Renovación de miembros del Tribunal Constitucional

[IDOLO]

Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González​

• Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP, entrará en el Tribunal Constitucional junto con Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo. Por la parte progresista entran la magistrada del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán y el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel, que absolvió a Trapero por el 1-O
• — Gobierno y PP cierran la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas

Cospedal aplaude a Concepción Espejel tras condecorarla en una imagen de archivo
Elena Herrera / Alberto Pozas
21 de octubre de 2021 21:31h
49
@herrera_elena@albert_poux
Tras casi dos años con un tercio de sus integrantes con el mandato caducado, el Gobierno y el PP han acordado este jueves renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019. La decisión forma parte de un pacto global que incluye la actualización también del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Los nombres pactados por el Ejecutivo y el principal partido de la oposición para el tribunal de garantías incluyen a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán.


Concepción Espejel (Madrid, 1959). Presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2017. Concepción Espejel es considerada una magistrada cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó la decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, actualmente consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del Partido Popular.

Espejel es magistrada desde 1983 y pasó por juzgados de Vinaroz, Reus y Valls antes de entrar en la Audiencia Provincial de Tarragona. Pasó a presidir la Audiencia de Guadalajara en 1999 tras pasar por la de Segovia y en 2008 entró en el Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del Partido Popular en el Senado. Tres años después de su vuelta a la Audiencia Nacional fue nombrada presidenta de la sala de lo penal. Fue en 2014 cuando María Dolores de Cospedal pronunciaba la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como "querida Concha" cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957). Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del cuerpo de letrados de las Cortes Generales y abogado. Es uno de los juristas propuestos por el PP para ocupar una de las cuatro vacantes del tribunal de garantías. Su nombre está muy vinculado a los conservadores que lo propusieron en 1996 para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde estuvo hasta 2001. Tras su salida del órgano de gobierno de los jueces montó el despacho Estudios Jurídicos, donde es abogado socio especializado en derecho público, constitucional y administrativo.

Desde ese puesto ha trabajado para políticos del PP y ha utilizado sus contactos para maniobrar a su favor. Según figura en las escuchas telefónicas del caso Lezo, Arnaldo Alcubilla participó en las maniobras para colocar jueces y fiscales afines que favoreciesen la exculpación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso del supuesto regalo de un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona. Este caso quedó archivado en julio del año pasado. En las escuchas interceptadas por la Guardia Civil, Arnaldo Alcubilla promete a González hacer algunas gestiones para poner a un fiscal general "bueno".

En el CGPJ coincidió con Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando éste llegó como letrado. Años después lo defendió en la causa que López afrontó por conducir su moto borracho y que derivó en su condena y su salida del Constitucional. Aunque finalmente resultó absuelto, Arnaldo Alcubilla también estuvo investigado en el caso Palma Arena como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando su contratación en su bufete.

Juan Ramón Sáez Valcárcel (Madrid, 1957). El juez progresista y eterno aspirante a la sala de lo penal del Tribunal Supremo estará, finalmente, en el Tribunal Constitucional. Magistrado desde hace más de 35 años, Sáez pasó por juzgados de San Roque y Madrid antes de convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1996 hasta 2001 a propuesta de Izquierda Unida. Ya en 2007 se incorporó a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en la que ha sido ponente de varias sentencias relevantes: la absolución de Josep Lluís Trapero, la absolución de los acusados del asalto al Parlament de 2011, la condena por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, la condena a Francisco Granados por el soplo de la trama Púnica o la absolución de los 40 acusados de pertenecer a Segi. Una de sus últimas sentencias ha impuesto 46 años de cárcel a la etarra Soledad Iparragirre 'Anboto' por una bomba trampa en Escoriaza en 1987.

Considerado de perfil marcadamente progresista, Sáez ha intentado sin éxito acceder dos veces a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La primera vez fue en 2014 cuando la magistrada Ana Ferrer se convirtió en la primera mujer en acceder a la sala segunda del Supremo. El segundo intento fallido llegó a finales de 2019 cuando se presentó para cubrir la plaza que dejaba por jubilación el también progresista Alberto Jorge, adjudicada finalmente a Leopoldo Puente.

Inmaculada Montalbán (Granada, 1959). Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de ejercer en varios juzgados de Granada, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Miembro de Jueces para la Democracia, es experta en igualdad de género. Ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Su nombre también sonó en las quinielas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en uno de sus primeros intentos fallidos desde 2018.

En 2020 condenó a la Junta de Andalucía por "sacrificar de manera absoluta" el derecho a huelga durante el 8M de sus sanitarios en vísperas del estado de alarma. Acusó al Gobierno andaluz dejar "vacío" ese derecho de los trabajadores durante la huelga feminista y de no contribuir "a la sensibilización de la sociedad" en asuntos referentes a la mujer. Tiene un largo historial de sentencias con perspectiva de género, como la que denegó la residencia en España a un hombre condenado por maltratar a su mujer al considerar que la violencia de género es "una cuestión de orden público a proteger por el Estado"; o en la que condenó al INEM por trato discriminatorio contra una embarazada que no fue admitida en una lista de candidatos para un puesto de trabajo.

Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González

Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP, entrará en el Tribunal Constitucional junto con Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo. Por la parte progresista entran la magistrada del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán y el magistrado de la...

www.eldiario.es

Para ese viaje no se necesitaban esas alforjas.

