Alarma en Europa por la creciente influencia del gobierno español sobre el poder judicial. Merkel y GRECO

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Merkel y su entorno atacan la reforma del CGPJ de Sánchez: "Daña un pilar del Estado"
La fundación Konrad Adenauer, vinculado al partido de la canciller, redacta un informe sobre la situación política y sanitaria en España, que Vozpópuli desvela en exclusiva. Arremete contra la crispación política y las injerencias en el sistema judicial, y aconseja "seguir más de cerca la evolución de España en el futuro"
Merkel y la CDU atacan la reforma del CGPJ de Sánchez: Daña un pilar del Estado

Merkel y la CDU atacan la reforma del CGPJ de Sánchez: "Daña un pilar del Estado" EFE
LUCA COSTANTINI
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PUBLICADO 21/10/2020 04:45ACTUALIZADO21/10/2020 08:56
La fundación Konrad Adenauer de Madrid, vinculada al partido de la CDU de Angela Merkel, ha analizado la situación política y sanitaria en España en un informe de 19 páginas muy crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchezy la clase política. El documento, redactado en alemán y al que Vozpópuli ha tenido acceso, refleja la preocupación de la entidad alemana sobre la propuesta del Gobierno de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que califica de "amenaza" para la "imagen de un poder judicial independiente".
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El documento, lanzado el pasado 16 de octubre y titulado España en las garras de la pandemia, recoge el apunte crítico de la Comisión Europea sobre la iniciativa del Gobierno. La fundación menciona el caso de Polonia por la erosión del Estado de Derecho, y lo relaciona con España.
"En el caso de Polonia, la UE critica la creciente dependencia del poder judicial del Gobierno. También en España una implementación de las medidas anunciadas está amenazando una creciente influencia del gobierno sobre el poder judicial", afirma el documento. La fundación se refiere a la reforma de la ley para nombrar los vocales del CGPJ impulsada por Sánchez, que prevé una reducción de la mayoría parlamentaria --de cualificada a simple-- para renovar el órgano de los jueces.
"Seguir de cerca la evolución de España"
Para la fundación Adenauer, la iniciativa del Gobierno puede resultar dañina para el Estado de Derecho. "Incluso si las medidas o decisiones son formalmente legales, afectan en su totalidad la imagen de un poder judicial independientey, por tanto, amenazan con dañar un pilar importante del Estado constitucional democrático", reza el documento. Y añade: "Diversas decisiones o anuncios del gobierno nacional en este año suponen al menos un daño a la credibilidad del poder judicial, lo que ayuda a sacudir la confianza en el Estado de Derecho".
Aun así, los autores matizan que no sería correcto hablar de "venezualización" de España. Pero señalan: "La Comisión Europea y el público europeo, que se han interesado por el cumplimiento de las normas democráticas en un Estado de derecho en Polonia y Hungría, también deberán seguir más de cerca la evolución de España en el futuro".

Iglesias maneja el mando

Iglesias maneja el mando Europa Press

Nombramiento de Dolores Delgado
El documento interno lleva la firma del presidente Wilhelm Hofmeister y de Martin Friedek, coordinador de proyectos en la oficina internacional de la Konrad Adenauer. Centra su mirada en España, desde la moción de censura de Vox hasta la polémica impulsada por Podemos sobre la Monarquía. Aunque otorga a la cuestión judicial una parte importante del estudio.
Con respecto a este punto, el estudio reflexiona de manera crítica sobre el nombramiento de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Según la fundación Adenauer, esta decisión es "un hecho insólito que inmediatamente generó serias dudas sobre la futura independencia de esta importante institución ante los intereses del gobierno y del partido [PSOE]".
La fundación Adenauer refleja la polémica generada en los medios y entre los propios jueces, que consideran puede poner la "independencia [de los jueces] en riesgo". La entidad menciona las denuncias sobre la pandemia, todas tumbadas por la Fiscalía, y la propuesta de reformar el delito de sedición en el Código Penal para rehabilitar a los condenados del procés. Para la entidad de la CDU, esa iniciativa tiene que ver con la búsqueda por parte de Sánchez del apoyo de los independentistas a los presupuestos ("está muy claro", dice el texto).
Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.

Dolores Delgado, Fiscal General del Estado. Efe.
Clase política dividida y enfrentada
Con respecto a la pandemia, la mirada de la fundación Adenauer se centra en los errores de gestión de la administración española. El documento subraya la falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas; admite que "algunos expertos" consideran que el Ejecutivo subestimó el impacto de la pandemia, y señala: “El principal problema es cómo la clase política respondió a la crisis”. En opinión de los autores del informe, los dirigentes españoles han querido "aprovechar la oportunidad para enfatizar sus diferencias políticas".
La crispación política está siendo objeto de muchos análisis en la prensa internacional. El diario alemán Frankfurter Allgemeinecuestionó el trabajo del Ejecutivo, y otros medios como Le Monde, The Economist y Financial Times también han publicado artículos sobre el asunto. Los propios embajadores europeos pidieron cuentas al vicepresidente segundoPablo Iglesias por este problema el pasado lunes, como desveló este diario.
La disconformidad del entorno de Merkel hacia el gobierno de Sánchez es palpable. La oposición cree que la propuesta de Sánchez pone en peligro los 140.000 millones de fondos europeos para la covid. El martes, este diario adelantó que la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen (del mismo partido de Angela Merkel) canceló su viaje a España para acudir a la reunión de los presidentes autonómicos y el propio Sánchez (se celebrará de forma telemática).
La presidenta de la Comisión, según las fuentes consultadas, no quería venir a Madrid porque ha considerado que el contencioso judicial podía monopolizar cualquiera de sus intervenciones ante los medios de comunicación. Desde el Gobierno niegan ese extremo y defienden que la presidenta manifestó su malestar en la reunión con Pablo Casado por la posición frentista del PP.
En las conclusiones del documento de la fundación Adenauer, los observadores alemanes sostienen que en España "el virus se combate menos que al oponente político". Pero alertan: "Eso no solo socava la confianza en la capacidad de resolver los problemas por parte de las instituciones nacionales y regionales, sino que ejerce una presión sobre la confianza hacia el sistema democrático en su conjunto".

