Repaso a la corrupción del Partido Popular

[PECO]

Campos de golf
Pistas de tenis
Piscinas

Mantenimiento por 21 millones de euros. El Gobierno sigue mostrando sus prioridades.

Pistas de tenis
Piscinas

Mantenimiento por 21 millones de euros. El Gobierno sigue mostrando sus prioridades.

[/QUOTE]


Que sería del país¡¡ sin nuestros militares ante una invasión exterior que dan sus vidas para proteger las nuestras. Amén.

Saludos.

 

[IDOLO]

Pistas de tenis
Piscinas

Mantenimiento por 21 millones de euros. El Gobierno sigue mostrando sus prioridades.

Que sería del país¡¡ sin nuestros militares ante una invasión exterior que dan sus vidas para proteger las nuestras. Amén.

Saludos.[/QUOTE]


¿Que sería de nuestros oficiales de alto rango sin sus pistas de tenis, sus jacuzzis, sus campos de golf pagados con nuestro dinero etc etc etc? Pues nada.

Por cierto, ¿Cuantos oficiales de alto rango irían al frente de sus tropas dispuestos a morir por su patria en el caso de un conflicto?

Los pobres soldados y los de rango inferior por supuesto, pero los de jacuzzis y pistas de golf creo que poquitos.

Ocurre como en las guerras. Antes iba el rey al frente de sus tropas....No me imagino a Felipe VI al frente de los militares españoles en el caso de un conflicto en el campo de batalla como ocurría antes.

¡Como cambian las cosas!

 

[IDOLO]

ACCIDENTE EN ACTO DE SERVICIOOtro soldado en huelga de hambre frente a Defensa por dejarle "en la indigencia"
- Afirma que sus mandos le presionaron para que no denunciara que el seguro contratado por Defensa no cubría al vehículo en el campo de maniobras donde sufrió el accidente.

- Es el segundo caso en dos meses en el que un militar recurre a la huelga de hambre frente al Ministerio para protestar por ser "abandonado" tras resultar herido.



Francisco Javier Fontao, en huelga de hambre frente al Ministerio de Defensa. CDC



CARLOS DEL CASTILLO

@CdelCastilloM
El pasado mes de diciembre Andrés Merino, exlegionario, levantó la huelga de hambre que inició frente al Ministerio de Defensa para exigir que se le pagara la pensión que le reconocieron los tribunales. Apenas dos meses después otro exmilitar ha recurrido al mismo método de protesta para denunciar el trato que ha recibido del departamento que dirige María Dolores de Cospedal.

En este caso se trata de Francisco Fontao, ex infante de marina, que ha explicado a Público que la Armada le ha expulsado tras un accidente en acto de servicio en unas maniobras en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz). Allí, en junio de 2011, el vehículo blindado en el que realizaba unos ejercicios volcó, aplastándole la pierna derecha y provocándole lesiones que aún padece.

"Lo que querían era que no destapara el sistema y las irregularidades que existen"
"En el hospital me visitaron casi todos los mandos del Tercio de la Armada e incluso mandos superiores. Todo eran palabras de ánimo y promesas de que estaría totalmente amparado por ellos y por la Infantería de Marina. Que el Ministerio de Defensa era muy sensible a estas situaciones. Que no tenía que hacer absolutamente nada. Que mis superiores velarían por mis derechos y que al ser en acto de servicio no tenía que temer nada", narra Fontao.

Sin embargo, cinco años después y tras varias recaídas, el segundo tribunal médico militar que analizó su situación —a petición del Tercio de la Armada— concluyó que no era apto para el servicio. Tras casi diez años de servicio causó baja en las Fuerzas Armadas, que lo indemnizaron con 34.741 euros, correspondientes al porcentaje de minusvalía que se le asignó, de un 15%.

Maniobras sin seguro
Fontao ha explicado que esta cantidad es solo un "finiquito" por terminar su relación con la Armada. Afirma que el seguro de circulación que Defensa contrató para los vehículos Hummer AMP, como el que sufrió su accidente, no cubre los percances que estos puedan sufrir en un campo de maniobras.




