Repaso a la corrupción de Unidas Podemos

Otra purga que le sale cara a Podemos: La Justicia le condena a pagar 160.000 euros a su exlíder en La Rioja​

"El dinero es lo de menos, ya no podré ejercer de portavoz en el Parlamento que era lo que más me gustaba"
Juan Velarde
23 Oct 2021 - 10:22 CET



Otra purga que le sale cara a Podemos: La Justicia le condena a pagar 160.000 euros a su exlíder en La Rioja
Germán Cantabrana.



Una victoria agridulce.
El triunfo judicial de Germán Cantabrana, exlíder de Unidas Podemos en La Rioja y portavoz en el hemiciclo regional, al que el partido debe indemnizar con 160.000 euros por haberle purgado, no cubre todas sus expectativas.
Como él mismo reconoce, a él esta decisión le cercena cualquier posibilidad de poder volver a ejercer lo que más ansiaba, ser portavoz parlamentario en la Cámara regional.
En una entrevista en El Círculo TV, Cantabrana aseguró que lo del dinero ganado es lo de menos:
Eso es lo de menos. Cuando un periodista me dijo que me indemnizaban con 160.000 euros no me lo creí. Pero luego me enteré que Podemos ha consignado el dinero. De todas formas en ese momento pensé: pagan la indemnización y han ganado. Ya no podré ejercer de portavoz en el Parlamento que era lo que más me gustaba. Cada vez que iba ahí, aunque pasaba 10 horas seguidas trabajando, me lo pasaba como un crío.
El político morado comenzó a sufrir su particular calvario desde el día en que invitó a otra podemita a la que también el ‘alto mando’ del partido había considerado como un elemento discordante, Carolina Bescansa.
Cantabrana comenzó con los problemas serios a partir de 2017 cuando fue objeto de una serie de investigaciones dentro del propio partido.
Cree que le pusieron en el punto de mira porque en febrero de 2017 invitó a la diputada Carolina Bescansa, ya distanciada de la Ejecutiva de Podemos, a una charla en Logroño, pero añade un elemento más: la delación interna de conductas que se salen de los códigos. Una de ellas, intentar saber los códigos que tenían los militantes para votar y así poder hacer pucherazos en los procesos internos:
En Podemos La Rioja conocía muchas irregularidades y las fui denunciando internamente. Cuando ves que no te hacen caso y que las Comisiones de Garantías están controladas por la Secretaría de Organización, cuando lo que hemos firmado en nuestro Código Ético es que tenemos que denunciar hechos ilegales… A mi me han llamado de todo.
Como todas esas acusaciones o sospechas no tenían mayor recorrido se recurrió a imitar lo mismo que sucedió con el abogado Calvente, que no es otra cosa que plantear una denuncia por acoso laboral. Y no solo a una, sino a dos compañeras.
Tanto es así que se le impusieron medidas cautelares dentro del partido como la supervisión de las comunicaciones que mantenía con ambas.

MARTA FLOR, LA MISMA DEL ‘CASO CALVENTE’​

¿Y saben quién fue la persona que desde Madrid se desplazó para investigar las denuncias? Marta Flor, ¿les suena? Efectivamente, la misma que acusó de acoso a José Manuel Calvente. Según Cantabrana las pesquisas de esa abogada se limitaron a algo ridículo:
Hicieron una investigación absurda totalmente, en plan, alguien ha hecho algo.
Eso sí, pese a no recabar pruebas, siquiera endebles, en Podemos tenían a Germán Cantabrana en el punto de mira y optaron por su despido disciplinario.
Para más inri decidieron filtrar esa medida a la prensa:
Me echaron. Me hicieron una campaña en la que participaron los órganos del partido. Me llamaron maltratador, acosador. Empezaron a correr rumores y a pedir mi dimisión como diputado. Del Parlamento no me podían echar porque el acta es mía y además, todo el grupo estaba conmigo menos la diputada que quería mi posición y a la que, de hecho, contrataron con mi sueldo.
Incluso, el partido trató de vender que ese diputado había cometido irregularidades financieras como la de no querer tranferir a Podemos los fondos que por subvención tenía en su cuenta el grupo parlamentario de Unidas Podemos.

