La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones

[Odila_DT]

España pasa de ser una “democracia plena” a “defectuosa” en el último año, según The Economist​

Las continuas polémicas relacionadas con el gobierno de coalición han llevado a perder respeto y consideración internacional​

España pasa de ser una “democracia plena” a “defectuosa” en el último año, según The Economist

Las continuas polémicas relacionadas con el gobierno de coalición han llevado a perder respeto y consideración internacional

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[Paquita]

España pasa de ser una “democracia plena” a “defectuosa” en el último año, según The Economist​

Las continuas polémicas relacionadas con el gobierno de coalición han llevado a perder respeto y consideración internacional​

España pasa de ser una “democracia plena” a “defectuosa” en el último año, según The Economist

Las continuas polémicas relacionadas con el gobierno de coalición han llevado a perder respeto y consideración internacional

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Ojalá se arregle pronto. El año que viene hay elecciones, ¿no? A ver si tenemos algo de memoria.

 

[IDOLO]

«Bloquear la renovación del Poder Judicial es un incumplimiento grave»​

ConstitucionalAlerta de que el retraso en su reforma ya ha comenzado a afectar a la actividad del sistema y critica la estrategia de algunos partidos que descalifican a la Justicia sin argumentos.​

Adela Asua, catedrática emérita de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, ha sido magistrada del Tribunal Constitucional (2011-2017) y vicepresidenta del mismo. Desde finales de 2020 es consejera permanente del Consejo de Estado. Con esa perspectiva, critica la generalización que tantas veces se hace sobre el funcionamiento de la Justicia a partir de casos aislados. Y alerta sobre el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha comenzado a tener consecuencias en la actividad general del sistema, asegura.

– La Justicia es una de las instituciones peor valoradas en España, según dicen unos y otros.

– Es un tópico que no se sostiene a la vista de los estudios más recientes y fiables. El buen desempeño profesional de los cerca de 6.000 jueces y juezas, en su variedad de funciones y situaciones, mantiene la confianza en la aplicación justa de las leyes en una medida razonable. Si no, no se explicaría el incremento de demandas y reclamaciones ante los tribunales. Lo que no es óbice para reconocer la necesidad de reformas de calado. Como las que figuran en dos recientes anteproyectos de leyes –acerca de las que ha emitido dictamen el Consejo de Estado en el mes de marzo– sobre Medidas de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa de la Justicia. Destaca la apuesta por el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con mediación de profesionales preferentemente jurídicos. Se trata de reducir la intervención judicial para reservarla a los casos más complicados y agilizar los procedimientos. Esperemos que estos proyectos lleguen a ser aprobados en el Parlamento.

– Los políticos no se privan de comentar su escasa confianza en la misma. ¿Hay motivo?

– Si algún representante político aprovecha su posición para provocar la desconfianza generalizada en una institución que garantiza la observancia de las leyes, mal andamos. La confianza en las instituciones es básica, claro que a la vez hay que dotarla de los medios personales y materiales para que la confianza tenga sustento.

– ¿Cómo recuperar esa confianza?

– La crítica es legítima y conveniente, por supuesto, pero una cosa es criticar una decisión judicial razonadamente con argumentos comprensibles, y otra descalificar con adjetivos gruesos de forma oportunista. La complejidad de la actividad judicial no siempre es compatible con las expectativas de una respuesta simple y sin matices. La madurez democrática de la ciudadanía entiende esta complejidad, y creo que también advierte los peligros de la demagogia.

– La práctica habitual de partidos e instituciones de anunciar que acudirán a Estrasburgo antes de conocer las sentencias revela esa escasa confianza.

– Mostrar de antemano desconfianza en la Justicia española forma parte de la estrategia política de algunos partidos. Pero hay que recordar que en materia de derechos humanos el Tribunal de Estrasburgo establece los criterios que deben seguir los tribunales de todos los países que ratificamos el Convenio europeo. El respeto a estos derechos básicos es condición de pertenencia al club europeo de países democráticos. Rusia acaba de abandonarlo, para desgracia de todos, inclusive la de sus ciudadanos.

– ¿Qué ocurre cuando ante las mismas normas diferentes tribunales adoptan decisiones distintas? Ha pasado mucho durante la pandemia.

– Cuando una norma es necesariamente abierta a la valoración de la 'proporcionalidad' y la 'necesidad' en función de las circunstancias, las decisiones cuentan con un margen de apreciación que explica las diferencias de grado de las medidas según los gobiernos. Los tribunales tienen como objetivo controlar que las decisiones sean razonadas y coherentes con los datos en que se fundan, y que no rebasen la 'proporcionalidad'. Pero no hay una exacta vara de medir que aporte plena certeza. Ante situaciones de incertidumbre científica y sanitaria no hay brújula segura entre tanta niebla; solo cuando se despejan ciertas incógnitas, a posteriori, podremos evaluar el grado de acierto.

– Yllega el Constitucional y tumba el Estado de Alarma. Aunque lo hizo cuando su decisión ya no tenía efectos prácticos.

– Entiendo que el verbo 'tumbar' es muy atractivo para los medios de comunicación, pero el Constitucional solo 'tumbó' parcialmente el estado de alarma, en concreto tres apartados de uno de los artículos de aquel primer Decreto, los relativos al confinamiento domiciliario. Y a la vez afirmó que las medidas adoptadas eran proporcionadas y racionales en las circunstancias de la pandemia y que los ciudadanos tenían obligación de soportarlas. Pero declaró que el confinamiento supuso una «suspensión» del derecho de libertad de movimientos y por ello la cobertura formal en este punto tenía que haber sido la del 'estado de excepción'. Una interpretación polémica, adoptada por exigua mayoría de seis miembros del tribunal frente a cinco. La propia sentencia, reconociendo que las medidas eran sustancialmente pertinentes, limitó los efectos para reducir los casos de reclamaciones posibles contra el Estado
.
– ¿Es la defensa de la libertad individual lo que enfrenta a veces a los tribunales con los gobiernos?

– En un estado democrático los tribunales deben garantizar que la leyes que aprueban los parlamentos prevalezcan sobre las decisiones de los gobiernos, porque esas leyes son el marco que legitima y a la vez limita el campo de las decisiones políticas. No se 'enfrentan' como si estuvieran en dos frentes opuestos. Los desencuentros suelen darse por la interpretación de la ley, en cuanto al sentido y el alcance de los términos en que se expresa una norma. Es la permanente deliberación propia del mundo del Derecho en su aplicación a la realidad concreta.

Gobierno paralelo​

– Los jueces son la garantía en un Estado de Derecho, pero hay quien les acusa de formar una especie de gobierno paralelo dado que a veces echan abajo decisiones de los otros poderes.

– A un dictador los tribunales no le echan abajo las leyes. En una democracia el poder judicial desempeña la tarea de control de la observancia de las leyes, pero no de control de las políticas de gobierno. La batalla por sacar adelante decisiones de envergadura, en forma de nuevas leyes, tiene lugar en los parlamentos, para reunir los votos necesarios. Y las leyes solo pueden ser 'tumbadas' por el Tribunal Constitucional cuando choquen con normas y principios.

– Uno de los problemas de la relación entre poderes es el bloqueo de la renovación del Consejo de Gobierno del Poder Judicial.

– La Constitución ordena que cada cinco años deben renovarse las veinte personas integrantes del Consejo judicial, doce integrantes de la judicatura y ocho juristas. Bloquear la renovación es un incumplimiento del todo inaceptable que ha empezado a afectar a la actividad judicial general. La renovación garantiza la actualización de un órgano que vela por la independencia judicial y por el funcionamiento de la estructura del servicio público de la Justicia, sin interferencia alguna en el contenido de las decisiones judiciales. La exigencia de que las designaciones sean avaladas por una mayoría de tres quintos en el Parlamento pretende garantizar la confluencia de pluralidad de sensibilidades jurídicas e ideológicas en consonancia con la diversidad política de la ciudadanía. Y eso no se logra con un nuevo pacto de reparto de cuotas, que es el penoso ejemplo que se está ofreciendo.

– Son legales, pero ¿le parecen legítimas las decisiones que toma un Consejo que lleva tanto tiempo prorrogado?

– Formalmente lo son, pero crean un pésimo ejemplo para los ciudadanos que deben cumplir las leyes y responder por los incumplimientos. Algunas veces, en el Constitucional, varios de sus miembros llegaron a dimitir para forzar una renovación, aunque no tuvieron mucho éxito. Si nuestros representantes no obedecen un mandato constitucional, ¿con qué autoridad pueden pedir que los ciudadanos respeten las leyes? Y apelar a una reforma futura para incumplir las reglas del presente me parece una excusa vergonzante.

– Cuando se habla de Justicia en general tiende a englobarse todo:jueces, fiscales, órganos judiciales, abogacía, etc. ¿Tiene sentido meter todo eso en un bloque?

