Repaso a la corrupción del Partido Popular

El Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones en luz y agua de la M-30 que correspondían a las adjudicatarias


Las empresas recogieron en su oferta para ganar el concurso público que eran "responsables del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la vía"

Un informe de la Intervención General del Consistorio de hace unos meses menciona como irregularidad que el ayuntamiento esté soportando el gasto de la luz

El Gobierno de Manuela Carmena calcula que el modelo de gestión de la M30 dilapidará 2.500 millones de euros si se mantiene hasta 2040

Fátima Caballero / Rodrigo Ponce de León


22/01/2017 - 19:13h
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Alberto Ruiz Gallardon. Foto: Web del Ayuntamiento de Madrid

La Cámara de Cuentas certifica que el sistema de gestión del PP en la M30 perjudica a las finanzas de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid lleva años pagando millones de euros por las facturas de agua y luz de la M-30 que tendrían que haber sido abonadas por las empresas adjudicatarias: Dragados, API (ambas filiales de ACS) y Ferrovial. Desde el inicio de las obras para la puesta en marcha de esta vía en 2005, el Consistorio madrileño ha asumido el abono de casi 58 millones de euros de unos costes que contractualmente no le correspondían.

Las obras de la M-30, que gestiona una sociedad mixta, denominada Madrid Calle 30, formada por el propio Ayuntamiento y Emesa, la unión de empresas que construyó y mantiene la circunvalación, se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid.

Los dos primeros años el gasto de electricidad supera los 600.000 euros y los de agua no llega a 2.000 euros, pero desde 2007 el Ayuntamiento madrileño ha desembolsado una media de 5 millones de euros anuales de factura eléctrica y 350.000 de costes de agua. Unos emolumentos que tendrían que haber sido asumidos por las empresas.

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Tabla con los importes que ha abonado el Ayuntamiento de Madrid en euros



El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, comparece este lunes ante la comisión de Economía para explicar el informe de la Cámara de Cuentas que certifica que el sistema de gestión del PP en la M30 perjudica a las finanzas de Madrid, como publicó en exclusiva eldiario.es.

En ese mismo informe, la Cámara de Cuentas recoge "una discrepancia importante" por la asunción del Ayuntamiento de los gastos de luz. Además, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid de hace unos meses menciona como irregularidad que el Consistorio este soportando el gasto de la luz.

El texto del pliego de cláusulas administrativas del concurso público que ganaron Dragados y Ferrovial es muy claro a la hora de establecer el sujeto que debe pagar estas facturas. El punto 14.3 señala que "todos los suministros, consumos de materiales, costes fijos atribuibles a los servicios a prestar, la maquinaria, los medios auxiliares, los repuestos y cualesquiera otros medios necesarios para la ejecución de las obligaciones asumidas en virtud del presente Pliego, estarán incluidos en los precios ofertados por el licitador".

No es el único documento que atribuye a las empresas su obligación de pago. En el pliego de cláusulas técnicas, que regula las prestaciones a las que están obligadas las adjudicatarias, se recoge en el punto 2.6.2.3 de Operaciones de conservación ordinaria que "la Sociedad Adjudicataria será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30".

En el mismo documento, en el apartado Recursos materiales, punto 3.4.1, se establece que en los Centros de Operaciones y la oficina para uso del personal "correrá de su cuenta [adjudicatario] la limpieza y el suministro de luz, agua, calefacción, etc.", aunque las empresas han pasado dichos gastos de agua y luz al Ayuntamiento.

Las compañías se escudan en que en el pliego de prescripciones técnicas, el apartado de Operaciones de Conservación Ordinaria establece que "Madrid Calle 30 será responsable del abono de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento aseguran que ese precepto solo supone asumir el traslado del pago a los responsables.

Pero además, la propia Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Ferrovial, Dragados y API recogió en su documentación de la oferta para ganar el concurso que "la UTE será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la vía” en el apartado Operaciones de mantenimiento: Instalaciones eléctricas.

Comisión de investigación
El juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretó la nulidad del acuerdo plenario que creó -con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE- la comisión de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal estimó así el recurso interpuesto por el PP contra esa comisión, en la que se negó a participar desde el principio. Ante esta decisión judicial, el consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.

Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella, que concluyó que fue ilegal, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. La comisión, que el consistorio espera que comience en las próximas semanas, todavía no tiene fecha a la espera de que se decida en Junta de Portavoces.

Cambio en el modelo de gestión
La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incuso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.