EL VERDADERO OBJETIVO, UN PUESTO EN EL PARLAMENTO RIOJANO​

Lo que avisamente escondía la dirección de Podemos era que Cantabrana ocupaba el puesto de portavoz en el Parlamento riojano que debía de abandonar para poner a otra persona.
Como el escaño es de la persona y no del partido, la dirección de Unidas Podemos fue por otra vía, la de cesarle de sus funciones dentro del partido.
Sin embargo, la Justicia no funciona como quisieran los órganos de control de Podemos y el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño falló en febrero de 2019 que el cese era nulo, condenó en costas a Podemos y ordenó la readmisión del trabajador y el pago de los sueldos atrasados.
La conclusión de la sentencia era clara:
El despido del actor sólo puede interpretarse como el desenlace de los sucesivos actos acaecidos desde el mes de enero de 2017 con los continuos conflictos internos y luchas de poder por controlar el grupo parlamentario, vinculados a la libertad ideológica del actor, y su autonomía política como diputado.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmó el fallo y añadió que el despido careció de justificación suficiente al no haberse acreditado por parte de la empresa las causas y conductas que se imputan al trabajador ni el acoso ni el tema de dinero, del que por cierto, la instructora quitó la razón al partido dado que los fondos públicos del Grupo Parlamentario no tenían por qué ser transferidos a Podemos.
 

Rafael Isea: “La policía me utilizó para una trama política y puso en riesgo a mi familia”​

El político venezolano relata a EL PAÍS desde Washington la presión que recibió de la conocida como 'policía patriótica' del PP para avalar su causa contra Podemos en 2016.​


Ver el archivo adjunto 2174475

Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”. En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español que lidera Pablo Iglesias. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a la formación de izquierdas cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.

Los policías le aseguraron que acudían en representación del Gobierno español. Para convencerle de que declarara, se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron que su testimonio no se haría público.



Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente, su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. Isea recuerda aquellos días en un encuentro con EL PAÍS a las afueras de Washington, donde lleva una vida discreta con su esposa y sus hijos.

Interior costeó con dinero público el viaje de la ‘policía patriótica’ a EE UU para recabar datos contra Podemos
La policía allana la casa de un excargo chavista por testificar en Washington

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”, explica. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

El primer contacto se produjo a través de un conocido de Isea. La cita fue el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York. “Es importante que para mí en todo momento se trataba del Gobierno español”, añade. “Eran autoridades del Estado. La reunión era con funcionarios del Ministerio del Interior y en el Consulado, en unas dependencias a las que yo nunca habría podido acceder. Si la reunión hubiera sido en un café, uno podría sospechar. Pero había una institucionalidad clara”.

Acudieron a la reunión, según el exministro, tres agentes de policía: el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Villarejo; el comisario José Manuel García Catalán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y una mujer de la que Isea no recuerda el nombre pero identifica como agente también de la UDEF. “Me dijeron que gracias por venir y que les interesaba mucho mi declaración”, recuerda. “Yo les expliqué que con gusto iba a conversar, pero que no iba a firmar ningún documento. Entonces me dicen que menuda decepción, que ellos habían hecho ese viaje porque les dijeron que iba a declarar, que eran temas muy importantes para el Estado español.

En ese momento salen los dos hombres y se queda la agente. Al rato regresan, tres o cuatro minutos. Y es entonces cuando Fuentes Gago empieza a decir que me va a hablar en nombre del Gobierno español, que me ofrecen todo el apoyo y las garantías del Gobierno para sacar a mi familia, darle la residencia y después la nacionalidad española. Yo le pregunté que cómo me podían ofrecer eso si mi familia estaba en Venezuela, y me explicó que tenían formas de hacerlo”.

Las promesas de Fuentes Gago se escuchan en la grabación. También cómo este se arrogaba el “mandato” del ministro del Interior (entonces Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy). Después se ha sabido, según publicó EL PAÍS, que el viaje de los policías, costeado con dinero del contribuyente, no obtuvo el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Siguiendo con la construcción de ese marco de confianza, me dijeron que esto estaba autorizado por el más alto nivel de la Fiscalía de España. Que iba a ser llevado a un juez, que el único que iba a tener acceso a esta declaración era el juez, y que yo iba a ser identificado como testigo uno y mi nombre no iba a trascender. Ese fue el otro elemento que me dio confianza para acceder a declarar”, recuerda Isea. “Le empeño mi palabra”, le dice Fuentes Gago en la grabación.

