Mariano !Gürtel is coming !

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Gürtel is coming

Bernardo Vergara
20/01/2018 - 19:54h

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Gürtel is coming
 
:geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek::geek:Eldiario.es
Los empresarios que financiaron al PP siguen copando las adjudicaciones públicas: 52 millones tras confesar
Los patronos valencianos que firmaron la autoinculpación para no entrar a la cárcel a cambio de una multa global de dos millones siguen ganando los mayores concursos de obras públicas, gestión de residuos, agua y hasta mantienen residencias de mayores

Sólo con el beneficio industrial de los últimos grades contratos, los hermanos Martínez Berna (Hormigones Martínez), Enrique Gimeno (Facsa) o Gabriel Batalla (Becsa) sufragan con creces la multa impuesta por la justicia

Sergi Pitarch
37 Comentarios

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El empresario Rafael Martínez Berna, en su declaración ante el juez de Gürtel.

En marzo de 2017 los nueve empresarios "cazados" por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2008, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos pasaron de enfrentarse a casi cinco años de cárcel cada uno a entre un año y tres meses y un año y nueve meses a la sombra.

En el juicio que empezó esta semana, los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban.

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El empresario Gabriel Batalla declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano

Así y tras su declaración, el magistrado les ordenó su salida de la sala. Ya no volverán a acudir a la Audiencia Nacional hasta el último día en que podrán decir su última palabra, que será ninguna. La sentencia para ellos ya es conocida y a su salida de la sala no dudaron en mostrar su satisfacción y en algunos casos jolgorio, abrazos incluidos. Lástima que esté prohibido hacer fotos en el hall de la Audiencia Nacional.

Cierto es que la confesión de los empresarios -es la primera vez en España que reconocen la financiación ilegal de un partido- le ha servido a la fiscal para apuntalar el caso contra los políticos y ha forzado a Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo a tirar de la manta para rebajar penas. Pero el acuerdo le ha salido a los empresarios bastante barato económicamente y sin ninguna repercusión sobre sus negocios, que continúan siendo los mismos que cuando el PP arrasaba en la Comunitat Valenciana gracias a sus generosas aportaciones -1,1 millones en 2007-.

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El empresario Enrique Ortíz declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Así, cuando no habían pasado ni tres meses del pacto de marzo de 2017, que se hizo público el mismo día, dos de estos empresarios corruptos confesos, según han reconocido ante el juez, ganaban un concurso de obra pública millonario. Becsa, de Gabriel Batalla, conseguía el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros, mientras que Hormigones Martínez, de los hermanos Martínez Berna, en UTE con otra firma, obtuvieron los trabajos en las vías del norte de Alicante por 25. En total, 52 millones euros adjudicados por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat valenciana, gestionada por el PSPV.

El beneficio industrial -lo que ganan los accionistas tras restar los gastos- solo en estos dos contratos puede rondar siendo restrictivos entre los tres y los cincos millones de euros, es decir, que supera con creces la multa abonada al Estado para librarse de la cárcel.

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El empresario Vicente Cotino declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Pero Batalla y los Martínez Berna no son los únicos cuyas empresas continúan consiguiendo los mejores y mayores contratos públicos. Enrique Gimeno con su empresa Facsa continúa ganando contratos del servicio de agua y depuradoras. De hecho, copa el 90 % de las plantas públicas de depuración en la provincia de Castellón que adjudica la empresa pública Epsar, cuyo gerente es de Compromís. Recientemente, Facsa ha obtenido un contrato en Vinarós, donde gobierna Podemos.

Enrique Ortiz, conocido por la trama como "el de las galletas" y que también está imputado en el caso Brugal, continúa con contratos millonarios de recogida de basuras aunque en su caso ha perdido en el último año contratos millonarios como el de la Universidad de Alicante. Vicente Cotino, que todavía es propietario de Savia, sigue con contratos vigentes para gestiona residencias concertadas de la Generalitat que se blindaron con Rafael Blasco y se mejoraron posteriormente con su tío Juan Cotino como conseller de Bienestar Social.

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El empresario José Francisco Bevià declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Los que más problemas están teniendo por su implicación en la trama de corrupción del PP son los hermanos Pons Dols, que además de haber roto la relación personal, han visto como su empresa Piaf se encuentra en concurso de acreedores. La sociedad también sufrió mucho el hundimiento del mercado inmobiliario y la crisis económica.

Otro dato llamativo que subyace de la actuación de estas empresas valencianas -entre ellas están las más fuertes de Alicante y Castellón- es que en la actualidad continúan con un curioso reparto territorial del negocio. De hecho, los contratos de carreteras para las vías del sur de la Comunidad Valenciana los ha ganado la empresa de Alicante y los de las carreteras del norte los ha ganado la firma de Castellón. En las carreteras de Valencia se impusieron firmas radicadas en la provincia.

