Rajoy recorta la inversión pública en las autonomías en las que gobierna PSOE con Podemos (1 Viewer)

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Rajoy recorta la inversión pública en las autonomías en las que gobierna el PSOE con Podemos

El nivel de ejecución de las sociedades estatales de inversión en infraestructuras no llega este año al 10% de lo presupuestado en Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras se ralentizan actuaciones por casi 6.800 millones en todo el Estado.

ZARAGOZA .- ¿Descuido? ¿Casualidad? ¿O, quizás, castigo? Tres comunidades autónomas en las que el PSOE desplazó del poder al PP con el apoyo de Podemos –Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón- son las principales damnificadas por el recorte de inversiones en infraestructuras del sector público estatal que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aplicó durante el primer semestre de este año: en ninguna de ellas la inversión alcanza el 10% de lo presupuestado.

Por el contrario, ninguna de las tres autonomías que han registrado mayores niveles de inversión, en todos los casos por encima del 30%, está gobernada por la izquierda: la ciudad autónoma de Ceuta -37,5% ejecutado- y La Rioja -33,8%- tienen presidentes del PP, mientras que el Gobierno de Canarias es liderado por Coalición Canaria, con unas tensas relaciones con los socialistas.






Los Presupuestos Generales del Estado contemplaban paquetes de “inversiones reales” en todo el territorio estatal por valor de 13.063 millones de euros, dos terceras partes de ellos -8.104- a cargo del llamado sector público empresarial y fundacional, del que forman parte entidades como Renfe, Adif, Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) o Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), mientras el 38% restante queda en manos de los ministerios -3.632 millones- y de los organismos autónomos -1.305- como la Seguridad Social.

Pasados seis meses, el 84% del dinero de ese primer bloque -6.795 millones- seguía sin ser movilizado, lo que reducía la inversión ejecutada a 1.309, según indica un informe del Gobierno de Aragón elaborado a partir de los datos de la Intervención General del Estado.



Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara presiden los gobiernos de Castilla-La Mancha y Extremadura, las comunidades en las que más ha recortado el Gobierno central sus inversiones.


Escasez también en Euskadi y Catalunya

Inmediatamente por encima de Castilla-La Mancha -3,2% ejecutado-, Extremadura -6,9%- y Aragón -9,5%-, y en todos los casos con aportaciones inferiores al 15% sobre la previsión de los presupuestos, se encuentran dos comunidades con las que el Gobierno central –o los partidos que dirigen unas y otro- mantienen relaciones tensas, caso del País Vasco -11,5%- y Catalunya -13,2%-, y otra como Asturias -12,7%- en la que el PSOE accedió al poder con el apoyo de Podemos e IU.

Baleares y Navarra alcanzan niveles de ejecución del 27,1% y el 29,6%

Completan el furgón de cola Castilla-León -12,6%-, presidida por el PP, y Andalucía -13,7%-, donde los socialistas se apoyan en C’s, mientras las únicas comunidades con gobiernos de izquierdas que superan la media inversora del 16,2% son la Comunitat Valenciana –por dos décimas-, Baleares y Navarra. Estas dos últimas, no obstante, alcanzan niveles de ejecución del 27,1% y el 29,6% tras ser castigadas en los Presupuestos con dos de las menores previsiones inversoras de salida, de solo 107 y 66 millones, respectivamente.

Por cuantías, la comunidad con mayor volumen de inversiones pendientes es Andalucía-1.121 millones-, seguida de cerca por Castilla y León -947-, Galicia - 920- y Catalunya -861- y, a mayor distancia, por la Comunitat Valenciana -594- y Madrid -476-. Son, al mismo tiempo, los únicos territorios en los que las actuaciones presupuestadas para este año superan los 500 millones de euros.



El consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, considera “difícilmente tolerable” el ritmo de inversión en infraestructuras del Gobierno central.


“Una inversión mínima y difícilmente tolerable”
El informe califica de “mínima” la inversión ejecutada por Seittsa durante el primer semestre del año en Aragón -119.000 euros sobre un presupuesto de 55 millones- y tacha de “insignificante” tanto la de Adif -30.860 de 13,4 millones- como la de Renfe -1.860 de 27,1-, al tiempo que apunta que esta comunidad “no ha sido especialmente beneficiaria de la inversión del Estado” ni en las previsiones ni en la ejecución: solo cuatro autonomías tenían reservadas partidas inferiores a sus 176 millones y solo en dos es menos su desarrollo.

