El exmarido de Mónica Oltra condenado por abuso sexual cuando ella era Vicepresidenta

Oltra no ha salido a la calle desnuda tampoco ni ha disparado a diez pero y está fuera del cargo sin acusación fundamentada.

Cosa que a Cozpedales no le pasaría.
No ha salido desnuda, es peor lo de la sinvergüenza de la Oltra, defiende y ayuda a un violador de menores para seguir chupando del bote, hace la vida imposible a una menor abusada por su marido. Y a todo esto a la victima no le ayudan en nada, ni asistencia psicologica, ni judicial, nada.
Esto es el femininismo selectivo de la izquierda, un puñado de locas del co..ño que no saben ni donde tienen la mano derecha, un puñado de inutiles que lo unico que les importa es vivir del sudor de los españoles, es la verdadera cara de la izquierda.

Menos mal que a esta gentuza parace que terminaran desapareciendo de la politica.
 
Oltra no ha salido a la calle desnuda tampoco ni ha disparado a diez pero y está fuera del cargo sin acusación fundamentada.

Cosa que a Cozpedales no le pasaría.
Para Oltra todo cargo público imputado debe dimitir e irse a su casa.
Está imputada y se ha ido a su casa.
Y todos sus compañeros están,por supuesto, muy orgullosos de la compañera Oltra.
 
Si mañana Cospedal sale a la calle desnuda y dispara a diez personas en la parada de un autobús, no cambiará el hecho de que Mónica Oltra está imputada y y su exhibición de superior moral exigiendo que todo cargo público imputado debe dimitir le obliga a cumplir lo qye exige para los demás
Estar imputado no implica ninguna otra cosa que ser parte de una investigación judicial. Por qué tanto miedo si tan segura está Oltra de sus palabras y actos?
Tic tac, tic tac...?
No me imagino a Cospedal desnuda!!!!
 
Me parece lamentable lo de esta mujer, es que se abusa sexualmente de una menor a su cargo, se denuncia y luego tardan 41 días en ejecutar el alejamiento.
Luego los de su partido diciendo “si tocan a Oltra nos tocan a todas”.
A la única que han tocado ha sido a una pobre chica que la llevan con esposas al juicio como si fuera una criminal.
Y me da igual la ideología de esta mujer, pero que haya gente que la defienda por esa idiologia sea la que sea me parece tristísimo.
 
Es la justicia "a la española" donde a ciertos personajes se les juzga en el extranjero pero no en España.
Reino Unido, sin necesidad de jueces ni juicios.
Se llama ética, dignidad.

- El diputado conservador del Reino Unido acusado de ver por** en su teléfono móvil en plena sesión de la Cámara de los Comunes, Neil Parish, ha presentado su dimisión este sábado.

- Dimite el conservador Owen Paterson por emplear su pocición como parlamentario para beneficiar a dos empresas para las que trabajaba como asesor.

- Dimite el Secretario de Justicia Británico por las fiestas en Downing Street.
David Wolfson considera "incompatible con el Estado de derecho" que esa conducta se deje pasar "con impunidad constitucional", especialmente cuando "muchos en la sociedad cumplieron con las normas a un gran costo personal, y otros fueron multados o procesados por delitos similares o incluso más triviales"

- Un Lord británico llega dos minutos tarde a una sesión de la Cámara, se pierde una pregunta y ofrece su dimisión.

- Dimite el ministro británico de Energía por mentir sobre una multa de tráfico
El ministro de Energía de Reino Unido, Chris Huhne, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo después de que tanto él como su exmujer Vicky Pryce hayan sido acusados del delito de obstrucción a la justicia por haber mentido sobre una multa de tráfico por velocidad.

- El vicepresidente de la cámara de los Lores británica, John Sewel, dimitió en respuesta a la difusión el domingo y el lunes de fotos y un video en el que parece consumir cocaína con unas prost*tutas.

- El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, anunció este sábado su dimisión tras salir a luz pública un video que muestra como mantiene una aventura amorosa con una de sus ayudantes.
El ministro no dimite por frotarse los morros en público y amasar el culo de su acompañante, ha presentado la dimisión por incumplir las normas de ditancia social durante la pandemia.