Los contratos públicos tienen una cláusula en el que se pueden rescindir por parte de la administración si la empresa es condenada en sentencia firme e inhabilitada. En este caso, los condenados son los empresarios así que legalmente sería difícil plantear alguna ruptura. Eso sí, exigen fórmulas para garantizar la transparencia de las empresas que trabajan en la administración y, sobre todo, para garantizar la libre competencia. Porque, como aseguró El Bigotes en su demoledora declaración: “Aquí no están todos los empresarios que son. Y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga”.
 
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Los empresarios que financiaron al PP siguen copando las adjudicaciones públicas: 52 millones tras confesar
Los patronos valencianos que firmaron la autoinculpación para no entrar a la cárcel a cambio de una multa global de dos millones siguen ganando los mayores concursos de obras públicas, gestión de residuos, agua y hasta mantienen residencias de mayores

Sólo con el beneficio industrial de los últimos grades contratos, los hermanos Martínez Berna (Hormigones Martínez), Enrique Gimeno (Facsa) o Gabriel Batalla (Becsa) sufragan con creces la multa impuesta por la justicia

Sergi Pitarch
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El empresario Rafael Martínez Berna, en su declaración ante el juez de Gürtel.

En marzo de 2017 los nueve empresarios "cazados" por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2008, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos pasaron de enfrentarse a casi cinco años de cárcel cada uno a entre un año y tres meses y un año y nueve meses a la sombra.

En el juicio que empezó esta semana, los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban.

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El empresario Gabriel Batalla declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano

Así y tras su declaración, el magistrado les ordenó su salida de la sala. Ya no volverán a acudir a la Audiencia Nacional hasta el último día en que podrán decir su última palabra, que será ninguna. La sentencia para ellos ya es conocida y a su salida de la sala no dudaron en mostrar su satisfacción y en algunos casos jolgorio, abrazos incluidos. Lástima que esté prohibido hacer fotos en el hall de la Audiencia Nacional.

Cierto es que la confesión de los empresarios -es la primera vez en España que reconocen la financiación ilegal de un partido- le ha servido a la fiscal para apuntalar el caso contra los políticos y ha forzado a Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo a tirar de la manta para rebajar penas. Pero el acuerdo le ha salido a los empresarios bastante barato económicamente y sin ninguna repercusión sobre sus negocios, que continúan siendo los mismos que cuando el PP arrasaba en la Comunitat Valenciana gracias a sus generosas aportaciones -1,1 millones en 2007-.

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El empresario Enrique Ortíz declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Así, cuando no habían pasado ni tres meses del pacto de marzo de 2017, que se hizo público el mismo día, dos de estos empresarios corruptos confesos, según han reconocido ante el juez, ganaban un concurso de obra pública millonario. Becsa, de Gabriel Batalla, conseguía el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros, mientras que Hormigones Martínez, de los hermanos Martínez Berna, en UTE con otra firma, obtuvieron los trabajos en las vías del norte de Alicante por 25. En total, 52 millones euros adjudicados por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat valenciana, gestionada por el PSPV.

El beneficio industrial -lo que ganan los accionistas tras restar los gastos- solo en estos dos contratos puede rondar siendo restrictivos entre los tres y los cincos millones de euros, es decir, que supera con creces la multa abonada al Estado para librarse de la cárcel.

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El empresario Vicente Cotino declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Pero Batalla y los Martínez Berna no son los únicos cuyas empresas continúan consiguiendo los mejores y mayores contratos públicos. Enrique Gimeno con su empresa Facsa continúa ganando contratos del servicio de agua y depuradoras. De hecho, copa el 90 % de las plantas públicas de depuración en la provincia de Castellón que adjudica la empresa pública Epsar, cuyo gerente es de Compromís. Recientemente, Facsa ha obtenido un contrato en Vinarós, donde gobierna Podemos.

Enrique Ortiz, conocido por la trama como "el de las galletas" y que también está imputado en el caso Brugal, continúa con contratos millonarios de recogida de basuras aunque en su caso ha perdido en el último año contratos millonarios como el de la Universidad de Alicante. Vicente Cotino, que todavía es propietario de Savia, sigue con contratos vigentes para gestiona residencias concertadas de la Generalitat que se blindaron con Rafael Blasco y se mejoraron posteriormente con su tío Juan Cotino como conseller de Bienestar Social.