Loas juristas están que trinan. Hay una ley no escrita que se ha cumplido a rajatabla solo con la excepción de Enrique Lopez que tuvo que dejar su cargo porque le pillaron borracho y sin casco cuando iba en moto.

La regla no escrita pero que se ha seguido a rajatabla es que al TC van los magistrados de Sala de la Fiscalía o los del Tribunal Supremo, es como el último cargo antes de su jubilación. Los que no van son magistrados de tribunales o de la Audiencia Nacional.

Aparte de ésto menudo curriculum de los del PP.

A Concha ya la conocemos vía Cospedal. Recusada en la trama Gürtel.

A Enrique Arnaldo también, dio al menos 30 cursos en la FAES y fue abogado no sé si de Camps o de Matas, y luego del borracho Enrique Lopez.

Inmaculada magistrada de un tribunal de Andalucía....

Lo mejor es el sorteo cumpliendo una serie de requisitos que debieran ser claros para no tener problemas a la hora de entrar en bolsa para ser elegidos.

 

[Numantino]

Políticos politiqueando
Luego dirán que hay separación de poderes

 

[loca]

Que el Sr. X esté al lado de Pedro, no era buena señal.

La inquisición nunca se fue.

 

[Paquita]

Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González​

• Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP, entrará en el Tribunal Constitucional junto con Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo. Por la parte progresista entran la magistrada del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán y el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel, que absolvió a Trapero por el 1-O
• — Gobierno y PP cierran la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas

Cospedal aplaude a Concepción Espejel tras condecorarla en una imagen de archivo
Elena Herrera / Alberto Pozas
21 de octubre de 2021 21:31h
49
@herrera_elena@albert_poux
Tras casi dos años con un tercio de sus integrantes con el mandato caducado, el Gobierno y el PP han acordado este jueves renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019. La decisión forma parte de un pacto global que incluye la actualización también del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Los nombres pactados por el Ejecutivo y el principal partido de la oposición para el tribunal de garantías incluyen a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán.


Concepción Espejel (Madrid, 1959). Presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2017. Concepción Espejel es considerada una magistrada cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó la decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, actualmente consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del Partido Popular.

Espejel es magistrada desde 1983 y pasó por juzgados de Vinaroz, Reus y Valls antes de entrar en la Audiencia Provincial de Tarragona. Pasó a presidir la Audiencia de Guadalajara en 1999 tras pasar por la de Segovia y en 2008 entró en el Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del Partido Popular en el Senado. Tres años después de su vuelta a la Audiencia Nacional fue nombrada presidenta de la sala de lo penal. Fue en 2014 cuando María Dolores de Cospedal pronunciaba la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como "querida Concha" cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957). Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del cuerpo de letrados de las Cortes Generales y abogado. Es uno de los juristas propuestos por el PP para ocupar una de las cuatro vacantes del tribunal de garantías. Su nombre está muy vinculado a los conservadores que lo propusieron en 1996 para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde estuvo hasta 2001. Tras su salida del órgano de gobierno de los jueces montó el despacho Estudios Jurídicos, donde es abogado socio especializado en derecho público, constitucional y administrativo.

Desde ese puesto ha trabajado para políticos del PP y ha utilizado sus contactos para maniobrar a su favor. Según figura en las escuchas telefónicas del caso Lezo, Arnaldo Alcubilla participó en las maniobras para colocar jueces y fiscales afines que favoreciesen la exculpación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso del supuesto regalo de un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona. Este caso quedó archivado en julio del año pasado. En las escuchas interceptadas por la Guardia Civil, Arnaldo Alcubilla promete a González hacer algunas gestiones para poner a un fiscal general "bueno".

En el CGPJ coincidió con Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando éste llegó como letrado. Años después lo defendió en la causa que López afrontó por conducir su moto borracho y que derivó en su condena y su salida del Constitucional. Aunque finalmente resultó absuelto, Arnaldo Alcubilla también estuvo investigado en el caso Palma Arena como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando su contratación en su bufete.

Juan Ramón Sáez Valcárcel (Madrid, 1957). El juez progresista y eterno aspirante a la sala de lo penal del Tribunal Supremo estará, finalmente, en el Tribunal Constitucional. Magistrado desde hace más de 35 años, Sáez pasó por juzgados de San Roque y Madrid antes de convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1996 hasta 2001 a propuesta de Izquierda Unida. Ya en 2007 se incorporó a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en la que ha sido ponente de varias sentencias relevantes: la absolución de Josep Lluís Trapero, la absolución de los acusados del asalto al Parlament de 2011, la condena por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, la condena a Francisco Granados por el soplo de la trama Púnica o la absolución de los 40 acusados de pertenecer a Segi. Una de sus últimas sentencias ha impuesto 46 años de cárcel a la etarra Soledad Iparragirre 'Anboto' por una bomba trampa en Escoriaza en 1987.

Considerado de perfil marcadamente progresista, Sáez ha intentado sin éxito acceder dos veces a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La primera vez fue en 2014 cuando la magistrada Ana Ferrer se convirtió en la primera mujer en acceder a la sala segunda del Supremo. El segundo intento fallido llegó a finales de 2019 cuando se presentó para cubrir la plaza que dejaba por jubilación el también progresista Alberto Jorge, adjudicada finalmente a Leopoldo Puente.

