Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder.

Sandro Rosell: “Villarejo estaba en mi lista de sospechosos, pero tenía que ser por un encargo”


Por Patricia López

El expresidente del Fútbol Club Barcelona y candidato a la alcaldía de la ciudad Condal habla con Crónica Libre sobre el presunto encargo que la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho le hace al comisario Villarejo y sobre los funcionarios de la UDEF que les ayudaron a enviarle dos años a prisión.

Conoció a Alicia Sánchez Camacho de casualidad. “Fue en el palco del Barça, cuando era vicepresidente de Joan Laporta, y llegó acompañada de un conocido economista, que ha destacado por su apoyo al independentismo, Xavier Sala i Martí. Después me la fui encontrando en actos sociales, bodas por ejemplo, y la verdad es que siempre pensé que no teníamos ningún problema. Es más, al escuchar el audio en el que ella decide marcarme como objetivo, me explico esa doble cara, jamás habíamos tenido un roce”.

Sin embargo la dirigente del PP catalán, a la que no le tembló el pulso de grabar a una presunta denunciante de corrupción para después guardar los supuestos delito en un cajón, decidió que era de ajustar cuentas con la derecha catalana que viraba sorprendentemente al independentismo. Así que, una vez su amiga y protectora en el PP, María Dolores de Cospedal, coge las riendas del partido y el también catalán Jorge Fernández Díaz toma posesión de la cartera de Interior, la Operación Cataluña se pone en marcha con la crucial colaboración de Sánchez Camacho.

Alicia Sánchez Camacho se reúne con el comisario José Manuel Villlarejo y le cuenta la vieja historia de que Jordi Pujol, Carles Sumarroca y Jaume Rosell son los prebostes del esa derecha catalana a la que hay que comerle el terreno y su hijos, como es el caso de Sandro Rosell son el punto débil.

“Nunca me había identificado con ningún partido político más allá de la simpatía porque mi padre fuera uno de los fundadores de Convergencia. No había participado en ninguna acción política, ni en un mitin y ahora me quizás me presente a la alcaldía de Barcelona si me da permiso mi madre”, se ríe aliviado “porque ya no existe macrocausa contra Sandro Rosell” y convencido “de que superará los tres procedimientos que instruyen tres juzgados diferentes de Barcelona”.

LA LISTA DE ENEMIGOS


Pero el 23 de mayo de 2017 el mundo se tiñó de oscuro para el empresario, cuando la Policía le detenía por blanqueo de capitales. “Me sorprendió mucho el delito: blanqueo de capitales. Y en seguida empecé a pensar quién podía estar detrás. Cogí el primer papel que tuve a mano y empecé a hacer un mapa de enemigos y hice un círculo de los más sospechosos entre las personas que podían tener algo contra mí: políticos, empresarios, medios… Y entre ellos estaba Villarejo. Era una persona de la que se hablaba mucho en ese momento y le puse.”

Sus ideas tendían hacia la guerra más conocida, la que mantiene desde hace años con el Grupo Mediapro, que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet. “Pero que me enmarcaran dentro de la Operación Cataluña no lo hubiera pensado. Mi junta del Barça cuando fui presidente era transversal, había gente de ERC, del PSC, del PP… No tenía sustento. Siempre he sido catalanista, pero también tenía en cuenta que el club tenía 300 millones de seguidores en todo el mundo, cada uno de su raza, ideología, religión y que eso había que respetarlo”, reflexiona Rosell.

LA INFORMACIÓN DE CRÓNICA LIBRE SOBRE LA UDEF Y MARK VARRI

De lo que nunca se había fiado era de la actuación del FBI en su procedimiento, al incluirle en una Comisión Rogatoria sobre el Fifagate, en el que la fiscalía del Manhatan pedía mayoritariamente información sobre Imagina (filial de Mediapro y que fue condenada a admitir que uno de sus ejecutivos, Gerard Romi, había pagado sobornos y a abonar una multa multimillonaria).

“No entendía por qué el FBI se interesaba por mis cuentas si yo nunca había operado en suelo estadounidense”. Como desveló ayer Crónica Libre, el agente del FBI Mark Varri, que llegó a intervenir en los registros el día de la detención de Rosell, aparece en numerosas ocasiones en las agendas de Villarejo así como en otra documentación incautada en casa del comisario y que acreditan la estrecha relación entre ambos funcionarios.

Dos años entre rejas esperando dos testificales, entre ellas la del exjugador del Barça y senador brasileño, Romario, que declaró por videoconferencia comenzó el juicio. “Varri y su compañero fueron llamados a declarar, debido a que eran ellos quienes había tramitado la Comisión Rogatoria a España y ninguno se presentó”.