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El empresario José Francisco Bevià declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano



Los que más problemas están teniendo por su implicación en la trama de corrupción del PP son los hermanos Pons Dols, que además de haber roto la relación personal, han visto como su empresa Piaf se encuentra en concurso de acreedores. La sociedad también sufrió mucho el hundimiento del mercado inmobiliario y la crisis económica.

Otro dato llamativo que subyace de la actuación de estas empresas valencianas -entre ellas están las más fuertes de Alicante y Castellón- es que en la actualidad continúan con un curioso reparto territorial del negocio. De hecho, los contratos de carreteras para las vías del sur de la Comunidad Valenciana los ha ganado la empresa de Alicante y los de las carreteras del norte los ha ganado la firma de Castellón. En las carreteras de Valencia se impusieron firmas radicadas en la provincia.

Los contratos públicos tienen una cláusula en el que se pueden rescindir por parte de la administración si la empresa es condenada en sentencia firme e inhabilitada. En este caso, los condenados son los empresarios así que legalmente sería difícil plantear alguna ruptura. Eso sí, exigen fórmulas para garantizar la transparencia de las empresas que trabajan en la administración y, sobre todo, para garantizar la libre competencia. Porque, como aseguró El Bigotes en su demoledora declaración: “Aquí no están todos los empresarios que son. Y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga”.


Las empresas siguen circulando. Se cambia el empresario, se pone a nombre de otra persona de su entorno y a seguir...

Las empresas no tienen la culpa de lo que hagan sus empresarios.:LOL:(y)
 
CORRUPCIÓN POLÍTICALos principales acusados de Gürtel no apuntarán más arriba de Camps


El expresidente valenciano se convierte en el nuevo cortafuegos del PP. La incógnita está en si su ex número dos opta por delatarlo en lugar de protegerlo cuando este miércoles declare en el juicio de los negocios de la trama en Valencia



(De izda a dcha) Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y 'cabecilla' de la trama. /EFE

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MADRID
23/01/2018 23:05 Actualizado: 23/01/2018 23:05
JULIA PÉREZ

Francisco Camps se ha convertido en el nuevo cortafuegos del Partido Popular en la trama de corrupción de Gürtel. El expresidente valenciano fue señalado por Álvaro Pérez, El Bigotes, como la persona que creó y ordenó la caja B del PP regional, y la que obligó a su empresa Orange Market a facturar en negro a empresarios valencianos por los actos electorales del partido en 2007 y 2008.

'El Bigotes' hizo esta revelación el pasado viernes durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la pieza de los negocios de la trama en Valencia.

La afirmación de 'El Bigotes' ha hecho saltar las alarmas del PP regional, mientras el entorno de los procesados intentan calmar el ambiente y transmite en privado que a “Alvarito se le fue la mano, se vino arriba en la declaración y no es cierto que Camps diera esta orden”, según fuentes jurídicas.

Los principales acusados de Gürtel han cerrado filas y su entorno sostiene en privado que no apuntarán a nadie más allá que las personas que figuran como acusadas en las distintas piezas de esta trama, según fuentes jurídicas.

Francisco Camps no está acusado Gürtel, sino que ha sido citado como testigo en el juicio sobre los negocios en Valencia. Es el testigo más esperado y su declaración está prevista para el 7 de marzo.

Pero la clave de la implicación de Camps está en manos de Ricardo Costa, su persona de confianza y el exsecretario de organización del PP de Valencia. Costa declarará este miércoles como acusado, y puede optar por proteger a Camps o delatarlo.

Si bien los delitos electorales están prescritos para Camps –caduca a los cinco años-, el juez José María Vázquez Honrubia podría ordenar deducir testimonio en caso de que la confesión de Costa abriera el camino a otros delitos. Por ejemplo, la malversación de caudales públicos o la prevaricación prescriben a los 10 años. Esto es, en 2018.

El abogado defensor de Costa en Manuel Ollé, quien tiene una gran amistad con Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que abrió el caso Gürtel en el año 2009 y que fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la escucha del locutorio donde Correa abordaba su defensa con sus abogados.

La Fiscalía no le da importancia
Fue el líder de la red, Francisco Correa, quien el martes apuntó a Costa como la persona que les dio instrucciones de facturar a los empresarios parte de los gastos electorales del PP en 2007 y 2008. La revelación provocó un giro en las defensas de los otros dos principales acusados, Pablo Crespo y El Bigotes, que pidieron suspender el juicio para estudiar un cambio de estrategia.

En la Fiscalía no dan importancia a estas nuevas revelaciones: explican que Camps ya fue investigado en Gürtel y que sólo fue procesado por los famosos trajes. Y dudan que se pueda abrir una pieza separada.