– La Justicia en sentido estricto se refiere a las decisiones judiciales que ponen fin a un proceso en el que se han debatido las razones, las pruebas aportadas, la aplicación de la ley al caso concreto. Ahora bien, la maquinaria de la Justicia se pone en marcha a partir de las reclamaciones, denuncias o demandas que los ciudadanos, de personas jurídicas o de instituciones públicas. La abogacía, la Fiscalía, los profesionales técnicos con sus peritajes, intervienen para aportar datos y argumentos que inciden en la decisión judicial. El buen hacer y la calidad de las explicaciones de estos profesionales imprescindibles determinan en buena medida la calidad de los argumentos jurídicos de una sentencia. Son profesionales al servicio de la Justicia desde el prisma de la reclamación de los derechos de sus representados. No cabe una reforma de la Justicia sin contar con ellos.

– Luego están las atribuciones que se hacen en algunos casos. Por ejemplo, cuando un caso de corrupción llega a un juez y alguien dice que los afectados dormirán más tranquilos, o más intranquilos, con ese instructor. Eso tiene que ser demoledor para la Justicia.

– No demos pábulo a esos comentarios cuando son meras conjeturas. La preparación profesional y la independencia de los cerca de 6.000 jueces y juezas en activo –hoy de forma mayoritaria mujeres– es una realidad incontestable. La posible excepción, que sería intolerable y denunciable, confirma la regla general de la independencia.

– Usted acabó la carrera hace ahora medio siglo. ¿Cuánto ha cambiado la Justicia en este tiempo?

– Aparte de lo que supone el trascendental cambio del marco político –de dictadura a democracia constitucional– hoy se acude a la justicia con mucha más frecuencia y confianza. Pero lo que ha cambiado es la percepción de lo que es injusto e intolerable. Ha crecido la conciencia sobre los derechos fundamentales y del derecho a la tutela judicial. Se reclama justicia frente a abusos y maltratos que hasta hace dos décadas eran prácticas toleradas y ocultadas. No solo en el ámbito interpersonal, sino también en el ámbito de intereses colectivos como en relación a la preservación de la naturaleza, o respecto a la necesaria protección de datos y de la privacidad ante la omnipresente digitalización. Las transformaciones socioeconómicas derivadas de la tecnología y la inteligencia artificial... todas estas cosas que están cambiando el mundo van reflejándose en nuevas leyes regulaciones y por ende en nuevos asuntos con los que lidian los tribunales.

En la carrera​

– Su generación vivió de lleno las amenazas y los ataques del terrorismo.

– Los primeros atentados de ETA se produjeron cuando estábamos estudiando la carrera, y no se nos ocurría pensar que iban a prolongarse más allá de la recuperación de la democracia. Vimos cómo gente de nuestra edad, que estudiaba junto a nosotros, se fanatizaba por una idea de 'patria o muerte'. Eso impregnó de miedo a toda la sociedad en un momento en que se iniciaba la transición hacia la democracia, entre enormes tensiones y riesgos de involución.

– ¿Qué recuerdo tiene de esos años?

– Me queda el recuerdo de que durante mucho tiempo el silencio ante la violencia terrorista fue mucho más fuerte que las protestas, y eso me avergüenza. ETA era un anacronismo creciente y cruel y no hubiera durado cuatro décadas largas si la sociedad se hubiera plantado antes de forma más decidida. Pero, a la vez, la vida seguía en paralelo entre el goteo de noticias de secuestros y de asesinatos, como una especie de pesadilla esquizofrénica. Recuerdo el terrible mes de febrero de 1981: la primera semana, el asesinato terrorista del ingeniero Ryan de la central de Lemoiz; la segunda, la muerte del presunto etarra Arregui Izaguirre como consecuencia de las torturas aplicadas tras nueve días de incomunicación; la semana siguiente, el 23 de febrero intento golpe de estado con entrada militar en el Congreso de los Diputados. El 27 de febrero era el día señalado para la defensa de mi tesis doctoral, que finalmente pudo celebrarse.

«Bloquear la renovación del Poder Judicial es un incumplimiento grave»

ConstitucionalAlerta de que el retraso en su reforma ya ha comenzado a afectar a la actividad del sistema y critica la estrategia de algunos partidos que descalifican a

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[IDOLO]

El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional​

• El mandato de cuatro magistrados, entre ellos el del presidente, caduca el 12 de junio. Hay dudas sobre si el Ejecutivo puede nombrar los dos que le corresponden si no lo hace el CGPJ, que no puede cubrir sus dos puestos por estar en funciones​

• — Carlos Lesmes reclama a Feijóo que facilite la renovación del CGPJ “antes del verano”​

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la semana pasada en Vigo. Europa Press
Irene Castro / Aitor Riveiro / Alberto Pozas
30 de mayo de 2022 22:11h
Actualizado el 31/05/2022 16:50h
53
La negativa de Alberto Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuerza a Pedro Sánchez a tomar una decisión en dos semanas: si sigue aguardando o si designa a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Ejecutivo sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces. En Moncloa aseguran que “no hay una decisión” tomada al respecto y se limitan a trasladar la presión al PP para que se avenga a pactar el Poder Judicial antes del 12 de junio, que es la fecha en la que caduca el mandato de los cuatro magistrados que ese organismo y Mariano Rajoy designaron hace nueve años. A esa presión se ha sumado el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha azuzado a Feijóo después de que el PP haya pospuesto cualquier conversación a después de las elecciones andaluzas.

El Gobierno aceptó a Espejel y Arnaldo para garantizar nueve años de mayoría progresista en el
La reforma legal que PSOE y Unidas Podemos impulsaron para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos mientras está en funciones –situación en la que se encuentra desde hace más de tres años con un mandato caducado que reproduce la composición de aquella mayoría absoluta del PP– se ha convertido ahora en un problema para la renovación del Tribunal Constitucional. En dos semanas expira el mandato del actual presidente, Pedro González-Trevijano, y de los magistrados Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. Tres de ellos pertenecen al sector conservador y el último al progresista. Sus sustitutos deben ser nombrados, mitad y mitad, por el Gobierno y el CGPJ.

Los magistrados del tribunal de garantías se nombran por tercios y existen dudas jurídicas –que han admitido incluso en el Gobierno– de que la designación de los dos puestos que le corresponde al Ejecutivo se puedan desligar de los que tiene que elegir el Poder Judicial.

“El Gobierno puede proponer a los suyos cuando legalmente le corresponde, que es el 12 de junio, cuando cumplen su mandato de nueve años los nombrados por el Gobierno de Rajoy. Su propuesta no depende del CGPJ, y así ocurrió cuando se constituyó el TC, momento en que el gobierno de UCD nombró a sus magistrados sin esperar al CGPJ, que aún no había sido elegido. Lo que sucede es que el Pleno del TC tiene que acordar el 'placet' de los elegidos, y como tienen mayoría los conservadores es muy probable que no les permitan tomar posesión”, asegura una fuente que conoce bien los entresijos del tribunal.

Ninguna de las fuentes del Gobierno consultadas descarta, sin embargo, proponer ya los dos nombres que le corresponde designar para el Constitucional, aunque el argumentario oficial pasa por descargar toda la responsabilidad en el PP, que mantiene el bloqueo a la renovación del Poder Judicial. La otra opción es seguir esperando a que el principal partido de la oposición, cuyos votos en el Congreso son imprescindibles, decida llegar a un acuerdo. Por ahora, Feijóo ha paralizado las conversaciones que abrió con Moncloa el pasado abril, cuando se reunió con Sánchez al ser oficialmente proclamado presidente del partido. Reiniciar ese diálogo que ya camina hacia los cuatro años fue el único entendimiento al que llegaron.

Desde aquella cita, Feijóo tardó casi 20 días en designar a uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, interlocutor con el Gobierno. Desde el PP se ha apuntado en los últimos días que ha habido algunos contactos y conversaciones con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al respecto. Pero todo se paralizó casi de inmediato. El PP dijo primero que todo lo hablado hasta entonces con la dirección de Pablo Casado, quien negociaba a través del consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, no valía y que había que reiniciar desde cero las conversaciones. Luego negó que se sintiera impelido a llegar a un acuerdo por la fecha tope del 12 de junio, cuando caduca el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional. Y, finalmente, pospuso el inicio de cualquier acercamiento al 19 de junio, fecha de las elecciones en Andalucía.

Así lo ratificó el pasado miércoles Feijóo al tomar posesión de su acta de senador por designación autonómica. El presidente del PP esgrimió toda suerte de incumplimientos y supuestos desvaríos por parte del Gobierno para justificarse. Acusó al Ejecutivo de “entregar el Estado” a los independentistas. O, como dijo el jueves, de “vivir de rodillas” para seguir en la Moncloa.