 

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El Consejo de Europa estudiará de forma urgente la reforma del CGPJ por "quebrar las normas anticorrupción"
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) anuncia que abordará en su próximo plenario, a finales de octubre, la polémica iniciativa para renovar el Poder Judicial sin mayoría cualificada
Pedro Sánchez y Carlos Lesmes

Pedro Sánchez y Carlos Lesmes Moncloa
JORGE SÁINZ
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PUBLICADO 21/10/2020 12:15ACTUALIZADO21/10/2020 12:49
Nueva advertencia de organismos internacionales al Gobierno de Pedro Sánchez. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha asegurado que la reforma para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede suponer "una quiebra de las normas anticorrupción" de este club de países.
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Así consta en una carta hecha pública este miércoles por el presidente del GRECO, Marin Marcela, dirigida al responsable de su delegación española. La misiva pide información actualizada para abordar de forma urgente la propuesta de la coalición PSOE-Unidas Podemos en el próximo plenario del países del GRECO, que se celebrará entre el 26 y el 30 de octubre.
Independencia judicial
Marcela explica que la iniciativa para suprimir los tres quintos en la elección de los vocales del CGPJ afecta a los criterios de independencia judicial. El Consejo de Europa, integrado por casi 50 países del continente, es un órgano que evalúa la calidad de democrática de los Estados y alerta de posibles incumplimientos de la separación de poderes.
"La propuesta (española) puede suponer una quiebra de los criterios anticorrupción del Consejo de Europa", dice la carta de Marcela. "Los Consejos del Poder Judicial, en los países que los tienen, deben ser órganos independientes que deben salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces, que es una condición sine qua non para una lucha efectiva contra la corrupción".
El GRECO ha sido muy crítico con la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ en sus informes sobre España. Y también ha cuestionado recurrentemente que el Gobierno nombre al Fiscal General del Estado. En su informe sobre España del 8 de diciembre 2017, el GRECO pidió que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del CGPJ.
"Una de las modificaciones claves en este punto consiste en que los doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente por sus pares", dice el informe del GRECO. "Ello es necesario no solo para remediar las críticas vertidas actualmente en el mismo seno de la carrera judicial, sino también para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial en su conjunto".
Bruselas, contra la reforma
El reproche del Consejo de Europa se suma al que hizo la Comisión Europea hace unos días. Bruselas advirtió de que no se puede acometer un cambio de estas características sin consultar a las partes afectadas en España, ni al Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa, a través del GRECO ha optado por tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Y ha dicho que someterá esta reforma al análisis del plenario de países del grupo anticorrupción, previsto para finales de este mes.
La polémica reforma judicial sobrevuela la cancelación del viaje que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tenía previsto realizar a España el próximo lunes. Von der Leyen participará de forma telemática en una conferencia de presidentes convocada para abordar con Sánchez y las comunidades el reparto de los fondos europeos de rescate.
La suspensión del viaje se ha debido oficialmente a la segunda ola del coronavirus. Pero según ha informado Vozpópuli, la presidenta de la Comisión no quería venir a Madrid para que el contencioso judicial monopolizara cualquier intervención ante los medios de comunicación.

 
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A ver si es cierto que Bruselas empieza a tomar cartas en el asunto de lo que pasa en España. Ya que los españoles votan como votan, pues que sea la mano externa la que ponga orden. Triste, pero es lo que hay
 
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EL PRESIDENTE LE TIENDE LA MANO AHORA A CASADO DESPUÉS DE CRITICARLE POR SU BLOQUEO
Sánchez, retratado: anuncia que paraliza la reforma del CGPJ tras el tirón de orejas de la UE y pide a Casado su apoyo
Europa había advertido a España que su reforma del Consejo General el Poder Judicial se aparta de las normas europeas
ROBERTO MARBÁN BERMEJO
22 Oct 2020 - 14:17 CET


Archivado en: Gobierno | Justicia | Parlamento | Partidos Políticos | Política

Pedro Sánchez (PSOE) ha recibido de tan buen grado el discurso de Pablo Casado que en su intervención final, tras una bronca sesión parlamentaria de la moción de censura, ha tendido la mano para juntos «paralizar el reloj de la reforma del CGPJ».
De esta manera, el presidente echa el freno de mano a su arbitraria reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial que su partido presentó junto a Unidas Podemos para rebajar el sistema de mayorías y tiende la mano de nuevo al PP, al que hasta ayer acusaban de bloquear la renovación de los órganos constitucionales pendientes.
“En cuanto concluya esta votación, sentémonos y renovemos los órganos constitucionales. Vamos parar el reloj de esa reforma”, ha señalado Sánchez, consciente de que en la UE le habían pasaportado un buen tirón de orejas por saltarse a la torera la separación de poderes.