El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal. "De mantener ese modelo el exceso supondría 2.500 millones de euros hasta la finalización del modelo de gestión del PP", denunció el delegado de Economía y Hacienda en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre.

La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento -Madrid Calle 30- es el Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.

El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado sanciones contra la empresa adjudicataria por pagos por duplicado a las constructoras y facturas por servicios que no se han realizado, tal y como adelantó este medio.

http://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Madrid-M-30-correspondian-adjudicatarias_0_603690355.html
 
Las prácticas mafiosas que utiliza este gobierno no deja lugar a dudas.Amenazas,chantajes,utilización del dinero público para tapar bocas.Subvenciones con dinero público a los medios de información, con el fin de que nos desinforme,no les queda nada que tocar y corromper.La justicia avergüenza cuando la utiliza de forma torticera,cediendo ante las presiones y amenazas del poder en la sombra.Parece que a Bárcenas lo han pillado por los webos, cuando han "presionado" a su mujer.Algo así como si te secuestran a un hijo y te piden algo a cambio,si no lo das, no lo vuelves a ver.Si supiéramos todo lo que hay oculto....Ya van más de cuatro muertes repentinas a partir de "investigados" por la Gürtel muy oportunas.
Definitivamente, esto no es ningún "cuento". Y, quien no lo quiera ver, está ciego.
 
"Cacareas como las gallinas". Alcalde de Malpica (C's) insulta de nuevo a concejala de IU con discapacidad auditiva



Izquierda Unida de Malpica de Tajo ha vuelto a denunciar las “burlas, insultos y faltas de respeto” del alcalde de la localidad toledana, Juan Carlos Flores (Ciudadanos) hacia su concejal, Margarita Pérez. No es una “actitud” nueva, ya que la formación ya denunció la mofa del alcalde a la sordera de la edil en un pleno, hecho que Pérez denunció públicamente.

IU asegura que, en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Malpica de Tajo, Margarita Pérez escuchó por parte del Alcalde, insultos como “tú no haces porque no has hecho nada, sólo cacarear como las gallinas”. Debido a esto, en el turno de ruegos y preguntas Pérez “le pidió encarecidamente que no le faltara el respeto”, y que “no cacareo jamás, hablo con conocimiento de causa”, a lo que el Alcalde, no tuvo más remedio que pedir disculpas por su lamentable comentario.

La edil también hizo referencia al tema de la convocatoria de empleo público de personal, ya que en las bases se solicitaban ‘3 hombres’. Pérez exigió en el pleno que las convocatorias de personal sean “sin discriminación de s*x*”. La formación lamenta que Flores “no reconociese el error” y que su error se basó “en una falta de ortografía”, “subiendo” el tono de su discurso hasta acusar a la edil de mandar las bases a CCOO.

Es por esto que la formación exige “respeto, transparencia y un cambio de actitud por parte del Alcalde, al que recuerda que es un cargo público y debe dar ejemplo”.

En julio de 2016, el pleno del Ayuntamiento reprobó al alcalde gracias a la aprobación de una moción presentada por Izquierda Unida-Ganemos, debido a su “incompetencia y nefasta gestión” de su Gobierno en minoría, apoyado por la edil del PP, Rosa García. La formación aseguraba que la gestión de Flores era un “rosario de desatinos e incumplimientos”, asegurando que el alcalde a “ninguneado” a la oposición y ha impedido su labor, al haber “ocultado y prohibido” el acceso a la información municipal
 

Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez en un acto electoral.
El presidente de Murcia se libra de una investigación por corrupción gracias a la nueva Ley de Enjuiciamiento del PP

La normativa exige ahora a los jueces seis meses para abrir diligencias o el caso tiene que archivarse.

Mié, 25 Ene 2017

La nueva y polémica Ley de Enjuiciamiento Criminal ya ha empezado a librar del peso de la ley a presuntos corruptos, según denunciaron las asociaciones de jueces cuando el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la norma. Un juzgado de Murcia ha tenido que archivar una causa que podría afectar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, porque se han pasado los plazos para investigar que marca la citada ley.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha sobreseído las diligencias de la presunta prevaricación de la pasarela sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras y que afectaría a Pedro Antonio Sánchez.

El auto del juzgado señala que la decisión de archivo se ha tomado porque el caso se abrió en julio de 2016 y han pasado más de 6 meses sin que se decidiera abrir diligencias para investigar. Además, dentro de ese plazo, nadie ha pedido que la causa se declarase compleja, una prerrogativa que permite ampliar el tiempo necesario para la instrucción.