El gallego considera desde que dio el salto a liderar su partido que el “sanchismo” ha fagocitado al PSOE y que pone en riesgo la supervivencia de la propia nación española. Pese a todo, el 20 de junio, según sus propias palabras, el PP retomará las conversaciones con ese mismo Gobierno de coalición. Pero ya con las urnas andaluzas cerradas y los votos recontados. Entretanto, Vox presiona al PP para que no pacte nada con el PSOE.
La fecha tampoco es baladí del todo. El propio presidente del Supremo y, por tanto, del CGPJ, Carlos Lesmes, presionó la semana pasada al PP al señalar directamente a la responsabilidad de Feijóo para desbloquear el Poder Judicial “antes del verano”, una estación que comienza el 21 de junio. Las consecuencias judiciales por el bloqueo se dejan ya notar con problemas de organización en el Tribunal Supremo: la sala de gobierno que preside Lesmes ha hecho pública su preocupación por el posible colapso de varias de sus salas jurisdiccionales ante las vacantes por jubilación que no están siendo cubiertas.

elDiario.es ha intentado saber si Feijóo aprovechó para hablar con Lesmes sobre el asunto, pero las mismas fuentes se han limitado a señalar que no informan de “conversaciones privadas”. Este lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, preguntado al respecto ha señalado que es “mucho más importante que el Gobierno se tome en serio” la escalada de precios.

Importancia de una mayoría progresista​

La posibilidad de una renovación de los bloques de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ por separado genera incertidumbre en el propio tribunal de garantías. Distintas fuentes consultadas en las últimas semanas por este periódico reconocen que no existen precedentes y plantean sus dudas sobre si es posible renovar por un lado a los dos magistrados que dependen del Gobierno sin que el Consejo General del Poder Judicial haga lo propio con sus dos puestos.

En los últimos años, diversas plazas han sido renovadas por separado del bloque correspondiente; pero porque han quedado vacantes, no por caducidad del mandato. Entre estas plazas que hay que renovar hay dos de especial importancia en la organización de la agenda del Constitucional: el presidente y el vicepresidente.
Detrás de esta incógnita sobre la renovación de cuatro magistrados hay un sistema de equilibrios en el que el Gobierno se juega varios años de mayoría progresista o afrontar asuntos clave con una mayoría conservadora prolongada más allá de su mandato. Poder renovar en solitario a los dos magistrados conservadores, designados en la primera legislatura de Mariano Rajoy, se traduciría en una mayoría de siete magistrados del bloque progresista frente a cinco del bloque conservador a falta de poder renovar también a los que dependen del CGPJ.

Es un proceso que coincide con un momento delicado en el orden del día del tribunal de garantías y con un asunto marcado en rojo en su agenda: el recurso del PP contra la Ley del Aborto. Después de una década en el cajón, el nuevo ponente Enrique Arnaldo está elaborando un borrador y su objetivo es tenerlo listo para los primeros meses de verano, al margen de cuándo se lleve el asunto a pleno y cuando se llegue a un consenso para votar. Es decir, que es probable que dependiendo de cómo se produzca la renovación de estos cuatro magistrados el asunto del aborto sea estudiado por un Constitucional de mayoría progresista o de mayoría conservadora.

Más a largo plazo, hay otros asuntos de gran trascendencia social que serán estudiados por un Constitucional de composición incierta. Por ejemplo, los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá de Educación, el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, la Ley Riders y contra la Ley Rhodes de protección de la infancia o la accidentada votación de la reforma laboral. También, entre otros, el recurso de Podemos contra la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid o el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra su condena e inhabilitación como diputado.

El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional

El mandato de cuatro magistrados, entre ellos el del presidente, caduca el 12 de junio. Hay dudas sobre si el Ejecutivo puede nombrar los dos que le corresponden si no lo hace el CGPJ, que no puede cubrir sus dos puestos por estar en funciones

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Casado se negó a la renovación y Feijoo hace lo mismo....Mismos perros con distintos collares....

 

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El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional​

• El mandato de cuatro magistrados, entre ellos el del presidente, caduca el 12 de junio. Hay dudas sobre si el Ejecutivo puede nombrar los dos que le corresponden si no lo hace el CGPJ, que no puede cubrir sus dos puestos por estar en funciones​

• — Carlos Lesmes reclama a Feijóo que facilite la renovación del CGPJ “antes del verano”​

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la semana pasada en Vigo. Europa Press
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30 de mayo de 2022 22:11h
Actualizado el 31/05/2022 16:50h
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La negativa de Alberto Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuerza a Pedro Sánchez a tomar una decisión en dos semanas: si sigue aguardando o si designa a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Ejecutivo sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces. En Moncloa aseguran que “no hay una decisión” tomada al respecto y se limitan a trasladar la presión al PP para que se avenga a pactar el Poder Judicial antes del 12 de junio, que es la fecha en la que caduca el mandato de los cuatro magistrados que ese organismo y Mariano Rajoy designaron hace nueve años. A esa presión se ha sumado el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha azuzado a Feijóo después de que el PP haya pospuesto cualquier conversación a después de las elecciones andaluzas.

El Gobierno aceptó a Espejel y Arnaldo para garantizar nueve años de mayoría progresista en el
La reforma legal que PSOE y Unidas Podemos impulsaron para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos mientras está en funciones –situación en la que se encuentra desde hace más de tres años con un mandato caducado que reproduce la composición de aquella mayoría absoluta del PP– se ha convertido ahora en un problema para la renovación del Tribunal Constitucional. En dos semanas expira el mandato del actual presidente, Pedro González-Trevijano, y de los magistrados Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. Tres de ellos pertenecen al sector conservador y el último al progresista. Sus sustitutos deben ser nombrados, mitad y mitad, por el Gobierno y el CGPJ.

Los magistrados del tribunal de garantías se nombran por tercios y existen dudas jurídicas –que han admitido incluso en el Gobierno– de que la designación de los dos puestos que le corresponde al Ejecutivo se puedan desligar de los que tiene que elegir el Poder Judicial.

“El Gobierno puede proponer a los suyos cuando legalmente le corresponde, que es el 12 de junio, cuando cumplen su mandato de nueve años los nombrados por el Gobierno de Rajoy. Su propuesta no depende del CGPJ, y así ocurrió cuando se constituyó el TC, momento en que el gobierno de UCD nombró a sus magistrados sin esperar al CGPJ, que aún no había sido elegido. Lo que sucede es que el Pleno del TC tiene que acordar el 'placet' de los elegidos, y como tienen mayoría los conservadores es muy probable que no les permitan tomar posesión”, asegura una fuente que conoce bien los entresijos del tribunal.

Ninguna de las fuentes del Gobierno consultadas descarta, sin embargo, proponer ya los dos nombres que le corresponde designar para el Constitucional, aunque el argumentario oficial pasa por descargar toda la responsabilidad en el PP, que mantiene el bloqueo a la renovación del Poder Judicial. La otra opción es seguir esperando a que el principal partido de la oposición, cuyos votos en el Congreso son imprescindibles, decida llegar a un acuerdo. Por ahora, Feijóo ha paralizado las conversaciones que abrió con Moncloa el pasado abril, cuando se reunió con Sánchez al ser oficialmente proclamado presidente del partido. Reiniciar ese diálogo que ya camina hacia los cuatro años fue el único entendimiento al que llegaron.

Desde aquella cita, Feijóo tardó casi 20 días en designar a uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, interlocutor con el Gobierno. Desde el PP se ha apuntado en los últimos días que ha habido algunos contactos y conversaciones con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al respecto. Pero todo se paralizó casi de inmediato. El PP dijo primero que todo lo hablado hasta entonces con la dirección de Pablo Casado, quien negociaba a través del consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, no valía y que había que reiniciar desde cero las conversaciones. Luego negó que se sintiera impelido a llegar a un acuerdo por la fecha tope del 12 de junio, cuando caduca el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional. Y, finalmente, pospuso el inicio de cualquier acercamiento al 19 de junio, fecha de las elecciones en Andalucía.

Así lo ratificó el pasado miércoles Feijóo al tomar posesión de su acta de senador por designación autonómica. El presidente del PP esgrimió toda suerte de incumplimientos y supuestos desvaríos por parte del Gobierno para justificarse. Acusó al Ejecutivo de “entregar el Estado” a los independentistas. O, como dijo el jueves, de “vivir de rodillas” para seguir en la Moncloa.

El gallego considera desde que dio el salto a liderar su partido que el “sanchismo” ha fagocitado al PSOE y que pone en riesgo la supervivencia de la propia nación española. Pese a todo, el 20 de junio, según sus propias palabras, el PP retomará las conversaciones con ese mismo Gobierno de coalición. Pero ya con las urnas andaluzas cerradas y los votos recontados. Entretanto, Vox presiona al PP para que no pacte nada con el PSOE.
La fecha tampoco es baladí del todo. El propio presidente del Supremo y, por tanto, del CGPJ, Carlos Lesmes, presionó la semana pasada al PP al señalar directamente a la responsabilidad de Feijóo para desbloquear el Poder Judicial “antes del verano”, una estación que comienza el 21 de junio. Las consecuencias judiciales por el bloqueo se dejan ya notar con problemas de organización en el Tribunal Supremo: la sala de gobierno que preside Lesmes ha hecho pública su preocupación por el posible colapso de varias de sus salas jurisdiccionales ante las vacantes por jubilación que no están siendo cubiertas.

elDiario.es ha intentado saber si Feijóo aprovechó para hablar con Lesmes sobre el asunto, pero las mismas fuentes se han limitado a señalar que no informan de “conversaciones privadas”. Este lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, preguntado al respecto ha señalado que es “mucho más importante que el Gobierno se tome en serio” la escalada de precios.

