Alarma en Europa por la creciente influencia del gobierno español sobre el poder judicial. Merkel y GRECO

La renovación del CGPJ, a la espera de que Sánchez retire su reforma
El PP se muestra dispuesto a elegir «en días» a los nuevos vocales si el Gobierno acepta sus condiciones
Nati Villanueva
Nati VillanuevaSEGUIRMADRID Actualizado:27/10/2020 09:06hGUARDAR
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Las conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen estancadas a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordene al Grupo Socialista y a Unidas Podemos retirar la proposición de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo señalan a ABC fuentes populares, que aseguran que todavía no han recibido respuesta a las dos condiciones que el líder de los populares, Pablo Casado, ha puesto para sentarse a hablar: que Podemos no esté en las negociaciones ni tenga representantes en el CGPJ y que Sánchez retire la reforma que pretende reducir de tres quintos a mayoría absoluta la elección de los doce vocales jueces que integran el órgano encargado de nombrar a la cúpula judicial del país.










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Durante el debate de la moción de censura, el presidente del Gobierno sorprendió en el Pleno con la «oferta» a Casado de paralizar la polémica reforma si retomaba las negociaciones. Lo cierto es que lo hacía después de haber recibido críticas y duras advertencias dentro y fuera de España, las últimas por parte de organismos internacionales como el Consejo Europeo o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que alertaron del riesgo que corría la separación de poderes si los políticos participaban en la elección de los jueces. Apenas unas horas antes de la segunda jornada del debate, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, había expresado su preocupación por esta circunstancia a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.


Fuentes populares creen que con la rebaja de las mayorías se ha visto quien quería controlar el CGPJ

Para el PP la paralización de esta reforma no es suficiente y no tiene intención de sentarse a negociar hasta que se retire. Fuentes próximas al partido consideran que más que parar el reloj, el reloj tendría que empezar de cero y se niegan a que la amenaza de reactivar esa proposición de ley sobrevuele cualquier negociación que puedan entablar los encargados de hacer posible ese acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional: Enrique López y el ministro Juan Carlos Campo. Aseguran que no aceptan chantajes.
La autoafirmación del liderazgo de Casado tras su intervención en la moción de censura de la semana pasada y el rechazo de Europa a la politización del Poder Judicial español han situado al PP en una situación más fuerte. Antes de que el Gobierno impulsara esta modificación legal se estaba dando la imagen de que el PP estaba bloqueando la situación por su interés en mantener la composición del Consejo actual. Sin embargo, si algo han demostrado los planes de Sánchez es que «quien verdaderamente quiere controlar el Consejo es el Ejecutivo», señalan las fuentes citadas, y en este sentido ha quedado en evidencia dentro y fuera de España.
En el PP no ven difícil que la negociación pueda entablarse. «Está en manos del Gobierno», dicen, y sostienen que una vez que arranque no tiene por qué demorarse en el tiempo. Puede cerrarse «en días». Ya es solo sentarse a hablar y escoger a los mejores. Porque si algo no va a aceptar el PP, dicen, es que accedan al Consejo vocales con un perfil tan político como el de Victoria Rosell o el de José Ricardo de Prada, el juez del caso Gürtel cuyo nombre fue propuesto para el CGPJ apenas unos meses después de redactar los párrafos de la sentencia que aludían a la caja B del PP. Fue en diciembre de 2018 y el lugar de Campo lo ocupaba entonces la hoy fiscal general, Dolores Delgado.
En el PP se asume que en este momento no es posible contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la contrarreforma que Casado presentó el martes (que sean los jueces los que elijan a sus representantes) pero al menos quieren que se cumpla la parte que descarta perfiles políticos para el CGPJ.
 