El sobreseimiento por ahora es provisional y puede reabrirse el caso, pero sólo en el momento en que se descubran hechos nuevos.

Como recuerda El Economista, la causa fue abierta por la denuncia presentada por Podemos y Antonio López López, quienes consideraron que la adjudicación de las obras en 2006, cuando el presidente murciano era alcalde de Puerto Lumbreras, se hicieron con irregularidades al fraccionar su importe.

Una norma polémica

El 25 de octubre de 2015, seis asociaciones de jueces y fiscales criticaban la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entraba en vigor el 5 de diciembre de ese año y que establecía límites máximos de seis a 18 meses para la instrucción de sumarios. La nueva ley había sido publicada en el BOE el 6 de octubre sin que hubieran hecho mella en el Gobierno las críticas judiciales ni las de los representantes internacionales de Derechos Humanos.


Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional Independiente de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales firmaron un comunicado conjunto denunciando que la nueva reforma incluía plazos de entre seis y dieciocho meses en función de que se tratara de un asunto sencillo o complejo.


Lo absurdo de los plazos






Las asociaciones explicaban que establecer un plazo límite en el modelo procesal podía resultar absurdo al ser el juez el encargado de controlar la realización efectiva en función de los plazos marcados por sus propias diligencias procesales. Del mismo modo, la atribución al Ministerio Fiscal del impulso procesal para la solicitud de prórroga de los plazos indicados cuando no se pudiera completar la instrucción, lo consideraban también absurdo pues se trataba en su opinión de “otorgar a la Fiscalía en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación".


“Resulta imposible el cumplimiento del mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad", decían entonces los jueces que lamentaban la incoherencia que se detectaba en la reforma y la calificaban de “una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados". Parece que el tiempo les va dando la razón.

http://www.elplural.com/politica/20...e-una-investigacion-por-corrupcion-gracias-la
 
En la mafia no hay nada absurdo.Tienen planes muy bien elaborados y se ríen en las narices de la gente.Ya le han dado varios toques desde el canal de transparencia de la Unión Europea,no solo no ha mejorado en cuanto a corrupción,si no todo lo contrario, la está protegiendo.Empiezo a pensar que debe ser que somos tan burros,que lo que merecemos son gobiernos corruptos.Mucha gente parece que ya lo ha asumido y lo acepta.Increíble pero cierto.
 
El PP de Valencia pagó la defensa de sus imputados en Gürtel con dinero público
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Ricardo Costa y Francisco Camps en una sesión de control de las Cortes Valencianas, en 2009..
102 Comentarios

El grupo parlamentario abonó las minutas de Ricardo Costa, David Serra y García por la financiación ilegal del PP de Camps

Una de ellas llegó a los 40.000 euros y Alberto Fabra lo autorizó

Alberto Fabra, el presidente que autorizó los pagos: «No lo recuerdo»

27/01/2017 03:01
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pagó durante años las defensas de destacados dirigentes en la pieza de la Gürtel valenciana que juzgará la presunta financiación irregular del PP de Francisco Camps. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, las minutas de los abogados llegaron a las Cortes valencianas y el Partido Popular financió las defensas de los implicados a través de la subvención pública que recibe por tener representación en el parlamento autonómico.

Entre los dirigentes que se beneficiaron de esta medida están Ricardo Costa, ex secretario general del partido; Yolanda García, ex diputada y ex tesorera; o David Serra, ex vicesecretario regional y uno de los implicados, además, en la presunta red de recaudadores que dirigía Alfonso Rus desde la Diputación.

Según esta información, algunas de esas minutas llegaron hasta los 40.000 euros e incluyen los servicios prestados por las defensas durante la fase de instrucción que dirigió el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) José Ceres.

La decisión se tomó cuando Alberto Fabra, en la actualidad senador territorial del Partido Popular, dirigía el partido en la Comunidad y defendía sus líneas rojas contra la corrupción. Esta medida de Fabra, cuestionada dentro y fuera del partido, consistía en apartar a todo aquel cargo público que fuese citado como imputado -ahora, investigado- por un juzgado, aunque se abordaran asuntos administrativos.

El juicio por la financiación irregular del PP arranca el próximo mes de marzo en la Audiencia Nacional y el constructor alicantino Enrique Ortiz, cerebro del caso Brugal, ya ha entregado un escrito al tribunal en el que admite el relato de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo argumento principal es que se fabricaron facturas para inflar el presupuesto de las campañas electorales del PP.