Son unos pocos ejemplos de respeto a los ciudadanos.
 
Reino Unido, sin necesidad de jueces ni juicios.
Se llama ética, dignidad.

- El diputado conservador del Reino Unido acusado de ver por** en su teléfono móvil en plena sesión de la Cámara de los Comunes, Neil Parish, ha presentado su dimisión este sábado.

- Dimite el conservador Owen Paterson por emplear su pocición como parlamentario para beneficiar a dos empresas para las que trabajaba como asesor.

- Dimite el Secretario de Justicia Británico por las fiestas en Downing Street.
David Wolfson considera "incompatible con el Estado de derecho" que esa conducta se deje pasar "con impunidad constitucional", especialmente cuando "muchos en la sociedad cumplieron con las normas a un gran costo personal, y otros fueron multados o procesados por delitos similares o incluso más triviales"

- Un Lord británico llega dos minutos tarde a una sesión de la Cámara, se pierde una pregunta y ofrece su dimisión.

- Dimite el ministro británico de Energía por mentir sobre una multa de tráfico
El ministro de Energía de Reino Unido, Chris Huhne, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo después de que tanto él como su exmujer Vicky Pryce hayan sido acusados del delito de obstrucción a la justicia por haber mentido sobre una multa de tráfico por velocidad.

- El vicepresidente de la cámara de los Lores británica, John Sewel, dimitió en respuesta a la difusión el domingo y el lunes de fotos y un video en el que parece consumir cocaína con unas prost*tutas.

- El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, anunció este sábado su dimisión tras salir a luz pública un video que muestra como mantiene una aventura amorosa con una de sus ayudantes.
El ministro no dimite por frotarse los morros en público y amasar el culo de su acompañante, ha presentado la dimisión por incumplir las normas de ditancia social durante la pandemia.

Son unos pocos ejemplos de respeto a los ciudadanos.


DE acuerdo pero estamos en éste país, que no es serio.
 
Los que no son serios son el gran número de mangantes impresentables que se dedican a la política.
Tu has puesto de ejemplo del extranjero, hay países dónde la gente dimite, no se agarra a la silla como si no hubiera una mañana.

Exacto. Si se les pilla con pruebas, no con conjeturas POR EL MOMENTO.
 
Exacto. Si se les pilla con pruebas, no con conjeturas POR EL MOMENTO.
En mi humilde opinión cuando a un político se le encuentran indicios más que razonables de un delito el/ella
Si fuese honest@ se apartaría por su propia voluntad hasta poder demostrar que es inocente.
Pero sabemos que el modus operandi en Spain es dejar correr el tiempo ¿Y? PRESCRIBE EL DELITO.
 
En mi humilde opinión cuando a un político se le encuentran indicios más que razonables de un delito el/ella
Si fuese honest@ se apartaría por su propia voluntad hasta poder demostrar que es inocente.
Pero sabemos que el modus operandi en Spain es dejar correr el tiempo ¿Y? PRESCRIBE EL DELITO.
No es el caso. Por cierto, se habla y se machaca que la fiscal superior de Valencia Teresa Gisbert es progresista y bla bla bla, pero SE OBVIA INTERESADAMENTE que la Consejera de Justicia de la Comunidad valenciana Gabriela Bravo es la actual pareja del presidente Ximo Puig. ¿Habrá intervenido en algo la pareja del presi? ¡Que asco y que mal huele todo!

Oltra, las responsabilidades penales y las políticas​

  • Situar la frontera de la dimisión en una imputación sin más es un disparate: supone dejar las responsabilidades políticas en manos de jueces y fiscales que ni siquiera han concluido las investigaciones​

No hay una sola prueba en el sumario judicial que demuestre que Mónica Oltra maniobró desde su departamento para proteger a su marido, cuando ya se estaba separando de él y no tenían vida en común, en el caso en el que fue investigado por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro donde la pareja de la vicepresidenta ya trabajaba antes de que ella llegase a la Generalitat.

