Corrupción en España más allá de la politica

[laseca]

Hacienda descubre con drones y satélites 21.000 nuevas construcciones irregulares en la Región
LA CRÓNICA
Miércoles, 27 de Julio de 2016


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Imagen aérea captada por drones de Hacienda
Hacienda ha descubierto en la Región de Murcia 49.821 inmuebles que no habían tributado, y lo ha hecho gracias a un rastreo desde el aire por satélite y drones. El rastreo que se ha hecho en más de 4.340 municipios. En la Región han descubierto 20.924 nuevas construcciones que no habían sido legalizadas en un principio. Además, se han detectado un total de 7.473 piscinas construidas de forma clandestina. El 15% de las infracciones detectadas en la Región de Murcia consisten en piscinas sin declarar por sus propietarios.

Este dato forma parte del balance que la Dirección General del Catastro ha remitido al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y que describe la investigación como altamente eficaz al haber superado las expectativas en un 24% más de lo previsto en toda España.

Unos 6.331 Ayuntamientos han recurrido al Catastro, el organismo que registra las características de todos los inmuebles, para descubrir las construcciones irregulares que los ciudadanos no han declarado y por las que deberían pagar los correspondientes impuestos (IBI, plusvalías...). Hasta la fecha este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha contribuido a regularizar a partir de las imágenes obtenidas con satélites y otras fotos aéreas 1,7 millones de edificaciones de más de 4.300 consistorios. El proceso extraordinario de regularización catastral se abrió en 2013, cuando el Gobierno permitió legalizar las construcciones a cambio de una tasa de 60 euros. Desde entonces, la recaudación del IBI ha subido en 1.254 millones.

El Catastro viene realizando esta investigación desde 2014 mediante fórmulas tecnológicas sin precedentes en España y, tras descubrir fraude en los citados inmuebles, ha generado una recaudación extraordinaria en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 1.254 millones, según el balance oficial del Ministerio, lo que ha beneficiado sobremanera los ingresos municipales.

En concreto, para las arcas de la ciudad de Murcia el descubrir estas construcciones y legalizarlas ha supuesto todo un balón de oxígeno: son 59,2 millones los recaudados ahora sólo por el ayuntamiento murciano.

El impuesto del IBI ha sido clave para los ayuntamientos en los años de crisis, hasta representar la mitad de los ingresos que obtienen las corporaciones y convertirse en esenciales para que éstas registraran un superávit inalcanzable hasta ahora para la Administración Central y las comunidades autónomas.

Andalucía, a la cabeza

En términos absolutos, la comunidad autónoma donde más fraude se ha descubierto hasta ahora es Andalucía, con 373.224 inmuebles regularizados, seguida de Galicia con 213.017 y Castilla y León, con 164.141. Pero en proporción, encabeza la clasificación Aragón, donde el fraude equivale al 16,87% de los inmuebles; por encima del 15,37% en Galicia y 14,29% en Castilla-La Mancha. No obstante, en Hacienda señalan que el rastreo se ha producido en muchos casos a petición de los municipios y, por ejemplo, se han analizado en Aragón casi tantas localidades como en Andalucía, pese a la diferencia de población. Las comunidades de País Vasco y Navarra, con régimen fiscal diferenciado, han quedado fuera de la investigación.

La operación no ha terminado. A los más de 4.000 municipios ya terminados o cerca de concluir en toda España, hay que añadir otros 1.721 iniciados por el Catastro, que está vigilando vía satélite y con drones 6.331 municipios en los últimos dos años y medio, destacaron desde Hacienda

 

[Batuca]

Jeje, ya lo he dicho muchas veces. En un país de timadores, no se q esperamos d los q gobiernan, sino q sean los timadores superiores. Por eso me niego a ir a manifas donde gente d este corte grita a pleno pulmón q no hay pan para tanto chorizo, cuando ellos tb le están dando al asunto timándonos a todos al escamotear ingresos d los Ayuntamientos.


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[Anónimo Veneciano]

Quien mas y quien menos conoce a alguien que construyó sobre la azotea y no lo declaró porque, bueno, como no se ve desde la calle... Ahora resulta que se ve desde el aire, y Hacienda, que para cobrar es muuuy eficiente, ha hecho uso no ya de fotografía aérea, sino de drones. Y claro...