La moción de censura, derrotada: el PP votó no

La moción de censura cumplió con los pronósticos y fracasó, tal y como estaba previsto.
Pablo Casado armó un discurso muy crítico contra VOX y el Partido Popular, que podía haberse abstenido, votó no.
La exportavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, partidaria de la abstención hace escasas fechas, se ha sometido a la disciplina de partido y votó «no» a Abascal.
Eso ha llevado a Sánchez a tenderle la mano a Casado para un asunto clave como la renovación del CGPJ a pesar de haberle acusado hasta ahora de ser el responsable del bloqueo.

La UE ‘echa la bronca’ a Pedro Sánchez por su antidemocrático plan de ‘asalto’ al Poder Judicial
Los principales organismos europeos se alarmaron con la barrabasada que intentaban perpetrar Sánchez e Iglesias.
Tras el tirón de orejas de la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción criticó el antidemocrático plan de ‘asalto’ al Poder Judicial del Gobierno del PSOE-Podemos.
Desde la Unión Europea consideran que Sánchez debe ser menos autoritario y consultar la reforma del Poder Judicial con los sectores afectados (con jueces y fiscales ya en contra de la propuesta) y con la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela por el respeto del Derecho Constitucional.
El Grupo de Estados contra la Corrupción reforzó la ‘bronca’ europea al líder del PSOE, ya que le recordó que su ‘plan de asalto’ se aparta claramente de los estándares aceptables sobre la composición de los consejos nacionales de la Judicatura.
Incluso, le advierten que podría acabar violando las normas de anticorrupción.
Las condiciones del PP para renovar el CGPJ: fuera Podemos
Pero el PP, si bien se ha desmarcado de VOX votando en contra de su moción de censura, ha presentado sus propias exigencias y no lo pondrá tan fácil.
El Partido Popular mantiene sus tres condiciones para hablar con Pedro Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, para sentarse a negociar y detener así «el reloj de la reforma», exigen despolitizar la elección del CGPJ, que las decisiones estén sostenidas por una mayoría reforzada de tres quintos y sobre todo, que Podemos no tenga voz en esa negociación.
 

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Bruselas pidió explicaciones ayer al Gobierno sobre la reforma del CGPJ
EL INDEPENDIENTE
22/10/20 - 17: 56
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. EUROPA PRESS
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, mantuvo ayer, miércoles, una conversación telefónica con la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la que pidió información sobre la reforma prevista para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informaron hoy fuentes de la Comisión.
La conversación se centró principalmente en la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial propuesta por los partidos de gobierno en España (PSOE y Podemos), que la Comisión Europea está siguiendo «de cerca».
Sánchez paraliza la reforma del CGPJ y se ofrece a negociar con Casado tras el 'no' a Vox
Sánchez paraliza la reforma del CGPJ y se ofrece a negociar con Casado tras el ‘no’ a Vox
«El comisario Reynders informó a la ministra de que la Comisión estaba siguiendo de cerca los desarrollos sobre el borrador de legislación y solicitó más información de las autoridades españolas», dijeron las fuentes.
Reynders reiteró que «cuando los Estados miembros reforman sus sistema judicial deben hacerlo en consulta con las partes relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia», el órgano asesor del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, democracia y derechos humanos.
«Los Estados miembros deben seguir estándares europeos para asegurar que no se compromete la independencia judicial», añadió la fuente comunitaria.
En el informe sobre el Estado de derecho de 2020, publicado recientemente, la Comisión subrayó «la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial».
La Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación por el paso atrás de España en la independencia judicial
La Asociación Europea de Jueces expresa su «gran preocupación» por el «paso atrás» de España en la independencia judicial
La Asociación Europea de Jueces, con sede en Roma y miembro de la Asociación Internacional, ha emitido un comunicado este martes en el que expresa su «gran preocupación» tras conocer […]
El capítulo del informe correspondiente a España señalaba que la situación del Consejo Judicial era «un desafío» y la Comisión Europea ya ha subrayado la importancia de que este organismo «no se perciba como vulnerable a la politización».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este jueves al PP parar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para ponerse a negociar y conseguir la renovación de éste y los demás órganos constitucionales.
El comisario europeo de Justicia planea conversar por teléfono con el ministro español de este ramo, Juan Carlos Campo, una vez que su ministerio envíe información adicional sobre la propuesta de reforma.
 
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La llamada del comisario de Justicia a Laya, el detonante para aparcar la reforma del CGPJ
La nueva advertencia de Bruselas, horas antes de la moción, se sumaba a las críticas a una iniciativa que no todo el Ejecutivo comparte; aun así se defenderá el sistema ante Bruselas
Nati Villanueva
Nati VillanuevaSEGUIRMADRID Actualizado:23/10/2020 11:30hGUARDAR
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Todo apunta a que en la improvisada oferta de Pedro Sánchez a Pablo Casado para retomar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tuvo mucho que ver la llamada en la que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, trasmitió a la ministra de Asunto Exteriores, Arancha González Laya, la inquietud de Bruselas ante la propuesta de reforma que registraron en el Congreso PSOE y Unidas Podemos.
Es cierto que era una advertencia más que se sumaba a la polvareda que esta iniciativa ha provocado dentro y fuera de España, pero se producía apenas unas horas después de que trascendiera el contenido de una carta que el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) había enviado al Ministerio de Justicia advirtiendo de que esa proposición de ley no cumplía los estándares exigidos para poder hablar de una verdadera separación de poderes.










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En el nuevo movimiento de Bruselas, que ya había advertido días atrás que sigue «muy de cerca» esta reforma, Reynders insistió ante González Laya en que los estados miembros tienen que garantizar que se cumple la separación de poderes, algo que Europa considera que está en juego al rebajar la mayoría cualificada en la elección de los vocales judiciales del CGPJ.