Inmaculada Montalbán (Granada, 1959). Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de ejercer en varios juzgados de Granada, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Miembro de Jueces para la Democracia, es experta en igualdad de género. Ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Su nombre también sonó en las quinielas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en uno de sus primeros intentos fallidos desde 2018.

En 2020 condenó a la Junta de Andalucía por "sacrificar de manera absoluta" el derecho a huelga durante el 8M de sus sanitarios en vísperas del estado de alarma. Acusó al Gobierno andaluz dejar "vacío" ese derecho de los trabajadores durante la huelga feminista y de no contribuir "a la sensibilización de la sociedad" en asuntos referentes a la mujer. Tiene un largo historial de sentencias con perspectiva de género, como la que denegó la residencia en España a un hombre condenado por maltratar a su mujer al considerar que la violencia de género es "una cuestión de orden público a proteger por el Estado"; o en la que condenó al INEM por trato discriminatorio contra una embarazada que no fue admitida en una lista de candidatos para un puesto de trabajo.

Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González

Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP, entrará en el Tribunal Constitucional junto con Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo. Por la parte progresista entran la magistrada del TSJ de Andalucía Inmaculada Montalbán y el magistrado de la...

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Para ese viaje no se necesitaban esas alforjas.

Loas juristas están que trinan. Hay una ley no escrita que se ha cumplido a rajatabla solo con la excepción de Enrique Lopez que tuvo que dejar su cargo porque le pillaron borracho y sin casco cuando iba en moto.

La regla no escrita pero que se ha seguido a rajatabla es que al TC van los magistrados de Sala de la Fiscalía o los del Tribunal Supremo, es como el último cargo antes de su jubilación. Los que no van son magistrados de tribunales o de la Audiencia Nacional.

Aparte de ésto menudo curriculum de los del PP.

A Concha ya la conocemos vía Cospedal. Recusada en la trama Gürtel.

A Enrique Arnaldo también, dio al menos 30 cursos en la FAES y fue abogado no sé si de Camps o de Matas, y luego del borracho Enrique Lopez.

Inmaculada magistrada de un tribunal de Andalucía....

Lo mejor es el sorteo cumpliendo una serie de requisitos que debieran ser claros para no tener problemas a la hora de entrar en bolsa para ser elegidos.

Sorteo para el Constitucional también?

Ostras tú.

Hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo. No me gusta que no vaya nadie del Supremo. No es que sea el último cargo antes de su jubilación, pero se supone que ahí están los mejores.

No me parece un acuerdo positivo.

 

[Paquita]

Políticos politiqueando
Luego dirán que hay separación de poderes

El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial.

 

[Macruella]

Cierto. No forma parte del poder judicial y sí dice si las leyes son conformes a la constitución o no , si las competencias corresponden al Estado o a las Comunidades Autónomas , resuelve el recurso de amparo … unas funciones para las que debería tener plenas garantías de independencia, que hacen que en la práctica todo esto sea papel mojado.

 

[IDOLO]

Uno de los dos elegidos por el PP para el Constitucional estuvo imputado por cobrar del Gobierno balear y hacer pagos a Matas​

• El expresidente balear encargó en 2007 a una empresa de Enrique Arnaldo un informe sobre los límites del gasto institucional y meses más tarde, cuando Matas acababa de cesar como jefe del Ejecutivo, esa misma empresa le pagó 30.000 euros: el futuro magistrado del TC adujo que se trataba de pagos por servicios que le había dado a su sociedad
• Año y medio después de que fuese imputado en marzo de 2010, el juez le levantó la imputación en julio de 2011 a petición de la Fiscalía: adujo que parte de los hechos había prescrito y que sobre otros no había datos suficientes para mantenerlo como investigado
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Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 22/10/2021 a las 13:00Actualizada el 22/10/2021 a las 16:09



El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, en una imagen de archivo.
EFE
Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas que se convertirán en magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, estuvo imputado durante año y medio en el caso Matas. Finalmente, el juez le levantó la imputación en julio de 2011. Tres contratos adjudicados por el Gobierno balear a su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL, y los pagos que tras el tercero efectuó esa misma sociedad a Jaume Matas fueron la clave de su imputación. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Arnaldo, que no atendió la llamada y a cuyo teléfono móvil profesional este periódico envió un mensaje para conocer si considera que haber estado involucrado en el caso Matas puede perjudicar su trabajo como magistrado del TC. Y el PP rehusó igualmente pronunciarse.

El caso Matas, más conocido como Palma Arena y del que también cuelga el caso Urdangarin, no es el único de corrupción donde aparece Enrique Arnaldo. En una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el 3 de noviembre de 2016, cuando el expresidente de Madrid, Ignacio González, ya estaba siendo investigado, el futuro magistrado del TC hizo este anuncio: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”. La señora era Consuelo Madrigal, entonces a punto de ser relevada como fiscal general del Estado. Y la conversación aparece incorporada al sumario de la Operación Lezo.


El origen de la imputación de Arnaldo en marzo de 2010 por la llamada pieza 5 del caso Matas se sitúa en tres contratos que, sin concurso y mediante procedimiento negociado, obtuvo del Gobierno balear su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL. En 2007, meses después de la firma del tercer contrato –"más bien un encargo", escribió luego el juez en uno de los autos incorporados a la causa– y cuando Matas acababa de cesar como jefe del Ejecutivo, el político recibió ese mismo año de la empresa de Arnaldo 31.320 euros.