Póliza del seguro contratado por Defensa para el Hummer de Francisco Fontao en el momento del accidente. FF

Ante las promesas de sus superiores, Fontao decidió no denunciar la situación. "Lo que querían era que no destapara el sistema y las irregularidades que existen. Que no se descubriera que posiblemente el conductor no estaba en condiciones de conducir el vehículo. Que posiblemente no había descansado las horas necesarias. Que la velocidad era inadecuada. Que posiblemente el vehículo no hubiera pasado sus revisiones", lamenta ahora.

Podemos presentará una pregunta parlamentaria sobre los seguros de los vehículos a raíz del caso de Fontao
Todas estas cuestiones quedaron sin respuesta al no iniciarse investigación judicial alguna sobre el accidente. No obstante, Podemos se ha interesado por el caso y ha adelantado a este medio que presentará una pregunta parlamentaria para pedir al Gobierno que explique por qué se aconsejó a al ex militar que no denunciara y los seguros de los vehículos.

"Nos sorprende y nos preocupa que los trabajadores realicen sus funciones sin un seguro", asevera Juan Antonio Delgado, portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso de la formación morada. El diputado no ha descartado que su grupo tome otras iniciativas parlamentarias, como pedir la comparecencia de Cospedal.

Los tribunales, el único nexo con Defensa
"Hacen mucha propaganda sobre las buenas condiciones de trabajo en el Ejército, pero cuando tienes cualquier accidente te tratan como a un perro", lamenta Fontao.

Es una queja que cada vez expresan más militares, como Andrés Merino —al que acompañó en su huelga Iván Ramos, herido en Afganistán—, para los que, parece, acudir al Ministerio de Defensa y aguantar ante su puerta hasta que el cuerpo aguante se ha convertido en el último recurso para demostrar la legitimidad de sus causas.



Francisco Fontao, frente al Ministerio de Defensa. CDC

"No hacen más que hablar de españolidad y de valores, pero ¿ustedes no cumplen con los mismos valores que les exigen a sus militares?" pregunta al Gobierno y al alto mando militar el subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

"Te dan la indemnización y a la calle. No hay ninguna sensibilidad en la norma, en cómo tratar a nuestra gente, que ha jurado darlo todo por el resto de nosotros", asevera ante la puerta del Ministerio, donde ha acudido a mostrar su apoyo a Fontao. "Y si quieres algo, reclama en los tribunales. No es justo que el único vínculo de todos los heridos en acto de servicio con el Ministerio sea un recurso judicial", ha opinado.

Un puesto acorde a sus limitaciones
Fontao asegura que no busca que la Armada le reconozca una mayor minusvalía y tener así acceso a una pensión (como era el caso del exlegionario Merino) sino que se le permita volver al servicio en algún puesto acorde a sus posibilidades: "Estoy en condiciones de desempeñar funciones administrativas, de apoyo o logísticas, como muchos soldados que por diversas causas han quedado con limitaciones".

Juan Antonio Delgado, guardia civil en excedencia mientras ejerce de diputado, explica que en este cuerpo existe la figura "útil con limitaciones" para los agentes que han sufrido accidentes o percances físicos. "Sufrir limitaciones en una pierna no quiere decir que no puedas hacer otro tipo de funciones como trabajos de oficina, que en las Fuerzas Armadas también son necesarios", asegura el diputado.

En la Armada desde los 18 años y sin haber recibido formación, el ex infante de Marina alerta de que su situación es desesperada. "Me tengo que ir a limosnear a la calle, con dos hijos, esposa y una hipoteca. Me dan una irrisoria indemnización de apenas 30.000 €. Y limitado sin posibilidad de acceder a un trabajo digno. Es decir, sumido en la total y absoluta indigencia", denuncia.

http://www.publico.es/actualidad/accidente-acto-servicio-soldado-huelga.html

Con tantos campos de golf, piscinas, pistas de tenis.....¿Como van a tener dinero para un seguro de soldados en maniobras?

¡Por Dios!