No hay pruebas y sin embargo no es extraño que la dirigente de Compromís haya resultado imputada: tanto la fiscal superior de Valencia, Teresa Gisbert, una reputada jurista asociada a la Unión Progresista de Fiscales, como los magistrados del Tribunal Superior consideran que hay materia para seguir investigando. Quieren saber si la entonces número dos del Gobierno valenciano maniobró al frente de la Conselleria de Políticas Inclusivas para proteger a su exmarido en la causa donde acabó condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abusos a una menor (entre dos y diez veces, según la sentencia) con el agravante de prevalimiento. O si al menos Oltra dio instrucciones a su departamento para proteger su propia carrera política en el expediente interno que abrió su consejería para investigar los casos de abusos y en el que funcionarios y cargos públicos dieron poca credibilidad a la entonces denunciante, una menor con una relación complicada con los educadores y vigilantes que a menudo era castigada y enviada a un cuarto separada del resto de las internas, donde se produjeron unos abusos que ya han sido certificados por la Justicia.

El papel de Oltra en ese expediente es lo que se va a investigar a partir de ahora y por lo que estaba citada la ya exvicepresidenta de la Generalitat el próximo 6 de julio en el Tribunal Superior de Valencia. No se necesitan pruebas sólidas para seguir adelante con una instrucción judicial. Bastan indicios, también para los aforados como Oltra, por mucho que se necesite una exposición motivada para investigar a un diputado autonómico. Si hay pruebas para condenarla o no, eso se dirimirá en un juicio que todavía queda lejano y en caso de que no se archive todo por el camino. La instrucción se encuentra en una fase preliminar. Y en el Derecho Penal ser imputado no significa más que estar siendo investigado, tener derecho un abogado y a mentir en tu defensa, una licencia que no se permite a los testigos, que pueden ser perseguidos por falso testimonio si no dicen la verdad en un juzgado.

Eso es todo lo que implica la imputación en una investigación penal. Otra cosa son las connotaciones de la palabra –que han llevado a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para suavizar el término y cambiarlo por investigado–. Cuestión diferente son también los códigos éticos y programas que han trazado algunas organizaciones políticas durante la última década de escándalos y corrupciones varias.

Por eso, la investigación a Oltra sería perfectamente compatible con su continuidad en la Generalitat y el Parlament valenciano. Ya no será así y, tras su doble dimisión de este martes, pronto será un juzgado ordinario el que se haga cargo de una causa que de momento la ha apartado de la primera línea política, quién sabe si para siempre, y que también había situado al borde del precipicio al Gobierno de Ximo Puig.

Intereses partidistas y cacerías de la extrema derecha mediática (y de la otra) aparte, el clima que la ha llevado a renunciar hunde sus raíces en la eterna confusión entre las responsabilidades políticas y judiciales y en una falta de conciencia democrática que ha empujado a partidos políticos, editorialistas y comunicadores a trazar sus propias líneas rojas sobre la permanencia en cargos públicos. El mandamiento que se ha extendido en algunas organizaciones, tras los años de corrupción y escándalos políticos, es que una imputación implica dimitir. Ahí se han situado formaciones como Ciudadanos y hasta Podemos en un primer código ético que luego se cambió para situar la frontera en el procesamiento (cuando uno ya está sentado en el banquillo del juicio).

No sucede igual en otros países europeos, donde los políticos abandonan sus cargos por comportamientos poco éticos, por traicionar su programa electoral o por conductas socialmente inapropiadas. Las hemerotecas están plagadas de dirigentes que abandonan sus puestos cuando se dan a conocer algunos errores de juventud. Por plagiar tesis en la universidad. Por verter comentarios racistas hace años. Por gastos difíciles de justificar. Por aprovecharse del cargo público de alguna forma. Conductas, todas, que no colisionan con ningún código penal o que estarían prescritas pero que se asumen como impropias de servidores públicos e implican la renuncia.

España ha llegado al paroxismo de que hay políticos y tertulianos que reclaman una disculpa al anterior jefe del Estado. Pese a haber quedado demostrado que defraudó a la Hacienda pública. La explicación vuelve a ser judicial: como no hay condena -y no la ha habido porque algunos de los hechos se produjeron cuando era jefe del Estado y por tanto inviolable y porque en otros casos la Fiscalía le permitió regularizar el dinero defraudado antes de denunciarlo en la Justicia, somos los demás los que debemos pedir perdón a Juan Carlos I.