Como viene informando ABC, la proposición de ley registrada en el Congreso no es santo de la devoción de todos los miembros del Ejecutivo, pero aún así Justicia defenderá esta reforma ante Europa planteándola como la única solución posible a una situación de bloqueo de la que hasta ayer se culpaba al PP y de la que se le seguirá culpando si Casado no recoge el guante que le lanzó el presidente del Gobierno. Por si esto sucede, Sánchez no retiró la reforma (haberlo hecho habría implicado reconocer el fracaso), sino que la aparcó a la espera de los acontecimientos.
Sin embargo, es una opinión generalizada en el mundo judicial que el Ejecutivo no se atreverá a recortar esa mayoría reforzada de tres quintos que el Tribunal Constitucional consideró un contrapeso fundamental para avalar la intervención parlamentaria en la elección de los vocales de procedencia judicial. Solo en el primer CGPJ de 1980, los doce vocales jueces fueron elegidos por sus propios compañeros, una reivindicación histórica de las asociaciones de jueces que Pablo Casado ha acogido en la «contrarreforma» que presentó esta misma semana.
Justicia no va a eludir las explicaciones. Se las ha pedido el Greco y en el Ministerio están trabajando ya en esa respuesta en la que, según fuentes próximas a este departamento, se aclararán las «imprecisiones» que apuntan a la politización del sistema de elección español y recordarán que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. En el Ejecutivo consideran que lo deseable sería mantener esa mayoría cualificada de tres quintos pero quieren hacer saber a Europa que si se ha optado por esta reforma que rebaja esa mayoría cualificada a absoluta en segunda vuelta es por la negativa del PP a cumplir un mandato constitucional: la renovación de las instituciones a tiempo.
 
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Han querido meter la zarpa en el poder judicial como sus amigos de Venezuela. Mucho miedo. Al final va a ser verdad que aquí también puede pasar...
 
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Han querido meter la zarpa en el poder judicial como sus amigos de Venezuela. Mucho miedo. Al final va a ser verdad que aquí también puede pasar...
Estimada Luciérnada, pasará, claro que pasará. El país está ciego y embobado entre moños y sandeces del tipo los gallos violan a las gallinas y no está viendo como están dinamitando todo. No lo ven, pero lo sentirán y llorarán, cuando no haya remedio.
 
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Guerra en el CGPJ: los vocales afines al PSOE tratarán de frenar el comunicado por la ‘despolitización’

Consejo General del Poder Judicial
Reunión del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ (Foto: Efe).
  • LORETO OCHANDO Y TERESA GÓMEZ
  • 25/10/2020 06:48
El comunicado que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentarán el próximo miércoles, durante el pleno extraordinario que celebrará el órgano de gobierno de los jueces, ha abierto una brecha interna. Más bien una guerra entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y los del PP. Así, según ha podido saber OKDIARIO, los vocales más cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez tratarán de frenar un acuerdo que suponga hacer público ese comunicado.
La excusa que están utilizando es que el Gobierno ha dejado en ‘el limbo’ la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una reforma que cambiaría la mayoría necesaria para renovar el CGPJ. Actualmente se necesitan los votos favorables de tres quintos de la Cámara. Sin embargo, con la propuesta del PSOE y Podemos, esa mayoría se cambiaría por una mayoría absoluta, lo que dejaría fuera del acuerdo al Partido Popular.
Durante la moción de censura debatida esta semana, Pedro Sánchez dijo en su discurso que congelaría esa reforma si el PP retomaba las negociaciones para renovar el CGPJ. Ante la propuesta, desde el Partido Popular contestaron que sus exigencias para la renovación pactada seguían siendo las mismas. La que más molesta en el Gobierno es que el partido de Pablo Casado se niega en redondo a negociar con Podemos.


Por tanto, la congelación de la reforma no es más que un brindis al sol de Pedro Sánchez. Al menos, mientras el PP mantenga el veto a Podemos. Para los miembros del CGPJ José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona esto es un hecho y, por eso, quieren mantener el escrito.
Los vocales que han firmado el acuerdo que ha publicado en primicia OKDIARIO lo defenderán. No quieren que las “broncas y rencillas” entre los partidos se cuelen en el órgano de gobierno de los jueces. Por eso apuestan no sólo con seguir adelante con el pleno extraordinario, sino con la firma de este escrito que deja bien claro, negro sobre blanco, que lo que pretende hacer el Gobierno es, ante todo, “inconstitucional”.


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De hecho, uno de los motivos que más han molestado a los vocales es que la tramitación de la reforma se hará de forma que no sea necesario informe del CGPJ, el Consejo de Estado y la Fiscalía General del Estado. Unos informes que desde el Gobierno central saben que no iban a ser favorables a los cambios que pretenden imponer.
El escrito
En el escrito que será sostenido por los siete vocales conservadores se explica que la forma de elección, con mayoría de tres quintos, está recogida en el Artículo 122.3 de la Constitución Española, y que “esta mayoría cualificada tiene como finalidad evitar la politización del órgano de gobierno de los jueces, obligando a obtener una mayoría muy amplia en las cámaras para la elección de los vocales no judiciales”.
Y prosiguen: “La atribución a las Cortes de la facultad de propuesta de los miembros judiciales del consejo, al exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada cámara, le pareció al Tribunal Constitucional garantía suficiente, si bien reconoció que con este sistema de elección parlamentaria se corre el riesgo de que las cámaras, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.
Politización
La politización del Consejo General del Poder Judicial es un hecho que ya fue denunciada por tres vocales el pasado mes de julio cuando, su presidente Carlos Lesmes, decidió retirar del orden del día los nombramientos de las plazas del Tribunal Supremo que debían debatirse.
En aquella ocasión, las vocales Carmen Llombart, Nuria Díaz y Ángeles Carmona aseveraron: “No se trata más que de un criterio de oportunidad, que, de admitirse en este caso, debería basarse en el interés general y no en intereses políticos o personales. A la vista de lo expuesto, dada la falta de motivación y de fundamentación legal, entendemos que el acuerdo es el resultado de la injerencia política en el Poder Judicial, denotando una politización del Consejo contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de Derecho”.
Ahora, varios meses después de aquel duro comunicado, y con una reforma que ha molestado a toda la carrera judicial, la guerra en el seno del CGPJ está abierta. La primera batalla, el próximo miércoles
 