 

[laseca]

MADRIDEC
Contratos inflados y a la carta: el último agujero de Gallardón y Botella en Madrid
La empresa pública Madridec perdió 100 millones entre 2012 y 2013 y dejó una deuda que la Cámara de Cuentas cifra en 431 millones.

Alberto Ruiz Gallardón inaugura un túnel de la M30. Ayto, Madrid

JAVIER G. JORRÍN @jgjorrin
21.02.2017 03:12 h.

• 
  

1. AYUNTAMIENTO DE MADRID
   
2. CONTRATACIÓN PÚBLICA
   
3. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
   
4. ANA BOTELLA
5. CÁMARA DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha sacado a la luz el último agujero de las gestiones de los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el Ayuntamiento: Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Esta empresa municipal creada en 1998 se convirtió a partir de 2006 en la inmobiliaria del Consistorio, con la que conseguían financiar obras y proyectos y que creó finalmente un agujero total de 431 millones de euros.

Además de las obras a medio realizar, la depreciación de sus inmuebles y la gestión económica deficiente, la Cámara de Cuentas ha sacado a la luz los contratos inflados y entregados a la carta que realizó la empresa pública en su último año y medio de vida, antes de liquidarse en 2013. En ese periodo, que coincide con el mandato de Botella, la empresa acumuló pérdidas cercanas a los 100 millones (74 millones en 2013 y 24 en 2012). La fiscalización de sus operaciones pone de manifiesto que Madridec realizaba una contratación que “se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos”, denuncia la Cámara de Cuentas.

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El resultado es evidente: “Provoca que sólo algunas grandes empresas puedan acceder a la licitación”, señala el organismo. Esto es, los contratos se acotaban para que sólo grandes empresas pudiesen cumplir los requisitos de la oferta, lo que “contraviene lo establecido en el artículo 22,2 TRLCSP [Ley de Contratos del Sector Público]”, que determina que los organismos públicos deben promover la participación de las pymes en los contratos públicos.

Se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos

Además, la Cámara de Cuentas denuncia que el mismo técnico realizaba la valoración de las ofertas económicas y de los criterios de adjudicación, lo que “contradice los principios de transparencia y objetividad”. En otras palabras, contratos que se elaboraban a la carta para algunas pocas grandes empresas

Por último, la Cámara de Cuentas detectó durante la fiscalización dos contratos que la empresa pública no había comunicado. Uno para la instalación y explotación de un centro deportivo en la Caja Mágica y otro para la instalación y explotación de quioscos con terraza en la Casa de Campo.

EL ‘DEDAZO’
La Cámara de Cuentas ha fiscalizado los 38 contratos realizados en este periodo, que incluyen los dos que la empresa no incluyó entre su documentación. El estudio en detalle de estas operaciones pone blanco sobre negro la denuncia del organismo: las operaciones se hacen sin permitir la libre concurrencia y con contratos inflados sin justificación.

Un buen ejemplo es un contrato de asesoría fiscal que “se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación”, señala la Cámara de Cuentas. Los responsables de Madridec justificaron este dedazo argumentando que ese mismo despacho de abogados ya estaba realizando otras operaciones con el ente público, que además conocía las actividades fiscales que realizaba y que tenía una conocida reputación. Con estas razones sobre la mesa, la empresa pública adjudicó el contrato por 45.000 euros (53.100 con IVA). “La adjudicación directa del contrato supone una vulneración del principio de concurrencia”, remarca la Cámara de Cuentas.

Se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación

Otro ejemplo es el contrato de explotación de la cafetería-restaurante del Palacio Municipal de Congresos, así como servicios de catering y restauración de eventos realizados en otras instalaciones propiedad de Madridec. Para este contrato, la compañía establece que cualquier empresa que quiera acceder a la licitación tiene que acreditar una cifra de negocio que alcance los 1,2 millones de euros durante los tres años anteriores y un patrimonio neto mínimo de 10 millones de euros. Unas condiciones que sólo están al alcance de una gran empresa. El resultado fue que sólo una compañía se presentó a la licitación y ganó el concurso.