Las minutas presentadas por varios despachos de abogados al PPCV no esconden en ningún momento los conceptos y aparece identificado el CIF del grupo parlamentario, según esta información. En el servicio se especifica claramente que la minuta se pasa por la asistencia jurídica de estos cargos en la causa abierta en Gürtel por la presunta financiación irregular.

Fuentes del PPCV admitieron estos pagos aunque subrayaron que el partido ya ha trasladado a los cargos procesados que no asumirá ningún gasto más derivado de la asistencia letrada en el juicio. Una decisión que, al parecer, ha molestado a los investigados, pues consideran que serán juzgados por delitos relacionados con sus funciones orgánicas dentro del partido. El TSJ procesó a Costa, Serra, García y al ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla ante la sospecha de que cometieran delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

Según esta información, al grupo parlamentario no habría llegado ninguna minuta a nombre de Rambla.

Sólo en las elecciones de 2007, la instrucción judicial concluyó que el PP gastó en actos electorales 2,31 millones de euros y que, a excepción de 18.000 euros en concepto de merchandising, el resto de importes -publicidad, vídeos, creatividad e imprenta- no fue contabilizado ni declarado ante la Sindicatura de Comptes como gasto electoral en las autonómicas.

El Tribunal de Cuentas es el órgano que vela por el buen uso de las subvenciones públicas que reciben los partidos a través del parlamento. En teoría, este dinero debería emplearse para pagar los gastos ordinarios de funcionamiento de cada grupo político -personal, material de oficina, ...- pero se conocen pocos detalles del destino porque las conclusiones del órgano fiscalizador no se hacen públicas. Según diversas fuentes parlamentarias, el reglamento de las Cortes Valencianas no incluye ningún artículo que aborde si un grupo parlamentario puede destinar los fondos públicos que recibe a estas cuestiones. La regla general es que son para «uso general» del grupo y de los diputados.

No es la primera vez que trasciende que el PP está haciendo frente a las defensas de dirigentes inmersos en asuntos de corrupción política. En 2010 se conoció que Génova también costeaba las minutas del abogado del ex tesorero nacional Luis Bárcenas. En aquel momento, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, justificó los pagos porque «durante 30 años ha sido trabajador de este partido» y «porque así lo consideró en su día oportuno».

Alberto Fabra: "No lo recuerdo"
En declaraciones a este periódico, el ex presidente de la Generalitat Alberto Fabra dijo que no recordaba si autorizó el pago de estas minutas a tres de los acusados de Gürtel. «No lo recuerdo», insistió.

Estos pagos se realizaron mientras el PPCV de Fabra defendía su discurso de regeneración. «No hay ningún imputado, ni lo habrá dentro del Gobierno de la Generalitat», repetía el ex jefe del Consell. Durante su mandato cesaron hasta una veintena de cargos en el gobierno valenciano, el PP regional o el grupo parlamentario popular por su presunta implicación en casos de corrupción.

El 23 de febrero de 2012 cayeron los dos primeros cargos en el gobierno de Fabra. El ex presidente anunciaba entonces la destitución del ex director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, y el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, imputados por el desvío de los fondos de la cooperación
 
Tenemos un gran desconocimiento de las leyes y estatutos que han hecho para ellos,con total encubrimiento a los ciudadanos.No hace mucho me he enterado que por ejemplo, a Botella si se la procesara por malversación de fondos públicos,el actual Ayuntamiento tendría la obligación de poner a su disposición el gabinete jurídico para defenderla.Supongo que eso es lo que ha pasado en Valencia, vamos conociendo poco a poco todos los chanchullos que hacen,como crear comisiones que no valen para nada pero si para pagar unos extras muy sustanciosos que añadir al salario o_O otro ejemplo,el portavoz del Congreso tiene otro salario extra, que equivale a 7.000 euros más al mes.Cuando vas conociendo todo este entramado "corrupto" no hace falta que te enchufes a la luz,te da un corrientazo de energía cabreril, que es capaz de fundirte los plomos.Y aún queda mucho más que descubrir.No se como lo permitimos de verdad.
 
