CASO NOOS. Iñaki Urdangarin en la cárcel de Brieva. Voluntariado en Hogar Don Orione. Traslado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García

Compromís pregunta a Fabra sobre Nóos
03.06.2014 | 01:33

El PSPV preguntará al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el próximo pleno de las Corts Valencianes por las medidas ante la crisis; Compromís por si se personará en el caso Nóos tras la imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y EUPV sobre si habrá cambios en las políticas medioambientales.

Desde Compromís, el portavoz, Enric Morera, se interesará por si la Generalitat piensa personarse en el caso Nóos como acusación penal, al igual que hizo en «Cooperación», tras la imputación de Grau en la causa, que se suma a otras «seis personas imputadas relacionas con los contratos firmados con la Fundación Valencia Turismo y la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la posibilidad de que se puedan derivar más imputaciones».
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LLEVABA SEMANAS APLAZANDO SU DECISIÓN
La infanta Cristina dejará de ser Familia Real... y el juez Castro tiene vía libre
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03/06/2014 (05:00)

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La decisión del rey Don Juan Carlos de abandonar el trono deja a su hijaCristina de Borbón al pie de los caballos en el caso Noós. Encontrándose en los días de descuento para que el juez de Palma José Castro decida si finalmente la sienta en el banquillo de los acusados por un delito fiscal por colaborar con su marido Iñaki Urdangarin, la abdicación de su padre la deja fuera de la Familia Real. Cuando Felipe VI acceda al trono, Cristina pasará a ser familia del Rey, pero no Familia Real. Y para el juez, un quebradero de cabeza menos a la hora de plantearse su procesamiento.

Si la ley orgánica que se tiene que aprobar para desarrollar el cambio en la Monarquía no incluye –como dan por seguro todos los expertos– ninguna mención expresa, Cristina seguirá siendo Infanta, al tratarse de un título vitalicio, pero no miembro de la Familia Real, que sólo la forman el Rey, consorte e hijos. Al convertirse ahora en hermana del nuevo Rey, su relevancia en el escalón disminuye. De esta manera, se rebaja la tensión de lo que pueda ocurrir en los próximos días en los juzgados de Palma.

Hace un mes que Castro ha finalizado en la práctica la instrucción del caso Nóos. Sin embargo, fuentes próximas al magistrado señalan que ha acordado alguna diligencia más para ganar algo de tiempo. Es más, el último informe de la Agencia Tributaria requerido no aportaba más datos de los ya entregados. Los inspectores ya han certificado en varias ocasiones que a su modo de ver la Infanta no ha cometido ningún delito fiscal, en contra del criterio del juez, que considera que si Urdangarin defraudó a Hacienda a través de Aizoon tuvo que ser con el conocimiento y consentimiento de su mujer. Esta mercantil es propiedad al 50% del matrimonio y para el juez el desvío de fondos del Instituto Nóos obtenidos ilícitamente a esta sociedad tuvo que producirse con la connivencia de Doña Cristina.

Castro tiene el convencimiento de que la hermana del futuro Rey ha podido cometer un delito fiscal o, por lo menos, ha colaborado en la comisión del delito fiscal de su marido. Sin embargo, no acaba de dar el paso de imputarla y abrir procedimiento abreviado contra ella porque no tiene el apoyo de la Policía, Hacienda ni Fiscalía. El instructor sabe que, en caso de seguir adelante contra la Infanta, su decisión tiene pocos visos de prosperar en un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma porque si la perjudicada, que es Hacienda, asegura que no se ha cometido ninguna infracción es muy difícil que acabe sentada en el banquillo de los acusados junto a su marido y el exsocio de este, Diego Torres.

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La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma. (EFE)
Fuentes del caso aseguran que, con las últimas declaraciones de este sábado, esta pieza separada que emana del asunto Palma Arena está concluida a la espera del auto de procesamiento de Castro. Estas fuentes calculaban que después de haberse practicado las diligencias acordadas en el último momento, el instructor tiene que dar el paso de zanjar el asunto.