Importancia de una mayoría progresista​

La posibilidad de una renovación de los bloques de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ por separado genera incertidumbre en el propio tribunal de garantías. Distintas fuentes consultadas en las últimas semanas por este periódico reconocen que no existen precedentes y plantean sus dudas sobre si es posible renovar por un lado a los dos magistrados que dependen del Gobierno sin que el Consejo General del Poder Judicial haga lo propio con sus dos puestos.

En los últimos años, diversas plazas han sido renovadas por separado del bloque correspondiente; pero porque han quedado vacantes, no por caducidad del mandato. Entre estas plazas que hay que renovar hay dos de especial importancia en la organización de la agenda del Constitucional: el presidente y el vicepresidente.
Detrás de esta incógnita sobre la renovación de cuatro magistrados hay un sistema de equilibrios en el que el Gobierno se juega varios años de mayoría progresista o afrontar asuntos clave con una mayoría conservadora prolongada más allá de su mandato. Poder renovar en solitario a los dos magistrados conservadores, designados en la primera legislatura de Mariano Rajoy, se traduciría en una mayoría de siete magistrados del bloque progresista frente a cinco del bloque conservador a falta de poder renovar también a los que dependen del CGPJ.

Es un proceso que coincide con un momento delicado en el orden del día del tribunal de garantías y con un asunto marcado en rojo en su agenda: el recurso del PP contra la Ley del Aborto. Después de una década en el cajón, el nuevo ponente Enrique Arnaldo está elaborando un borrador y su objetivo es tenerlo listo para los primeros meses de verano, al margen de cuándo se lleve el asunto a pleno y cuando se llegue a un consenso para votar. Es decir, que es probable que dependiendo de cómo se produzca la renovación de estos cuatro magistrados el asunto del aborto sea estudiado por un Constitucional de mayoría progresista o de mayoría conservadora.

Más a largo plazo, hay otros asuntos de gran trascendencia social que serán estudiados por un Constitucional de composición incierta. Por ejemplo, los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá de Educación, el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, la Ley Riders y contra la Ley Rhodes de protección de la infancia o la accidentada votación de la reforma laboral. También, entre otros, el recurso de Podemos contra la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid o el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra su condena e inhabilitación como diputado.

El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional

El mandato de cuatro magistrados, entre ellos el del presidente, caduca el 12 de junio. Hay dudas sobre si el Ejecutivo puede nombrar los dos que le corresponden si no lo hace el CGPJ, que no puede cubrir sus dos puestos por estar en funciones

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Casado se negó a la renovación y Feijoo hace lo mismo....Mismos perros con distintos collares....

Tu sigue.....igual alguien pica.....

 

[IDOLO]

Feijóo mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional​

• Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot a la sustitución de los vocales del CGPJ, que exceden en más de tres años el periodo para el que fueron elegidos​

• — El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional​

Spoiler

La negativa del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y medio, amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las bravas una mayoría conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo del previsto por la propia Ley Fundamental. Este 12 de junio ha caducado el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya renovación completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado por un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.



En los próximos días, el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los dos candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el organismo que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de nombramientos está limitada por ley. Está en juego, entre otras cosas, una mayoría conservadora o una progresista en un momento delicado con asuntos como el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias de enorme proyección pública.



El PP de Feijóo ha añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que el partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su liderazgo. El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a que la organización que ahora preside tendrá un marcado perfil institucional, ha insistido en que son un “partido de Estado”, e incluso ha presumido de que la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son herederos nació “para escribir y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas que señalan que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó en contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida cuenta de la renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental.

Las consecuencias van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse visibles en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE y Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos cargos judiciales, y eso incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional cada nueve años.

Dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del Gobierno central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se renueve el CGPJ, algo que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo.

De hecho, el plante del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El procedimiento para que el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es inmediato, ya que incluye sendas comparecencias de los candidatos ante las respectivas comisiones parlamentarias, además de la convocatoria de un pleno en cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses hábiles.

Y ni siquiera está claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado, mientras y otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse.

Este bloqueo que perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer lugar, en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el propio Tribunal Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la renovación de los dos magistrados que dependen de él, sin esperar al CGPJ, sería el actual Constitucional el que completar algunos pasos para que se hiciera efectivo.

La Ley deja en manos del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de nuevos magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad de que el Gobierno proponga dos candidatos y el Constitucional, donde varios entienden que la ley es muy clara a la hora de especificar que hay que renovar a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos.

Las mayorías de ambos organismos​

El conflicto que se puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del Constitucional, puede facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora establecida con Rajoy en la Moncloa mucho más allá de lo que también marca la Ley.


En el caso del Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha realizado decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor de una mayoría de candidatos de esa sensibilidad. Algo que se extiende a informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en las dos anteriores legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que haberse invertido en diciembre de 2018.

Si el CGPJ con el mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría conservadora heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo que le corresponde. En estos momentos, y tras la última renovación de cuatro candidatos surgida del acuerdo entre PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del tribunal de garantías cuenta con siete miembros considerados del sector conservador y cinco del progresista.

El posible bloqueo tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora impulsada en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar al Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa nueva mayoría parece estar en el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, ahora, para acceder a la renovación.

Los asuntos pendientes​

Este equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados tienen varios asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más inmediato y más esperado es la sentencia sobre los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto, que llevan más de una década en el cajón. La intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas.

La primera duda es cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el asunto. Si el pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en tiempo y forma con mayoría progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la condena de Alberto Rodríguez, la Ley de Eutanasia, la Ley de la Infancia y otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos recursos ya han sido admitidos a trámite.

El bloqueo del PP que perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, por tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado permanece en el Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que tendrá de mandato el nuevo magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un magistrado conservador acorta el del progresista que le sustituirá.

Feijóo mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional

Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot a la sustitución de los vocales del CGPJ, que exceden en más de tres años el periodo para el que fueron elegidos

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Feijoo: Mismo perro que Casado con distinto collar. Eso sí, presumiendo de """constitucionalista"""

¡Menudo país de pacotilla tenemos!



#23 juanreyes
12 de junio de 2022. 11:33 h
El Gobierno debería dejar de andarse con tonterías. 10 de los 12 puestos en el Constitucional se renuevan de tal forma que en condiciones normales, por cada magistrado conservador entra uno progresista también. La selección más importante para tener un Constitucional conservador o progresista durante 9 (NUEVE!!) años, depende simplemente de quién esté en el Gobierno cuando a éste le toca renovar los 2 magistrados restantes.

Y resulta que las elecciones para formar dicho gobierno, las ganó el PSOE, y las perdió el PP. Ya es sabido que el PP es un pésimo perdedor, nada de honradez y dar la mano al ganador, sino todo trampas y "Trump-as". Por eso, el Gobierno no debería permitirle al PP a agotar el reloj hasta las siguientes elecciones, como obviamente pretende hacer el PP para robar ese derecho a los dos magistrados. La Ley Orgánica del Poder Judicial se cambió en su día, bloqueando que el CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, para que un CGPJ caducado no haga nombramientos "a dedo" y con su mayoría simple. Ahora el PP intenta bloquear el nombramiento legítimo que le corresponde al Gobierno con esa Ley. Sería una auténtica vergüenza que encima el PP pudiera salirse con la suya aquí!

Quien ganó las elecciones generales que "dan acceso" a nombrar esos dos magistrados, ha sido el PSOE. Y ya es hora que haga valer esa victoria. Si hace falta, se introduce en la Ley del Tribunal Constitucional la posibilidad de "nombramientos parciales", es decir, los nombramientos no se han de hacer de 4 en 4, sino siempre lo antes posible en el momento que se dan las circunstancias legales (eso aplicaría, p.ej., también a una renovación de sólo dos de los cuatro magistrados por 3/5 del Senado). Así de fácil, quitarles las herramientas legales del bloqueo. Basta ya de darle a los matones siempre la otra mejilla por el miedo al qué dirán, a qué editorial pudiera escribir el Grupo Prisa, cuando esos matones precisamente nunca se han molestado en el funcionamiento de las instituciones (véase el bloqueo de la renovación del CGPJ desde hace mas de TRES años). Si el PSOE quiere evitar que el PP convierta a España en otra Hungría de Orban, tiene que actuar con determinación, y tiene que hacerlo YA.

 

[IDOLO]

El Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear en julio la renovación del Constitucional​

• El PSOE registrará este viernes un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Poder Judicial pueda elegir a sus dos magistrados, aunque esté en funciones, y el Gobierno, las dos plazas que le corresponden.​

Se acabó el debate jurídico y se acabaron las tretas para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno ha decidido mover ficha y ha dado con la fórmula para que el máximo garante de la Carta Magna pueda ser renovado aún estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Será a través de una reforma legal que permitirá al máximo órgano de gobierno de los jueces nombrar a los magistrados aunque su mandato haya caducado.

El PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, de la que ya han informado a sus socios de coalición, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá al CGPJ renovar dos de los cuatro magistrados, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio. Los otros dos serán propuestos por el Gobierno en el primer Consejo de Ministros que se celebre tras el nombramiento que corresponde al Poder Judicial, cuyo mandato también expiró en 2018 y ha sido imposible renovar por el bloqueo del PP, que se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Con la normativa actual, se había suscitado un debate jurídico sobre si el Ejecutivo podía o no renovar a los togados que le corresponde si antes el CGPJ no cubría las vacantes de su cupo. Por eso la reforma planteada por los socialistas –que ha sido comunicada a la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra– autoriza al Consejo a realizar esos nombramientos estando en funciones.

Se trata de la modificación de un simple artículo de la ley del Poder Judicial, el 570 bis de la LO 6/1985, por lo que en La Moncloa calculan que el texto podría entrar en vigor el próximo julio, ya que se tramitará con carácter de urgencia y en lectura única para desbloquear la renovación del TC antes de que lleguen las vacaciones de agosto. Así, una vez que el Poder Judicial eligiera a sus dos representantes, la intención del Gobierno sería nombrar de inmediato a los dos que le corresponden, cuyos nombres aún no están decididos, según ha podido saber elDiario.es de fuentes gubernamentales.

Qué dicen las leyes​

El artículo 159 de la Constitución establece, en su apartado primero, que el TC estará integrado por 12 miembros nombrados por el rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro, a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Pero, con el Consejo en funciones, había dudas sobre si podían elegir a los dos magistrados que les corresponde por mandato constitucional. Y es que la facultad para proponerlos se encuentra reconocida en el artículo 560.1.2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, un precepto que regula el conjunto de facultades que legalmente se le atribuyen a este órgano con carácter general.

Sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de ley que registrarán este viernes los dos socios de la coalición de Gobierno se recuerda que la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, “ha introducido un nuevo artículo 570 bis con el propósito de restringir las facultades atribuidas con carácter general al Consejo General del Poder Judicial, una vez que finaliza el plazo para su renovación sin que hayan podido ser designados los nuevos vocales”. Y, entre las facultades que el Consejo deja de poder ejercer, se encuentra precisamente el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que por imperativo constitucional debe designar.

Es decir, el nuevo régimen que la Ley Orgánica 4/2021 establece para el Consejo General del Poder Judicial cuando este pasa a estar en funciones no contempla la facultad de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que obliga a esperar a la renovación del Consejo, que depende de la voluntad de acuerdo de un PP que se ha negado a renovarlo desde hace cuatro años.

El Gobierno entiende que para evitar esta situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar.

Casi cuatro años de bloqueo del PP​

La Constitución establece que los magistrados se renuevan por tercios cada tres años, y los cuatro magistrados que le corresponden al Congreso fueron renovados ya el pasado 17 de noviembre de 2021. Unos meses después, en marzo también tomaron posesión los cuatro propuestos por el Senado. La posibilidad de una renovación de los bloques de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ por separado había generado incertidumbre en el propio tribunal de garantías y los sectores más conservadores de la judicatura, precisamente por la última reforma que limitó las competencias del órgano de los jueces mientras estuviera en funciones. Y desde el Ejecutivo se había culpado hasta ahora al PP de esta situación, ya que los populares mantienen el bloqueo a la renovación del Poder Judicial desde 2018 para imponer la mayoría conservadora en el CGPJ y también en el Constitucional, que en el último año ha tumbado la estrategia jurídica que impulsó el Gobierno de Sánchez para hacer frente a la pandemia: los dos decretos de alarma y el parón del Congreso durante los primeros meses, en respuesta a un recurso de VOX.

La cuestión no es baladí en tanto en cuanto el Constitucional tiene pendiente además pronunciarse sobre cuatro leyes relevantes desde el punto de vista ideológico como son la del aborto -que tiene pendiente desde hace más de una década-, la de eutanasia, la última de Educación y la que impide que el CGPJ realice nombramientos mientras está en funciones. Y no hay señales en el horizonte de que Alberto Núñez Feijóo vaya a retomar de inmediato las conversaciones que abrió con La Moncloa el pasado abril, cuando se reunió con Pedro Sánchez al ser proclamado presidente del partido y abordar algunos asuntos de Estado.

Tras aquella cita, Feijóo tardó casi 20 días en designar a uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, como interlocutor del Gobierno. Pero la negociación a día de hoy sigue paralizada. El PP dijo primero que todo lo hablado hasta entonces con la dirección de Pablo Casado, quien negociaba a través del consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, no le era válidoo y que había que reiniciar las conversaciones desde cero. Luego, negó que se sintiera impelido a llegar a un acuerdo por la fecha tope del 12 de junio, cuando caducaba el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional. Y, finalmente, pospuso el inicio hasta que se celebraran las elecciones andaluzas que tuvieron lugar el pasado domingo.

Nada ha cambiado por tanto en el PP con el cambio de liderazgo en lo que respecta al bloqueo institucional que mantuvo Pablo Casado, con quien el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo conversaciones en todo momento e incluso estuvo a punto de cerrar un acuerdo del que los populares se desmarcaron en el último momento por presiones políticas, judiciales y mediáticas. Feijóo va por el mismo camino, y de ahí el movimiento del Gobierno, después de haber tragado hace un año con el nombramiento, a propuesta del PP, de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional, a pesar de ser conocida su afinidad a dicho partido, cobrar a través de un despacho de abogados hasta un millón de euros de administraciones gobernadas por los populares y de haber infringido la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo.

Cuando la reforma entre en vigor, previsiblemente el próximo julio, la pelota estará ya en el tejado de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, que tendrá que nombrar de inmediato a dos magistrados para que el Gobierno haga lo propio con los que le atribuye la Constitución y se acabe con una situación de todo puto insostenible, además de con una flagrante anomalía democrática.

El Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear en julio la renovación del Constitucional

El PSOE registrará este viernes un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Poder Judicial pueda elegir a sus dos magistrados, aunque esté en funciones, y el Gobierno, las dos plazas que le corresponden

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Y los del PP se autoproclaman CONSTITUCIONALISTAS ¡Manda narices, huevos y lo que haga falta!

Y luego llega Feijoo el moderado y hace lo mismo que Casado, es decir, el mismo perro con diferente collar.

En cuanto al partido de Pedro Sanchez....¿No se podía haber hecho antes? ¿Ahora tantas prisas? Siempre a remolque...

 

[Odila_DT]

Feijóo mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional​

• Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot a la sustitución de los vocales del CGPJ, que exceden en más de tres años el periodo para el que fueron elegidos​

• — El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional​

Spoiler

La negativa del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y medio, amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las bravas una mayoría conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo del previsto por la propia Ley Fundamental. Este 12 de junio ha caducado el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya renovación completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado por un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.



En los próximos días, el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los dos candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el organismo que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de nombramientos está limitada por ley. Está en juego, entre otras cosas, una mayoría conservadora o una progresista en un momento delicado con asuntos como el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias de enorme proyección pública.



El PP de Feijóo ha añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que el partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su liderazgo. El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a que la organización que ahora preside tendrá un marcado perfil institucional, ha insistido en que son un “partido de Estado”, e incluso ha presumido de que la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son herederos nació “para escribir y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas que señalan que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó en contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida cuenta de la renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental.

Las consecuencias van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse visibles en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE y Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos cargos judiciales, y eso incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional cada nueve años.

Dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del Gobierno central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se renueve el CGPJ, algo que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo.

De hecho, el plante del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El procedimiento para que el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es inmediato, ya que incluye sendas comparecencias de los candidatos ante las respectivas comisiones parlamentarias, además de la convocatoria de un pleno en cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses hábiles.

Y ni siquiera está claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado, mientras y otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse.

Este bloqueo que perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer lugar, en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el propio Tribunal Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la renovación de los dos magistrados que dependen de él, sin esperar al CGPJ, sería el actual Constitucional el que completar algunos pasos para que se hiciera efectivo.

La Ley deja en manos del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de nuevos magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad de que el Gobierno proponga dos candidatos y el Constitucional, donde varios entienden que la ley es muy clara a la hora de especificar que hay que renovar a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos.

Las mayorías de ambos organismos​

El conflicto que se puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del Constitucional, puede facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora establecida con Rajoy en la Moncloa mucho más allá de lo que también marca la Ley.


En el caso del Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha realizado decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor de una mayoría de candidatos de esa sensibilidad. Algo que se extiende a informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en las dos anteriores legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que haberse invertido en diciembre de 2018.

Si el CGPJ con el mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría conservadora heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo que le corresponde. En estos momentos, y tras la última renovación de cuatro candidatos surgida del acuerdo entre PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del tribunal de garantías cuenta con siete miembros considerados del sector conservador y cinco del progresista.

El posible bloqueo tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora impulsada en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar al Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa nueva mayoría parece estar en el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, ahora, para acceder a la renovación.

Los asuntos pendientes​

Este equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados tienen varios asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más inmediato y más esperado es la sentencia sobre los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto, que llevan más de una década en el cajón. La intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas.