Este recorte de las inversiones estatales en Aragón llega después de que la ejecución de las presupuestadas el año pasado se quedara en el 63,7%, con 99,9 millones gastados de los 156,9 previstos. “Es una inversión mínima y difícilmente tolerable”, señaló el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, para quien el recorte actual es “la continuación” de “cuatro años prácticamente perdidos” tras los que la denominada deuda histórica de la Administración central con la comunidad ha superado los 7.500 millones.

http://www.publico.es/politica/rajoy-recorta-inversion-publica-autonomias.html



 

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Ale, por malos.
Muy mal ciudadanos. Mal mal mal habeis votao. Pa que aprendais Mariano McPhee, versión sin verrugas, os da un "corretivo". Las mata callando este cabrón....
 
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Ale, por malos.
Muy mal ciudadanos. Mal mal mal habeis votao. Pa que aprendais Mariano McPhee, versión sin verrugas, os da un "corretivo". Las mata callando este cabrón....
Que se meta los presupuestos por el cucu, en Baleares saldremos adelante igual, estamos acostumbrados, y a pesar de él somos de las comunidades que mas crecen y donde mas baja el paro. Te hodes Mariano.
 
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Que se meta los presupuestos por el cucu, en Baleares saldremos adelante igual, estamos acostumbrados, y a pesar de él somos de las comunidades que mas crecen y donde mas baja el paro. Te hodes Mariano.
Vale, pero conmigo no te enfades, que me quedo triste. Mariano es asín. Con el resentimiento vengativo del feo de la clase que no ligaba, con el rencor podrido del mediocre.
 

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El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas


El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca

El sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, dicen los afectados

El Ejecutivo ha utilizado la asistencia financiera como una palanca para que diez comunidades se incorporen al modelo al convertirlo en requisito obligatorio

Raúl Rejón
26/11/2017 - 19:14h
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Dolors Montserrat y Cristóbal Montoro, en un acto del PP el pasado 1 de septiembre en Alboraya (Valencia). Foto: EFE

ESPECIAL| Salud de lujo. La especulación y los medicamentos

Las farmacéuticas financiaron con 501 millones de euros a médicos y organizaciones profesionales en 2016


El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.

El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.




Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan en estos fármacos de marca menos que el crecimiento del PIB, las comunidades autónomas deben compensar a las empresas. Si es al revés, deberían ser los laboratorios los que compensaran. De esta manera el mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados.

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.

Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación "pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación".

El bloqueo
¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos? Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se convertiría en una obligación de compensar a esos laboratorios por no llegar al nivel comprometido.

Vanessa López, directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria "está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante". Pone el ejemplo de que "el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos".

Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.

El precio de los medicamentos
Vanessa Lopez dice que muchos de los medicamentos de marca "tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%".

Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Este órgano está presidido por el secretario general de Sanidad y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. "El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones", analiza López.


La extensión de los medicamentos genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los medicamentos es un nicho de más de 13.000 millones de euros al año en España. Los genéricos solo suponen el 20%, según la patronal de sus laboratorios Aeseg.

Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).

http://www.eldiario.es/sociedad/Hac...acion-farmaceutica-genericos_0_711129628.html

 

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El chantaje perverso de los medicamentos


El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a pagar los medicamentos más caros a cambio de la ayuda financiera que reciben por la crisis

El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de las grandes farmacéuticas

Una de las grandes prioridades de los laboratorios es bloquear a toda cosa la alternativa de los medicamentos genéricos

Juan Luis Sánchez
26/11/2017 - 19:31h

Exclusiva Hacienda obliga a las comunidades a firmar un convenio a favor de las farmacéuticas para darles ayuda económica
El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, está tirando de mecanismos de todo tipo para doblar la mano de diferentes gobiernos municipales y autonómicos. El último capítulo del chantaje tiene que ver con la salud pública y con la sostenibilidad del sistema sanitario.

Hoy contamos en eldiario.es que Montoro obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal del Fondo de Liquidación Autonómica a firmar un convenio que garantice que el gasto público en medicamentos privilegiará a la industria farmacéutica. ¿Cómo? Sencillo: les pone un mínimo de gasto en productos auspiciados por Farmaindustria, lo que de facto significa reducir el gasto en medicamentos genéricos independientes, que son más baratos e igual de efectivos. Más resumido todavía: el Gobierno obliga a destinar dinero en determinados medicamentos de marca a cambio de una ayuda económica para servicios públicos. O más simple aún: se están malgastando fondos de crisis para financiar indirectamente a las farmacéuticas, uno de los negocios más rentables del mundo.

Los medicamentos genéricos son alternativas más baratas a las marcas de siempre. Una vez que vence la patente del laboratorio que desarrolla y comercializa un principio activo, y que dura normalmente alrededor de 20 años, se abre la veda para que pueda comercializarse de manera más asequible.