Posteriormente, la actividad económica derivada de este contrato fue inferior a la que la empresa adjudicataria estimaba y consiguió que Madridec modificara las condiciones del contrato para hacerlo más ventajoso para la empresa privada. Esta modificación es irregular, según denuncia la Cámara de Cuentas, ya que “el no cumplimiento de las previsiones de facturación que hizo el adjudicatario no se encuentra en los supuestos contemplados”.

Además de atentar contra la libre competencia, otros contratos están inflados sin justificación. Un ejemplo son las tres licitaciones de la seguridad de tres de sus propiedades, la Caja Mágica, el Recinto Ferial de la Casa de Campo y Montera 25-27; el Palacio de Congresos y el edificio Apot. Todos ellos se adjudicaron elevando un 20% las horas ejecutadas en 2010 y 2011 “sin que se justifique adecuadamente las razones de dicho incremento”.

Además, hay otros tres contratos en estos mismos recintos en los que se encarga su limpieza y adecuación en los que el precio se calcula a partir del coste de 2011. En 2012 la empresa pública decide aumentar los servicios a contratar y, por consiguiente, el precio de la operación, pero sin ninguna justificación que argumente este incremento

 

[IDOLO]

El PP llega al juicio por la financiación ilegal en Valencia sin que se le considere presunto beneficiario económico

• La confesión de nueve empresarios que reconocen haber pagado actos electorales por casi 1,2 millones abre interrogantes sobre si la formación conservadora saldrá finalmente indemne
• El auto de apertura de juicio recalca los indicios de que el PP obtuvo fondos ajenos al "circuito legal" por dos millones en las campañas de 2007 y 2008 pero solo sitúa como eventuales responsables civiles a quienes le proporcionaron esos ingresos

http://www.infolibre.es/noticias/po...esunto_beneficiario_economico_61442_1012.html

A ver...que yo me aclare...Si se prueba que efectivamente el PP salió beneficiado por el pago de empresarios a su campaña electoral....¿Quien o quienes físicamente van a ser los responsables de esa sentencia para que les caiga la pena correspondiente y la cumplan?

 

[syb]

La lista del PP con los imputados por corrupción
En los últimos años, hasta 29 altos cargos se han sentado en el banquillo de los acusados

• Rato, Gürtel, Bárcenas o el caso Brugal son solo algunos de los nombres que acosan al partido

La corrupción política ha acorralado al Partido Popular en los últimos meses. Los casos judiciales han revuelto Génova y tanto la opinión pública como los diputados reprochan al Gobierno su complicidad con algunos de los que fueran los máximos cargos dentro del partido.


Estos son los cargos del PP que han pasado por el banquillo de los acusados en casos tan relevantes como la trama Gürtel, los sobres de Luis Bárcenas o las tarjetas opacas de Caja Madrid:

TARJETAS OPACAS DE CAJA MADRID

Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia, y también exvicepresidente del Gobierno con Aznar, ha sido imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Ha abandonado 'temporalmente' su afiliación al partido por el escándalo y ha conseguido su aval bancario para librarse de la cárcel al pagar 3 millones de euros de fianza.

Además, Hacienda ha abierto una investigación contra el exvicepresidente del Gobierno después de desvelarse públicamente que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 aprobada por Cristóbal Montoro.

Toda la información sobre la investigación a Rodrigo Rato por la amnistía fiscal

TRAMA GÜRTEL

Alberto López Viejo. El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid fue imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad pero está en libertad bajo fianza de 750.000 de euros

Jesús Merino Delgado. EL exdiputado está acusado de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

José Luis Peñas. El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) fue uno de los cargos que destaparon la trama Gürtel.

José Galeote. Exconcejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid). Está imputado en el 'caso Gürtel' por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Aún así, está en libertad bajo fianza de un millón de euros.

Alfonso Bosch Tejedor. El exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte está vinculado a la trama por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Ginés López. El exalcalde de Arganda del Rey (Madrid) tuvo que pagar una fianza de 1.500.000 de euros.

Jesús Sepúlveda. El exalcalde de Pozuelo de Alarcón y también exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido también imputado por diversos delitos en el caso Gürtel aunque está en libertad sin fianza.