Los pagos al expresidente balear prosiguieron en 2008 y en 2009: 18.000 el primer año y 10.000 en enero del siguiente. La explicación sobre esos abonos que Arnaldo, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), facilitó al juez y que se tradujo en su exoneración tras año y medio de investigaciones fue que Matas le había pedido trabajo. Su oferta era la de dar a Estudios Jurídicos y Procesales "los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que básicamente consistían en ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultoría económico- financiera".


Esa posterior y "cercanísima" contratación "privada" de Matas por parte de Arnaldo, remarcaba el juez dos meses antes de levantar en julio la imputación que pesaba sobre el futuro miembro del TC, no hacía "sino confirmar la estrecha relación entre ambos imputados". Que Matas hubiera realizado efectivamente trabajos para Arnaldo le libraba de ser sospechoso de haber colaborado en un delito de blanqueo, argumentó el juez. Pero aquello dejaba "incólumes los indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, o de otros tipos penales". No obstante, el magistrado accedió en julio a la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que sobreseyera la imputación. Como subrayó el magistrado, la defensa de Arnaldo había centrado su petición de archivo en "la falta de suficientes indicios incriminatorios respecto de la participación de su representado en los hechos objeto de investigación". La clave del sobreseimiento fue que una parte de los hechos podía considerarse prescrita –la de los contratos de 2004– y que sobre la más reciente no había datos suficientes para mantenerlo como investigado.
Un contrato de un año por el que cobró cuatro a través de prórrogas


El primer contrato de la Administración balear para Estudios Jurídicos y Procesales, de mayo de 2004, tenía por objeto la "implantación y organización de un Ente Público RTV en las Illes Balears" y su importe ascendió a 29.696 euros.
El segundo, suscrito ese mismo año, comprometía al bufete a dar "prestación de servicios para el asesoramiento técnico-jurídico en todas las cuestiones referentes a las competencias atribuidas al ente público" y garantizaba a Arnaldo 2.000 euros mensuales: los cobró mediante sucesivas prórrogas hasta que en abril de 2008 y sin Matas en la Presidencia balear el Govern zanjó la relación contractual.

La tercera contratación, por 12.000 euros, llegó para Estudios Jurídicos y Procesales en abril de 2007. Esta vez se le encomendaba elaborar un “dictamen sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales y de las campañas de presentación de logros y realizaciones de la legislatura”.

Dicho contrato, se lee en el auto que en mayo de 2011 había denegado sobreseer las diligencias respecto a Arnaldo, "fue precedido de un encuentro personal, en el despacho del propio Sr. Matas, encuentro en el que el entonces Presidente del Govern “encarga” al Sr. Arnaldo Alcubilla la elaboración de dicho informe". "Por tanto –prosigue la resolución– y respecto de este contrato, existe algo más que una mera sospecha sobre la comisión de un posible delito de prevaricación, cometido por quienes, sin ser órgano de contratación, y obviando los trámites oportunos –también existen para los contratos menores, en especial, la concurrencia del requisito de la necesidad de la contratación y que ésta responda al interés público-, “adjudican” en una conversación la elaboración de informes".

En un auto anterior, este fechado el 30 de marzo de 2010, el juez del caso Matas, José Castro, escribió esto: "La situación se hace más llamativa aún cuando el máximo representante de la entidad aludida, Don Enrique Arnaldo Alcubilla, es llamado por el Presidente del Govern en el mes de marzo de 2.007 para encargarle directa y personalmente un estudio sobre los límites de los poderes públicos en una campaña institucional que se tramita, dado su importe de 12.000 euros, como contrato menor y genera un inevitable recelo cuando se advierte que Estudios Jurídicos y Procesales abonó a Don Jaume Matas Palou en una cuenta que éste tenía abierta en Bancaja 31.320 euros repartidos en varios ingresos en los meses de septiembre y octubre de 2.007, abonos que en cuantía de 10.000, 8.000 y 10.000 euros se producen también en fechas 06/08/2008, 07/11/2008 y 20/01/2009, respectivamente, en la cuenta que Aremas LLC tenía abierta en la entidad Banco de Valencia". Aremas Llc era una sociedad creada por Matas en EEUU.

Vinculado al PP y habitual de la Fundación FAES, Enrique Arnaldo formó parte del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, entre 1996 y 2001. Allí coincidió con Enrique López, consejero de Justicia de Madrid y responsable de esa área en la dirección del PP. Es letrado de las Cortes y desde 2002 compagina esa labor con la de abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales.

Aquí tienes el auto por el que se desimputó a Enrique Arnaldo:

Uno de los dos elegidos por el PP para el TC estuvo imputado por cobrar del Gobierno balear y hacer pagos a Matas

El expresidente balear encargó en 2007 a una empresa de Enrique Arnaldo un informe sobre los límites del gasto institucional y meses más tarde, c

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Menudos jueces puestos por el PP, la una, Concha apartada de la Gürtel y el otro imputado.
¡Que país bananero!

Vuelvo a decir, para éste viaje no se necesitaban esas alforjas.

 

[Paquita]

Cierto. No forma parte del poder judicial y sí dice si las leyes son conformes a la constitución o no , si las competencias corresponden al Estado o a las Comunidades Autónomas , resuelve el recurso de amparo … unas funciones para las que debería tener plenas garantías de independencia, que hacen que en la práctica todo esto sea papel mojado.