La primera duda es cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el asunto. Si el pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en tiempo y forma con mayoría progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la condena de Alberto Rodríguez, la Ley de Eutanasia, la Ley de la Infancia y otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos recursos ya han sido admitidos a trámite.

El bloqueo del PP que perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, por tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado permanece en el Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que tendrá de mandato el nuevo magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un magistrado conservador acorta el del progresista que le sustituirá.

Feijóo mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional

Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot a la sustitución de los vocales del CGPJ, que exceden en más de tres años el periodo para el que fueron elegidos

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Feijoo: Mismo perro que Casado con distinto collar. Eso sí, presumiendo de """constitucionalista"""

¡Menudo país de pacotilla tenemos!



#23 juanreyes
12 de junio de 2022. 11:33 h
El Gobierno debería dejar de andarse con tonterías. 10 de los 12 puestos en el Constitucional se renuevan de tal forma que en condiciones normales, por cada magistrado conservador entra uno progresista también. La selección más importante para tener un Constitucional conservador o progresista durante 9 (NUEVE!!) años, depende simplemente de quién esté en el Gobierno cuando a éste le toca renovar los 2 magistrados restantes.

Y resulta que las elecciones para formar dicho gobierno, las ganó el PSOE, y las perdió el PP. Ya es sabido que el PP es un pésimo perdedor, nada de honradez y dar la mano al ganador, sino todo trampas y "Trump-as". Por eso, el Gobierno no debería permitirle al PP a agotar el reloj hasta las siguientes elecciones, como obviamente pretende hacer el PP para robar ese derecho a los dos magistrados. La Ley Orgánica del Poder Judicial se cambió en su día, bloqueando que el CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, para que un CGPJ caducado no haga nombramientos "a dedo" y con su mayoría simple. Ahora el PP intenta bloquear el nombramiento legítimo que le corresponde al Gobierno con esa Ley. Sería una auténtica vergüenza que encima el PP pudiera salirse con la suya aquí!

Quien ganó las elecciones generales que "dan acceso" a nombrar esos dos magistrados, ha sido el PSOE. Y ya es hora que haga valer esa victoria. Si hace falta, se introduce en la Ley del Tribunal Constitucional la posibilidad de "nombramientos parciales", es decir, los nombramientos no se han de hacer de 4 en 4, sino siempre lo antes posible en el momento que se dan las circunstancias legales (eso aplicaría, p.ej., también a una renovación de sólo dos de los cuatro magistrados por 3/5 del Senado). Así de fácil, quitarles las herramientas legales del bloqueo. Basta ya de darle a los matones siempre la otra mejilla por el miedo al qué dirán, a qué editorial pudiera escribir el Grupo Prisa, cuando esos matones precisamente nunca se han molestado en el funcionamiento de las instituciones (véase el bloqueo de la renovación del CGPJ desde hace mas de TRES años). Si el PSOE quiere evitar que el PP convierta a España en otra Hungría de Orban, tiene que actuar con determinación, y tiene que hacerlo YA.

Y bla, bla, bla.....

Siempre lo.mismo.......

 

[IDOLO]

El PP sume al Poder Judicial en un bloqueo definitivo tras la reforma para renovar el Constitucional​

• El Gobierno logra los apoyos para que el Consejo General del Poder Judicial nombre en septiembre a dos magistrados del tribunal de garantías, y poder designar así a los suyos, lo que permitirá el vuelco a las mayorías del Constitucional que Feijóo quería evitar​

• — Bruselas reafirma su “preocupación” por el bloqueo del CGPJ y urge a su renovación para luego cambiar su forma de elección​

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto institucional en Vigo Europa Press
Aitor Riveiro / Irene Castro
22 de julio de 2022 22:30h
Actualizado el 23/07/2022 05:30h
38
En política casi todo puede pasar, y en cuestión de días. Pero parece difícil que en lo que queda de legislatura se levante el bloqueo al que está sometido el Consejo General del Poder Judicial por la negativa del PP a renovarlo si no se cumplen sus condiciones cambiantes y crecientes pese a que su mandato está caducado desde hace cuatro años. La reforma exprés de la ley para permitir al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que permitirá al Gobierno de coalición hacer lo propio, rearma a la derecha, que ve cómo se va deshaciendo la mayoría que construyó en los diferentes órganos constitucionales desde 2012 y que todavía perdura.
El Senado aprobó el miércoles una pequeña contrarreforma a la ley del Poder Judicial que devolverá al órgano de gobierno de los jueces las competencias para hacer nombramientos, aunque de forma limitada al Constitucional. El tribunal de garantías español perdió por final de mandato a cuatro magistrados el pasado 12 de junio, justo el tercio que corresponde renovar de forma conjunta al CGPJ y al Gobierno. Le corresponde designar a dos a cada institución, según define la Constitución.


El problema era que el Gobierno de coalición ya promovió una modificación de la ley para evitar que el CGPJ en funciones hiciera nombramientos. Se planteó como una forma de presionar al PP –que se niega desde 2018 a cumplir con el mandato constitucional de pactar la composición del órgano– y una alternativa a la propuesta de Unidas Podemos, que pretendía una reforma más profunda para cambiar las mayorías parlamentarias necesarias y así desbloquear la negociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amagó con la segunda opción, pero rectificó en sede parlamentaria y optó por la primera. Un año después hubo un acercamiento, todavía con Pablo Casado como líder de la derecha. Se renovó un tercio del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Pero quedó fuera precisamente el CGPJ. En la partida de ajedrez en la que se han convertido los nombramientos de los órganos constitucionales, cada movimiento anticipa los anteriores. El Gobierno aceptó los dos nombres propuestos por el PP, controvertidos, como paso previo a un vuelco futuro de las mayorías.

De hecho, en Moncloa sostienen que el cambio legal de esta semana fue uno de los acuerdos que se alcanzó en esa negociación de octubre del año pasado en previsión de que el órgano de gobierno de los jueces pudiera seguir bloqueado. elDiario.es ha intentado confirmar con la dirección actual del PP, y con la pasada, esta afirmación, sin obtener respuesta en sentido negativo ni afirmativo.

A pesar de los llamamientos públicos que hacen insistentemente, en el Gobierno temen que el bloqueo del Poder Judicial persista lo que queda de legislatura: “El Partido Popular ha demostrado que no tiene intención de renovar al Consejo General del Poder Judicial –asumió la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado martes–, pero lo más grave es que no tiene intención de cumplir con la Constitución”.

El pasado 11 de julio el viceconsejero de Política Institucional, Esteban González Pons, apuntalaba la tesis del Gobierno al sostener que sería de “cínicos” que ahora el PP negociara con el PSOE y planteó como condición la retirada de la proposición de ley que el Senado aprobó definitivamente el miércoles. La reacción del PP a la designación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no apunta al descongelamiento.

En Moncloa tratan con poco éxito de intensificar la presión con argumentos como que las sentencias del Tribunal Supremo se van acumulando ante la falta de magistrados provocada por el bloqueo del CGPJ, pero de poco sirve. Otras instancias judiciales, como tribunales superiores o audiencias provinciales, también están afectadas.

En el PP señalan que la responsabilidad está en el Gobierno, y viceversa. Mientras, desde el Ejecutivo acusan a Feijóo de pretender aprovecharse de una mayoría de derechas en la judicatura que no se corresponde con la voluntad popular emanada de las urnas en 2019. La mayoría absoluta que logró Mariano Rajoy en 2011 le permitió abordar las sucesivas reformas de los órganos constitucionales en condiciones muy ventajosas para la derecha. Pero el bloqueo del CGPJ y de otros órganos ha mantenido de forma artificial una mayoría conservadora que los españoles no respaldaron en dos elecciones consecutivas hace ahora tres años.

En el PP no hacen mella las quejas que llegan desde la propia institución o las advertencias de la UE, que de hecho aprovecha para azuzar unas condicionalidades que Bruselas no contempla. Por ejemplo, este mismo mes de julio la Comisión apremió a España a “proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario” para “iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus vocales de extracción judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos”.

El PP, sin embargo, plantea que ambos procesos vayan en paralelo. De hecho, en su última propuesta plantea que la reforma del actual CGPJ se haga con la ley vigente (no se puede hacer de otra forma, en cualquier caso), pero exige un compromiso al Gobierno de que se acometa con las normas que marcaría una futura reforma de la ley del Poder Judicial.

Por eso en el Ejecutivo defienden la apuesta por renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a que el PP se avenga a cambiar la actual composición del Poder Judicial. Y lo que esperan es que el órgano de gobierno de los jueces cumpla la ley que han aprobado las Cortes Generales. Por ahora Lesmes ha convocado un pleno para abordar el asunto el 8 de septiembre, cinco días antes de que venza el plazo que le da la norma al CGPJ para designar sus dos nombres. “Sería una posición peligrosa”, advierten fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que el Poder Judicial no haga esos nombramientos. “Estamos seguros de que cumplirá la normativa y la institucionalidad. No puede hacer política siguiendo la posición de un grupo parlamentario”, agregan en referencia al actual rechazo del PP.