Ricardo Costa. El exsecretario general del PP valenciano está imputado por supuesto delito electoral y un presunto delito de financiación irregular del partido.

Rafael Betoret Parreño. El exjefe del gabinete de Turismo de la Comunidad Valenciana fue condenado a pagar 9.600 euros en el famoso caso de los trajes de Francisco Camps.

Víctor Campos Guinot. Al igual que Betoret, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana se declaró culpable y pagó 9.600 euros en el caso de los trajes.

Vicente Rambla. El exvicepresidente de la Generalitat Valenciana está imputado por la supuesta financiación irregular del partido en Valencia.

Yolanda García. A la extesorera del PP Valenciano el juez le atribuye colaboración en un delito electoral.

Pedro García Gimeno. El exdirector de Canal 9 ha sido investigado por la presunta contratación irregular de la televisión autonómica con motivo de la visita del Papa a Valencia.

David Serra. La Policía asegura que el exvicesecretario de Organización del PP valenciano estaba también ligado supuestamente a la financiación irregular del PP.


CASO FABRA

Carlos Fabra. El carismático expresidente e la Diputación de Castellón y del PP provincial ha sido condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

María Amparo Fernández. La exmujer de Carlos Fabra también fue condenada a dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública.

CASO BÁRCENAS

Luis Bárcenas. Encarcelado desde junio de 2013, el ex tesorero del Partido Popular ha sido el protagonista de toda una supuesta trama de cobros irregulares. Está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil en concurso con el de estafa procesal y cohecho.

Ángel Acebes. Exsecretario general del PP y exministro con José María Aznar, ha sido citado por el juez Ruz por un presunto delito de apropiación indebida de fondos en negro del Partido Popular.

Álvaro Lapuerta. El que fuera tesorero del PP entre 2003-2008 fue citado a declarar como imputado en el mismo auto que Ángel Acebes. Le interrogará sobre operaciones supestamente irregulares para comprar acciones de Libertad Digital.

Santiago Abascal. El que fuera dirigente del PP de Álava también toma protagonismo en los 'papeles de Bárcenas' como perceptor de 12.000 euros en metálico en 1999.

Ángel Sanchís. El predecesor a Bárcenas como tesorero del PP fue imputado en marzo de 2013 también dentro del 'caso Bárcenas' por un posible delito de blanqueo de capitales. El juez le impuso una fianza de 8 millones.

CASO BRUGAL

Sonia Castedo. La famosa alcaldesa de Alicante tiene abiertas dos imputaciones. Por una parte, tendrá que declarar como imputada el 27 de noviembre por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en un caso que supuestamente benefició a un constructor. Además, también tendrá que responder en una pieza separada del 'caso Brugal' por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Luis Díaz Alperi. El exalcalde alicantino está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el 'caso Brugal' y ha sido procesado por tres delitos fiscales.

José Joaquín Ripoll. El expresidente de la Diputación ProvincialLos enigmas que rodean el caso del pequeño Francisco Nicolás de Alicante también está imputado por supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y revelación de secretos.

CASO PALMA ARENA

Jaume Matas. El expresidente del Govern Balear y también exministro de Medio Ambiente con Aznar ingresó en la cárcel en julio para cumplir la pena de 9 meses de prisión por emplear el tráfico de influencias para beneficiar con fondos públicos a un periodista que le escribía discursos. Todavía tiene más casos judiciales pendientes.

CASO RTTV

Lola Johnson. La exsecretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana está siendo investigada por una posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

CASO COOPERACIÓN

Rafael Blasco. Exconseller de siete carteras la Generalitat Valenciana. Fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por diversos delitos económicos.

Marc Llinares. El exjefe del área de Cooperación fue también condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel por su colaboración con delitos económicos.



Blesa y Rato contra las cuerdas: deben abonar 19 millones para evitar el embargo de sus bienes

 

[syb]

Suspendido 'sine die' el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano
La causa es la baja médica de uno de los fiscales y la imposibilidad de comparecer del otro representante del ministerio público

En la vista, que debía comenzar el 13 de marzo en la Audiencia Nacional, se deben juzgar la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2008
http://www.eldiario.es/cv/corrupcion/Suspendido-presunta-financiacion-PP-valenciano_0_614889032.html

Me da la impresión de que no se tiene ningún interés en que este juicio se lleve a término. Sin prisa.