Presupuestos: el hacha de Bruselas espera las cuentas del Gran Capitán​

El proyecto de Presupuestos alimenta las dudas sobre la capacidad de España para gastar con arreglo a criterios de necesidad y eficacia, y no estrictamente políticos, los 140.000 millones comprometidos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen Europa Press

PUBLICADO29/10/2020 04:45
Nadia Calviño sabe que el proyecto de Presupuestos presentado esta semana por los “líderes del Gobierno”, Redondo dixit, no tiene la menor posibilidad de superar el filtro de la Unión Europea. Quizá sea esa certeza la que explique su tranquilidad, el cómodo papel secundario que ha elegido sabedora de que el trabajo, más pronto que tarde, se lo van a dar hecho en Bruselas.
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No hay la menor posibilidad de que la UE, no digamos ya el llamado club de los frugales, acepte sin rechistar el incremento de sueldo a los funcionarios (acabamos de batir récord de empleo público en plena pandemia: 3.337.100 personas), el aumento estructural de la factura de las pensiones o medidas como el control de los precios del alquiler. No hay la menor opción de que nuestros socios acepten incrementos de gasto que supongan la consolidación de una deuda desbocada. No existe hipótesis de trabajo alguna que contemple el visto bueno de Europa a unas cuentas construidas a partir de previsiones muy discutibles, cuando no directamente falsas.
Hacer que las cuentas descansen, por poner quizá el ejemplo más grosero, en un descenso del PIB de poco más del 11 por ciento, en contra de las previsiones del Banco de España (12,6 por ciento sin contar con el impacto del segundo estado de alarma) y de otros expertos, que pronostican un catastrófico 20 por ciento; o plantear un aumento de ingresos públicos que no llega al 10 por ciento de los 6.000 millones más comprometidos con Bruselas, mientras se anuncia un aumento del gasto del 53,7 por ciento (196.097 millones), son solo algunos ejemplos de la ligereza con la que se han elaborado unos Presupuestos cuyo principal objetivo es mantener momentáneamente a Frankenstein de pie y alimentar el relato grandilocuente del presupuesto “histórico” que va a “poner fin a la austeridad”.
Gastar, gastar y gastar como si no hubiera un mañana. Hasta la quiebra final. Traspasar el drama de la brutal deuda a las futuras generaciones para esquivar el desgaste político de la crisis
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Porque de eso, de mantener contra viento y marea el “relato” tramposo de progresismo frente a austericidio como única salida, es de lo que ahora se trata. Gastar, gastar y gastar como si no hubiera un mañana. Hasta la quiebra final. Traspasar el drama de la brutal deuda a las futuras generaciones, intención que parecen consolidar estos Presupuestos, para esquivar así la cruda realidad y el desgaste que acompaña a las decisiones impopulares. Las cuentas de la cuarta economía de la UE, que debieran estar diseñadas exclusivamente para afrontar la mayor crisis conocida desde la segunda guerra mundial, utilizadas como instrumento de propaganda ideológica. “Un presupuesto histórico”. “Un antes y un después”. Bla, bla, bla.
El mensaje que trasladan a Europa las cuentas del Gran Capitán (“España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura”) tiene un punto de incomprensible provocación, en tanto que alimenta las dudas sobre nuestra capacidad para gestionar, y gastar, con arreglo a criterios de necesidad y eficacia, y no estrictamente políticos, los 140.000 millones comprometidos. Ni una pista sobre la profunda reforma fiscal que necesita el país para sostener el largo proceso de reconstrucción que nos aguarda. Nada acerca de la reclamada reforma de la ley de unidad de mercado. Cero propuestas sobre la necesaria transformación de una función pública cuya rígida, politizada y deforme estructura carece de flexibilidad para liderar el proceso de reconstrucción y solo tiene capacidad para asumir “la gestión permanente de las anomalías” (Henry Mintzberg, citado en www.rafaeljimenezasensio.com). Ni una sola señal de querer abordar con seriedad la sostenibilidad del sistema de pensiones. Más bien todo lo contrario.