Aunque no fue el único hecho extraño al que se enfrentó la sala. A la primera sesión acudió el agente de la UDEF Alberto Estévez, y que este medio señalaba en el organigrama de colaboradores de la presunta organización criminal creada por los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo con la UDEF. “Llegó Estévez al juicio con un Excel donde presuntamente se recogían las operaciones del blanqueo de capitales que yo había realizado. Y la jueza le pregunta que qué es eso y que cómo se ha elaborado y él contesta que es un Excel que llegó de forma anónima a la UDEF y que entiende que los datos son correctos. No los había corroborado y tampoco metió al FBI en esto. Ese mismo día me libera de la cárcel la sala y al día siguiente vuelvo al juicio como un ciudadano en libertad provisional… ¿Qué hicieron el resto de funcionarios encargados del caso durante dos años?”.

En el caso del fiscal Javier Polo Gutiérrez, quien en su puesto en la fiscalía de Madrid guardó durante un año en un cajón un informe sobre Villarejo elaborado por Asuntos Internos y que apuntaba a la incompatibilidad de sus negocios y a posibles delitos de blanqueo de capitales, siguió intentando buscar un delito fiscal con la agencia tributaria. Pero la macrocausa contra Sandro Rosell había dejado de existir salvo para José María Olmo, de El Confidencial y asiduo referente de las filtraciones de Villarejo según su agenda, que comenzó a hacer noticias acerca del presunto tráfico de órganos del jugador Abidal mientras la causa estaba bajo secreto de sumario. “Sorprendentemente -explica Rosell- ahora que la causa sigue su curso y hay declaraciones con normalidad a Olmo ya no le interesa nada el caso del tráfico del órganos, que es otro montaje”.

LOS AMIGOS DE TUS ENEMIGOS

No era tan difícil salir de prisión aunque durante dos años sí lo pareció y como el agua de Fátima el preso espera que alguien le lleve la solución milagrosa. Es en ese momento cuando otros dos abogados cercanos a Villarejo le vienen a asesorar.

Por un lado el letrado Gonzalo Boyé, que segura conocer muy bien el asunto FIFA incluso al fiscal de Estados Unidos. Es curioso, ya que el chileno es conocido por la defensa de narcotraficantes, no por tener negocios en el mundo del fútbol. También es conocido por haber participado junto a ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, aunque eso nunca le ha impedido escribir un libro con un fiscal del Opus Dei o ser contratado por el Partido Popular de Leganés.

Boyé aceptó la defensa del algunos exclientes de Villarejo en 2015, como el lugarteniente de la mafia china Yonping Li, casi a la par que su esposa Isabel Elbal la asumía del redactor acusado junto a la mujer del comisario y el propio Villarejo de grabar al CNI y a Asuntos Internos en la causa del pequeño Nicolás.

Otro de los que fue a visitar a Rosell a prisión fue Baltasar Garzón, juez condenado y pareja de la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. La prueba acústica y reseñable de la colaboración entre Garzón y Villarejo en multitud de casos de dudosa legalidad, en concreto relacionado con organizaciones rusas, o con la propia causa Gürtel habla por sí misma.

“Cuando estás en la cárcel haces lo que puedes para salir y escuchas a todo el mundo. Alguien me propuso reunirme con Boye y luego con Garzón y ambos me ofrecieron hacerme algunas gestiones y claro, cobrar por ellas. Pero yo confío en Pau Molins y no me iba a poner en manos de nadie más”.

 

Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF.


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Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros.​

Por Patricia López

Hasta que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley le espetó a la periodista Susana Griso aquello de “la UDEF, ¿y que coxx es la UDEF?”, los informes sobre corrupción de esta presunta Unidad de élite de la Policía -que crearon los comisarios Juan Antonio González (alias JAG), José Luis Olivera y José Manuel Villarejo– sacaban a los ciudadanos a la calle a manifestarse hasta que los antidisturbios les devolvían a palos a sus casos.

Sin embargo, algunos de estos documentos contenían información falsa, manipulada u omitían convenientemente datos por orden directa de altos mandos como Villarejo y de diferentes comisarios jefes de la UDEF que sustituyeron en el puesto a José Luis Olivera Serrano, quien pasó a ser director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), hasta que al salir de la Policía obtuvo el puesto de director de Crisis en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que dirige Luis Rubiales.

Crónica Libre ha detectado a algunos de estos agentes tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.

A todos, el ministro del Interior Manuel Marlaska los mantiene en sus puestos.