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La UE condicionó en julio el rescate a España al “respeto al Estado de Derecho” que ahora ve en peligro
El Consejo de Europa advierte a Sánchez: su reforma del CGPJ «puede violar las normas anticorrupción»

Comisión Europea
Sede de la Comisión Europea en Bruselas (Foto: EFE)
La UE ha advertido verbalmente a España por el intento de asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial. Le ha señalado que su deseo de nombrar por mayoría absoluta a los vocales del órgano que gobierna a los jueces puede atentar contra las exigencias del Estado de Derecho y que eso puede poner en duda el rescate financiero a la economía española.
Pero la cosa va más allá: las conclusiones del Consejo Europeo recopiladas por la ‘Secretaría General del Consejo’ con motivo de la ‘Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020)’ blindaron este asunto. En ese documento, tal y como ha constatado OKDIARIO, se recoge sin matices que el rescate va unido al marco financiero plurianual (MFP) y que, a su vez,“el Consejo Europeo subraya la importancia de proteger los intereses financieros de la Unión” y “destaca la importancia de respetar el Estado de Derecho”. Justo lo que ahora el GRECO (Grupo contra la Corrupción de la UE) considera que puede vulnerarse con la reforma de la Justicia de Pedro Sánchez. Traducido: ya existe un documento oficial en el que se señala que la vulneración del Estado de Derecho con determinadas reformas puede condicionar el cobro de las ayudas.
España se juega en esta materia 140.000 millones de euros que el propio Sánchez ha considerado decisivos para evitar el colapso financiero de nuestro país.
“El proyecto de Conclusiones del Consejo Europeo de febrero de 2020 (5846/20) constituye la base del acuerdo transaccional global. Dicho proyecto refleja los debates mantenidos a lo largo de muchos meses. Teniendo en cuenta la crisis de la COVID-19 y las medidas adoptadas en el marco de «Next Generation EU», se ha introducido una serie de cambios, que quedan reflejados en el anexo”, señala el decisivo documento del Consejo Europeo.


Existe un documento oficial en el que se señala que la vulneración del estado de derecho con determinadas reformas puede condicionar el cobro de las ayudas
Allí se señala que “el importe global para compromisos es de 1,0743 billones EUR”; que “los intereses financieros de la Unión se protegerán de conformidad con los principios generales consagrados en los Tratados de la Unión” y dos puntos especialmente delicados en el actual momento: “El Consejo Europeo subraya la importancia de proteger los intereses financieros de la Unión. El Consejo Europeo destaca la importancia de respetar el estado de derecho”.


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Exámenes y Estado de Derecho
El primero de ellos ya ha abierto la puerta a la concreción de exámenes que España deberá pasar ante la Comisión Europea si realmente quiere acceder al rescate que Sánchez ya ha empezado a comprometer sin saber si efectivamente recibirá el dinero. El primero de esos controles tiene que efectuarse antes de junio del próximo año.
El segundo de esos puntos alude directamente a la salud del Estado de Derecho. Porque “el Consejo Europeo destaca la importancia de respetar el estado de derecho”, en todas sus facetas. Y una de ellas, evidentemente, afecta a la Justicia, a su independencia y a la separación de poderes, sin las que es imposible la materialización del estado de derecho.
 El documento aclara que “la crisis de la COVID-19 plantea un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía”.
Aclara que “aunque sigue siendo necesario extremar la vigilancia de la situación sanitaria, ahora la atención se desplaza a mitigar los daños socioeconómicos. Esto requiere un esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. A petición de los jefes de Estado o de Gobierno, la Comisión presentó a finales de mayo un paquete de medidas de gran alcance que aunaba el futuro marco financiero plurianual (MFP) y medidas específicas de recuperación en el marco del ‘Next Generation EU’.
En ese punto, el Consejo Europeo confirma que el MFP va unido al ‘Next Generation EU’, el nombre dado al rescate a los Estados miembros más afectados por el Covid.
“A partir de las amplias consultas que ha mantenido el presidente del Consejo Europeo y de los trabajos realizados en el Consejo, las conclusiones presentan una solución equilibrada que atiende a los intereses y las posiciones de todos los Estados miembros. Se trata de un paquete ambicioso y exhaustivo que reúne el clásico MFP junto con medidas extraordinarias de recuperación destinadas a hacer frente a los efectos de una crisis sin precedentes, atendiendo al interés superior de la UE”. Porque «‘Next Generation EU’ y el MFP van unidos”. Todo ello debido a que “necesitamos unas medidas de recuperación que proporcionen una respuesta rápida y eficaz a un desafío temporal, pero estas sólo lograrán el resultado deseado y serán sostenibles si se vinculan armónicamente con el MFP tradicional, que viene definiendo nuestras políticas presupuestarias desde 1988 y ofrece una perspectiva a largo plazo”.
Ese documento acaba de contar con un segundo informe que explica su relevancia: la alerta lanzada por el GRECO a España por culpa del intento de asalto de Pedro Sánchez a la Justicia
 