No obstante y aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, he de decir que de esta noticia me ha sorprendido, porque lo desconocía, que si te construyes una piscina en la parcela has de declararlo al catastro porque afecta a la valoración. Sospecho que a mas de uno le ha pasado lo mismo, que no ha declarado la pisci por ignorancia (aunque quizás, sabiéndolo, tampoco lo habría hecho....). Pensándolo bien, tiene sentido, porque el valor de parcela con chalet o parcela con chalet con piscina no es el mismo. Ahora me pregunto si también tienes que declarar en caso de hacerte una pista de pádel (imagino que yes, ya puestos).

Edito para añadir que ahora Hacienda puede considerar otro lema, habida cuenta de lo desvalorado que ha quedado el "somos todos" con el caso Noos. Claro que el que se me ocurre es un tanto "orwelliano" y vendría a ser "Hacienda lo ve todo..."

 

[karolaina93]

Yo es que me parto, un dron de hacienda, es que me veo en la situación, en la terrazita del ático que le he sacado sabiamente al tejado (ático que no tengo, por si acaso) tomandome un mojito y de repente un dron de hacienda....... es que es buenísimo

 

[Anónimo Veneciano]

Jaaa.

Pero el drone deberia llevar el símbolo (la estilizada A en tres colores) y debajo la leyenda "A.E.A.T", para que uno sea plenamente consciente de haber sido pillado con el carrito del helado...bueno, en este caso, con el mojito helado, jaaaaa

 

[karolaina93]

Jaaa.

Pero el drone deberia llevar el símbolo (la estilizada A en tres colores) y debajo la leyenda "A.E.A.T", para que uno sea plenamente consciente de haber sido pillado con el carrito del helado...bueno, en este caso, con el mojito helado, jaaaaa

y agarras la escoba a ver si le das y te pones a perseguir al dron y luego lo suben a youtube,
en breve no vamos a ver el sol pues el cielo estará lleno de drones para llevarte la compra, hacienda, amazon, drones del salvame de lus, drones del ejercito, de la policia, de la vecina del 5º...........

 

[Anónimo Veneciano]

Ché, que si te cargas el chisme estás cargándote un bien de titularidad pública... uy uy uy, cómo se puede llegar a embrollar la cosa...

 

[laseca]

La Iglesia católica y la exención del IBI en Granada
Juan A. AguileraPublicada 28/07/2016 a las 06:00Actualizada 27/07/2016 a las 21:37


Después de varios años reclamando información sobre las exenciones del IBI, Granada Laica al fin recibió en 2016, a través de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Granada, un listado con las relaciones de bienes de la Iglesia católica exentos del IBI. Esta información era muy incompleta, pero unida a la relación del total de exenciones que había recibido el grupo municipal de Vamos Granada, ha permitido a la asociación realizar un arduo trabajo de campo investigando en el catastro la localización de los inmuebles, y visitándolos uno a uno para determinar sus usos y propietarios. En resumen, tenemos en Granada:

Total de inmuebles exentos de IBI: 918.
Superficie total exenta: 2.759.613 metros cuadrados.
Monto de la exención anual total: 5.975.651,27 euros.


Las principales exenciones del IBI en Granada capital quedan como siguen:

Como vemos, la Iglesia (una entidad privada) es, con diferencia, la principal beneficiaria de las exenciones, sólo seguida a gran distancia por instituciones públicas.

Cabe destacar que los bienes eclesiales exentos del IBI incluyen numerosas propiedades residenciales y otras ligadas a actividades lucrativas y negocios, que no encuentran fácil justificación para su exención fiscal, incluso dentro de la obsequiosa legislación actual. Como los 68 pisos o viviendas independientes de las parroquias, los 24 locales comerciales (algunos en edificios parroquiales o conventuales). Además, la Iglesia alquila complejos de edificios (exentos de IBI) al propio Ayuntamiento; solo por el local que sirve como oficina de los Servicios Sociales del Albayzín, el municipio ha tenido que pagar 40.000 euros y un alquiler anual de 36.000 euros. Quienes pagan por utilizar populares aparcamientos en el Albayzín y en el Realejo, seguramente ignoran que abonan los tickets a una Iglesia que hace un negocio redondo al verse eximida del pago de más de 36.000 euros anuales de IBI por esos locales.