Tenemos un gran desconocimiento de las leyes y estatutos que han hecho para ellos,con total encubrimiento a los ciudadanos.No hace mucho me he enterado que por ejemplo, a Botella si se la procesara por malversación de fondos públicos,el actual Ayuntamiento tendría la obligación de poner a su disposición el gabinete jurídico para defenderla.Supongo que eso es lo que ha pasado en Valencia, vamos conociendo poco a poco todos los chanchullos que hacen,como crear comisiones que no valen para nada pero si para pagar unos extras muy sustanciosos que añadir al salario o_O otro ejemplo,el portavoz del Congreso tiene otro salario extra, que equivale a 7.000 euros más al mes.Cuando vas conociendo todo este entramado "corrupto" no hace falta que te enchufes a la luz,te da un corrientazo de energía cabreril, que es capaz de fundirte los plomos.Y aún queda mucho más que descubrir.No se como lo permitimos de verdad.

Edito: he puesto que no estoy de acuerdo, por no decir que es una mentira como una catedral. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
Edito: he puesto que no estoy de acuerdo, por no decir que es una mentira como una catedral. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Antes de llamar mentirosa a alguien, demuestra y verifica que es mentira.Entonces si me da la gana, te diré de donde viene mi información.El respeto por encima de todo.
 
RESAS
El exdirector general de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, nuevo consejero de Red Eléctrica

Se incorpora como consejero independiente hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas de la compañía, controlada con un 20% por el Estado a través de la Sepi.

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Fernández de Mesa, en un acto como director general de la Guardia Civil. Europa Press

E.E.
31.01.2017 18:11 h.

  1. RED ELÉCTRICA ESPAÑA
Sólo han pasado dos meses desde que Arsenio Fernández de Mesa abandonó la dirección general de la Guardia Civil. Hoy la compañía Red Eléctrica, controlada por el Estado con un 20% de sus acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), lo ha nombrado consejero independiente.

El consejo ha aprobado hoy, según explica la empresa a través de un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su nombramiento, con el objetivo de cubrir la vacante existente tras la dimisión de Agustín Conde Bajén el pasado mes de noviembre.

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Fernández de Mesa ha ocupado diversos cargos públicos y en el Partido Popular durante las dos últimas décadas. En el año 2000 fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia. Desde 1989 hasta el año 2011 ejerció como diputado nacional por la provincia de La Coruña. Entre 1992 y 2011 ejerció como coordinador territorial nacional del Partido Popular. Desde diciembre de 2011 hasta el pasado mes de noviembre ha ocupado la dirección general de la Guardia Civil.

¿CUÁNTO COBRARÁ?
Para saber cuánto cobrará como consejero independiente, sirven como ejemplo las retribuciones que ingresó la antecesora de su antecesor. Este último, Agustín Conde, ocupó sólo unos meses el sillón. ¿Quién es Conde? Se trata del exalcalde popular de Toledo que en noviembre dejó Red Eléctrica para ser secretario de Estado de Defensa con María Dolores de Cospedal. Por tanto, la única que aparece en la memoria del 2015 es la anterior consejera, Paloma Sendín de Cáceres.

Sendín de Cáceres cobró, según la memoria de la compañía, un total de 182.000 euros entre la retribución fija, las dietas por asistencia a consejo y a comisiones. Un año antes, los emolumentos fueron 190.000 euros.

SU EXPERIENCIA
En una nota de prensa, la compañía indica que Fernández de Mesa "ha sido considerado idóneo para el cargo, dada su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral, condiciones que también reunía Agustín Conde y que son fundamentales para Red Eléctrica".

La empresa explica en su web que aplica el principio de "asegurar la existencia de procedimientos apropiados para la selección de consejeros, que garanticen el razonable equilibrio y diversidad en el seno del consejo". Para ello, asegura que el procedimiento tiene en cuenta "las competencias, experiencia, profesionalidad, idoneidad, género, independencia de criterio, conocimientos, cualidades, capacidades y disponibilidad de los miembros del consejo".

REE destaca del nuevo consejero su condición de diputado durante siete legislaturas, entre 1989 y 2012, así como el desempeño de cargos como el de presidente de la Comisión Nacional de Defensa, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica.

En esta última etapa, asegura REE, Fernández de Mesa adquirió "más experiencia no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito de la gestión de organizaciones, ya que gestionó una plantilla de 85.000 profesionales en más de 45 países".

No es el único cargo en REE afín al Partido Popular. El presidente del gestor de la red eléctrica es José Folgado, quien fue secretario de Estado de Economía y, también, de presupuestos, durante el Gobierno presidido por José María Aznar
 
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