El argumento de fondo para que exista una patente es beneficiar la inversión en investigación: si sabes que el medicamento es solo tuyo durante 10 o 20 o 30 años, te merece la pena invertir en su investigación científica y desarrollo. Sin embargo, las grandes farmacéuticas utilizan todo tipo de trucos para registrar como nuevas patentes medicamentos que en realidad son prácticamente idénticos a otros ya existentes en su laboratorio, lo que acaba favoreciendo el oligopolio y manteniendo unos precios abusivos.

Mientras que Farmaindustria asegura que la media invertida para desarrollar un medicamento es superior a 2.500 millones de dólares, Médicos Sin Fronteras asegura que esa cifra es de alrededor de 150 millones. Por ejemplo, según MSF, el laboratorio GSK inviritó entre 130 y 400 millones de euros en I+D para lograr la vacuna infantil contra el rotavirus que se vende en farmacias por más de 240 euros en tres dosis. Las ventas alcanzaron los 2.600 millones de euros en solo cuatro años, de 2010 a 2013.

Al consejero delegado de Bayer le dio un ataque de sinceridad en 2014 cuando hablaba de un genérico contra el cáncer que el Gobierno de India quería comercalizar por 420 dólares mensuales frente al equivalente al de Bayern, que valía 4.200 euros mensuales: "Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado indio, lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo", reconoció Marjin Dekkers.

Hace unos meses publicamos en eldiario.es el especial Salud de lujo, donde explicamos cómo funciona la especulación con medicamentos y su impacto sobre el sistema de salud. Las grandes farmacéuticas se encargan, por todos los medios, de bloquear la democratización de los medicamentos a través de los genéricos. Primero, utilizando herramientas de capitalismo salvaje para impedir que los genéricos sean accesibles. Una tendencia reciente en la industria es que grandes laboratorios compren a otros más pequeños e independientes para que no puedan hacerles la competencia con sus genéricos; y más allá, muchas empresas desarrollan sus propios genéricos para que "compitan" (en realidad, para que no lo hagan) con sus propios medicamentos de marca.

Con un ejemplo, que recordaba nuestro compañero Raúl Rejón en este reportaje, se entiende mejor: el genérico que más se vende en España es el Adiro, que es ácido acetilsalicílico, con menos cantidad y con usos específicos pero parecido la mítica Aspirina. ¿Quién comercializa la Aspirina? Bayer. ¿Quién comercializa el Adiro? Exacto. Bayer.

Por otro lado, los laboratorios gastan millones en influir y controlar el mercado y las autorizaciones oficiales para poder vender un medicamento, que es de lo que en realidad se trata este pacto entre Montoro y Farmaindustria para garantizar un mínimo en las comunidades autónomas. Para entender cómo tiene Farmaindustria la capacidad de hacer eso, es útil que entendamos cómo se le pone precio a un medicamento, algo que explicamos en este vídeo.


Los medicamentos no son un producto más. Necesitan autorización pública para comercializarse en España y luego necesitan un precio fijo al que las administraciones van a financiarlo para que luego salga, en muchos casos, más barato o gratis en la farmacia.

En la mesa donde se negocia con las farmacéuticas y deciden los precios de los medicamentos hay 11 personas de diferentes ministerios y otras administraciones. Más allá de lo que trasciende informalmente, ni sabemos quiénes son ni el Gobierno quiere darnos sus nombres. No podemos, por tanto, vigilar que no se produzcan conflictos de intereses o corruptelas. La sospecha no es conspiranoica, teniendo en cuenta la enorme tradición de influencia de las farmecéuticas sobre los médicos para condicionar qué medicamentos recetan.

Al hacerle una radiografía al sector, nos sale que el 50% de los medicamentos de marca autorizados en España pertenecen a una veintena de laboratorios multinacionales. Novartis, Pfizer, GSK, Sanofi y Ferrer lideran este ranking de laboratorios y entre las cinco suman más de 1.276 medicamentos autorizados en España. No es raro ver a sus comerciales, "visitadores médicos" lo llaman, convenciendo a médicos de familia en centros de salud, con viajes y regalos si es necesario.