Durante la investigación, el magistrado ha llegado a imputar a Cristina de Borbón en dos ocasiones. La primera, como colaboradora de todos los delitos presuntamente cometidos por su marido. Sin embargo, esa tesis no fue aceptada por la Audiencia Provincial de Palma y le ordenaron retirar esa imputación. No obstante, le dejaron la puerta abierta para que se centrara en un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Así, Castro recopiló todos los datos al respecto, hasta que decidió imputarla de nuevo. En esta ocasión, ni la defensa de ella ni la Fiscalía recurrieron la resolución y el pasado 8 de febrero se producía un hecho histórico: una hija del Rey entraba en los juzgados para ser interrogada por un magistrado.

Fuentes próximas a la defensa esperaban que, tras esa declaración, Castro optara por archivar la causa contra Doña Cristina al no haber indicios contra ella. Sin embargo, no ha sido así y desde los círculos próximos al juez se apunta a su intención de seguir adelante hasta el final aunque su indeterminación estas últimas semanas también hace sospechar que al magistrado le están sobrevolando ciertas dudas. Unas dudas que, con la abdicación de Don Juan Carlos y la pérdida de Doña Cristina de su pertenencia a la Familia Real, podrían disiparse definitivamente.
 
En El Mundo


CASO NÓOS

La abdicación se produce semanas antes de que Castro decida si mantiene la imputación de la Infanta Cristina
EUROPA PRESSPalma
Actualizado: 02/06/2014 15:07 horas31
La abdicación del Rey don Juan Carlos se ha producido semanas antes de que el juez José Castro, quien hasta en dos ocasiones ha imputado a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, decida si mantiene el encausamiento de la hija menor del Monarca como cooperadora de los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que incurrió su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la empresa de la que ambos son propietarios, Aizoon.

Se trata de unas pesquisas que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, y que estallaron definitivamente en septiembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. Un entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos de las administraciones públicas por parte de la entidad controlada entonces por Urdangarin y su ex socio Diego Torres.

"Vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos", proclamaba el Rey en su discurso de Navidad de ese año a raíz de las informaciones publicadas hasta entonces en torno un caso de supuesta corrupción que por primera vez afectaba a un miembro de la Familia Real. Días después, Urdangarin era imputado en el marco de estas investigaciones y el 25 de febrero de 2012 descendía la cuesta de los Juzgados de Palma para declarar ante el juez Castro.

Dos años después lo hacía la propia Infanta, cuyo nombre había aparecido dos años antes en el foco de estas pesquisas, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas 'pantalla' que integraban la presunta trama de defraudación.

El hecho de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración de Nóos y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno ahasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y Torres.

La aparición de su nombre ya al inicio del sumario en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa por considerar que pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo.

Días después de la petición de Manos Limpias, la Fiscalía Anticorrupción se oponía al encausamiento de la Infanta al no apreciar indicio incriminatorio alguno que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera, y el 5 de marzo el juez José Castro rechazaba imputarla, en línea de lo argumentado por el Ministerio Público.

Torres apunta a la Infanta
El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Realsupervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las hijas del Rey, Carlos García Revenga, también encausado.

La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos.

De este modo, sostenía que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque y su ex socio no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia Provincial de Baleares a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro. El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.

Investigación de las cuentas e inmuebles
Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares.
 
El juez Castro retrasará el cierre del caso Nóos para no empañar la entronización
El magistrado tenía previsto finalizar la investigación la próxima semana


Según fuentes del caso, el magistrado tenía previsto, hasta que el lunes don Juan Carlos anunció su abdicación, hacer público entre el 11 y el 13 de junio el auto de transformación en procedimiento abreviado que ponía fin a sus casi cuatro años de investigaciones en la pieza 25 del caso Palma Arena.