Pensiones e impuesto a los ‘ricos’​

Por cierto (1), las pensiones. Se propone una subida del 0,9 por ciento, cuando el indicador adelantado del IPC sitúa en septiembre su variación anual en el -0,4 por ciento. Los jubilados (9,76 millones, y subiendo) votan; nuestros nietos, todavía no. Los partidos políticos, de izquierda a derecha, le restriegan a nuestros banqueros del norte la indexación de las pensiones en el bochornoso acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo, que vuelve a darle una patada adelante a la bomba de relojería de un sistema quebrado y que arrastra un déficit de más de 100.000 millones de euros. Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas, Abascal, y el resto de la tribu, apuntándose a la farsa para preservar su cuota-parte de voto cautivo. Una vergüenza.
Por cierto (y 2), el impuesto a los “ricos”. Un año después de la admirable y admirada “revolución de los claveles”, uno de sus líderes, el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, confesó al primer ministro de Suecia, Olof Palme, que el objetivo de la Junta de Salvación Nacional formada en Portugal tras la caída de la dictadura era “acabar con los ricos”. El socialdemócrata Palme le miró con cara de sueco: “Es curioso. Nosotros aspiramos a acabar con los pobres”. El impuesto a los ricos no es más que un eslogan aquieta conciencias sin apenas influencia en las cuentas, una tasa asusta inversores cuyo más visible efecto será el considerable aumento de los directivos españoles (los ricos ya hace tiempo que se pusieron a salvo) que pasen a residir -y a pagar impuestos- en… Portugal. Los herederos de Saraiva parece que han tomado buena nota de aquella lección.
Los autores de los Presupuestos eluden sus obligaciones, hacen caso omiso de las llamadas a la moderación e hipotecan hasta el paroxismo el futuro de España
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En definitiva, estamos ante un proyecto de Presupuestos que incorpora notables incrementos de gasto, imprescindibles para soportar con alguna dignidad el tremendo impacto de la crisis (Sanidad, Educación, desempleo, lucha contra la pobreza…), pero cuyos autores eluden sus obligaciones, hacen caso omiso de las llamadas a la moderación e hipotecan hasta el paroxismo el futuro de España. Eso, junto al disparate en el que hemos convertido la gestión sanitaria de la pandemia, proyecta hacia fuera una lamentable imagen de país tan pedigüeño, manirroto y jurídicamente poco fiable como aquella Grecia intervenida de 2010.
Nadia Calviño ya sabe que Europa no va a aceptar unos Presupuestos que reniegan de los sacrificios y la austeridad; unos Presupuestos tan irreales como petulantes. Y cuando eso ocurra, cuando haya que aparcar la ideología y rebobinar a cambio del cheque europeo, veremos si Pablo Iglesias tiene o no el cuajo de justificar su permanencia en el Gobierno (yo apuesto a que sí) y si Sánchez guarda un plan B en la recámara. Continuará.
 

Mandos del Aire en la reserva denuncian ante la UE la «desintegración de la democracia» española​

Piden que cese de inmediato "la humillación en la persona de S.M. el Rey" y el asalto al Poder Judicial​



Carta mandos del Aire reserva
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Los últimos ataques del Gobierno a la Monarquía, a la Justicia, la lengua castellana, la independencia de la Fiscalía General del Estado o la salud democrática en sí no dejan de cosechar críticas. En este caso a través de una misiva remitida al Parlamento Europeo por un grupo de 39 mandos en la reserva del Ejército del Aire, encabezados por un General. Ellos, tras una prolija descripción de las últimas reformas que fragua el Gobierno socialcomunista, no han dudado en remitir una carta al presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, advirtiendo de la «desintegración de la democracia» española.
La carta se ha dirigido directamente a la atención del «Señor Presidente del Parlamento Europeo, D. David María Sassoli». Fue remitida el pasado 3 de noviembre. Incorpora la firma de 39 altos mandos -encabezados por un general y un nutrido grupo de coroneles, teniente coroneles y capitanes- que han pedido a OKDIARIO el mantenimiento del anonimato, salvo el del nombre de quien asume en representación de la «XIX Promoción de la Academia General del Aire», el peso de la imagen pública. Este nombre es el de José Molina Zataraín.
La misiva señala: «Los ciudadanos españoles abajo citados, somos miembros de la XIX Promoción de la Academia General del Aire, y actualmente nos encontramos en situación de retiro (jubilación), habiendo servido a nuestra Nación por más de 50 años de servicio en los múltiples destinos del Ejército del Aire».


El documento destaca su derecho a opinar en materia política por estar ya fuera del servicio activo como militares: «Como ciudadanos europeos, con todo respeto, nos dirigimos a usted para exponerle los graves problemas que suceden en nuestro país, aunque presumiblemente ya hayan sido puestos en su conocimiento por instancias superiores a la nuestra, y con objeto de que comprenda desde otros puntos de vista la situación actual que, en nuestra opinión, se aleja de los cánones establecidos en Europa, y ayude a resolverlos, en la forma que usted considere más conveniente de acuerdo a derecho, ya que en la España actual no es posible conseguirlo por nuestros propios medios».
Mandos aire


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mandos Aire Carta de mandos del Ejército del Aire al presidente del Parlamento Europeo.