Isea accedió a declarar, pero reiteró que tenía reservas acerca de la legitimidad del documento que le mostraban. “Fuentes Gago me dijo que el tema no era ese punto de cuenta, que los de Podemos no habían rechazado que la fundación hubiera recibido financiación del Gobierno venezolano”, explica.

Finalizada la declaración, Isea la leyó y la firmó. Se fue del Consulado y por la noche, asegura, le volvieron a contactar y le dijeron que necesitaban que regresara a la mañana siguiente, temprano, porque se habían olvidado de meter en la declaración los nombres de las tres personas de Podemos que querían que constaran: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Volví y firmé de nuevo”, recuerda Isea. Declaró, como consta en el acta, que esas tres personas “han estado en Venezuela frecuentemente” y que el presidente Chávez “habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por servicios prestados entre los años de 2008 a 2011”.

“Pero eso me llamó la atención”, apunta. “Después, cuando la declaración fue filtrada a la prensa, comprendí que la intención era señalar de manera clara a esas personas de la política española como beneficiarios de una financiación. A mí se me dijo que lo que trataban de averiguar ellos era si esos ingresos los habían declarado o no a la Hacienda española”.

Aquella, asegura, fue la última ocasión en que Isea vería a esos policías. En mayo, un mes antes de las elecciones, su declaración fue filtrada a la prensa. Isea solo tenía un contacto a través de Telegram, que le había facilitado el intermediario, con una persona “supuestamente del Gobierno de España”, cuyo nombre no recuerda (dicha aplicación de mensajería elimina automáticamente las conversaciones antiguas). “Yo le preguntaba qué pasó con lo que me prometieron”, dice Isea. “Me volvieron a pedir los nombres de mis familiares. Me decían que lo estaban investigando, que lo lamentaban mucho. Comprendí que me estaban dando largas. Me decían que en realidad no sabían qué fue lo que se me había ofrecido. Yo le dije que cómo que no, que habían venido en nombre del Estado español. Y me dijo que, bueno, eso no era tan así. Que estaban viendo lo que pasó allí realmente. No volví a saber nada”.

Isea quiere dejar claro que no le guio ninguna intencionalidad política, que no quiso entrar en ningún juego ni tenía una agenda. Se llegó a plantear demandar al Gobierno español, pero se asesoró y le dijeron que no iba a ser fácil ni barato. “Me dijeron que nuestra demanda podía prosperar si nos uníamos a una que ya había interpuesto Podemos, pero era caro y, además, no queríamos volver a entrar en la pelea política”, asegura. “Yo no tengo el más mínimo interés de querellarme con un Gobierno de España, de ningún signo. Por España tengo un gran respeto, por su Gobierno, por su gente”.

La situación de su familia no ha empeorado, hasta la fecha, por la revelación de este episodio. Algo que Isea atribuye a la crisis que atraviesa su país, que marca otras prioridades. “La vida de mi familia sigue estando en peligro”, asegura. “Pero esta vez no ha habido allanamientos, ni detenciones ni nada por el estilo”.

Los temores de Isea tienen fundamento. Un año antes, en 2015, se publicó el libro Bumerán Chávez, de Emili Blasco, que incluía conversaciones que Isea dice haber mantenido con el autor off the record y afirmaciones que son, según el exministro, “directamente falsas”. “La publicación del libro llevó a la detención de mi madre, y a su interrogatorio por parte del SEBIN [policía política de Venezuela]. Allanaron la casa de mis hermanas y las interrogaron también, les prohibieron salir del país, confiscaron bienes a mi familia, a mis amigos, a la familia de mi esposa. Por eso, cuando se filtró mi declaración ante los policías españoles, pensé: nada, si por lo del libro los allanaron, con esto van presos. Mi familia no tiene ninguna protección. Está absolutamente indefensa. La única precaución es el miedo, que te paraliza. Bajas el perfil, evitas exponerte, no sales de noche”.

Lo peor para él, asegura Isea, es saber que si al final hacen algo contra su familia, no va a poder evitarlo. “No tengo manera”, explica. “Es terrible vivir con esa especie de una culpa adelantada”.


Jueces corruptos, policía corrupta, presidenta del Parlamento defenestrada, ex jefe del Estado fugado, etc etc.

Todo muy típico de un país bananero.
 