 

[vieira]

La verdadera marca España es la corrupción.Esa ya está registrada y es difícil que otros se apoderen de ella.A esto no hay quien nos gane,son unos maestrillos que cuando colonizaron América Latina,la sembraron bien de nuestra exclusiva marca,y ya vemos como florece la cosecha.La frase favorita de ellos es siempre la misma.¡¡Que hay de lo mío!!

 

[PECO]

La lista del PP con los imputados por corrupción
En los últimos años, hasta 29 altos cargos se han sentado en el banquillo de los acusados

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  • Rato, Gürtel, Bárcenas o el caso Brugal son solo algunos de los nombres que acosan al partido

La corrupción política ha acorralado al Partido Popular en los últimos meses. Los casos judiciales han revuelto Génova y tanto la opinión pública como los diputados reprochan al Gobierno su complicidad con algunos de los que fueran los máximos cargos dentro del partido.


Estos son los cargos del PP que han pasado por el banquillo de los acusados en casos tan relevantes como la trama Gürtel, los sobres de Luis Bárcenas o las tarjetas opacas de Caja Madrid:

TARJETAS OPACAS DE CAJA MADRID

Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia, y también exvicepresidente del Gobierno con Aznar, ha sido imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Ha abandonado 'temporalmente' su afiliación al partido por el escándalo y ha conseguido su aval bancario para librarse de la cárcel al pagar 3 millones de euros de fianza.

Además, Hacienda ha abierto una investigación contra el exvicepresidente del Gobierno después de desvelarse públicamente que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 aprobada por Cristóbal Montoro.

Toda la información sobre la investigación a Rodrigo Rato por la amnistía fiscal

TRAMA GÜRTEL

Alberto López Viejo. El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid fue imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad pero está en libertad bajo fianza de 750.000 de euros

Jesús Merino Delgado. EL exdiputado está acusado de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

José Luis Peñas. El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) fue uno de los cargos que destaparon la trama Gürtel.

José Galeote. Exconcejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid). Está imputado en el 'caso Gürtel' por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Aún así, está en libertad bajo fianza de un millón de euros.

Alfonso Bosch Tejedor. El exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte está vinculado a la trama por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Ginés López. El exalcalde de Arganda del Rey (Madrid) tuvo que pagar una fianza de 1.500.000 de euros.

Jesús Sepúlveda. El exalcalde de Pozuelo de Alarcón y también exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido también imputado por diversos delitos en el caso Gürtel aunque está en libertad sin fianza.

Ricardo Costa. El exsecretario general del PP valenciano está imputado por supuesto delito electoral y un presunto delito de financiación irregular del partido.

Rafael Betoret Parreño. El exjefe del gabinete de Turismo de la Comunidad Valenciana fue condenado a pagar 9.600 euros en el famoso caso de los trajes de Francisco Camps.

Víctor Campos Guinot. Al igual que Betoret, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana se declaró culpable y pagó 9.600 euros en el caso de los trajes.

Vicente Rambla. El exvicepresidente de la Generalitat Valenciana está imputado por la supuesta financiación irregular del partido en Valencia.

Yolanda García. A la extesorera del PP Valenciano el juez le atribuye colaboración en un delito electoral.

Pedro García Gimeno. El exdirector de Canal 9 ha sido investigado por la presunta contratación irregular de la televisión autonómica con motivo de la visita del Papa a Valencia.

David Serra. La Policía asegura que el exvicesecretario de Organización del PP valenciano estaba también ligado supuestamente a la financiación irregular del PP.


CASO FABRA

Carlos Fabra. El carismático expresidente e la Diputación de Castellón y del PP provincial ha sido condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

María Amparo Fernández. La exmujer de Carlos Fabra también fue condenada a dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública.