En el juicio la Fiscalía no preguntó a los empresarios 'arrepentidos' por el político que les había ordenado pagar facturas falsas a la red de Gürtel. Tuvo que ser el abogado del Estado, Edmundo Bal, quien lo preguntara a Correa. "Ricardo Costa", fue la respuesta.

El juicio se reanudó el viernes. Crespo confirmó que fue Costa quien les dijo que o facturaban a los empresarios o no cobrarían la deuda del PP. Después, 'El Bigotes' remató el balón, al revelar al juez que la orden provino del propio Camps.

Filtraciones “interesadas”, dicen otras fuentes, difundieron al día siguiente que Correa había ofrecido a la Fiscalía una “confesión general” sobre la corrupción del PP.

Esta filtración sirvió al defensor de Crespo, Miguel Durán, de trampolín para presentar el giro a su estrategia: de atacar a la fiscalía y negarlo todo a seguir la estela de Correa de confesar y reducir delito a delito el cumplimiento máximo de pena en prisión.

Correa tiene 30 millones fuera
El pacto global para tirar de la manta de las finanzas del PP es desmentido por el entorno de Correa, quien sostiene entre los suyos que “no perjudicará a nadie que no se pueda defender” en la media docena de procesos abiertos en la Audiencia Nacional. También la Fiscalía desmiente que haya pactado con la defensa de Correa.

La estrategia de Correa fue diseñada por su abogado defensor Juan Carlos Navarro, a quien se sumó después Javier Iglesias, un letrado con muchos contactos políticos y especializado en intentar encauzar casos complejos.

Javier Iglesias suele optar por el pacto con la Fiscalía y ha llevado a cabo 'voladuras controladas', como la colaboración del empresario Alfonso García Pozuelo en los Papeles de Bárcenas. También ha llevado varios casos que afectan al PP y al servicio secreto. O la reunión entre Jordi Pujol júnior y el comisario José Villarejo.

Francisco Correa ha aceptado colaborar en todas las causas, con el fin de reducir delito a delito el cumplimiento de la pena en prisión. Correa tiene 30 millones de euros en el extranjero y ha ofrecido su fortuna para hacer frente a los daños causados, según fuentes jurídicas.

Mientras, el mensaje oficial que emite el entorno de Mariano Rajoy desde La Moncloa es que el caso Gürtel se da por amortizado y lo atribuyen a una trama del pasado, a pesar de la Caja B del PP es una de las piezas de esta trama (la de los Papeles de su extesorero Luis Bárcenas). Es más, con este dinero negro se financió la reforma de la sede central del partido en Madrid y se pagaron sobresueldos a altos cargos. El propio Rajoy figura en los apuntes de la “contabilidad extracontable”, como tildó el extesorero a la Caja B del PP.

http://www.publico.es/politica/corr...ales-acusados-guertel-no-apuntaran-camps.html
 
Costa apunta a Camps y dice que avisó a Bárcenas de la financiación ilegal del PP valenciano


El que fuera secretario general del PPCV corrobora la declaración de Álvaro Pérez El Bigotes y apunta directamente al expresident de la Generalitat

Sergi Pitarch - Madrid
45 comentarios

24/01/2018 - 11:09h
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El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, en la Audiencia Nacional

Los financiadores del PP valenciano: el rey del agua en Castellón, los amos de Alicante y el especulador que cuida dependientes

Rajoy, sobre la financiación irregular en Valencia: "No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho"


El juicio de Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano se ha retomado este miércoles en la Audiencia Nacional y lo ha hecho, como se esperaba, con el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, apuntando directamente al expresident de la Generalitat Francisco Camps, tal y como ya hiciera la pasada semana el cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes.

Costa, que estaba previsto que declarara en la sesión vespertina, ha solicitado declarar primero y ha confirmado: "Las decisiones las tomaba Camps". Así, ha señalado que el partido no aprobó contratar a Orange Market -la filial de la Gürtel en Valencia-, sino que fue una decisión inducida por el propio Camps. "No había presupuesto", ha apuntado.

"Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro", ha reseñado el exnúmero dos de Camps, que ha confirmado así lo que confesaron hace apenas unos días los nueve empresarios encausados y los cabecillas de la trama corrupta ante el juez: "Los actos se pagaron con dinero de la asignación del grupo parlamentario y por empresarios que contrataban con la Generalitat".

Ha señalado que parte de los actos electorales de Mariano Rajoy en Valencia en 2007 y 2008 se pagaron con dinero "opaco al fisco" aportado por los empresarios.

Costa ha reconocido su papel, "yo asumo mi culpa", y ha puntualizado: "era un sistema establecido antes de que yo llegara". Ha pedido perdón "a la sociedad valenciana y a mi familia. Sé que esto traerá consecuencias".