Estoy de acuerdo en que está muy politizado. No me gusta. Igual que el Consejo General del Poder Judicial sus miembros deberían elegirse sin tanta intrusión de los políticos.

 

[IDOLO]

Los casos de corrupción que salpican a Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del Constitucional a propuesta del PP​

La mochila que arrastra a su llegada al tribunal de garantías está llena maniobras para favorecer a altos cargos del PP. Incluso llegó a estar imputado en una pieza del caso 'Palma Arena' con el expresidente Jaume Matas. Unas grabaciones en el sumario del caso 'Lezo' le sitúan "moviéndose" para colocar a fiscales afines a Ignacio González.​

El exvocal del CGPJ y nuevo magistrado del TC Enrique Arnaldo Alcubilla. EFE.
MADRID
22/10/2021 21:49
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL
La extensa trayectoria jurídica del catedrático Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957), nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, no está exenta de tropiezos con la Justicia, algunos de gran calado, como su imputación, y desimputación posterior, en el caso de corrupción del PP balear 'Palma Arena'. Este y otros casos también relacionados con el PP que salpican a Arnaldo cuestionan su nombramiento como magistrado del Constitucional, al quedar en evidencia la estrategia de Pablo Casado de afianzar el brazo jurídico del PP en el tribunal de garantías, con la propuesta de este catedrático y el de la jueza Concepción Espejel, que fue recusada del juicio por la trama Gürtel por su estrecha vinculación con el partido.

La capacidad como jurista de Arnaldo no está en entredicho, indican fuentes jurídicas a Público, pero en su trayectoria como abogado ha maniobrado en truculentas aguas, remando a favor de altos cargos del PP que ahora están en prisión por corrupción, como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.


Enrique Arnaldo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos --vinculada desde su creación al PP--, letrado de las Cortes Generales y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), donde en 2015 le cayó una querella por prevaricación que luego fue archivada. También ha sido un frecuente conferenciante de la fundación del PP, FAES. Su camino al éxito comenzó en 1996 cuando fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Al finalizar su mandato, en 2001, abrió un despacho en Madrid, Estudios Jurídicos y Procesales, SL. con el que llegó a estar imputado en una pieza separada del caso 'Palma Arena'.

• 
  La jueza Concepción Espejel, marcada por su afinidad al PP, entra en el Constitucional
  ANA MARÍA PASCUAL

Durante un año, entre 2010 y 2011, Arnaldo figuró como investigado y llegó a declarar en tal calidad por los presuntos delitos de malversación y cohecho por contratos amañados entre el Gobierno balear y la empresa de Arnado. En 2004 el presidente balear convocó un concurso mediante el procedimiento de negociación sin publicidad y se invitó a tres empresas a presentar ofertas. El concurso lo ganó la empresa de Arnaldo, lo que constituyó según el juez intructor del caso, José Castro, un fraude por estar amañado.

Años más tarde, en 2007, el presidente de Baleares encargó directamente un trabajo de asesoría a Estudios Jurídicos y Procesales, SL, por un valor de 12.000 euros. Meses después, cuando Matas perdió las elecciones, Enrique Arnaldo le contrató para aprovechar su influencia y que le abriera las puertas de Estados Unidos, donde el expresidente iba a trasladarse a vivir, como se desprende de la declaración del propio Enrique Arnaldo. El precio: 31.000 euros. El juez Castro consideró aquel pagó como una devolución de favores de Arnaldo a Matas. La causa contra Arnaldo en esta pieza del caso 'Palma Arena' fue finalmente archivada por prescripción a petición de la Fiscalía.

El nombre de Enrique Arnaldo Alcubilla volvió a aparecer en un sumario en 2017, en el caso 'Lezo' que afecta al PP de Madrid y al expresidente Ignacio González. Arnaldo aparece en conversaciones pinchadas por los investigadores en las que se evidencia que el exvocal del CGPJ estaba "moviéndose" para lograr colocar a fiscales afines que favorecieran a González en sus frentes judiciales, entre ellos, el supuesto regalo de un ático en Estepona (Málaga), causa ya archivada.

• 
  González maniobró con un exvocal del CGPJ vinculado al PP para colocar a fiscales afines
  PÚBLICO

Las conversaciones de la 'vergüenza'​

Entre esas conversaciones, destaca una, producida el 11 de noviembre de 2016, entre Arnaldo e Ignacio González, días antes del nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado:
Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal.
González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.
Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno.
Tras el nombramiento de José Manuel Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:
Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!
González: No, ¿no? Has acertado.
Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!
González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?
Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.
Según estas escuchas aportadas en el sumario del caso 'Lezo', el expresidente madrileño también le preguntó al exvocal del CGPJ por la Fiscalía.
González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!
Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente
González: Porque es que si no...
Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce.

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  Admitida a trámite la querella de Escañuela contra presidente del TAD
  EFE

Enrique Arnaldo fue nombrado presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el 22 de febrero de 2014; un ente dependiente del Consejo Superior de Deportes. En septiembre de 2015 un juzgado de Madrid admitió la querella del expresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), José Luis Escañuela, contra Arnaldo por prevaricación administrativa y falsedad documental en el contexto de la destitución de Escañuela. Arnaldo fue absuelto finalmente.