La abdicación de don Juan Carlos, por lo tanto, supondrá un nuevo retraso en la conclusión de este sumario que, en palabras de los portavoces de la propia Zarzuela, está siendo un «calvario» para la Casa Real. Sin embargo, el punto final de la investigación no va a ser, ni mucho menos, el final de los dolores de cabeza para la jefatura del Estado.

Es más que probable que este escándalo esté bien presente en los primeros meses, sino años, del nuevo reinado

http://www.lavozdegalicia.es/notici...empanar-entronizacion/0003_201406G4P16991.htm

el "nuevo reinado" , jo jo jo
 
El juez evitará que el ‘caso Urdangarin’ coincida con actos de la Corona
Castro cerrará la instrucción y dará a conocer su auto antes de que acabe junio.

El juez del caso Urdangarin, José Castro, tiene su mesa despejada de recursos pendientes para poder cerrar la instrucción y dar a conocer el auto final que abrirá la puerta para que las acusaciones y defensas se pronuncien antes de la apertura del juicio. Probablemente, antes de finales de junio dictará el auto de pase a procedimiento abreviado con el que enmarcará la causa para ser juzgada y señalará a quienes cree que se han de sentar en el banquillo.

Fuentes judiciales de Palma afirman que Castro no tiene intención de hacer coincidir su resolución con acontecimientos institucionales relacionados con la Corona. El yerno de los Reyes, Iñaki Urdangarin, es el principal imputado en este escándalo de supuesta corrupción por malversación de seis millones de euros públicos. Está por determinar cómo se va a cerrar el caso para la infanta Cristina, imputada desde enero de 2014 e investigada desde hace 15 meses tras la primera imputación del juez, que posteriormente bloqueó y matizó la Audiencia de Palma.


Castro seleccionará a unas dos decenas de acusados entre los 44 imputados que hay actualmente. El fiscal Pedro Horrach y el juez coinciden en que se ha de recortar a la mitad el listado de personas que se sentarán en el banquillo.

Después de tres años de instrucción, acusador e instructor no coinciden en una cuestión: el juez sostiene, según todos los indicios, que la infanta Cristina, tras ser imputada y haber prestado declaración, ha de ser enjuicida por supuestos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. El fiscal se opuso y mantendrá su rechazo ante la Audiencia de Palma, que decidirá y, posteriormente, someterá a juicio el caso.

El juez ha rechazado este viernes, de nuevo, la pretensión de la organización Manos Limpias de que verifique la autenticidad de las firmas de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin que constan en documentos de la causa, en especial en las actas de la sociedad Aizoon, cuya propiedad comparten al 50%. El instructor aduce que, de atender esta petición, que considera innecesaria, la instrucción podría ser caprichosamente inacabable.

El sindicato minoritario Manos Limpias argumenta que se trata de un trámite inevitable para que no se puedan invalidar los documentos durante el juicio. El juez asegura que en ninguna actuación judicial las firmas han sido cuestionadas por las personas aludidas o sus defensas.

La vía que le queda a esa acusación sindical es apelar ante la Audiencia de Palma, pero esta acción no le impide al juez cerrar la instrucción. Castro deberá recoger, tras un plazo de cinco dìas, las alegaciones a esta cuestión de las firmas. Después se pronunciará finalmente.
 
José Castro, las cartas escondidas se le ven desde el mes de marzo de 2012, ya son más de dos años.
En fin.


Castro vuelve a rechazar una prueba caligráfica de las firmas de los duques de Palma
La había solicitado el sindicato Manos Limpias


.06.2014 | 17:56

Efe. Palma El juez del caso Nóos, José Castro, ha vuelto a rechazar hoy la petición del sindicato Manos Limpias de ordenar una prueba caligráfica de las firmas de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en las actas de la empresa Aizoon para verificar su autenticidad.

Castro ha dictado hoy un auto en el que desestima el recurso de reforma planteado por el sindicato, que ejerce la acusación particular en esta causa.