Así mismo, ha exculpado al extesorero del PP Luis Bárcenas y al partido de Mariano Rajoy. Según ha relatado, fue a contarles el operativo de financiación de Orange Market y Bárcenas le contestó: "ésa es una práctica prohibida en el PP nacional y sería una Filesa 2". El presidente del Gobierno y del Partido Popular ha asegurado este mismo miércoles desconocer la financiación ilegal del PPCV: " no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho".

http://www.eldiario.es/cv/corrupcion/Ricardo-Costa-financiacion-PP-Camps_0_732826881.html
 
Rajoy, Camps, Cospedal… Cuando los dirigentes del PP decían que la Gürtel no tenía nada que ver con el partido


Varios dirigentes destacados del Partido Popular rechazaron desde el principio la relación de la formación con la trama corrupta que surgió en Valencia

Este miércoles, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha confesado que se financiaban con dinero negro a través de Gürtel

eldiario.es
24/01/2018 - 13:48h
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Rajoy, sobre la financiación irregular en Valencia: "No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho"

Costa apunta a Camps y dice que avisó a Bárcenas de la financiación ilegal del PP valenciano


El PP negó desde el principio una supuesta financiación ilegal y tener algo que ver con Gürtel. Desde aquel "es una trama contra el PP" de 2009 pronunciado por un Mariano Rajoy flanqueado por toda la cúpula de su partido de entonces, la realidad y la justicia no han hecho más que desmentir las quejas y lamentos de destacados dirigentes del partido. La puntilla a esta versión la ha ofrecido Ricardo Costa, que este miércoles ha confesado que el PP valenciano se financió ilegamente por medio de Gürtel. Un testimonio de peso, ya que viene del que fue secretario general del partido cuando Francisco Camps era el líder y el president de la Generalitat.

La mayoría de los que rechazaron esa relación de la formación con la trama de Francisco Correa están o han estado imputados por corrupción, y algunos hasta han sido condenados. Otros han dejado la política, pero otros, como Rajoy o Cospedal, están en el Gobierno de España.


Mariano Rajoy
Cuando estalló la trama en 2009, Rajoy compareció para negar con contudencia que el PP estuviese ligada a Gürtel. Tanto que habló de que este caso era una estrategia para ir contra su partido, y cargo contra el exjuez Garzón, el exministro Mariano Fernández Bermejo y la Fiscalía. Casi nueve años después, el presidente del Gobierno ha asegurado este mismo miércoles que a ellos nunca les han dichoque el partido en Valencia se financiase ilegalmente.


Rita Barberá
La fallecida exalcaldesa de Valencia insistió en la idea de Rajoy de que Gürtel era "una trama contra el PP". Y dijo más: "Son una pandilla de golfos y delincuentes, que se han querido aprovechar de la confianza de la gente del partido". Tampoco tuvo reparos en negar la financiación con dinero en B.

Francisco Camps
El principal aludido por la declaración de Ricardo Costa negó hace unos días las acusaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, de que "ordenó y creó" el sistema de financiación irregular del PP valenciano. También defendió que las campañas del partido que lideraba tuvo una gestión y unos gastos "totalmente" correctos. Camps llegó a amenazar con acciones legales contra todo el que le vinculase a las cajas B del partido.

María Dolores de Cospedal
Cuando la secretaria general del PP salió a negar los papeles de Bárcenas, insistió en el mismo argumento: "Es una trama que trató de aprovecharse y se aprovechó del PP". Tres años antes, en 2010,

Ana Mato
" Estoy absolutamente segura". Esto respondió la exministra de Sanidad cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso por una posible financiación ilegal del PP. Unas palabras de Mato cuatro años antes de que la Fiscalía pidiese su condena por recibir regalos de Gürtel. La exdirigente del PP cargó contra el ministerio público por esta decisión, asegurando que le había causado " un gravísimo daño".

Carlos Fabra
El expresidente de la Diputación de Castellón, ahora en libertad tras pasar tres años en prisión por fraude a la Hacienda Pública, negó ante un juez que se hubiesen realizado pagos a Orange Market, principal empresa de Gürtel. También aseguró que solo había visto "una vez" a El Bigotes.

David Serra
El que fuese vicesecretario de Organización del PP valenciano con Francisco Camps negó en 2009 toda relación del partido con Francisco Correa. "Esas informaciones solo tienen un objetivo, desprestigiar al PP y a sus dirigentes por sus éxitos", dijo Serra.

http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Camps-Cospedal-PP-Gurtel_0_732826989.html
 
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