PARQUÉ


La primera persona en manifestarse contundentemente sobre los presuntos montajes de la UDEF fue el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a quien José Manuel Villarejo quiso acusar de corrupción junto a otros de sus funcionarios en la denominada Operación Parqué, que finalmente fue archivada. En 2016, antes de ser detenido el comisario escribió el artículo “Hay que sanear la UDEF” para acabar concluyendo al ser entrevistado que: “Villarejo privatizó la UDEF para sus propios intereses”. Entre quienes hicieron encargos contra la CNMV se encontraba la empresaria Sara Fernández Frutos, pero este organismo, así como la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que encabezaba el economista Miguel Sebastián, recibió otros envites por parte del BBVA, al igual que diferentes empresas.

PÉREZ DOLSET, SORIA Y CEBRIÁN

El juez Manuel García Castellón tiene en este momento dos causas abiertas que parecen solaparse. Se trata por un lado de la causa Hanta, donde está imputada la familia Pérez Dolset, que tenía como accionistas del Grupo ZED al gran amigo de Villarejo, Mauricio Casals, en representación del Grupo Planeta y a Mihail Fridman, accionista mayoritario del Grupo Día a través de Letter One. Tanto Fridman como la sociedad con la que operaba está incluida en la lista de personas físicas y jurídicas de origen ruso y que forman parte de los oligarcas de Vladimir Putin.

En la documentación de Tándem se ha encontrado el Proyecto Bro sobre los hermanos Pérez Dolset. En este caso se puede ver a la perfección en modus operandi de la presunta organización criminal liderada por Villarejo y su “lobby de socorristas”: crear el problema, compincharse con los jefes de seguridad de dichas empresas que saben que los informes que entrega son información copiada o directamente falsa, pero que sirven para hacer caer o tambalear luchas económicas como la que en ese momento se libraba en el consejo de Zed.

En agosto de 2016 Javier Pérez Dolset junto con su jefe de seguridad, Fernando Pisa, acude a la secretaria de Estado de Interior de Francisco Martínez, imputado en Kitchen. Una trampa en toda regla.

Días después Javier Pérez Dolset es dirigido al Grupo II de la UDEV (Unidad de Delitos Violentos) que se encarga de las actuaciones de las organizaciones criminales de países del Este. El empresario denunciaba haber recibido amenazas en ruso e incluso escuchaba por teléfono conversaciones que había mantenido minutos antes con su propio hermano. Exactamente en el mismo momento que estaba presentando la denuncia, intentaron secuestrar a su mujer, pero se equivocaron de persona.

Es también Pisa, que estaba a disgusto con su jefe -como él mismo ha declarado en sede judicial- quien acude a ver al comisario de la UDEF encargado de los delitos contra la Seguridad Social y Subvenciones, José Luis André Vega, y le cuenta la denuncia que acaba de poner en delitos violentos Pérez Dolset y Pisa se interesa sobre a qué se va a dedicar el comisario André al jubilarse.

Mauricio Casals estuvo imputado en dicha pieza 18 pero finalmente se archivó. Ahora el entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, en los que se recoge una comida de mayo de 2016, cuando la pelea en la junta de ZED estaba caliente, con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes le hicieron dos encargos explícitos a los comisarios José Luis Olivera y Villarejo delante del empresario también imputado Adrián de la Joya: un informe sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Pero Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, a ver si va a salir lo de Panamá.

El entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, de una comida de mayo de 2016 con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes hicieron dos encargos a los comisarios Olivera y Villarejo delante del empresario De la Joya: uno sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, por si sale lo de Panamá
Tras hablar de su jubilación con Pisa, el comisario de la UDEF André Vega empieza a tomar declaraciones a personas de Planeta e incluso a periodistas. Desde ese momento el caso que se llevaba por delitos violetos (UDEV) y en el que la víctima era Dolset se convierte en un caso de la UDEF, donde fue detenido el denunciante inicial, pasando a ser imputado y enviado a prisión. Tras dos comisiones rogatorias a Panamá, aún no se ha encontrado el dinero de Javier Pérez Dolset, pero si se ha acreditado que las cuentas bancarias que Planeta le acusó de tener no existen.

Si aún no es indiciaria la estrecha relación, al comisario José Luis André Vega la Unidad de Asuntos Internos le señala en uno de sus informes como un colaborador del proyecto July y también del proyecto PIN, otros de los encargos realizados a Villarejo.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que “hubo una gran discusión cuando se descubrieron las maniobras de André”. Incluso, el agente encargado de la denuncia en la UDEV elevó una queja contra su compañero de la UDEF al que acusó de falsificar y manipular los informes en contra de Pérez Dolset y también lo puso en conocimiento del fiscal anticorrupción, José Grinda.

Algunos policías consultados aseguran que el comisario André Vega “es un hombre fiel a José Luis Olivera. Además, había concertado una jubilación dentro del Grupo Planeta si conseguía enfocar la investigación hacia Javier Pérez Dolset”, extremo confirmado por fuentes de la Fiscalía.