Moncloa no quiere desvelar cuáles serían sus cartas en el caso de que el CGPJ retrase la nominación o se niegue a hacerlo. Lo que aseguran es que el Gobierno podría nombrar los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, a pesar de que la Constitución establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios y el actual corresponde a Ejecutivo y CGPJ. “En el cupo que corresponde a las Cortes Generales, que son Congreso y Senado, una institución no puede bloquear a otra”, argumentan fuentes gubernamentales, que sostienen que si una de las cámaras no llegara al acuerdo para hacer las designaciones no podría dilatar el proceso en la otra.

El PP sume al Poder Judicial en un bloqueo definitivo tras la reforma para renovar el Constitucional

El Gobierno logra los apoyos para que el Consejo General del Poder Judicial nombre en septiembre a dos magistrados del tribunal de garantías, y poder designar así a los suyos, lo que permitirá el vuelco a las mayorías del Constitucional que Feijóo quería evitar

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Ya que se juega a pasarse la CE por el forro yo que el gobierno me apuntaría al carro. La legislatura se prorrogue hasta que se acuerde la renovación de los magistrados en los órganos judiciales.

O todos cristianos. Si tan ""constitucional"" es prorrogar meses, años la renovación de jueces, también será ""constitucional"" prorrogar la legislatura hasta que haya acuerdo.

 

[Odila_DT]

El PP sume al Poder Judicial en un bloqueo definitivo tras la reforma para renovar el Constitucional​

• El Gobierno logra los apoyos para que el Consejo General del Poder Judicial nombre en septiembre a dos magistrados del tribunal de garantías, y poder designar así a los suyos, lo que permitirá el vuelco a las mayorías del Constitucional que Feijóo quería evitar​

• — Bruselas reafirma su “preocupación” por el bloqueo del CGPJ y urge a su renovación para luego cambiar su forma de elección​

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto institucional en Vigo Europa Press
Aitor Riveiro / Irene Castro
22 de julio de 2022 22:30h
Actualizado el 23/07/2022 05:30h
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En política casi todo puede pasar, y en cuestión de días. Pero parece difícil que en lo que queda de legislatura se levante el bloqueo al que está sometido el Consejo General del Poder Judicial por la negativa del PP a renovarlo si no se cumplen sus condiciones cambiantes y crecientes pese a que su mandato está caducado desde hace cuatro años. La reforma exprés de la ley para permitir al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, lo que permitirá al Gobierno de coalición hacer lo propio, rearma a la derecha, que ve cómo se va deshaciendo la mayoría que construyó en los diferentes órganos constitucionales desde 2012 y que todavía perdura.
El Senado aprobó el miércoles una pequeña contrarreforma a la ley del Poder Judicial que devolverá al órgano de gobierno de los jueces las competencias para hacer nombramientos, aunque de forma limitada al Constitucional. El tribunal de garantías español perdió por final de mandato a cuatro magistrados el pasado 12 de junio, justo el tercio que corresponde renovar de forma conjunta al CGPJ y al Gobierno. Le corresponde designar a dos a cada institución, según define la Constitución.


El problema era que el Gobierno de coalición ya promovió una modificación de la ley para evitar que el CGPJ en funciones hiciera nombramientos. Se planteó como una forma de presionar al PP –que se niega desde 2018 a cumplir con el mandato constitucional de pactar la composición del órgano– y una alternativa a la propuesta de Unidas Podemos, que pretendía una reforma más profunda para cambiar las mayorías parlamentarias necesarias y así desbloquear la negociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amagó con la segunda opción, pero rectificó en sede parlamentaria y optó por la primera. Un año después hubo un acercamiento, todavía con Pablo Casado como líder de la derecha. Se renovó un tercio del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Pero quedó fuera precisamente el CGPJ. En la partida de ajedrez en la que se han convertido los nombramientos de los órganos constitucionales, cada movimiento anticipa los anteriores. El Gobierno aceptó los dos nombres propuestos por el PP, controvertidos, como paso previo a un vuelco futuro de las mayorías.

De hecho, en Moncloa sostienen que el cambio legal de esta semana fue uno de los acuerdos que se alcanzó en esa negociación de octubre del año pasado en previsión de que el órgano de gobierno de los jueces pudiera seguir bloqueado. elDiario.es ha intentado confirmar con la dirección actual del PP, y con la pasada, esta afirmación, sin obtener respuesta en sentido negativo ni afirmativo.

A pesar de los llamamientos públicos que hacen insistentemente, en el Gobierno temen que el bloqueo del Poder Judicial persista lo que queda de legislatura: “El Partido Popular ha demostrado que no tiene intención de renovar al Consejo General del Poder Judicial –asumió la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado martes–, pero lo más grave es que no tiene intención de cumplir con la Constitución”.

El pasado 11 de julio el viceconsejero de Política Institucional, Esteban González Pons, apuntalaba la tesis del Gobierno al sostener que sería de “cínicos” que ahora el PP negociara con el PSOE y planteó como condición la retirada de la proposición de ley que el Senado aprobó definitivamente el miércoles. La reacción del PP a la designación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no apunta al descongelamiento.

En Moncloa tratan con poco éxito de intensificar la presión con argumentos como que las sentencias del Tribunal Supremo se van acumulando ante la falta de magistrados provocada por el bloqueo del CGPJ, pero de poco sirve. Otras instancias judiciales, como tribunales superiores o audiencias provinciales, también están afectadas.

En el PP señalan que la responsabilidad está en el Gobierno, y viceversa. Mientras, desde el Ejecutivo acusan a Feijóo de pretender aprovecharse de una mayoría de derechas en la judicatura que no se corresponde con la voluntad popular emanada de las urnas en 2019. La mayoría absoluta que logró Mariano Rajoy en 2011 le permitió abordar las sucesivas reformas de los órganos constitucionales en condiciones muy ventajosas para la derecha. Pero el bloqueo del CGPJ y de otros órganos ha mantenido de forma artificial una mayoría conservadora que los españoles no respaldaron en dos elecciones consecutivas hace ahora tres años.

En el PP no hacen mella las quejas que llegan desde la propia institución o las advertencias de la UE, que de hecho aprovecha para azuzar unas condicionalidades que Bruselas no contempla. Por ejemplo, este mismo mes de julio la Comisión apremió a España a “proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario” para “iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus vocales de extracción judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos”.

El PP, sin embargo, plantea que ambos procesos vayan en paralelo. De hecho, en su última propuesta plantea que la reforma del actual CGPJ se haga con la ley vigente (no se puede hacer de otra forma, en cualquier caso), pero exige un compromiso al Gobierno de que se acometa con las normas que marcaría una futura reforma de la ley del Poder Judicial.

Por eso en el Ejecutivo defienden la apuesta por renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a que el PP se avenga a cambiar la actual composición del Poder Judicial. Y lo que esperan es que el órgano de gobierno de los jueces cumpla la ley que han aprobado las Cortes Generales. Por ahora Lesmes ha convocado un pleno para abordar el asunto el 8 de septiembre, cinco días antes de que venza el plazo que le da la norma al CGPJ para designar sus dos nombres. “Sería una posición peligrosa”, advierten fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que el Poder Judicial no haga esos nombramientos. “Estamos seguros de que cumplirá la normativa y la institucionalidad. No puede hacer política siguiendo la posición de un grupo parlamentario”, agregan en referencia al actual rechazo del PP.

Moncloa no quiere desvelar cuáles serían sus cartas en el caso de que el CGPJ retrase la nominación o se niegue a hacerlo. Lo que aseguran es que el Gobierno podría nombrar los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, a pesar de que la Constitución establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios y el actual corresponde a Ejecutivo y CGPJ. “En el cupo que corresponde a las Cortes Generales, que son Congreso y Senado, una institución no puede bloquear a otra”, argumentan fuentes gubernamentales, que sostienen que si una de las cámaras no llegara al acuerdo para hacer las designaciones no podría dilatar el proceso en la otra.

El PP sume al Poder Judicial en un bloqueo definitivo tras la reforma para renovar el Constitucional

El Gobierno logra los apoyos para que el Consejo General del Poder Judicial nombre en septiembre a dos magistrados del tribunal de garantías, y poder designar así a los suyos, lo que permitirá el vuelco a las mayorías del Constitucional que Feijóo quería evitar

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Ya que se juega a pasarse la CE por el forro yo que el gobierno me apuntaría al carro. La legislatura se prorrogue hasta que se acuerde la renovación de los magistrados en los órganos judiciales.

O todos cristianos. Si tan ""constitucional"" es prorrogar meses, años la renovación de jueces, también será ""constitucional"" prorrogar la legislatura hasta que haya acuerdo.

Eso es lo que tu quisieras. Una dictadura de los tuyos.

Con las ganas os vais a quedar......