  • Detienen a un extrabajador de Más Madrid por hackear su web y desviar 7.000€ a Podemos

La Policía Nacional ha detenido a un exempleado de Más Madrid que supuestamente hackeó la página web del partido durante la campaña electoral para desviar dinero de la formación de Íñigo Errejón y Mónica García a las cuentas de Podemos, han confirmado a Europa Press fuentes policiales y de la formación.

El ataque informático tuvo lugar el pasado 2 de abril. Desde los servidores de Más Madrid el arrestado supuestamente alteró los números de cuentas de la sección de microcréditos de esta formación para sustituirlas por otros vinculados a Podemos, lo que afectó a donaciones aportadas por 50 personas y valoradas aproximadamente 7.000 euros.

El ‘pirata’ informático realizó su ataque durante ese día en su antigua web y logró acceder a la herramienta que gestiona las donaciones de afiliados y simpatizantes. Concretamente, logró sustituir durante unas horas los números de cuentas de la formación que lidera Mónica García por otros vinculados a Podemos. De esta forma y según las pesquisas iniciales, unos 7.000 euros donados a Más Madrid se derivaron a la sección de microcréditos de Podemos.
 

Rafael Isea: “La policía me utilizó para una trama política y puso en riesgo a mi familia”​

El político venezolano relata a EL PAÍS desde Washington la presión que recibió de la conocida como 'policía patriótica' del PP para avalar su causa contra Podemos en 2016.​


Ver el archivo adjunto 2174475

Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”. En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español que lidera Pablo Iglesias. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a la formación de izquierdas cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.

Los policías le aseguraron que acudían en representación del Gobierno español. Para convencerle de que declarara, se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron que su testimonio no se haría público.



Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente, su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. Isea recuerda aquellos días en un encuentro con EL PAÍS a las afueras de Washington, donde lleva una vida discreta con su esposa y sus hijos.

Interior costeó con dinero público el viaje de la ‘policía patriótica’ a EE UU para recabar datos contra Podemos
La policía allana la casa de un excargo chavista por testificar en Washington

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”, explica. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

El primer contacto se produjo a través de un conocido de Isea. La cita fue el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York. “Es importante que para mí en todo momento se trataba del Gobierno español”, añade. “Eran autoridades del Estado. La reunión era con funcionarios del Ministerio del Interior y en el Consulado, en unas dependencias a las que yo nunca habría podido acceder. Si la reunión hubiera sido en un café, uno podría sospechar. Pero había una institucionalidad clara”.

Acudieron a la reunión, según el exministro, tres agentes de policía: el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Villarejo; el comisario José Manuel García Catalán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y una mujer de la que Isea no recuerda el nombre pero identifica como agente también de la UDEF. “Me dijeron que gracias por venir y que les interesaba mucho mi declaración”, recuerda. “Yo les expliqué que con gusto iba a conversar, pero que no iba a firmar ningún documento. Entonces me dicen que menuda decepción, que ellos habían hecho ese viaje porque les dijeron que iba a declarar, que eran temas muy importantes para el Estado español.

En ese momento salen los dos hombres y se queda la agente. Al rato regresan, tres o cuatro minutos. Y es entonces cuando Fuentes Gago empieza a decir que me va a hablar en nombre del Gobierno español, que me ofrecen todo el apoyo y las garantías del Gobierno para sacar a mi familia, darle la residencia y después la nacionalidad española. Yo le pregunté que cómo me podían ofrecer eso si mi familia estaba en Venezuela, y me explicó que tenían formas de hacerlo”.

Las promesas de Fuentes Gago se escuchan en la grabación. También cómo este se arrogaba el “mandato” del ministro del Interior (entonces Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy). Después se ha sabido, según publicó EL PAÍS, que el viaje de los policías, costeado con dinero del contribuyente, no obtuvo el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Siguiendo con la construcción de ese marco de confianza, me dijeron que esto estaba autorizado por el más alto nivel de la Fiscalía de España. Que iba a ser llevado a un juez, que el único que iba a tener acceso a esta declaración era el juez, y que yo iba a ser identificado como testigo uno y mi nombre no iba a trascender. Ese fue el otro elemento que me dio confianza para acceder a declarar”, recuerda Isea. “Le empeño mi palabra”, le dice Fuentes Gago en la grabación.