Los ejemplos de multiplican: el Hotel Maciá-Monasterio de los Basilios (de los Escolapios), se ahorra 20.144 € anuales, las residencias Claret de los Hermanos Claretianos más de 31.000 euros, varios Colegios Mayores (como el Albayzín, del Opus) más de 22.000 euros cada uno, etc., etc., etc. Encontramos muchos establecimientos no amparados por ninguna de las normas que regulan las exenciones del IBI, salvo que algunos se camuflen al amparo de un templo o centros de enseñanza adyacente.

Sumemos a lo dicho los casos de cesión municipal de suelo, como el del Centro de Magisterio de la Iglesia (hoy también centro de oposiciones y de formación profesional), dependiente del Arzobispado de Granada, que disfruta una parcela municipal de 8.888 metros cuadrados… y una exención de IBI de más de 70.000 euros anuales.

Con todo, Granada Laica considera los datos obtenidos sóloun avance o primera aproximación a la situación real, aunque permite realizar un diagnóstico claro sobre la exención fiscal del IBI en Granada.

Granada Laica se ha reunido con el Gobierno local, al que ha informado del trabajo y de los resultados obtenidos… a pesar de la precariedad de datos aportados por la Administración.

En primer lugar, se le ha hecho saber que hay bienes de los que, incluso con la generosa normativa actual, no se comprende el motivo de la exención, por lo que se reclama al Ayuntamiento una revisión del ajuste a la legalidad de todas las exenciones, y que se eliminen las ilegales.

En segundo lugar, se plantea que sea el propioAyuntamiento quien realice este estudio con toda la información de las Administraciones.

En tercer lugar, le exigimos que dé información pública de todo ello para que la ciudadanía tenga conocimiento real de este privilegio.

Y, por último, dado que estas exenciones están amparadas en diferentes normas legales (Ley de Haciendas Locales, Ley de Mecenazgo y Acuerdos con la Santa Sede, y otras confesiones), pedimos al Ayuntamiento que apruebe una moción para que el Congreso de los Diputados adopte las iniciativas legislativas necesarias para anular esos acuerdos y modificar esas leyes, que amparan esta desigualdad tan injusta.

El equipo de Gobierno se ha comprometido en los cuatro puntos.

Por último, cabe destacar que Granada Laica ha llevado a cabo durante abril y mayo una campaña informativa y de recogida de firmas en la calle contra las exenciones del IBI. Como resultado, más de 5.000 personas han reclamado que tanto la Iglesia católica como otras confesiones religiosas y entidades privadas paguen este impuesto, al entender que se trata de un inicuo privilegio fiscal que genera una injusta desigualdad frente al resto de la ciudadanía que está obligada a su pago

 

[laseca]

http://www.elconfidencialdigital.co...lanco-comprometedoras-Rozas_0_1741625826.html

NO ES UNA NOTICIA NUEVA.
Pero ya que se habla de esto :

José Blanco @pepeblancoEP
Cuanto postureo. @Pablo_Iglesias_ va a los premios Goya de esmoquin y pajarita y a la audiencia con el Rey en mangas camisa . Jbl

Me he acortado de Blanco y sus problemillas que taparón ¿con dinero?
Nuevo problema para José Blanco: circulan fotografías comprometedoras de una fiesta en la piscina de su chalet de Las Rozas. Un particular pide dinero por publicarlas

Verano de este mismo año. José Blanco organiza una pequeña fiesta en su casa. Están presentes, entre otros, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte. Uno de los invitados se dedica a hacer unas fotos comprometedoras con su teléfono móvil. Este particular ahora está ofreciendo las imágenes a medios de comunicación a cambio de dinero.

La celebración tuvo lugar en el chalet particular del entonces portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, situado en el municipio madrileño de Las Rozas. Según personas que conocen la propiedad, se trata de un edificio relativamente ostentoso, de gran superficie, con detalles decorativos de alto estanding, como por ejemplo paredes de pizarra.

Era un día de mucho calor. Blanco estaba solo en el domicilio porque su familia se encontraba fuera. El anfitrión quiso que unos amigos pudieran disfrutar de las magníficas instalaciones con que cuenta la vivienda, y en concreto les invitó a que se dieran un chapuzón en la piscina. Fue entonces cuando se produjo el embarazoso momento.

Según ha sabido El Confidencial Digital, uno de los invitados se dedicó a fotografiar con la cámara de su teléfono móvil lo que allí estaba sucediendo. Hizo fotos a José Blanco en el entorno de la piscina. Y también a Jorge Alarte. Y se marchó sin decir nada a nadie.

