión entre la tramitación del atestado policial y las diligencias judiciales, y la existencia de largas conversaciones entre los agentes y los testigos previas a la toma de declaraciones. Pero aún hubo más irregularidades censuradas por el tribunal: algunos interrogatorios en los que aparecían datos incriminatorios continuaban sin presencia de abogado y sin informar al testigo sobre sus derechos constitucionales.
Finalmente, la condena se ha sustentado sobre el testimonio de Urquijo, una única prueba de cargo. Sobre ella se ha sustentado la condena de Ángel Guerrero, Juan Antonio Urraza, Julián Olabarría, Antón García de Cortázar, Lorenzo Manzarbeitia, Joseba Arbaiza, Leandro Ereño y del propio Urquijo, por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, de autoría compartida. Otros tres procesados han sido absueltos.
La Audiencia de Vizcaya ha establecido el pago de una indemnización de 25 millones de pesetas a la familia de Letona, una cantidad sensiblemente inferior a la solicitada por la fiscal y los letrados de la acusación particular.
"¡Qué me va a parecer! Poco. Poco por haber destrozado una familia", dice la viuda. En la fijación de esta cantidad, el tribunal ha tenido en cuenta el perjuicio psíquico sufrido por Yolanda Letona y también las posibilidades reales de los procesados de atender efectivamente al pago "como medio de obtener un resarcimiento efectivo". El dinero es, tras más de 11 años de espera la única respuesta que puede ofrecer el sistema penal después de tan dilatada instrucción de la causa", se afirma en la sentencia.
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