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La renovación del CGPJ, a la espera de que Sánchez retire su reforma
El PP se muestra dispuesto a elegir «en días» a los nuevos vocales si el Gobierno acepta sus condiciones
Nati Villanueva
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Las conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen estancadas a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordene al Grupo Socialista y a Unidas Podemos retirar la proposición de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo señalan a ABC fuentes populares, que aseguran que todavía no han recibido respuesta a las dos condiciones que el líder de los populares, Pablo Casado, ha puesto para sentarse a hablar: que Podemos no esté en las negociaciones ni tenga representantes en el CGPJ y que Sánchez retire la reforma que pretende reducir de tres quintos a mayoría absoluta la elección de los doce vocales jueces que integran el órgano encargado de nombrar a la cúpula judicial del país.










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Durante el debate de la moción de censura, el presidente del Gobierno sorprendió en el Pleno con la «oferta» a Casado de paralizar la polémica reforma si retomaba las negociaciones. Lo cierto es que lo hacía después de haber recibido críticas y duras advertencias dentro y fuera de España, las últimas por parte de organismos internacionales como el Consejo Europeo o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que alertaron del riesgo que corría la separación de poderes si los políticos participaban en la elección de los jueces. Apenas unas horas antes de la segunda jornada del debate, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, había expresado su preocupación por esta circunstancia a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.


Fuentes populares creen que con la rebaja de las mayorías se ha visto quien quería controlar el CGPJ

Para el PP la paralización de esta reforma no es suficiente y no tiene intención de sentarse a negociar hasta que se retire. Fuentes próximas al partido consideran que más que parar el reloj, el reloj tendría que empezar de cero y se niegan a que la amenaza de reactivar esa proposición de ley sobrevuele cualquier negociación que puedan entablar los encargados de hacer posible ese acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional: Enrique López y el ministro Juan Carlos Campo. Aseguran que no aceptan chantajes.
La autoafirmación del liderazgo de Casado tras su intervención en la moción de censura de la semana pasada y el rechazo de Europa a la politización del Poder Judicial español han situado al PP en una situación más fuerte. Antes de que el Gobierno impulsara esta modificación legal se estaba dando la imagen de que el PP estaba bloqueando la situación por su interés en mantener la composición del Consejo actual. Sin embargo, si algo han demostrado los planes de Sánchez es que «quien verdaderamente quiere controlar el Consejo es el Ejecutivo», señalan las fuentes citadas, y en este sentido ha quedado en evidencia dentro y fuera de España.
En el PP no ven difícil que la negociación pueda entablarse. «Está en manos del Gobierno», dicen, y sostienen que una vez que arranque no tiene por qué demorarse en el tiempo. Puede cerrarse «en días». Ya es solo sentarse a hablar y escoger a los mejores. Porque si algo no va a aceptar el PP, dicen, es que accedan al Consejo vocales con un perfil tan político como el de Victoria Rosell o el de José Ricardo de Prada, el juez del caso Gürtel cuyo nombre fue propuesto para el CGPJ apenas unos meses después de redactar los párrafos de la sentencia que aludían a la caja B del PP. Fue en diciembre de 2018 y el lugar de Campo lo ocupaba entonces la hoy fiscal general, Dolores Delgado.
En el PP se asume que en este momento no es posible contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la contrarreforma que Casado presentó el martes (que sean los jueces los que elijan a sus representantes) pero al menos quieren que se cumpla la parte que descarta perfiles políticos para el CGPJ.
 
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Presupuestos: el hacha de Bruselas espera las cuentas del Gran Capitán​

El proyecto de Presupuestos alimenta las dudas sobre la capacidad de España para gastar con arreglo a criterios de necesidad y eficacia, y no estrictamente políticos, los 140.000 millones comprometidos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen Europa Press