Visitas a medios

Ahora, varios meses después de lo sucedido en el chalet del ministro y portavoz, José Blanco ha tenido conocimiento de que ese ‘invitado’ está recorriendo varios de los principales medios de comunicación de España para intentar vender esas imágenes.

Según los datos de que dispone ECD, al menos tres han recibido este ofrecimiento y por tanto han podido ver las fotografías: El Mundo, Interviú y una televisión.

Las fuentes consultadas aseguran que se trata de instantáneas “comprometedoras”.

Blanco teme que se publiquen

José Blanco ha comentado a sus más directos colaboradores que esas imágenes podrían hacerle mucho daño.

Algunos de sus confidentes han sido compañeros del Gobierno, a quienes les ha confesado que tiene “miedo” a que las fotos salgan a la luz en la portada de algún periódico.

El propio Blanco sospecha que algún medio de comunicación ya ha adquirido dichas fotografías, pagando por ellas una importante suma de dinero. Ha comentado a los suyos que, además, algún director podría chantajearle con las imágenes.

¿Quién tiene las fotografías?

José Blanco sabe a la perfección quién es la persona que está ofreciendo las fotografías a los periódicos a cambio de dinero. Pero no es el único que conoce la identidad de este particular. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en una de sus cartas dominicales dio varias pistas.

Esto fue lo que escribió Pedro J. en su ‘pastoral’ del pasado 30 de octubre:

-- Un amigo mío estilista me llamó apenas se difundió el vídeo [editado por el PSOE y que ridiculizaba al PP] para contarme una curiosa historia que comenzó el año pasado cuando coincidió con el ministro de Fomento en una tienda de ropa. Blanco le abordó muy amable y pegaron la hebra de la conversación. A los ministros, como a los periodistas, nos conviene ampliar el perímetro de nuestras relaciones para salir de la endogamia en que vivimos. Blanco tuvo buen ojo porque mi amigo -percha espléndida al margen- es simpático, inteligente y con criterio sobre casi todo.

-- El ministro le preguntó sobre su situación laboral y cuando le dijo que estaba en el paro, prometió conseguirle un trabajo en alguna producción de Telecinco. Almorzaron o cenaron un par de veces. Pensando tal vez en captarle para su causa, el vicesecretario del PSOE organizó una noche en su casa de Las Rozas un encuentro con el líder del socialismo valenciano Jorge Alarte. Mi amigo no ha olvidado aquella velada de alto voltaje político.

-- Era verano, hacía calor. Alarte se dio un chapuzón en la piscina. Llevaba un traje de baño muy original. Blanco estaba de buen humor y ejercía de báculo político del valenciano. La sintonía entre ellos no podía ser más estrecha. A la hora de la cena repasaron la escena nacional desde la perspectiva del PSOE. Blanco estaba entusiasmado con la candidatura de Trinidad Jiménez a las primarias de Madrid y el otro hacía de palmero. Mi amigo les echó un jarro de agua fría comentando que esa mujer pretendía dar una imagen que no se correspondía con su verdadera personalidad y se le notaba mucho. Blanco y Alarte despellejaron a Pajín y lanzaron pullas contra Carmen Chacón. Su ídolo era ya Rubalcaba. ¿Maniobrero y peligroso? No, hombre no, eso piensan los que no le conocen…

-- “Parecían dos chiquillos de catorce años, haciendo planes. Oyéndolos hablar así se me cayó el alma a los pies, el nivel era bajísimo. Pensé que en qué manos estamos”. Era la decepción del ciudadano de a pie al asomarse a las miserias de la clase gobernante. Mi amigo había leído con atención las recientes informaciones de Casimiro García-Abadillo, y tanto la escena de la gasolinera con Dorribo con su do ut des –‘Si tú te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo…’-, como el momento en que Blanco hace una llamada para resolverle a Orozco un problema en el aeropuerto de El Prat le han recordado cosas que oyó plantear al titular de Fomento en relación a asuntos de naturaleza diferente.

-- Pero la escena que se le quedó especialmente grabada y ha aflorado ahora con una mezcla de estupor e indignación en su memoria fue el momento en que Blanco le enseñó orgulloso una fotografía. Estaba en el salón-comedor de la planta baja sobre una cómoda junto a la chimenea, rodeada de imágenes del ministro con diversas personalidades. Tenía el marco marrón y mostraba a dos niñas vestidas de ballet. “¿Son tus hijas?” “Sólo ésta, la otra es la hija de Genoveva Casanova. Van juntas al Británico”.