Los casos de corrupción que salpican a Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del Constitucional a propuesta del PP

La mochila que arrastra a su llegada al tribunal de garantías está llena maniobras para favorecer a altos cargos del PP. Incluso llegó a estar imputado en una pieza del caso 'Palma Arena' con el expresidente Jaume Matas. Unas grabaciones en el sumario del caso 'Lezo' le sitúan "moviéndose" para...

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[IDOLO]

DOMINIO PÚBLICO

El lado incorrecto de los jueces​

ANA PARDO DE VERA
03/11/2021
Ayer asistimos en el Congreso a la última dejación de responsabilidades democráticas derivadas del acuerdo de PP y PSOE para renovar los órganos constitucionales menos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cuyo poder heredado de Mariano Rajoy los de Pablo Casado se niegan a renunciar aunque digan que el PP de éste no tiene nada que ver con el partido de aquél... "salvo alguna cosa", como ésta.

La comparecencia del juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP y aceptado por el PSOE y Unidas Podemos para el Tribunal Constitucional, representa todo aquello que quienes se jactan de buscar la renovación institucional han denunciado por activa y por pasiva sobre el método de elección del poder judicial y el resto de órganos constitucionales, con un aliciente que además, traspasa cualquier mínimo de decencia: la sombra de la corrupción.

Nunca la mujer del César tuvo tantos motivos para parecer honrada, además de serlo, como en su desembarco en cualquiera de las instituciones citadas. Pero sobre todo, nunca como ahora, los encargados de controlar que esta honradez sea y parezca, el PSOE y el PP con el apoyo de Unidas Podemos, tenían que haberse esmerado tanto como en la elección de sus candidatos/as para integrar el Constitucional.

El Partido Popular lleva años -los equivalentes a los que lleva el CGPJ en funciones, casi tres años- cacareando una reforma del sistema de elección del poder judicial que garantice la independencia de los jueces, esto es, según el principal partido de la oposición, que juezas y jueces se elijan entre ellos y las asociaciones que los representan, donde ni están todos los que son ni son todos los que están. El PP pretede hurtar a la Cámara soberana, al Parlamento, al poder legislativo, a todas nosotras que lo elegimos en elecciones generales, la capacidad de intervenir en esos nombramientos. De inicio, y teniendo en cuenta la mayoría conservadora de las asociaciones judiciales, el sistema de Casado pinta muy bien para el PP y Vox. Para el resto, "ya tal".

Pese a todo, y a su negativa para renovar el Consejo, el PSOE ha pactado con el PP renovar el Tribunal Constitucional e incluso con el espectáculo lamentable al que asistimos este martes en el Congreso, los socialistas se felicitan por ello. Ni siquiera han cumplido los mínimos, pero PP y PSOE se dan palmadas en la espalda al otro y en el pecho a sí mismos mientras Unidas Podemos, que ha apoyado los nombramientos opta por la táctica del avestruz: cabeza gacha, a ver si escampa. Si se acatan para el Constitucional los nombramientos de Arnaldo o Concepción Querida Concha Espejel, apartada del juicio de la Gürtel por su vinculación al PP, ¿qué no se hará con una renovación del CGPJ con los buitres partidistas sobrevolando en círculos? Duele la democracia solo de imaginarlo.

El PSOE duda de la imparcialidad de Enrique Arnaldo durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos

¿De verdad el Partido Popular no conoce a jueces y juezas completamente desvinculados de cualquier trama de corrupción, encima, ejecutadas por dirigentes de su propio partido? Sí, ya sé que son muchas las causas que arrastra el PP en los juzgados -y me huelo que la Gürtel aún va a dar sorpresas-, pero algún o alguna magistrada tendrán en sus agendas que no haya sido imputado, contratado a manos llenas por las administraciones del PP o que no haya sido grabado en conversaciones sonrojantes para cualquiera, no digamos un magistrado del Constitucional. ¿Cómo ha podido el PSOE tragar con esto? ¿Y Unidas Podemos, con el cadáver político de Alberto Rodríguez aún caliente por obra y gracia de otros jueces cuestionables?

Creo que las líneas rojas están claras para cualquier juez o jueza, no digamos al más alto nivel del Estado:

capacidad probada, independencia a la hora de actuar por encima de ideologías políticas, creencias o gustos musicales; respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y estar en el lado correcto de la historia, que son la incorruptibilidad y su apariencia, y no el fascismo, que decía Ayuso, corrupto y criminal hasta las trancas.

El lado incorrecto de los jueces

¿De verdad el Partido Popular no conoce a jueces y juezas completamente desvinculados de cualquier trama de corrupción, encima, ejecutadas por dirigentes de su propio partido? Sí, ya sé que son muchas las causas que arrastra el PP en los juzgados, pero algún o alguna magistrada limpia tendrán en sus

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Creo que el PE de Pedro Sanchez debería insertarse dentro del PP porque no desentonaría.

En cuanto a UP ha podido poner dos jueces que al parecer no tienen ninguna estela de corrupción, todo lo contrario que los que el PE ha aceptado del PP, es mas, UP quiso en primer lugar a José Ricardo De la Prada y a Victoria Rosell. Ninguno de los dos. El tercero ha sido Ramón Saez e Inmaculada Montalban, es decir que PE ha tragado con los del PP, pero no viceversa.

A lo dicho, deberían juntarse P. Casado y P. Sanchez y debieran formar un solo partido.