El magistrado también ha dado trámite al recurso de apelación mediante el cual Manos Limpias vuelve a pedir dicha prueba caligráfica, para que las demás partes se pronuncien al respecto en un plazo de cinco días, y posteriormente remitirlo a la Audiencia de Palma para que decida.

Castro rechaza pedir la prueba caligráfica porque considera que practicarla de todas las firmas que se atribuyen a los duques de Palma que figuran en documentos de esta causa haría "caprichosamente inacabable" la instrucción de este caso.

El juez indica que los propios interesados no han puesto en duda la autenticidad de sus firmas ni se han sentido afectados por "hipotéticas falsedades".

Manos Limpias pidió esta prueba por considerar que la instrucción del caso Nóos no puede culminar con "flecos sueltos" que pueden tener consecuencias jurídicas en la vista oral.

"Los imputados pudieran negar la autoría de cualesquiera de las firmas suyas existentes en las actuaciones y por lo tanto ello llevar al absurdo (...) de no poder tener por acreditados y probados determinados hechos ilícitos que en tal caso pudieran quedar impunes", señalaba Manos Limpias en el escrito en el que pidió la prueba caligráfica.


http://www.diariodemallorca.es/mall...uelve-rechazar-prueba-caligrafica/938256.html
 
El exsecretario de Turismo de Valencia, Luis Lobón, ha solicitado al juez del caso Nóos, José Castro, el archivo de la causa en lo que respecta a él, de manera que dejaría de estar imputado en la misma.

Castro ha dado hoy traslado de esta petición, para que se pronuncien en un plazo de tres días, a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas en esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin, entidad que cobró 3,1 millones de euros por organizar los tres foros Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.
 
http://www.gaceta.es/noticias/audie...-infanta-deben-ratificar-firmas-12062014-1045

INMINENTE CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN
La Audiencia decidirá si Urdangarín y la Infanta deben ratificar sus firmas

Luis de Bonafoux

Jueves, 12. Junio 2014 - 10:45

Último peldaño para que el instructor cierre el caso, previsiblemente, antes de final de mes.

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El instructor del caso Nóos, José Castro, no ha aceptado la petición de la acusación de Manos Limpias para que Iñaki Urdangarín y su esposa, Cristina de Borbón, hagan un reconocimiento explícito de autenticidad de las firmas de los documentos que constituyen la base de la imputación de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que se les imputan. Manos Limpias, que ha confirmado la presentación de recurso a este respecto ante la Audiencia provincial de Palma, que acabará decidiendo si prospera, solicitó al Juzgado que los imputados confirmaran expresamente la veracidad de “todas y cada una de las firmas que obran en autos”.

La negativa, por dos ocasiones del instructor a esta petición, provocará un inevitable retraso en el cierre de la instrucción que, según fuentes próximas al Juzgado, estaba a punto de producirse. Curiosamente, a pesar de los casi tres años desde la apertura de la instrucción, en el caso de Urdangarín y más de uno para la Infanta, ninguno de ellos ha confirmado la veracidad de sus firmas en los documentos acreditativos de los presuntos delitos.

Los letrados de Manos Limpias razonan que “si bien es cierto que, a través de su silencio, no han negado la autenticidad de las firmas que aparecen como propias en los documentos (…) tal silencio puede no resultar suficiente para confirmar o descartar tan importante cuestión”. Parece que la acusación teme dejar resquicios en la fase instructora que pudieran amparar después un no reconocimiento de esas firmas que, cerrada la instrucción, ya no podría acreditarse. Entre los razonamientos de la acusación figura que al haberse negado doña Cristina a contestar las preguntas de la acusación, “no se requirió a la imputada para que reconociese como suyas, todas y cada una de las firmas de los documentos que le fueron mostrados durante su declaración”.

La imputación de Cristina de Borbón no es compartida por la Fiscalía. La tesis del fiscal Pedro Horrach es que el delito fiscal no existe y que la aún imputada desconocía el origen ilícito de los fondos ingresados en Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y de la que utilizó dinero para gastos particulares. La Abogacía del Estado —que defiende los intereses de Hacienda— respaldará este argumento apoyándose en los informes de la Agencia Tributaria que consideran que no hubo delito fiscal.
 