PUBLICADO29/10/2020 04:45
Nadia Calviño sabe que el proyecto de Presupuestos presentado esta semana por los “líderes del Gobierno”, Redondo dixit, no tiene la menor posibilidad de superar el filtro de la Unión Europea. Quizá sea esa certeza la que explique su tranquilidad, el cómodo papel secundario que ha elegido sabedora de que el trabajo, más pronto que tarde, se lo van a dar hecho en Bruselas.
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No hay la menor posibilidad de que la UE, no digamos ya el llamado club de los frugales, acepte sin rechistar el incremento de sueldo a los funcionarios (acabamos de batir récord de empleo público en plena pandemia: 3.337.100 personas), el aumento estructural de la factura de las pensiones o medidas como el control de los precios del alquiler. No hay la menor opción de que nuestros socios acepten incrementos de gasto que supongan la consolidación de una deuda desbocada. No existe hipótesis de trabajo alguna que contemple el visto bueno de Europa a unas cuentas construidas a partir de previsiones muy discutibles, cuando no directamente falsas.
Hacer que las cuentas descansen, por poner quizá el ejemplo más grosero, en un descenso del PIB de poco más del 11 por ciento, en contra de las previsiones del Banco de España (12,6 por ciento sin contar con el impacto del segundo estado de alarma) y de otros expertos, que pronostican un catastrófico 20 por ciento; o plantear un aumento de ingresos públicos que no llega al 10 por ciento de los 6.000 millones más comprometidos con Bruselas, mientras se anuncia un aumento del gasto del 53,7 por ciento (196.097 millones), son solo algunos ejemplos de la ligereza con la que se han elaborado unos Presupuestos cuyo principal objetivo es mantener momentáneamente a Frankenstein de pie y alimentar el relato grandilocuente del presupuesto “histórico” que va a “poner fin a la austeridad”.
Gastar, gastar y gastar como si no hubiera un mañana. Hasta la quiebra final. Traspasar el drama de la brutal deuda a las futuras generaciones para esquivar el desgaste político de la crisis
Porque de eso, de mantener contra viento y marea el “relato” tramposo de progresismo frente a austericidio como única salida, es de lo que ahora se trata. Gastar, gastar y gastar como si no hubiera un mañana. Hasta la quiebra final. Traspasar el drama de la brutal deuda a las futuras generaciones, intención que parecen consolidar estos Presupuestos, para esquivar así la cruda realidad y el desgaste que acompaña a las decisiones impopulares. Las cuentas de la cuarta economía de la UE, que debieran estar diseñadas exclusivamente para afrontar la mayor crisis conocida desde la segunda guerra mundial, utilizadas como instrumento de propaganda ideológica. “Un presupuesto histórico”. “Un antes y un después”. Bla, bla, bla.
El mensaje que trasladan a Europa las cuentas del Gran Capitán (“España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura”) tiene un punto de incomprensible provocación, en tanto que alimenta las dudas sobre nuestra capacidad para gestionar, y gastar, con arreglo a criterios de necesidad y eficacia, y no estrictamente políticos, los 140.000 millones comprometidos. Ni una pista sobre la profunda reforma fiscal que necesita el país para sostener el largo proceso de reconstrucción que nos aguarda. Nada acerca de la reclamada reforma de la ley de unidad de mercado. Cero propuestas sobre la necesaria transformación de una función pública cuya rígida, politizada y deforme estructura carece de flexibilidad para liderar el proceso de reconstrucción y solo tiene capacidad para asumir “la gestión permanente de las anomalías” (Henry Mintzberg, citado en www.rafaeljimenezasensio.com). Ni una sola señal de querer abordar con seriedad la sostenibilidad del sistema de pensiones. Más bien todo lo contrario.

Pensiones e impuesto a los ‘ricos’​

Por cierto (1), las pensiones. Se propone una subida del 0,9 por ciento, cuando el indicador adelantado del IPC sitúa en septiembre su variación anual en el -0,4 por ciento. Los jubilados (9,76 millones, y subiendo) votan; nuestros nietos, todavía no. Los partidos políticos, de izquierda a derecha, le restriegan a nuestros banqueros del norte la indexación de las pensiones en el bochornoso acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo, que vuelve a darle una patada adelante a la bomba de relojería de un sistema quebrado y que arrastra un déficit de más de 100.000 millones de euros. Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas, Abascal, y el resto de la tribu, apuntándose a la farsa para preservar su cuota-parte de voto cautivo. Una vergüenza.
Por cierto (y 2), el impuesto a los “ricos”. Un año después de la admirable y admirada “revolución de los claveles”, uno de sus líderes, el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, confesó al primer ministro de Suecia, Olof Palme, que el objetivo de la Junta de Salvación Nacional formada en Portugal tras la caída de la dictadura era “acabar con los ricos”. El socialdemócrata Palme le miró con cara de sueco: “Es curioso. Nosotros aspiramos a acabar con los pobres”. El impuesto a los ricos no es más que un eslogan aquieta conciencias sin apenas influencia en las cuentas, una tasa asusta inversores cuyo más visible efecto será el considerable aumento de los directivos españoles (los ricos ya hace tiempo que se pusieron a salvo) que pasen a residir -y a pagar impuestos- en… Portugal. Los herederos de Saraiva parece que han tomado buena nota de aquella lección.
Los autores de los Presupuestos eluden sus obligaciones, hacen caso omiso de las llamadas a la moderación e hipotecan hasta el paroxismo el futuro de España
En definitiva, estamos ante un proyecto de Presupuestos que incorpora notables incrementos de gasto, imprescindibles para soportar con alguna dignidad el tremendo impacto de la crisis (Sanidad, Educación, desempleo, lucha contra la pobreza…), pero cuyos autores eluden sus obligaciones, hacen caso omiso de las llamadas a la moderación e hipotecan hasta el paroxismo el futuro de España. Eso, junto al disparate en el que hemos convertido la gestión sanitaria de la pandemia, proyecta hacia fuera una lamentable imagen de país tan pedigüeño, manirroto y jurídicamente poco fiable como aquella Grecia intervenida de 2010.
Nadia Calviño ya sabe que Europa no va a aceptar unos Presupuestos que reniegan de los sacrificios y la austeridad; unos Presupuestos tan irreales como petulantes. Y cuando eso ocurra, cuando haya que aparcar la ideología y rebobinar a cambio del cheque europeo, veremos si Pablo Iglesias tiene o no el cuajo de justificar su permanencia en el Gobierno (yo apuesto a que sí) y si Sánchez guarda un plan B en la recámara. Continuará.
 