SANDRO ROSELL

El último encargo en hacerse público ha sido el que Alicia Sánchez Camacho, mujer de confianza tanto de la ex secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, como del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, le hace a Villarejo en el contexto de la Operación Cataluña sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.

En este caso el Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, del Grupo III de la UDEF, Alberto Estévez, es el que firma los informes que son enviados al entonces fiscal Daniel Campos y con los que la juez Carmen Lamela envía a Rosell a prisión durante casi dos años, aunque luego resultó absuelto. Los informes, según las fuentes consultadas, están plagados de graves inexactitudes y sirven para justificar el “altísimo” riesgo de fuga en el que Fiscalía se apoyaría para pedir, y la jueza acordar, la desproporcionada prisión preventiva. Por ejemplo, dichos informes afirman que Sandro Rosell disponía de una gran fortuna oculta en el extranjero, lo cual se reveló como una afirmación falsa porque nunca se encontró dicho patrimonio oculto, que en todo caso fue hallado y embargado íntegramente en España, y que al final del proceso se le tuvo que devolver tras confirmarse su absolución.

En la Comisión Rogatoria Internacional, supuestamente remitida a España por la Fiscalía de Manhatan (Nueva York), que llevaba la causa Fifagate, se pregunta por dos cuentas de Goldman Sachs en Estados Unidos donde Rosell habría escondido más de tres millones de euros de su indemnización de Nike. Sin embargo, en el propio escrito se hace alusión a que las cuentas han sido detectadas por una transferencia a la Caixa, por lo que el supuesto dinero evadido ya se encontraría repatriado en España. ¿Además, quién podría haber facilitado la información de las cuentas de La Caixa, si luego resultó que Sandro Rosell nunca tuvo ninguna cuenta en EEUU? ¿Por qué dice EEUU que le ha encontrado unas cuentas allí cuando en realidad las cuentas estaban en Londres y el dinero ya en España?

Para más coincidencia, el agente del FBI encargado de tramitarlo y adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid, que llegó a estar presente incluso en los registros producidos en España con motivo de las CRI’s americanas, aparece en multitud de ocasiones en las agendas de Villarejo, pero también en los correos y otra documentación recogida en el registro del comisario. Mark Varri (aunque Villarejo en sus agendas lo escribe con B) llegó a enviarle un currículo por si Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) contaba con él tras su jubilación.

Debido a la dilatación en la entrega de informes del agente Estévez, así como en la tramitación de las CRI’s, la instrucción de la causa con dos presos preventivos se prolongó durante casi dos años, para únicamente citar a declarar a dos testigos, y uno de ellos declaró por videoconferencia.

Incluso, uno de los periodistas de cabecera del comisario de Villarejo, en este caso de El Confidencial, José María Olmo, publicó información sobre una de las piezas que se trasladó desde la Audiencia Nacional a Barcelona y que estaba bajo secreto de sumario. Es decir, sólo tenía acceso la Policía, la fiscalía y las jueces competentes. No tenía conocimiento del contenido ni el acusado, pero dicho medio siempre dispuso de información absolutamente privilegiada como fueron los contenidos de escuchas telefónicas.

Para rematar, cuando Daniel Campos, que en abril de 2017 había firmado la querella contra Sandro Rosell que le llevaría a prisión durante dos años, abandona la fiscalía para regresar al despacho de Matías Cortés, se queda el caso quien había sido jefe de la fiscalía madrileña, Javier Polo Gutiérrez, quien dejó guardado en un cajón durante un año un informe elaborado por Asuntos Internos en 2016 que pedía la investigación de Villarejo por la incompatibilidad entre sus negocios y los de funcionario público, y también por presunto blanqueo de capitales.

ASTAPA

Pero este modus operandi se creó hace muchos años. En 2009 salta el caso Astapa, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al alcalde de la comunidad malagueña, Antonio Barrientos, quien había denunciado ante el fiscal José Caballero diferentes irregularidades urbanísticas sin que acometiera ninguna acción, hasta que el comisario Villarejo habló con él.

Dicho alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona Pedro Villarejo. El nuevo alcalde llegó a contratar como arquitecto municipal a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario policía. Con Valadez, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias.

Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el exministro ese fue un encargo de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.

Además, gracias a un audio entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa Tándem bajo la dirección de Manuel García Castellón, y por el que se ha abierto una pieza separada, se puede escuchar como José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que de la orden a sus subordinados como Silvia Orna y Miguel Ángel Cuevas, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.

Silvia Orna fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos.
Precisamente Silvia Orna también fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos -no cumplía ninguno de los protocolos que debe tener un informe para ser admitido a trámite en un juzgado-.