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Los inspectores de Hacienda defienden elevar el delito fiscal a los 600.000 euros

ECONOMIA
Los inspectores de Hacienda defienden elevar el delito fiscal a los 600.000 euros
Supone quintuplicar el mínimo de 120.000 euros actual a cambio de más sanciones y el ingreso en prisión para los culpables
12.06.14 - 00:38 -
D. VALERA | MADRID.
En Tuenti
En vísperas de que el Gobierno apruebe la reforma fiscal la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) apostó ayer por quintuplicar la cantidad mínima defraudada para ser tipificada como delito fiscal a cambio de unas mayores sanciones y el ingreso en prisión ineludible para el condenado. Es decir, el delito pasaría de requerir un fraude de 120.000 euros a los 600.000, según consta en el documento 'Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude'. Eso sí, se consideraría la suma defraudada de cada año y no de manera individual como ahora.

Según explicó el presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, la medida no busca facilitar la evasión fiscal sino agilizar las resoluciones. «Hay miles de expedientes que saturan los juzgados incrementando los tiempos de tramitación de los expedientes de forma que cuando se produce la sentencia las posibilidades de cobro son nulas», explicó Ransés. Además, los inspectores explicaron que la mayoría de los delitos de fraude se benefician de multas mínimas inferiores a las que recibirían por la vía administrativa por los atenuantes penales que reducen considerablemente la pena en caso de devolución de lo defraudado.

Eso sí, a cambio de este aumento del umbral del delito, los inspectores proponen castigos más severos que incluyan el ingreso en prisión para quienes defrauden más de 600.000 euros incluso en el caso de que se devuelva la cantidad eludida o no se tengan antecedentes penales. T ambién abogaron por aumentar el plazo de prescripción de estos delitos de 5 a 6 años.

'Caso Nóos'

Sin embargo, desde Gestha rechazaron esta medida y recordaron que afectaría a causas que han alarmado a los ciudadanos como el 'caso Nóos'. De hecho, destacaron que la mayoría de las denuncias por delito fiscal están alrededor de los 150.000 euros, por lo que de llevarse a cabo esta propuesta quedarían fuera del ámbito penal el grueso de las denuncias. Es más, los técnicos de Hacienda propusieron rebajar a 50.000 euros anuales el delito fiscal para equipararlo a la cantidad que se considera delito contra la Seguridad Social o la Hacienda europea. «En un momento en que la sociedad exige más responsabilidad de las compañías y los responsables públicos esta medida parece que va en sentido contrario», asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinero.

Además, desmintieron que los juzgados estén colapsados por el gran número de denuncias por delitos fiscales, ya que, según la Memoria de la Agencia Tributaria en 2012 se produjeron 652 denuncias por este motivo por un importe de 604 millones defraudados.

Más allá de la medida de esta polémica medida, los inspectores ponen en el foco en los paraísos fiscales. En este sentido proponen obligar a los bancos a identificar a los clientes en estos países, no reconocer personalidad jurídica a empresas que operan desde estos lugares o el pago a confidentes. En cuanto al control del gasto público plantean potenciar y dotar de más recursos al Tribunal de Cuentas y garantizar la independencia de la Autoridad Fiscal. También son partidarios de reformar la ley de partidos para prohibir su financiación pública. En lo que se refiere a los impuestos, se muestran partidarios de eliminar el régimen de módulos del IRPF por sus «efectos perniciosos» y para mejorar la organización de la Agencia Tributaria defienden que el Estado recupere la gestión de algunos impuestos como el de Donaciones y Sucesiones.

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Muy bien por Ghesta, de frente y bloqueo total a una medida tan grotesca, cuando ka UE insiste cada tres meses a España en que su mayor problema, detrás del paro, ES LA CORRUPCION y la CASTA DE LAS 4000.
 
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