Isea accedió a declarar, pero reiteró que tenía reservas acerca de la legitimidad del documento que le mostraban. “Fuentes Gago me dijo que el tema no era ese punto de cuenta, que los de Podemos no habían rechazado que la fundación hubiera recibido financiación del Gobierno venezolano”, explica.

Finalizada la declaración, Isea la leyó y la firmó. Se fue del Consulado y por la noche, asegura, le volvieron a contactar y le dijeron que necesitaban que regresara a la mañana siguiente, temprano, porque se habían olvidado de meter en la declaración los nombres de las tres personas de Podemos que querían que constaran: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Volví y firmé de nuevo”, recuerda Isea. Declaró, como consta en el acta, que esas tres personas “han estado en Venezuela frecuentemente” y que el presidente Chávez “habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por servicios prestados entre los años de 2008 a 2011”.

“Pero eso me llamó la atención”, apunta. “Después, cuando la declaración fue filtrada a la prensa, comprendí que la intención era señalar de manera clara a esas personas de la política española como beneficiarios de una financiación. A mí se me dijo que lo que trataban de averiguar ellos era si esos ingresos los habían declarado o no a la Hacienda española”.

Aquella, asegura, fue la última ocasión en que Isea vería a esos policías. En mayo, un mes antes de las elecciones, su declaración fue filtrada a la prensa. Isea solo tenía un contacto a través de Telegram, que le había facilitado el intermediario, con una persona “supuestamente del Gobierno de España”, cuyo nombre no recuerda (dicha aplicación de mensajería elimina automáticamente las conversaciones antiguas). “Yo le preguntaba qué pasó con lo que me prometieron”, dice Isea. “Me volvieron a pedir los nombres de mis familiares. Me decían que lo estaban investigando, que lo lamentaban mucho. Comprendí que me estaban dando largas. Me decían que en realidad no sabían qué fue lo que se me había ofrecido. Yo le dije que cómo que no, que habían venido en nombre del Estado español. Y me dijo que, bueno, eso no era tan así. Que estaban viendo lo que pasó allí realmente. No volví a saber nada”.

Isea quiere dejar claro que no le guio ninguna intencionalidad política, que no quiso entrar en ningún juego ni tenía una agenda. Se llegó a plantear demandar al Gobierno español, pero se asesoró y le dijeron que no iba a ser fácil ni barato. “Me dijeron que nuestra demanda podía prosperar si nos uníamos a una que ya había interpuesto Podemos, pero era caro y, además, no queríamos volver a entrar en la pelea política”, asegura. “Yo no tengo el más mínimo interés de querellarme con un Gobierno de España, de ningún signo. Por España tengo un gran respeto, por su Gobierno, por su gente”.

La situación de su familia no ha empeorado, hasta la fecha, por la revelación de este episodio. Algo que Isea atribuye a la crisis que atraviesa su país, que marca otras prioridades. “La vida de mi familia sigue estando en peligro”, asegura. “Pero esta vez no ha habido allanamientos, ni detenciones ni nada por el estilo”.

Los temores de Isea tienen fundamento. Un año antes, en 2015, se publicó el libro Bumerán Chávez, de Emili Blasco, que incluía conversaciones que Isea dice haber mantenido con el autor off the record y afirmaciones que son, según el exministro, “directamente falsas”. “La publicación del libro llevó a la detención de mi madre, y a su interrogatorio por parte del SEBIN [policía política de Venezuela]. Allanaron la casa de mis hermanas y las interrogaron también, les prohibieron salir del país, confiscaron bienes a mi familia, a mis amigos, a la familia de mi esposa. Por eso, cuando se filtró mi declaración ante los policías españoles, pensé: nada, si por lo del libro los allanaron, con esto van presos. Mi familia no tiene ninguna protección. Está absolutamente indefensa. La única precaución es el miedo, que te paraliza. Bajas el perfil, evitas exponerte, no sales de noche”.

Lo peor para él, asegura Isea, es saber que si al final hacen algo contra su familia, no va a poder evitarlo. “No tengo manera”, explica. “Es terrible vivir con esa especie de una culpa adelantada”.


Jueces corruptos, policía corrupta, presidenta del Parlamento defenestrada, ex jefe del Estado fugado, etc etc.

Todo muy típico de un país bananero.
Ninguna sorpresa. Así se las gastan los "patriotas salvadores" de España.
 
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