Ya entonces mi amigo se quedó atónito al comprobar lo ufano que se sentía el prohombre socialista de que su familia hubiera podido entablar relación, a través de las niñas, con la ex de Cayetano Martínez de Irujo. “Ha venido a casa alguna vez. Es elegante, simpática, muy culta…”.

Así pues, el ‘particular’, el testigo de la escena de la piscina en el chalet de José Blanco, es, se deduce, un estilista que le vendió algún traje. Dicho estilista contactó con Pedro J. y le comentó la escena. El periodista la publicó de modo parcialdeslizada en una crítica hacia José Blanco y el PSOE

 

[Batuca]

A ver, que hay tal cerrazón con la Iglesia Católica que a alguno se le va la pinza con las reivindicaciones... O, bueno, si se le va, que se le vaya con todos los que no pagan, jajaja.

Lista completa (y muy larga) de todos los que no pagan el IBI en España
POR ÁLEX MEDINA R.
29/05/2012 - 06:00

Ni dios, ni patria, ni rey; lo de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles en España es cosa de los simples mortales. El Partido Socialista ha destapado una guerra de acusaciones entre Iglesia, sindicatos, partidos, embajadas y todo tipo de entidades sin ánimo de lucro a cuenta de la antigua contribución municipal. Pero, ¿quién tiene que pagarlo y cómo esquivan su pago los que no tienen que hacerlo?
Uno de cada dos euros que ingresan los ayuntamientos españoles gracias a sus tributos propios se debe al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Si a la cifra se le suman las transferencias del Estado por financiación local la cifra se diluye a uno de cada seis.

En total, los municipios de toda España llenan cada año sus arcas públicas con 10.000 millones de euros procedentes de esta contribución, según los últimos datos en poder del Ministerio de Hacienda, la fuente de euros más importante del poder municipal.

Así que no es de extrañar que el debate sobre quién y cuánto se paga de IBI en España haya levantado tamaña polvareda y se hayan mezlcado conceptos de todo tipo.

Pero, ¿quién paga el IBI? ¿Qué ley regula su aplicación? ¿Hay otras excepciones además de la que dice la norma? ¿Cómo se escapan algunas instituciones de su cobro?

La respuesta general pasa por que la Iglesia sólo paga el IBI cuando un inmueble de su propiedad que se encuentre cedido genere un beneficio.

Los sindicatos, por su parte, lo hacen sobre los locales de su propiedad. Lo que ocurre es que, según fuentes sindicales, la inmensa mayoría de sus dependencias pertenecen a Patrimonio del Estado, aunque ellos gozan de su cesión gratuita. De esta forma, el Ministerio de Empleo es quien se encarga de pagar el IBI de estos inmuebles.

El tercer gran bloque de polémica se ha centrado en los partidos políticos. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba afirmaron ayer que Génova y Ferraz cumplen con el Ayuntamiento de Madrid respecto a sus sedes principales, pero hasta el presidente del Gobierno no puso la mano en el fuego por todas sus sedes.

Porque también es verdad que, en el caso de que un local esté adscrito a una fundación o sociedad sin ánimo de lucro ya queda fuera de la obligación de pago. Eso incluye desde las organizaciones vinculadas a los partidos hasta la SGAE, pasando por ONGs y asociaciones sociales.

¿Cómo se llega a esta situación?. Lo primero de todo es la ley básica. Y la del impuesto más importante de la contribución local (como la de todos los tributos municipales) se recoge en el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sin embargo, esta norma no es la única a tener en cuenta. También hay que tener encima de la mesa la Ley de Mecenazgo de 2002 y el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979.

La llamada Ley de Haciendas Locales recoge en su artículo 62 las exenciones aplicables exclusivamente al Impuesto de Bienes Inmuebles, estableciendo que están libres de su cobro los siguientes casos:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos o penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

(Es decir, desde comisaría a bibliotecas, pasando por cuarteles y todo lo que pertenezca al Ministerio de Defensa).

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos por el Acuerdo con la Santa Sede. Pero también los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.

(Lo que significa que mezquitas o sinagogas, por ejemplo, tampoco pagan).

(¿Y qué dice el acuerdo de la Santa Sede? Que están exentos de cualquier impuesto municipal "los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas; los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas; y los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada").