El detalle de esos problemas es prolijo. «En primer lugar, se ha iniciado un deterioro institucional de la Monarquía parlamentaria en la figura de S. M. el Rey con el menoscabo de las funciones reales, lo que significa una humillación en la persona de S. M. que debería acabar de inmediato. La función de reinar tiene que respetarse como la de gobernar».
El asalto al Poder Judicial que impulsan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también figura en la lista. «El acoso al Poder Judicial, que mantiene el equilibrio con el resto de poderes en una Monarquía parlamentaria, debería cesar para que la Justicia sea el valladar de la igualdad de todos los ciudadanos españoles, como lo es para el resto de los ciudadanos europeos», señala la carta.
Los mandos del Aire en la reserva firmantes no pasan por alto la Fiscalía y el papel de Dolores Delgado como cabeza de esa institución. «El nombramiento de Fiscal General del Estado, representante y defensor de la Ley, en una persona que no puede ejercitar la independencia debida ante la Ley al haber ocupado un puesto político relevante en el Gobierno de la Nación como es el de ministra de Justicia, la venganza del poder ejecutivo contra las decisiones judiciales cuando éstas no le son favorables, y la propuesta de nombramiento de los jueces y magistrados por el poder ejecutivo son solamente unas muestras de que la seguridad jurídica en nuestro país no está garantizada», añade el documento ya en poder del Parlamento Europeo.
Es más, la misiva de los mandos del Aire en la reserva señala «el intento de reformar, una vez más, la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la intención de favorecer la conformación de un Consejo General del Poder Judicial que corresponda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, representa una evidente amenaza para la separación de poderes, garantía de la supervivencia de nuestra democracia».
Por todo ello, los mandos del Ejército del Aire en la reserva firmantes concluyen que «la acumulación de los poderes legislativo y judicial en uno solo, el ejecutivo, constituye la desintegración de nuestra democracia».
Partido comunista revolucionario
Todo ello en el contexto de «la irrupción en nuestro Gobierno de un partido comunista revolucionario» que «ha hecho perder a nuestra sociedad gran parte de los valores de nuestra libertad por la que se orientaba». Por todo ello, los mandos del Aire en la reserva señalan: «Estamos hondamente preocupados por las relaciones del Ejecutivo con los partidos que, habiendo manifestado el cumplimiento de la Constitución, son herencias de bandas terroristas autoras de cientos de asesinatos, entre ellos, el de nuestro compañero D. Juan Romero Álvarez, asesinado el 21 de Junio de 1993 por la banda terrorista ETA».
Añade la carta: «De igual modo el acercamiento continuo del Gobierno a los partidos cuyo objetivo es la separación de una parte del territorio de nuestra Patria, y prohibidos, como el partido comunista, en gran parte de estados europeos, así como la imposibilidad de estudiar en español, la lengua común de todos los españoles en esas regiones tan queridas y lugar de nacimiento de muchos de nosotros, y en general, la ausencia de Estado, nos produce un vivo rechazo».
El documento remitido a la UE añade: «La ausencia de libertad observada en los proyectos de Ley, proposiciones de Ley, Reales Decretos, y normas subordinadas, promulgadas o en vía de serlo señalamos que produce una asfixia que hasta ahora no habíamos sentido, creyendo que va en contra de las libertades a las que tenemos derecho de acuerdo con nuestra Constitución».
Por ello, solicitan los 39 firmantes una petición muy concreta. El «amparo» de la Unión Europea. La misiva señala: «Señor Presidente, muchas personas nos han aconsejado no enviar esta carta porque usted ya habría sido conocedor de todo lo expuesto por otras vías, por lo que sería una petición inútil. Pero nosotros, conscientes de que deseamos una Europa unificada por la civilización occidental en la que prime la libertad en todos los sentidos, la justicia, la protección a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la democracia entre los países que la componen, no hemos encontrado en nuestras instituciones el amparo que aquí y ahora le pedimos».
 
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