En este país donde la sede del principal partido de la oposición fue reformada con el dinero negro que lo alimentó durante 30 años, el de Correa, los ERE de Andalucía, los millones de euros en altillos de los suegros, las líneas rojas suelen ir moviéndose en función de la camiseta del que juzga. Y ahí la derecha mediática lleva varios cuerpos de ventaja desde hace décadas.

En esta época que salen sentencias condenatorias de Gürtel una detrás de otra ya casi nadie recuerda aquellos primeros días del caso en que quien tuvo que dimitir fue un ministro del Gobierno de Zapatero, el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que el PP y sus medios afines acusaron de participar en una jornada de caza junto el entonces instructor de la causa Baltasar Garzón. Ningún episodio refleja mejor la hegemonía mediática de la derecha: cuando estalló el caso Gürtel que acabó haciendo caer a un Gobierno una década después, quien primero dimitió, en medio del ruido y aquellas declaraciones de Rajoy de “las tramas contra el PP”, fue un ministro socialista.

Últimamente en esa prensa que disculpa las comisiones millonarias de hermanos, amigos y demás parientes con cargo a los presupuestos de la pandemia ha hecho fortuna la tesis de que solo con que un juez o un tribunal abra una investigación, el cargo público debe dimitir.

Si esa es la raya en el suelo, Oltra, está claro, debía dejarlo. Diferentes medios le achacan que es el listón que ella misma había fijado para sus rivales aunque eso suponga pasar por alto las declaraciones en las que exigía la renuncia del expresidente valenciano Francisco Camps, no por su imputación sino por las conversaciones que la policía le grabó con la banda de Correa, una organización criminal que ha acumulado desde entonces cientos de años en condenas. Camps, es incontestable, acabó absuelto por el caso de los trajes y columnistas célebres le han dedicado hagiografías. No hay noticias de que el PP vaya a rescatarlo para la primera línea política, muy probablemente porque su figura política ha quedado arrasada por sus manejos e indecentes conversaciones con delincuentes que organizaban sus campañas, como El Bigotes y compañía.

Un debate público sosegado y sin camisetas de partidos (que ni está ni se le espera a corto plazo en España) obligaría a buscar consensos sobre la necesaria integridad de los cargos institucionales, la ética de lo público y sus líneas rojas, en lugar de descargar la responsabilidad de las dimisiones en decisiones de jueces y fiscales que bastante tienen con investigar con medios precarios.

No es justo ni ayuda a la instrucción de los sumarios que las responsabilidades públicas dependan también del juez que investiga un caso y trata de aplicar todas las garantías al procedimiento (entre las que se encuentra la propia condición de imputado) de la persona denunciada.

Situar la frontera de la dimisión en una imputación sin más es un disparate y obvia, además, que hay diferentes tipos de investigados. Que no es lo mismo una imputación, como algunas que hemos conocido estos últimos años, sustentada sobre informes policiales, escuchas telefónicas con autorización judicial y extractos de cuentas bancarias en paraísos fiscales que otras basadas en meros indicios que aconsejan seguir investigando. O por una mera denuncia de un tercero, al que un juez pueda darle credibilidad.

En el caso de Oltra, la fiscal y el tribunal consideran sospechoso que los trece testigos hayan declarado en sede judicial que ella no tuvo ninguna responsabilidad en los informes que dudaban de la credibilidad de una menor que acusó a su entonces marido. Por eso la investigación sigue adelante. Para determinar si protegió al marido del que se estaba separando o su propia carrera política, dice el tribunal, que admite la inexistencia de pruebas determinantes. Y por eso ha abandonado la política. Visto el trámite en el que está el procedimiento, es factible (aunque ni mucho menos seguro) que resulte absuelta. Si eso sucede, no implicará que el tribunal o la fiscal no hayan hecho bien su trabajo. Será, más bien, que la opinión pública y publicada deberían reflexionar sobre los listones que se imponen a los políticos. Para pensar si sigue valiendo la frontera de la imputación y si, en caso de mantenerla, hace falta una pista de aterrizaje para que políticos imputados puedan regresar a sus puestos si son absueltos y en el camino no se hayan demostrado conductas impropias del cargo. Todo, si aún tenemos alguna fe en la política... o en que alguien quiera dedicarse a ella.

 
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