(Un ejemplo práctico de lo que supone la Iglesia para el IBI: en Cádiz, una ciudad donde el listado de contribuyentes apenas cambia porque no hay especio físico para construir, lo que el Ayuntamiento deja de ingresar por IBI por culpa de la Iglesia asciende a casi 200.000 euros, según recoge Diario de Cádiz. El total de lo que no se recauda por todas las exenciones ascendería a 2,5 millones, con lo que las propiedades eclesiásticas suman el 8% de la merma).

Al loro, la Iglesia deja de pagar 200.000 euros de 2.500.000 euros... Así que me parece que la solución no solo pasa por hacer pagar a la Iglesia, ¿no?

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Aquellos que, en virtud de acuerdos internacionales, dejen como exentos los edificios pertenececientes a gobiernos extranjeros que se destinen a representación diplomática, consular o acción oficial.

f) La superficie de montes poblados con especies de crecimiento lento, cuyo aprovechamiento sea la madera o el corcho.

g) Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en ellos, siempre y cuando sean estaciones, almacenes o servicios indispensables para su explotación.

(Los bares de estación, así como otros establecimientos lucrativos, viviendas de empleados o las oficinas de la dirección sí que pagan el IBI).

Todo lo anterior es una exención de hecho y directa.

Además, existe la posibilidad de que, previa solicitud, queden exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo.

(Las universidades, por su parte, no están gravadas por el IBI si así lo piden).

b) Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico y que sean parte del Patrimonio Histórico Español.

Y, por último, cada Ayuntamiento podría desarrollar una ordenanza fiscal para dejar fuera de cobro a los centros sanitarios.

La trampilla de la Ley de Mecenazgo

Por si no fuera poco con todo lo anterior, que deja fuera de tributación colegios, cuarteles, hospitales, iglesias, comisarías, estaciones de tren, consulados o centros universitarios, el Partido Popular aprobó en 2002 la Ley de Mecenazgo, por la que se incluye una exención en los tributos locales de todas las entidades acogidas a esta norma (y que deben comunicárselo a los municipios).

¿Y quién se acoge a esta ley? Las siguientes figuras: las fundaciones; las asociaciones declaradas de utilidad pública; las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Cooperación Internacional para el Desarrollo; las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones; las federaciones deportivas españolas y sus divisiones territoriales y el Comité Olímpico Español; y las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos.

Una lista que termina incluyendo a casi cualquier organización, ya sea una ONG hasta una fundación de una gran empresa o partido político.

http://noticias.lainformacion.com/e...agan-el-ibi-en-espana_4NYQgWkRvAXKV2HOWuvzR1/

Ejem.....

 

[laseca]

• DESDE 2014 CRUZ ROJA HA OBTENIDO 237.000 BOLSAS
  El 'negocio' de la sangre: Madrid ha pagado ya 16 millones a Cruz Roja por extracciones
  Desde 2014, la Comunidad abona 67 euros por cada bolsa de sangre que la entidad obtiene en la calle. Los trabajadores públicos han llevado al Tribunal Supremo el convenio firmado
  
  
  
  Una donante de sangre
  DAVID FERNÁNDEZ
  
  02.08.2016 – 05:00 H.
  
  El 20 de diciembre de 2013, la Comunidad de Madrid firmó un convenio con Cruz Roja para que esta realizara las campañas de colecta y extracción de sangre en las calles, las universidades y los centros de trabajo. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 2014 (tiene una vigencia de seis años). Desde entonces y hasta el 31 de julio de este año el Gobierno regional ya ha desembolsado 16 millones de euros a esta institución, ya que paga 67 euros por bolsa de sangre. La Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), que antes de la firma se encargaba de las campañas externas, ha llevado "este convenio de privatización" a los tribunales (ha presentado un recurso ante el Supremo) porque asegura que es un acuerdo arbitrario, innecesario y gravoso para las arcas públicas, y que se incumple todos los meses, ya que las donaciones son siempre inferiores a lo pactado inicialmente.
  
  [Fotogalería: ¿Qué hay detrás de una donación de sangre?]
  
  Iñaki Aguirre Muñoz, director gerente de la Unidad de Extracción de Sangre para la Donación de Cruz Roja, señala que "no estamos ante una privatización, sino ante una colaboración. Nuestro centro de donación fue creado en 1960 y el Centro de Transfusión de la Comunidad en 1988. Nosotros somos una institución de carácter voluntario y de interés público y firmamos el convenio con el Gobierno regional para evitar duplicidades. Ellos intentar obtener las donaciones en los hospitales y nosotros, en la calle. No hay ningún tipo de negocio con la sangre, ni ningún incumplimiento. El convenio es dinámico y la consejería de Sanidad fija cada año las bolsas de sangre que debemos intentar obtener". Desde 2014 a julio de 2016, Cruz Roja ha obtenido 237.000 bolsas.
  