En España, las grandes farmacéuticas dedicaron más de 230 millones de eurossolo en 2015 para pagar patrocinios, colaboraciones, viajes, cursos u honorarios de profesionales médicos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. En 2016, Pfizer tuvo que despedir a 30 directivos de su sede de Madrid al destaparse un caso flagrante de pagos irregulares a médicos por todo el país. Algunos hemos visto escenas llamativas, como la de un 'visitador' que se cuela en un hospital público de Madrid hasta la puerta de un quirófano y se pone a hablar con el doctor mientras éste practica una prueba a un paciente con anestesia general. Si eso pasa al nivel bajo de influencia, qué nos estaremos perdiendo detrás de las cortinas donde se deciden los grandes números del negocio de la salud pública.

http://www.eldiario.es/juanlusanchez/medicamentos-genericos-chantaje_6_712238775.html
 
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Los buenos gestores


El Gobierno del PP quiere imponer su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas

Ignacio Escolar
51 comentarios

27/11/2017 - 21:12h
A las autonomías con problemas de financiación –casi todas– el Gobierno les deja la opción de las lentejas. O las tomas o las dejas. O firmas un convenio con la industria farmacéutica que discrimina a los genéricos, o te quedas fuera de las ayudas financieras que reparte Cristóbal Montoro para la Sanidad, como si el dinero fuese suyo y no de todos.

La información que ayer publicamos en eldiario.es sobre cómo el Ministerio de Hacienda niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las grandes farmacéuticas es un escándalo gravísimo. No solo porque pueda generar sobrecostes innecesarios a todos los españoles –los genéricos son igual de eficaces y más baratos–. También por la forma antidemocrática con la que el Gobierno del PP impone su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas.

Las autonomías y ayuntamientos son administraciones igual de dignas y democráticas que el Ejecutivo central; no son gobiernos de segunda, supeditados al Consejo de Ministros de Rajoy. No vivimos en un Estado centralizado donde solo haya una autoridad y el reparto de competencias en España deja bastante claro de qué se ocupa cada una. Por eso no es tolerable que el Gobierno central invada las funciones de las demás para exclusivo beneficio de su partido, en contra de los intereses de los propios ciudadanos. Es lo que hace con los genéricos y este convenio con las farmacéuticas de obligado cumplimiento para las autonomías, cuando la sanidad está transferida. Es lo mismo que ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid y la intervención de sus presupuestos.




Es un enorme abuso que un Gobierno incapaz de cumplir sus compromisos de déficit, que se salta su propia ley de gasto, intervenga las cuentas de un Ayuntamiento con superávit. Es el mismo PP que antes arruinó el consistorio madrileño. Es el mismo PP que aplica un rasero distinto con otros ayuntamientosigualmente endeudados –el de Jaén–, pero donde los suyos gobiernan. Y es el mismo PP que utiliza el Gobierno de todos para atacar a sus rivales políticos.

Con la intervención de Madrid, el Gobierno quiere bloquear las inversiones que el Ayuntamiento tenía previstas para los dos últimos años del mandato de Manuela Carmena, como la peatonalización parcial de la Gran Vía. Es una decisión meramente política que busca asfixiar al primer ayuntamiento de España, el más simbólico, no vaya a ser que la izquierda haga una buena gestión que les deje en evidencia. En palabras de la concejal del PSOE Erica Rodríguez: “Montoro busca desestabilizar al Ayuntamiento de Madrid porque hace una política distinta”.

En una impúdica respuesta parlamentaria, la semana pasada, el Gobierno justificó que esté apretando a las administraciones locales –que tienen superávit– porque ese dinero es necesario para corregir el déficit. El déficit del propio Gobierno central.

Es la misma excusa que pone Montoro cuando añade letra pequeña a los fondos autonómicos: te doy el dinero pero yo te diré cómo lo empleas. Como si el Gobierno fuese el padre responsable que le da la paga semanal a sus hijos, pero les ordena que no se lo gasten todo en golosinas.

Pero, ¿quién es aquí el gestor responsable? Sin duda, no Cristóbal Montoro, el responsable de una amnistía fiscal inconstitucional que nos ha costado carísima;autor de esa famosa frase de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" para justificar que el PP no apoyase al Gobierno de Zapatero en una votación donde se jugaba la intervención del país.

Tampoco es precisamente responsable el Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó una rebaja de impuestos en año electoral; el mismo Gobierno que ha anunciado otra rebaja similar para cuando toque votar de nuevo.

Son los buenos gestores… de lo suyo.
http://www.eldiario.es/escolar/buenos-gestores_6_712588773.html
 
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Ese chantaje forma parte de su "legalidad"??.Si no haces lo que yo te mande te cierro el grifo y no te doy lo que te corresponde por rebelde.Es legal ??.Intervenir un ayuntamiento con superávit, reduciendo la deuda en mil millones de euros y dedicar ese superávit a gastos sociales,necesarios e imprescindibles,Es legal???.O están muy desesperados y van ya a cara descubierta pisando la propia democracia,o caído en una locura que nos va a arrastrar a muchos enfrentamientos de difícil solución,contra los derechos humanos impropios de una democracia consolidada.Hay una gran parte de la sociedad española que cada vez siente un enorme desprecio hacia un partido que aparte de robar nos quieren fagotizar.
 

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