GÜRTEL y PUJOL

Algunos de los números de placa de Astapa se repiten en la Operación Gürtel o el caso Pujol, dos encargos realizados por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que entró en contacto con el comisario debido a los 30 años de amistad entre Ignacio López del Hierro y Villarejo. Como no, los ejecutores de contra quién se hacían informes exculpatorios o incriminatorio lo hizo el equipo de confianza de Olivera y que lideraba el inspector Luna (conocido entre sus compañeros por vender botellas de vino de su bodega que guardaba en la sede policial a restaurantes chinos).

Otro inspector, Manuel Morocho, lo ha denunciado ya dos veces en el Congreso de los Diputados y también en la pieza Kitchen de la causa Tándem, al asegurar que su jefe y luego ex jefe José Luis Olivera Serrano le ordenó retirar la identificación de M. Rajoy así como a López del Hierro.

Este último, que fue Gobernador Civil, estuvo en los inicios de Alianza Popular, mantenía estrechas relaciones con el Ayuntamiento de Madrid -Álvarez del Manzano, familiar suyo, llegó a ser alcalde- y aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas también se vio involucrado en el caso Pujol por haber tenido una sociedad con Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat, y con el hermano del quien fuera consejero de Interior, Felip Puig. La sociedad se llamaba Ibadesacat y su nombre se mencionaba en un documento de la UDEF que fue publicado por otro de los periodistas de cabecera de Villarejo, recogiendo este unas declaraciones del empresario en las que decía explícitamente que “ya he hablado con la UDEF y están haciendo otro informe en el que no aparezco”. Algo totalmente extraordinario y fuera de la norma judicial.

DE COSPEDÍN GÓMEZ GORDO A MIGUEL ÁNGEL ARCE, EL FUTURO


Cuando en 2015 Dolores de Cospedal calculó que no volvería a salir elegida presidenta de Castilla La Mancha, lo primero que hizo fue colocar a su director de Documentación (en realidad era Seguridad) en la Junta y mandarle de nuevo a la Policía. Andrés Gómez Gordo, más conocido ya como Cospedín, recayó entre abril y mayo en la DAO con la misión de seguir supervisando la operación Gürtel y sobre todo monitorizar a Luis Bárcenas, a través de su antiguo compañero en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos, chofer del entonces tesorero, Luis Bárcenas.

Su destino como inspector jefe fue llevar la Unidad de Seguimientos de la UDEF, menos los ratos en los que Eugenio Pino, número dos de la Policía y también imputado, le mandaba pasarse por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para hacer informes contra el comisario Jaime Barrado, investigador del caso de la doctora Pinto, sobre Podemos o sobre Kitchen.

La ventaja de ese puesto es que tienes el conocimiento de lo que hacen todas las unidades de la UDEF mientras que entre ellas hay secreto. La dirección de esta presunta organización criminal, observando que el agente al que le correspondía ocupar la vacante no era “apto” para los intereses de Olivera y Villarejo, colocaron allí a Miguel Ángel Cuevas, quien además ha llegado a ocupar dos puestos donde la información importante fluye: seguimientos y el Sepblac.


¡Que ascazo! Y Marlaska los tiene todavía en nómina. Eso sí, su Jefe, el presi Sanchez diciendo a diestro y siniestro que somos una democracia plena, mientras Marlaska le decía a Pablo Iglesias que las cloacas ya no existían....


Pues va a ser que no, que continúan en sus puestos.

Democracia plena lo llaman. ¡Menuda bromita!
 
La gente de este país es muy básica, les da igual que les mientan si contra el que se arremete es podemos.
Cuando importa más la víscera que la propia democracia, pasan estas cosas. Una vez escuché decir a Pérez Reverte que España es un país de trinchera, y pienso que tiene toda la razón.
 

La cloaca de Interior contra Podemos: un recorrido periodístico por seis años de investigación en 'Público'​

'Público' lleva informando desde el año 2016 de las maniobras de un Villarejo al servicio del PP para destruir la formación morada. Repasamos caso a caso esta persecución.​


Imagen combinada de Pablo Iglesias y José Manuel Villarejo
Imagen combinada de Pablo Iglesias y José Manuel Villarejo. — Alfredo Langa / J.J. Guillén / EFE
Madrid
08/07/2022 21:59 Actualizado: 09/07/2022 10:21
Público
El informe PISA, el caso DINA, policías enviados a Venezuela para investigar a Podemos, Eduardo Inda acusando falsamente a Iglesias de cobrar del Gobierno de Maduro... Las cloacas de Interior han apuntado a matar en numerosas ocasiones contra la formación morada; siempre con la mediación de Villarejo y la colaboración de Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz. Numerosas informaciones en Público llevan dando cuenta de esta cacería desde hace ya seis años.