  Los trabajadores públicos no lo ven así. "La Comunidad de Madrid renunció a gestionar la donación de sangre en la calle, cedió sus medios y sus vehículos a Cruz Roja y, además, le paga por ello. Mientras, los trabajadores que antes se encargaban de hacerlo fuimos dispersados y recolocados de forma arbitraria", señalan desde Adecetma, que lleva dos años y medio de movilizaciones y litigios judiciales. El pasado 12 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso interpuesto por la asociación contra el convenio. "Pero sin entrar en el fondo del asunto. Es decir, el tribunal no se pronunció sobre si este acuerdo fue arbitrario e innecesario, gravoso para los trabajadores y para las arcas públicas, y un subterfugio destinado a financiar a una entidad privada. Solo entendió que los trabajadores no tenemos legitimidad para recurrirlo, que no somos parte interesada". Adecetma ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo y ha iniciado una campaña de 'crowdfunding' para seguir litigando. Ya han obtenido el 35% del dinero necesario.
  
  
  
  
  Protestas por el convenio con la Cruz Roja
  Los trabajadores del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid calculan que en los seis años de vigencia del convenio Cruz Roja podría percibir en torno a los 52 millones de euros, "entre los que están incluidos los 8 millones que Cruz Roja recibe de material por parte de la Comunidad de Madrid" para realizar las extracciones. El Gobierno regional facilitará 24 equipos Hemocue, 240.000 microcubetas, 774.000 etiquetas, 4.400.000 tubos, 774.000 bolsas con filtros para extracción... Además, la Comunidad de Madrid cede a Cruz Roja dos furgonetas y seis unidades móviles. "En el expediente administrativo del convenio no existe documento alguno que valore económicamente todo este material que será entregado a Cruz Roja. Nosotros calculamos 8 millones", explican desde Adecetma.
  
  Los trabajadores se preguntan por qué se fijo 67 euros por bolsa de sangre, y no 70 o 45 euros: "no existe ningún documento que justifique o explique la fijación de un precio de 67 euros por bolsa. Los documentos del expediente del convenio toman esta cifra con referencias vagas, difusas e insuficientes. No hay análisis económico, ni explicación detallada de los costes", según Adecetma. La Comunidad fijó en 2013 "los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria", y estipuló en 95 euros la bolsa de sangre. "Cómo Cruz Roja ya recibe material y vehículos por parte de la Comunidad, se fijó en 67 euros el coste que nosotros tenemos por realizar esta función", señala Iñaki Aguirre, que asegura no entender la razón de los trabajadores públicos para denunciar el convenio y explica que Cruz Roja ha cerrado sus laboratorios, porque ya no hace trabajos de procesamiento de sangre, sino de colecta y extracción.
  
  31.000 bolsas menos de las previstas en dos años
  El convenio asegura que "serán causas de resolución el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones establecidas en el mismo". Las cifras facilitadas por los trabajadores públicos revelan que Cruz Roja no ha podido cumplir hasta ahora las previsiones establecidas. En 2014 Cruz Roja se comprometió a obtener 74.000 bolsas de sangre. Como operativamente se empezó en marzo de 2014, tenía que entregar finalmente 60.500, aunque solo obtuvo 52.463 bolsas. A 67 euros cada una, la Comunidad pagó 3,5 millones de euros.
  
  En 2015 el compromiso de Cruz Roja fue de 140.000 bolsas. Al final entregó 117.072 unidades, según Adecetma; 117.045, según Cruz Roja. A 67 euros cada una, la Comunidad pagó otros 7,8 millones de euros. En estos dos años el incumplimiento es de 31.000 bolsas. Para 2016 el compromiso es de 120.000 bolsas. En los siete primeros meses del año Cruz Roja había obtenido 68.164 bolsas (4,5 millones de euros), 4.500 menos de las previstas.
  