 

[IDOLO]

El candidato del PP al TC infringió la Ley Orgánica de Universidades al cobrar a la vez de un centro público y otro privado​

• El jurista Enrique Arnaldo estuvo adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y al centro Cardenal Cisneros a la vez, algo que impide la norma
• Se trata de una infracción muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo público de entre tres y seis años

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Publicada el 05/11/2021 a las 10:10Actualizada el 05/11/2021 a las 15:50




El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, en una imagen de archivo.
EFE
El jurista Enrique Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional, infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años, según informa El Confidencial. La norma estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases en uno privado. Arnaldo, por entonces, era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y llevaba años dando clase en el centro privado Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una infracción muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo público de entre tres y seis años.

El diario digital explica que la norma dio un plazo de cinco años a los docentes que se encontraran en esta situación de incompatibilidad para que escogieran entre uno u otro puesto. Arnaldo, según la documentación a la que ha tenido acceso el periódico, no lo hizo: siguió vinculado a ambos espacios hasta el curso 2014-15, dando clase en ocho titulaciones de grado y un curso de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y en la asignatura Derecho Constitucional II en los estudios del centro privado.

La norma es clara: "El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo". El jurista, sin embargo, argumenta que obtuvo el permiso de ambos centros y que participó en las actividades de Cardenal Cisneros a través de su bufete de abogados.

Arnaldo, informa infoLibre, forma parte del Cuerpo de Letrados del Congreso y era administrador solidario hasta hace un año de la firma que con adjudicaciones públicas consiguió casi un millón entre 2003 y 2008, algo incompatible según la ley. Según su versión, los suyos no eran contratos de servicios sino de asistencia jurídica y a esos no les afecta el veto. El jurista se opuso a la ley del aborto pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional al que opta. "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza", argumentó.

Arnaldo infringió la Ley Orgánica de Universidades al cobrar a la vez de un centro público y otro privado

El jurista Enrique Arnaldo estuvo adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y al centro Cardenal Cisneros a la vez, algo que impide la norma

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¡Que ascazo! Ale, Pedrito, DEMOCRACIA PLENA.

 

[IDOLO]

Pablo Casado, Enrique Arnaldo, una carrera de Derecho y un puesto en el Constitucional​

• En la polémica carrera académica de Casado, Enrique Arnaldo no fue uno más: estuvo muy presente en todos los centros universitarios donde el presidente del PP completó su currículum oficial​

Ignacio Escolar
@iescolar

16 de noviembre de 2021 22:31h
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Entre todos los juristas conservadores que el PP podía nombrar, ¿por qué este empeño en llevar al polémico Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional? ¿Por qué él, y no cualquier otro que no tuviera tantas manchas en la toga?

Quienes saben de esas negociaciones entre PSOE y PP aseguran que es Pablo Casado, en persona, quien se ha empeñado en que sea Arnaldo el que ascienda al Constitucional. Es una decisión que en gran medida se explica por la amistad que les une, por años de confianza mutua, por una relación muy estrecha que viene de hace más de una década: de los tiempos en los que Casado aún no había terminado la universidad.

En esa historia académica de Casado, tan polémica, Enrique Arnaldo no es un personaje más. Al contrario: aparece sin cesar. Porque el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional estuvo muy cerca de todos y cada uno de los pasos que dio Pablo Casado hasta completar su polémico currículum oficial.

Enrique Arnaldo fue una de las personas que introdujo a Pablo Casado en la Cardenal Cisneros, como ha contado quien era el director del centro en aquella época.

Enrique Arnaldo también era profesor de Derecho en la Cardenal Cisneros, el centro universitario adscrito a la Complutense en el que Casado aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro meses.

Enrique Arnaldo no era un profesor más en la Cisneros. Tuvo mando en plaza y llegó a formar parte del patronato de este centro –que es privado pero de titularidad pública, de la Comunidad de Madrid–.

Enrique Arnaldo fue nombrado miembro de ese patronato por Esperanza Aguirre, la misma persona que ascendió a Pablo Casado a la presidencia de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

Enrique Arnaldo, de forma bastante irregular, también compatibilizaba sus clases en la Cardenal Cisneros con su plaza en la Universidad Rey Juan Carlos, donde recaló Casado tras su paso por la Cisneros.

Allí se licenció en Administración y Dirección de Empresas, y también aprobó un máster en derecho. Ese famoso máster, lleno de irregularidades, que el Tribunal Supremo decidió no investigar.

Y Enrique Arnaldo también formaba parte del consejo del Instituto de Derecho Público de la URJC, el centro de los máster fraudulentos, donde le regalaron el famoso título a Cristina Cifuentes. Y también otro máster a Pablo Casado, que aprobó sin ir a clase, sin hacer los exámenes y con unas extrañas convalidaciones que este centro no ofreció a otros alumnos con menos conexiones políticas.

Convalidaciones y conexiones políticas. No es la primera vez que Casado aprueba así.

La llegada de Casado al Cardenal Cisneros​

El hoy presidente del PP empezó sus estudios en el ICADE, donde cursó el doble grado de Derecho y Administración de Empresas entre 1999 y 2004. Esta universidad privada, de los jesuitas, es famosa por su dureza: los alumnos que suspenden dos veces una asignatura no pueden continuar.