Recortes de periódicos, cuentas y especulaciones: éste es el informe sobre Podemos filtrado por Interior

Al informe que fue remitido al Tribunal de Cuentas por la Policía que acusaba a Podemos de financiarse ilegalmente e incluso de blanquear dinero, difundido en marzo del año 2016, le faltaban varias páginas del documento supuestamente elaborado por los miembros de una "unidad de inteligencia", adscritos directamente a la cúpula policial y convenientemente aireado para desprestigiar al partido.

El conocido como Informe P.I.S.A. (el acrónimo inventado de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fue encargado por el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz a la cúpula policial dirigida por el comisario Eugenio Pino, y la versión a la que accedió Público -había varias- estaba sin fechar y sin la identificación del agente que confeccionó esta suerte de corta y pega de acusaciones varias.

Villarejo admite que le han "servido de ayuda" Inda y el otro periodista de los informes falsos contra Podemos

El comisario José Manuel Villarejo Pérez entró en julio de 2016 al juzgado pidiendo perdón al magistrado Arturo Zamarriego, quien dirigía la investigación del caso pequeño Nicolás, por haberle acusado en una querella de ser miembro de una organización criminal formada por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Asuntos Internos y varios periodistas. También dejó varias claves sobre su relación con los periodistas que le hicieron llegar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias una grabación ilegal entre los espías y los investigadores de la causa, con la que el presunto estafador iba a cerrar el caso.
Los cuatro tomos que conformaban la pieza separada que investigaba la revelación de secretos por parte de la cúpula policial para dañar a otras instituciones y ayudar al pequeño Nicolás evidenciaron la estrecha relación entre los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta con la cúpula policial en los tres meses de finales de 2014 en los que se ejecutó la campaña contra los independentistas catalanes, contra Podemos y contra el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Los detectives que elaboraron para Eugenio Pino el falso informe contra Pablo Iglesias continuaban trabajando en 2017 para la Policía

El entramado de la cúpula policial que durante años actuó como un auténtico poder mafioso dentro del Estado centró sus blancos en todos los que se enfrentaban al poder omnímodo del PP. Y uno de sus principales objetivos fue Pablo Iglesias.
En 2017, Público informó en exclusiva de que algunos de los que trabajaron en ese juego sucio contra políticos opositores continuaban al servicio de la Policía Nacional... seguramente cobrando -vía fondos reservados- de dinero público, puesto que ese tipo de colaboraciones no se suelen hacer gratuitamente.

Inda admitió que le marcaron fecha de publicación del informe PISA

Primero algunos medios de comunicación afines a la cúpula policial, dirigida por el comisario Eugenio Pino, comenzaron a publicar filtraciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos por los gobiernos de Venezuela e Irán. Pero fue el 12 de enero de 2016 cuando se desveló el ya famoso "Informe PISA".
Según reconoció a Público Eduardo Inda, uno de los receptores de esta información, "yo los papeles estos los tengo desde hace muchísimo tiempo", para proseguir asegurando que "el informe lo tengo muchísimo antes de las elecciones, lo que pasa es que a mí mis fuentes me piden que por favor no lo publiques y cuando me dicen publícalo, pues lo publico, nada más".

DINA, la pieza secreta que une a Villarejo y a Inda en una maniobra contra Pablo Iglesias

En marzo de 2017, Pablo Iglesias, entraba a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo y salía con la oferta del juez que instruye la causa Tándem, Miguel García Castellón, de personarse como acusación particular en una de las piezas contra el comisario José Manuel Villarejo y otros integrantes de una posible organización criminal dedicada al cohecho y al blanqueo de capitales, entre otros delitos.
La pieza se denominaba DINA, el nombre de la asistente que Pablo Iglesias tenía cuando era europarlamentario, Dina Bousselham. En 2016, ella denunció el robo de su móvil en un centro comercial pensando que se trataba de un delito común. Pero la sorpresa llegó cuando, en un registro ordenado en noviembre de 2017 dentro de la Operación Tándem, apareció el teléfono robado a la colaboradora de Iglesias. Fue entonces cuando los investigadores de Asuntos Internos comenzaron las pesquisas en esta pieza separada denominada DINA.

La Policía usó los datos robados de Iglesias 72 horas después del robo y se los dio a Inda

A Dina Bousselham le sustrajeron su móvil el 1 de noviembre de 2015. Era colaboradora del líder de Podemos en Bruselas y manejaba datos confidenciales, como la cuenta del europarlamentario.
Esa información bancaria aparece en la primera versión del informe PISA, que la Policía le dio a Inda ese mismo noviembre, según contó el tertuliano a Público en una conversación que desvelamos hace ya tres años. Posteriormente, la UDEF eliminó la cuenta bancaria en la versión del falso informe enviada al Tribunal de Cuentas y filtrada a la Cadena SER.