 

[IDOLO]

El PP de Feijóo dice ahora que no conocía el acuerdo de Casado con el Gobierno para renovar el Poder Judicial​

El coordinador general, Elias Bendodo, contradice al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, que el martes reconoció la existencia del documento y quien aseguró que la nueva dirección había informado al Gobierno de que enviaría otra propuesta diferente a la acordada por Félix Bolaños y Teodoro García Egea.​

JUAN OLIVER

El coordinador general de PP, Elías Bendodo, aseguró este miércoles en Málaga que la dirección de su partido "no conocía" el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmado en octubre del año pasado entre el Gobierno y la dirección que encabezaba Pablo Casado.

El Consejo lleva camino de cumplir cuatro años con sus miembros en funciones al haber expirado sus mandatos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al PP que cumpla lo pactado hace diez meses entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea.

Con sus declaraciones en Málaga, Bendodo contradice la versión que dio el martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien explicó que la dirección de Feijóo sí conocía la existencia del acuerdo pero que tras la llegada del nuevo líder del partido, se comprometieron con el Ejecutivo a enviar otro documento de propuestas que recogiera aspectos más acordes con las pretensiones de la nueva dirección.

• 
  Feijóo se estanca en la misma estrategia de confrontación que Casado y rehúsa los pactos de Estado
  JUAN OLIVER

A su vez, Rollán había contradicho en cierto modo al propio Feijóo, quien en una entrevista en el diario El País había asegurado el pasado domingo que no tenía el documento del acuerdo de Casado ni lo había leído. "Si usted tiene ese texto se lo agradeceré. Yo no lo tengo (...) Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más", dijo el líder del PP cuando le preguntaron si sabía algo del pacto y si pensaba cumplirlo.

Resulta difícil que la dirección de Feijóo no supiera nada del acuerdo si se tiene en cuenta que en octubre de 2021 Bolaños y García Egea acordaron también la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, la secretaria general del PP de Feijóo es Cuca Gamarra, quien ocupaba el cargo de portavoz popular en el Congreso cuando Bolaños y García Egea firmaron el pacto que vinculaba a sus respectivos grupos en la Cámara.

• 
  Pedro Sánchez exige al PP que "cumpla con lo pactado" con la renovación del CGPJ
  AGENCIA ATLAS

El vicepresidente segundo y el secretario segundo de la Comisión de Justicia del Congreso siguen siendo respectivamente los diputados populares Carlos Rojas y Javier Merino, que ocupan sus puestos desde un año antes de la firma del pacto. El portavoz popular es Luis Santamaría, y su adjunto, Miguel Ángel Jerez. Los vocales del PP son María Teresa Angulo, Vicente Betoret, Isabel Borrego, María Jesús Moro y Ana Belén Vázquez. Todos están en la Comisión de Justicia desde que se constituyó en 2020 con Casado al frente del partido, y todos siguen en sus puestos ahora con Feijóo.

Bendodo, sin embargo, insistió ayer en que la nueva dirección desconocía el acuerdo, informa Europa Press. "No lo conocía, ni reconozco ese documento", ha dicho el coordinador general, quien ha añadido que el PP ha presentado "hasta cinco pactos de Estado al Gobierno", uno de ellos sobre la renovación del Consejo y en favor de la independencia de los jueces.

Cuestionado por si la nueva dirección del partido estaría dispuesta a retomar la negociación para renovar al Poder Judicial, Bendodo dijo que "no es cuestión de retomar, es cuestión fundamental de que el Gobierno entienda que hay cuestiones de Estado que tienen que pasar por encima de la ideología y que no tiene que seguir preso de sus socios, Podemos, independentistas catalanes y herederos de ETA".

• 
  El PSOE, dispuesto a un cambio en la forma de elección del CGPJ si el PP pone antes fin al actual bloqueo
  SATO DÍAZ

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondió ayer que Feijóo "no es de fiar". "Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido", ha señalado Bolaños, para conminar a Feijóo a cumplir lo que acordó su antecesor. "Creo que no es mucho pedir", señaló en referencia al "carrusel de excusas baratas y de mentiras sobre mentiras" sobre el que, en su opinión, está sumido el PP en torno al bloqueo de la renovación del CGPJ.

El PP de Feijóo dice ahora que no conocía el acuerdo de Casado con el Gobierno para renovar el Poder Judicial

El coordinador general, Elias Bendodo, contradice al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, que el martes reconoció la existencia del documento y quien aseguró que la nueva dirección había informado al Gobierno de que enviaría otra propuesta diferente a la acordada por Félix Bolaños...

www.publico.es

Eso sí, presumir de partido constitucionalista.

Nada, si se alarga eso también se puede alargar la legislatura meses, incluso años ¿verdad?

 

[_Marta]

El PP de Feijóo dice ahora que no conocía el acuerdo de Casado con el Gobierno para renovar el Poder Judicial​

El coordinador general, Elias Bendodo, contradice al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, que el martes reconoció la existencia del documento y quien aseguró que la nueva dirección había informado al Gobierno de que enviaría otra propuesta diferente a la acordada por Félix Bolaños y Teodoro García Egea.​

JUAN OLIVER

El coordinador general de PP, Elías Bendodo, aseguró este miércoles en Málaga que la dirección de su partido "no conocía" el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmado en octubre del año pasado entre el Gobierno y la dirección que encabezaba Pablo Casado.

El Consejo lleva camino de cumplir cuatro años con sus miembros en funciones al haber expirado sus mandatos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al PP que cumpla lo pactado hace diez meses entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea.

Con sus declaraciones en Málaga, Bendodo contradice la versión que dio el martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, quien explicó que la dirección de Feijóo sí conocía la existencia del acuerdo pero que tras la llegada del nuevo líder del partido, se comprometieron con el Ejecutivo a enviar otro documento de propuestas que recogiera aspectos más acordes con las pretensiones de la nueva dirección.

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  Feijóo se estanca en la misma estrategia de confrontación que Casado y rehúsa los pactos de Estado
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A su vez, Rollán había contradicho en cierto modo al propio Feijóo, quien en una entrevista en el diario El País había asegurado el pasado domingo que no tenía el documento del acuerdo de Casado ni lo había leído. "Si usted tiene ese texto se lo agradeceré. Yo no lo tengo (...) Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más", dijo el líder del PP cuando le preguntaron si sabía algo del pacto y si pensaba cumplirlo.

Resulta difícil que la dirección de Feijóo no supiera nada del acuerdo si se tiene en cuenta que en octubre de 2021 Bolaños y García Egea acordaron también la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, la secretaria general del PP de Feijóo es Cuca Gamarra, quien ocupaba el cargo de portavoz popular en el Congreso cuando Bolaños y García Egea firmaron el pacto que vinculaba a sus respectivos grupos en la Cámara.

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  Pedro Sánchez exige al PP que "cumpla con lo pactado" con la renovación del CGPJ
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El vicepresidente segundo y el secretario segundo de la Comisión de Justicia del Congreso siguen siendo respectivamente los diputados populares Carlos Rojas y Javier Merino, que ocupan sus puestos desde un año antes de la firma del pacto. El portavoz popular es Luis Santamaría, y su adjunto, Miguel Ángel Jerez. Los vocales del PP son María Teresa Angulo, Vicente Betoret, Isabel Borrego, María Jesús Moro y Ana Belén Vázquez. Todos están en la Comisión de Justicia desde que se constituyó en 2020 con Casado al frente del partido, y todos siguen en sus puestos ahora con Feijóo.

Bendodo, sin embargo, insistió ayer en que la nueva dirección desconocía el acuerdo, informa Europa Press. "No lo conocía, ni reconozco ese documento", ha dicho el coordinador general, quien ha añadido que el PP ha presentado "hasta cinco pactos de Estado al Gobierno", uno de ellos sobre la renovación del Consejo y en favor de la independencia de los jueces.

Cuestionado por si la nueva dirección del partido estaría dispuesta a retomar la negociación para renovar al Poder Judicial, Bendodo dijo que "no es cuestión de retomar, es cuestión fundamental de que el Gobierno entienda que hay cuestiones de Estado que tienen que pasar por encima de la ideología y que no tiene que seguir preso de sus socios, Podemos, independentistas catalanes y herederos de ETA".

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  El PSOE, dispuesto a un cambio en la forma de elección del CGPJ si el PP pone antes fin al actual bloqueo
  SATO DÍAZ

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondió ayer que Feijóo "no es de fiar". "Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido", ha señalado Bolaños, para conminar a Feijóo a cumplir lo que acordó su antecesor. "Creo que no es mucho pedir", señaló en referencia al "carrusel de excusas baratas y de mentiras sobre mentiras" sobre el que, en su opinión, está sumido el PP en torno al bloqueo de la renovación del CGPJ.

El PP de Feijóo dice ahora que no conocía el acuerdo de Casado con el Gobierno para renovar el Poder Judicial

El coordinador general, Elias Bendodo, contradice al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, que el martes reconoció la existencia del documento y quien aseguró que la nueva dirección había informado al Gobierno de que enviaría otra propuesta diferente a la acordada por Félix Bolaños...

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Eso sí, presumir de partido constitucionalista.

Nada, si se alarga eso también se puede alargar la legislatura meses, incluso años ¿verdad?

Presumen de lo que no son y nunca han sido.