CASO BÁRCENAS

Luis Bárcenas. Encarcelado desde junio de 2013, el ex tesorero del Partido Popular ha sido el protagonista de toda una supuesta trama de cobros irregulares. Está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil en concurso con el de estafa procesal y cohecho.

Ángel Acebes. Exsecretario general del PP y exministro con José María Aznar, ha sido citado por el juez Ruz por un presunto delito de apropiación indebida de fondos en negro del Partido Popular.

Álvaro Lapuerta. El que fuera tesorero del PP entre 2003-2008 fue citado a declarar como imputado en el mismo auto que Ángel Acebes. Le interrogará sobre operaciones supestamente irregulares para comprar acciones de Libertad Digital.

Santiago Abascal. El que fuera dirigente del PP de Álava también toma protagonismo en los 'papeles de Bárcenas' como perceptor de 12.000 euros en metálico en 1999.

Ángel Sanchís. El predecesor a Bárcenas como tesorero del PP fue imputado en marzo de 2013 también dentro del 'caso Bárcenas' por un posible delito de blanqueo de capitales. El juez le impuso una fianza de 8 millones.

CASO BRUGAL

Sonia Castedo. La famosa alcaldesa de Alicante tiene abiertas dos imputaciones. Por una parte, tendrá que declarar como imputada el 27 de noviembre por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en un caso que supuestamente benefició a un constructor. Además, también tendrá que responder en una pieza separada del 'caso Brugal' por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Luis Díaz Alperi. El exalcalde alicantino está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el 'caso Brugal' y ha sido procesado por tres delitos fiscales.

José Joaquín Ripoll. El expresidente de la Diputación ProvincialLos enigmas que rodean el caso del pequeño Francisco Nicolás de Alicante también está imputado por supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y revelación de secretos.

CASO PALMA ARENA

Jaume Matas. El expresidente del Govern Balear y también exministro de Medio Ambiente con Aznar ingresó en la cárcel en julio para cumplir la pena de 9 meses de prisión por emplear el tráfico de influencias para beneficiar con fondos públicos a un periodista que le escribía discursos. Todavía tiene más casos judiciales pendientes.

CASO RTTV

Lola Johnson. La exsecretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana está siendo investigada por una posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

CASO COOPERACIÓN

Rafael Blasco. Exconseller de siete carteras la Generalitat Valenciana. Fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por diversos delitos económicos.

Marc Llinares. El exjefe del área de Cooperación fue también condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel por su colaboración con delitos económicos.



Blesa y Rato contra las cuerdas: deben abonar 19 millones para evitar el embargo de sus bienes

Que Siiiiiiiiiiii!!!!!! Que ya nos hemos enteraooo!!! Cada día con la misma sopa ,de hechos que ocurrieron hace 10 ,15 años, cada día la misma historia desde hace años.

Es como si yo recordara todos los santos días por ejemplos ,el caso Caixa Cataluña del PSOE, que trincaron
1000 millones,, y ahí está archivado y prescribiendo, y no voy a entrar en los más gordos, es decir casos x100 veces más robado que todo lo del Pp.

Pero no voy a ser tan cansino.

 

[pedrogoera]

El juez del caso Teatro centra la investigación en el empresario acusado de amañar contratos


Vuelve a citar a declarar a Felipe González Gervaso después de que otro empresario le acusase de manipular su oferta a un concurso público en Getafe

La Policía cree que González colaboraba con el Ayuntamiento de Juan Soler (PP) para amañar las licitaciones

El empresario de la construcción cuenta entre sus negocios con el alquiler de un edificio como sede judicial a la Comunidad de Madrid

Marcos Pinheiro Follow @@m_pinhe
25/02/2017 - 19:30h

Juan Soler, a la derecha, junto a Cristina Cifuentes y su número dos en la gestora del PP de Madrid, Juan Carlos Vera.