Después de cinco años sin completar la carrera, Casado tuvo que dejar el centro –no está claro si de forma voluntaria u obligado por no aprobar–. Para entonces, ya había entrado en política. En sus primeros años universitarios, promovió una suerte de club de debate donde invitaba a dar conferencias a distintos cargos del Partido Popular. También dirigía una pequeña revista, donde entrevistaba a ministros y demás: un modelo de 'networking' inspirado en el famoso "clan de Becerril", que encumbró años antes a Alejandro Agag.

Gracias a las relaciones públicas que le permitieron esa revista y esos debates, Casado conoció a quien sería su primer mentor: Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en el año 2003 le contrató como asesor de esa consejería. Fue su primer sueldo público: 50.000 euros anuales para un joven estudiante, que compaginaba este trabajo con la universidad.

Tras dejar el ICADE, ya como asesor de la Consejería de Justicia y poco antes de que Esperanza Aguirre le nombrara presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Casado recurrió a sus contactos políticos para recalar en la Cardenal Cisneros. Allí jugaba en casa. Este centro universitario privado es propiedad de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno autonómico es quien pone y quita a sus directores.

Dos personas fueron las embajadoras de Casado en esa universidad; las que intercedieron con el director del centro en esa época, Alberto Pérez de Vargas, para que lo recibiera y le ayudara con las convalidaciones. Una fue Enrique Arnaldo. La otra fue un catedrático de Derecho ya fallecido, y de enorme poder en el mundo universitario cercano al Partido Popular: José Pérez de Vargas.

A 'Pepe' Pérez de Vargas también le llamaban "el gran elector". Era una persona clave en la universidad de Madrid. Primero por su amistad con quien fue consejero de Educación del Gobierno autonómico de Gallardón, Gustavo Villapalos –con el que más adelante se enemistó–. Después, por su amistad con Esperanza Aguirre.

Pepe Pérez de Vargas nunca fue formalmente el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque tuvo más mando en ese centro que muchos de los que ocuparon ese sillón. Se conformó con presidir el patronato de esa universidad, tan ligada desde su fundación al Partido Popular. "Era el poder en la sombra, quien decidía las cátedras, los nombramientos, los ascensos, los presupuestos…", recuerda un profesor de la URJC. Fue Pepe Pérez de Vargas el apoyo clave en la candidatura de Pedro González Trevijano como rector de la URJC en 2002.

Trevijano hoy es magistrado del Tribunal Constitucional, donde llegó en 2013, nombrado por el PP. Es muy amigo de Enrique Arnaldo, desde hace décadas. La exmujer de Enrique Arnaldo, Isabel Benzo, hoy trabaja como letrada del Constitucional, a las órdenes de Trevijano.

Pepe Pérez de Vargas apoyó a Trevijano en su ascenso como rector. Y también fue la persona clave en la designación de Alberto Pérez de Vargas –con el que comparte apellido pero no parentesco– a la dirección de la Cardenal Cisneros. Y en ambos centros, apoyó al joven Pablo Casado, tras caerse del ICADE.

"Conocí a Pablo Casado en el funeral del padre de Pepe Pérez de Vargas", recuerda Alberto Pérez de Vargas, el entonces director de la Cardenal Cisneros. "Después me pidieron que lo atendiera cuando dejó el ICADE", asegura a elDiario.es.

Según la explicación de Alberto Pérez de Vargas –en ese momento director de la Cardenal Cisneros–, Casado fue a verle a su despacho, con estas recomendaciones: "Me contó que si no terminaba la carrera de Derecho, se le acababa la carrera política".

El entonces director de la Cardenal Cisneros asegura que no hubo "ninguna irregularidad". "Es habitual que cuando un alumno cambia de un centro a otro pida las convalidaciones". "Fue muy educado, y me vino con una carpeta con todas las asignaturas que ya había aprobado en el ICADE, pero que no le habían dado por convalidadas". ¿Cómo pudo aprobar 12 asignaturas en tan poco tiempo? "Probablemente le convalidaron algunas otras asignaturas de manera oficiosa, pero eso ya dependía de los profesores", asegura Pérez de Vargas.

"Arnaldo y otros profesores le hacían la corte celestial a Pablo Casado", recuerda Pérez de Vargas, que no obstante insiste en que en todo este proceso "no hubo ninguna irregularidad".

Apenas un año más tarde de esas gestiones de Pepe Pérez Vargas y Enrique Arnaldo, Pablo Casado logró una gesta: sacarse 12 asignaturas de Derecho, casi media carrera, en apenas cuatro meses.
Pepe Pérez de Vargas falleció en enero de 2012, tras una inesperada enfermedad. La URJC puso su nombre a una residencia de esta universidad.

Pablo Casado acabó Derecho en la Cisneros y más tarde Administración y Dirección de Empresas en la URJC. Además de ese máster del que nunca aprobó un solo examen, engordó su currículum con un “postgrado en Harvard” que resultó ser un cursillo de cuatro días en Aravaca.
Más tarde, Casado llego a presidente del PP.

Hoy Enrique Arnaldo es magistrado del Constitucional.

Pablo Casado, Enrique Arnaldo, una carrera de Derecho y un puesto en el Constitucional

En la polémica carrera académica de Casado, Enrique Arnaldo no fue uno más: estuvo muy presente en todos los centros universitarios donde el presidente del PP completó su currículum oficial

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Hay que pagar los favores recibidos. Se entiende mucho mejor el motivo del elegido y no otro juez conservador.