  
  
  
  Javier Fernández-Lasquetty, el consejero de Sanidad que firmó el convenio con Cruz Roja.
  El convenio establece la forma de pago: la Comunidad abona mensualmente "a cuenta" el 95% de la doceava parte del importe anual previsto. Es decir, que Cruz Roja cobra cómo si consiguiera el 95% de las bolsas que tiene fijadas, independientemente de que las consiga o no. En 2015, por ejemplo, Cruz Roja cobró cómo si hubiera entregado 11.083 bolsas al mes cuando nunca alcanzó esa cifra. El mejor mes fue noviembre de 2015 con 10.944 unidades. Al final del año se produce una regularización, ya que Cruz Roja percibió por adelantado más de lo que le corresponde, a tenor de los datos.
  
  Cruz Roja también se comprometía a entregar al año 1.200 unidades de aféresis multicomponentes también a 67 euros la unidad. La aféresis es un proceso más engorroso y más caro, una modalidad de donación en la que se separan desde un principio los diferentes componentes de la sangre: los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Según los trabajadores públicos, Cruz Roja no ha entregado en estos dos años ninguna unidad de aféresis. Según la institución, la Comunidad de Madrid le eximió de hacerlo.
  
  Los trabajadores aseguran que también se incumple el convenio en el capítulo de reparto de competencias, ya que la Comunidad a través del Sermas (el Servicio Madrileño de Salud) tiene la competencia para mantener la extracción de sangre en todos los centros y servicios sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid. "Es un hecho que autobuses de Cruz Roja se han situado en numerosas ocasiones en la puerta de alguno de nuestros hospitales públicos. Cada vez que eso ha ocurrido, lo hemos denunciado. Uno de los puntos más llamativos ha sido el de Hospital La Beata María Ana, que es un centro a escasos metros del Gregorio Marañón, dentro del cual se ha instalado en varias ocasiones el autobús de Cruz Roja".
  
  
  
  Ningún responsable sigue en su puesto
  Los trabajadores recalcan que un año después de que se suscribiera el convenio, ninguno de dos firmantes por ambas partes (Comunidad y Cruz Roja) seguían en sus puestos. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, dimitió después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizara el proceso de privatización de algunos hospitales madrileños, iniciado bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre.
  
  Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria, también dejó su cargo en enero de 2014 tras su imputación por la querella que puso la Asociación de Facultativos y Médicos Especialistas (AFEM) por el proceso de privatización. Su firma aparece en el convenio. En el caso de Cruz Roja, la institución destituyó a su presidente en Madrid, Jesús Mora Vázquez, tras la apertura de dos expedientes por la presunta comisión de faltas muy graves. Según publicó la Cadena Ser, se trataba de casos de acoso laboral y contrataciones irregulares de familiares. En abril de 2014, Cruz Roja

 

[IDOLO]

Los jueces acusan a Catalá, Villalobos, Inda y Marhuenda de acoso contra la jueza ‘de los ordenadores de Bárcenas’
Las asociaciones de magistrados también se quejan del “clamoroso silencio del CGPJ” ante las presiones que están ejerciendo sobre la magistrada

AURORA MOYA
@aurora_moya
# Luis Barcenas |Ataques a jueces |CGPJ |corrupción PP |



Mar, 2 Ago 2016

Desde las “intolerables” manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia Villalobos a los exabruptos de los periodistasFrancisco Marhuenda y Eduardo Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire. La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal. Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General del Poder Judicial rechace las presiones.


¿Será posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de que los populares sean procesados como persona jurídica por el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados (entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.


Políticos, tertulianos… todos contra Freire

Así lo señala con indignación en un comunicado la Asociacion Judicial Francisco de Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, amanifestaciones efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde, por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones políticas”.


Los jueces de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.


“En esta ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido repercusión en los medios de comunicación”, continúan.


Intolerable lo de Catalá

La Asociación calfica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno, actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están instruyendo en sede judicial”.


“Tales manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político, constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado lugar a una seria reprobación política y social”.


Y lo de Villalobos aún más grave


Todavía más graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha, atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.


“Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional, pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.


Completando Inda y Marhuenda

Para completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy : “se complementan con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª. Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia política de diferente signo al Partido Popular”.


“Este Comité Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.


Muestran su apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias, muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una esfera de su privacidad que debe ser respetada”.


¿Y el Consejo General del Poder Judicial?

La asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que, en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.


Añaden que también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.


La crítica al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones desacertadas de algunos dirigentes políticos , incluso con sesgo machista, diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.


http://www.elplural.com/2016/08/02/...a-y-marhuenda-de-acoso-contra-la-jueza-de-los