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Mandos del Aire en la reserva denuncian ante la UE la «desintegración de la democracia» española​

Piden que cese de inmediato "la humillación en la persona de S.M. el Rey" y el asalto al Poder Judicial​



Carta mandos del Aire reserva
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Los últimos ataques del Gobierno a la Monarquía, a la Justicia, la lengua castellana, la independencia de la Fiscalía General del Estado o la salud democrática en sí no dejan de cosechar críticas. En este caso a través de una misiva remitida al Parlamento Europeo por un grupo de 39 mandos en la reserva del Ejército del Aire, encabezados por un General. Ellos, tras una prolija descripción de las últimas reformas que fragua el Gobierno socialcomunista, no han dudado en remitir una carta al presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, advirtiendo de la «desintegración de la democracia» española.
La carta se ha dirigido directamente a la atención del «Señor Presidente del Parlamento Europeo, D. David María Sassoli». Fue remitida el pasado 3 de noviembre. Incorpora la firma de 39 altos mandos -encabezados por un general y un nutrido grupo de coroneles, teniente coroneles y capitanes- que han pedido a OKDIARIO el mantenimiento del anonimato, salvo el del nombre de quien asume en representación de la «XIX Promoción de la Academia General del Aire», el peso de la imagen pública. Este nombre es el de José Molina Zataraín.
La misiva señala: «Los ciudadanos españoles abajo citados, somos miembros de la XIX Promoción de la Academia General del Aire, y actualmente nos encontramos en situación de retiro (jubilación), habiendo servido a nuestra Nación por más de 50 años de servicio en los múltiples destinos del Ejército del Aire».


El documento destaca su derecho a opinar en materia política por estar ya fuera del servicio activo como militares: «Como ciudadanos europeos, con todo respeto, nos dirigimos a usted para exponerle los graves problemas que suceden en nuestro país, aunque presumiblemente ya hayan sido puestos en su conocimiento por instancias superiores a la nuestra, y con objeto de que comprenda desde otros puntos de vista la situación actual que, en nuestra opinión, se aleja de los cánones establecidos en Europa, y ayude a resolverlos, en la forma que usted considere más conveniente de acuerdo a derecho, ya que en la España actual no es posible conseguirlo por nuestros propios medios».
Mandos aire


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mandos Aire
Carta de mandos del Ejército del Aire al presidente del Parlamento Europeo.

El detalle de esos problemas es prolijo. «En primer lugar, se ha iniciado un deterioro institucional de la Monarquía parlamentaria en la figura de S. M. el Rey con el menoscabo de las funciones reales, lo que significa una humillación en la persona de S. M. que debería acabar de inmediato. La función de reinar tiene que respetarse como la de gobernar».
El asalto al Poder Judicial que impulsan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también figura en la lista. «El acoso al Poder Judicial, que mantiene el equilibrio con el resto de poderes en una Monarquía parlamentaria, debería cesar para que la Justicia sea el valladar de la igualdad de todos los ciudadanos españoles, como lo es para el resto de los ciudadanos europeos», señala la carta.
Los mandos del Aire en la reserva firmantes no pasan por alto la Fiscalía y el papel de Dolores Delgado como cabeza de esa institución. «El nombramiento de Fiscal General del Estado, representante y defensor de la Ley, en una persona que no puede ejercitar la independencia debida ante la Ley al haber ocupado un puesto político relevante en el Gobierno de la Nación como es el de ministra de Justicia, la venganza del poder ejecutivo contra las decisiones judiciales cuando éstas no le son favorables, y la propuesta de nombramiento de los jueces y magistrados por el poder ejecutivo son solamente unas muestras de que la seguridad jurídica en nuestro país no está garantizada», añade el documento ya en poder del Parlamento Europeo.
Es más, la misiva de los mandos del Aire en la reserva señala «el intento de reformar, una vez más, la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la intención de favorecer la conformación de un Consejo General del Poder Judicial que corresponda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, representa una evidente amenaza para la separación de poderes, garantía de la supervivencia de nuestra democracia».
Por todo ello, los mandos del Ejército del Aire en la reserva firmantes concluyen que «la acumulación de los poderes legislativo y judicial en uno solo, el ejecutivo, constituye la desintegración de nuestra democracia».
Partido comunista revolucionario
Todo ello en el contexto de «la irrupción en nuestro Gobierno de un partido comunista revolucionario» que «ha hecho perder a nuestra sociedad gran parte de los valores de nuestra libertad por la que se orientaba». Por todo ello, los mandos del Aire en la reserva señalan: «Estamos hondamente preocupados por las relaciones del Ejecutivo con los partidos que, habiendo manifestado el cumplimiento de la Constitución, son herencias de bandas terroristas autoras de cientos de asesinatos, entre ellos, el de nuestro compañero D. Juan Romero Álvarez, asesinado el 21 de Junio de 1993 por la banda terrorista ETA».
Añade la carta: «De igual modo el acercamiento continuo del Gobierno a los partidos cuyo objetivo es la separación de una parte del territorio de nuestra Patria, y prohibidos, como el partido comunista, en gran parte de estados europeos, así como la imposibilidad de estudiar en español, la lengua común de todos los españoles en esas regiones tan queridas y lugar de nacimiento de muchos de nosotros, y en general, la ausencia de Estado, nos produce un vivo rechazo».
El documento remitido a la UE añade: «La ausencia de libertad observada en los proyectos de Ley, proposiciones de Ley, Reales Decretos, y normas subordinadas, promulgadas o en vía de serlo señalamos que produce una asfixia que hasta ahora no habíamos sentido, creyendo que va en contra de las libertades a las que tenemos derecho de acuerdo con nuestra Constitución».
Por ello, solicitan los 39 firmantes una petición muy concreta. El «amparo» de la Unión Europea. La misiva señala: «Señor Presidente, muchas personas nos han aconsejado no enviar esta carta porque usted ya habría sido conocedor de todo lo expuesto por otras vías, por lo que sería una petición inútil. Pero nosotros, conscientes de que deseamos una Europa unificada por la civilización occidental en la que prime la libertad en todos los sentidos, la justicia, la protección a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la democracia entre los países que la componen, no hemos encontrado en nuestras instituciones el amparo que aquí y ahora le pedimos».