La Policía acusa al diputado de Cifuentes Juan Soler de amañar contratos cuando era alcalde

• El juez del caso Teatro imputa a un exconcejal del PP juzgado en Gürtel

• La Comunidad de Madrid alquila un edificio como sede judicial a un imputado del Caso Teatro

• ETIQUETAS: caso Teatro, Getafe, Juan Soler, PP

La figura del empresario Felipe González Gervaso va ganando peso en la instrucción del caso Teatro. El juez que investiga las irregularidades en Getafe durante la alcaldía de Juan Soler le ha vuelto a llamar a declarar. El motivo es que otro empresario le ha acusado de manipular su oferta a un concurso público de la localidad: subió su importe, falsificó su firma y se aseguró así de que no iba a ganar la adjudicación.

El juez Javier Achaerandio, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, ha tomado esta decisión después de escuchar a otro empresario imputado. Según fuentes judiciales, José Carlos Jiménez Fernández, al frente de la empresa GEAR Obras y Construcciones, contó en su declaración que había delegado la presentación física de la oferta a otro empresario que también optaba a hacerse con el contrato para el derribo del antiguo teatro. Ese empresario era Felipe González.

Según el testimonio del dueño de GEAR, le entregó un sobre cerrado con su oferta, en la que se comprometía a derribar el edificio con un coste de 120.000 euros. Cuando el juez le preguntó por qué había dejado que otro empresario, con el que competía, presentase su documentación, contestó que era un favor al tratarse de una empresa amiga.

Esa oferta llegó al Ayuntamiento, pero con un precio muy superior al de licitación: 194.000 euros. Por el camino, según este empresario, González cambió los datos de su oferta falsificando su firma. Puso un presupuesto 70.000 euros mayor y se aseguró así que no resultaría adjudicataria. Ante el juez, el dueño de GEAR aseguró que el papel de la oferta no llevaba su membrete y que faltaban datos.

El juez da credibilidad a esta versión. El 17 de febrero tomó declaración a uno de los trabajadores de González, Francisco Mendiola, que habría participado en el amaño comunicándose con los cargos públicos del Ayuntamiento. Salió del Juzgado con una acusación por falsedad documental. que amenaza también a su jefe.

Al final el concurso para el derribo se lo llevó Dragados porque el resto de empresas se presentó fuera de plazo. La Policía cree que la labor de Felipe González era aportar empresas pantalla a este tipo de concursos para darles apariencia de legalidad, cuando en realidad estaban amañados. Los agentes basan sus acusaciones en que un trabajador del empresario envió a un asesor de Urbanismo del Ayuntamiento las empresas a las que debía invitar al concurso.

El Ayuntamiento que dirigía Juan Soler, ahora senador y diputado autonómico del PP, habría agradecido después las gestiones del empresario. Según un informe policial incorporado a la causa, un asesor del alcalde preguntó a la concejal de Urbanismo en un email si tenía algún compromiso con González, porque podía enchufar a alguien en una empresa pública de la localidad.

Ese asesor era Miguel Garzón Andrés, hasta hace unas semanas asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Le fichó a principios de enero y tuvo que cesarle poco después, cuando el juez le imputó por su implicación en los amaños.

Durante su primera declaración, González admitió que en ocasiones había pedido favores al Ayuntamiento, pero los desligó de los amaños. Aseguró que era una práctica común: los políticos le pedían favores, y él pedía favores a los políticos. Ahora el juez le interrogará sobre estas nuevas revelaciones el 16 de marzo, cuando está citado a declarar de nuevo.

González es un empresario de la construcción con numerosos negocios en Getafe. Entre sus fuentes de ingresos se encuentra el alquiler de uno de sus edificios a la Comunidad de Madrid. Sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe por 117.711 euros al año desde 2011, cuando se firmó el contrato con Francisco Granado al frente de la Consejería de Justicia.

Según el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, González y Granados mantenían una relación fluida. Unos meses antes de la detención de Granados en este caso, en octubre de 2014, Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos por la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con González, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista Roberto Benítez. Ya están imputados varios concejales de la etapa de Soler, alguno actualmente en el cargo, además de asesores y empresarios. Todos están implicados, según la investigación, en el amaño de contratos para la construcción de un teatro municipal y para la remodelación del mercado de la localidad, entre otras obras.

 

[pedrogoera]

 

[IDOLO]

Libertad para realeza, patadas para la plebe.
Por ppfobico, 23 feb 2017, 14:03