Interior envió policías a Venezuela para investigar a Podemos

En marzo de 2016, agentes dependientes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, dirigida por el comisario Eugenio Pino, y que formaban parte de una "unidad de inteligencia" no oficializada dentro del cuerpo, estuvieron en Venezuela junto con agentes estadounidenses investigando la supuesta relación entre el tráfico de drogas a escala internacional, el Gobierno de Nicolás Maduro y la financiación de Podemos.
Al mismo tiempo, en España se encontraba un presunto confidente de la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas (DEA) al que la Policía protege, aseguraron a Público fuentes policiales, y de cuya información se estaría valiendo el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para guiar su investigación contra la formación morada, encargada directamente desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz a la cúpula de la Policía.

La 'brigada política' buscó testigos contra Podemos en Venezuela pero resultaron ser unos falsarios

La brigada política que dirigía el ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, convocó en Madrid, entre el 19 y 27 de abril de 2016, a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, con quienes pretendían hacer una segunda versión del apócrifo Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) antes de las elecciones generales del 26 de junio.
Se hospedaron en el hotel Orfila de Madrid, según el documento al que tuvo acceso Público en exclusiva, y fueron controlados por agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como el inspector jefe Jesús Vicente Galán.

Eduardo Inda, en el banquillo por atribuir a Pablo Iglesias cobros de Venezuela en un paraíso fiscal

En 2016, la Justicia ya había desmontado cinco veces las acusaciones sobre la inventada financiación ilegal de Podemos y de su entonces secretario general, Pablo Iglesias. Sin embargo, Eduardo Inda continuaba cegado en su empeño de dar por válido el más que demostrado montaje de la brigada política del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra la formación morada.
Después de que el falseado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) hiciera aguas por todas partes en mayo de 2016, Inda insistió en la teoría bolivariana con un documento presuntamente facilitado por la Asamblea de Venezuela a "fuentes de inteligencia policial españolas".

Así manipuló Eduardo Inda su 'exclusiva' para acusar falsamente a Pablo Iglesias

En 2017, Inda tuvo que responder desde el banquillo ante pruebas materiales irrefutables de que había violado todos los principios y códigos deontológicos periodísticos para calumniar a Pablo Iglesias.
El tertuliano ya había sido demandado por el autor de la información –quien era jefe de Investigación de su medio digital cuando se manipuló lo que había escrito–, Francisco Mercado, quien reclama una indemnización a Inda y a su empresa Dos Mil Palabras, SL. El periodista dimitió tras esa manipulación.
Público consiguió entonces las pruebas de cargo de esa falsificación antiperiodística contra Iglesias, cuyo rastro permanece en el registro del CMS (Content Manager System) de OK Diario: la noticia original fue alterada por el jefe de redacción de Inda, Juan Antonio Jiménez, entre las 03.06.46 y las 04.02.49 de la madrugada de la fecha de publicación –en mayo de 2016, durante la precampaña de las elecciones generales–, mientras el autor dormía y sin avisarle.

Venezuela desmonta los documentos de Inda sobre un supuesto pago a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal

El procedimiento que interpuso Pablo Iglesias contra Eduardo Inda fue desmontando todas las acusaciones del tertuliano sobre la inventada financiación venezolana de la formación morada.
La acusación demostró mediante un documento certificado del Ministerio del Poder Popular para la Banca y las Finanzas de Venezuela, que no existió la orden de pago por la que supuestamente habría recibido 272.325 dólares del Gobierno venezolano en la sucursal del Euro Pacific Bank de Islas Granadinas.

Diputados de Venezuela se querellaron contra los testigos falsos 'antipodemos' de Villarejo

Siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron en 2019 ante la Fiscalía General del Estado de España tres querellas contra un total de 91 miembros del Gobierno de Hugo Chávez, que abandonaron el país tras su muerte y durante los primeros años de Nicolás Maduro, así como empresarios relacionados con Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA), a quienes acusan de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y contra el orden socioeconómico.
Tres de los querellados fueron usados por el comisario encarcelado José Manuel Villarejo en sus trabajos de la 'brigada política' contra Podemos y en el sumario de Tándem.

La cúpula policial filtró información a prensa afín para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias

El lunes 18 de enero de 2016 por la mañana se celebró en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dirigía el comisario Eugenio Pino, una reunión con el periodista y tertuliano Eduardo Inda. Al día siguiente, Ok Diario publicó que "la productora de Pablo Iglesias recibió otro millón de euros desde un banco de Moscú", continuando así un serial iniciado una semana antes en el que se acusaba a Podemos de recibir dinero de Irán y que Inda bautizó como el Irángate.
La reunión se llevó a cabo dentro de las dependencias policiales de la DAO. Según describieron a Público testigos que se encontraban en el edificio, "los primeros en llegar fueron el comisario Eugenio Pino y su mano derecha, el inspector José Ángel Fuentes Gago, que a pesar de estar destinado en Holanda cobrando 10.000 euros de dietas al mes, se pasa el día en Madrid. Después llegó Eduardo Inda y, a los pocos minutos, el comisario José Manuel Villarejo".

Más de 200 llamadas acreditan la relación entre la cúpula policial y los periodistas anti-Podemos

Los por entonces experiodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta obtuvieron la grabación ilegal hecha a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a tres de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a través del comisario José Manuel Villarejo Pérez, hombre de confianza del número dos de la Policía, Eugenio Pino. Y se la entregaron al pequeño Nicolás para que intentara con ella archivar la causa contra él, en la entrevista que le hicieron el 18 de noviembre de 2014 en la casa de Inda. Así consta en el sumario que instruyó el juzgado de instrucción número 2 de Madrid.
De todos los movimientos estaban informados diferentes mandos policiales adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía el citado comisario Pino. En concreto entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre de 2014 el tráfico de llamadas entre Inda y Urreiztieta acreditan más de 200 comunicaciones con la cúpula policial: 68 con el jefe de gabinete de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; 78 con el comisario José Manuel Villarejo Pérez y 105 con el comisario Enrique García Castaño.

Una juez avaló la noticia de 'Público' sobre la reunión de la cúpula policial e Inda para la campaña anti-Podemos

La noticia referente a que la cúpula policial filtró información a medios de comunicación afines para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias, publicada por Público, superaba "el test de veracidad" exigible por los tribunales, según dictaminó en junio de 2016 la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durantez.
El jefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), Eugenio Pino, interpuso una querella por calumnias contra Patricia López, la periodista que informó en Público sobre la reunión mantenida el 18 de enero en la sede de la cúpula policial entre el periodista Eduardo Inda, el comisario José Manuel Villarejo Pérez, el propio Pino y su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
El número dos de la Policía pedía incluso una pena de cárcel, pero la juez dio la razón a Público y dictaminó el sobreseimiento libre.

Podemos pidió aclarar la relación del informe PISA que tenía Villarejo y la pieza DINA

Según consta en un informe policial del mes de abril de 2019 al que tuvo acceso Público, el grupo de Asuntos Internos que realizaba la investigación informaba al juez que "en relación al informe 'PISA' se desconoce el objeto del mismo, si bien a través de fuentes abiertas se ha localizado información que lo vincula con un supuesto informe sobre la también supuesta financiación irregular del partido político PODEMOS".
Sin embargo, cuando en el mes de mayo los representantes legales de los dirigentes de Podemos solicitaron una serie de diligencias para conectar en robo del móvil con la elaboración del informe, el juez denegó las mismas alegando que el informe PISA y la financiación de Podemos no eran objeto de investigación en la pieza 10.
Esta contradicción del juez Manuel García Castellón es la que llevó a Podemos a solicitar que se aclare el embrollo y se incluyera en la pieza principal el conocido informe PISA, para saber de qué versión se trata y si hay documentación sobre cómo se elaboró.

Agentes de la UDEF y periodistas del clan Villarejo coinciden en los casos Estepona, Pujol, Podemos y CNMV

El dudoso tándem que los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo hicieron en la Comisaría General de Policial Judicial está grabado en algunas investigaciones que la UDEF realizó desde 2005 hasta la salida de Mariano Rajoy del Gobierno: pruebas escondidas, falsas o adulteradas para negocios privados y una red de agentes que mantienen sus puestos y de periodistas que colaboraron en la difusión de noticias tóxicas, según la Audiencia Nacional.

Interior ascendió a la cúpula policial al comisario de Barajas tras la grabación a Podemos y la CUP

El 10 de diciembre de 2014 Nicolás Maduro fletó un avión presidencial en el madrileño aeropuerto de Barajas para que viajaran a Venezuela la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel; la dirigente de Podemos en Castilla La Mancha, María José Aguilar, e Ignacio Gil de San Vicente, suegro del entonces número 1 de la banda terrorista ETA.
Un año después se filtró una grabación en la que se intentaba criminalizar a estos dirigentes políticos, quienes apuntan a la Policía como autora de dicho vídeo. La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, señaló que pudieron ser miembros de cuerpos policiales quienes grabaron las imágenes porque, al viajar en el avión presidencial, fueron a una zona del aeropuerto de Barajas donde sólo estaban los 30 o 35 pasajeros, la tripulación y "los cuerpos policiales que tienen atribuida la vigilancia y las funciones de seguridad del aeropuerto".

(publico.es)
 
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